Política con adverbios E-Book

Fabio Giraldo Jiménez

• Herausgeber: Universidad de Antioquia
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 196

Veröffentlichungsjahr: 2021

Beschreibung

Para entender la política se requiere de adverbios que indiquen, precisen, señalen, delimiten y distingan matices, tal como afirma en estas páginas Fabio Giraldo Jiménez.  Política con adverbios. Artículos de opinión, crítica y cultura política  tiene, precisamente, el atributo de los adverbios bien situados y que, por ello, aportan al discernimiento, a la deliberación y a la crítica de la política; mientras descorre velos, desnuda intereses y descifra claves del ejercicio de aquello que nos constituye como ciudadanos y que cotidianamente es objeto de menoscabo y despojo.  Los artículos aquí compilados se refieren a la política colombiana contemporánea, analizada desde el punto de vista de la ciencia política, el derecho, la filosofía y la historia políticas. La opinión urgente y cotidiana reclamada de la inmediata actualidad del país, que funge como un extraordinario "laboratorio" para el análisis político, se aborda con la profundidad derivada del bagaje académico, intelectual y literario del autor.  La opinión que aquí se expresa no pretende ofrecer una lección moral, pero en estos textos se advierte, transversalmente, una ética pública, una defensa del Estado de derecho y de la separación de poderes, y una opción por el derecho y la justicia, así como un compromiso con la construcción de paz. Se trata de textos que expresan un punto de vista cuya lectura enriquece enormemente la defensa y el afianzamiento de una cultura política democrática, para un público lector amplio que valora la independencia política, el rigor académico y la coherencia intelectual.   Juan Carlos Vélez-Rendón

Leseprobe

Política con adverbios

Artículos de opinión, críticay cultura política

Fabio Giraldo Jiménez

Colección Claves Maestras

© Fabio Giraldo Jiménez

© Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia

© Editorial Universidad de Antioquia®

ISBN: 978-958-501-026-0

ISBNe: 978-958-501-027-7

Primera edición: junio del 2021

Hecho en Colombia / Made in Colombia

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Presentación

Para entender la política se requiere de adverbios que indiquen, precisen, señalen, delimiten y distingan matices, tal como afirma en estas páginas Fabio Giraldo Jiménez. Este libro tiene, precisamente, el atributo de los adverbios bien situados y que, por ello, aportan al discernimiento, a la deliberación y a la crítica de la política; mientras descorre velos, desnuda intereses y descifra claves del ejercicio de aquello que nos constituye como ciudadanos y que cotidianamente es objeto de menoscabo y despojo.

Los artículos aquí compilados se refieren a la política colombiana contemporánea, analizada desde el punto de vista de la ciencia política, el derecho, la filosofía y la historia políticas. La opinión urgente y cotidiana reclamada de la inmediata actualidad del país, que funge como un extraordinario “laboratorio” para el análisis político, se aborda con profundidad derivada del bagaje académico, intelectual y literario del autor. Estas páginas se ocupan de temas variados que van desde el análisis constitucional actual que se remonta a las cartas decimonónicas, pasando por la descripción fina de nuestra artificiosa “clase política” hasta el examen más reciente del manejo por parte del gobierno de la emergencia derivada del COVID-19. Pero los artículos, hay que decirlo, van más allá de esa opinión vertiginosa y descuidada con que a veces se abordan estos asuntos y, por el contrario, motivan una lectura crítica de asuntos de indudable importancia para el público lector.

La forma escrita de los textos incentiva la lectura y pone al alcance de un lector interesado un punto de vista riguroso, pero accesible. En ese limitado margen de mil o mil quinientas palabras por artículo se exponen opiniones que tienen densidad y dimensión analítica, pero con un leguaje desenfadado y coloquial, que apela en ocasiones a la fina ironía, para involucrar e interesar a un lector cotidiano. Además, tienen el acento pedagógico inconfundible del escritor que es profesor y que no renuncia a usar sus “tribunas” para provocar la duda y aportar claridad y discernimiento a asuntos complejos y a veces de difícil comprensión. Los textos tienen pues el respaldo de una actividad docente universitaria, que se adapta versátilmente a la forma condensada y sintética de la columna de opinión.

