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Robert Darnton analiza el funcionamiento de la industria editorial durante el periodo de la Ilustración en Francia y zonas vecinas. La obra expone la importancia del papel del editor en la difusión de las obras, así como los conceptos emergentes de "propiedad intelectual" y "piratería" durante la época.
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Seitenzahl: 998
Veröffentlichungsjahr: 2024
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ROBERT DARNTON (Nueva York, 1939) es pionero en el estudio de la historia cultural del libro. Es considerado uno de los mayores expertos en la Francia del siglo XVIII y la cultura de este periodo. Ha sido profesor y catedrático de la Universidad de Princeton y director de la biblioteca de la Universidad de Harvard. El FCE le ha traducido El coloquio de los lectores. Ensayos sobre autores, manuscritos, editores y lectores (2003), El negocio de la Ilustración. Historia editorial de la Encyclopédie, 1775-1800 (2006), El diablo en el agua bendita o el arte de la calumnia de Luis XIV a Napoleón (2014) y Un magno tour literario por Francia. El mundo de los libros en vísperas de la Revolución francesa (2022), entre otros.
SECCIÓN DE OBRAS DE HISTORIA
PIRATERÍA Y EDICIÓN
Traducción de ALEJANDRO PÉREZ SÁEZ
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Primera edición en inglés, 2021 Primera edición en español, 2024 [Primera edición en libro electrónico, 2024]
Distribución mundial
© 2021, Oxford University PressPirating and Publishing: The BookTrade in the Age of Enlightenment se publicó originalmente en inglés en 2021. La publicación de esta traducción es producto de un acuerdo con Oxford University Press. El Fondo de Cultura Económica es el único responsable de esta traducción de la obra original. Oxford University Press no asume responsabilidad por error, omisión, imprecisión o ambigüedad algunos en dicha traducción, o por las pérdidas derivadas de los mismos.
D. R. © 2024, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México
Comentarios: [email protected] Tel.: 55-5227-4672
Diseño de portada: Teresa Guzmán Romero
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos.
ISBN 978-607-16-8112-6 (rústica)ISBN 978-607-16-8386-1 (ePub)ISBN 978-607-16-8383-0 (mobi)
Impreso en México • Printed in Mexico
Introducción
Primera parte LAS PUBLICACIONES
I. Las reglas del juego
II. El panorama parisino
III. La Media Luna Fértil
Segunda parte LA PIRATERÍA
IV. Cómo piratear un libro
V. Retratos de piratas
Frédéric-Samuel Ostervald y Abram Bosset de Luze
Jean-Pierre Bérenger y Jean-Pierre Heubach
Jean-Abram Nouffer
VI. La Ginebra clandestina
Jean-Samuel Cailler
Pierre Gallay
Gabriel Grasset
Jacques-Benjamin Téron
Apéndice VI.1. Intercambio de hojas: envío de Téron del 23 de abril de 1774
VII. Una confederación de piratas
VIII. La lucha para piratear a Rousseau y a Voltaire
Tercera parte UNA CASA EDITORIAL SUIZA VISTA POR DENTRO
IX. Los negocios habituales
X. Nuestro hombre en París
XI. Las relaciones con los autores
XII. Ganar y perder dinero
Conclusiones
Agradecimientos
Índice analítico
“Todo el universo conocido está gobernado únicamente por los libros”, dijo Voltaire rememorando hacia el final de su vida las batallas que había librado contra los prejuicios, la ignorancia y la injusticia.1 La Ilustración fue impulsada de principio a fin por el poder de los libros. Sin embargo, durante el Ancien Régime (Antiguo Régimen) el comercio de libros estuvo sometido a condiciones que hoy serían impensables. No existía la libertad de prensa ni los derechos de autor; no existían las regalías ni la participación de ventas, como tampoco la responsabilidad limitada. Prácticamente no había escritores que vivieran de su pluma y los bancos eran muy escasos. El dinero era también muy escaso y, de hecho, no existía en la forma de documentos legales respaldados por el Estado. ¿Cómo pudieron los libros tener tanta fuerza en esas condiciones?
Este libro intenta explicar su poder mostrando cómo operaba la industria editorial.2 Explora el comportamiento de los editores: sus formas de pensamiento y sus estrategias para traducir el capital intelectual en valor comercial. El poder de los libros reside principalmente en su contenido: el restallido del ingenio de Voltaire, la fuerza pasional de Rousseau, la audacia de los experimentos conceptuales de Diderot han merecido por derecho propio reconocimiento en el corazón de la historia literaria. Pero esa historia no ha reparado como es debido en los intermediarios que llevaron la literatura a los lectores. Los editores desempeñaron un papel decisivo en la coyuntura en la que convergieron las historias literaria, política y económica.
Los historiadores suelen datar en algún momento de la primera mitad del siglo XIX el surgimiento de los editores, a diferencia del de los libreros y los impresores de libros.3 De hecho, los editores proliferaron hacia los años finales del Antiguo Régimen en Francia y en gran parte de Europa occidental; sin embargo, la noción de editor y conceptos afines, como la propiedad intelectual y la piratería, tienen un origen incierto.
En su significado más elemental publicar significa “hacer público”.4 En este sentido podríamos argumentar que los editores han existido desde el primer momento en el que alguien divulgó la palabra sobre cualquier tema. No obstante, el término editor (éditeur, en francés) no se generalizó sino hasta el siglo XIX.5 Si bien, como veremos más adelante, los comerciantes profesionales de libros comenzaron a incorporar la palabra en la década de 1770, el término prevaleciente fue el de librero(libraire).6 La entrada “éditeur” de la Encyclopédie de Diderot se refiere a la noción más antigua de quien prepara un texto para su impresión, un uso más cercano al de editor (editor) que al de publisher (publicador o impresor de libros) en lengua inglesa.
En cuanto a la piratería (contrefaçon, falsificación o publicación falsificada), la Encyclopédie entra en un terreno controvertido.7 Explica que el sustantivo se refiere a la reimpresión de un libro realizada “contra el derecho de un tercero, y en su perjuicio, una edición de un libro que sólo él tiene derecho a imprimir, en virtud de la cesión que el autor le ha hecho de todos sus derechos sobre su trabajo, y el permiso o privilegio del rey”. En ese contexto la piratería plantea la cuestión de la propiedad intelectual, y la Encyclopédie adoptó la postura asumida por el Gremio de libreros de París, en concreto, que el autor tenía derecho de propiedad absoluto de su texto, un derecho semejante al de la propiedad de la tierra, y que podía transferirlo sin impedimentos a un librero para su reproducción y venta.8 El privilegio de un libro simplemente confirmaba un derecho preexistente sujeto a las leyes, no a la voluntad del rey; formulación que, obviamente, era rechazada por la Corona. La entrada del verbo “contrefaire” de la Encyclopédie expresa el mismo concepto de propiedad absoluta, pero después hace una descripción de las actividades de los piratas como aquello que mina ese concepto: “Pero […] hay una verdadera deshonra asociada a este comercio ilícito, porque rompe los lazos más respetables de la sociedad, la confianza y la buena fe en el comercio. Estos daños y esta deshonra sólo se dan en un país sometido a una autoridad común,* porque en las relaciones entre extranjeros el uso parece haber permitido esta injusticia”. En la práctica, entonces, la piratería era más una cuestión de convención social que de normas legales; era una afrenta al honor. Y aun cuando violaba un principio general de justicia, “parecía” ser legítima cuando se llevaba a cabo fuera de la jurisdicción de un país donde se había publicado el libro original. Envuelto en contradicciones e inconsistencias, el incierto y novedoso concepto de propiedad intelectual no era un arma eficaz en contra de la práctica de la piratería.
