Memoria del Franquismo E-Book

Ramón Cotarelo

• Herausgeber: Ediciones Akal
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 221

Veröffentlichungsjahr: 2011

Beschreibung

Los casi cuarenta años de franquismo fueron un régimen basado en el genocidio y el terror que convirtió a los españoles de ciudadanos en súbditos amedrentados. Durante la interminable posguerra los vencedores fueron tan inhumanos y crueles que todavía hoy, a más de setenta años del fin de la contienda, se palpa el miedo cuando surge el tema del terror, las "sacas" de presos, los "paseos" organizados por los falangistas, las torturas en las comisarías y cuartelillos, el hambre, el hacinamiento y la muerte en las cárceles, los secuestros de niños para entregarlos a los vencedores, las vejaciones a las mujeres, los fusilamientos al amanecer, los últimos de los cuales en 1975, el año de la muerte del Dictador. Memoria del Franquismo dibuja la memoria de un pasado siniestro que es preciso encarar si queremos convivir. Pero para ello hay que identificar a los responsables de la ignominia, a sus herederos y beneficiarios actuales, encontrar a las víctimas y reparar en la medida de lo posible sus padecimientos.

Leseprobe

FOCA INVESTIGACIÓN / 115

Ramón Cotarelo

Memoria del franquismo

Diseño cubierta: Sergio Ramírez

Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.

© Ramón Cotarelo, 2011

© Ediciones Akal, S. A., 2011

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: [phone]

Fax: [phone]

www.akal.com

ISBN: 978-84-460-3529-9

A Héctor Cotarelo

Lächelnd scheidet der Despot,

Denn er weisst nach seinem Tode

Wechselt Willkur nur die Händ

Und die Knechtschaft hat kein Ende.

Heinrich Heine

[El déspota muere con una sonrisa,

pues sabe que después de su muerte

la arbitrariedad sólo cambia de mano

y la esclavitud no conoce fin.]

Capítulo I

Antecedentes

Éste no es un ensayo de historia. El autor no es historiador, sino politólogo. Trata de entender y explicar la realidad política contemporánea, y si echa mano de la historia es en la medida en que el presente hunde sus raíces en el pasado y se hace preciso también entender éste. Pero no lo hace solamente al modo de los historiadores, buscando la verdad de los hechos pasados, sino tratando de encontrarles su sentido para la explicación del presente. Ciertamente el término «sentido» es problemático y sospechoso; pero también lo es el de «verdad». En el fondo, todo son interpretaciones. El conocimiento, sea del presente o del pasado, avanza enfrentando interpretaciones para quedarse con la más convincente, que acaba siendo una mezcla de las enfrentadas y alguna otra y con su validez históricamente delimitada. Además, suele no ser convincen­te para toda la parroquia, sino sólo para los ya convencidos o los que tienen tendencia a estarlo.

De lo que se quiere hablar aquí es del sentido del franquismo. Es decir, se ofrece una interpretación de éste que tendrá en cuenta otras anteriores pero no se ceñirá a ellas, y también se enfrentará a otras y polemizará con ellas. El punto de partida del ensayo, para que nadie se llame a engaño, es que el franquismo fue una vergüenza, una indignidad y una desgracia para el acontecer colectivo de España y que sigue condicionando para mal el presente del país. Es una declaración imprescindible al comienzo de esta lectura. No es malo que uno tenga preferencias, entre otras cosas porque es imposible no tenerlas, pero sí es inexcusable que uno las declare de entrada y trate de justificarlas a riesgo de que alguien le demuestre a uno que está en un error, un riesgo que se debe correr siempre que se pretenda debatir en serio. Por lo demás, será la única manifestación de subjetividad del ensayo. El resto pretende ser una reflexión distanciada sobre el franquismo y su pervivencia en la España actual, en la que se han tratado de suprimir las experiencias, percepciones y vivencias personales que quedarán para unas posteriores memorias ya en proceso de elaboración.