La opinión que aquí se expresa no pretende ofrecer una lección moral, pero en estos textos se advierte, transversalmente, una ética pública, una defensa del Estado de derecho y de la separación de poderes, y una opción por el derecho y la justicia, así como un compromiso con la construcción de paz. Ese punto de vista desde una ética pública descubre, desde luego, el interés privado y privatizador del funcionario corrupto, al político mañoso, al líder sinuoso y al juez venal. Sin que propongan una cruzada moral, los textos concitan el interés ciudadano y son una invitación a un mayor compromiso en la defensa de principios, valores y prácticas inherentes a la vida democrática. En este sentido, la compilación de textos da cuenta, entonces, de una unidad de pensamiento que refleja, a la vez, una posición política coherente y consistente con principios y valores de una ética pública, en un entorno en el que son constantemente asediados por la corrupción, el autoritarismo y el unanimismo.

Las reflexiones en la mayor parte de los artículos se refieren a la actualidad política colombiana, pero no pierden vigencia, por un lado, por esa triste situación de nuestra política en la que, parece, en ella todo cambia para que permanezca igual; por otro, porque en aquel punto de vista académico y político de las columnas subyace un llamado a la defensa de valores instaurados en nuestra Constitución de 1991, que es objeto de cotidianos e inconclusos embates de sectores del establecimiento que quieren preservar un statu quo en donde se reproducen la desigualdad, la inequidad y la violencia en la sociedad colombiana, contra el espíritu progresista que aquella traza como horizonte político colectivo. Incluso, en aquellos textos que se agrupan bajo el título de “Privacidades”, en donde surge una dimensión más personal del autor, aparece el ser moral y político, el hombre ilustrado, acaso un optimista informado que no renuncia a la búsqueda del “conocimiento de cómo va el mundo”, pero que tampoco se abstiene de expresar de manera pesimista que no va bien y, que, por ello, escribe, dialoga y controvierte para que cambie el rumbo hacia el horizonte que dibujaba aquella Carta: el de una sociedad inclusiva, pluralista y democrática.

El lector tiene en sus manos artículos escritos con pasión, pero no por ello poco ponderados. Reflejan un compromiso del autor, que es distinto al sesgado, fútil e incendiario de apologistas de la arbitrariedad, del poder autoritario y la acción directa. Al tiempo, tienen la distancia del agudo observador y analista que no pretende neutralidad o asepsia política. Se trata, pues, de textos que expresan un punto de vista cuya lectura enriquece enormemente la defensa y el afianzamiento de una cultura política democrática, para un público lector amplio que valora la independencia política, el rigor académico y la coherencia intelectual.

Juan Carlos Vélez-Rendón

Profesor

Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia

I

Derecho, constitución,poder judicial

La Corte embrujada

Es muy grotesca la imagen de una sesión de la Corte Constitucional convertida en batahola de posesos y de los magistrados en sus trajes de togado brincando como peleles de goma entre pupitres, paredes y techos, con los ojos brotados y enrojecidos, el cabello espeluznado, escurriendo babaza por boca y nariz, carcajeándose como guacharacas en concierto y despachando malparideces en lugar de sentencias constitucionales.

Pero es muy difícil evitar esa imagen si el fiscal general de la nación, quien detenta el máximo poder punitivo, divulga en rueda de prensa que los magistrados de la Corte son víctimas de espionaje ilegal e informa en el mismo evento, pero de refilón, que al menos uno de ellos también es víctima de hechicería. Si en verdad eso ocurre, como sugiere el fiscal, la hechicería, en la modalidad de magia negra, puesto que en este caso se trata de una práctica maliciosa, sería un complemento a la sofisticada técnica de las chuzadas telefónicas o una estrategia para disimularlas.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación judicial se sospecha —y la suspicacia es la virtud artesanal de nuestros fiscales más políticos que investigadores— que la mencionada práctica brujeril que tiene por objetivo a uno de los jueces supremos, se ordena desde la celda de un presidiario rico o desde la oficina secreta de un conspirador oficioso, y se olisquea además que para el efecto se utiliza el más común de los hechizos, que consiste en chuzar con agujas un muñequito de trapo que simula a una persona a la que se le quiere hacer daño o de la que se quiere engatusar su voluntad, porque aunque no podrían descartarse, parecen más difíciles de practicar sobre un magistrado el aojo o el enyerbamiento con bebedizos. Y haciendo gala de la misma deductividad enfebrecida a que nos tiene habituados el máximo detective de la nación para inducir sospechas en la opinión, podría uno inferir a su vez que en esos subterráneos del poder delincuencial y político no se está chuzando uno sino seis muñequitos y tres muñequitas que representan a todos los miembros de la Corte.

