Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar E-Book

Horacio Gaggero

• Herausgeber: Editorial Biblos
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2010

Seitenzahl: 694

Beschreibung

Los dirigentes peronistas fueron elaborando un discurso en el que las dimensiones simbólicas del Estado se articularon con la búsqueda de una mayor igualdad social, pero la primacía no dejó de recaer en ningún momento en la construcción del Estado. Este libro analiza exhaustivamente tales recorridos y sus contradicciones.

Leseprobe

Gaggero, Horacio y Garro, Alicia Faustina

Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar: Estado, gobierno y políticas sociales durante el peronismo (1943-1955): proyectos y realidades - 1ª ed. - Buenos Aires: Biblos, 2009.

ISBN 978-987-691-139-9

1. Política Públicas. 2. Política Social. I. Garro, Alicia Faustina

II. Título

CDD 320.6

Diseño de tapa: Luciano Tirabassi U.

Diseño de interiores: Fluxus estudio

© Los autores, 2009

© Editorial Biblos, 2009

Hecho el depósito que dispone la Ley 11.723

Impreso en la Argentina

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Prólogo

Este libro es el producto de una investigación realizada en el marco de sucesivos proyectos UBACYT radicados en el Instituto de Investigaciones en Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Económicas, que dio origen a informaciones parciales, presentadas en eventos académicos y, en algunos casos, en publicaciones, cuyo objetivo fue la aproximación al Estado peronista a través del estudio de sus políticas sociales.

El abordaje de este tema se justifica por el escaso interés que ha despertado entre los investigadores un análisis de tales características. A no ser por las perspectivas teóricas, que, por sus mismas características se desentienden de los análisis de este tipo, solamente existen los trabajos de Daniel Campione para el período 1943-1955,[1]Patricia Berrotarán[2]y Ricardo Sidicaro,[3]además del temprano trabajo de José Luis de Imaz[4]sobre los elencos dirigentes argentinos.

En cuanto a las políticas sociales, existen abundantes trabajos sobre la educación del período (ver la bibliografía), aunque sobre vivienda solo podemos mencionar los trabajos de Anahí Ballent[5]y Rosa Aboy[6]y sobre salud los de Karina Ramacciotti[7]y Susana Belmartino.[8]

Así, presentamos en el primer capítulo las transformaciones ocurridas en el aparato estatal desde el golpe militar de 1943 con el objetivo, profundizado a partir de la reforma de la Constitución nacional en 1949, de dotar al mismo de los instrumentos institucionales necesarios para llevar a cabo las nuevas funciones que el gobierno le atribuía.

La segunda parte del libro revisa las políticas de salud, vivienda, educación y seguridad social peronistas y los cambios institucionales realizados para llevarlos a cabo.

Así el capítulo 2 analiza los objetivos de la política de salud, las dificultades para su implementación que no se agotan en incapacidades presupuestarias, sino que son también el producto de la confluencia en el sector salud (que se manifiestan también en otras áreas) de distintos actores sociales con intereses contrapuestos y que terminaron por dar a la salud pública un sesgo aparentemente distinto al que pensaron las autoridades inicialmente.

El capítulo 3 revisa la política de vivienda, que se desplegó inicialmente en dos ámbitos de acción: la acción directa encarada por los organismos nacionales,[9] y la indirectas a través de créditos de fomento financiados por el Estado por medio del Banco Hipotecario Nacional a través de líneas de crédito que se intensificaron a partir de la crisis económica de principios de la década del cincuenta.

La política educativa se lleva los capítulos 4 y 5. En el primero de ellos analizamos los cambios institucionales, la ampliación de la matrícula, el intento de peronización de los objetivos y la diversificación de la oferta realizada desde el Ministerio de Educación, mientras que en el segundo se estudia un circuito particular, que articulado inicialmente desde la Secretaría de Trabajo y Previsión dio origen a la organización de las escuelas fábricas, los cursos de especialización obrera y lo que tal vez sea el aspecto más conocido de la gestión peronista en el ámbito educativo: la creación de la Universidad Obrera Nacional.

El capitulo 6 analiza la política de seguridad social y las formas particulares que adquirió el incompleto Estado de Bienestar peronista, siendo este otro de los ámbitos en el que los actores sociales impidieron la realización de la política inicial que habían diseñado quienes dirigían el proceso.

Por último, el capítulo 7 trata de una institución no estatal, como la Fundación Eva Perón, que se articula con muchas de las políticas tratadas anteriormente, y que, pese a su carácter privado (“semipúblico y semiprivado” en el lenguaje de las autoridades), debe ser incluida no solamente para completar el análisis de las políticas sociales peronistas, sino tal vez también como la respuesta oficial a las dificultades de acción que le ofrecían los actores sociales interesados en los distintos ámbitos de acción social.

Las conclusiones analizan las características de la coalición de gobierno peronista como un escollo a la realización de una política reformista que respondiera a las demandas de los “técnicos” que elaboraron las propuestas iniciales en función, la mayoría de las veces, a proyectos y discusiones que les precedieron

Queremos agradecer a María de los Ángeles Álvarez, Ana María Adam, Alejandra Bonvicini y Hugo Quinterno, quienes en distintos momentos de la investigación ayudaron en la recolección de información, a Rosana Perrotti y a María Teresa Rodríguez con las cuales, hemos intercambiado ideas que ayudaron a aclarar algunas ideas y muy especialmente a Mónica Campins, con quien hace más de quince años, realizamos nuestra primera aproximación a estos temas con un estudio de la Fundación Eva Perón.

No obstante ello, como se dice habitualmente en estos casos, debemos dejar claro que las opiniones vertidas en este trabajo, son de absoluta responsabilidad de los autores.

[1]. D. Campione,El aparato del Estado. Sus transformaciones 1943-1946, INAP, Buenos Aires, 1996; y “Prolegómenos del peronismo. Las transformaciones en el aparato del Estado en el período 1943-1946”, Realidad Económica, Nº 170, IADE, Buenos Aires, 2000.

[2]. P. Berrotarán,Del plan a la planificación. El Estado durante la época peronista, Imago Mundi, Buenos Aires, 2003.

[3]. R. Sidicaro,Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/1973-76/1989/99, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2005.

[4]. J.L. de Imaz,Los que mandan, Eudeba, Buenos Aires, 1964.

[5]. A. Ballent,Las huellas de la política. Vivienda, ciudad, peronismo en Buenos Aires, 1943-1955, Universidad Nacional de Quilmes-Prometeo, Buenos Aires, 2005; “La casa para todos. Grandeza y Miseria de la vivienda masiva”, en Fernando Devoto y Marta Madero,Historia de la vida privada en la Argentina. La Argentina entre multitudes y soledades. De los años treinta a la actualidad, Taurus, Buenos Aires, 1999, y “Perón en la «ciudad sin esperanza». La política y las políticas en Buenos Aires”, en P. Berrotarán, A. Jáuregui y M. Rougier,Sueños de bienestar en la Nueva Argentina. Estado y políticas públicas durante el peronismo 1946-1955, Imago Mundi, Buenos Aires, 2005.

[6]. R. Aboy,Viviendas para el pueblo. Espacio urbano y sociabilidad en el barrio Los Perales. 1946-1955, Fondo de Cultura Económica-Universidad de San Andrés, Buenos Aires, 2005.

[7]. K. Ramacciotti, “Ramón Carrillo: rupturas y continuidades en la política sanitaria argentina entre 1946-1954”,Revista Taller, Buenos Aires, 2002, y “Las tensiones en la política sanitaria de Ramón Carrillo” en P. Berrotarán, A. Járegui y M. Rougier,Sueños de bienestar…

[8]. S. Belmartino, “Las obras sociales, continuidad o ruptura en la Argentina de los 40”, en M.Z. Lobato (ed.),Política, médicos y enfermedades, Biblos, Buenos Aires, 1996, yLa atención médica argentina en el siglo XX. Instituciones y procesos, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2005.

