Paren las rotativas E-Book

Pacual Serrano

• Herausgeber: Foca
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: Investigación
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2019

Seitenzahl: 389

Beschreibung

"Este libro trata de recoger y ordenar una serie de reflexiones sobre los medios de comunicación, el trabajo de los periodistas, la influencia de los nuevos formatos y tecnologías, los debates que en algún momento se han podido generar y que han sido atropellados sin sacar las conclusiones adecuadas, los errores que apenas se señalaron o que el ritmo trepidante de los medios se encarga de que los olvidemos rápidamente y, por tanto, seguro se repetirán. También se señalan casos concretos, nombres y apellidos de periodistas, empresas, políticos, pues sólo si se apunta sin miedo ni complejos se puede aspirar a ganar la credibilidad en lo que se expone. A partir de materiales previos del autor (columnas, artículos, conferencias…) totalmente retrabajados y actualizados, el texto se ordena en cuatro bloques temáticos: "Modus operandi. El periodismo que sufrimos", "Qué hacen los gobiernos y parlamentos", "Redes y nuevas tecnologías" y"Hacia dónde vamos". Como sus títulos indican, se trata de repasar el panorama existente parándose en el análisis de algunos casos vividos, situar cuál es la responsabilidad de los legisladores en lo que está sucediendo, desvelar cómo las redes sociales y las nuevas tecnologías están influyendo en el periodismo actual y, por último, reflexionar sobre adónde va éste y en qué medida se puede influir en ello. Y no es fácil ir más allá de la denuncia, porque las posibles soluciones deberán ser discutidas y debatidas entre todos: periodistas, políticos, empresarios de la comunicación y, en general, una ciudadanía que es la poseedora del derecho a la información por encima de las empresas de medios y de los periodistas. Si este libro sirve para sembrar esas inquietudes e iniciar alguno de esos debates (porque son varios), habrá cumplido su misión."

Leseprobe

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Cubierta: RAG

Imagen de cubierta: Industryviews | Dreamstime.com

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Nota a la edición digital:

Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.

© Pascual Serrano, 2019

© Ediciones Akal, S. A., 2019

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

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ISBN: 978-84-16842-48-3

Pascual Serrano

Paren las rotativas

Una pausa para ver dónde estáy adónde va el periodismo

«Como en tantas cuestiones de nuestra vida, en el periodismo el acontecer diario nos impide parar un momento, situarnos en la perspectiva adecuada y reflexionar sobre lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Es el fenómeno físico de la bicicleta; no podemos parar porque nos caemos. Pero no es verdad, podemos parar y, sin caernos, pensar en el tipo de periodismo que hacemos, o que nos hacen hacer, y reflexionar acerca de quién influye para que, en esta profesión, se haga lo que se hace, así como meditar acerca de cómo el propio periodismo influye en otros sectores para que se comporten como se comportan.»

Tal es la premisa que sirve de punto de partida a este libro, en el que se recogen y ordenan una serie de reflexiones sobre los medios de comunicación, el trabajo de los periodistas, la influencia de los nuevos formatos y tecnologías, los debates que en algún momento se han podido generar y que han sido atropellados sin sacar las conclusiones adecuadas, los errores que apenas se señalaron o que el ritmo trepidante se encarga de que los olvidemos rápidamente (con lo que, por tanto, seguro se repetirán). Todo ello aderezado con casos concretos, con nombres y apellidos de periodistas, empresas, políticos, pues sólo si se apunta sin miedo ni complejos se puede aspirar a ganar la credibilidad en lo que se expone.

Si este libro sirve para sembrar esas inquietudes e iniciar alguno de esos debates (porque son varios), habrá cumplido su misión.

Pascual Serrano es licenciado en Periodismo. Crítico con la prensa tradicional, en 1996 fundó la publicación electrónica Rebelión (www.rebelion.org), proyecto que abandonó hace diez años. Durante 2006 y 2007 fue director editorial de Telesur, un canal de tel­e­visión multinacional latinoamericano con un modelo de comunicación contrapuesto a los medios dominantes del primer mundo. Su denuncia a los métodos de información de los grandes medios se ha reflejado en libros como Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo (2009), con prólogo de Ignacio Ramonet, o La prensa ha muerto: ¡viva la prensa! De cómo la crisis trae medios más libres (2014). En Foca ha publicado Traficantes de información. La historia oculta de los grupos de comunicación españoles (2012) y Medios democráticos. Una revolución pendiente en la comunicación (2017). En la actualidad dirige en Akal la colección de libros A Fondo, sobre temas de actualidad, colabora en varios medios escribiendo sobre periodismo y es miembro del Consejo Editorial de la revista satírica El Jueves.

Introducción

Como en tantas cuestiones de nuestra vida, en el periodismo el acontecer diario nos impide parar un momento, situarnos en la perspectiva adecuada y reflexionar sobre lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Es el fenómeno físico de la bicicleta; no podemos parar porque nos caemos. Pero no es verdad, podemos parar y, sin caernos, pensar en el tipo de periodismo que hacemos, o que nos hacen hacer, y reflexionar acerca de quién influye para que, en esta profesión, se haga lo que se hace, así como meditar acerca de cómo el propio periodismo influye en otros sectores para que se comporten como se comportan.

En este libro recojo y ordeno una serie de reflexiones sobre los medios de comunicación, el trabajo de los periodistas, la influencia de los nuevos formatos y tecnologías, los debates que en algún momento se han podido generar y que han sido atropellados sin sacar las conclusiones adecuadas, los errores que apenas se señalaron o el ritmo trepidante que imponen los medios y que se encarga de que olvidemos rápidamente las noticias y, por tanto, seguro que se repetirán los mismos errores. También se señalan casos concretos, nombres y apellidos de periodistas, empresas y políticos que han intervenido en la manipulación informativa o la desinformación porque creo que, sólo si se apunta sin miedo ni complejos, se puede aspirar a ganar la credibilidad en lo que uno expone.

Este volumen se nutre de columnas de prensa (publicadas en eldiario.es, Público, Mundo Obrero), artículos más elaborados (en Le Monde Diplomatique), algún trabajo inédito que no se incluyó en ningún medio, así como de documentación que preparé para conferencias, charlas, debates o mesas redondas.