Desde el punto de vista histórico, factual, sobre el franquismo y sus antecedentes queda poco por decir. Prácticamente se sabe todo. Los hechos, sus consecuencias, los datos. Incluso se ha documentado ya la existencia de unas 130.000 personas ejecutadas o asesinadas desde el fin de la Guerra Civil hasta el decenio de 1950, personas desaparecidas y cuyos cadáveres se habían enterrado en fosas comunes, anónimas, ocultas para que nadie pudiera dar con ellos y devolverles su nombre. Hay, creo, un acuerdo general entre los historiadores en el sentido de que lo sabemos casi todo de la guerra y en gran medida, grosso modo, de la posguerra.

Y digo casi todo porque en algunos aspectos sigue habiendo descubrimientos o redescubrimientos de importancia. Por ejemplo, sólo recientemente se ha sacado a la luz un crimen de la dictadura del que prácticamente no se sabía nada, pues ésta lo había ocultado celosamente: lo sucedido con los hijos de los rojos, en concreto los hijos de los fusilados y los críos que los franquistas robaban a las madres presas y quizá también fusiladas. Los niños recogidos cuyo rastro se perdía luego en los recovecos del Auxilio Social, en instituciones como el Patronato de San Pablo o en transacciones entre particulares en una época en la que los vencedores podían hacer lo que quisieran. De esta forma, esos niños secuestrados, desaparecidos, entregados como hijos, criados o esclavos a familias adictas al régimen de Franco, más de 30.000, han empezado ahora a surgir de la oscuridad, de la nada, del limbo en que estuvieron olvidados por los historiadores y el conjunto de las generaciones posteriores.

Este episodio siniestro del franquismo reapareció hace unos años sucesivamente tratado desde distintos puntos de vista: el de un historiador (Vinyes, 2002), el del mismo historiador y dos periodistas en un libro (Vinyes, Armengou y Belis, 2002), un documental de la catalana TV3 que tuvo gran repercusión allí en donde se exhibió, Els nens perduts del franquisme, de Montse Armengou y Ricard Belis (Armengou y Belis, 2002), el de un psiquiatra famoso (González Duro, 2005), y la obra de algún escritor de sobrados méritos que lleva tiempo removiendo la causa de esos niños robados (Prado, 2006), que ha sabido dar con la fuerza dramática del asunto al preguntar: «¿Será usted un niño robado por el franquismo?»[1].

Probablemente, el horror que trasmite este episodio sea el que justifique que, salvo en algunos puntos del país, las denuncias más arriba citadas hayan tenido mucho menos repercusión de lo que cabría esperar, como denuncia Vicenç Navarro[2]. Y no sólo esto. No es disparatado sostener que su dimensión, el problema que plantea al «imaginario colectivo» español, sea lo que explique (pero no justifique en modo alguno) que el intento del juez Garzón de hacer justicia en este asunto lo haya llevado a la destitución y al exilio a petición de los franquistas, con la sanción de otros jueces y magistrados con un interés poco vehemente en que se haga dicha justicia a las víctimas del franquismo, especialmente a éstas singularmente desprotegidas que fueron los niños. A veces los lazos del pasado dan la dimensión real de la moralidad del presente. Porque es obvio que quienes más protestan hoy en contra de la legislación de la interrupción voluntaria del embarazo y más defienden los derechos del nasciturus son quienes ayer bendijeron el robo de miles de criaturas con fines que podemos imaginar pero que ellos no han aclarado. La Iglesia, por ejemplo.

