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- Herausgeber: Editorial Alfa
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
El 8 de febrero de 2013, treinta años después del Viernes Negro y al igual que entonces, previo al carnaval, Venezuela sufrió otro día de devaluación y frustración porque, tras un período de altos precios del petróleo, la ilusión de prosperidad y desarrollo mutaba para convertirse en crisis. Venezuela en dos viernes. El camino que convierte la euforia creada por el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez en la tarde amarga del 18 de febrero de 1983 y el espejismo originado por la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez, que culmina en un punto de quiebre donde el barril a 106 dólares es incapaz de evitar la inmersión. ¿Cómo pudimos llegar a una situación como esta donde la historia pareciera girar en círculos? ¿Cómo se fue tejiendo ese manto que hoy arropa a la economía y a una sociedad que fácilmente sucumbe ante los desequilibrios que puede desencadenar la renta petrolera? Este es el tema central de este libro, una historia apasionante y compleja. El primer capítulo desglosa la gestación del petro-Estado y el derrumbe del sueño de la Gran Venezuela, para luego dialogar con quienes ocuparon cargos de primer nivel y observaron en primera fila el devenir de los acontecimientos. De manera sencilla, pero sin perder la profundidad, se aborda la explicación de la academia para un proceso donde no ha faltado la tentación de tomar atajos para evadir la realidad del fin de una era; y luego, las páginas se adentran en el proceso que coloca a la Venezuela posterior a Chávez en el laberinto de hoy.
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Veröffentlichungsjahr: 2016
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I. De la euforia al Viernes Negro
En la Venezuela de 1973 lo rural había caído en desuso. La imagen del campesino alpargatudo con un pan bajo el brazo para simbolizar a la mayoría del país apenas permanecía en el recuerdo de los viejos líderes políticos. Ahora Carlos Andrés Pérez, candidato de Acción Democrática, detonaba una penetrante campaña publicitaria elaborada por los asesores extranjeros Joe Napolitan y Clifton White que sacudía con facilidad la mente de una sociedad que recién descubría la adicción a la televisión, construía afanosamente el Poliedro de Caracas para que las estrellas del disco music y la salsa nutrieran la cartelera de espectáculos y contaba con una clase media ávida por el Old Parr.
Durante nueve meses, un Carlos Andrés Pérez de 51 años con camisas estampadas, cuellos de punta, pantalones claros y patillas hasta la parte inferior del lóbulo de la oreja caminó cientos de kilómetros, saltando charcos, tocando a la mayor cantidad votantes, pronunciando discursos en cada pueblo. Se levantaba temprano, dormía poco, entusiasmaba a las masas, transmitía una imagen de fuerza, decisión, carisma, que se fundía con el lema «democracia con energía» y, en las miles de cuñas transmitidas por televisión, tenía de fondo el pegajoso jingle compuesto por Chelique Sarabia que apelaba a la emoción, al instinto: «Ese hombre sí camina».
La masiva dosis de bolívares inyectada a la campaña, equivalente a 73 millones de dólares de la época[1], se combinaba con que, si bien en 1968 Acción Democrática había perdido la Presidencia de la República y Rafael Caldera logró, al fin, llevar a Copei a la tierra prometida de Miraflores, los adecos en lo absoluto habían recibido un golpe capaz de resquebrajar al partido. Continuaron siendo la principal fuerza parlamentaria, comandaban un ejército de empleados públicos y las empresas emblemáticas mantenían el apoyo monetario. Por lo tanto, la reconquista del poder marchaba sobre ruedas.
Lorenzo Fernández, un hombre que lucía acartonado, cansado, lento, que llegó a ser visto por los electores como «un anciano valetudinario, incapaz de andar un metro sin la muleta de sus asesores»[2], y de quien se aseguraba sufría trastornos cardíacos, era el rostro de Copei. Utilizaba como lema «Lorenzo, lo bueno del presente» en momentos en que la inflación aumentaba el costo de los alimentos[3], rehuía debatir con su contrincante y nunca se vio cómodo frente a las cámaras de televisión. El contraste llegó a ser fulminante. Para aquella Venezuela que, fiel a sus preceptos, prefería a quien proyectase la imagen de triunfo, magnetismo, determinación y que había enterrado las discusiones ideológicas, el futuro adquirió la fisonomía de Pérez.
El electorado habló con contundencia el 9 de diciembre de 1973 otorgándole a Carlos Andrés Pérez y Acción Democrática un holgado triunfo que superó en medio millón de votos a Copei, una magnitud aplastante para la época. Aparte de la Presidencia de la República, los adecos pasaban a controlar 28 de un total de 49 senadores y 102 de 203 butacas en la cámara de diputados. El poder, como nunca antes en la historia democrática de Venezuela, se había inclinado decididamente hacia un mismo lado.