Sin duda hay una gran diferencia entre la rudimentaria aunque ancestral técnica de chuzar muñecos para enloquecer o zombificar a las personas sometiendo su voluntad y su razón, y la sofisticada técnica de instalar un software espía en un teléfono para monitorear llamadas, mensajes de texto, redes sociales, o para rastrear su ubicación con el fin de chantajear y dominar a las personas. Y hay, por supuesto, diferencias en la verificación de la eficiencia de ambas técnicas, que se mediría, en un caso, por la capacidad de interferir en las sentencias de la Corte chuzando muñecos con toga y, en el otro, chuzando directamente los teléfonos de los magistrados de carne, hueso y toga.

Por eso resulta extraño que un hombre que tiene excelsa formación jurídica positivista, que actúa públicamente con un radical pragmatismo y que es fiscal de un Estado jurídicamente moderno y además laico, deje la impresión de que se puede homologar la hechicería como un tipo penal. Y por eso cabe la sospecha de que ese suspicaz descache no se presenta como indicio para abrir una investigación judicial, sino que se lanza al medio ambiente político como un expediente para inducir opinión. Sabe bien el fiscal, hombre de leyes y sagaz político, que insinuar brujería en las decisiones de la Corte puede ser inocuo jurídicamente, pero no lo es políticamente. Ni bobo que fuera.

Si el actual fiscal Néstor Humberto Martínez Neira (nhmn) solo fuera el hijo de don Humberto Martínez Salcedo, benemérito libretista, humorista y comediante de muy refinado, inteligente y aguzado sarcasmo, podría entenderse que la alusión a la hechicería es un chascarrillo, muy cachacón él, que le viene del maestro Salustiano Tapias, el personaje inolvidable que su padre representara con cuidadosa maestría en la famosa comedia Don Chinche. Pero no. El fiscal tiene otra biografía que envidiaría José Fouché y de la cual da fe una larga y exitosa carrera de abogado y de político en la que se ha movilizado sin aduana entre los intereses públicos y privados, con habilidad de volatinero e insaciable ambición todavía insatisfecha. Por eso, conociéndolo como lo conocemos, esa alusión a la hechicería para interferir sentencias jurídicas, sin más explicaciones y soltadita con calculada socarronería, es un caminillo para embolatar la atención del público e inducir al descrédito de la Corte uniéndose al coro de los que por temor la insultan cuando no logran ajustarla a sus prontuarios y propósitos.

Porque de paso, y haciendo gracias que no van con su adustez y aspereza, nhmn abre el espacio para desacreditar a la Corte Constitucional ante una opinión siempre más dada a la magia que a la razón induciendo la idea de que si es desafecta con sus amigotes nacionales y transnacionales es porque los magistrados están hechizados, aojados, enyerbados o embarbascados y no merecen ninguna credibilidad ni visa para Disney World.

No me cabe duda de que algo anda muy mal en la seguridad jurídica si hay más de doscientos funcionarios de la rama judicial sindicados o presos por corrupción. Como tampoco me cabe duda de que esta coral de descrédito dirigida hipócritamente por miembros del gobierno y del partido gobernante va más allá de estos nefandos episodios de corrupción a los que ellos han contribuido; y va más allá porque se pretende subvertir la supremacía constitucional y su mecanismo de cierre jurídico para que el gobierno de turno y su mayoría hagan y cambien leyes sin ningún control, poniendo en máximo riesgo al Estado de derecho, del cual la Corte Constitucional es guardiana, más allá de los magistrados que la conformen actualmente y de los muñecos que se chucen en las cárceles de alta seguridad y confort y en las oficinas oficiosas. Y, en fin, tampoco me cabe duda de que el actual gobierno norteamericano, durante los desayunos americanos del embajador con miembros del gobierno colombiano, hace mella del descrédito de nuestra Corte socavando la soberanía jurídica nacional.