Kant trató este espinoso problema en su disertación sobre los derechos de autor en la Metafísica de las costumbres (1797). Cuatro años antes había publicado el célebre ensayo que comenzaba con el planteamiento de una pregunta: “¿Qué es la Ilustración?” Esta vez la pregunta lo condujo directamente al tema de la piratería. Kant no consideraba la autoría de un libro como la creación de una propiedad, sino que concebía el libro como la expresión del pensamiento del autor volcado a la escritura mediante el poder de la libertad de expresión. Un librero que recibía del autor un “mandato” para vender un libro de su creación se convertía en un agente que podía representarlo públicamente en su nombre, no en un propietario. Un pirata violaba el derecho de esa representación; robaba las ganancias del editor y, por lo mismo, incurría en un acto “prohibido en materia de derecho”, pero no infringía el derecho natural de la propiedad.9 Si bien este argumento no fue incorporado a los debates sobre los derechos de autor, ilustra la ambigüedad inherente en la forma de entender los libros en una época en la que la piratería desempeñaba un papel crucial en el intercambio de ideas.
Aunque los piratas no eran filósofos y es muy probable que no leyeran a Kant, podían echar mano de ese concepto del libro como expresión de ideas más que como un objeto de propiedad. Al multiplicar el número de ejemplares, podían argumentar, contribuían a la difusión de las ideas, y al difundir las obras de los philosophes, promovían la Ilustración. Un pirata a favor del pensamiento ilustrado, Fortuné Barthélemy de Félice, que producía contrefaçons masivamente en la ciudad suiza de Yverdon, sostenía exactamente ese argumento: “Pero yo concibo los libros desde un punto de vista más noble [que el de considerarlos como artículos mercantiles], porque pienso que los buenos libros no pertenecen a los libreros sino a la humanidad, que necesita ilustrarse y desarrollarse de acuerdo con la virtud […] Todo librero o impresor que recurra a contrefaçons para difundir buenos libros en abundancia y rápidamente merece el reconocimiento de la humanidad”.10
Todos sabían que en la práctica la propiedad literaria no se extendía más allá de las fronteras de cada uno de los países, pero nadie podía hacer nada para impedirlo. En un intento por resolver el problema de la piratería se emprendió una iniciativa a nivel internacional para prohibir las contrefaçons durante las deliberaciones diplomáticas relacionadas con la paz de Aix-la- Chapelle en 1748.11 La propuesta no prosperó; el problema iba más allá de la falta de un consenso universal sobre los derechos de autor. Libros, autoría, edición y piratería eran conceptos ambiguos y sin definiciones precisas a principios de la modernidad europea.
La ambigüedad general propició el desarrollo de una vasta industria de la piratería paralela al comercio legal del ramo editorial; a medida que los editores autorizados producían libros de alta calidad para una élite acaudalada, los piratas florecían buscando ganancias en el sector del mercado con menor poder adquisitivo, en el que un público creciente clamaba por libros baratos. La oposición entre las dos formas de publicar libros derivó en gran parte de un conflicto entre los libreros parisinos y los provinciales. Favorecidos por las políticas centralizadoras del Estado, hacia fines del siglo XVII el Gremio parisino de libreros e impresores conquistó una posición dominante en el mercado. Los miembros del Gremio monopolizaron los privilèges de libros (el equivalente funcional de los derechos de autor; para una explicación de este y otros términos relacionados, véase infra “Notas técnicas: terminología, instituciones y prácticas”) y prácticamente acabaron con las publicaciones de las provincias, excepto en el caso de géneros específicos como obras locales, devocionarios y literatura de cordel o chapbooks.** En 1777, con la promulgación de una serie de reformas en su mayoría ineficaces, el Estado mostró mayor empatía por los editores y los libreros provinciales. Sin embargo, éstos mantuvieron su hostilidad contra los parisinos y, a lo largo del siglo XVIII, obtuvieron cada vez más suministros de las casas editoriales que producían libros franceses desde locaciones estratégicas fuera de las fronteras francesas: lo que he denominado Media Luna Fértil. De Ámsterdam a Bruselas, pasando por Renania y a través de Suiza hasta Aviñón en el sur, que en el siglo XVIII era territorio papal, los editores piratearon todo lo que podía venderse bien en Francia.
Las casas editoriales extranjeras producían también todo lo que no podía pasar más allá de los censores empleados por el gobierno francés. Con excepciones notables como la Encyclopédie, prácticamente todas las obras de la Ilustración francesa se imprimían en el extranjero, cruzaban la frontera de contrabando y eran distribuidas en un mercado clandestino que abarcaba todos los rincones del reino. La Ilustración fue en gran medida una campaña para difundir la luz, es decir, para diseminar ideas, no sólo para crearlas. Los libros franceses producidos en casas editoriales fuera de Francia abrazaban los ideales ilustrados. Difundiendo sus ideas a través de las fronteras, se volvieron una fuerza que se infiltró en el Ancien Régime. No obstante, los libros de los philosophes ocuparon sólo una pequeña parte del mercado. Gracias al costo reducido del papel y la mano de obra barata, como también a la evasión del pago a los autores, los libros piratas eran mucho más baratos que los producidos con privilèges en París. Como consecuencia, se forjó una alianza natural tan eficiente entre los editores extranjeros y los libreros provinciales que al menos la mitad de los libros —en contraste con los chapbooks, devocionarios y materiales de índole efímera— vendidos en Francia entre 1750 y 1789 eran piratas. Este cálculo estimado se basa en el meticuloso estudio de todos los documentos disponibles; y aunque admito que no puedo probarlo, dudo que alguien pueda cuestionar la importancia de investigar la industria de la piratería, porque poco sabemos de ella y por lo mucho que revela sobre la apertura de la cultura literaria a un amplio público.
Lejos de ser un aspecto periférico de la historia sociocultural, la piratería merece un lugar central.12 Hacia 1750 el auge de la piratería minaba la forma tradicional de la publicación de libros en Francia. Los piratas operaban fuera de la ley, o al menos de la ley francesa. En algunos centros de la provincia, como Lyon y Ruán, los libreros producían y comerciaban secretamente libros piratas, pero en la mayor parte del país los importaban de numerosas casas editoriales fuera de las fronteras francesas. Los editores extranjeros en ocasiones enfrentaban problemas con las autoridades locales, que podían ser muy severas sobre todo cuando descubrían libros ateos y panfletos sediciosos, incluso los destinados exclusivamente a la exportación. Sin embargo, los soberanos de ciudades-Estado, principados y regiones autónomas como Ginebra, Neuchâtel, Bouillon, Maastricht y Ámsterdam acogían el beneficio económico de las ediciones piratas; además, en una época en la que no existían los derechos de autor internacionales, la reimpresión de un libro francés fuera de Francia no incurría en ilegalidad alguna.
En general, todos los editores extranjeros operaban con muy pocas limitantes, fuera de las exigencias del mercado. Buscaban satisfacer la demanda dispuestos a correr riesgos que hacían que los editores que vivían de privilèges en París parecieran rentiers (rentistas). Obviamente, como veremos más adelante, hubo algunos editores parisinos que especulaban con negocios riesgosos y también algunos editores extranjeros que preferían evitar los sectores más delicados del comercio. Pero la mayoría de los piratas asaltaban los mercados con un espíritu empresarial audaz. Aunque a menudo eran burgueses bien acomodados en sus ciudades natales, buscaban ganancias con un apetito desmedido al incursionar en lo que Max Weber denomina capitalismo aventurero,13 cuyo carácter no ha sido comprendido plenamente porque su funcionamiento no se ha estudiado a fondo por falta de fuentes materiales. El presente libro cuenta la historia de las publicaciones piratas y se inspira tanto en Balzac como en Weber. En Illusions perdues, Balzac describe la lucha por adquirir prestigio y acumular riqueza de los individuos involucrados en el comercio del libro a principios del siglo XIX. Editores, libreros y autores cohabitaban en el animado mundo de la Ilustración, y sus vidas son dignas de ser contadas no sólo por lo que nos revelan sobre la cultura del siglo XVIII, sino también por su valor intrínseco, por esa fascinación intransferible que las hace parecer historias de una comédie humaine representativa del Antiguo Régimen.