Maná del cielo
Al mismo tiempo que Carlos Andrés Pérez mostraba su inaudita vitalidad para convencer a los votantes, el Medio Oriente entraba en ebullición y calentaba la geopolítica de una manera que sellaría los años por venir para el futuro presidente. El 6 de octubre de 1973, tres mil tanques de los Ejércitos de Egipto y Siria, apoyados por la aviación, atacaron las fuerzas de Israel, cruzando el canal de Suez e invadiendo los Altos del Golán. Tras dos semanas de batalla, los israelíes hicieron retroceder a sus enemigos y, el 22 de octubre, la Organización de las Naciones Unidas logró un alto al fuego que enfrió el combate militar, pero la contienda económica apenas comenzaba.
Los países árabes estaban dispuestos a utilizar el oro negro como arma política frente a Estados Unidos, que apoyaba a Israel, y a Europa, que permaneció neutral. La OPEP recortó la producción y aumentó los precios del barril hasta niveles desconocidos hasta entonces. La nueva administración recibiría su bautismo presidencial en un efervescente clima de riqueza donde los petrodólares amasados por la nación se multiplicaban. En 1974 las exportaciones, representadas en más de 90 % por petróleo, experimentaban un portentoso salto de 141 % y durante el resto del período de gobierno se mantendrían en niveles inimaginables para los presidentes anteriores[4]; de hecho, en los cinco años de mandato de Carlos Andrés Pérez las exportaciones suman 48 449 millones de dólares, es decir, 198 % más que en el lapso 1969-1973.
Desde que en 1922 un gigantesco chorro negro brotó en la costa oriental del Lago de Maracaibo en el campo de La Rosa y esparció 100 000 barriles de petróleo por día, el país más pobre de Suramérica despertó de la pesadilla. Una fuente de riqueza que no tenía que ser producida; simplemente había que extraerla del subsuelo y exportarla para captar una inmensa renta que superaba con creces los costos de succionarla aparecía como un regalo divino. Ciertamente, si alguna noche los harapientos venezolanos de aquella época tuvieron un sueño en el que mágicamente salían de la pobreza, debió ser encontrando petróleo.
Para el momento en que la tierra tembló, en Maracaibo solo había precarias carreteras de tierra; Caracas tenía un solo hotel, dos salas de cine; a Higuerote se llegaba por mar y la población total de Venezuela, agobiada por la malaria, el paludismo y las guerras, era de apenas 2 millones 800 000 seres que vivían de exportar café y cacao[5].
Velozmente, el barril impuso su dinámica y desplazó a la producción agrícola y la renta aduanera, a tal punto que, en 1935, ya aportaba la mayoría de los ingresos y Venezuela era el principal exportador de petróleo del mundo. Los gobiernos aprendieron que la manera más expedita de aumentar sus ingresos y solventar los puntos rojos en el presupuesto era arrebatarles ganancias a las empresas extranjeras que explotaban los pozos y, en 1943, bajo el mandato de Isaías Medina Angarita, el Estado gana la posibilidad de uniformar e incrementar el sistema impositivo. Posteriormente, en 1945 se dicta el decreto fifty-fifty, o mitad y mitad, con un principio muy claro: las compañías no podían obtener más beneficios que el Estado[6]. En diciembre de 1958, los impuestos que cancelan las transnacionales aumentan de nuevo y, con la creación de la OPEP, en 1960 Venezuela logra reorientar definitivamente el equilibrio de poder: ya no se trata de un pequeño país negociando frente a potentes empresas extranjeras. Ahora forma parte de un conglomerado de naciones que se organizan para modificar por siempre las reglas del juego.
Estos éxitos no fueron a cambio de nada. Entre 1943 y 1945, las multinacionales recibieron permisos para explotar más tierras que en los treinta años anteriores, así como la extensión de las concesiones hasta 1983.
Pero no hay duda: la riqueza petrolera permitió transformar a Venezuela, urbanizarla en tiempo récord, aumentar el nivel de la educación, la salud, que brotara la modernidad y, evidentemente, aquel 12 de marzo de 1974 en que Carlos Andrés Pérez acudía al Congreso de la República para ser juramentado como presidente, existía una sensación de euforia, de grandes cosas por venir. El diario El Universal había sorprendido a sus lectores con cuarenta avisos publicitarios de empresas, gremios, asociaciones, uniéndose al «júbilo nacional»; y en la calle se decía insistentemente que «si los adecos no hacen nada con tanto real es porque no quieren»[7].
El optimismo recibió una bocanada de oxígeno por parte del líder. «El pueblo de Venezuela concurrirá en los cinco años de mi mandato a esta cita sobresaliente con la historia. Reuniremos en nuestras manos todos los instrumentos para decidir nuestro futuro: dependerá de nuestras decisiones. Es la grandeza a que nos convoca el destino» [...] «la gran Venezuela es una posibilidad real, está delante de nosotros y vamos a alcanzarla»[8], voceó Pérez de levita, con el índice en alto y un movimiento circular de la cabeza que imprimía mayor énfasis al discurso.
Minutos antes de finalizar, consciente desde entonces de la riqueza que tendría bajo su mando, prometió: «Mi gobierno administrará esta abundancia con criterio de escasez»[9]. Pero los reflejos heredados, los incentivos creados por el flujo de petrodólares, la inmediata recompensa por determinadas políticas, serían más poderosas que las palabras de aquel día.