[9]. Como el objetivo de este trabajo era el análisis del Estado nacional, se dejó de lado la acción en este ámbito de las provincias y los entes nacionales autónomos (como YPF, por ejemplo), que también contribuyeron a la construcción de viviendas

CAPÍTULO 1 Las transformaciones en el aparato del Estado, 1943-1955

Introducción

Cuando Juan Domingo Perón asumió la presidencia de la Nación en 1946 contaba con un aparato Estatal con funciones ampliadas desde los años 30, a partir de las cuales fueron apareciendo las Juntas reguladoras, el Banco Central, la Dirección de Impuesto a los Réditos, el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, la Dirección Nacional de Vialidad. Durante la Segunda Guerra Mundial fueron nacionalizadas las industrias de propiedad alemana y se estableció el control de la industria pesada a través de Fabricaciones Militares, creado el Banco de Crédito Industrial, que al permitir la aparición de crédito a mediano y largo plazo y la movilización por parte del Estado del ahorro internotransformaría al sector financiero en un elemento útil para el desarrollo industrial, en el plano laboral el estado supervisó los contratos colectivos de trabajo utilizando los decretos de 1944 que establecían el campo de acción de la Secretaría de Trabajo y Previsión, hasta que fue sancionada en 1953 la ley 14250.[1]

El gobierno peronista basaba su legitimidad en el “hacer”, pero esa capacidad, ampliamente publicitada, se apoyó sobre la planificación, que brindaba la perspectiva de una gestión coordinada y racional. Para ello se crearon nuevas estructuras y formas de coordinación. Una de las tareas más trascendentes tomadas a partir de 1943 fue un proceso de recopilación de información estadística.

Surgió entonces un Estado motor y conductor del proceso que apuntaba a consolidar la autonomía económica del país. Los medios institucionales para lograrlo fueron el Consejo Nacional de Posguerra, creado en 1944 –transformado en 1946 en Secretaría Técnica de la Presidencia, y tras la reforma constitucional de 1949 en Ministerio Técnico–[2] organismo de planeamiento que recopilaba información para lograr un diagnóstico de la situación del país y que se encargó de elaborar ambos Planes Quinquenales (1947-1951 y 1953-1957); y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, como institución directora y contralor del mejoramiento material e integración social de los sectores de menores recursos.[3]

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STP) desarrollaba la doble tarea de codificación y de reconocimiento y control de todo lo que involucrara las relaciones entre capital y trabajo, y asegurara la paz social. Amplió el radio de aplicación de la legislación laboral, creando un cuerpo de inspectores que controlaban su cumplimiento, y aseguró un papel clave como árbitro en la discusión de los Convenios Colectivos de Trabajo. La organización obrera se centralizó en una CGT unificada que recibía a través del paternalismo estatal un notable impulso desde la sanción de la ley de asociaciones profesionales[4]

En el mes de agosto de 1944 el decreto 21.877 estableció las penalidades para aquellos que interfirieran en el accionar de la STP, la medida fortalecía su posición desde el punto de vista institucional tanto para arbitrar en los conflictos entre el capital y el trabajo, como su participación en los convenios colectivos de trabajo.

En ella se explicitan las atribuciones del organismo, determinando los recursos jurídicos con los que contaría desde entonces. Su artículo 2º establecía que en el caso de que los infractores fueran entidades con personería jurídica, la misma sería cancelada.[5]

En cuanto a una ley de convenios colectivos de trabajo, sancionada en 1953, no define que son dichos convenios, pero establece que se celebrarán entre asociaciones de patrones y de trabajadores que tengan personería gremial (art. 1º), y serán homologados por el Ministerio de Trabajo y Previsión, siendo válidos para todos los trabajadores y empleadores de la actividad (art. 3º). Una vez homologados, su cumplimiento resultará obligatorio para todos los trabajadores, afiliados o no al sindicato, que trabajen en la rama de actividad, lo mismo que las contribuciones a favor del sindicato que participó de la negociación (art. 8º). En cuanto a los patrones que no se encuentran afiliados a la entidad que participó de la negociación, también están obligados a respetarla (art. 9º).

La ley también establece la existencia de comisiones paritarias, formadas por el mismo número de representantes obreros y patronales, y presididas por un funcionario del Ministerio con el objeto de interpretar el convenio colectivo y proceder a la calificación del personal (art. 15). Las mismas podrían intervenir para conciliar en los conflictos que se generen por la aplicación del convenio (art. 16).[6]

La STP obtuvo amplias facultades al instituirse el arbitraje obligatorio en los conflictos, y la capacidad para establecer la legalidad o ilegalidad de las huelgas.[7] En resumen, a partir del golpe de 1943 el Estado argentino adquirió nuevas funciones: promovió el bienestar social de la población y se constituyó en árbitro en los conflictos entre el capital y el trabajo

Eran objetivos del gobierno implementar una política económica mercadointernista, conducida por un Estado dirigista, nacionalista y popular capaz de facilitar la redistribución del ingreso hacia una industria productora de bienes de consumo para un mercado interno que se había expandido como consecuencia del mejoramiento de los niveles de ingreso de la población, en su intento de concretar los objetivos del peronismo: la independencia económica, la soberanía política y la justicia social.

Señala Daniel García Delgado,[8] que mientras en los países centrales, los problemas sociales ocasionados a raíz de la crisis de 1930 y la segunda guerra, generaron unconsensoacerca de responsabilidad del capital de ofrecer condiciones para una vida digna a todos los sectores, en los países periféricos, esta responsabilidad fueimpuesta compulsivamentepor el Estado.

La función social de los aparatos estatales se expandió en la década de 1945 a 1955 siguiendo lógicas distintas pero complementarias. El Estado se encargó de regular las relaciones entre el capital y el trabajo, proponiéndose como instancia neutra, pero se aseguraron mecanismos para preservar los intereses de los sectores socialmente más vulnerables.[9]

La racionalidad acordada a la acción estatal y los beneficios acordados a los trabajadores aumentaron fuertemente su legitimidad en la opinión de una parte considerable de la sociedad, pero al mismo tiempo la deterioraron entre los sectores opositores. Además, el Estado se introdujo en dominios culturales, de empleo del tiempo libre, de control de los medios de comunicación, de vigilancia de las organizaciones profesionales, pretendiendo no dejar nada fuera de su órbita.

Las nuevas funciones asumidas por el Estado implicaban la incorporación de una burocracia estatal diferente de alto nivel profesional en las áreas de la política económica y tributaria.

Las condiciones de ampliación del Estado y su politización partidista, sacaron a la luz los elementos de ineficiencia que producía esta doble función. Por un lado se buscaba que cumpliera con las tareas burocráticas modernas que requerían destrezas y conocimientos propios de los saberes técnicos correspondientes. Pero, por el otro, la búsqueda de lealtad política de quienes ejercían responsabilidades administrativas sesgaba con preferencias partidistas las incorporaciones y promociones de funcionarios y empleados.

Los criterios burocráticos valoraban la eficiencia pero se superponían con los patrones cuya primacía se ponía en la lealtad política y el adoctrinamiento para alcanzar el mejor funcionamiento de la administración pública. Si bien es probable que la homogeneización ideológica del personal no se alcanzara, la voluntad de politizar las promociones y el reclutamiento, en lugar de servir para organizar, desorganizaba al aparato estatal.[10]

Los cambios institucionales durante el gobierno militar

Las Fuerzas Armadas en el poder formularon su intención de mejorar las relaciones entre el Estado y los actores sociales más tradicionales de la sociedad deteriorados desde principios de la década del 40. Sin embargo, esta orientación no fue la que marcó la dinámica del período en que gobernaron el país. La tendencia a la creciente autonomía del Estado con respecto a los intereses de los principales sectores propietarios se agudizó entre 1943 y 1946[11]

Como dijimos, desde principios de la década del 30 existía una tendencia a la ampliación de funciones y a la expansión de las estructuras estatales. Además, los militares y los sectores civiles que los apoyaban pretendían implementar una política de reformas a partir de una agenda originada en las críticas al orden existente.