Este libro, aunque se limita al comercio en Francia y las regiones vecinas, hace referencia ocasional a Inglaterra y Alemania, donde los mismos asuntos se manejaban de formas distintas.14 Los primeros capítulos exploran la historia de las ediciones y la naturaleza del comercio del libro en París, temas complejos que implican mucho más que el poder del Estado y el corporativismo. A esa complejidad se suma el elemento humano, sobre todo entre los editores piratas, que en algunas partes se comportaban como aristócratas y en otras como truhanes. Capítulos posteriores describen sus biografías y negocios, siguiendo caminos que llevan de un expediente a otro en las fuentes manuscritas. Gracias al frecuente entrecruzamiento de caminos es posible seguir la formación de redes y reconocer patrones en un sistema general de producción y distribución.
Los últimos capítulos se centran en las actividades de una sola casa editorial, la Société typographique de Neuchâtel (STN), por ser la que ofrece la información más abundante. Los archivos de la STN son los únicos documentos de una casa editorial del siglo XVIII que han sobrevivido prácticamente intactos y son lo suficientemente vastos (alrededor de 50 000 cartas) como para revelar de primera mano la historia de las ediciones piratas en general. Por supuesto, tienen un sesgo particular, por lo que he tratado de hacer concesiones respetando el carácter propio de la STN. Afortunadamente, muchas de las personas que se mencionan en los intrigantes expedientes de Neuchâtel aparecen también en los archivos de la Bastilla, en documentos del Gremio parisino y de la policía de París, en registros de bancarrota y en diversos archivos de la administración francesa.
Después de investigar todo ese material por más de 50 años, espero hacer justicia a su riqueza. Y aunque con este libro concluyo mi investigación, no pretendo alcanzar nada comparable a una conclusión final, porque la historia no tiene fin, si bien confío en haber sondeado sus profundidades.
Si una palabra puede transmitir la riqueza y complejidad del orden social francés bajo el Ancien Régime, es la de privilegio. El término deriva del latín y significa “ley privada”. Caracteriza los derechos exclusivos de una persona o grupo de personas que son negados a otros. Aunque la nobleza y el clero eran conocidos como clases privilegiadas, no fueron las únicas en gozar de privilegios. Virtualmente todos, incluyendo artesanos agremiados y campesinos de los “pays de franc-salé” (provincias que pagaban relativamente bajos impuestos de sal), participaban en el sistema de privilegios. El concepto de una ley general, aplicable a todos por igual, era ajeno a la naturaleza del Antiguo Régimen, una sociedad jerárquica en la que se daba por sentado que las personas no eran iguales y que la desigualdad se había generado por mandato de Dios y se hallaba presente en el orden de la naturaleza. Los filósofos de la Ilustración, Rousseau en particular, impugnaron la legitimidad de los privilegios, y la Revolución francesa los destruyó; pero el privilegio era la argamasa que mantenía unidas a las instituciones para formar lo que los revolucionarios reconocieron en retrospectiva como un régimen.
El comercio del libro contaba con tres tipos de privilegios distintos. Primero, y ante todo, estaba el privilegio inherente a los libros en sí, al menos en el sector legal del comercio. Los privilèges de libros eran otorgados por el rey, se inscribían en las portadas de los libros y se imprimía su leyenda en forma conspicua al principio del texto. Para obtener un privilegio, un autor —o, más frecuentemente, un librero al que éste había vendido el manuscrito— debía entregar su texto al director del comercio del libro, quien lo asignaba a un censor. En caso de aprobación, el censor lo notificaba al director, quien después de dar su respectiva aprobación entregaba el expediente al Guardián de los Sellos de la Cancillería Real para su aprobación final. Superado este último obstáculo, se emitía un privilegio en nombre del rey. Su contenido, es decir, el privilège en el sentido estricto del término, era dictado por el rey a los oficiales de la corte y tomaba la forma de un decreto que cerraba con la frase habitual “porque así es de nuestro agrado”. Para que éste tuviera efecto legal debía ser registrado, esto es, copiado en el registro del Gremio de libreros de París. A partir de entonces el librero disfrutaba del derecho exclusivo para producir y vender el libro, generalmente por un número de años determinado, aunque el derecho podía extenderse mediante una continuation, y los libreros solían declarar que lo poseían indefinidamente.
Con esta declaración consideraban el privilège como una forma de propiedad. Con frecuencia vendían partes del privilegio y, como si se tratara de un objeto físico, lo legaban a sus herederos. Por su parte, la Corona afirmaba que los privilegios de libros derivaban de la gracia del rey y podían ser limitados o revocados según los deseos del soberano. Este concepto de privilège difería considerablemente de la idea de los derechos de autor. De hecho, la primera ley sobre derechos de autor, el Estatuto de la Reina Ana aprobado por el Parlamento en 1710, fue impugnada por los tribunales británicos durante todo el siglo XVIII, pero pertenecía a un universo conceptual distinto del de los edictos franceses sobre privilèges, como ocurría también con la Ordenanza danesa de derechos de autor de 1741, la primera del continente europeo. Con el fin de destacar su carácter peculiar, la versión francesa del término privilège aparecerá en cursivas a lo largo de este libro.
Segundo, los libreros eran personas privilegiadas. Según las normas reales, para cumplir con diversos requisitos, como aprobar un examen y ser aceptados en un gremio, los libreros tenían que aprender el oficio con un maestro. Este sistema admitía unas cuantas excepciones: permitía un número limitado de vendedores ambulantes de libros; toleraba a los bouquinistes (libreros ambulantes) instalados en puestos ubicados en lugares privilegiados (lieux privilégiés), como el Palais-Royal de París; y vendía licencias (brevets de libraire) a algunos comerciantes de las provincias. En principio, no obstante, nadie que no hubiese sido admitido en un gremio como maestro estaba autorizado para vender libros. En 1781 el Gremio parisino tenía 148 maestros libreros e impresores, entre ellos 36 viudas que habían heredado la maestranza tras el fallecimiento de sus esposos y solían ser empresarias duras y astutas.
Tercero, los gremios eran corporativos privilegiados que no sólo tenían derechos exclusivos para dedicarse al comercio de libros, sino que asimismo gozaban de la exención de algunos impuestos y manejaban sus propios asuntos eligiendo a sus funcionarios (syndics [síndicos] y adjoints [adjuntos]) y celebrando juntas como las de otros corporativos. Tenían también atribuciones policiales, como el derecho a inspeccionar importaciones de libros, librerías e imprentas. La ejecución de esas responsabilidades estaba a cargo de su órgano de gobierno llamado chambre syndicale, término usado también para designar los espacios físicos para llevar a cabo la inspección de libros y otros negocios. En 1777 la Corona estableció 20 chambres syndicales, que abarcaban toda Francia, cada una con su propia área jurisdiccional. Como se explica en los capítulos I y II, el Gremio parisino, o Communauté des libraires et des imprimeurs de París, dominaba el comercio del libro en todo el reino y frecuentemente entraba en conflicto con los gremios provinciales. Para establecer claramente su identidad, en este libro nos referiremos a él como Gremio, con mayúscula.
