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- Herausgeber: El Colegio Mexiquense
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La reflexión que propone este libro, señalan los autores, se articula a partir de dos ejes fundamentales del desarrollo sostenible: la dimensión social y la ambiental. Aseguran que los diferentes estudios muestran la urgencia de buscar cambios en lo que hacemos y en cómo lo hemos venido haciendo, ya que si bien la pobreza, la marginación y la desigualdad siguen siendo problemas prioritarios en el Estado de México, se han venido agravando por los efectos del uso intensivo de los recursos naturales. Enfatizan que el dilema entre el impulso a las actividades económicas que definió la dinámica de la entidad- con el disfrute pleno de los derechos sociales y la conservación del medio ambiente aumenta la complejidad de los problemas sociales y ecológicos. Subrayan que estudiar los procesos de desarrollo a nivel municipal y estatal contribuye a tener una mejor comprensión de dicha complejidad y a proponer soluciones adecuadas. Destacan que de esta manera, se pueden diseñar políticas públicas integrales orientadas a revertir las tendencias de deterioro social y ambiental.
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Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2022
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Ähnliche
El Colegio Mexiquense, A. C.
Dr. César Camacho Quiroz
President e
Dr. José Antonio Álvarez Lobato
Secretario General
Dr. Raymundo César Martínez García
Coordinador de Investigación
303.4725 p962
¿Problemas complejos, soluciones nuevas? Debates sobre el desarrollo social y sutentable en el Estado de México / Gloria Jovita Guadarrama Sánchez, Wendy Ovando Aldana, Judith Pérez Soria, coordinadoras —Zinacantepec, México: El Colegio Mexiquense, A.C., 2019.
299 p.; mapas y gráficas
ISBN: 978-607-8509-53-9 (edición impresa) ISBN 978-607-8836-04-8 (edición electrónica)
1. Desarrollo social y participación ciudadana —México (Estado). 2. Pobreza y marginación — México (Estado). 3. Migración interna — México (Estado). 4. Desarrollo sustentable — México (Estado). I. Guadarram Sánchez, Gloria Jovita, coord. II. Ovando Aldana, Wendy, coord. III. Pérez Soria, Judith, coord.
Edición y corrección: Rebeca Ocaranza Bastida y Elsa Cecilia Cota DíazDiseño y cuidado de la edición: Luis Alberto Martínez LópezFormación y tipografía: María Eugenia Valdes HernándezDiseño de portada: Fernando Cantinca Cornejo
Primera edición digital 2021
D.R. © El Colegio Mexiquense, A. C. Ex hacienda Santa Cruz de los Patos s/n, Col. Cerro del Murciélago, Zinacantepec 51350, México MÉXICO Página-e: www.cmq.edu.mx
Esta obra fue sometida a un proceso de dictaminación académica bajo el principio de doble ciego, tal y como se señala en los puntos 31 y 32, del apartado V, de los Lineamientos Normativos del Comité Editorial de El Colegio Mexiquense, A.C.
Queda prohibida la reproducción parcial o total del contenido de la presente obra sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito de los titulares de los derechos patrimoniales, en términos de la Ley Federal de Derechos de Autor, y en su caso de los tratados internacionales aplicables. La persona que infrinja esta disposición se hará acreedora a las sanciones legales correspondientes.
Impreso y hecho en México/Printed and made in Mexico
ISBN 978-607-8509-53-9 (edición impresa) ISBN 978-607-8836-04-8 (edición electrónica)
Índice
Introducción
Gloria Jovita Guadarrama Sánchez*
Uno de los rasgos de los tiempos que vivimos es la asombrosa velocidad a la que ocurren los cambios en todos los órdenes del panorama mundial; en unas cuantas décadas las personas han podido atestiguar transformaciones significativas que han cambiado el ritmo de la vida y han dado una nueva dimensión a los problemas humanos: los conflictos armados, los desplazamientos poblacionales, la pobreza, el desempleo, la desigualdad, así como las innegables potencialidades que ofrecen los avances científicos, las nuevas tecnologías, la comunicación, las redes sociales y el intercambio cultural; corrientes que cambian la geografía y las relaciones humanas y ponen en cuestión las formas de pensar el desarrollo de las sociedades. Se constata que hoy en día existen muchas dificultades para pensar y estudiar a las sociedades como las conocimos antes, los vertiginosos cambios en las interacciones humanas y en las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos demandan nuevos métodos de análisis acordes a las nuevas formas de hacer política. Han cambiado las fronteras y los límites de la acción pública; la globalización es también la extraterritorialidad, porque se interacciona y se generan impactos de y en todo el orbe.
Así, en coherencia con una sociedad globalizada y abierta donde los problemas sociales son cada vez más complejos y específicos y donde una respuesta centralizada y estandarizada por parte del Estado aplica sólo en algunas áreas es necesario cambiar las estrategias de política pública para alcanzar los objetivos de desarrollo. Como parte de esos procesos han surgido corrientes que cuestionan el papel del Estado y advierten cómo, ante la crisis profunda que se vive en el mundo, se requiere contar con proyectos alternativos de desarrollo y alcanzar cambios institucionales los cuales permitan garantizar los derechos y aprovechar mejor los recursos asegurando su sustentabilidad. Se puede decir que por distintas vías se ha venido estableciendo el consenso de que para alcanzar el desarrollo es necesario poner la economía al servicio de la sociedad.
En el caso particular de los estudios compilados en este libro y que se refieren al Estado de México como una de las entidades federativas en la que se concentran y combinan muchos de los problemas actuales del país, el supuesto del cual se parte para iniciar esta discusión es que los cambios recientes en la estructura productiva, social y familiar de la sociedad mexicana han generado desencuentros entre los esquemas tradicionales de formulación de las políticas y las nuevas necesidades y problemas que se viven en la nación, por lo que es indispensable revisar las estrategias y las experiencias que puedan marcar el rumbo hacia la consecución de mayor bienestar para la población. Otro punto de partida estriba en la imposibilidad de atender la formulación de estrategias sin observar la sustentabilidad del desarrollo como principio y fin de las transformaciones que puedan emprenderse en el país para aprovechar mejor sus recursos y potencialidades. La corriente que impulsa el cambio está también inserta en un nuevo mapa político que asume entre sus objetivos conformar esquemas y estrategias de desarrollo más equitativo para los mexicanos, lo que puede considerarse como dar prioridad al desarrollo social.