Esta agenda estaba elaborada a partir de ciertas publicaciones como laRevista de Economía Argentina(que respondía a la inspiración de Alejandro Bunge), yHechos e Ideas(que expresaba la opinión de sectores intelectuales ligados al radicalismo), o el recientemente creado Centro de Estudios de la UIA, la modificación de las funciones del estado tenía un papel fundamental para llevar a cabo esta obra de transformación

Siguiendo a Campione,[12] podemos sintetizar estas propuestas de la siguiente manera:

La necesidad de un reordenamiento económico social que incluyera la diversificación económica y el mantenimiento de la paz social.La exigencia de redefinir la inserción del país en el mercado mundial.La solución de la cuestión obrera a través del abordaje de una política de seguridad social.El problema de la legitimidad política planteado por el descrédito que producía el ejercicio del fraude electoral.La reorganización del Estado, que implicaba su modernización a través de la introducción de criterios basados en el saber económico y administrativo.

Durante la llamada “década infame”, el aparato estatal había sufrido cambios importantes, con la creación de una multitud de organismos de menor jerarquía, muchos de ellos ligados a las funciones reguladoras de la economía, y el surgimiento de una burocracia de elevado nivel técnico profesional. Esta transformación había sido del tipo que Campioni llama incrementalista. El régimen político creado luego del 4 de junio de 1943, sistematizó los rasgos de las reformas y afectó los niveles superiores, ya que se trataba de orientar una apertura a la participación popular, así como acentuar el perfil de regulación de precios y provisión de infraestructura y protección a la industria.

Para ello, suponían los ideólogos del nuevo régimen, era necesario que el Estado dejara de representar intereses sectoriales para identificarse con la colectividad nacional en su conjunto, construyendo consensos amplios.

Los críticos de la organización estatal, como el general Sarobe, atribuían las deficiencias a la rigidez y tradicionalismo de la organización ministerial, que había generado la necesidad de creación de organismos que no respondían a un ningún plan o coordinación. No existían sectores estatales con la envergadura necesaria que se ocuparan de las necesidades de la industria y las nuevas formas de transporte. Empezaba a ser clara la necesidad de instaurar mecanismos concretos de planificación y coordinación que dieran sentido al aparato estatal.

Eran objetados los Ministerios establecidos por la Constitución de 1853, que habían perdido autoridad frente a los organismos creados por presión de sectores económicos que buscaban medidas de protección frente a los efectos de la crisis de 1929, que alcanzaron autonomía durante la Segunda Guerra Mundial. La propuesta era conformar nuevos ministerios: de Trabajo, Abastecimiento, Comunicaciones, Fomento Industrial, Comercio, Minería, Asistencia Social, Comunicación, exigidos por la nueva realidad nacional. El conjunto de estos organismos debían conformar un Consejo Económico.[13]

A partir del momento en el que los militares tomaron el poder, fue creciendo una concepción de unEstado autónomo de los sectores de poder, asumiendo la forma de una reafirmación de la autoridad por encima del conjunto de la sociedad, clave para la construcción de una nueva legitimidad, reservándose el derecho de presidir y orientar.

Para ello se necesitaba instalar una nueva concepción de Estado que asumiera una función planificadora, capaz de dar un sentido global a sus intervenciones en la vida nacional.

Las nuevas funciones del Estado se montaron sobre las estructuras organizativas y burocráticas conformadas durante la “década infame”. Para desempañarlas era necesario independizarlas de los factores de poder para instalarse en la intersección de las relaciones sociales. Debía funcionar cómo árbitro entre los diferentes sectores, coordinar sus acciones particularistas encaminándolos hacia el cumplimiento de objetivos comunes. Debía movilizar los medios necesarios para alcanzar estos objetivos.[14] Se requería el estudio y el análisis de información confiable, mientras que su ejecución requería el dominio de técnicas de administración modernas.

En este período se fortalecieron los organismos técnicos productores de información, claves para un estado dispuesto a reformular sus políticas. Creció el sector estadístico, se crearon numerosos índices, con los propósitos más variados, se establecieron diversos organismos científico-tecnológicos, orientados a la diversificación y tecnificación de los procesos productivos y su infraestructura.

A partir de 1943 se modificó la estructura ministerial con la creación de Secretarías con jerarquía y funciones similares a las ministeriales, dependientes de la Presidencia de la Nación, creando una nueva figura organizativa: los Consejos Nacionales como instancias de coordinación de los diversos organismos estatales, que incluían la participación subordinada de representantes de patrones y trabajadores. Ministerios preexistentes cambiaron completamente su fisonomía, como el de Agricultura, que a partir de 1944 perdió la competencia en temas industriales y comercialización (incluso de los productos agropecuarios), viéndose reorientado a funciones ligadas con el desarrollo de tecnologías agropecuarias, la protección de la flora y fauna y la riqueza forestal del país, tanto en el nivel de la investigación como en el de la extensión rural y el asesoramiento a los productores, con la creación de organismos destinados a la enseñanza rural, la zootecnia y la experimentación agrícola.[15]

Este proceso se inició en octubre de 1943 cuando un decreto reemplazó la antigua Dirección de Comercio e Industria del Ministerio de Agricultura por una reorganizada Dirección General de Industria, a cuyo frente fue colocado el coronel Mariano Abarca,[16] un oficial industrialista vinculado a la UIA. Pocos meses después, en junio de 1944, se organizó la Secretaría de Industria y Comercio como un organismo dependiente de la Presidencia de la Nación. Se trataba de crear una burocracia especializada en la formulación de una política sectorial. La misión de la Secretaría era estudiar, proponer y formular la legislación comercial e industrial; analizar los tratados internacionales y promover el abastecimiento de productos alimenticios, materias primas y manufacturas, incluso la fabricación de envases textiles para la agricultura.[17]

Las secretarías y consejos divididos en departamentos, se organizaron a partir de problemas puntuales, donde cada función tenía un espacio definido. La Secretaría de Trabajo y Previsión, por ejemplo, absorbió múltiples organismos como la Dirección Nacional de Trabajo, las direcciones de Higiene Industrial y Social, la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social, la Comisión Nacional de Casas Baratas, la Cámara de Alquileres, la Comisión Asesora para la Vivienda Popular, la Dirección de Inmigraciones, la Comisión de Reducción de Indios y la Junta Nacional para Combatir la Desocupación, que se redefinieron a sí mismos en una organización centralizada. En ella, todas las estructuras nacionales, provinciales y municipales de la esfera de acción de las diferentes direcciones pasaron a revestir un carácter de delegaciones provinciales de la STP, lo que afectaba las autonomías provinciales. La presencia nacional de estas delegaciones permitió centralizar las políticas que se impulsaron desde el gobierno.

Los consejos creados durante el gobierno militar eran estructuras heterogéneas que incluían representantes de diversos organismos estatales, combinados con la participación de los de las organizaciones patronales y sindicales. Debían su importancia a su capacidad centralizadora. Eran instancias de decisión, dependían del Poder Ejecutivo, facilitaban el diseño, ejecución y control de políticas globales que involucraban al conjunto del aparato estatal, extendiendo su influencia a todo el territorio nacional, integraban transversalmente los espacios estatales. La incorporación de representantes de la esfera privada incrementaba la heterogeneidad e instalaba al estado como “arena de conflicto”. La presencia de representantes del sector público, mayoritariamente técnicos, era superior a los representantes privados, que, a su vez, tenían diferentes niveles de responsabilidad. Los principales consejos nacionales no sobrevivieron al período militar.

La inclusión en estos consejos de numerosas representaciones extendía la posibilidad de recabar información, tomar decisiones y obtener un compromiso de todos los representantes en ese consejo.