El comercio del libro estaba administrado por una división de la cancillería llamada Direction de la librairie (en lo sucesivo, la Dirección). Bajo el mando de un directeur général, supervisaba la censura y el otorgamiento de privilèges, las actividades de las chambres syndicales y todos los conflictos comerciales. Cooperaba también con inspectores del comercio del libro de la policía municipal. Una de sus responsabilidades principales era combatir el comercio de libros piratas, denominados comúnmente contrefaçons; pero la Dirección no contaba con personal suficiente y solía tener poco conocimiento de lo que ocurría fuera de París.
La Dirección cooperaba con la policía en su intento de reprimir la circulación de libros que estaban prohibidos por ser ofensivos para la religión, el Estado, la moral o la reputación de personas de alto rango. En la jerga del comercio de libros, ese tipo de obras extremadamente ilegales se conocían como livres philosophiques, aunque la policía solía llamarlos mauvais livres (libros malvados) y, en ocasiones, marrons (castañas). He escrito estos términos franceses en cursivas (incluso dentro de las citas) con el fin de conservar las expresiones características del siglo XVIII, pero he intentado reducir a lo mínimamente indispensable el uso del francés y he traducido todos los textos de la época estudiada entre corchetes después de su primera mención. Las citas originales, consignadas de manera más extensa y acompañadas de amplias descripciones de algunos aspectos técnicos del comercio del libro, pueden consultarse en la versión francesa de este libro, publicado por Gallimard y traducido por Jean-François Sené.
Un detalle técnico que debemos señalar desde el principio es la práctica del intercambio de libros entre editores. Una vez terminada la edición de un libro, con frecuencia intercambiaban gran parte de ésta, en ocasiones incluso la mitad, por su valor equivalente en libros de las existencias de un editor aliado. De tal manera reducían el riesgo de no vender todos los ejemplares de su propia edición y aumentaban la variedad de sus propias existencias. Los intercambios solían calcularse en hojas (feuilles) y se registraban en cuentas independientes. La hoja era la unidad básica de producción. Los editores calculaban sus costos y ganancias en función de las hojas, y normalmente hacían los envíos de libros en fardos de hojas sueltas, mientras que la encuadernación generalmente quedaba en manos de los consumidores o los libreros minoristas.
Por último, es importante tener una idea clara del dinero y su valor en el Antiguo Régimen. Como explicamos en el capítulo final, las clases trabajadoras solían negociar en monedas de cobre como oboles (óbolos) y liards.*** Las transacciones comerciales se realizaban en “moneda de cuenta” (monnaie de compte)**** en livres (libras), sous (soles) y deniers (denarios): 12 deniers por un sou, 20 sous por una libra. El valor real del dinero puede calcularse de diferentes maneras. Aunque su precio variaba, una hogaza ordinaria de pan de cuatro libras (1.8 kg), que era la base de la dieta diaria de un obrero, solía costar ocho sous. Un artesano calificado ganaba entre 30 y 50 sous diarios, un obrero semicalificado 20 sous y un obrero no calificado tan sólo 10 sous. Los precios de los libros variaban enormemente, pero solían costar alrededor de 30 sous por una edición en octavo de 200 páginas. El librero minorista pagaba al editor con letras de cambio (lettres de change, o simplemente effets), que vencían en la fecha determinada en la letra. Podían negociarse en todo momento, aunque con una tasa de descuento que podía ser muy desfavorable para el tenedor. La unidad básica en las transacciones era la libra, que como regla general equivalía al salario diario de la mayoría de los obreros urbanos.
CUANDO en 1470 apareció por primera vez en Francia la palabra impresa, el Estado no alcanzó a ver su utilidad, por lo que las autoridades simplemente dejaron la vigilancia de las imprentas en manos de la Universidad de París, tal como durante la Edad Media habían confiado a la universidad supervisar el trabajo de amanuenses y libreros. Aunque los libros manuscritos podían copiarse rápidamente mediante un sistema de producción en serie conocido como pecia, la mayor parte de su producción y venta permaneció confinada al Barrio Latino y a un reducido público de clientes, en su mayoría estudiantes. En el siglo XVI, no obstante, la impresión se convirtió en una fuerza explosiva alimentada por la expansión del protestantismo. La reacción inicial de la monarquía fue extinguirla. El 13 de enero de 1535 Francisco I decretó que todo aquel que imprimiese cualquier cosa sería ahorcado. La iniciativa no prosperó, como tampoco una serie de medidas represivas proclamadas durante las guerras religiosas y los disturbios civiles que sacudieron el reino hasta que Luis XIV consolidó el poder en la segunda mitad del siglo XVII. Para 1700 el Estado había desarrollado un elaborado mecanismo para controlar las impresiones y el comercio del libro. A partir de entonces y hasta la Revolución expidió todo tipo de edictos y ordenanzas, 3 000 al menos, en su intento de reprimir el poder de la imprenta, mientras que la demanda de libros seguía creciendo y las imprentas y los libreros hacían todo lo posible para satisfacerla. Pero la administración del comercio del libro en el siglo XVIII no puede reducirse a la oposición entre un régimen autoritario y los profesionales del libro, como tampoco puede entenderse solamente estudiando los edictos. Vista desde dentro, es una historia de cabildeo, de manejo de hilos, de tráfico de influencias y de mediación de poder, es decir, la política característica del Antiguo Régimen.1
La politiquería se llevaba a cabo fuera de la vista pública, en un departamento del gobierno conocido como Direction de la librairie (en lo sucesivo, la Dirección). La palabra bureaucrate (burócrata) comenzó a usarse hacia mediados del siglo XVIII, cuando la papelería —o paperasse, como se la conocía entonces— comenzó a acumularse en todos los rincones de los corredores del poder. La profusión de papeles acumulados en la Dirección es tan grande que abruma a cualquiera que desee explorar el acervo hoy resguardado por la Bibliothèque nationale de France (en lo sucesivo, BnF), donde ha sobrevivido en su mayor parte. No obstante, en ocasiones podemos hallar una frase henchida de significación, como el siguiente pasaje en prosa poética de Denis Diderot, sepultado incongruentemente en una memoria:2 “¿Qué bien podría pertenecer a un hombre si la obra de su espíritu, fruto único de su educación, de sus estudios, de sus vigilias, de sus tiempos, de sus búsquedas, de sus observaciones; si las horas más refinadas, los momentos más hermosos de su vida, si sus pensamientos íntimos, los sentimientos de su alma, la parte más preciada de su ser, esa que no perece, esa que lo inmortaliza, no le pertenecen?”
Diderot disertaba sobre lo que hoy conocemos como propiedad intelectual. Su elocuencia, tan parecida a la de John Milton en Areopagitica3 —un llamamiento para la publicación sin licencia en 1664—, reforzaba un argumento para distender las restricciones a la libertad de prensa, y sin embargo se perdió sepultada bajo el peso de los negocios urgentes que ocupaban a los hombres de poder en su época: no la creatividad de los autores —pues contaban muy poco—, sino los conflictos de intereses entre los libreros y los intentos del Estado para conciliarlos defendiendo sus propios intereses. De hecho, lo que Diderot pretendía con la memoria era apoyar a su editor, André- François Le Breton, y al Gremio parisino de libreros con una campaña para mantener su monopolio de privilèges de los libros. En 1764 el nuevo director de la Administración del Comercio del Libro, Antoine de Sartine, urdió planes para contrarrestar el monopolio con propuestas como limitar la duración de los privilegios. Para Diderot era inaceptable, porque la creación de un texto daba al autor derecho ilimitado sobre el producto de su imaginación, en tanto que el editor, al comprar la obra, adquiría un derecho igualmente absoluto sobre esa propiedad. Cierto, el editor debía obtener la aprobación de un censor y después comprar un privilège, pasos que le daban el derecho exclusivo de venta del libro tras su debido registro en el Gremio. Pero esas formalidades simplemente confirmaban el derecho preexistente derivado del acto de creación.