Si bien las preocupaciones por incorporar una dimensión social a las concepciones del desarrollo se encuentran presentes en los países del mundo desde los años cincuenta, la visión del desarrollo centrado en el ser humano forma parte de la coyuntura histórica de los movimientos sociales de principios de los años setenta. Incluso algunos estudios la ubican en los giros impuestos por la revolución social y cultural que cambió las concepciones prevalecientes sobre la vida y las libertades ciudadanas en aquel año crucial de 1968. Fue entonces cuando, como parte del esfuerzo por integrar al desarrollo dimensiones que incluyeran los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales de las poblaciones, surgieron los Índices de Desarrollo Humano (idh), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) y las Metas del Milenio. La propuesta fue resultado de la convocatoria que, hacia finales de los años ochenta, dirigió la Organización de las Naciones Unidas (onu) a destacados especialistas entre quienes se encontraba Amartya Sen para construir indicadores alternativos al producto interno bruto (pib) para medir el desarrollo; podemos decir entonces que son indicadores relativamente recientes. El enfoque dio un giro que propició avanzar hacia una versión holística que incluyó las nociones de bienestar y las capacidades de los seres humanos como parte del desarrollo (Gálvez, Gutiérrez y Picasso, 2011).
Así, el Índice de Desarrollo Humano impulsó cambios estructurales e institucionales, así como el compromiso de los países de realizar esfuerzos para que las personas puedan ejercer ese conjunto de capacidades y libertades básicas, las cuales son parte del bienestar individual y colectivo. Los compromisos resumidos en la Declaración y metas del milenio expresaban la convocatoria a un nuevo orden mundial que, ahora sabemos, fue en gran medida ilusorio. Con el paso del tiempo podemos constatar que los documentos internacionales actuaron como instrumentos de definición de compromisos generales, pero salvo excepciones no determinaron indicadores específicos de logro que sirvieran de impulso para todos los países.
A lo largo de los últimos 30 años y particularmente a partir de la formulación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm, 2000) y su revisión en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods, 2015), cuando fue aprobado el instrumento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” como la vía para encauzar los esfuerzos de los países,1 el concepto de desarrollo social ha ido construyéndose como una alternativa a las limitaciones impuestas por la visión del desarrollo estimado como crecimiento económico. La idea del desarrollo social involucra el desarrollo humano, el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida, la inclusión, la equidad y la sostenibilidad. Se coincide en que el desarrollo social aplicado a contextos particulares nacionales o regionales tendría que contemplar la conformación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos y sociales de todos y en el que las personas puedan ejercer sus capacidades y libertades. En dichas intencionalidades está implícito el compromiso de los países para, entre otras acciones, extender la protección social y acabar con la pobreza (objetivo 1), lograr ciudades y comunidades sostenibles y resilientes (objetivo 11); y proteger, restablecer y promover el uso de los ecosistemas terrestres (objetivo 15).2
La idea es que no es posible pensar el desarrollo sin tener a la vista la sostenibilidad de los sistemas generadores de bienestar y el ejercicio de los derechos sociales, que son determinantes para impulsar la demanda interna y la productividad, respaldar la transformación estructural de las economías nacionales y promover el trabajo decente. En el mismo sentido se incorpora el concepto de resiliencia que refiere a reducir las vulnerabilidades, garantizar la solidez de las opciones actuales y futuras de las personas para ejercer sus libertades y su capacidad para enfrentarse a acontecimientos adversos.3
En este contexto la discusión sobre desarrollo social y sustentable que se presenta en este libro es resultado del Coloquio “Estrategias de desarrollo para el Estado de México”, organizado por El Colegio Mexiquense y por el Centro de Investigación en Ciencias Económicas de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México, el cual tuvo entre sus objetivos comprender la dinámica de las transformaciones socioeconómicas en la entidad para el diseño de políticas y estrategias que se traduzcan en mayor bienestar para sus habitantes. Como una de las derivaciones de dicho intercambio académico, en esta obra se propuso rescatar las aportaciones de los investigadores y construir una plataforma de reflexión sobre los cambios recientes en la formulación de las políticas orientadas a la procuración del bienestar de la población y su articulación con las estrategias de desarrollo, particularmente, en el caso del Estado de México. Debe notarse en el contenido del libro la existencia de posiciones que marcan diferencias entre los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad. Desde algunos ángulos se mira el desarrollo sostenible como un proceso que busca dar continuidad al modelo económico de extracción de los recursos. En otra vertiente el desarrollo sustentable busca la permanencia de la disponibilidad de los recursos y funciones ambientales (Quadri, 1994). La sustentabilidad es así un concepto más amplio relacionado con la permanencia en el tiempo de condiciones de viabilidad y continuidad en los sistemas socioecológicos.4
Resulta evidente que en esta entidad federativa los cambios en su dinámica productiva, su crecimiento poblacional, la urbanización de su territorio, la inseguridad, la conformación de nuevos espacios de pobreza y las crecientes demandas sociales han ido generando contextos de crisis que han puesto en duda las capacidades del Estado para dar respuestas eficaces a las nuevas demandas y los nuevos retos sociales. De modo general se percibe que los últimos 30 años marcaron un cambio de época en la sociedad mexiquense: un periodo en el que recibió los impactos de los procesos globales de desindustrialización, de los nuevos modelos y formas de producción, de la transformación de los estilos de vida y los mercados de trabajo, así como de los movimientos hacia la urbanización de su territorio; movimientos y procesos que han afectado el bienestar de sus habitantes y generado nuevos y complejos problemas, que han hecho ineficientes y obsoletas las políticas sociales tradicionales, estandarizadas y fragmentadas.5 Igualmente se advierte que la entidad no ha logrado un desarrollo sostenible, no solamente hay un déficit entre los recursos financieros de que dispone y las erogaciones que necesitaría para atender las necesidades de la población, sino que hay un notorio desequilibrio entre la disponibilidad de sus recursos naturales y los requerimientos para su uso marcados por la sobrexplotación y el daño irreversible en algunos casos a sus ecosistemas, condiciones que han ido conformando una barrera de obstáculos a sus intencionalidades de desarrollo.