Y qué poco honor les hacen a la dignidad de esa soberanía y a la majestad de nuestro Estado de derecho nacional quienes lloran por un papel, que eso es una visa, o añoran el soso mantel de la embajada gringa, siendo el mundo tan ancho y habiendo tantos y mejores restaurantes para desayunar.

p.d. ¿Será que si a uno le quitan la visa para usa, no puede leer literatura gringa o escuchar jazz?

Portal web Universidad de Antioquia, Medellín, mayo 13 del 2019

La Corte o la calle

Tan vehemente como detallada y legítima fue la explicación que hizo el senador Álvaro Uribe Vélez sobre su actual insuceso jurídico. Su representatividad política se lo exigía como deber con sus votantes. La coherencia lógica de sus argumentos y el detalle de sus explicaciones se demuestran muy profesionalmente elaboradas y un buen suplemento para el discurso político que busca hacer del asunto causa política favorable.

Lo que no me parece correcto es el coro que desafía con sacar a la calle su asunto judicial, como no me gustó que se retara con devolver al monte el de Santrich; en estas amenazas se presume que la vox populi o el armato populo tiene más valor que la decisión judicial porque se trataría de personas suprahistóricas o demasiado humanas.

El derecho tiene protocolos muy rígidos para aceptar o rechazar como pruebas judiciales los testimonios, la fama o la infamia. La vieja práctica de los “memoriales” de agravios y desagravios ya no se acepta en los procesos y la buena o mala fama de un personaje ya no forma parte del expediente so pena de prejuicio o de perjurio. Los hechos jurídicos son diferentes de los hechos. En lenguaje común tendría sentido decir que el protocolo judicial deshumaniza al reo porque lo abstrae de múltiples circunstancias “que no son del caso” porque no tienen importancia para el proceso jurídico aunque la tengan en grado sumo para su historia personal y la de sus querientes. Es por eso que se representa ciega a la justicia y que se asume como costo de su imparcialidad esta especie de ceguera sin la cual no sería eficiente ni eficaz. Y si la Corte no actúa en consecuencia con ese principio, mucho más en un caso como este, tan sensible para una sociedad crispada y nerviosa, no sería tribunal judicial sino Corte de áulicos, de difamadores, o un corrillo de chismosos. Avisada debe estar la Corte Suprema de Justicia de que todos sus miembros, como aquellos a quienes decide juzgar, son solo “sujetos jurídicos”.

Yo presumo la inocencia jurídica del ciudadano Uribe Vélez por la simple razón, también jurídica, de que aún no ha sido vencido en juicio, aunque la inexistencia de pruebas no sea prueba de su inexistencia; es decir, lo presumo inocente jurídicamente ante la justicia colombiana por razones muy distintas de quienes ya lo condenaron o lo absolvieron. Y por la misma razón presumo la objetividad de la Corte Suprema de Justicia. Por ello tampoco concuerdo con la estrategia de deslegitimarla para potenciar el argumento callejero, el montaraz, el suprahistórico, el suprahumano o el extrajurídico. La estrategia podría ser eficiente políticamente en el corto plazo para los que son fuertes hoy sin calcular que pueden ser débiles mañana, porque se compromete la imparcialidad y la seguridad jurídica no solo del presente, sino también del futuro, si por resolver una afugia le dejamos a la generación siguiente la costumbre de resolver motivados por el olor que nos trae el viento, como hacen los perros y las ratas. No podemos caer en los extremos de sacrificar un mundo para salvar a un hombre o sacrificar a un hombre para salvar un mundo.