¿Cuáles son las raíces del Estado que administraría el río de recursos que colmaría las arcas del presupuesto? ¿Cuáles eran las características del sistema político, la economía y la sociedad? Es imprescindible un breve viaje al pasado.
Sobre la nada
Cuando el petróleo irrumpe en la vida de los venezolanos prácticamente no había Estado. Venezuela caminaba dando tumbos en medio de la anarquía. En 1908, catorce años antes del primer gran descubrimiento en el lago de Maracaibo, «el país sigue dividido en multitud de parcelas que no le rinden obediencia al poder central. Todavía reinan los caciques en breves jurisdicciones de autarquía política»[10] y recién en 1913 Juan Vicente Gómez le pide a Román Cárdenas que inicie la organización de las finanzas públicas, bajo la presión de la deuda externa, el apremio por crear un Ejército nacional y la inexistencia de carreteras.
«Debemos empezar a fundar entre nosotros, en el ramo deplorablemente descuidado, arduo y difícil de nuestras finanzas, un cuerpo de doctrina administrativa», pedirá Román Cárdenas, ingeniero de oficio que viaja a Londres a adquirir nociones sobre cómo se administran los ingresos, los gastos, la recaudación de impuestos y a cuyo regreso inicia las reformas que sentarán las bases para ordenar las caóticas cuentas del desorganizado gobierno venezolano[11].
Con un ritmo implacable y el vigor proveniente del ingreso petrolero, Juan Vicente Gómez acabará con el desbarajuste, empuñará todas las riendas del territorio y someterá uno a uno a todos sus oponentes. Así surgirá un sistema caracterizado por la concentración del poder en manos del presidente. Si bien el gomecismo coloca la primera piedra de las instituciones, gobierna sin ningún tipo de contrapesos. «... el César poderoso da y quita, sin que medien en su determinación ministros y ministerios, formularios, estadísticas y oficinas de nuevo cuño. Él está más allá del flamante esqueleto de la burocracia, él maneja la aguja maestra que teje la camisa de fuerza cuyo predominio será indiscutible»[12].
Juan Vicente Gómez negociará de manera directa con las compañías petroleras incrementando considerablemente el mando del Estado y relegando al sector privado, representado en los agricultores que hasta entonces soportaban la economía nacional. Por herencia de los conquistadores españoles, el Estado era propietario del subsuelo y bajo sus condiciones otorgaba permisos para explotar las minas; pero, desde 1885, los dueños de la tierra tenían la posibilidad de obtener concesiones y podían subarrendar la propiedad, de tal forma que ha podido surgir un sistema con otro foco de poder, menos desequilibrado, pero no fue así[13].
Entre 1920 y 1929, los ingresos del naciente Estado crecerán vertiginosamente, pavimentando la vía para la supremacía del sector público y el embrión de un sistema clientelar alimentado desde el gobierno. La renta petrolera le da alas a la capacidad para importar con dólares baratos, creando un entorno adverso para el sector agrícola donde la producción inicia un constante descenso hasta convertirse en una actividad subsidiada.
En enero de 1934 sucede un hecho que marca un antes y un después. Estados Unidos devaluó su moneda y, en Venezuela, el precio del dólar descendió desde 5,20 bolívares hasta 3,06 bolívares, algo que implicaba importaciones más baratas y menos ingresos para los exportadores de productos agrícolas. Alberto Adriani resume la coyuntura en sus escritos de la época señalando que «hasta el año pasado el dólar conservó en Venezuela un valor, que hacía todavía mediocremente remunerador el cultivo del café y el cacao. Con el nuevo dólar desvalorizado, o lo que es lo mismo, con el bolívar caro, los precios de nuestros productos de exportación se han hecho irrisorios, no cubren ni siquiera los gastos de beneficios y están arruinando a todos los interesados»[14].
Alberto Adriani propuso que Venezuela devaluara para proteger la agricultura, pero el Gobierno consideró que hacerlo le restaría ingresos porque las trasnacionales petroleras cancelaban una parte de sus gastos en bolívares, como salarios e impuestos; por lo tanto, al no devaluar las obligaba a desembolsar más dólares. El estimado era que, manteniendo las cosas como estaban, la República obtendría ingresos extras por el orden de 14 millones de dólares, una cantidad de dinero que superaba ampliamente lo que podría esperarse tras un incremento a largo plazo de las exportaciones del campo[15]. Prevaleció el incentivo creado por el barril. Gómez no tocó la moneda e intentó oxigenar la agricultura a través de subsidios mediante el Banco Agrícola y Pecuario, pero el descenso de la producción resultó imparable[16].
Ante el ocaso de la agricultura, la élite de productores rápidamente inició su transformación hasta convertirse en una red de comercios, entidades financieras y servicios que distribuían importaciones o dependían principalmente de la demanda que creaba el gasto público alimentado con petrodólares. Simultáneamente, la industria manufacturera comienza a desarrollarse gracias a los recursos disponibles para invertir. El país estaba bajo la órbita del barril. Comenzaba un proceso imparable hacia la dependencia absoluta en la renta del oro negro.