Solamente, a modo de ejemplo, se pueden mencionar los flujos migratorios hacia su territorio traducidos en asentamientos irregulares que obligaron al Estado a proporcionar servicios en dimensiones y zonas que escapaban a todo intento de planeación urbana y regional, movimientos que generaron un conjunto de demandas sociales, muchas de ellas todavía insatisfechas. Para enfrentar esos desafíos es necesario revisar los diversos factores de cambio y saber cómo han afectado la vida de los mexiquenses. Asimismo, frente a las políticas sectoriales y fragmentadas en múltiples programas sociales,6 se perfila indispensable formular nuevas estrategias de política que tengan en cuenta la heterogeneidad de los escenarios y las desigualdades de origen y que puedan abrir paso a nuevas formas de resolver los problemas sociales.7
A efecto de integrar la diversidad de posibilidades para abordar el fenómeno multidimensional del desarrollo el libro está estructurado en dos partes relacionadas entre sí. La primera, coordinada por Judith Pérez Soria, concentra la reflexión sobre el análisis de la pobreza, el desarrollo humano, la migración, la participación ciudadana y la cooperación internacional en los problemas del desarrollo. En la segunda parte, coordinada por Wendy Ovando Aldana, se examinan problemas clave para la sustentabilidad; aquí, el eje común es el análisis de los dilemas y obstáculos para el desarrollo sustentable. Por diferentes vías los autores estudian las estrategias para alcanzar equilibrios entre crecimiento económico, medio ambiente y bienestar; se pone en tela de juicio si las estrategias puestas en práctica en la entidad para la sustentabilidad de los recursos hídricos vinculan los procesos del sistema sociopolítico a los impactos de beneficio o daño a los sistemas ecológicos; se examinan problemas como la movilidad urbana y su incidencia para lograr ámbitos de bienestar y conectividad; y se revisan las contradicciones entre las vías de incremento a la productividad y la salud de la población y su entorno.
El hilo conductor común para el análisis del desarrollo sustentable en el presente texto es el impacto ambiental de las actividades económicas, es decir, las externalidades de los procesos productivos sobre el medio ambiente. En la discusión resalta la contradicción o el dilema que se presenta entre el impulso a las actividades económicas y la conservación del medio ambiente y el ejercicio de los derechos humanos. Otro dilema se aborda en la brecha entre los resultados de las actividades empresariales y el sustento, la salud y el bienestar de quienes utilizan los recursos naturales.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) ha establecido que los programas y las acciones estatales de desarrollo social buscan contribuir a la preservación de los derechos sociales y el bienestar económico de los mexicanos. El artículo 6º de la Ley general de desarrollo social establece que los derechos sociales son educación, salud, alimentación nutritiva y de calidad, vivienda, medio ambiente sano, trabajo, seguridad social y no discriminación.8 Las prescripciones legales destacan que el ejercicio de los derechos sociales y el bienestar económico están atravesados por dos dimensiones: 1. la equidad, para tener igualdad de oportunidades; y 2. los mínimos de bienestar que aseguran el acceso a satisfactores, capacidades y libertades implícitas en cada uno de los derechos. Así, un punto clave de las estrategias de política social seguirá siendo el reto de enfrentar las desigualdades, sobre todo, cuando resulta evidente que los programas han sido insuficientes para erradicar o, al menos, disminuir la pobreza, eliminar la discriminación y asegurar la protección social. Es claro que ambas dimensiones están imbricadas, puesto que la igualdad de oportunidades es codependiente de hacer asequible un conjunto de satisfactores mínimos. En este sentido la posibilidad de desarrollar capacidades y ejercer libertades como eje central del desarrollo es inseparable de la configuración de sociedades más equitativas y justas.
Ante la imposibilidad de abordar todos los factores y problemas asociados a esas dimensiones en este texto se presentan solamente algunos estudios en los ámbitos de la equidad, el bienestar, la sustentabilidad, la protección social y las estrategias de atención a la pobreza a partir de ejes transversales relevantes para el Estado de México como lo son la participación ciudadana y la consideración del capital natural como medio para producir rendimientos sociales. En esa perspectiva, derivada de la economía, se contempla el ambiente como capital ecológico, que es el conjunto de elementos de relevancia crucial para el desarrollo social, económico y para la calidad de vida incluyendo bosques, aire, suelos, clima, entre otros (Quadri, 1994).
Así, uno de los ejes comunes para la articulación del libro es que el desarrollo social está estrechamente relacionado con la garantía de los derechos sociales de todos los miembros de una sociedad. Lo anterior implica, por un lado, el involucramiento activo de las instituciones gubernamentales como agencias encargadas de asegurar la distribución equitativa de los bienes públicos y focalizar esfuerzos en aquellos sectores de la población más vulnerables y, por otro lado, la participación de los ciudadanos en el reclamo y el ejercicio de estos derechos.
Como lo señala el Plan de Desarrollo del Estado de México, 20172023, superar la pobreza, la pobreza extrema y las carencias sociales de la población del Estado de México es un proceso complejo que demanda el diseño de políticas públicas basadas en una visión de derechos sociales y humanos. Asimismo, se requieren estrategias e intervenciones focalizadas y transversales mensurables para poder dar seguimiento a los resultados. Por último, es necesaria la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno para evitar duplicidades o problemas operativos, haciendo un uso más eficiente de los recursos disponibles para la atención de poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema.9
Se observa que el eje principal de las estrategias que guiarán la intervención del gobierno en los próximos años es su alineamiento con las propuestas de la Agenda 2030, sobre todo, porque la elaboración del plan se realizó con la colaboración de organismos internacionales y se suscribió con el pnud un Convenio de Cooperación Técnica. En ese sentido se considera que la investigación académica ha dado poca importancia a las relaciones entre los gobiernos estatales y los organismos internacionales y que es importante, como lo propone uno de los estudios comprendidos en este volumen, revisar las experiencias de cooperación internacional en el ámbito estatal y seguir el proceso de su instrumentación en los espacios locales; sobre todo si se mira como una oportunidad para introducir la discusión sobre la pertinencia y la orientación hacia el desarrollo sustentable en las estrategias gubernamentales.