La modernidad de la sociedad política se mide por su capacidad para llevar a la práctica con eficiencia el principio según el cual el derecho se construye y se enseña para controlar el poder bruto mediante normas y procesos de decisión. Invertir esta secuencia no es más que la reivindicación de la primacía del poder bruto o del poder político sobre el derecho y renunciar a la gran conquista de la cultura jurídica moderna, que consiste en la limitación de poderes acostumbrados a la sumisión y a la dominación de hombres sobre hombres, como los poderes que se reclaman naturales, suprahistóricos o superhumanos, provengan estos de un patriarca, de un mesías, de un adalid, de un patrón o de un jefe de guerrillas o del jefe de una banda de pillos o de una masa de tuiteros encerrados en una bodega de gallinero.

Es un gravísimo infortunio que las fallas de funcionamiento del sistema judicial colombiano, a cuyo agravamiento han contribuido durante décadas los poderes políticos colombianos —todos—, agranden el mundo de lo irresoluto en el que ellos mismos han medrado a gusto y han vivido plácidamente en los límites de la legalidad, de la formalidad y de la eticidad. Por eso resulta, por lo menos, paradójico, que muchos de los que se reclaman víctimas de estas fallas artificiales hayan contribuido durante décadas a su formación o a su agravamiento por omisión o por comisión: parece como si se estuviera vivificando el extraño caso del Doctor Jekyll y Mister Hyde.

Que tengan problemas de funcionamiento, todos perfectibles, no legitima que se sustituyan las instancias judiciales por esa especie de vorágine irremediable a que nos pueden llevar la vox populi o el armato populo. Nunca hay que olvidar que los fortachones de hoy pueden llorar por la imparcialidad mañana.

Portal web Universidad de Antioquia, Medellín, agosto 3 del 2018

La personalidad de nuestras constituciones: Núñez y Caro

Siempre me ha llamado la atención la extraña alianza entre Miguel Antonio Caro y Rafael Núñez para hacer trizas la Constitución de 1863. Fue una especie de crossover político en el siglo xix entre Miguel Antonio Caro, un paramuno y eremita conservador ultramontano, cultamente formado en la filigrana del escolasticismo contrailustrado, y Rafael Núñez, un calentano liberal cuya efusividad de las épocas del Olimpo Radical resultó enfriada por la flema inglesa con la que convivió profusamente como diplomático y por la necesidad de santificar el amancebamiento con doña Soledad Román.

De la alianza entre ellos o de su argamasa política surgió una nueva, la de 1886, que, de acuerdo con lo que los dos pensaban que debía ser una Constitución y con la peculiar versión de la historia patria como historia sagrada, de M. A. Caro, no hizo más que restituir la continuidad de la historia artificiosamente naturalizada del pueblo colombiano y también artificialmente rota por el liberalismo radical que promulgó la de 1863 en la Casa de la Convención de la Hidalga Ciudad de Rionegro, donde aún se guardan sus vestigios como recuerdos de lo que pudo haber sido y no fue.

A propósito, coincidían Núñez y Caro en que una Constitución solo podría ser legítima si era expresión del “alma del pueblo”, en el mismo sentido que el volksgeist o“espíritu del pueblo”del romanticismo alemán de la época, también contrailustrado, que fue la base del nacionalismo romántico u orgánico según el cual la raza, la cultura, la religión y las costumbres de la nación identifican orgánicamente a los individuos y esa organicidad es el fundamento o esencia de la soberanía popular.

Arropados nuestros dos inmarcesibles próceres por esta ideología, fácilmente coincidieron en que la Constitución de Rionegro era espuria porque violaba el alma del pueblo colombiano al introducir novedades foráneas y exógenas como las que provenían de la ilustración francesa, del igualitarismo individual, del laicismo y de alguna que otra idea de justicia o de equidad social.