Dos visiones
Tras la muerte de Juan Vicente Gómez surgen las primeras ideas y debates sobre el destino que debe dársele a la fortuna que emana de los campos petroleros. Evidentemente, el Estado venezolano tiene en sus manos la posibilidad de distribuir la renta para mejorar la calidad de vida de la población y, al mismo tiempo, iniciar el desarrollo de la capacidad de producir en el país, del tejido industrial; pero hay distintos enfoques sobre el énfasis que debe tener cada opción. Los trabajadores van a reclamar servicios públicos, salud, educación, mientras que la élite de incipientes empresarios exigirá que la mayoría de los recursos se dirija a la inversión. Esta última propuesta tiene en Arturo Úslar Pietri su principal ideólogo quien, el 14 de julio de 1936, en el Diario Ahora, escribe un editorial donde lanza la idea de «sembrar el petróleo», es decir, primordialmente destinar los petrodólares a crear «riqueza agrícola, reproductiva y progresiva».
Aunque la frase seguirá vibrando por largo tiempo hasta convertirse en el mantra que repetirán por décadas gobernantes e intelectuales, encerraba un criterio de exclusión que la convertía en un desafío para una Venezuela que aún no elevaba el tono. «La consigna de sembrar el petróleo fue la proposición hecha por las élites entonces detentadoras del poder: se trataba de aprovechar el control que se tenía del Estado para decidir una política económica que diera preferencia a invertir los recursos de la renta petrolera en la acelerada creación del sector moderno (comercio, banca, ciudades, sustitución de importaciones)», resume Arturo Sosa[17].
Esta visión, asumida por los gobiernos militares que dirigen el país hasta 1945, y entre 1948-1957, que coloca a los empresarios en primer plano y contempla que el pueblo, los trabajadores, se incorporen progresivamente al proyecto a medida que se haya alcanzado la modernidad, choca con el pensamiento de los partidos políticos, que tiene como principal exponente a Rómulo Betancourt, fundador de Acción Democrática. La renta petrolera, esgrime Betancourt, no solo debe impulsar la capacidad de producir; también tiene que atender con decisión las demandas de una población pobre y atrasada. Este será el eje del llamado trienio adeco (1945-1948), tres años en los que el país tiene la rara experiencia de elegir a un presidente, Rómulo Gallegos, y ser gobernado no solo por militares; también por civiles.
«Al asumir el gobierno, encontramos un panorama económico-social angustioso: la mayoría de la población se sentía agobiada por la generalizada pobreza y la dificultad para alimentarse, vestirse, curarse, educarse», explica Rómulo Betancourt, quien asumirá el Ministerio de Relaciones Interiores durante el gobierno de Gallegos, al recordar aquellos días, y señala que doce días después de iniciarse la gestión se prometió públicamente que «los hombres, las mujeres y los niños venezolanos comerán más, se vestirán más barato, pagarán menos alquileres, tendrán mejores servicios públicos»[18].
Pero además deja en claro que, junto a este proyecto de emplear la riqueza para mejorar la calidad de vida de la población, marcha el propósito de «planificar e iniciar el concertado esfuerzo que tuviera por meta un cambio estructural, de fondo, en la economía y en los otros fundamentos básicos de la nación»[19]. Evidentemente se refiere a «sembrar el petróleo».
Hay un aspecto fundamental para los años que están por venir. En este plan que definitivamente resulta triunfador tras el fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, el Estado venezolano adquiere un rostro populista. No solo tiene como propósito «sembrar el petróleo»; también quiere cumplir con la meta de alcanzar la «justicia social» y por ende la propagación del sector público adquirirá velocidad. «El Estado-populista es, sin ambages, un Estado interventor que no puede contentarse con establecer y hacer respetar un marco legal sino que tiene que fomentar una sociedad moderna delineada en el horizonte», explica Arturo Sosa[20].
Rómulo Betancourt justifica sin miramientos la decisión de agrandar la presencia estatal: «no podía cruzarse de brazos el Estado venezolano a esperar que la iniciativa privada desarrollara y diversificara la producción, porque la tendencia a seguir la vía de menor resistencia en un sector apreciable de los capitalistas criollos, los impulsaba a ser caseros y comerciantes antes que agricultores o industriales. Tenía que actuar, en consecuencia, como Estado estimulador, financiador y orientador de las actividades económicas»[21].
Rápidamente se multiplican las empresas del gobierno; nace la Corporación Venezolana de Fomento, un organismo que inyectará petrodólares para la inversión; se adopta el modelo de desarrollo basado en la industrialización y mediante el artículo 73 de la Constitución de 1947 el Estado adquiere la potestad de «reservarse el ejercicio de determinadas industrias, explotaciones o servicios de interés público».
Acción Democrática también avanzó rápidamente en la organización de los trabajadores y los agricultores a fin de ganar lealtad, pero a costa de crear una estructura clientelar. Los sindicatos se multiplican y reciben acceso a créditos, proyectos públicos, servicios de riego, mientras que los líderes sindicales ascienden en la estructura del partido. Las masas se convierten en una base electoral cuyas demandas tendrán que ser satisfechas con petrodólares[22].