Al examinar la dimensión social del desarrollo en el Estado de México, así como en la discusión sobre las estrategias y los problemas, es imperativo considerar que, en razón de la forma en la que se desenvolvió durante la segunda mitad del siglo pasado, caracterizado por un acelerado proceso de industrialización, el Estado de México se convirtió en un centro de desarrollo económico y en foco de atracción para la inmigración poblacional. Dichos procesos generaron un desarrollo desigual y diferenciado entre sus municipios, ya que al tiempo que algunos de ellos mantuvieron condiciones de ruralidad, marginación y rezago económico, otros se transformaron rápidamente en municipios urbanos de intensa actividad económica, industrial y manufacturera. Las nuevas condiciones incidieron para que la distribución de oportunidades de bienestar fuera inequitativa, puesto que los servicios de salud, educación y empleo se concentraron también en las zonas urbano-metropolitanas, en detrimento de las regiones menos desarrolladas y las zonas de población indígena.10 En dichos procesos se observa la configuración sociopolítica y territorial del estado como una entidad moldeada por la migración con diferentes polos de articulación del desarrollo en sus zonas metropolitanas y dinámicas demográficas diferenciadas para los municipios que se encuentran fuera de los círculos de la metropolización.11 La complejidad y la interacción de los procesos económicos con las dinámicas sociales fueron volviendo poco eficaces las estrategias gubernamentales, debilitadas ante los nuevos problemas y frente a las extensivas y múltiples demandas, configurando así un panorama en el cual la entidad mexiquense enfrenta actualmente numerosos desafíos.
En relación con este punto Paolo Riguzzi (2018) advierte la pertinencia de pensar también en términos de una perspectiva histórica para darse cuenta de la complejidad de los retos a los cuales los procesos de migración y crecimiento poblacional han arrastrado a la entidad. En 1950 el estado tenía alrededor de 1.4 millones de habitantes, es decir, alrededor de 5% del total nacional; en 60 años la población se ha multiplicado por diez. El estado concentra una población que equivale a 13% del conjunto nacional. Esto nos dice también que cuando uno apunta o hace un ejercicio legítimo de crítica o de señalamiento de errores no puede soslayar la enormidad de dicha transformación y las complejidades de encauzarla y gobernarla.
Por otra parte, en años recientes las actividades productivas centradas en el sector industrial y manufacturero han sido desplazadas gradualmente por el sector terciario —comercios, restaurantes y hoteles, principalmente—,12 cambios que han incidido en la composición de la fuerza de trabajo y en las oportunidades de empleo, y que ha repercutido también en una disminución en los indicadores de desarrollo. En relación con este punto el mapa de desarrollo del país destaca que el Estado de México tiene mejores resultados que el promedio nacional en calidad y espacio de la vivienda, así como más habitantes que cuentan con sanitario, energía eléctrica, agua entubada y menor rezago educativo, además de que la población ocupada que percibe ingresos de hasta dos salarios mínimos es también menor al promedio nacional.
A pesar de esos indicadores también se observa que una parte significativa de la población no tiene acceso a los servicios de salud, los indicadores de esperanza de vida son menores al promedio nacional y la tasa de mortalidad infantil es alta. Los índices de pobreza —aun cuando se han reducido— son también preocupantes: con base en información del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, en 2016 vivían en condiciones de pobreza 8 230 000 mexiquenses; de ellos, poco más de un millón se encontraban en situación de pobreza extrema.13 Ese conjunto de indicadores muestra situaciones adversas a las que la entidad deberá hacer frente en el futuro inmediato. Ello no quiere decir que no se hayan puesto en marcha programas destinados a solucionar los problemas de bienestar. En 2013 el Estado de México contaba con 90 programas de desarrollo social: 65 estatales y 25 federales. En 2014 se registraron 107 programas: 80 estatales y 27 federales.14 De conformidad con estos datos, el Estado de México es una de las entidades federativas que cuenta con un mayor número de programas sociales después de los estados de Yucatán y Tamaulipas. No obstante, resulta difícil si no imposible evaluar sus efectos en garantizar derechos sociales (Cejudo, Michel y Zedillo, 2018).
Un aspecto distinto, pero igualmente importante para analizar la incorporación de la dimensión social del desarrollo a las estrategias de gobierno, es la transformación que han tenido las políticas sociales las cuales pasaron de conformarse con una orientación de extensión de los beneficios sociales para toda la población a centrarse en sectores y poblaciones específicas; asimismo, ya desde finales de los años ochenta se desplazaron de los subsidios y prestaciones dirigidos a los más pobres, a las transferencias monetarias focalizadas. Una parte de la reflexión lleva a considerar que los programas de transferencias monetarias, que actualmente se han convertido en el eje principal de la política social, forman parte de los procesos de liberalización económica los cuales restringen la provisión del bienestar a la identificación y selectividad de los más pobres y a la individualización de los beneficiarios de la acción pública. En el caso del Estado de México estos movimientos han incidido tanto en el incremento de la pobreza como en la conformación de nuevas vulnerabilidades que el Estado ha dejado de atender, con repercusiones en la movilidad, el ritmo y el adelanto o rezago en los indicadores de desarrollo humano.
Con estas consideraciones como base para los estudios comprendidos en este libro, el lector podrá tener una visión más amplia de algunos aspectos seleccionados respecto a los problemas de desarrollo y de gestión de los gobiernos para su atención. Muchos otros componentes y problemas han quedado fuera de la mira, pero anima a los autores que una entidad tan grande y compleja como es el Estado de México, requiere contar con múltiples y diversos estudios que apoyen la conformación de políticas más cercanas a las necesidades de la población. En ese espíritu se incluye el hecho de que la investigación académica sobre los temas de desarrol o local se ha visto disminuida en las últimas décadas y se requiere la conformación de comunidades epistémicas que reconfiguren teórica y metodológicamente el análisis del desarrollo.
El mensaje en este libro es la urgencia de buscar cambios fundamentales en lo que hacemos y en cómo lo hemos venido haciendo. Emergen dos conclusiones, la primera es que necesitamos con urgencia incorporar a las estrategias de política pública la visión de sostenibilidad y resiliencia. La segunda es que es posible lograr las mejoras en la capacidad del gobierno si en los años venideros cambiamos las prioridades y revertimos las tendencias de deterioro en el bienestar. Estas conclusiones son interdependientes.
Finalmente, resulta evidente que las estrategias de desarrollo no pueden verse solamente como un proceso evolutivo en el que se van alcanzando metas más altas o mejores, es un proceso de construcción social de prioridades, en el que la forma en la que se seleccionan las metas y soluciones a los problemas planteados es un reflejo de las capacidades institucionales y de las posibilidades y liderazgos de los actores individuales y colectivos.
Fuentes consultadas
Bibliografía
Berkes, Fikret, Johan Colding y Carl Folke (2003), “Introduction”, en F. Berkes, J.
Colding y C. Folke (eds.), Navigating Social-Ecological Systems: Building Resilience for Complexity and Change, Cambridge, Reino Unido, Cambridge University Press.