Otra innovación fue la creación del Banco de Crédito Industrial, en cuya Carta Orgánica se señalaba como objetivo estimular las actividades que “tiendan a satisfacer las necesidades imprescindibles de nuestro mercado y las que extraigan, utilicen o manufacturen productos del país, dando preferencia a la pequeña y mediana industria y a las que contribuyan a la defensa nacional y al desarrollo de las economías nacionales”.[18]

Proyectó financiar inversiones mediante créditos a mediano y largo plazo, o contribuir al saneamiento financiero de empresas a través del rescate de deudas bancarias o comerciales. En 1945, una reforma de su Carta Orgánica, lo autorizó a recibir depósitos y otorgar créditos a corto plazo, además, se creó una sección especial de fomento industrial para el aliento de las pequeñas y medianas empresas.[19]

El Consejo Nacional de Posguerra

El más emblemático de los Consejos fue el Consejo Nacional de Posguerra (CNP), creado en agosto de 1944, respondiendo a la necesidad de alcanzar consensos para la política económica y social emprendida por el gobierno. El objetivo del CNP, dependiente de la Vicepresidencia de la Nación, que ejercía el coronel Perón, era realizar estudios para el reordenamiento de la economía y coordinar la planificación de actividades de los diferentes organismos del estado.

La presidencia del Consejo era desempeñada por el vicepresidente de la Nación, quien ejercía la dirección política del organismo; la Secretaría General estaba a cargo del Consejero Técnico de la vicepresidencia (Figuerola), mientras que las dos vicepresidencias estaban en manos del Secretario de Trabajo y Previsión (el propio Perón) y el Secretario de Industria y Comercio (general Julio Checchi) que estaba vinculado con la UIA. Incluía numerosas comisiones y subcomisiones que realizaban estudios específicos. Las subcomisiones, de carácter informativo, estaban integradas por representantes sectoriales. La subcomisión “patronal” desarrollaba las cuestiones financieras y de fomento de la producción, el comercio, y las cuestiones sociales, en la subcomisión “obrera” se estudiaban temas como los salarios, la seguridad social, o la economía popular.

El Consejo surgió con el aval de las principales corporaciones y el apoyo de fuerzas sociales dispuestas a confluir en el estado para pensar y conducir los proyectos económicos y sociales, pero cada uno de los que integraron estas comisiones lo hizo a título personal.

Funcionó con el apoyo de una fuerte burocracia homogénea que le permitió realizar, en menos de un año un relevamiento de la situación y publicar un informe. De los cien empleados atribuidos al Consejo, setenta y seis fueron reclutados del Consejo Nacional de Estadísticas, muchos de ellos habían pasado a éste desde la vieja Dirección Nacional del Trabajo,[20] donde Figuerola había trabajado durante años, y se organizaron en divisiones técnico-administrativas, de asuntos legales, economía y finanzas y estadística social coordinadas centralmente. Aunque las decisiones eran tomadas por la comisión permanente.

Para definir el diagnóstico de situación, se elaboró una encuesta que debió ser contestada obligatoriamente por los empresarios y los organismos públicos del área económica.

En febrero de 1945 se ampliaron sus funciones, al disponerse que todas las secretarías de Estado debían presentar sus proyectos al Poder Ejecutivo con un informe previo del Consejo acerca de su “procedencia o improcedencia”.

Después de tres años de gestión del gobierno, en la cúspide del Estado, encontramos a la Presidencia convertida en un centro de decisiones y un Gabinete más numeroso y diversificado.

Por debajo de ese nivel, una multitud de organismos nuevos o renovados ejecutores de políticas cumplían las más variadas funciones, y se complementaban con otros tendientes a mejorar la capacidad de ejecución: organismos dedicados a la información técnica, a las estadísticas, los registros de cualquier tipo, ocupaban un lugar que nunca habían tenido, y permitieron que el Estado mejorara la capacidad de decisión.[21]

Sin embargo, estas reformas presentan un componente importante de improvisación que se manifiesta en avances y retrocesos, en reorganizaciones que se suceden una tras otra en un lapso de pocos meses, a veces volviendo atrás sobre lo actuado (ver el capítulo 4)

Los funcionarios estatales del gobierno militar

El gobierno militar estableció en diciembre de 1943 el Estatuto del Servicio Civil para la Administración Nacional.[22] Entre sus considerandos establecía que la política administrativa y la ciencia de la administración aconsejaban dictar normas permanentes que comprendieran a todo el personal civil con funciones estables en el aparato del estado. Pretendía fijar derechos y obligaciones, a los efectos de no desnaturalizar la relación contractual, pretendiendo establecer las condiciones de idoneidad necesarias para el desempeñode la función pública y los requisitos necesarios para el ingreso permanencia y ascenso.

El ingreso a la administración se haría por el puesto inferior de la escala jerárquica de cada categoría de acuerdo con una clasificación que incluía a) al personal administrativo y técnico profesional; b) al personal obrero y de maestranza, y c) al personal de servicio; establecía además que el ingreso a los cargos técnicos se haría por concurso.[23]

Los requisitos para el ingreso como personal administrativo eran ser argentino nativo, por opción o naturalizado con más de diez años en el ejercicio de la ciudadanía; tener dieciocho años, acreditar antecedentes de moralidad, presentar certificado de buena salud y aptitudes físicas, haber cumplido con el servicio militar y prestar juramento de fidelidad a la Nación y sus instituciones. Se requería además el certificado de sexto grado y aprobar un examen de competencia y dactilografía.

La posesión de un título universitario, técnico o de bachiller, maestro normal o perito mercantil, así como los antecedentes científicos o culturales, suplían la prueba de ingreso.

Cada repartición debía formular los programas de exámenes y bases para los concursos, de acuerdo a sus necesidades y los reglamentos de las pruebas. Preveía cubrir las vacantes que se produjeran por riguroso ascenso en la escala jerárquica, dentro de la respectiva repartición y categoría, respetando el orden de mérito resultante de la clasificación, que se confeccionaría anualmente en base a un sistema que tenía en cuenta: la capacidad; las condiciones personales; las aptitudesespeciales; la antigüedad en el cargo, la antigüedad en la Administración, la dedicación y la disciplina.[24]

Se prohibía a los agentes de la Administración Pública la afiliación a los partidos políticos y su intervención en actos de propaganda o proselitismo, cuyo incumplimiento sería castigado con la exoneración.[25]

Por su parte, el decreto 16.673 del 16 de diciembre de 1943 disponía que se impartieran instrucciones a los interventores de provincias para que pusieran en vigencia el Estatuto del Servicio Civil,[26] al año siguiente, otro decreto, prorrogó su aplicación. Berrotarán señala que el estatuto no fue implementado, pero a los efectos de este trabajo, sus consideraciones resultan importantes como señal del tipo de funcionario público que las autoridades nacionales de la época pensaban necesario para que el Estado estuviera en condiciones de cumplir con las nuevas tareas que se le asignaban.

Pero la renovación estatal implicaba también un recambio en la elite gubernamental, que requería nuevos perfiles profesionales, aunque una mirada más profunda de la composición de los elencos del aparato estatal, muestra que la burocracia permanente, de carrera, especializada fue una fuente de reclutamiento de los nuevos elencos de funcionarios. Campione[27] identifica siete grupos de procedencia que tendrían rasgos suficientes como para considerarlos tales.

El primero de estos grupos es el de los funcionarios de perfil socioprofesional asociados al llamado grupo Prebish, de actuación anterior en el Ministerio de Hacienda y en el sistema financiero estatal; este grupo mantuvo su presencia e influencia durante los primeros meses posteriores al golpe del 43, hasta fines de ese año, cuando fueron cesados al producirse el desplazamiento de los sectores liberales. Sus características principales eran su experiencia como funcionarios de carrera, con título obtenido en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, independencia política y su autopercepción como un grupo eminentemente técnico.