Con el derrocamiento de Rómulo Gallegos, en 1948 Venezuela ingresa en el período dictatorial de Marcos Pérez Jiménez. A pesar de que los ingresos se disparan porque los precios del petróleo despegan tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la producción de barriles se duplica, la bonanza no es suficiente para mantener por largo tiempo el gobierno militar, que principalmente se enfoca en la construcción de obras de infraestructura y reduce fuertemente el gasto social.
Así, el 23 de enero de 1958 nace el período democrático, signado por la conciliación de élites. La principal preocupación es asegurar el apoyo de todos los sectores a fin de preservar el nuevo sistema político; por lo tanto, la renta petrolera será el mecanismo para apaciguar los conflictos. La posibilidad de contar con mecanismos para recaudar impuestos de manera efectiva y crear una fuente de recursos alterna no forma parte de las ideas esenciales. Se instaura de manera definitiva una mentalidad rentista donde el Estado, a través del gasto, la entrega de créditos, dólares baratos, subsidios, aumento del empleo en el sector público, protección a la empresa privada, va a evitar enfrentamientos en la sociedad. El norte es un pacto que permita afianzar el proyecto.
Los conflictos sociales van a ser resueltos a través de los mecanismos de participación y representación, en especial la capacidad que adquiere la población de elegir a sus gobernantes y, al mismo tiempo, surge un sistema donde el gobierno, para tomar decisiones fundamentales, consulta a los empresarios a través de Fedecámaras; los trabajadores mediante la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV); las Fuerzas Armadas mediante el Alto Mando Militar y la Iglesia católica a través de su más alta jerarquía[23].
Debajo de esta estructura florece un tejido de consejos consultivos, comités asesores, comisiones, entes descentralizados, fondos que administran subsidios, donde el Gobierno, los empresarios y los trabajadores alcanzan la concertación sobre determinadas políticas públicas, siempre con la posibilidad que tiene el Estado de enfriar las divergencias con mangueras repletas de petrodólares.
No se plantea disminuir el presidencialismo. El legado de los tiempos de Gómez está en la mente del bebé democrático. De acuerdo con la Constitución de 1961, el presidente de la República nombrará a todos los gobernadores, dictará medidas extraordinarias en materia económica o financiera, gobernará por decreto con la autorización del Congreso, controlará la política exterior, será el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y nombrará a los presidentes de todas las empresas públicas.
Pero a pesar del presidencialismo, Venezuela logró convertirse en un país democrático en momentos en que Latinoamérica estaba gobernada por militares gorilas; y al evaluar el desenvolvimiento de la economía en el largo plazo surgen aciertos innegables. El producto interno bruto (PIB), una medida del ritmo de desarrollo del país, resulta muy positivo. El PIB mide el valor de todos los bienes y servicios producidos en un año; viene a ser la suma de las viviendas, tomates, barriles de petróleo, actividad comercial, transporte, valorados en bolívares a precios de mercado.
Las estadísticas señalan que, entre 1950 y 1973, Venezuela vivió un gran auge y progresó de manera constante gracias a que el PIB creció a un ritmo de entre 6 % y 7 %. Para tener una idea más precisa de lo que esto significa basta con observar que el milagro alemán que da cuenta del avance que tuvo este país tras el final de la Segunda Guerra Mundial consistió en un crecimiento interanual de entre 4 % y 5 %[24].
La historia de la Venezuela exitosa puede resumirse en que un país pobre y atrasado tiene la fortuna de que el petróleo aparezca en su camino y le llene los bolsillos de recursos. El Estado, que administra todos los petrodólares, decide costear las inversiones que se requieren para crear una base industrial poniendo a disposición de los incipientes empresarios dólares baratos, créditos, muy pocos impuestos y protección de la competencia extranjera. Al mismo tiempo, desarrolla el mercado, mejorando la calidad de vida de la población con subsidios y más empleo, tanto en el Gobierno como en las obras de infraestructura que comienzan a realizarse. Así, la oferta y la demanda marchan en armonía y surge un acelerado proceso de expansión.
No cabe duda: en marzo de 1974, cuando Carlos Andrés Pérez asumió la presidencia, Venezuela era un país en crecimiento, pujante, pero también una nación petrolizada que tenía en su interior el germen de futuros desequilibrios. La economía dependía en extremo de la renta petrolera, un recurso que no tenía que ser producido, solo extraído y repartido por un Estado que expandía su presencia velozmente mientras que empresarios y trabajadores se organizaban para captar recursos. Los gobiernos no se habían preocupado por crear un sistema efectivo de recaudación de impuestos; el Estado daba no pedía y, como contrapartida, tampoco existían ciudadanos organizados que exigieran transparencia en la administración pública.
Como presagio, aquel 12 de marzo de 1974 en el que Carlos Andrés Pérez fue juramentado, en las principales salas de cine de Caracas La fiesta inolvidable era la película más vista.