Gálvez, Santillán Elizabeth, Esthela Gutiérrez Garza y Esteban Picasso Palencia (2011),“El trabajo decente: nuevo paradigma para el fortalecimiento de los derechos sociales”, Revista Mexicana de Sociología, 73, núm. 1, enero-marzo, pp. 73-104.
Quadri, Gabriel (1994), “Economía, sustentabilidad y política ambiental”, en A.Yúnez-Naude (comp.), Medio ambiente. Problemas y soluciones, México, El Colegio de México, pp. 21-61.
Subirats, Joan (2010), “Si la respuesta es gobernanza, ¿cuál es la pregunta? Factores de cambio en la política y en las políticas”, Ekonomíaz, núm. 74, segundo cuatrimestre, pp. 16-35.
Subirats, Joan y Marc Parés (2014), “Cambios sociales y estructuras de poder. ¿Nuevas ciudades, nueva ciudadanía?”, Interdisciplina, vol. 2, núm. 2, pp. 97-118.
Recursos electrónicos
Cejudo, Guillermo, Cynthia L. Michel y Roberto Zedillo Ortega (2018), “Programas sociales sin política social”, Animal Político, disponible en: <http://www.ani-malpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2018/01/10/programas-sociales-sin-politica-social/> (consulta: 19/01/2018).
Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) (2016a), Inventarioconeval de programas y acciones estatales de desarrollo social, 2013-2014, documento pdf disponible en: <http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPE/Paginas/historico.aspx> (consulta: 16/10/2018).
Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) (2016b), Medición dela pobreza 2008-2016, documento pdf disponible en: <https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx> (consulta: 02/03/2018).
Consejo Estatal de Población del Estado de México (coespo) (2017), Zona metropolitana de Tianguistenco [en línea], documento pdf disponible en: <http://coespo.edomex.gob.mx/sites/coespo.edomex.gob.mx/files/files/coespopdfzms17.pdf> (consulta: 30:08/2018).
Consejo Estatal de Población del Estado de México (coespo) (2018). Indígenas, documento pdf disponible en: <http://coespo.edomex.gob.mx/indigenas> (consulta: 02/01/2019).
Gobierno del Estado de México (2018), “Plan de Desarrollo del Estado de México 20172023”, Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México, Toluca, documento pdf disponible en: <http://edomex.gob.mx/sites/edomex.gob.mx/files/files/PDEM20172023.pdf> (consulta: 16/08/2018).
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) (2014), “Informe sobre Desarrollo Humano 2014. Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Nueva York, documento pdf disponible en: <http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-es.pdf> (consulta: 02/10/2018).
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) (2016). “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Nueva York, documento html disponible en: <http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainabledevelopment-goals.html> (consulta: 16/08/2018).
Riguzzi, Paolo (2018), “Balance sobre el desarrollo del Estado de México”, videoconferencia dictada durante el coloquio “Estrategias de Desarrollo del Estado de México”, El Colegio Mexiquense, A. C., Toluca, Estado de México, video disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=0uGFKRcRTQQ> (consulta: 09/07/2018).
Notas
* Profesora-investigadora, en El Colegio Mexiquense, A. C., correo electrónico: [email protected]
1 En el año 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 ods, que reemplazaron los odm a partir del año 2016. La agenda establece el compromiso de los países para instrumentar programas y políticas públicas con el objetivo de mejorar la vida de las personas y preservar el medio ambiente a lo largo de los siguientes 15 años. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [en línea], Nueva York, documento html disponible en: <http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainabledevelopment-goals.html>, 2016. (Consulta: 16/08/2018).
2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), 2016.
3 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), 2014. En términos de la Agenda 2030 el término resiliencia refiere a la intención de constituir comunidades resilientes; debe tomarse en cuenta que la resiliencia remite a las capacidades de las personas para adaptarse positivamente a situaciones adversas y no solamente a sus vulnerabilidades ante las situaciones de riesgo. En un sentido más amplio el concepto de resiliencia también es aplicado a las capacidades adaptativas de los sistemas socioecológicos, lo cual conlleva a que las actividades humanas se ajusten a los ecosistemas con los que tienen vínculos; así, la resiliencia es también sinónimo de sustentabilidad (Berkes, Colding y Folke, 2003).
4 Sin entrar al fondo de la discusión, en este apartado y en general a lo largo del libro se hace referencia al desarrollo sostenible cuando está vinculado con la propuesta de la Agenda 2030 que apoya las estrategias gubernamentales y se hace referencia al desarrollo sustentable cuando está relacionado con la permanencia y la continuidad de las funciones ambientales. En la segunda parte del libro se hace una contribución al análisis sobre la pertinencia de los conceptos.
5 Entre los estudios que profundizan en la discusión sobre la complejidad que han ido adquiriendo los problemas sociales en diferentes escenarios globalizados y su desencuentro con las políticas públicas tradicionales se encuentran los de Subirats, quien también propone la transformación de las estrategias de política pública y de las formas de participación ciudadana (Subirats, 2010; Subirats y Parés, 2014).
6 El inventario del Coneval registra la existencia, en 2014, de 6 491 programas y acciones de desarrollo social en todo el país: 152 federales, 2 528 estatales y 3 811 municipales. El Estado de México contaba en 2013 con 90 programas: 65 estatales y 25 federales. En 2014 se registraron 107 programas: 80 estatales y 27 federales (Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, 2016a).
7 Subirats (2010) señala que en un escenario marcado por la creciente heterogeneidad de los entornos sociales, por la continuada y rápida precarización del mundo laboral y frente a las acentuadas tendencias hacia la individualización, que dificultan la cohesión social y propician la exclusión, las políticas tradicionales tienen más dificultades para ser efectivas, puesto que su especialización y segmentación (en políticas sectoriales, como salud, educación, vivienda, trabajo, servicios sociales) las han vuelto inoperantes. Es necesario, en su opinión, generar espacios de intersectorialidad e integralidad en las políticas que sean más cercanos a las necesidades de las personas y grupos.
8 Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, 2016b, p. 12.
9 Gobierno del Estado de México, 2018.
10 De acuerdo con datos de coespo, integrados a partir de la Encuesta Intercensal, 2015 del Inegi, en el Estado de México, 421 743 personas de tres años o más eran hablantes de alguna lengua indígena; más de la mitad de ellos eran hablantes de mazahua (29.55%) y otomí (25.36%), seguidos de la lengua náhuatl (17.58%). En la población restante cerca de 26.8% eran originarios de entidades federativas como Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Veracruz (coespo, 2018).