En tanto que el grupo Prebish fue desplazado, se verificó el ascenso del segundo, compuesto por un conjunto de economistas que ejercieron una suerte de “relevo generacional”. Eran hombres formados en la administración pública, en muchos casos bajo tutela del grupo anterior que, en general, no llegaron a los primeros planos hasta la presidencia de Perón. Entre ellos destacan Alfredo Gómez Morales,[28] Miguel Revestido,[29] Roberto Ares, y Ramón Cereijo,[30] que ingresaron a la administración, una vez graduados en Ciencias Económicas, después de dar algún tipo de examen de ingreso.

Ellos también se percibían como un grupo, así lo deja claro Gómez Morales:

Quiero dejar en claro que la forma personal de expresarme es una simple modalidad. El equipo que yo integré no estaba necesariamente presidido por mí, era un equipo homogéneo integrado por Cereijo, Ares, Barro y yo. Me hice cargo del Ministerio de Finanzas, Cereijo del Ministerio de Hacienda, Ares del Ministerio de Comercio Exterior y Barro de Industria y Comercio, y actuaba como usted sabe en equipo hasta 1952.[31]

El tercer grupo está formado por veteranos de otras áreas de la administración pública, con diversos perfiles profesionales que el gobierno militar acercó a los primeros planos de la gestión estatal. El caso emblemático es José María Figuerola promotor de la estadigrafía y la planificación, que fue vicepresidente del Consejo Nacional de Posguerra, y luego secretario de Asuntos Técnicos entre 1946 y 1949.

En un proyecto que postulaba el fortalecimiento del papel del Estado a través de su función de planificación, los funcionarios de carrera con un saber técnico y experiencia en la función pública fueron convocados a desempeñar funciones más importantes.

Otra fuente importante de reclutamiento fue la de ex funcionarios provinciales (provenientes del gobierno de Manuel Fresco en la provincia de Buenos Aires).

Un quinto grupo es el de los militares “técnicos” con experiencia burocrática previa y formación profesional fuera del ámbito militar, que encontraron su papel como “empresarios estatales” en que se habían desempeñado algunos oficiales del ejército desde la década del veinte. Sus funciones se llevaron a cabo en áreas de acción económica, como el Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría de Industria y Comercio. Hombres relativamente jóvenes y en servicio activo como los teniente coroneles Mariano Abarca, y Alfredo Baisi,[32] el coronel Julio Checchi,[33] o el mayor Bartolomé de la Colina,[34] a los que puede asociarse el general Juan Pistarini.[35] Algunos de ellos estuvieron vinculados con la UIA, a través de disertaciones en su Instituto de Estudios Industriales, publicando en su revistaArgentina Fabrilo en laRevista de Economía Argentinade Bunge.

Un sexto grupo es el de los radicales renovadores, hombres de segunda o tercera fila del partido, sin otra característica en común que su pasado radical, que ingresaron al gobierno a partir de la apertura política de principios de 1945. Es de destacar que los forjistas tuvieron poca influencia durante el gobierno militar.

También fueron importantes, sobre todo entre 1943-1945 un conjunto de hombres que profesaban ideas genéricamente nacionalistas, contrarios al liberalismo y la democracia, católicos ultramontanos y antimodernos. De profesión jurídica, desempeñaron cargos en el Poder Judicial y el ámbito educativo.

Los cambios a partir de 1946

El peronismo se conformó por parte de grupos a cuyas ideas sobre intervencionismo económico habían sumado las iniciativas estatales en el plano social.

Si durante el gobierno militar la reformulación de la estructura del estado permitió la autonomía y la capacidad de acción de los nuevos organismos, lo que favoreció la acumulación de poder por parte de los sectores próximos a la figura de Perón, a partir de 1946 el objetivo de la conformación del nuevo modelo de Estado tendió a una creciente concentración de las decisiones en la esfera de la Presidencia.[36]

Entre las novedades introducidas destaca la Secretaría Técnica (ST) de la presidencia que tenía como objetivo la planificación, coordinación y ejecución de las cuestiones financieras, económicas y sociales a través de la recopilación de información, la orientación estadística, y dar respuesta a las demandas específicas del PE.

El organismo, al ser una estructura nueva y de carácter técnico, permitió buscar mecanismos fuera de la vieja burocracia. Para ello se transfirieron a él los cuadros técnicos que habían actuado en el CNPG y en la Dirección de estadísticas de la Secretaría de Trabajo y que habían actuado junto a Figuerola.

El decreto 20.98/46 le atribuyó al Secretario la función de estudiar, informar y proponer al presidente de la Nación las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento de la administración pública, la planificación, coordinación y ejecución del plan de gobierno, la realización de los estudios estadísticos para obtener la información que necesitara, creando además un consejo consultivo que dependían de la misma: el Consejo Económico y Social, en el que estarían representados los Ministerios y Secretarías deEstado, los presidentes de los Bancos Central, Nación, Hipotecario y de Crédito Industrial, seis representantes de los empleadores y seis de los trabajadores designados por el Poder Ejecutivo, y que a solicitud del Presidente podía ser ampliado con la presencia de Ministros y Secretarios de Estado, y personal técnico cuya opinión fuera interesante conocer.[37]

La necesidad de centralizar la acción del plan de gobierno llevó a la creación, por un decreto de 1948, del Consejo Federal Coordinador, en el que se invitó a participar a los gobiernos de las provincias, y un Consejo de Coordinación Interministerial, en el que participarían los representantes de los Ministerios y secretarías de Estado,[38] que al año siguiente se los hizo depender del recientemente creado Ministerio de Asuntos Técnicos.[39]

Según Berrotarán,[40] la creación de la Secretaría Técnica se justificaba en la necesidad de una estructura de coordinación, fundada en la imposibilidad de crear nuevos ministerios y lograr autonomía en la gestión que pudiese evadir eventuales oposiciones internas y posibles trabas burocráticas.

Pero esta intención centralizadora puso de manifiesto fuertes obstáculos originados en las desiguales capacidades de las distintas dependencias, así como los conflictos de poder que colisionaban con la racionalidad técnica que se pretendía.

Cuando en 1946 se solicitó a los ministerios las propuestas y planes de las áreas a su cargo a los efectos de ser reelaborados, para ser incorporados al Primer Plan Quinquenal, estos respondieron de muy diversa manera, en función de sus capacidades técnicas y las lógicas burocráticas de las que eran herederas, que resultaron ser heterogéneas y muy desiguales.

Una vez elaborado el plan, se crearon nuevos organismos para su ejecución y control, como los consejos encargados de construir consensos, el primero de los cuales fue el Consejo Económico y Social, que contribuyó a definir las políticas. Mas tarde, sus misiones y funciones fueron asumidas por el Consejo Económico Nacional, ente interministerial encargado de la orientación política y la coordinación de acciones entre las diferentes jurisdicciones (nacionales y provinciales), que permitieron generar los acuerdos previos necesarios para la formulación de acciones que se imponían al conjunto de la sociedad.

Para enfrentar el panorama institucional desorganizado y heterogéneo, la ST apuntó a la centralización, el mejoramiento de las capacidades institucionales y la competencia técnica de los funcionarios.

La debilidad institucional constatada a la hora de presentar proyectos por parte de algunos organismos del estado, tuvo como respuesta un intento de fortalecer sus capacidades. Con el objetivo de ordenar al Estado, para conocer la infraestructura existente, los insumos y el personal en servicios, se realizó el primer censo de los bienes del Estado.

En la presentación ante el Congreso de la Nación del Primer Plan Quinquenal, señalaba Perón:

Empezamos a estudiar la situación y se presentó el primer inconveniente. Llevamos treinta y tantos años sin censo. No sabemos qué tenemos, donde lo tenemos, ni cómo lo tenemos. Disponemos de una estadística teórica, llena de falacias, incompleta e unilateral; y de pequeños censos de estadística de algunas reparticiones que nos permiten mirar, como a través del ojo de la cerradura una parte del panorama nacional.

Hemos dado movimiento a la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, fundada hace dos años, con poca fortuna. Esperamos que, Dios mediante, tengamos ahora mejor suerte, porque está más próxima a nosotros y la vigilamos más de cerca.