Existía en España la idea de que esos horrores de robar niños y distribuirlos después por vaya uno a saber qué razones eran cosa de la dictadura argentina entre 1976 y 1983. Es público que aquello fue un quilombo. Pero es que la República del Plata seguía aquí, aun sin saberlo, como en otras cosas, el ejemplo de la Madre Patria, por cuanto el franquismo mantuvo una práctica de saqueo y posterior reparto de criaturas robadas de carácter sistemático co­mo política de Estado. Así dice Ricard Vinyes:

La violación de los derechos humanos en el caso español fue tan sistemática y exhaustiva, en tiempo de paz, como lo permitieron las posibilidades del Estado. Sus actos no fueron esporádicos, ocasionales o accidentales, sino deliberados y organizados legalmente, excepto en el caso de los raptos producidos en distintos países europeos por agentes del Servicio Exterior de la Falange, donde sí tuvieron que actuar clandestinamente para efectuar el secuestro[3].

Fue pues política planificada, pensada, de Estado y con justificación «científica». El psiquiatra más afamado del régimen de Franco que, a día de hoy, da nombre a una calle en Madrid, el Dr. Antonio Vallejo-Nájera, militar él mismo, jefe de los servicios psiquiátricos militares y director de un gabinete de investigación en un campo de concentración de republicanos, sostenía que el marxismo es una forma de neurosis, por lo que concluía que era preciso separar a los niños de sus progenitores cuando eran rojos para así impedir que ellos también lo fueran, es decir, que enfermaran:

La idea de las íntimas relaciones entre marxismo e inferioridad mental ya la habíamos expuesto anteriormente en otros trabajos. La comprobación de nuestras hipótesis tiene enorme trascendencia político-social, pues si militan en el marxismo de preferencia psicópatas antisociales, como es nuestra idea, la segregación de estos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de plaga tan terrible (Vallejo-Nájera, 1939).

Que estas tonterías pasen por ciencia es llamativo y premonitorio para ponernos en guardia acerca de cuántas teorías «científicas» se verán mañana como tonterías. En fin, alguien que identifica una doctrina filosófica con una patología psíquica, lo hace en nombre de la ciencia y con ello posibilita que se cometan atrocidades sin cuento con miles de víctimas en la mayor impunidad no es otra cosa que un auxiliar consciente de un genocidio, si no un genocida él mismo. Y el hecho de que un colaborador o instigador directo de un genocidio tenga calle en Madrid prueba hasta qué punto la transición es compleja.

¿Cómo no iban estas creencias a ser caldo de cultivo ideológico del genocidio cuando la misma lumbrera escribía?:

Cuando desaparecen los frenos que contienen socialmente a la mujer [...] entonces se despierta en el sexo femenino el instinto de crueldad y rebasa todas las posibilidades imaginadas, precisamente por faltarle las inhibiciones inteligentes y lógicas, característica de la crueldad femenina que no queda satisfecha con la ejecución del crimen, sino que aumenta durante su comisión [...] Además, en las revueltas políticas tienen la ocasión de satisfacer sus apetencias sexuales latentes[4].

O sea, robar los hijos a estas espantosas arpías era un deber cristiano.

Lo que se enfrenta en los conflictos referidos son interpretaciones, porque sobre los hechos hay una especie de acuerdo general. Incluso cuando aparece algún documento de primera importancia, bien por su contenido o por la personalidad de su autor, como sucedió hace un par de años con los papeles del general Rojo utilizados por su descubridor Jorge Martínez Reverte en una historia de la Guerra Civil (Martínez Reverte, 2009), así como una historia del mismo general Rojo también editada por Martínez Reverte (Rojo, 2010), la nueva información que aporta perfila o matiza unas u otras interpretaciones de los hechos, pero no contradice el relato más aceptado del fenómeno o de parte del fenómeno.