Exuberancia peligrosa
Cuando el precio del petróleo desafía la ley de la gravedad y la riqueza del país se multiplica, surge una serie de problemas. La abundancia, generada por una renta que no se produce en el país sino que aparece de repente por los altos precios del barril a manera de lotería, trae consigo oportunidades y, también, el peligro de desbordar al tanque de la economía.
En Venezuela la opulencia comienza con el brillo del barril. Las empresas que exportan el petróleo[25] reciben una mayor cantidad de dólares y los venden al Banco Central, que fabrica los bolívares para comprarlos al tipo de cambio oficial. Posteriormente, las compañías petroleras utilizan los bolívares obtenidos para cancelarle al Gobierno una larga lista de impuestos y, así, el Gobierno tiene recursos para gastar en planes de desarrollo, abonar el sueldo a los trabajadores públicos y, en general, cumplir con lo contemplado en el presupuesto de la nación.
Por su parte, el Banco Central deposita los dólares en la cuenta de las reservas internacionales, que, básicamente, es el respaldo de los bolívares en circulación y las divisas que tiene el país para importar y cancelar la deuda en dólares. Si el Gobierno, o una empresa privada, necesitan importar, acuden a las taquillas del Banco Central y compran dólares con sus bolívares[26].
Si el Gobierno, que ahora tiene una chequera portentosa, cae en la tentación de aumentar el gasto en cantidades importantes e inyecta en la economía una dosis de dinero que estimula el consumo, la demanda crece, y más bolívares detrás de una cantidad de productos que no puede agrandarse al mismo ritmo se traduce en presiones inflacionarias, porque las empresas pueden incrementar los precios sin que las ventas desciendan en una cantidad relevante.
El otro efecto indeseado de la riqueza es que, como ingresa un enorme chorro de divisas al Banco Central, es posible mantener fijo el precio del dólar mientras la inflación encarece el resto de los productos. Así, los billetes verdes con la cara de George Washington se tornan baratos. Esto ayuda a importar a bajo costo las máquinas y equipos que se requieren para aumentar la capacidad de producción y los artículos que permiten ampliar la oferta de los comercios, pero, también, dificulta de gran manera la posibilidad de estimular exportaciones distintas al petróleo y, transcurrido el tiempo, constituye un freno para sectores como la agricultura y la industria.
Para quienes desean exportar cosas distintas al petróleo, comienza un ciclo complicado. La inflación se acelera y, por tanto, sus costos en bolívares como salarios y materias primas aumentan. Al mismo tiempo, el dólar permanece al mismo tipo de cambio. Entonces, es necesario incrementar el precio del producto, que va a ser vendido en otros países, para recibir más dólares y así cubrir los costos. El problema es que en el mercado internacional hay muchos proveedores que pueden mantener sus precios bajos con los que ya no es posible competir exitosamente.
A la vez que complica la evolución de las exportaciones distintas al petróleo, el dólar barato hace que se disparen las importaciones y se frena la producción nacional en sectores como la agricultura, a la vez que la economía se torna más dependiente de los precios del barril, que son los que al final proveen las divisas para pagar todo lo que comienza a comprarse en el exterior.
El alza de los precios del petróleo también viene con el riesgo de iniciar un período de inestabilidad en las cuentas públicas. Los Gobiernos piensan que deben actuar rápidamente para alcanzar en poco tiempo un nuevo nivel de desarrollo que disminuya la dependencia en el barril. Aparece la tentación de comenzar gigantescos planes de industrialización que requieren endeudamiento. Así, en un período en el que la pradera de la riqueza del Estado se ensancha, puede plantarse la semilla de futuras crisis en caso de que el barril caiga desde las alturas.
Con superpoderes
El barril había comenzado su escalada durante el último año del gobierno de Rafael Caldera y el aumento del gasto por parte del Ejecutivo ya se había hecho sentir en la inflación que, si bien continuaba siendo baja, se aceleraba a niveles no conocidos en el país al saltar desde 2,9 % en 1972 hasta 5,6 % en 1973.
A los pocos días de comenzar su gestión, Carlos Andrés Pérez utilizó la coyuntura, signada por el peligro de inflación y la necesidad de reformas que permitieran administrar los recursos que copiosamente ingresaban a las arcas del Estado, para ganar más poder. Tras seis semanas en Miraflores, el nuevo presidente sentía la necesidad de tener las manos libres para emitir decretos sin la aprobación del Congreso, sin debates ni explicaciones. Para ello, no tenía más que solicitar una Ley Habilitante que le concediese esta facultad, cosa que no dudó en hacer, argumentando que para «conjurar inminentes problemas económicos y financieros, para afrontar las anormales circunstancias en que se desenvuelve la vida económica del país, no puede el Gobierno desarrollar planes con eficacia y eficiencia por los causes normales de la administración ni tampoco con el Congreso Nacional, por la vía ordinaria de la legislación»[27].
Copei, el principal partido de oposición, trató de poner límites y precisiones a la solicitud argumentando que no podía entregarse un cheque en blanco, que no era conveniente que el presidente pudiese «reformar todo el ordenamiento jurídico», pero no contaba con suficientes votos para bloquear la iniciativa. El 30 de mayo de 1974, Carlos Andrés Pérez recibió la autorización del Congreso para «dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera».