11 En el territorio del Estado de México se distinguen tres zonas metropolitanas importantes que concentran a la mayoría de la población, la riqueza, la infraestructura y los servicios: la zona metropolitana del Valle de México (59 municipios mexiquenses, las 16 delegaciones de la Ciudad de México y un municipio del Estado de Hidalgo), la zona metropolitana de Toluca (15 municipios) y la zona metropolitana de Tianguistenco (seis municipios) (coespo, 2017).
12 El Plan Estatal de Desarrollo señala que las actividades del sector terciario, es decir, el comercio y los servicios aportan al pib estatal 72.7% mientras que las correspondientes al sector secundario contribuyen con 25.7% (Gobierno del Estado de México, 2018).
13 Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, 2016b.
14 Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, 2013 y 2014a.
I
La encrucijada deldesarrollo social
La encrucijada del desarrollo social: condiciones de vida y participación ciudadana
Judith Pérez Soria*
El hecho de que la educación y la asistencia sanitariatambién contribuyan a acelerar el crecimiento económico se suma a las razones para poner un gran énfasisen estos sistemas sociales en las economías pobres, sin tener que esperar a “hacerse rico” primero.
Amartya Sen, (2000: 69).
Desde que el desarrollo como concepto y como eje orientador de políticas públicas cobró relevancia, después de la segunda Guerra Mundial, el énfasis estuvo puesto en el crecimiento económico. De manera que desarrollo y aumento de la riqueza de los países se consideró por mucho tiempo como el mismo proceso. Fue a partir de la década de los ochenta cuando dos nuevas propuestas ampliaron las dimensiones importantes del desarrollo: el desarrollo humano1 y el desarrollo sustentable2 (Gutiérrez, 2007).
El primer enfoque cuestionó el fin del desarrollo, situando en el centro del debate las libertades y capacidades de las personas, de modo que el crecimiento económico es importante en la medida en que es un medio para expandir las libertades. Las libertades reales son fin y medio del desarrollo, es decir, desempeñan un papel constitutivo e instrumental (Sen, 2000).
El papel constitutivo está relacionado con las libertades básicas, por ejemplo, “evitar privaciones como la inanición, la desnutrición, la morbilidad evitable y la mortalidad prematura, o gozar de libertades relacionadas con la capacidad de leer, escribir y calcular, la participación política y la libertad de expresión, etc.”, mientras que las libertades instrumentales incluyen “las libertades políticas, los servicios económicos, las oportunidades sociales, las garantías de transparencia y la seguridad protectora” (Sen, 2000: 55-57).
Esta sección del libro está dedicada al desarrollo social a partir del análisis de dos grandes dimensiones sociales: las condiciones actuales de vida de las personas que habitan en el Estado de México y la participación de la población en espacios gubernamentales. Ambas dimensiones son parte de las libertades fundamentales e instrumentales.
En términos instrumentales las condiciones sociales posibilitan ciertas oportunidades para tener acceso a los sistemas de educación, salud y seguridad social; esto garantiza el nivel de bienestar de las personas y potencializa su capacidad de agencia. Las libertades políticas, por su parte, refieren a las oportunidades para elegir una forma de gobierno, criticar a las autoridades y expresar la opinión sin miedo ni censura (Sen, 2000). Es evidente que las libertades políticas, las oportunidades económicas, las oportunidades sociales, las garantías de transparencia y la seguridad están estrechamente vinculadas. Por ejemplo, el bienestar social repercute directamente en la participación plena de las personas en las actividades económicas y políticas de una sociedad determinada (Sen, 2000).
Si bien no podemos negar la importancia de la dimensión económica es fundamental considerar otros factores que intervienen directa e indirectamente en la calidad de vida. Como sostiene Sen, si el desarrollo es la expansión de las libertades reales de las personas, el crecimiento del Producto Interno Bruto (pib) per cápita es un medio para expandir dichas libertades, al igual que las instituciones sociales, los servicios de salud, los servicios de educación, los derechos políticos y los derechos humanos3 (Sen, 2000: 19).
Desafortunadamente, para los países de América Latina el estudio del desarrollo siempre va acompañado del análisis de los procesos opuestos tales como pobreza, marginación y desigualdad, porque las disparidades entre regiones y personas permanecen incluso en los periodos en que algunos países han tenido un importante crecimiento económico (Sen, 1998).
Este comportamiento económico sin efecto directo en la reducción de la desigualdad y la pobreza llevó a plantear la importancia de otras dimensiones para explicar, por un lado, los procesos del desarrollo y, por el otro, redefinir las estrategias de intervención de los gobiernos para reducir la desigualdad (Sen, 1976; 1998). Como en ninguna otra época las políticas de ajuste estructural generaron mayor riqueza económica y mayor desigualdad entre personas y grupos sociales.
Como muestran los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal, 2018), la desigualdad en la distribución del ingreso aumentó a partir de la década de 1980 generando mayor concentración del ingreso a nivel mundial: 1% de la población tiene 27% del monto total acumulado del crecimiento de los ingresos, mientras que 50% de la población concentra sólo 12%. El estudio de Oxfam reportado por la cepal (2018) también muestra la misma tendencia, de manera que sólo ocho personas concentran la riqueza acumulada que equivale a la riqueza de 3 600 millones de personas más pobres, es decir, la mitad de la población del todo el mundo.4
En los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (ocde) el índice gini también aumentó a 32, en 2014, alcanzando su valor más alto desde la década de 1980. Si bien América Latina alcanzó su mínimo histórico en los últimos 10 años, en términos de concentración del ingreso continúa siendo una de las regiones con los mayores niveles de desigualdad de todo el mundo (cepal, 2018).
Estas desigualdades atraviesan todas las escalas y niveles. Sus efectos se hacen sentir en los grupos sociales, en las familias y en las personas, sólo que toman características particulares acordes a cada territorio. Aun cuando toda América Latina tiene un gran problema por la permanencia de la pobreza, en México los datos del Coneval (2016) muestran una disminución de tres puntos porcentuales entre 2010 y 2016, aunque el porcentaje continúa siendo muy alto: 43.6% de la población del país en situación de pobreza y 7.6% en pobreza extrema.
Las carencias sociales más apremiantes en el país son: a) seguridad social, ya que más de la mitad de la población carece de protección social que le garantice medios de subsistencia, sea ante eventualidades como accidentes o enfermedades, o por vejez o embarazo (55.5%), y b) acceso a la alimentación, dado que una quinta parte de la población padece hambre (20.1%) (Coneval, 2016).