El régimen de Franco ha tenido muy buenos historiadores, casi todos antifranquistas. Los que no son antifranquistas han tratado de mantener una prudente equidistancia o neutralidad entre Franco y sus enemigos, tanto durante la guerra como durante la posguerra. Los historiadores franquistas son de otro carácter. Su obra suele ser justificativa cuando no hagiográfica. Es decir, de una gran parcialidad. Lo mismo puede decirse de los historiadores antifranquistas, y de hecho los franquistas lo hacen. Pero su razonamiento no es enteramente correcto por un motivo simple: se puede ser antifranquista desde posiciones intelectuales, políticas, filosóficas, morales y hasta religiosas muy distintas, mientras que el franquismo muestra un notable monolitismo de convicciones, sobre todo de carácter moral y religioso. Poner de acuerdo a gente de distintas convicciones morales y políticas acerca de la interpretación de un relato requiere que éste sea muy matizado, medido y verosímil, mientras que en el caso de la unidad monolítica el relato no tiene por qué pasar por tal cedazo, sobre todo, además, porque su auditorio es mucho más militante que el de otras orientaciones. Militante quiere decir falto de sentido crítico y proclive a dar por buena una interpretación no porque sea la más lógica, sino porque es la que sostienen las autoridades que uno respeta o porque lleva a las conclusiones que uno quiere ver probadas de antemano. Debe decirse que esta forma de historiar adoctrinando también se da en cierta izquierda, concretamente la comunista, como señala Jorge Martínez Reverte hablando de la Guerra Civil Española[5].

Reitero. El franquismo fue una vergüenza: un sistema dictatorial que redujo a la población a un estado de minoría de edad, sin autonomía ni dignidad. El caudillo, centinela de Occidente, tomaba las decisiones ante la historia y ante Dios y, es de suponer, también ante sí mismo. La gente no contaba, salvo aquella que manifestaba su adhesión al régimen a través de las entidades o corporaciones tradicionales y naturales, esto es orgánicas, la familia, el municipio y el sindicato. Esa gente disfrutaba del privilegio de un reducido derecho de autonomía y una todavía más reducida libertad de expresión. De ella se esperaba un grado de discrepancia en asuntos fútiles, llevadero para un régimen político que se basaba en la ciega obediencia y unidad de parecer de sus beneficiados, en la lealtad inquebrantable al caudillo que los había llevado a la victoria. El resto de la población, gente nada de fiar, potencial enemiga.

La condición ciudadana en el franquismo era enteca, subordinada y no suponía la existencia de una persona titular de derechos y libertades anteriores al Estado, sino una especie de recluta al que se reconocían algunos contados derechos, entre ellos el de libertad de expresión mientras no atentase «a los principios fundamentales del Estado», según rezaba el artículo 12 del Fuero de los Españoles de 1945. El ciudadano era un recluta porque ya el artículo 2.º de dicho Fuero decidía que «Los españoles deben servicio fiel a la Patria, lealtad al jefe del Estado y obediencia a las leyes», y el artículo 7 remataba: «Constituye título de honor para los españoles el servir a la Patria con las armas. Todos los españoles están obligados a prestar este servicio cuando sean llamados con arreglo a la Ley».

No eran ciudadanos, eran mesnadas, porque, a su vez, la Ley no era otra cosa que la voluntad omnímoda del dictador, según advertía el preámbulo de la Ley Constitutiva de las Cortes de 1942 al decir «continuando en la Jefatura del Estado la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general», mientras esas mismas Cortes que se creaban no pasaban de ser un «eficaz instrumento de colaboración en aquella función, principio de autolimitación para una institución más sistemática del Poder», según la misma Ley. Es decir, los españoles estaban obligados a servir a la patria con las armas en la mano conforme determinara a su voluntad el general Franco, quien decidía así sobre la vida o la muerte de sus súbditos. Las Cortes, el Parlamento, no eran sede e incorporación del poder legislativo, ya que éste residía en el caudillo, sino que simplemente eran una graciosa concesión de éste, quien así mostraba su buena voluntad, queriendo autolimitarse en el ejercicio del poder. Las Leyes Fundamentales de Franco no eran una Constitución en ningún posible sentido del término, pero, de serlo, habría de clasificarse como Carta otorgada, al estilo de la de Luis XVIII en Francia.