El gobierno había quedado libre para actuar porque no solo podía esquivar a la oposición; también tenía la facultad de dejar de lado a su propio partido, que lo hubiese obligado a explicar y negociar el apoyo a decretos y leyes en el Congreso[28]. El Ejecutivo podía convertirse en un caballo desbocado sin ningún tipo de freno al momento de poner en marcha una gran cantidad de planes e iniciativas.
Más allá de la necesidad de realizar algunas reformas para manejar la abundancia, estaba el hecho de que el salto de los precios del petróleo le imprimió desde el primer día al nuevo gobierno un ritmo vertiginoso. Existía una fe inquebrantable en que el futuro podía adelantar sus tiempos, llegar más rápido y así edificar en pocos años la «Gran Venezuela». Para eso estaba el dinero, pero hacían falta poderes para acelerar el paso, avanzar, correr, no sujetarse al reloj tradicional.
El presidente no ocultaba su convencimiento de transitar por un período excepcional, una especie de oportunidad única, afirmando que «no podemos perder más tiempo, Venezuela vive un momento emergente. En estos años vamos a decidir no solo el futuro, no solo la verdad del desarrollo económico de nuestro país, sino que vamos a decidir también la suerte de nuestro sistema democrático»[29].
Durante los primeros cien días de Gobierno, Pérez cayó en un ritmo frenético y publicó 193 decretos, prácticamente dos al día, que abarcaron cualquier cantidad de objetivos pero, lo más importante, crearon las bases para la estrategia con la que buscaría alcanzar el gran salto. Por un lado, un ambicioso plan de inversiones para acelerar el proceso de sustitución de importaciones y, al mismo tiempo, mejoras en la calidad de vida de la población a través de controles y creación de empleos.
Los decretos dieron vida al Fondo de Inversiones de Venezuela, una alcancía donde se depositaría la mitad del ingreso proveniente del petróleo y el gas, a fin de contar con dinero suficiente para las inversiones; otro fondo para estimular al sector agropecuario y uno más para impulsar a la industria privada[30]. Aparte de los recursos, los empresarios del campo recibirían exenciones en el pago de impuestos y una ley para eliminar las deudas del pasado. A fin de abrir con más determinación las puertas del financiamiento, la banca obtuvo autorización para otorgar préstamos a veinte años de plazo y el techo para el total de créditos aumentó desde 10 % del capital hasta 25 %.
Al momento de justificar la creación del Fondo de Inversiones de Venezuela durante el discurso pronunciado en el Congreso el 29 de mayo de 1974, Carlos Andrés Pérez confió en que había encontrado una fórmula singular, capaz de evitar «la experiencia dolorosa del despilfarro de los recursos petroleros, para aplicarlos con prudente audacia en planes de desarrollo, sustrayéndolos al propio tiempo del voraz crecimiento del gasto ordinario [...] para aplicarlos en la expansión y diversificación de la producción nacional. Para sembrar el petróleo. ¡Ahora sí! Y para realizar colocaciones rentables en el exterior y propiciar programas de cooperación internacional».
Los empresarios obtenían una cuota nada despreciable en la administración de la renta; el presidente los llamaba a integrar la directiva de los grandes fondos a través de sus gremios principales, Fedeagro, Conindustria y Fedecámaras.
«En el fondo agropecuario estará presente Fedeagro y en el industrial el Consejo Nacional de la Industria. Por otra parte en el Fondo de Inversiones de Venezuela, el de mayor trascendencia y contenido y que se proyectará con audacia pero con firme seguridad de planes bien estudiados también habrá una representación de Fedecámaras porque tenemos que compartir la responsabilidad. Yo no delego ni delegaré las mías, porque me las entrega la Constitución porque son el mandato que me entregó el pueblo pero sí fortaleceré la consulta y el diálogo permanente con todos los sectores de la colectividad venezolana[31].»
Los trabajadores recibían una batería de iniciativas que buscaban frenar la aceleración de la inflación, mejorar la capacidad de compra y ampliar la base clientelar. Control de precios en alimentos, medicinas y en el costo de hospitalización y quirófano en las clínicas; reducción en las tarifas de servicios públicos a sectores de menores ingresos, aumento de salarios, inamovilidad laboral por ochenta días, concesión de vehículos públicos de alquiler y créditos a conductores de bajos ingresos. Para crear puestos de trabajo que beneficiaran a la población menos preparada, Pérez utilizó una medida creativa: «obligar a los propietarios de bares, restaurantes y otros servicios públicos a mantener mínima condiciones de aseo en sus dependencias sanitarias para ayudar a la mano de obra no calificada», mientras que los «edificios destinados a usos comerciales, industriales y servicios» tenían que contar con ascensoristas.
Para reforzar la regulación de precios surgía la Ley de Protección al Consumidor y acciones para impulsar la organización de los sectores populares. «En el control de precios jugarán un papel determinante las juntas de consumidores locales que se constituirán con vecinos del barrio y con el apoyo del gobierno para proteger la dieta popular de los brotes de especulación», advertía el presidente[32].