He actualizado los textos, en forma y en contenido, fusionado columnas, rehecho reflexiones, incorporado nuevos datos, eliminado partes que, tras una determinada coyuntura, perdieron importancia, y los he ordenado en cuatro bloques temáticos: «El periodismo que sufrimos», «Qué hacen los Gobiernos y Parlamen­tos», «Las redes y nuevas tecnologías» y «Hacia dónde vamos».

Como sus títulos indican, se trata de repasar el panorama existente deteniéndome en el análisis de algunos casos vividos, situando cuál es la responsabilidad de los legisladores en lo que está sucediendo, desvelando cómo las redes sociales y las nuevas tecnologías están influyendo en el periodismo que hacemos y, por último, reflexionando sobre adónde estámos yendo y en qué medida podemos influir. Como en tantas ocasiones, me siento con la angustia de quien denuncia y señala muchos problemas, pero insinúa pocas soluciones. Sin duda un motivo es porque lo primero es menos meritorio que lo segundo, pero también porque las posibles soluciones deberán ser discutidas y debatidas entre todos: periodistas, políticos, empresarios de la comunicación y, en general, una ciudadanía que es la poseedora del derecho a la información por encima de las empresas de medios y de los periodistas.

Intentar compartir un problema, una reflexión o una propuesta en formatos tan puntuales y precarios como una conferencia o una columna de prensa conlleva el riesgo de que sea atropellado por las dinámicas de la actualidad informativa; por ello, creo que hay que seguir reivindicando el formato tangible, duradero y sereno del libro. Sólo así podremos tomar aire, buscar el ángulo (los ángulos) adecuado para observar la cuestión y llamar a otros para pensar juntos.

Si este libro sirve para sembrar esas inquietudes e iniciar alguno de esos debates, porque son varios, creo que habrá cumplido su misión.

Capítulo I

El periodismo que sufrimos

Vivimos tiempos tormentosos en el periodismo y los medios de comunicación. No sabemos si el futuro nos deparará una mejor información, si seguiremos de forma similar o, incluso, si retrocedemos en las posibilidades de los ciudadanos de conocer lo que pasa en el mundo. Mientras tanto, seguimos sufriendo deficiencias, engaños, sesgos y desinformaciones. Es bueno no sólo detectarlas, sino también ubicar el método utilizado, el responsable del engaño y, así, intentar corregir el elemento estructural que permite que sigan actuando de ese modo. En este capítulo me detendré a observar, ante algunos acontecimientos recientes, varias de las perversiones de los grandes medios, el poder desmedido de las empresas periodísticas, el desenfoque al que recurren para desviarnos de los principales problemas, su seguidismo de las fuentes oficiales o la explotación de la espectacularidad en detrimento del rigor informativo.

Las cloacas del periodismo

En las semanas anteriores a las elecciones generales de abril de 2019, salió a la luz el escándalo de policías en activo que se dedicaron a espiar al partido político Podemos y a sus líderes, incluso a robar el teléfono móvil de una colaboradora de Pablo Iglesias, cuyos contenidos fueron posteriormente difundidos. También agentes policiales se dedicaron a elaborar informes sin fundamento de veracidad que, después, se utilizarían en los medios para acusar a Podemos de haberse financiado con dinero de Venezuela y de Irán. Como resultado de ello se acuñó en la opinión pública la expresión «cloacas de Interior» o «cloacas policiales». Entendemos por esas cloacas el sistema de conseguir información reservada con un interés espurio. Eso no sería tan grave si esa información fuera verdadera y de interés público; el problema es si es falsa y se fundamenta en cuestiones íntimas o personales. En este caso, lo difundido será puro producto de cloaca, o sea, mierda.

Un ejemplo es lo sucedido con Podemos. Las cloacas policiales de Interior difundieron información falsa, o personal e íntima, con el objeto de atacar a este partido, precisamente en el momento en que algunos veían con preocupación una posible llegada al gobierno. Lo que parece olvidarse es que, para que tengan fundamento y eficacia, las cloacas necesitan de medios de comunicación y periodistas (es un modo de llamarlos, para entendernos), con los que salpicar su información a la opinión pública.

En el caso de Podemos, los diferentes infundios procedentes de las cloacas, y que se han demostrado falsos, iban apareciendo en numerosos medios, desde El Confidencial a El País, pasando por ABC, El Mundo y, por supuesto, Okdiario de Eduardo Inda, toda una coral de chapoteo en el estercolero y una bola de mierda que iba creciendo.

Si decimos que el sistema policial está corrupto porque hubo esa media docena de cargos policiales implicados en la trama[1], la mayoría de ellos imputados por los jueces, y también premiados por el Gobierno por Rajoy, ¿qué deberíamos decir del sistema mediático donde casi todos los medios se dedicaron a mentir sobre la financiación «ilegal» de Podemos con dinero venezolano o iraní, la falsa cuenta bancaria de Granadinas o cualquier otro paraíso fiscal, las miserables grabaciones privadas (desde la minga de Echenique a los azotes de Iglesias)? Horas de tertulianos, informativos y páginas de periódicos para algo que sabían que era mentira o, en el mejor de los casos, no tenían ninguna prueba ni fundamento. Ni buscaban fuentes ni contrastaban nada, leña al mono: «La UDEF investiga a Podemos por financiarse con cinco millones de euros de Irán» (El Confidencial[2], El Español[3]); «El “Informe PISA” (Pablo Iglesias S.A.) de la UDEF sobre Podemos» (Ser[4]); «[…] el dinero sale de Teherán hacia empresas instrumentales que tienen su sede en Beirut (Líbano), Kuala Lumpur (Malasia), Khorug (Tayikistán) o Belice, aunque las transferencias las reciben en cuentas abiertas generalmente en Hong Kong, Moscú, Londres y, principalmente, Dubái» (ABC[5]); «El régimen de los ayatolás pretende desestabilizar una democracia occidental en el corazón de Europa» (El País[6]), «La DEA de EEUU revela que Venezuela e Irán pactaron financiar a Podemos con HispanTV» (El Confidencial[7]). Vale la pena leer el trabajo de J. Garín en El Salto: «La influencia de la información de las cloacas en las elecciones generales del 26J»[8].