Los súbditos, las mesnadas, eran hombres a los que como tales se reconocía en el citado Fuero de los Españoles, modificado por la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967, su pomposa condición de portadores «de valores eternos y miembros de una comunidad nacional, titulares de deberes y derechos». La idea más clara de la distancia que había entre esa bombástica definición y la condición ciudadana real de los españoles la da la famosa y apócrifa cita en la que Franco, al parecer, aconsejaba a alguno de sus ministros: «Haga como yo: no se meta en política» (Payne, 1999). Todos los españoles tenían garantizado por Ley Fundamental el derecho a participar en la vida pública a través de las instituciones y a reunirse y asociarse «para fines lícitos», pero lo mejor era no «meterse en política».

La cuestión es bajo qué supuestos cabe defender un régimen de esta naturaleza, una dictadura personal en la cual los hombres no están sometidos a la racionalidad de la ley, sino al capricho del dictador. Esto es: cómo puede defenderse aquella forma de gobierno que la Filosofía política desde Aristóteles considera como la más detestable, la tiranía. A diferencia de lo que sucedía durante la dictadura, en que todo eran ditirambos a los aspectos más sórdidos y delictivos del régimen, acabado éste, sus partidarios, tras enmudecer una tem­porada, no se atreven a defender claramente lo que a todas luces es indefendible y lo hacen de modo vergonzante e indirecto. De un lado no se osa ensalzar la tiranía por sus méritos, porque eso ya no se arriesga a hacerlo más que un puñado de lunáticos y los que viven de glorificar la memoria del genocida. De otro lado, sin embargo, arman un discurso que atribuye a la dictadura la condición de mal menor y excepcional o, si se quiere, mayor eficacia, pero siempre excepcionalidad y brevedad, como se sigue de la práctica romana, creadora de la figura. El inconveniente en el caso de la dictadura franquista es que duró cuarenta años y sólo se extinguió por la muerte del dictador, lo quiere decir que si, por un milagro, éste hubiera dado en ser inmortal, inmortal sería su régimen y eterna la servidumbre de los españoles. En resumen, nadie con una cultura y una sensibilidad de mediano fuste puede defender de buena fe un régimen genocida, salvo los mercenarios.

Poco más hay que decir respecto a la excepcionalidad, salvo dejar constancia de cómo la justificación teórica de la dictadura de Franco acabó acuñando una expresión tan absurda en su contenido como en casi todas las fórmulas que empleaba. Como quiera que la estructura constitucional del régimen abarcaba un periodo constituyente de unos treinta años entre la primera y la séptima de las Leyes Fundamentales, sus panegiristas hablaban de un «proceso de institucionalización». Esto es, la dictadura se justificaba mediante la institucionalización de lo excepcional y transitorio. Su elevación a definitivo. Cómo pueda darse eso por bueno es lo que resulta incomprensible a los ojos de la razón. Porque normalmente los sistemas políticos no son más que institucionalizaciones de actos de fuerza; pero esos actos de fuerza se ven a sí mismos como definitivos (así normalmente las revoluciones) y no como excepcionales y transitorios. De forma que, se mire como se mire, la justificación de la dictadura de Franco sólo puede hacerse a costa de suscribir un enunciado perfectamente absurdo, el de la institucionalización de la transitoriedad. Absurdo desde el punto de vista lógico, pero muy dañino desde uno ético o cívico. El hecho de vivir en una transitoriedad institucional no facilita la generación de lazos de lealtad, por cuanto no configura un sistema de valores y principios dignos de adhesión por sí mismos. El franquismo sostenía que el hombre nace miembro de una comunidad nacional, pero no ha habido régimen en la historia de España que haya sido menos nacional que el surgido de la victoria en la Guerra Civil del bando llamado «nacional».