El ritmo vertiginoso asumido por el Gobierno borraba en la práctica el propósito de mantener el control sobre el carro de la economía. En poco tiempo, las palabras pronunciadas en el Congreso señalando que «la sociedad de consumo no puede ser nuestra sociedad. Tenemos que ser primero una sociedad de productores. El derroche no puede seguir siendo el hábito predominante en el modo de vivir de los venezolanos», quedarían como un recuerdo vago, así como la observación de que
«... es cierto que hoy nos rodea la abundancia, la cual puede ser más peligrosa que la escasez. El hombre a través de la historia ha acumulado más experiencia en el manejo de la dificultad, que en aprovechamiento de la abundancia. La riqueza por sí misma es un reto en su manejo y distribución para la democracia. La sociedad venezolana tiene que entenderlo así, crear propósito sincero de modernización, disciplina, autoridad y hábitos de ahorro[33].»
Rápido y grande
El programa para acelerar el camino al desarrollo mantuvo la idea de que Venezuela debía concentrarse en empresas que procesaran recursos minerales como hierro, acero, aluminio, capaces de proveer materias primas para la sustitución de importaciones, aprovechando la capacidad para obtener energía barata y la cercanía geográfica con Estados Unidos, principal mercado internacional pero, en grandes dimensiones. Gumersindo Rodríguez, quien se encontraba al frente de la Oficina Central de Coordinación y Planificación (Cordiplan), resumiría que «la Gran Venezuela no es sino un concepto de escala. No era un proyecto radical, no era ni una utopía populista ni una utopía socialista, sino un programa muy práctico de inversiones básicas que rebasaba con creces la escala de las inversiones básicas precedentes, y que procuraba integrarlas articuladamente»[34].
La magnitud de los proyectos y el monto de lo que el Estado inyectaría no fue del todo revelado hasta que se publicó el V Plan de la Nación 1976-1980, que serviría como hoja de ruta hacia el progreso. La industria del hierro, que Pérez había nacionalizado a través de uno de los primeros decretos de gobierno por considerar que «se dan condiciones excepcionales para que Venezuela asuma el control integral de su materia prima», era el punto de partida para ampliar velozmente la producción de acero en Guayana, concretamente en la Planta Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y en el Zulia. Además, en cinco años, Venezuela debía convertirse en el noveno fabricante de aluminio en el mundo tras las inversiones previstas en la Planta de Aluminio del Caroní (Alcasa) y la instalación de Venalum.
Hay más. Como se preveía un alza constante de la demanda de energía en torno a 17,6 % cada año, comenzaría una importante amplificación de la capacidad hidroeléctrica en la represa del Guri[35]. En menor dimensión, las inversiones también contemplaban carbón, cemento, pulpa de papel e industria naval.
El proyecto de industrias básicas marchaba junto a la nacionalización de la industria petrolera, un paso que el gobierno consideró inaplazable por razones de soberanía y supervivencia. Como las concesiones se vencían en 1983 y las multinacionales sabían perfectamente que no serían renovadas, redujeron la exploración a niveles ínfimos, impactando negativamente la capacidad de producción y el monto de las reservas probadas. «Las compañías petroleras, al saber que no se renovarían las concesiones, dejaron de invertir. Esto no podía continuar. De lo contrario nos dejarían la industria en ruinas. Por eso, era imprescindible la nacionalización», admitiría Carlos Andrés Pérez años después[36].
Concretada la nacionalización, el gobierno se dispuso a recuperar la inversión en el sector petrolero, sobre todo, en exploración y emprendió el inicio de las evaluaciones en la Faja Petrolífera del Orinoco, donde dormía la mayor reserva de crudo no convencional del planeta. En total el V Plan de la Nación estipuló inversiones públicas por el orden de 118 000 millones de bolívares, unos 27 400 millones de dólares de la época y 22,3 % iría al petróleo, 19,3 % a las empresas básicas y 15 % a la expansión de la capacidad hidroeléctrica.
Todo conducía a un vertiginoso agigantamiento del Estado que, soportado en los altos precios del petróleo y en la decisión de actuar con velocidad desembolsaría, de acuerdo con lo programado, 5,1 de cada 10 bolívares destinados a la inversión, versus 2,3 en el período 1970-1974[37]. El plan consideraba que este era un camino inevitable asegurando que «la realidad histórica del país asigna al Estado una influencia sin precedentes, como fuerza rectora de la economía y de la sociedad venezolana».
Como el proyecto no se desviaba del camino asumido en el pasado, salvo en la escala, la propuesta para colocar los petrodólares fue asumida como la única posible y no hubo mayor debate sobre si existía el recurso humano para aumentar la producción industrial en poco tiempo. No existían voces que plantearan con seriedad el riesgo de desequilibrio en el rompecabezas macroeconómico por la magnitud de las inversiones y el gasto; nada se hablaba sobre la capacidad del sector público para gerenciar; tampoco estaba en consideración si el mercado interno crecería según lo esperado para absorber la capacidad de producción que estaba por instalarse. La combinación de popularidad y concentración de poder convertía las ideas de Carlos Andrés Pérez en propósitos.