Tendremos un censo y una estadística que habrán de servir a quien me suceda en el gobierno, dentro de seis años.[41]

La conclusión a la que arribaron las autoridades de que mientras no fuera posible una reforma de la ley de Ministerios, sería necesario crear una estructura flexible que, en definitiva, implicó la permanente redefinición de los organismos estatales que cambiaban de categoría y salían de sus tradicionales ámbitos de funcionamiento. Esa acción sobre la marcha permitió la creación y separación de áreas fundamentales, como educación del Ministerio de Justicia, o la creación de la Secretaría de Salud Pública.[42]

Decía Figuerola:

La primera función que el poder Ejecutivo encara con respecto a la Administración Nacional es la organización de los Ministerios. Pero la proyectada organización administrativa resultaría ineficaz si el Poder Ejecutivo no hubiese tenido la precaución de traer a la consideración del Honorable Congreso un proyecto de ley encaminado a la reorganización de los ministerios. Porque la realidad es que la limitación numérica establecida por la Constitución dificulta el normal desenvolvimiento de todos los servicios del Estado.

Si hiciese falta una prueba de la necesidad expuesta, podría encontrarse en el hecho de que mientras la mayor parte de los países han modificado varias veces su organización ministerial y han aumentado el número de sus ministerios conforme a las necesidades y el progreso de los tiempos nuevos, la Argentina ha tenido que permanecer estacionada o suplir las deficiencias con arbitrios no todo lo eficientes que serían de desear. Y así habrá de estar hasta tanto que una reforma constitucional permita ampliar los departamentos ministeriales. Refundir dentro de ocho moldes todas las actividades en que ha de actuar el Poder Ejecutivo, ofrece sus inconvenientes, porque a veces sucede que algunas de esas actividades requiere gestión aislada, por razones de incompatibilidad con las otras. El trabajo y la previsión o la salud pública, podrán servir de ejemplo a la precedente aseveración. Es precisamente esa, la razón de que el excelentísimo señor presidente no haya creído acertado traer una ley articulada de reorganización de los ministerios, dentro de los ocho constitucionalmente admisibles, y de que haya preferido, para el bien de la Nación, pedir una autorización al Poder Legislativo para reorganizar directamente el funcionamiento de los ministerios, sin la traba que representa la ley 3.727, orgánica de los mismos y con la experiencia que se vaya adquiriendo, presentar un proyecto de ley que disminuya, en lo posible, los inconvenientes que ofrece la Constitución en el aspecto administrativo de que se trata.[43]

Desde sus primeros discursos Perón advirtió sobre la necesidad de organizar el Estado, dejando bien sentado que era preferible “la acción tesonera del Estado encaminada a disciplinar la producción y a armonizar el sentir colectivo en un superior deseo de bien público.[44] La primer tarea consistía en organizarlo sobre bases científicas, lo que significaba oponerlo a la política, fundar una nueva legitimidad en la organización estatal alejado de luchas partidarias, en administrar y gobernar de la mejor manera y no fiarse de la discrecionalidad política de los hombres.

Para Perón el Estado “es una máquina que funciona dentro de la Nación, pero lo definitivo y lo que obedece a la tradición histórica es la Nación y no el Estado”.[45] Ese Estado máquina solo tenía sentimientos y emociones frente a la angustia humana y las necesidades del pueblo. Ahí dejaría de ser testigo silencioso e inoperante para intervenir en forma decisiva, rápida, eficaz y enérgicamente.

Decía en el Congreso en 1948:

Orientamos la economía abriendo cauces que permitieran lograr de ella la máxima eficiencia, utilizándola no solamente como un fin, sino también como un medio; el mejor de los medios para la consecución de un fin superior: el bienestar general, propósito eminentemente constitucional, fiel y lealmente interpretado y cumplido por mi gobierno.

Transformarse en el órgano rector de la economía nacional, significaba atribuir al Estado el control de los resortes fundamentales de la economía, dejando al capital privado la tarea de colaborador suyo.[46]

La solución de los problemas económicos sociales debía hacerse con criterio racionalista, esto es, organizar al Estado. Planificar sería el resultado de estructurar las distintas actividades de las que dependía el porvenir de la Nación y encaminar la acción estatal hacia la distribución equitativamente racional y justa de la riqueza, conforme a un gigantesco ordenamiento económico-social.

El gobierno peronista organizó la intervención del Estado en la economía mediante políticas financieras, comerciales, industriales, y otras que le devolvieran la “autoridad” que había perdido.[47] En este terreno, Perón pensaba que era necesario coordinar la libre iniciativa individual y la capacidad organizadora del propio Estado a través del control de los fundamentos de la economía (la regulación monetaria, el sistema bancario, el comercio exterior).

Pero para que el Estado estuviera capacitado para desempeñar el papel que se le asignaba en el proyecto peronista, además de asegurar la capacidad técnica y administrativa de las distintas reparticiones, la ST identificaba otra dificultad: la ausencia de funcionarios competentes para llevar a cabo los programas de gobierno. Por lo tanto se realizaron intentos de fortalecer los recursos humanos disponibles, intentos que chocaron con intereses político-ideológicos.

Su programa consistió en mejorar la competencia de sus agentes a través de la creación de escuelas de funcionarios con ingreso a los cargos a través de concursos. Para ello diseñó la creación de una Escuela Superior de Administración destinada a la formación de los cargos jerárquicos de la administración pública, e internalizar los nuevos valores administrativos.

El Primer Plan Quinquenal presentaba al Congreso de la Nación un proyecto de ley que establecía:

Es necesario que todos los Departamentos del Estado estén convencidos de la necesidad de modificar y agilizar nuestro sistema administrativo, anquilosado y entorpecido por el sentido casi sagrado de la palabra “expediente”. Si el concepto “tener el expediente al día” –mediante cómodos giros y pases– lo sustituye el concepto “resolución del asunto”, con pleno conocimiento de lo que ello significa, mucho habrá ganado nuestra Administración […] Contribuye a ello el ingreso a la función pública sin base técnica; muchas veces sin vocación, pobre cultura general, y en cualquier categoría. La falta de preparación se convierte en el ejercicio del cargo en exceso de frondosidad y carencia de espíritu de concreción. Sin embargo, debe reconocerse que todas las reparticiones poseen un número mayor o menor de funcionarios modelo.

Deben prepararse los Departamentos para crear escuelas de funcionarios y exigir seria formación para el ingreso a la función pública que ha de perder el concepto de “acomodo” para convertirse en contrato con el Estado con mutuos derechos y obligaciones.

Han de prepararse los sistemas de selección de los funcionarios para ingresar en cualquier rama de la Administración asegurándoseles inamovilidad, ascensos periódicos, facilidad para que los más inteligentes y estudiosos puedan tomar parte en concursos para plazas de mayor categoría dentro del Cuerpo a que pertenecen yrealizar así por sus propios medios mejor carrera prestigiando y dignificando la función ante el país y ante la propia conciencia del funcionario.

Se recomendaba estudiar la composición de cada repartición para simplificar los organismos, refundiendo todas aquellas oficinas que pudieran ejercer funciones superpuestas. Agilizar los procedimientos internos con miras a resolver rápidamente las peticiones qué se le plantearan abreviando trámites, ya que éstos deberían realizar los caminos más breves y eficientes. También se pretendía limitar el número de funcionarlos basándose en la función de cada Repartición y la racionalización del trabajo.

Se planteaba también crear cursos de cultura administrativa y conocimientos específicos a cargo de funcionarios de reconocida competencia, asignando premios a los mejores trabajos presentados y estimulando la mayor dedicación y la responsabilidad. Planificar la composición de los cuerpos generales de la Administración mediante el estudio de las condiciones que debían exigirse para el ingreso; programas de materias, títulos o conocimientos prácticos y composición y forma de actuar de los Tribunales Clasificadores.