En verdad, la defensa de la dictadura de Franco sólo puede hacerse presentándola como lo que es, el resultado de la Guerra Civil, pero interpretando ese resultado como el resurgir, el renacimiento de la España eterna, asediada por el enemigo interior que buscaba su destrucción. El triunfo en la Guerra Civil es la base misma de legitimidad del franquismo, que enlaza simbólicamente con la etapa imperial del pasado español. Ése es el punto de vista de los franquistas, del cual se sigue el hecho de que en 1964 celebraran con grandes alharacas los «XXV años de paz», entendiendo que ésta, la paz, era obra de Franco, quien precisamente había impuesto al país una guerra civil de tres años que produjo una matanza, la ruina económica y la marcha al exilio de miles y miles de españoles, entre ellos la elite intelectual y profesional del país.

Este nuevo absurdo ya era evidente entonces, pero no se podía decir, como no se podía decir nada que fastidiara al tirano. Pero ahora sí se puede hablar y lo primero que debe hacerse es contestar a la retórica del régimen que no habían sido «XXV años de paz», sino «XXV años de victoria», que no es lo mismo, y que se prolongaron por otros XI de más victoria. No es preciso repasar los conceptos fundamentales de la polemología moderna, recordando que el concepto de paz no puede basarse exclusivamente en la ausencia de violencia porque la violencia estuvo siempre presente en la dictadura de Franco, al principio de forma generalizada, luego más selectiva pero siempre sistemática. De esta forma, los defensores del franquismo tienen a su vez que justificar la Guerra Civil, cosa que hacen cargando las tintas en la interpretación de la República. Interpretación de la República y de la Guerra Civil de la que no se libra nadie que quiera reflexionar sobre el franquismo y sus pervivencias.

[1]B. Prado (2009), «Será usted un niño robado por el franquismo?»,El País,16 de enero.

[2]V. Navarro (2008), «Los niños perdidos del franquismo»,El País,24 de diciembre. El día de Nochebuena precisamente.

[3]R. Vinyes (2010), «Infancias perdidas»,Público,14 de agosto.

[4]Cit. en L. Quiñonero (2010), «Un marxista es un débil mental»,El Mundo, 20 de enero [http://www.elmundo.es/cronica/2002/111/10116094 59.html].

[5]«“La República, dice usted, “‘no es el régimen que nos contaron’”. “El que nos contaron durante cuarenta años, desde luego que no. El que secontó desde algunas versiones de izquierda y desde el Partido Comunista, tampoco”». I. Bugallal (2010), entrevista a J. Martínez Reverte, enlaopinionlacoruña.es,28de junio [http://www.laopinioncoruna.es/contraportada/2010/06/28/contraportada-jorge-martinez-reverte-militares-deberian-reconocer-herencia-general-rojo/395750.html].

Capítulo II

La República y la Guerra Civil

Los debates sobre el carácter de la República y la Guerra Civil, un tema vivo y coleando en las conversaciones en la esfera pública y también en las privadas, no son sobre cuestiones de hecho, en las que reina un acuerdo general más o menos tácito, más o menos expreso, como ya se ha dicho. Aquí y allá emergen de pronto debates locales acerca de si determinada matanza fue cierta o no y, si lo fue, acerca de la autoría o de cómo, en concreto, se llevó a cabo. Pero en líneas generales hay acuerdo común sobre lo que sucedió.

El problema comienza cuando se escudriñan la República y la Guerra Civil en busca de un acontecimiento que sirva para legitimar el franquismo, que obviamente no puede aparecer como lo que realmente es, es decir, como el resultado de una rebelión militar, como la ruptura de la legalidad republicana y como un acto de desnuda violencia política. La cuestión consiste en encontrar una ruptura de la legalidad republicana, pero anterior a la franquista, que justifique ésta moralmente como consecuencia de aquélla. Aquí se procede a citar dos ejemplos, uno el de una ruptura concreta determinable, la de la insurrección de octubre de 1934, y el otro el de un clima general, un ambiente propio de la República hecho de violencia política cotidiana, inseguridad ciudadana y caos. Los dos fueron profusamente utilizados por los propagandistas del régimen y los dos se emplean ahora igualmente por quienes tratan de embellecer el franquismo, presentándolo como un «mal menor» frente al «mal mayor» del caos social o de la insurrección armada revolucionaria, cuando no como una época de inusitada placidez.