Cuando el Gremio remitió a la Dirección la memoria de Diderot eliminó su nombre, borró los pasajes personales y limpió el argumento muy meticulosamente para eliminar cualquier sugerencia de empatía con la libertad de prensa (más adelante, en su correspondencia Diderot se refirió a la memoria como un trabajo sobre “la liberté de la presse”).4 A pesar de la edición del documento, los administradores de la Dirección sabían con exactitud lo que ocurría, como podemos comprobar al seguir la cadena del papeleo burocrático. Inicialmente, Diderot escribió la memoria en una carta dirigida a Sartine, a quien conocía personalmente. Sartine recibió del Gremio la versión modificada de la carta y la entregó a Joseph d’Hémery, un viejo inspector de la policía asignado para supervisar el comercio del libro. D’Hémery, quien también conocía a Diderot y tenía años de experiencia de tratar con el Gremio, la entregó a François Marin, secretario general de la Dirección. Luego Marin redactó una memoria que refutaba el argumento de Diderot calificándolo como un intento de proteger el dominio del comercio ejercido por el Gremio. Una comparación entre el texto original y la versión modificada de la memoria de Diderot confirma esta interpretación. Ya que habían obtenido el monopolio de la mayoría de los privilèges, los miembros del Gremio pretendían que el Estado los reconociera como un tipo de propiedad permanente, y no pudieron hallar un interlocutor más elocuente para su causa que el philosophe arquetípico.5
¿Diderot como propagandista de una estrategia de cabildeo? La sola idea ofendería a quienes ven en él la venerada encarnación del espíritu del librepensamiento ilustrado; no obstante, era un hombre de su tiempo, y no podía haber una forma más típica de hacer negocios bajo el Antiguo Régimen que solicitar un favor especial de la Corona. Desde la perspectiva del Estado, el privilège de un libro no era más que un favor otorgado por el rey. Como señalaba Marin, “[l]os privilegios sólo son grâces temporales, muy distintos de la propiedad de una casa o de una parcela de tierra”.6 ¿Grâce [gracia] o propiedad? La cuestión llegó a un punto crítico en una serie de edictos promulgados por la Corona, el 30 de agosto de 1777, que crearon un nuevo código general para regular la publicación y la venta de libros, en los que por primera vez se usó el término “droit d’auteur” (derecho de autor) en un documento oficial. Con todo, el concepto en sí tenía una larga historia, y era sólo uno de los muchos temas que la Dirección intentó poner en orden, ocasionando la acumulación de paperasse.
Cuando libreros y editores comenzaron a emerger como grupo profesional en el siglo XVI, permanecieron en la jurisdicción de la Universidad de París, cuya principal preocupación era todavía evitar desviaciones del dogma religioso garantizando la fidelidad de las copias manuscritas. Con el advenimiento de la imprenta y el protestantismo, su función evolucionó hasta volverse un ejercicio de censura que, desde el punto de vista del Estado, tenía demasiada importancia como para dejarlo exclusivamente en manos de los profesores de la Sorbona. La Ordenanza de Moulin de 1566, promulgada en el fragor de las sangrientas guerras religiosas de Francia, pasó el control de las publicaciones a manos del Estado, estableciendo que los libros recibiesen privilèges sellados por el gran sello del canciller real o su sustituto, el Guardián de los Sellos. En ese tiempo se multiplicó el número de libreros e impresores, aun cuando permanecieron como miembros formales (suppôts) de la universidad. Esta adscripción provocó que, a diferencia de otros grupos comerciales, los libreros e impresores no adquiriesen un estatus corporativo sino hasta el siglo XVII. El 16 de junio de 1618 la Corona, que consolidaba su poder bajo los Borbones, creó el Gremio regido por estatutos que establecían sus privilegios, su organización y sus funciones. La impresión, venta y encuadernación de libros quedaba restringida a los miembros del Gremio, que si bien en principio seguían vinculados con la universidad (debían aprobar exámenes pro forma que demostraran su competencia para leer latín y descifrar el griego; los encuadernadores, con el tiempo, formaron un corporativo independiente), a partir de entonces quedaron como subordinados de la oficina del canciller.
Los Borbones transformaron la monarquía en un Estado absolutista, incrementando en el proceso el poder del Gremio y la autoridad estatal sobre éste. Edictos de 1643, 1665 y 1686 asentaron parámetros de calidad precisos para el papel y la impresión, además de reglas estrictas que regían el acceso a las maestranzas y la estructura interna de la gobernanza, todos ellos apegados al espíritu del colbertismo (la versión francesa del mercantilismo, llamada así por el ministro de Finanzas bajo el reinado de Luis XIV). Algunos eran designados por el propio Jean-Baptiste Colbert. La impresión y venta de libros estaba restringida a los miembros del Gremio, a quienes también se les dio el poder de hacer cumplir su monopolio vigilando el comercio. Los syndics (síndicos) del Gremio y sus adjoints (adjuntos, suplentes o delegados) debían inspeccionar periódicamente todas las imprentas y librerías, además de los embarques de libros que ingresaban a la ciudad. Con ese trabajo vigilaban sus propios intereses y los del Estado, ya que debían confiscar tanto libros piratas cuanto libros prohibidos. En 1667 Luis XIV impuso una poderosa organización policial en París, que también sirvió para hacer cumplir las restricciones que se aplicaron a la industria del libro. Una sucesión de inspectores especiales del comercio del libro supervisaban todas las impresiones y ventas de libros, enviaban a la Bastilla a un gran número de personas desviadas de las normas e incluso allanaban establecimientos en provincias lejanas. El privilège se mantuvo como el principio básico del sistema. Sólo los miembros del Gremio podían tener privilèges, cuyo valor oficial sólo era efectivo cuando ingresaban al registro mantenido por el Gremio.
