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La historia del acontecimiento que dividió a la opinión pública española, la publicación del tomo sobre Geografía Moderna de la Enciclopedia Metódica.
En 1782 se publicó el tomo sobre Géographie Moderne de la Encyclopédie Méthodique, la continuadora de la Encyclopédie de Diderot y D’Alambert. El artículo correspondiente a España lo escribió Nicolas Masson de Morvilliers, un hasta entonces desconocido geógrafo francés. Masson ofrecía a los lectores un repaso —plagado de tópicos— a la situación del país y, casi al final, planteaba la pregunta: «¿Qué se debe a España? Desde hace dos siglos, desde hace cuatro, desde hace seis, ¿qué ha hecho por Europa?». La respuesta venía a decir que «muy poco». El artículo, que incidía en la imagen negativa de España —país atrasado, oscurantista y frailuno—, provocó un revuelo diplomático entre España y Francia, naciones aliadas y unidas por la dinastía borbónica. La polémica obtuvo también eco en otros países de Europa, y en la propia España acabó por dividir a la opinión pública. Este libro narra este episodio histórico centrándose en dos de sus protagonistas: Luis Cañuelo, abogado granadino y editor del semanario El Censor —portavoz de los ilustrados—, y el escritor extremeño Juan Pablo Forner, que se erigió en abanderado de los apologistas y defensores del honor patrio. Ambos se combatieron al principio con argumentos políticos, pero acabaron enfangados en una sucia y triste guerra personal que terminó además por minarles la salud (Cañuelo con la mente desquiciada y Forner víctima de un ataque nervioso que casi lo lleva a la tumba).
¡Sumérjase en este acontecimiento histórico sacado a la luz por Francisco Uzcanga!
SOBRE EL AUTOR
Francisco Uzcanga Meinecke (1966) estudió Filología Germánica y Románica en la Universidad de Tubinga y se doctoró en Filosofía y Letras en la Universidad de Constanza. Ha enseñado en diversas universidades europeas y en la actualidad dirige los departamentos de Español y Estudios Culturales en el Centro de Idiomas y Filología de la Universidad de Ulm, a orillas del Danubio. La mayor parte de sus publicaciones se centra en el ámbito académico, aunque en los últimos años, algo cansado de las notas a pie de página, se dedica sobre todo a la traducción y edición de libros de articulismo literario, entre ellos, la antología de
El Censor, el periódico insignia de los reformistas ilustrados, la antología de clásicos del periodismo alemán, La eternidad de un día, y recientemente, una selección de artículos y reportajes de Egon Erwin Kisch, Nada es más asombroso que la verdad. Aficiones más o menos confesables: el fútbol —de la Real desde la cuna—, las regatas de traineras, bregar en la huerta y, por contraste, patear asfalto.
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Veröffentlichungsjahr: 2021
Francisco Uzcanga Meinecke
¿QUÉ SE DEBE A ESPAÑA?
La polémica que dividió a la Europa de la Ilustración
primera edición: marzo de 2021
© Francisco Uzcanga Meinecke, 2021
© Libros del K.O., S.L.L., 2021
Calle Infanta Mercedes, 92, despacho 511
28020 - Madrid
isbn: 978-84-17678-69-2
código ibic: dnj, hbjd
diseño de cubierta: Susana Palés
maquetación: María OʼShea
corrección: Melina Grinberg y María Campos Galindo
Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Cultura y Deporte
otoño, invierno, primavera, verano
PRÓLOGO
El episodio recuerda a la bola de nieve que provoca un alud. Sucedió a finales del siglo xviii, durante los últimos años del reinado de Carlos III y en vísperas de la Revolución francesa. El artículo de una enciclopedia causó una crisis diplomática entre Madrid y París que acabó resonando en la lejana Prusia. Y en el propio país desencadenó una polémica, primero cultural y luego ideológica, que se llevó a cabo de forma virulenta: los tradicionalistas se convirtieron en «rancios» y los reformistas en «felones». Fue un avance de la lucha fratricida entre absolutistas y liberales unas décadas después. Y, si se quiere, el germen de las dos Españas, esa rémora que no acaba nunca.
La crónica de esta polémica es, al mismo tiempo, la de un periódico:El Censor. No muy conocido, a pesar de haber sido el causante de la primera ley de prensa promulgada en el país. El primero también en acopiar la carga subversiva suficiente para ser secuestrado por las autoridades civiles y condenado por la Inquisición. Un semanario que inauguró en España el periodismo crítico, independiente y comprometido: el periodismo que incordia. Y que, muy a su pesar, se vio involucrado en la polémica y acabó siendo su principal víctima. Estas páginas son también un intento de rescatar su labor.