Mientras tanto, cuando el líder de Podemos denuncia la campaña de mentiras y espionaje, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Victoria Prego, reacciona acusando a Pablo Iglesias de «montar toda una operación de propaganda en su propio beneficio electoral»[9]. Quizá sea bueno recordar que el comisario Villarejo montó el instituto de práctica jurídica Schola Iuris, en el que estuvo impartiendo clases y conferencias Adolfo Prego[10], exmagistrado y hermano de la presidenta de la APM. Y que la APM anunciaba en octubre de 2017 el curso de Periodismo y Márketing de Gemma Alcalá[11], mira por dónde, la esposa del comisario Villarejo. Ay, la famiglia.

Y hay muchos más papelones de periodistas en este culebrón. Tenemos al que fuera director de Interviú, Alberto Pozas, dando, según investiga el juez, al comisario Villarejo, el pendrive con el supuesto contenido del teléfono móvil sustraído al equipo de Podemos[12].

Ahora, cuando se sabe el sistema corrupto con el que se elaboraba toda esa información, implicando a estructuras fundamentales de un sistema democrático, ningún medio rectifica o reconoce que participó en el aquelarre de las cloacas. Y, cuando Pablo Iglesias se lo echa en cara, algunas, como Ana Rosa Quintana, le argumentan que Inda «es compañero» y debe entenderlo[13]. Los espectadores de laSexta pudieron asistir en directo a la reyerta dialéctica entre Iglesias y Ferreras[14] donde, de nuevo, el líder de Podemos denunciaba la protección y altavoz que disfruta Eduardo Inda en laSexta. No olvidemos que, durante muchos días, en laSexta, el analista que explica el escándalo del espionaje de policías de Interior a Podemos es el mismo periodista a quien le pasaban los montajes informativos (y no era el único) para que los contara en su periódico y, de paso, en la cadena de televisión.

El asunto me recuerda al de las armas de destrucción masiva en Iraq. Los tres gobernantes de las Azores quedaron sentenciados como mentirosos por la opinión pública, pero los medios que dieron por válida su versión, que no investigaron, que no contrastaron y que no recogieron la versión de movimientos sociales o Gobiernos que calificaron de mentira la existencia de esas armas, no han resultado penalizados como parte de la trama que nos engañó, y su papel fue fundamental.

La historia reciente está repleta de montajes falsos que, cuando se descubren, terminan poniendo en la picota a políticos o cargos públicos, pero de los que siempre se van de rositas los medios que forman parte de la trama. Estos medios, cuando sale a la luz la verdad del escándalo en el que participaron, se limitan a reaccionar al estilo del corrupto jefe de la policía de la película Casablanca: «¡Qué escándalo! ¡He descubierto que aquí dentro se juega!».

Directores de periódicos que informan cuando los despiden

Generó una fuerte polémica el libro El Director (Madrid, Libros del KO, 2019), donde David Jiménez cuenta los entresijos del año que estuvo al frente del diario El Mundo: presiones explícitas del Gobierno, acuerdos más o menos secretos entre prensa y grandes empresas, toda la obra es una confesión de la corrupción generalizada de un periodismo comprado por el dinero y al servicio del poder.

La historia de un libro escrito por un exdirector una vez que lo han despedido me recordó al libro de Antonio Zarzalejos, que también hizo lo mismo tras su salida de ABC (La destitución. Historia de un periodismo imposible, Barcelona, Península, 2010). En él, Zarzalejos reconoce que su nombramiento fue consultado con el Gobierno de Aznar y que el objetivo del periódico era hacer la «cobertura precisa» para ese Gobierno, llegando a hablar de la «en­trega editorial que el periódico prestó a sus dos Gobiernos (del PP) entre 1996 y 2004».

Lo curioso de estos casos es que nos enteramos más de la realidad cuando los directores son despedidos que cuando tienen como misión contarnos lo que sucede desde la dirección de su periódico. Las tramas, conspiraciones, compra de periodistas por parte del poder económico, servilismo con el poder político... se descubren cuando a los directores los cesan de la empresa y ya no tienen nada que perder. Entonces se nos aparecen, libro mediante, como justicieros, reveladores de la verdad y azote de poderosos. Uno se pregunta por qué ocultaban todo eso cuando disponían de un periódico para contarlo. Bueno, en realidad, no nos lo preguntamos mucho; es bastante evidente: paradójicamente, formaba parte de su misión como directores no contar las cosas.

Es muy saludable analizar cuándo las personas empiezan a hacer públicas las verdades. Esos políticos que dicen que su partido es corrupto cuando no son designados como candidatos, esos directivos que hablan mal de su empresa cuando los despiden, esos funcionarios que denuncian a sus superiores cuando encuentran otro trabajo en la empresa privada. Pero el caso más espectacular es el de esos directores que nos cuentan cómo funciona el país cuando los despiden de su periódico. Porque, precisamente, contarnos los entramados del funcionamiento del país es lo que se suponía que debían hacer antes de despedirlos, y no después.

Efectivamente, hay que leer los libros de estos directores; lo que quizá no había que leer eran sus periódicos. O, dicho de otro modo, hay periodistas y directores que sólo serán decentes y contarán la verdad cuando dejen de cobrar la nómina de sus empresas. Nos quieren hacer creer que les pagan por informarnos, pero es cuando dejan de pagarles cuando mejor informan.

Los medios y la huelga feminista

El 8 de marzo de 2018 se celebró la primera huelga feminista, que tuvo gran repercusión en nuestro país; al año siguiente, se repitió la convocatoria y de nuevo fue un éxito. Por primera vez en la historia, se organiza una huelga legalpara reclamar igualdad real de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Las mujeres se articularon en torno a la Comisión 8 de Marzo, un «espacio de diálogo donde mediante asambleas mensuales se han ido puliendo las aportaciones hasta construir un argumentario consensuado para llamar a la movilización».

A nadie se le escapa que la responsabilidad de los medios de comunicación en el mantenimiento y consolidación de un modelo ideológico patriarcal es fundamental, dado que una de las lacras que denuncian las mujeres es la falta de visibilidad de su papel y su trabajo en la sociedad, la estereotipación de modelos sexistas y de una cultura del patriarcado y la ausencia en el debate público de sus reivindicaciones. Por tanto, es básica la necesidad de que en el seno de los medios, y en el de sus profesionales, se produzcan importantes cambios.