Ahora, en el Estado de México los porcentajes de población en situación de pobreza muestran una fluctuación alarmante en los últimos seis años, ya que la entidad se encontraba por debajo del promedio del país en 2010 y seis años después aumentó y superó los promedios nacionales para alcanzar un valor de 47.9%. Es decir, incrementó cinco puntos entre 2010 y 2016 (Coneval, 2016). En cuanto a la población en pobreza extrema, ésta disminuyó de 8.6% a 6.1% en el mismo periodo, siendo la carencia más apremiante la falta de acceso a los servicios de salud (55.5%) (Coneval, 2016).
Las características de la pobreza varían de acuerdo con el lugar donde radican las personas, en ese sentido la ubicación geográfica y el tamaño de la población de las localidades se asocian con dos tipos de pobreza: urbana y rural. Estas diferencias, entre otras, aumentan la complejidad de las políticas públicas que pretendan atender causas y consecuencias de la pobreza en las diferentes regiones del país.
En términos absolutos, en México, más de dos terceras partes de las personas pobres se localizan en zonas urbanas (36.6 millones), sin embargo, en términos relativos la población en situación de pobreza y pobreza extrema es mayor en las localidades rurales: 61.6% y 26.5%, respectivamente (Coneval, 2012).
Las diferencias y desigualdades entre localidades y municipios es un reto para el desarrollo y continúa explicando, en parte, los flujos migratorios interestatales e intermunicipales en el Estado de México. A pesar de las mejores condiciones de vida en promedio de las zonas urbanas de todos los municipios que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México (zmvm), los municipios que tienen mayores porcentajes de pobreza y pobreza extrema de esta zona metropolitana pertenecen al Estado de México (Coneval, 2012).
Ahora bien, las condiciones actuales son el resultado de un conjunto de acciones (y omisiones) económicas y políticas, de manera que detrás de estos datos —que acercan a la situación actual del Estado de México y sus municipios—, hay un conjunto de políticas y programas sociales que se han implementado en la entidad, en materia de alimentación, bienestar económico, educación, medio ambiente, no discriminación, salud, seguridad social, trabajo y vivienda.
El conjunto de programas que atienden estas dimensiones también se ha reducido entre 2010 y 2016. En el primer año había un total de 282 programas vigentes en todos los rubros expuestos, y en 2016 disminuyeron a 72 dejando sin atención las cuestiones de medio ambiente, seguridad social y trabajo (Coneval, 2017).
La situación de pobreza y la implementación de programas sociales se expresa de manera diferente en cada municipio y en cada grupo de población, tal como muestran los estudios que se presentan en esta parte del libro. Estas investigaciones ponen el énfasis en la escala municipal, y mediante diferentes métodos y enfoques teóricos analizan las condiciones de vida y la participación ciudadana.
En la primera dimensión se encuentra el estudio de Jorge Luis Moranchel-Bustos y Yolanda Carbajal Suárez, “Pobreza y marginación en el Estado de México. Un análisis espacial”, quienes muestran las disparidades en el Estado de México, a partir de la identificación de zonas de concentración de pobreza y marginación. El estudio permite identificar zonas vulnerables dentro de la entidad a partir del estudio de dos factores: la ubicación geográfica y el (desigual) crecimiento económico. Los municipios mexiquenses más alejados del área conurbada y de la Ciudad de México son los que presentan mayores porcentajes de pobreza, éstos forman clusters de pobreza en el sur y el oeste del Estado de México.
Esta dinámica está vinculada con la concentración de población, de capital, de servicios y de bienes en torno a los centros económicos urbanos más importantes del país, como son la Ciudad de México, la zona metropolitana del Valle de México (zmvm) y la zona metropolitana del Valle de Toluca (zmvt).En este sentido la ubicación geográfica de los municipios es de suma importancia porque siendo un factor azaroso o externo define la concentración de la inversión y de fuentes de trabajo.
La migración interna es, por tanto, un proceso central para el Estado de México. El área conurbada ha sido y es un permanente centro de atracción de población procedente de los municipios de la entidad y de otros estados de la República. La dinámica de la migración, por un lado, tiene sus efectos positivos en el crecimiento de la economía estatal y, por el otro, representa grandes retos en materia de desarrollo social. Como muestra el estudio denominado “Carencias sociales y migración interna: un estudio exploratorio a nivel municipal en el Estado de México”, de Judith Pérez Soria, la relación entre carencias sociales e inmigración interna es diversa y refleja la tensión entre las condiciones que favorecen la inmigración y las condiciones de pobreza en las que se encuentra la población inmigrante.
A estos factores geográficos y demográficos se suman los efectos del diseño institucional de los diferentes órdenes de gobierno, tal como exponen Felipe Arana López y Pablo Mejía Reyes en “Impacto de las transferencias federales en el desarrollo humano de los municipios del Estado de México, 2000-2010”. Los autores dan cuenta del efecto de dos tipos de recursos federales que se destinan a la gestión municipal en el índice de desarrollo humano (idh). Los resultados son opuestos: mientras las aportaciones tienen un efecto positivo en el idh las participaciones, por lo contrario, tienen efectos negativos. Los efectos diferenciados se explican por las reglas de asignación de los recursos federales.En este sentido el estudio analiza la importancia de canalizar adecuadamente los recursos para que efectivamente tengan un impacto positivo en las condiciones de vida de la población. De esta forma estos tres estudios nos permiten dimensionar la magnitud de la pobreza y su comportamiento en relación con otras variables, y entender los grandes retos que enfrenta el Estado de México en torno al desarrollo social.
El segundo conjunto de estudios nos acerca a las garantías de transparencia y a las libertades políticas, como muestra la investigación titulada “¿La participación ciudadana puede ser un instrumento para el desarrollo social en los municipios mexiquenses?”, en la cual María Gabriela Martínez Tiburcio y Erika Melisa Bernabé Martínez analizan la participación ciudadana en la toma de decisiones a nivel municipal. Como el atento lector notará, las condiciones de vida que se muestran en los primeros tres estudios se correlacionan con los resultados de este, ya que la falta de condiciones que aseguren las libertades plenas limita la capacidad de agencia de los individuos, por el o, a pesar de que la mayoría de los gobiernos municipales considera que la participación ciudadana es importante, ésta es limitada. Los pocos ciudadanos que participan no tienen autonomía, son personas o grupos beneficiados por algún programa gubernamental, y los temas en los que se incluye la participación ciudadana no son asuntos fundamentales.