Con edictos promulgados a lo largo del siglo XVII, esta organización general fue impuesta en el resto de Francia. La publicación de libros había florecido en las provincias en el siglo anterior, principalmente en Lyon y Ruán, y algunas casas de impresión y venta de libros sostuvieron negocios prósperos durante los siguientes 100 años, produciendo libros con la autorización de los oficiales locales; pero no pudieron resistir el poder combinado de la Corona y el Gremio. En principio, podían adquirir privilèges, salvo que su concesión se limitaba cada vez más a París tanto en el proceso de registro como en el de las transacciones comerciales, ya que los miembros del Gremio parisino limitaban su venta a sus agremiados, los adquirían en subastas cerradas e incluso los dividían en porciones (algunas tan pequeñas como 1/48), las cuales también vendían, usaban en calidad de dote y legaban a sus herederos con la expectativa de que fuesen una forma de propiedad a perpetuidad. Paralelamente, el Estado reducía el número de imprentas en todo el reino e incluso en París. El edicto de agosto de 1686, que implementó el primer código general del comercio del libro, restringió el número de imprentas parisinas a 36. Un segundo código, promulgado el 28 de febrero de 1723, y ampliado a todo el reino el 24 de marzo de 1744, reunió todos esos elementos en un régimen desarrollado de manera cabal para gobernar la producción y la venta de libros. Desde la perspectiva de Versalles, la asociación entre la Corona y el Gremio sirvió para controlar el mundo de la palabra impresa.7
La realidad, obviamente, era distinta, aunque es difícil saber lo que realmente ocurría en todas las ciudades del reino. La mejor fuente de información se encuentra en los archivos de la Dirección, y el mejor punto de partida para estudiarlos es el Código de 1723, que determina con sumo detalle la organización del Gremio parisino y asienta las normas aplicables a tipografía, papel, imprentas, envíos, aprendices y todas las actividades de impresores y libreros. No obstante, respecto de los privilèges, el Código simplemente describe procedimientos: para imprimirlo, un texto debía contar con la autorización escrita de un censor y la sanción de la oficina del canciller; la aprobación y el privilège debían ingresar al registro del Gremio; tras su registro, la obra sólo podía ser imprimida y vendida por el miembro del Gremio que había obtenido el privilège. El Código no definía la naturaleza de los privilèges ni especificaba su temporalidad. Tampoco mencionaba a los autores, ya no digamos sus derechos, inclinando todo el peso hacia los “derechos, libertades, inmunidades, prerrogativas y privilegios” del Gremio parisino. Reiterando la prohibición de la piratería, imponía castigos severos por las reimpresiones no autorizadas de libros con privilèges o “continuations de privilèges”. Tan vago planteamiento dejaba abierta la posibilidad de que la continuation se prolongara indefinidamente, como sostenían los miembros del Gremio. Aunque la legislación temprana había establecido la condición de ampliar considerablemente un texto para otorgar la continuación de su privilège, los libreros parisinos no sólo ignoraron ese requerimiento, sino que incluso reclamaron derechos de obras que durante mucho tiempo habían sido del dominio público. Hacia 1723 parecía que el Gremio parisino había obtenido el monopolio de la mayor parte de la literatura francesa.8
La publicación del Código de 1723, por lo tanto, desató una controversia, llevando por primera vez a la esfera del debate público el tema de los privilèges y los intereses creados. El argumento en contra de la hegemonía del Gremio parisino fue defendido en el panfleto Mémoire sur les vexations qu’exercent les libraires et imprimeurs de Paris (1725) de Pierre-Jacques Blondel, un clérigo con profundo conocimiento de la industria editorial, mientras que el argumento a favor del Gremio quedó plasmado en una memoria legal dirigida al Guardián de los Sellos, redactada por el prominente abogado Louis d’Héricourt.
Blondel volcaba todo su desprecio contra los maestros impresores y libreros, una sarta de sujetos irresponsables, señalaba, que reunían ignorancia, incompetencia y codicia en un monopolio escandaloso que ejercían por influencia de la política estatal. Lejos de reformar el comercio del libro, el código más reciente simplemente reforzaba sus abusos, y Blondel ofrecía muchos ejemplos citando nombres y exponiendo sus ganancias especulativas con una precisión condenatoria. Sin embargo, no cuestionaba los principios básicos del sistema, como la censura, el corporativismo o el concepto del privilège en sí. En vez de abanderar la libertad de expresión del pensamiento ilustrado, evocaba un mundo de erudición clásica y escritura religiosa de un siglo antes. El aspecto más original de su argumentación era la defensa de los intereses de los autores, pues señalaba que ellos eran los encargados de hacer el verdadero trabajo creativo, mientras los libreros lucraban con su labor. El acento de Blondel en la creatividad de los autores estuvo cerca de defender la propiedad intelectual, pero no llegó hasta ese punto.9
D’Héricourt, en contraste, ofrecía una argumentación desarrollada a plenitud a favor de los “droits des auteurs”, aunque sólo como una vía para justificar los derechos de propiedad ilimitados de los libreros parisinos en contra de las incursiones de los comerciantes provinciales. Con sus textos, señalaba, los autores adquirían un derecho sobre ellos tan absoluto en todo sentido como el tipo de propiedad adquirido con la compra de una casa o una parcela de tierra, y la venta de esos textos transmitía los mismos derechos a los libreros.10 Admitía que los privilèges expiraban, pero eso no hacía a los textos del dominio público, por lo que cualquiera podría reimprimirlos, porque el derecho de propiedad existía independientemente del privilège real, que simplemente lo confirmaba. Este argumento reducía la autoridad del rey sobre la propiedad literaria a una “alegre impotencia”, confirmaba el monopolio del Gremio parisino y condenaba el “comportamiento detestable” de los libreros provinciales en comparación con el comportamiento apegado a la ley de los parisinos.11 D’Héricourt superó a Blondel al avalar los derechos de propiedad de los autores defendiendo a la vez la causa opuesta, esto es, el monopolio económico del Gremio. De cualquier manera, la cuestión se presentaba como una contienda de intereses creados, que confrontaba a París con las provincias, más que como un debate de alto nivel sobre la política estatal.
El Estado, que era aún una monarquía absoluta, no recibió con agrado que se calificara su autoridad como “impotente”. El Guardián de los Sellos, Fleuriau d’Armenonville, se sintió tan ofendido por el panfleto del Gremio que obligó a su syndic y a sus delegados a renunciar, mientras que el impresor que lo produjo tuvo que huir de París para evitar ser encarcelado en la Bastilla.12 No obstante, como era costumbre en el Antiguo Régimen, las cuestiones generales se mantenían irresueltas mientras todas las partes involucradas continuaban sus negocios habituales, buscando cómo obtener cualquier apalancamiento siempre que fuera posible. El Código de 1723, aplicable a todo el reino en 1744, siguió determinando las normas del comercio del libro, y fue puesto a prueba durante los conflictos de mediados de siglo, inclinándose en una u otra dirección.