Consulté el Argumentario 8marzo2018, un extenso y exhaustivo documento de 23 páginas[15], para observar lo que se plantea referente a los medios de comunicación. Según adelantan en una introducción, el argumentario es «un documento de propuesta y de acción para el proceso de la huelga feminista». Tiene dos partes: una primera en la que se explica por qué y para qué se hace la huelga en relación con algunos ejes temáticos sobre los que «se articulan las propuestas, las acciones y el discurso para la huelga», y una segunda donde se apuntan algunas ideas sobre cómo hacer la huelga de cuidados, consumo, laboral y estudiantil.

A lo largo del documento se piden medidas legislativas concretas: sobre el aborto, sobre la sanidad, laborales, asilo, etc.; también medidas administrativas: cierres de los CIE, formación a profesionales de la justicia y la sanidad. Se trata de propuestas que van dirigidas claramente a responsables políticos y de instituciones públicas, cuya responsabilidad es ocuparse de las demandas ciudadanas. Podrán ser atendidas o no, pero la vía de reivindicación está claramente expuesta, los responsables definidos y el método de presión utilizado: ciudadanía que exige a sus representantes medidas concretas.

Los puntos donde se abordan los medios de comunicación son cuatro. Los dos primeros van precedidos de la pregunta «¿Por qué hacemos huelga?»:

• Porque la crueldad de las violencias machistas inunda las pantallas de nuestros móviles, televisores, ordenadores, construyéndonos como víctimas y abundando en un imaginario colectivo que normaliza las masculinidades violentas.

• Porque la mayoría de los medios de comunicación realizan un tratamiento amarillista, lleno de morbo de los casos de violencia contra las mujeres, sin considerarnos como sujetos de derechos y sin asumir su responsabilidad en la lucha contra las violencias machistas.

Los otros dos puntos referentes a medios de comunicación desarrollan el objetivo a lograr:

• Para que los medios y las y los profesionales que en ellos trabajan se hagan cargo del impacto que tienen en la opinión pública.

• Para que los medios de comunicación traten los temas de violencias machistas con rigurosidad, tratando a las mujeres y sus derechos como sujetos, no victimizando ni empatizando con el agresor.

El problema es que, a diferencia de los otros sectores y temáticas que se plantean en el argumentario, cuando llegamos a los medios de comunicación, el documento de reivindicación feminista no hace propuestas de intervención y de acción, sólo propuestas expositivas sin operatividad alguna.

A mi entender, las demandas a los medios, como sucede en demasiadas ocasiones, se presentan como meras alocuciones de­siderativas, brindis al sol sin señalar mecanismos de intervención y vinculación a ellos. No olvidemos que se trata, en su mayoría, de grandes grupos privados empresariales. En las luchas laborales no se le pide a una empresa de construcción que pague más a los obreros o tenga más medidas de seguridad laboral; se exige una legislación laboral que aumente el salario mínimo, establezca medidas contra los accidentes laborales y ponga en marcha un sistema de vigilancia. No se invita o propone a Deliveroo que haga un contrato a sus repartidores, explotados como falsos autónomos; se exige que la ley obligue a la empresa a formalizar contratos legales. Ni se les solicita a los ricos que paguen más impuestos, sino que se aprueba un aumento de fiscalidad para quienes ganan más dinero o tienen más patrimonio. No se pide a las empresas que hagan el favor de no despedir a embarazadas, pongan medidas de conciliación laboral o paguen igual a mujeres y hombres; se exige que las autoridades establezcan las legislaciones necesarias y los sistemas que garanticen su cumplimiento. Por tanto, no deberíamos conformarnos con rogarles a las televisiones que no normalicen la violencia machista en sus contenidos ni las masculinidades violentas; ni basta con denunciar que el tratamiento informativo de la violencia machista es amarillista sin considerar a la mujer como sujeto de derecho y sin asumir una responsabilidad contra esa violencia. Por eso, no se puede hacer una huelga limitándose a pedir «que los medios y las y los profesionales que en ellos trabajan se hagan cargo del impacto que tienen en la opinión pública» y «que los medios de comunicación traten los temas de violencias machistas con rigurosidad, tratando a las mujeres y sus derechos como sujetos, no victimizando ni empatizando con el agresor». Los mecanismos con los que se garantizan los derechos y las justas reivindicaciones raramente se basan en el cambio voluntario de quien viola esos derechos o genera las injusticias, sino en la puesta en funcionamiento de medidas legales y administrativas que lo obliguen a cambiar su actitud.

Es importante hacer esas denuncias del papel de los medios y sensibilizar a los ciudadanos sobre la complicidad de unas televisiones en el sostenimiento ideológico del modelo patriarcal, pero no cambiarán los contenidos de nuestras pantallas mientras haya audiencia y beneficio para sus dueños haciéndolo como lo hacen. ¿Alguien cree que Berlusconi o Lara, los dos grandes propietarios accionistas de nuestras televisiones privadas, se van a sentir motivados a cambiar con ese pronunciamiento por mucho seguimiento que tenga la huelga? Los medios privados, como cualquier otro sector empresarial, cambiarán cuando haya medidas coercitivas; es decir, leyes que lo obliguen a no dedicar sus contenidos al amarillismo machista, a no permitir la frivolidad sobre la violencia sexual, a impedirles que usen y abusen de la mujer como objeto se­xual para lograr audiencias, a no tolerar que en su publicidad, series y resto de contenidos se sigan consolidando estereotipos sexistas que subordinan a la mujer al hombre.

Alguien podrá aducir que no deberíamos los hombres protagonizar una discusión en una huelga feminista, organizada y liderada por las mujeres. Bastante protagonismo tenemos el resto de los días y sobre todos los asuntos. Pero es que el tema sobre el que aquí estoy tratando no es el feminismo, son los medios de comunicación; unos medios que, desde muchas reivindicaciones (hoy el feminismo, ayer cualquier otro), son señalados como parte responsable, pero sobre los que nunca nos atrevemos a exigir su democratización e intervención ciudadana.