Finalmente la contribución de Cristina Girardo y Braulio Díaz, “Estrategias para la implementación de la Agenda 2030 en el Estado de México”, nos brinda un recorrido a través de las múltiples escalas territoriales para mostrar cómo los objetivos del desarrollo sostenible (ods) y la Agenda 2030 no se pueden alcanzar sin la activa participación de los actores locales. Los autores presentan algunas experiencias internacionales para finalizar con reflexiones en torno a los consejos de seguimiento de los ods en el Estado de México.
Es indudable que los ods y la Agenda 2030 ponen en la arena internacional una serie de problemas que son urgentes para el país y para el Estado de México tales como la pobreza, el hambre, la salud, el bienestar, la educación de calidad, el trabajo decente y las desigualdades. Como se muestra a lo largo de esta sección del libro dedicada al desarrollo social, los problemas son complejos y requieren la contribución de múltiples actores para poder incidir en ellos.
Si bien el panorama no es alentador, los estudios brindan información actual y pertinente que permite delinear acciones de política pública para mejorar o revertir la situación actual. En ese sentido, las investigaciones plantean la posibilidad de incidir en el bienestar de las personas y de la sociedad en su conjunto. De ahí surge la importancia de discutir las estrategias para el desarrollo,5 ya que éstas son entendidas como las acciones planeadas y ejecutadas por organismos gubernamentales, asociaciones civiles o grupos empresariales cuyas consecuencias (positivas y negativas) han llevado a la situación actual. Es decir, la acción de los actores (públicos o privados), acorde a sus intereses, modifican en el corto, el mediano y el largo plazos las condiciones de vida de la población que habita en un territorio determinado.
Estrategias y desarrollo poseen una doble importancia analítica en los estudios que aquí se presentan: a) como acciones que se llevaron a cabo y cuyas consecuencias se reflejan en la situación actual y b) como acciones que se pueden implementar para trasformar el escenario presente. Si asumimos que el desarrollo es la “eliminación de las fuentes de privación de la libertad” como son “la pobreza y tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el abandono en que pueden encontrarse los servicios públicos y la intolerancia” (Sen, 2000: 19), la tarea, entonces, es aún mayor y requiere el esfuerzo conjunto de múltiples actores para mitigar las desigualdades y construir acuerdos colectivos más justos en términos sociales.
Aún falta mucho por hacer tanto en términos de política pública como de investigación, es por el o que, los resultados de los estudios que aquí presentamos son un esfuerzo por brindar información que coadyuve a la toma de decisiones, y es un llamado a la urgente necesidad de articular la investigación con las propuestas concretas para el desarrollo en el Estado de México.
Bibliografía
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal) (2018), La ineficienciade la desigualdad, 2018 (lc/ses.37/3-P), Naciones Unidas, Santiago.
Gutiérrez, Garza Esthela (2007), “De las teorías del desarrol o al desarrol o sustentable: historia de la construcción de un enfoque multidisciplinario”, Trayectorias, año IX, núm. 25, septiembre-diciembre, pp. 45-60.
Sen, Amartya (1976), Elección colectiva y bienestar social, versión española de Francisco Elías Castillo, Madrid, España, Alianza Editorial.
Sen, Amartya (2000), Desarrollo y libertad, México, Editorial Planeta.
Recursos electrónicos
Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) (2012), Pobreza urbana y de las zonas metropolitanas en México, documento pdf disponible en:<https://www.coneval.org.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20urbana/Pobre-za_urbana_y_de_las_zonas_metropolitanas_en_Mexico.pdf> (consulta: 02/11/2018).
Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) (2016), Medición dela pobreza nacional por entidad, 2016, disponible en: <https://www.coneval.Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) (2017), Inventario deconeval de programas sociales y acciones estatales de desarrollo social, Estado deMéxico, disponible en: <https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPE/Paginas/GraficasEstEntidad.aspx?pEstId=15> (consulta: 03/11/2018).
Sen, Amartya (1998), “Teorías del desarrollo a principios del siglo xxi”, Cuadernos deEconomía, vol. xvii, núm. 29, documento pdf disponible en: <http://www94.etc.upm.es/isf/sen-1998.pdf > (consulta: 23/10/2018).
Notas
* Profesora-investigadora, El Colegio Mexiquense, A.C., correo electrónico: [email protected]
1 Enfoque propuesto por Amartya Sen cuya medición es el Índice de Desarrollo Humano (idh).
2 Este enfoque tiene sus antecedentes en los movimientos ecologistas que plantean la importancia del uso racional y sostenible de los recursos naturales, y será expuesto a profundidad en la segunda parte de este libro.
3 Derechos fundamentales para la participación de los individuos en asuntos de orden público.
4 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2018, pp. 39-41.
5 Eje transversal del Coloquio Estrategias de Desarrollo para el Estado de México y semillero de este libro.
Pobreza y marginación en el Estado de México. Un análisis espacial
Jorge Luis Moranchel-Bustos*Yolanda Carbajal Suárez**
Introducción
El Estado de México representa una de las economías más importantes del país, pues aporta 9.5% al producto interno bruto (pib) total nacional, 9.3% al del sector secundario y 9.5% al del sector terciario, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2015); sin embargo, también es una entidad con marcadas disparidades económicas tanto entre sus municipios como al interior de muchos de ellos. Así, la marginación y la pobreza son problemas con una significativa presencia en esta entidad.
El ingreso per cápita de esta entidad creció 0.5% por encima de la media nacional en el periodo 2003-2013. Pese a este crecimiento no se ha alcanzado la convergencia deseada con el ingreso nacional, pues el Estado de México se ubica en el lugar 25 de 32 entidades (Inegi, 2015). En consecuencia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal) Lira, 2003 considera este territorio desde la tipología de pobre o atrasado (Lira, 2003).
En este mismo sentido, durante los últimos años los problemas de pobreza y marginación en la entidad se han acrecentado. De 2010 a 2014 la pobreza se incrementó en 6.3% al pasar de 42.9 a 49.6%, esto provocó perder seis lugares entre las entidades de mayor pobreza en el país y pasar del lugar 17 al 11, lo cual representa poco más 1 500 000 personas en esta condición (Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social [Coneval], 2012 y 2016). Por otro lado, el índice de marginación de la entidad es de 22.86; es decir, casi 23% de su población presenta algún grado de marginación. Con estas cifras el estado se ubica en el lugar 22 a nivel nacional, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), 2015.