Los incidentes más conocidos despertaron la simpatía de tres autores del siglo XVII, el cual sería conocido en retrospectiva como “le grand siècle”: Thomas Corneille, Jean de La Fontaine y François Fénelon. La obra de Voltaire Le Siècle de Louis XIV, publicada en 1751, difundió la idea de la era dorada bajo el reinado del Rey Sol, cuando la civilización francesa alcanzó su momento más alto, gracias en gran parte a la grandeza de sus escritores. Lamentablemente, algunos descendientes de los escritores cayeron en desgracia durante el siguiente reinado. Si hubiesen tenido la oportunidad de recibir ingresos por las ventas continuas de las obras de sus antecesores, su situación habría cambiado, pero los privilèges seguían en manos de los libreros. En 1764 Voltaire rescató a una descendiente de Corneille (no de línea directa, como pensó inicialmente, ni tampoco sumida en la miseria absoluta, como él era afecto a proclamar) con la producción de una nueva edición de la obra de Corneille (profusamente anotada y por lo mismo elegible para un nuevo privilège), cuyas ganancias le cedió proclamando con gran alharaca el deber de la nación de honrar la memoria de sus más grandes autores. El privilège de las obras de La Fontaine había sido vendido y revendido a varios libreros, pero el Consejo del rey ignoró esas transacciones y en 1761 otorgó un privilège por 15 años a sus nietas empobrecidas. Al ver amenazada su fuente básica de ingresos, los oficiales del Gremio controlaron el asunto comprando el nuevo privilège y entregando el dinero de la venta a las nietas. En cuanto a las obras de Fénelon, el Consejo del rey decretó en 1771 que el privilège original no podía continuar sin el consentimiento de sus herederos, pero tras una larga batalla legal los tribunales ratificaron el reclamo de los libreros, dejando el asunto de las continuations sin resolver pero manteniendo la renovación indefinida. Por otra parte, no obstante, un autor menor pero audaz, Pierre-Joseph Luneau de Boisgermain, tuvo el atrevimiento de producir una nueva edición profusamente anotada de Racine para venderla por su cuenta, pese a no ser miembro del Gremio. El Gremio protestó ante tan flagrante violación del Código de 1723, pero en 1770 el Consejo del rey falló a favor de Boisgermain.13
Si bien estos casos sugieren una inclinación creciente de las autoridades a favor de los autores, tuvieron muy poco efecto acumulativo y dejaron muchas interrogantes en el aire: ¿Tenían los autores derechos sobre sus obras? ¿Acaso los derechos de los libreros derivaban de los privilèges otorgados por la Corona? ¿Era la temporalidad de los privilèges indefinida? ¿En verdad el monopolio virtual de los miembros del Gremio parisino sobre los privilèges justificaba la exclusión virtual de los libreros provinciales de la industria editorial? Aun cuando las reglas que regían la industria permanecieron tan oscuras como un siglo antes, los libreros y los impresores siguieron adelante con sus negocios habituales… y la industria floreció. Las décadas centrales fueron las mejores del siglo para Francia en todo su territorio; las cosechas redituaron ganancias récord, hubo crecimiento económico, la población aumentó, el consumo floreció y los índices de alfabetismo aumentaron: todos los indicadores apuntaban hacia la emergencia de una sociedad liberada de mucho de la miseria padecida un siglo antes. Obviamente, la ignorancia y la pobreza persistieron en una escala pavorosa, y los historiadores económicos disienten sobre la incidencia y el alcance de las condiciones de pobreza. Pero, en términos generales, Francia entró en una fase de crecimiento que contrastaba sustancialmente con la hambruna, la pestilencia y la guerra que habían diezmado a la población durante “le grand siècle”.14
Si bien la agitación de la sociedad de consumo que surgía sin duda estimuló el comercio del libro, no produjo nada parecido al gran público lector que emergió a mediados del siglo XIX.15 No obstante, en lugar de la reducida élite que compraba libros devocionales y clásicos latinos en la era de Luis XIV, un público lector heterogéneo, formado principalmente por profesionistas, el clero y la nobleza, ahora gastaba varias docenas de libras al año en una variedad cada vez mayor de libros. Entre los nuevos géneros populares estaban las obras de ficción y de filosofía que con el tiempo se identificaron con la Ilustración. De hecho, las obras más importantes de los philosophes aparecieron impresas durante los años centrales del siglo, de De l’esprit des lois (1748) de Montesquieu, Lettre sur les aveugles (1749) de Diderot y Discours sur les sciences et les arts (1750) de Rousseau, hasta Contrat social (1762) y Émile (1762) de Rousseau y Candide (1759), Traité sur la tolérance (1763) y Dictionnaire philosophique (1764) de Voltaire. Esta sucesión de obras filosóficas estaba enmarcada por la Encyclopédie de Diderot, cuyo primer volumen apareció en 1751 y el último de texto (el volumen 17; el último de 10 volúmenes de láminas apareció en 1772) fue publicado en 1765.
En retrospectiva, las publicaciones de aquellos años pasmosamente creativos, de 1748 a 1765, marcaron tan profundamente la cultura francesa que todo el siglo se conoció como la Era de la Ilustración o Siglo de las Luces. En aquel tiempo, no obstante, la atención pública se centraba en otros asuntos: el jansenismo (una variante de catolicismo austero, condenado como herético por el papado); los asuntos de los parlamentos (tribunales de justicia que solían oponerse a los edictos reales, aunque no fueron cuerpos representativos comparables con el Parlamento inglés); intrigas de la corte (el ascenso y caída de facciones y amantes reales, como el caso notable de madame de Pompadour); las victorias del mariscal de Saxe durante la Guerra de Sucesión austriaca (1740-1748); la pérdida de un imperio de ultramar durante la Guerra de los Siete Años (1756-1763); y la disolución de los jesuitas (1764). ¿Acaso Voltaire era más conocido por los parisinos que “le Grand Thomas”, un sacamuelas teatral que operaba en el Pont Neuf? Es probable, aunque sería erróneo suponer que Francia dedicaba la mayor parte de su atención a los philosophes. Sus obras ocupaban un sector relativamente pequeño del mercado literario antes de 1765, cuando la Ilustración ingresó en una nueva fase marcada más por la popularidad que por la creación. El público lector consumía libros devocionales, sermones, memorias de viajes, historias, tratados médicos, tratados de historia natural, manuales de autoayuda y literatura de todo tipo, desde chapbooks hasta clásicos, algunos en latín y la mayoría traducidos al francés.
Todos esos libros se publicaron con privilèges pertenecientes a miembros del Gremio parisino, y prácticamente todos fueron editados en ediciones piratas. La piratería era una respuesta inevitable al monopolio del Gremio y las restricciones de publicación impuestas por el Estado. Tras su fracaso en la guerra comercial con los parisinos del siglo anterior, los libreros provinciales recurrieron al comercio de contrefaçons (falsificaciones, publicaciones falsificadas), ilegal pero lucrativo. Algunos de ellos, principalmente en Lyon y Ruán, produjeron sus propias ediciones piratas, aunque la mayoría dependían de importaciones del extranjero. Los editores extranjeros de libros franceses habían proliferado desde el siglo XVI, cuando Ámsterdam y Ginebra distribuyeron obras protestantes a los hugonotes dentro de Francia. Este comercio creció hasta convertirse en una industria importante a la par de la persecución creciente de los hugonotes que culminó con la revocación del Edicto de Nantes de 1685, que proscribió el protestantismo en Francia y privó a los protestantes de derechos civiles. La diáspora de hugonotes refugiados a finales del siglo XVII incluía impresores y libreros, que se unieron a sus predecesores o establecieron sus propios establecimientos a lo largo de las fronteras de Francia. Hacia 1750 una cadena de casas editoriales se extendía por el norte y el oriente de Francia, de Ámsterdam a Ginebra y hasta el sureste en Aviñón, el enclave papal en la Provenza. Además de panfletos protestantes, esos editores producían todas las obras que la censura no aprobaría dentro del reino, entre ellas la mayor parte de las de los philosophes. Algunos editores —entre ellos Marc-Michel Rey en Ámsterdam, Jean-François Bassompierre en Lieja, Pierre Rousseau en Bouillon y Gabriel Cramer en Ginebra— produjeron series especiales de literatura ilustrada. Los hubo que abrazaron la causa de la Ilustración —como sin duda Rey y Pierre Rousseau—, principalmente la tolerancia y la razón en oposición a la persecución y la intolerancia, aunque la falta de documentación impide determinar su grado de compromiso. Pero, sin importar sus convicciones personales, los editores eran negociantes, y su negocio era satisfacer la creciente demanda de libros: de todo tipo de libros, no sólo los pocos que la posteridad ha seleccionado en sus historias de la literatura francesa.16
El incremento de la demanda no podía satisfacerse desde la estructura del comercio del libro heredada del siglo XVII. Para 1750 un público lector ampliado estaba deseoso de comprar una abundante variedad de literatura a los precios más bajos posibles, y los libros producidos en París eran mucho más caros que los publicados en el extranjero. Los editores parisinos normalmente tenían que comprar un texto al autor e imprimirlo con los parámetros de calidad establecidos por los edictos reales. Los editores extranjeros podían reimprimir libros cuya posibilidad de venta estaba probada, pagaban menos por el papel y el trabajo y podían eliminar lo que llamaban luxe typographique, esto es, márgenes amplios, espacios holgados entre letras y líneas, y el uso de nuevas tipografías, ilustraciones, notas y apéndices. Sólo rara vez intentaban los piratas falsificar (contrefaire) una edición original reproduciéndola exactamente igual, y no titubeaban en recortar un texto e incluso agregar nuevo material si consideraban que los cambios podían incrementar sus ganancias. Ellos representaron un nuevo elemento en la historia editorial: la producción de libros de baja gama para un mercado de lectores masivo. Para ello, obviamente, debían hacer pasar los libros a través de la frontera y colocarlos en las librerías de toda Francia, lo que llegaba a ser una empresa compleja y costosa. Pero los editores extranjeros acabaron por depender de los libreros provinciales que habían sido relegados a los márgenes de la industria por los parisinos monopólicos. Para mediados del siglo XVIII, la tendencia dominante en la publicación había cambiado de un comercio de lujo centrado en París a un amplio mercado nacional basado en la colaboración entre piratas extranjeros y minoristas provinciales.