Para el filósofo de El Cabrero, la clásica distinción entre contenido y continente permite deducir, sin mayor razonamiento complejo —aunque algunos pendejos la asimilan con sublime y elaborada filosofía—, que una Constitución, antes que preceptiva o norma jurídica, es constitutio, que en latín, amada lengua de Caro, es acción y efecto de constituir y, por tanto, fundamento y origen de lo constituido. En consecuencia, la constitución es continente o recipiente cuyas características primigenias hacen que solo quepa allí aquello para lo cual está hecha, que son las peculiaridades del alma del pueblo del cual es recipiente. No puede ser de otra manera. Siendo el alma del pueblo un alma católica, bucólica, tradicionalista, conservadora, dócil, apacible, tranquila, adocenada, sumisa, obediente, mansa, disciplinada, dúctil, maleable, blanda, bonachona, humilde, doméstica, gregaria, resignada, suave, sacrificada, goda y Fuenteovejuna, no podría tolerar una Constitución para hombres rebeldes, ásperos, ariscos, malmandados, díscolos, facciosos, indómitos, insubordinados y obstinados, putos liberales y estrechos; ni mucho menos de mujeres marimandonas, zahareñas y paticontentas. La vasija o recipiente constitucional debía ser un cáliz, no un crisol.

Huelga decir que la Constitución de 1886 es típicamente descriptiva y resignada, y que la de 1863 es típicamente inconforme y proyectiva. Que la primera es un plan de desarrollo hacia el pasado y la segunda lo es hacia el futuro, o pretendió serlo. Junto a ellas hay otro tipo de constituciones, como la de 1991, que mantuvo un equilibrio entre las dos características hasta que fue desnaturalizada con las contrarreformas y lo será mucho más si se cumple la amenaza —o promesa— de que se “limará” lo último que queda de modernizante de esa constitución, que es la Corte Constitucional y el derecho a la tutela.

La idea de espíritu o alma del pueblo, tan cara a los afectos ideológicos de Núñez y Caro, en la que asentaron la legitimidad de origen y de la cual derivaron todas las legitimidades, ha sido raigambre de los populismos actuales, cuya novedad estratégica consiste en rescatar e inducir un estado de opinión para fundamentar en él la soberanía, la legitimidad y la legitimación. Esta idea del romanticismo político decimonónico fue puesta en obra en toda su plenitud por el nacionalsocialismo alemán, que lo convirtió en la cultura política de la Alemania Nazi.

El Mundo, Medellín, diciembre 5 del 2017

Dos grandes documentos políticos

La Constitución de Rionegro de 1863 y el Documento de Medellín, que fue la proclama oficial de la Segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana (celam), de la cual se conmemora este mes de agosto el cincuentenario, son los documentos políticos más radicalmente modernizantes de la historia política colombiana producidos por fuentes de poder del primer nivel de jerarquía. Acostumbrados a que “la novedad venga más de la militancia que de la dirigencia”, estos documentos resultan contrahistóricos y especies de hipérbatos en la prosa aplanada en que está escrita la cultura política colombiana.

La una fue Carta Magna de los Estados Unidos de Colombia, elaborada por ambiciosos comerciantes y voluntariosos ilustrados, y como Constitución estatal llegó a tener carácter vinculante obligatorio de acuerdo con el derecho positivo; el otro fue la Carta Magna jurídica y política de la Iglesia promulgada en asamblea general por el episcopado latinoamericano y colombiano y refrendada por el Vaticano y, por tanto, vinculante obligatoriamente de acuerdo con el derecho canónico de la Iglesia católica colombiana, cuyo poder político se ha desarrollado en paralelo y no pocas veces refundido con el poder del Estado.

Pero ambos documentos tuvieron una vigencia efímera y una obligatoriedad pasajera. Se ha dicho que su poca vigencia se debe a que fueron documentos políticos extraños a la vernácula colombiana. Y en efecto lo fueron, pues sus intenciones eran más prescriptivas que descriptivas; quisieron ser locomotoras y no vagones.

La Constitución de Rionegro se ideó como un plan de desarrollo para el futuro; para promover la modernización radical de la Colombia feudal y monacal. Pero no aguantó el peso de unas tradiciones a las que Núñez y Caro, artífices intelectuales de la Constitución sucesora de 1886, llamaron el “alma del pueblo colombiano”, que debería quedar “descrita” en la nueva Constitución so pena de deslegitimación; y no aguantó, como era de esperarse, el desorden y el descontrol que ella misma produjo por su holgada libertad económica y social.