Se pretendía preparar la estructura de los cuerpos técnicos decada Departamento, con respecto a cargos que debían desempeñar funcionarios con titulo universitario mediante el ingreso por concurso-oposición; estudios de programas, composición de los Tribunales Clasificadores ysistemas de ascensos.[48]

Pero este objetivo de crear un cuerpo de funcionarios científicos y apolíticos sufrió una desviación hacia el control ideológico que afectó las metas de racionalidad, ya que las oportunidades que el proyecto presentaba para vigilar la acción de los agentes burocráticos facilitó el espacio de politización. Así, el proyecto de la escuela de administración se transformó en 1951 en la Escuela Superior Peronista, cuando Figerola fue reemplazado por Mendé.[49]

También se propusieron mecanismos y herramientas para sistematizar las tareas. La Secretaría confeccionó unAyudamemoria referente a la orientación política del gobiernoque reflejaba la imagen que quería trasmitir a sus agentes. Según Berrotarán, este ayuda memoria informaba, con lenguaje sencillo, sobre la organización del Estado, la conformación de las estructuras ministeriales y sus relaciones mutuas. También se intentó establecer procedimientos uniformes a través de instrucciones para elaborar convenios, normativas para la comunicación entre diversas reparticiones. Eran reglas que se intentaba internalizar entre las distintas categorías de funcionarios.

Los instrumentos de intervención económica

El gobierno militar y el de Perón que lo continuó, tenían una clara conciencia del rol de la industria en la economía nacional y de la necesidad de tomar recaudos que apoyaran su fortalecimiento. Las principales medidas adoptadas en este sentido fueron:

Una política de incentivos a la industria a través de la creación del Banco de Crédito Industrial en 1944, que otorgaba créditos baratos y a largo plazo para la inversión y el desarrollo industrial.La protección de la industria nacional mediante barreras arancelarias, tema que, por otra parte, venía discutiéndose en el país desde mucho antes;[50] sin embargo, entre 1946 y 1949 el crédito industrial fue el principal estímulo para el crecimiento del sector, en tanto el atraso de los aforos aduaneros incrementó la competencia de las importaciones.

En adelante, la administración de las importaciones a través de permisos previos, cuotas y prohibiciones y la política cambiaria se transformaron en las principales herramientas para incentivar la sustitución de importaciones

La adopción de una política redistributiva de ingresos amplió el mercado interno, incorporando a los trabajadores como consumidores de la producción de bienes durables y semidurables.La nacionalización de los transportes: ferrocarriles y colectivos, y servicios públicos: teléfonos, gas, y electricidad y la repatriación de la deuda externa, que se terminó de pagar en 1950.Una reforma financiera estatizó la banca. Se consideraba patrimonio nacional el capital del Banco Central de la República Argentina al frente del cual fue designado el industrial Miguel Miranda.[51] El Banco, transformado en agente emisor exclusivo ejercía la superintendencia sobre las juntas reguladoras de la producción, la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, el Consejo Agrario Nacional, la Caja Nacional de Ahorro Postal, el control de cambios y se transformaba en el eje del sistema de bancos oficiales, cada uno de los cuales asumía funciones específicas.[52]

La nacionalización del Banco Central en 1946 y la reforma bancaria de 1949 fueron los principales instrumentos que regularon la política financiera del gobierno durante este ciclo.

Los considerandos del decreto de nacionalización de la banca hacían referencia a la política monetaria como decisiva en la elaboración de la política económica de conjunto; que para garantizar la autonomía del Banco no era necesario admitir el manejo por parte de los intereses privados; el monopolio de la emisión como un mecanismo indispensable para garantizar la estabilidad monetaria, elemento de gran gravitación en la política económica y financiera. El objetivo de la nacionalización era, en síntesis, que el Estado asumiera la conducción de la política crediticia y monetaria.

El punto básico del nuevo sistema consiste en que los bancos tomen la responsabilidad por los depósitos sin modificar el trato de cada banco con sus depositarios, en el sentido de que ellos pueden mantener sus cuentas en el banco de su elección. A partir de cierta fecha, los bancos manejarán las entradas y pagarán los depósitos por cuenta del Banco Central.

El decreto preveía indemnizar a los inversores privados, cuyos activos se nacionalizaban, con bonos del tesoro Nacional, o en dinero en efectivo.

Los bancos se transformaron en agentes receptores de depósitos por cuenta de aquel, y desde luego, no se les permitía prestarlos. Ambas resoluciones tenían como fundamento la idea de que el Estado debía reservarse el monopolio de la emisión monetaria.

Establecía que el presidente y el vicepresidente del Banco serían personas de reconocida experiencia en la actividad privada, industrial, comercial y bancaria y serían designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del senado.

El requerimiento de que el Banco Central mantuviera en todo momento una reserva suficiente para asegurar el valor del peso en oro o divisas equivalentes hasta el 25%, como mínimo, del medio circulante, fue especialmente significativo en vista de los cambios impuestos a la ley en 1949, por la que se suspendía la garantía en oro del peso y se reformaba la ley orgánica del Banco Central. Conforme con los términos de la nueva ley propuesta, el Banco Central dependería directamente del Ministerio de Hacienda. El directorio estaría constituido por miembros pertenecientes al Banco de la Nación, al Banco de Crédito Industrial, a la Caja de Ahorro Postal y por un representante de cada uno de los siguientes sectores: agrícola, ganadero, industrial, comercial y los trabajadores.

El Banco Central estaba autorizado para hacer empréstitos al gobierno, superiores de un 10% al 15% al promedio de los préstamos al Estado en los tres años anteriores. Asimismo se introdujeron reformas en las leyes que interesaban al control de cambios. Según esta modificación, el Banco Central podía disponer de oro y divisas a voluntad, sin restricciones legales y sin la obligación de retirar de la circulación cualquier cantidad estipulada de billetes. De este modo se eliminaba toda restricción sobre la emisión de moneda, y el circulante aumentó en casi un 102% desde 1949 a 1952.[53]

El Banco regularía el crédito y las formas de pago, a fin de mantener un alto grado de ocupación y el poder adquisitivo de la moneda. También vigilaría la liquidez y el funcionamiento del crédito y aplicaría la ley de bancos y otras normas legales; ayudaría al normal desarrollo del mecanismo del mercado de valores, y actuaría como agente financiero del gobierno nacional en operaciones de crédito interno y externo y en la emisión de préstamos públicos

Dependerían del Banco Central los Bancos de la Nación, de Crédito Industrial, Hipotecario Nacional, la Caja Nacional de Ahorro Postal, la Comisión Nacional de la Vivienda, el Consejo Agrario Nacional, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, las Comisiones Nacionales de Granos y Elevadores, Reguladora de la Producción y el Comercio de la Yerba Mate, de la Industria Lechera, de Fomento Industrial, del Algodón, del Azúcar y las Juntas Reguladoras de la Producción Agrícola, Nacional de Carnes, Reguladora de Vinos.[54]

El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) creado en 1946 pasó a monopolizar el comercio exterior y se convirtió en eje del proceso de redistribución de ingresos en beneficio de la pequeña y mediana industria de capitales nacionales, en detrimento de los sectores agrarios exportadores.[55]

A través del IAPI, el Estado monopolizaba la compra de los productos exportables y se transformaba en el único vendedor de los mismos en el mercado externo. A su vez, el organismo era el único comprador en el exterior de los productos importados y los introducía al país. Mediante este mecanismo, se obtenían recursos para promover la producción industrial, que se extraían de la manipulación de los precios de los productos agrarios pagados a precios inferiores a los del mercado internacional, derivándolos mediante el sistema bancario como préstamos para la industria.