Este argumento tiene sus matices, como se verá más adelante, pero se apega a la opinión del oficial a cargo del comercio del libro, Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, quien fungió como director del comercio del libro en aquellos años cruciales de 1750 a 1763. En 1759, a petición del Delfín, heredero al trono de Luis XV, Malesherbes escribió cinco Mémoires sur la librairie confidenciales. Aunque difícilmente podía abogar por la derogación de regulaciones que habían regido el comercio durante al menos un siglo, argumentó que el sistema se había vuelto radicalmente disfuncional. Los procedimientos establecidos para otorgar privilèges eran tan estrictos que excluían una enorme cantidad de literatura contemporánea. De hecho, como mencionó más adelante en su Mémoire sur la liberté de la presse, una persona que sólo leyera libros con privilèges estaría “atrasado un siglo” respecto de la vida intelectual del momento. Como medida para sortear la poca flexibilidad del sistema oficial, Malesherbes defendió el uso de “permisos tácitos”, un resquicio regulatorio que se remontaba a 1709 y permitía publicar libros sin privilèges. Para obtener un permiso tácito el libro debía ser aprobado por un censor, pero la aprobación permanecía en secreto y la portada solía indicar que había sido imprimido fuera de Francia, incluso aunque se hubiese hecho en París. En caso de que el contenido resultara ofensivo para una autoridad, como un obispo, un poderoso magistrado del Parlamento de París o un influyente miembro de la corte, el libro podía retirarse discretamente del mercado sin poner en riesgo a la Corona. Bajo Malesherbes, los permisos tácitos aumentaron considerablemente, de 14 a 79 en promedio anual, esto es, cerca de 30% de todos los libros autorizados durante su periodo como directeur de lalibrairie.17
La administración de Malesherbes ha sido considerada con justicia como un periodo crítico para la supervivencia de la Ilustración. Con sólo 27 años de edad al asumir el cargo del comercio del libro, Malesherbes simpatizaba con muchas de las ideas defendidas por los philosophes, y en varias ocasiones intervino para protegerlos. El caso más sonado ocurrió en 1759, cuando parecía que todos en el poder, desde el papa hasta el Parlamento de París, el Consejo del rey, la Sorbona y muchos miembros influyentes del clero, los jesuitas en particular, estaban determinados a destruir la Encyclopédie. Después de la publicación del volumen 7, el Consejo del rey revocó su privilège y Malesherbes informó secretamente a Diderot que la policía estaba por irrumpir en su estudio para confiscar sus escritos. Desesperado por salvar sus materiales de trabajo, Diderot le preguntó dónde podría resguardarlos, y Malesherbes le hizo un favor al llevarlos a su propia casa, donde le aseguró que nadie pensaría en buscarlos.18 Aunque la historia ha sido contada tan frecuentemente que ha adquirido visos de mito, Malesherbes ciertamente proporcionó la protección necesaria para que Diderot continuara trabajando y para que los últimos 10 volúmenes aparecieran en París con la falsa dirección de Neuchâtel en 1765. No obstante, es probable que los factores decisivos hayan sido políticos y económicos. Con la revocación del privilège, Malesherbes impidió que el Parlamento de París interfiriera con la autoridad de la Corona sobre el comercio del libro, y salvó a los editores de la Encyclopédie, un consorcio encabezado por André-François Le Breton, de perder una fortuna. Le Breton fue uno de los pocos grandes empresarios del Gremio parisino, y el negocio de la Encyclopédie, que cambió de manos y tuvo muchas ediciones, produjo millones de libras de ganancia, una suma más alta, según sus patrocinadores, que cualquier otro libro en toda la historia editorial francesa.
Pese a sus conexiones con los philosophes, difícilmente podríamos considerar a Malesherbes como el agente de la quinta columna de la Ilustración. Hijo del canciller Guillaume de Lamoignon de Blancmesnil, el jefe supremo del sistema judicial francés, Malesherbes era un servidor leal del Estado. Paralelamente a su cargo como director del comercio del libro sucedió a su padre como primer presidente de la Cour des aides, que apelaba casos fiscales. Es probable que dedicara más tiempo a cuestiones impositivas que a los libros. De hecho, su conocimiento del comercio del libro parece haber sido limitado, pues dependía de un reducido grupo de asesores y no mantenía correspondencia regular con las chambressyndicales de los gremios provinciales que supuestamente regulaban el mercado fuera de París. Su principal interés no fue simplemente liberar las publicaciones de algunas limitaciones de la censura, sino también hacerlas económicamente más viables. Detestaba el “odioso monopolio”19 del Gremio parisino y lamentaba el traslado del trabajo de impresión a imprentas fuera de Francia, una jugada que provocaba pérdidas de capital en el reino y promovía la venta de ediciones piratas, en especial en las provincias, a las que había afectado tan dolorosamente el dominio de París. Sin embargo, pese a sus buenas intenciones, Malesherbes no logró transformar el sistema. En 1763 dejó el cargo casi como lo había encontrado en 1750.
Cuando su sucesor, Antoine Raymond Gabriel de Sartine, asumió la Dirección en 1763 estaba claro que el Estado necesitaba implantar reformas para acabar con los abusos e inequidades de la industria editorial. Sartine sentó las bases de un nuevo código general del comercio del libro mediante un exhaustivo diagnóstico de todas las imprentas y librerías del reino. Los intendants reales y sus subordinados (subdélegués, por lo general oficiales locales sin sueldo) llenaron formas con reportes detallados sobre imprentas, tipografías, empleados, géneros de libros a la venta, valor estimado de las existencias, la reputación de los libreros y el alcance del comercio en su región. Aunque con anterioridad el Estado había reunido esa información, principalmente en 1701, jamás había acumulado tantos datos sobre una industria que a esas alturas se había convertido en una fuerza poderosa, a pesar de estar sujeta a un código regulatorio arcaico.20
El cabildeo para impulsar el nuevo código adquirió fuerza desde el momento de la llegada de Sartine. La memoria de Diderot, o la versión expurgada enviada al Gremio en 1764, fue el primer disparo de la nueva batalla para determinar la política gubernamental. Como hemos mencionado, los oficiales de la Dirección lo recibieron con escepticismo porque reconocían los intereses creados que conllevaba, aunque también consideraron otros factores, como el problema de la piratería. Durante la primera mitad del siglo los libreros provinciales habían dependido cada vez más de las contrefaçons, mientras los editores parisinos siguieron extendiendo su monopolio de privilèges y la demanda de libros baratos siguió creciendo.
Un incidente ocurrido algunos años antes, en 1752, reveló dramáticamente que esos factores —la demanda y la piratería— habían trastornado el mercado del libro.21 En el mes de septiembre los oficiales del Gremio de París recibieron información sobre la venta ilegal de contrefaçons