Sin embargo, esta forma de razonar no es convincente. En cuanto a la segunda línea de argumentación, esto es, el clima de inseguridad ciudadana, de desorden público, de atentados impunes en que se vivía en la República, el razonamiento es inane. Esas imágenes tremendistas, esos vaticinios apocalípticos, esos cuadros agoreros pertenecen al manual de la propaganda política más común y carecen de verosimilitud, sobre todo porque se difundieron durante los años posteriores a la guerra, cuando en España regía una férrea censura y el discurso sobre la República y la contienda civil estaba monopolizado por el bando vencedor, que utilizaba unas expresiones como «hordas rojas» u «hordas marxistas» y glorioso Movimiento liberador que permitían abrigar escasas esperanzas de que fueran a decir algo remotamente relacionado con la verdad.

Además, esta forma de razonar alarmista y catastrofista es típica de las ideologías políticas radicales en el juicio sobre el orden que critican y al que, en ocasiones, pretenden subvertir. Basta hojear algunas de las obras publicadas por la derecha española a mediados y últimos del decenio de 1980 para encontrar el paralelismo: el socialismo gobernante era el caos, todo estaba deshecho, la educación era un desastre, la corrupción campaba por sus respetos, la ruina económica acechaba tras cada esquina, los separatistas antiespañoles conspiraban frenéticamente para trocear lo que quedara de la otrora gran nación española y el desorden público, la delincuencia y la inseguridad alcanzaban proporciones de plaga bíblica (De la Cierva, 1989; Fernández de la Mora, 1986; Fraga Iribarne, 1986a, 1986b; Otero Novas, 1998). La coincidencia entre este tipo de escritos y la realidad no es un requisito, porque no se trata de enunciados de hecho y verificables, sino de propaganda que pretende crear una opinión, un clima, un estado de ánimo.

Aun así y aunque las aseveraciones sobre la situación de caos y criminalidad rampante bajo la República fueran estrictamente ciertas, ello tampoco justificaría un golpe de Estado, una rebelión militar por muy salvífica que quisiera presentarse y de hecho se presentara después de su victoria y durante decenios, hasta el final. En primer lugar, nadie en un orden social civilizado puede tomarse la justicia por su mano; tanto menos la injusticia, que no es otra cosa que la imposición del privilegio. Los simpatizantes del franquismo pueden decir que, en julio de 1936, la República hacía mucho que había dejado de ser un «orden social civilizado». La cuestión es que si nadie puede tomarse la justicia por su mano, tampoco nadie puede decidir unilateralmente qué es un «orden social civilizado».

Ciertamente, ese clima de violencia, atentados y criminalidad, en gran medida provocado por quienes lo utilizaron luego como pretexto para sus fechorías, se exacerbó a partir del 18 de julio de 1936 y más tarde cambió de carácter, a medida que se consolidaba el terror de las actividades comunistas, pero siempre podrá decirse con razón que se trató de una respuesta exasperada e incontrolada del pueblo y de algunas organizaciones no estatales ante la sublevación militar. En realidad, desde el momento en que se armó a los sindicatos y a los partidos políticos, se sentaron las bases para las actividades de los incontrolados, pero con ninguno de ellos cabe identificar al Gobierno de la República, que es lo importante en el asunto de los principios. Desde el punto de vista del orden público tradicional, aquella decisión fue un error duplicado, además por el hecho de que se procediera a prescindir de la parte del ejército que había permanecido fiel a la República, como con mucho tino sostenía el general Rojo[1]