Mientras no lo hagamos, esos medios, especialmente las televisiones privadas, continuarán como hasta ahora, argumentando el derecho a la libertad de expresión para continuar impunemente con sus patrones machistas e impidiendo que se normalice una justa igualdad de sexos en nuestras pantallas. Una libertad de expresión mal entendida, porque, mientras desde la derecha y el poder utilizan las leyes para encarcelar a raperos, secuestrar libros y retirar obras artísticas, ni las mujeres en esta huelga ni los hombres en ningún momento nos atrevemos a exigir con garantías (no solamente pedir) que se acabe con el machismo y la cosificación de la mujer en nuestras pantallas de televisión.

Peligro, rusos

El conflicto catalán puso en la palestra la recurrente tesis de la actuación de hackers rusos, omnipresentes siempre en toda coyuntura geopolítica convulsa. Las redes se hicieron eco de forma masiva y con tono bastante irónico del titular de El País del 11 de noviembre «La trama rusa empleó redes chavistas para agravar la crisis catalana»[16], toda una carambola rusovenezolana digna del diario de Juan Luis Cebrián. En realidad, el discurso no era nuevo; sólo en un mes, desde El País publicaron «La maquinaria de injerencias rusa penetra la crisis catalana»[17], «La red de injerencia rusa sitúa Cataluña entre sus prioridades para debilitar Europa»[18], «“Hackers” rusos ayudan a tener activa la web del referéndum»[19], «Las redes prorrusas aumentan un 2.000 por ciento su actividad a favor del referéndum en Cataluña»[20]. Desde el Gobierno del PP, tanto Mariano Rajoy como María Dolores de Cospedal e Íñigo Méndez de Vigo se unieron a un discurso de acusaciones rusas más que anodino[21]. Afirmaban una injerencia de internautas con sede en Rusia mediante «muchos» mensajes que circulan a través de las redes sociales con el objetivo de desestabilizar Europa. O sea, que unos tipos se ponen con unos ordenadores a enviar mensajes en las redes sociales y desestabilizan un continente. En Estados Unidos no manejan un discurso muy diferente. Allí cuentan, más o menos, que los hackers rusos crearon perfiles falsos y lograron que ganara Trump las elecciones[22].

La tesis de la conspiración rusa es difundida igualmente por las autoridades de la Unión Europea y los medios sin mayor explicación técnica ni pruebas: «La actividad de centros de intoxicación de las redes sociales desde Rusia o Venezuela ha sido probada fehacientemente en los principales acontecimientos políticos en Europa, ya sea el debate y del referéndum sobre el Brexit, las elecciones presidenciales francesas o la situación en Cataluña, siempre con la intención de desestabilizar al conjunto de Europa» (ABC, 21 de noviembre[23]). Por supuesto, la OTAN también alerta: «El Centro de Comunicación Estratégica de la OTAN pide a España que se proteja ante la injerencia rusa»[24]. Pero la realidad es que la unidad de la UE que analiza la propaganda rusa no ha detectado ni un solo caso de injerencia en el tema catalán[25].

La tesis antirrusa comenzó denunciando a los medios rusos como agentes de propaganda y desinformación para pasar ahora a la acusación de ciberguerra. Ya en 2015, tras la crisis de Ucrania, la UE aprobó un millonario presupuesto[26] para contrarrestar los medios rusos, a los que acusaba de desinformar y manipular. Se trataba de un equipo denominado East Stratcom, que difundiría información para neutralizar a los rusos. La tesis, claro está, es que ellos «desinforman» con sus medios de comunicación y ahora nosotros tenemos que destinar dinero para neutralizarles e «informar». En enero de 2017 se volvió a aprobar un nuevo presupuesto para el East StratCom[27].

Mientras la información que recibíamos se limitaba a los medios occidentales, nuestros Gobiernos se presentaban como unos defensores absolutos de la libertad de expresión de los medios privados. Eran siempre «los otros», rusos, chinos, árabes… quienes atentaban contra la libertad de expresión, impedían la libre circulación de nuestros medios y engañaban a sus pueblos con mentiras oficiales. Desde hace varios años, las potencias no occidentales como Rusia, China o Irán, conscientes de la batalla de la información en el tablero global, han puesto en marcha televisiones y agencias en castellano cuyos contenidos circulan por todo el mundo. La respuesta occidental ha supuesto romper totalmente con su anterior discurso. Ahora es Europa la que intenta a toda costa que esos medios no lleguen a los ciudadanos europeos: las sanciones económicas a Irán fueron la excusa perfecta para impedir que HispanTV use los satélites que permitan que su señal llegue a Europa, y a la latinoamericana Telesur se le pusieron todo tipo de trabas burocráticas y económicas para poder ser vista en abierto en nuestro continente.

Lo curioso es que, hasta el año 2016, una de las vías para la propaganda rusa en España era… el diario El País[28], puesto que en el periódico de Prisa se incorporaba el suplemento Russia Beyond The Headlines (RBTH), propiedad de la compañía rusa de medios de comunicación públicos, o sea, financiado por el Kremlin, al igual que todos los medios rusos que ahora el propio periódico español está acusando de propaganda[29]. Cuando El País cobraba importantes sumas por incluir esa «propaganda», el asunto no era tan importante; una vez que los rusos dejaron de pagar la cantidad requerida por Prisa, se pasaron al lado oscuro.

Ahora a Rusia no dejan de acusarla de difundir propaganda, intoxicar o directamente de piratear elecciones con sus hackers, junto con la televisión Russia Today y con la agencia Sputnik. Y también ahora es Europa, siempre defensora de un sistema de medios privados, la que destina dinero público a contrarrestar la información rusa. Ojo, no a poner en marcha medios de comunicación públicos, participativos, plurales y con control democrático de sus representantes. Incluso han convencido a Google para que penalice a Russia Today y a Sputnik en los resultados del buscador[30], todo un ejemplo de respeto a la libertad de expresión.

Y es que, con la libertad de expresión, sucede como con la democracia y las elecciones. Sólo vale si es para que la utilicen y triunfen los míos (o quienes me pagan). Por eso, si ganan las elecciones los malos en la República Española, en Chile, en Honduras o en Venezuela, se acaba la democracia y les damos un golpe de Estado y, si usan la libertad de expresión los rusos, los iraníes o los latinoamericanos, les bloqueo las televisiones y les acuso de propagandistas o de hackers.