El Instituto compraba a los productores los cereales que luego exportaría. En el caso del trigo, adquiría la producción casi total, tanto para atender a la demanda externa como al consumo local, aunque de otros cereales solo adquiría las cuotas necesarias para la exportación, dejando a la actividad privada la atención de la demanda interna. Distinto tratamiento recibían las oleaginosas, ya que el IAPI compraba la producción total de las semillas, que luego entregaba por cupo a los empresarios para que las procesaran, ocupándose de la colocación del aceite en el mercado internacional. También adquiría los productos ganaderos que demandaban las exportaciones.[56]

En la Memoria del instituto correspondiente a 1949 se justificaba esta decisión de la siguiente manera:

La creación del IAPI, llevado a cabo por el Decreto-Ley 15350 del 28 de mayo de 1946, respondió a la necesidad de encarar, de forma racional y amplia la solución de una serie de problemas fundamentales cuyo origen es anterior a la segunda guerra mundial, y que […] exigieron ineludiblemente una nueva política económica oficial en relación con los principales rubros del comercio de exportación argentino.

[…] Como consecuencia de la guerra y de su carácter cada vez más general, que impuso la movilización y coordinación al máximo de los recursos de las naciones beligerantes, se produjeron diversas alteraciones y combinaciones de la forma de encarar las relaciones económicas entre los distintos países que se manifestaron en una centralización de las compras de productos de necesidad común en determinados organismos nacionales e internacionales.”

[…] Tales medidas, sin embargo, no se limitaron exclusivamente al período bélico. Una vez terminado el conflicto los países importadores de grandes renglones agropecuarios prefirieron seguir dicha política de coordinación y centralización de sus compras.[57]

Esto habría llevado, siempre según la fuente, al gobierno nacional a contar con una institución estatal capaz de defender las cotizaciones de los productos nacionales de exportación, con el objeto de establecer una política agrícola-ganadera de largo alcance, destinada a orientar, estabilizar y proteger los intereses de los productores

El decreto 15.334/46 establecía:

Art 3º. El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio tiene por objeto promover el desarrollo del comercio interior y exterior y llevar a cabo los actos que sean necesarios o convenientes a ese fin.

Art. 4º. El capital inicial del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio será de $ 4.000.000, que se integrarán con parte de las diferencias de cambio pertenecientes al Estado acumuladas por la Corporación para la Promoción del Intercambio S. A. (en liquidación).

El IAPI podría realizar todos los actos y operaciones tendientes a comprar, vender o permutar toda clase de bienes, títulos, créditos acciones o derechos; constituir o aceptar sobre ellos prendas e hipotecas; almacenar toda clase de bienes en depósitos propios o de terceros; intervenir en el transporte de mercaderías mediante la celebración de convenios con empresas de transporte de todo tipo.[58] Todas las negociaciones o compras que dispusiese el Poder Ejecutivo, debían hacerse a través del organismo.[59]

La Dirección del Instituto estaba a cargo de un Presidente (que sería el Presidente del Banco Central), un vicepresidente y siete directores: uno propuesto por el Ministerio de Agricultura, otro por la Secretaría de Industria y Comercio, otros dos por los Bancos de la Nación y de Crédito Industrial (que se turnarían en la función de Vicepresidente), y los restantes designados por el Banco Central, cuyas funciones durarían cuatro años.[60]

A partir de los cargos de mayor responsabilidad en su estructura administrativa (Gerente y Subgerente), se crearon distintas gerencias con funciones específicas (Estudios Económicos, Contralor, Contabilidad y Financiaciones, Administración, Minería, Productos Ganaderos, Productos Agrícolas, Importación), aunque con el paso del tiempo esta organización fue variando, produciéndose desdoblamientos, fusiones o creándose otras nuevas. El IAPI contaba además con delegaciones en el interior del país.[61]

Al modificarse la ley de Ministerios, tras la sanción de la Constitución de 1949, el organismo pasó a depender del Ministerio de Economía, junto con la Junta Nacional de Carnes, y la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, siendo respectivamente su Presidente y su Vicepresidente el Ministro y el Subsecretario de Economía, mientras que dos de los directores representarían a los productores agropecuarios y uno al comercio.[62] La reforma de ese año no solamente significó un cambio administrativo, sino que fue un intento de limitar su autonomía financiera.

Una nueva reforma ministerial realizada en 1952, lo puso bajo la órbita del Ministerio de Comercio Exterior, momento en el que se produjo una reorganización funcional y administrativa, que tenía por objetivo fortalecer la eficiencia del organismo, afectado por la caída del precio internacional de los productos agrarios, que produjo una fuerte caída de la rentabilidad del IAPI.

Pero el Estado peronista manejó otras herramientas con el objetivo para dirigir la economía. Perón los llamó en alguna oportunidad “el sistema nervioso de la economía”, se refería a los servicios públicos que, nacionalizados a partir de 1947, servirían para poner al Estado nacional al servicio del modelo de desarrollo económico.

Este proceso hacía depender de las decisiones oficiales su eventual mejora y ampliación, pero además ejercía un poderoso efecto sobre las inversiones, porque era un instrumento más que permitía al Estado incidir en la distribución del ingreso (porque pagaba salarios y establecía tarifas) y en la generación de empleo, y por último, porque sus nuevas funciones permitían incrementar la influencia de las políticas públicas en la orientación regional de la producción. Todo ello le daba al Estado la posibilidad de corregir algunos desequilibrios.[63]

En general, las propias compañías estaban interesadas en desprenderse de sus activos, porque percibían que su ciclo estaba cumplido, y hacía largo tiempo habían dejado de invertir.

El primer caso había sido la nacionalización de la distribución de gas, ya que entre 1945 y 1948 se nacionalizó la distribución de gas en la Capital, y se adquirieron algunas empresas en la provincia de Buenos Aires, lo que permitió extender la red con nuevos centros de distribución, construir un gasoducto entre Comodoro Rivadavia y la Capital con capacidad para transportar un millón de metros cúbicos diarios, y rebajar las tarifas en un 30%.

Un convenio firmado en 1946 permitió adquirir The United River Plate Telephone Company Ltd. empresa telefónica subsidiaria de la ITT, que se transformó por diez años en proveedora de material y asistencia técnica, convenio que tuvo que ser revisado pocos años después.

La nacionalización de los ferrocarriles fue la más importante de todas estas adquisiciones por la magnitud de la operación, y el carácter simbólico de ruptura con el capital británico vinculado a la Argentina agroexportadora. Pero también se añadieron el servicio urbano de pasajeros, con la adquisición de la cuestionada Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, la ampliación y modernización de la Flota Fluvial del Estado, y las empresas de aeronavegación que dieron origen a Aerolíneas Argentinas en 1950 en reemplazo, con capitales estatales (ya que el capital privado nacional no suscribió las acciones que el Estado estaba dispuesto a vender) de las distintas empresas de aeronavegación mixtas preexistentes.[64]

De este proceso surgieron nuevas empresas estatales que impulsaron la inversión pública como la Empresa Nacional de Energía que construyó en pocos años treinta y siete plantas hidroeléctricas, mientras que la Dirección General de Combustibles Sólidos y Minerales empezó la prospección de la zona de Río Turbio, donde halló carbón suficiente como para sustituir importaciones del combustible desde Gran Bretaña. Para poder explotar el mineral, fue necesario construir un ferrocarril hasta el puerto de Río Gallegos, mientras que YPF renovó su flota de buques tanques y emprendió nuevas exploraciones en Mendoza, Neuquén, Comodoro Rivadavia y Tierra del Fuego, pero no emprendió la explotación de los nuevos hallazgos. Además hubo inversiones en comunicaciones y material ferroviario, y se dio impulso a la construcción de caminos, que en algunos sectores no alcanzaron a compensar la depreciación del capital ya instalado ni a satisfacer la creciente demanda de infraestructura.

Curiosamente, y pese a las consideraciones de Perón citadas más arriba, el Primer Plan Quinquenal (que había sido elaborado antes de que se produjeran las nacionalizaciones), no las tiene en cuenta, ni las prevé, lo que da cuenta del carácter improvisado y oportunista de esta proceso.

Como consecuencia de esta política, el gasto público total pasó del 36% en 1946 al 47% en 1950,[65]