¿Por qué sólo denuncian manipulación en sus empresas los periodistas de los medios públicos?

Durante el Gobierno del PP alcanzaron un gran protagonismo en medios y redes las denuncias de manipulación que hacían públicas los trabajadores de RTVE. El detonante fue el uso de la mayoría absoluta del PP en el Senado en marzo de 2018 para paralizar la renovación de la dirección del ente público[31]. La dirección que había en ese momento fue aprobada por las cámaras de la anterior legislatura; no obedecían, por tanto, a la representatividad política actual; de ahí que el bloqueo del PP indignase al resto de los partidos políticos.

Y no solamente a los partidos. También los consejos de Informativos, las secciones sindicales y el propio Comité Intercentros, en el que están representados los trabajadores, protagonizaron diferentes actos de protesta. En las redes, bajo el hashtag #AsíSeManipula, las trabajadoras de RTVE iniciaron el 30 de abril en Twitter e Instagram una campaña para «denunciar la manipulación» en la corporación de radio y televisión pública. Desde el usuario MujeresRTVE[32], se retuiteaban numerosos ejemplos de manipulación recordando que «se hace con el dinero de todos». «No somos cómplices y nos negamos a aceptarlo», señalaban. Además, invitaban a los espectadores de TVE, oyentes de RNE y usuarios de la web de RTVE.es[33] a participar y relatar ejemplos de manipulación en sus redes sociales con el hashtag #AsíSeManipula. Un detalle a tener en cuenta: que las denuncias eran protagonizadas por las mujeres.

El indignante panorama de manipulación en RTVE, al igual que el que se vivió o se vive en Canal Nou o Telemadrid, lleva a muchos ciudadanos a replantearse la existencia y la viabilidad de contar con una televisión pública. Y ese es el asunto que quiero tratar. El primer detalle a destacar es que una campaña donde los trabajadores de la comunicación denuncian la manipulación en el medio que trabajan es impensable en el ámbito privado. Es verdad que la manipulación en un medio público es más indignante porque se hace con el dinero de todos, pero no debería ser menos denunciable la manipulación en un medio privado. No sirve como justificación que una empresa privada es libre de adoptar una línea editorial u otra. Las televisiones y radios disfrutan de una concesión pública, se consideran depositarias de un servicio público y están obligadas profesional y legalmente a la veracidad y la pluralidad en sus contenidos. No podemos aceptar desequilibrios ni manipulaciones por muy privadas que sean, del mismo modo que no aceptamos que una empresa privada de conservas elabore alimentos en mal estado, una farmacéutica comercialice medicamentos fraudulentos, una inmobiliaria construya edificios inseguros, un hospital privado preste una mala asistencia sanitaria o una autopista de capital privado esté mal señalizada.

Para los políticos neoliberales, la caída en desgracia de la televisión pública no es un problema mayor; entre otras razones, porque saben que su ideología se transmite con mucha más impunidad en un medio privado sin tener que dar incómodas explicaciones a trabajadores, sindicatos o partidos de oposición. Es más, hundir su prestigio puede no ser una mala opción si, con ello, los ciudadanos comienzan a replantearse el gasto en medios de comunicación públicos y emigrar, por ejemplo, en el caso español, a las televisiones de Berlusconi o Planeta. No olvidemos que, durante su presidencia de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, más que manipular los contenidos de Telemadrid, buscaba privatizarla[34].

Por mucha manipulación que suframos en las televisiones públicas, el nivel de libertad de sus periodistas y las posibilidades de regeneración siempre serán mayores que en los medios privados. Nadie se puede imaginar que una televisión privada emitiese lo que sucedió en TVE1 en julio de 2009, cuando los profesionales de la televisión pública no dudaron en emitir en el informativo el ataque que sufrió el periodista de la cadena por parte del jefe de prensa del Ministerio de Trabajo, molesto por una pregunta que el profesional le hizo al ministro en la rueda de prensa. Todos los telespectadores pudieron ver y escuchar cómo le decía al periodista: «Voy a pedir quién eres para evitar que vengas a este Ministerio»[35]. ¿Se imaginan una televisión privada emitiendo una amenaza similar del jefe de prensa del dueño de la cadena dirigida a un periodista de esa misma cadena? Simplemente, lo despedirían y listo.

Tras el escándalo de las fiestas con prostitutas del primer ministro italiano Silvio Berlusconi en Cerdeña, su obsesión era que ninguna televisión italiana importante entrevistase a alguna de ellas. Berlusconi no lo tenía difícil: controlaba las principales privadas como propietario de Mediaset y las públicas como primer ministro. Sin embargo, RAI2 terminó entrevistando en su estudio a una de las prostitutas ante la indignación de Berlusconi[36]. La conclusión es clara: resulta más fácil que un propietario controle la televisión privada que un primer ministro controle la televisión pública.

Ahora, cínicamente, los medios privados están informando con profusión de las denuncias de manipulación de los periodistas de RTVE, pero no olvidemos que las suyas son igual o mayores y sin posibilidad alguna de sus profesionales para denunciarlas.

Existe otro dato que muestra que el principal enemigo del periodista de un medio privado es su jefe. Lo ofrece el Informe Anual de la Profesión Periodística, elaborado por la APM[37] tras entrevistar a más de 1.700 periodistas. Ahí se revela que sólo el 20,7 por 100 de los profesionales asegura no haber recibido presiones sobre el enfoque de su información en ninguna ocasión a lo largo del año. Lo curioso es que, mientras que un 23,1 por 100 afirma haber recibido esas presiones desde instancias políticas, el 76,1 por 100 señala que fue la misma empresa o el jefe, nombrado por la empresa, quien lo presionó. A ello hay que añadir otro 16,9 por 100 de los periodistas que admiten presiones procedentes de anunciantes del medio.

Esto vuelve a mostrar que la propia estructura directiva de los medios grandes tradicionales forma parte de un sistema corrupto y decadente del periodismo. Se pueden cambiar los políticos, pero estos jefes y dueños de los medios privados seguirán siendo los mismos, al igual que sus presiones a los periodistas y sus servilismos al poder económico y político.

Con toda la rabia que nos genere la manipulación de los gobernantes de la televisión pública, es importante que no olvidemos que, a diferencia de las privadas, se pueden crear órganos participativos y plurales de control; sus periodistas (como estamos comprobando) pueden denunciar, algo impensable (como también estamos comprobando) en un medio privado y, en última instancia, la dirección del medio público cambiará tarde o temprano cuando echemos al Gobierno que la manipula. Lo que es imprescindible es que los periodistas de las televisiones públicas sean valientes para denunciar las manipulaciones, y los de RTVE lo son, y que los ciudadanos seamos capaces de quitarnos de encima a los dirigentes que usan los medios públicos para engañar.

No dejes que la realidad te estropee una buena noticia

Hay una expresión, utilizada para mostrar la miseria de algún periodismo, que dice: «no dejes que la realidad te estropee una buena noticia». Algo similar aprecié en unas informaciones sobre política municipal que, además, tienen bastante en común. Un cargo de Gobierno hace unos comentarios, la oposición los saca de contexto y terminan siendo de dominio público con el sentido contrario con el que fueron dichos porque los medios se encuentran con unas declaraciones jugosas y, sin buscar la fuente o grabación original ni contrastar, los lanzan tal como les llegan. Al final, no importa que el afectado o los afectados intenten aclararlo, que exista un documento que muestre que lo difundido es diametralmente opuesto a lo que se quiso decir; los medios ya no rectifican: se quedarían sin noticia, porque algo razonable no interesa y, además, el medio quedaría desautorizado al mostrarse que la primera declaración no se ajustaba a la realidad.

El 6 de enero de 2018 un accidente de tráfico sin mayor trascendencia desencadenó una explosión de xenofobia entre algunos habitantes de la localidad sevillana de Pedrera. El objetivo fueron los emigrantes rumanos a los cuales una turba xenófoba les llegó a volcar una decena de coches. Según me informaron varios vecinos de la localidad con los cuales tuve oportunidad de charlar durante unas jornadas celebradas en el pueblo de Osuna, cercano a Pedrera, los medios apenas prestaron atención y lo presentaron como disturbios vecinales y no como unas agresiones xenófobas. El alcalde de Pedrera, Antonio Nogales, de Izquierda Unida, convoca a una reunión vecinal para intentar calmar los ánimos. Tras la reunión, algunos cargos provinciales del PSOE empiezan a hacer circular por las redes un fragmento de vídeo de muy pocos segundos donde se escucha al alcalde decir «A mí también me gustaría ver a gente fusilada, me gustaría verla», y es cuando los medios, que hasta ese momento habían ignorado la violencia xenófoba contra los rumanos, prestan atención y reproducen las imágenes. Inmediatamente, la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, pide la dimisión del alcalde[38] por su comportamiento xenófobo, asegurando que «no puede seguir ni un minuto más en el cargo tras sus declaraciones irresponsables e incendiarias», porque «que le diga a sus vecinos que le gustaría ver a gente fusilada es totalmente inadmisible». Por su parte, Partido Popular y Ciudadanos se suman a la petición de dimisión del alcalde[39], petición ampliamente recogida en los medios. De la misma forma numerosos medios comienzan a reproducir el fragmento de vídeo[40], presentándolo como una evidencia de la xenofobia del alcalde.

Sin embargo, cuando se habla con los vecinos de Pedrera, su visión es diametralmente opuesta. Decenas de ellos me expresaban su indignación por la manipulación de un vídeo descontextualizado en el que el alcalde comenzaba reivindicando el imperio de la ley frente a la justicia popular: «Al que se salta la ley se le aplican la ley y los jueces», señalaba. En el fragor del debate con una multitud de ciudadanos enardecida, el alcalde expresa de forma retórica que todos quisiéramos fusilar a alguien, pero no podemos hacerlo y debemos dejar que actúe la justicia. El alcalde es un hombre sencillo, no es un profesional de la política, se encuentra entre sus vecinos y habla ese lenguaje llano en el que recurre a un símil que, de ningún modo, pretende insinuar que hay que fusilar a nadie. De hecho, las acusaciones habituales contra él son de connivencia con los emigrantes; él mismo señalaba la paradójica doble acusación que sufría ante el escándalo levantado por sus palabras: «Me acusan de proteger a los rumanos y de querer fusilarlos»[41]. En Pedrera, las organizaciones de cooperación y ayuda a los inmigrantes están apoyando al alcalde e indignados por el trato sufrido en los medios. Una de las personas más indignadas por la manipulación informativa es Enrique Priego, el párroco del pueblo desde hace cuarenta y siete años. Priego ayuda y acoge a los emigrantes[42] y defiende el papel del alcalde y denuncia el comportamiento de los medios de comunicación y algunos políticos. Fue el propio alcalde quien convocó a las ONG a una reunión en el salón de plenos del Ayuntamiento, donde medio centenar de asociaciones y colectivos de distinta índole de la localidad acordaron firmar un comunicado en común en rechazo a las protestas xenófobas.

Lo más paradójico es que vecinos, párroco y alcalde coinciden en asegurar que, entre los vecinos que actuaron violentamente contra los emigrantes, estaban cargos locales del PSOE, el mismo partido que difundió el vídeo y pidió la dimisión del alcalde, acusándolo de xenófobo.

Es verdad que, posteriormente, algunos medios reconocieron que el vídeo no era representativo de las declaraciones del alcalde y, mucho menos, de su pensamiento; incluso recogieron sus explicaciones, pero ninguna aclaración y rectificación puede neutralizar el escándalo injustificado en las redes sociales, las portadas en prensa o las difusiones del vídeo parcial emitidas en programas de gran audiencia nacional como El Intermedio.

El caso de Pedrera y las declaraciones de su alcalde no es el único en el que las palabras de un político son manipuladas por los medios para ser presentado como xenófobo o, en algún otro caso, como machista. En muchos casos, son los propios medios progresistas los que recogen entusiastas la denuncia sin mayor contraste de la noticia.

El 6 de julio de 2018 Okdiario salía con la siguiente noticia: «Un concejal de Podemos dice que “a los animales hay que pegarles lo suficiente, como a las mujeres”»[43]. Según el diario de Eduardo Inda, el concejal podemita «defiende el maltrato a los animales» y que hay que hacerlo «como a la mujer, sólo lo justo». La realidad es que el concejal de la localidad valenciana de Paiporta, Alberto Torralba, de Podeu (una coalición local entre Podemos e Izquierda Unida), en su intervención en el Pleno, defendía la eliminación de las subvenciones municipales a un torneo de tiro y arrastre con caballos por considerarlo un caso de maltrato, ya que los animales son golpeados para que compitan arrastrando grandes pesos. La propia noticia de Okdiario recogía un vídeo donde se aprecian las palabras del concejal de Podeu en el Pleno. En respuesta al PSOE, que defendía la subvención, Torralba recuerda que la federación deportiva usa el término maltrato y establece una «limitación de tres tiros», por lo que el concejal de Podeu ironiza con la tesis de que «maltratar con esa limitación es tan hipócrita como el que habla de pegar a las mujer no mucho, sólo lo justo». Es evidente el sentido de la declaración del concejal, a pesar de lo cual el titular del diario lo tergiversa para presentarlo precisamente al contrario: a favor del maltrato animal y de la violencia de género. No solamente fue ese medio. LaSexta tituló «Un concejal de Paiporta desata la polémica al utilizar esta frase: “Maltratar a los animales es como pegar a la mujer, lo suficiente”»[44], y también adjuntaba el vídeo que mostraba, precisamente, lo contrario. Incluso la periodista de la cadena de televisión, desde una supuesta defensa de la mujer, entrevista en directo a la alcaldesa, Isabel Marín, de Compromís, que defiende al concejal, puesto que sabe que no existía ninguna intención machista en su afirmación. En este caso, tanto Público como muchos usuarios de las redes denunciaron la manipulación[45] de Inda y de quienes se apuntaron a la misma tesis sin ni siquiera visualizar el vídeo que ellos mismos incluían en su noticia.

La conclusión de estos dos casos es clara: medios y políticos manipulan declaraciones de un político para denunciar comportamientos que cuentan con un amplio rechazo popular (xenofobia, machismo o violencia de género) y, luego, algunos medios se apuntan al linchamiento sin ninguna comprobación ni contraste de la noticia, porque comparten ese rechazo y no van a dejar pasar un buen titular para demostrarlo, independientemente de si es verdad o no. El resultado es un linchamiento popular, precisamente, contra políticos que se caracterizan por luchar contra aquello de lo que los están acusando y que son atacados por políticos y medios a los que, precisamente, nunca les habían preocupado mucho esos comportamientos.

Los papeles de Panamá y los medios

La aparición de los papeles de Panamá en 2016 y, sobre todo, el modo en que los medios fueron desvelando a los protagonistas de las cuentas dejaron en evidencia sus dobles raseros y servidumbres. Es verdad que, en algunos casos, no disponían de la información y que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación no proporcionó toda la documentación disponible; sin embargo, el modo en que la prensa hizo públicos o silenció los nombres ha sido muy elocuente. La primera información curiosa que descubrimos es en El País eligiendo como titular de su primera noticia a Putin: «La mayor filtración de datos sobre sociedades opacas señala a Putin» (3 de abril de 2016). Pero el nombre del presidente ruso no aparecía. La expresión «señala a» no posee ningún rigor periodístico. En cambio, silenciaban a nuestros vecinos Marine Le Pen y al rey de Marruecos, cuyo secretario personal sí se encontraba allí.

Los medios difundieron desde el primer momento a Pedro Almodóvar y dejaron en segundo término a la familia Domecq, a pesar de que este segundo caso era más insultante, puesto que, a través de sus 42 sociedades, habían cobrado 36,6 millones de euros de ayudas de la PAC en los últimos años. Además, la empresa panameña de los Domecq sigue todavía de alta, mientras que Almodóvar la dio de baja en 1994. Muchos medios pretendían así abrir el abanico ideológico de los implicados. Para la derecha, la aparición del cineasta servía para presentar el panorama plural desde el punto de vista político: «Los rojos también están». Ya se sabe que los tertulianos de la caverna meten en el mismo saco a Almodóvar, Ramoncín, Fidel Castro, Ana Belén, Willy Toledo, Sánchez Gordillo, Íñigo Errejón, Julio Anguita y Kim Jong-un.

Por supuesto, había que implicar como fuese a los bolivarianos chavistas. Como no aparecía ningún alto cargo del Gobierno venezolano, El País titula «“Venezuela” aparece en 241.000 documentos de la filtración de Panamá» (5 de abril de 2016)[46]. Pero no sabemos si Venezuela aparece para decir que sus bancos colaboran, que los clientes son opositores venezolanos o que, en los despachos de Panamá, se bebe ron venezolano. Por supuesto, ni se plantean cuántas veces aparecen otros países que no son Venezuela.

Fuera de España también la prensa queda en evidencia. En Argentina, el diario de derechas La Nación saca a Messi en portada, pero ignora en un primer momento al presidente Mauricio Macri.

Siguen pasando los días y apareciendo nombres. Encontramos a la esposa del expresidente Felipe González, Mar García Vaquero, quien gestionó una cuenta en Suiza a través de una sociedad afincada en un paraíso fiscal. El País nunca informó de ese nombre.

Han ido surgiendo muchas personalidades, con variada dedicación, aunque todas en el mismo espectro sociopolítico: Vargas Llosa, Hernández Mancha, Rodrigo Rato, José Manuel Soria, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, Bertín Osborne... La mayoría ha reaccionado de similar forma: comienza negándolo para después restarle importancia. Pero hubo un medio y un grupo de comunicación que embistieron contra la libertad de información y el derecho ciudadano a conocer la verdad cuando se difundió el nombre de las personas públicas que tenían relación con la ocultación de dinero en paraísos fiscales. El grupo Prisa y su principal directivo, Juan Luis Cebrián, anunciaron acciones legales contra eldiario.es, elconfidencial.com y laSexta por publicar que la exmujer del presidente de Prisa, Teresa Aranda, aparecía en los papeles de Panamá. Incluso Ignacio Escolar, director de eldiario.es, fue despedido de la tertulia Hoy por hoy, en la Cadena Ser, donde llevaba siete años, por publicar en su periódico informaciones sobre la vinculación de la esposa de Juan Luis Cebrián con los papeles de Panamá.