Y son, por último, un fresco —incompleto y personal— de aquella época. El siglo xviii sigue arrastrando lacras como las de «totalitarismo ilustrado» y «perversión de la razón». Pero en él se sientan las bases de las democracias occidentales; se proclaman principios universales e ideales universalistas, se extienden las fronteras mentales, surge el concepto de ciudadano del mundo y se habla de cosas tan loables como solidaridad, libertad e igualdad. Y se alientan además el sentido crítico, el escepticismo y la ironía, tan saludables para el intelecto. Creo que la Ilustración merece un reconocimiento, al menos un recordatorio. Ahora que aparecen tantos nubarrones en el horizonte.
LA CARTA DE OLÍAS DEL REY
Empezamos con una escena ficticia pero verosímil. Una licencia literaria para sumergirnos en los años de esta crónica. Entramos en una librería de Madrid. Está en penumbra, pero se distingue a dos personas. A un hombre de sotana oscura que hojea un cuadernillo junto al mostrador. Y a otro que, subido a una escalerilla, trata de encajar un libro en uno de los estantes superiores. No resulta fácil; el libro es grueso y el hueco estrecho. El hombre de sotana se quita las lentes y achina los ojos para identificar el título del libro que ahora, poco a poco, va entrando en su nicho. Pero no hay suficiente luz.
El librero baja de la escalerilla, la pliega cuidadosamente, observa al cliente y cruza los brazos. El hombre de sotana saca unas monedas del bolsillo, aparta dos de ellas y las pone sobre la madera negruzca. El librero las mira en silencio, se da la vuelta y abre la contraventana. La estancia se ilumina. Es angosta y de techo alto. Encima del mostrador se agolpan cuadernillos, folletos y papeles sueltos. La sotana adquiere un tono marrón castaño. Su dueño carraspea y juguetea con las lentes. Toma el cuadernillo, acaricia el papel rugoso, inclina levemente la cabeza y abandona la librería con gesto solemne.
Fuera hace viento. El hombre de sotana se sube el cuello de lienzo y se aprieta el fajín. Avanza con paso resuelto hacia una fuente coronada por la estatua de una mujer. Unos aguadores sumergen cubas y baldes, un mendigo apoyado en el pilón exhibe el muslo desnudo cruzado por una herida abierta. El hombre de sotana deja atrás la fuente, rompe el corro de unos niños que juegan a las tabas, pasa por delante de un ciego que pregona almanaques, enfila una bocacalle, sortea un carromato que le viene de frente, esquiva un barullo delante de un puesto de lotería y se detiene frente a un caserón sobrio y rectangular.
Esta escena pudo haber sucedido en vísperas de la Nochebuena de 1781. Aún no existía el sorteo especial de navidad, pero en fechas así los madrileños se apiñaban ante los puntos de venta de boletos. El principal estaba en la sede misma de la Real Lotería, en la plaza de San Ildefonso. Repartidos por el resto de la ciudad había más de cuarenta, muchos de ellos en las inmediaciones de la Puerta del Sol. La lotería no dejaba de crecer en sus casi veinte años de vida. La fórmula importada de Nápoles era simple y efectiva: un impuesto voluntario destinado a un fin loable. En el decreto fundacional de septiembre de 1763 el rey Carlos III ya anunció establecer la lotería «para que se convierta en beneficio de hospitales, hospicios y otras obras pías y públicas en que se consumen anualmente muchos caudales de mi Real Erario».
En realidad, solo el quince por ciento de lo que correspondía al estado se destinaba a la beneficencia: a paliar la vida precaria de mendigos, mutilados, mujeres repudiadas y niños abandonados. Pero los premios eran tentadores. En ese último sorteo del año 1781 ascendían a más de doscientos sesenta mil reales. Una suma muy estimable si tenemos en cuenta que el salario medio oscilaba entre los mil reales anuales de un peón albañil, los dos mil de un capellán y los tres mil quinientos de un administrador.
Especialmente proclives al señuelo del premio eran los forasteros que iban llegando en masa a la capital. Les solucionaría de golpe el problema del alojamiento, algo igual de complicado entonces que hoy. Porque, a pesar de las permanentes obras y de los ambiciosos planes urbanísticos, Madrid apenas había ganado terreno. Para los ciento setenta mil habitantes solo existían siete mil casas agolpadas dentro de la vieja cerca levantada por Felipe IV en el ya lejanísimo 1625, un recinto prieto y abigarrado de apenas trece kilómetros de circunferencia.
La oferta de hosterías y mesones era también escasa, así que muchos recién llegados tenían que competir por un catre en las llamadas posadas secretas, casas particulares que atraían a los huéspedes con un papel amarrado a la esquina del balcón. Pagaban cinco reales diarios, consultaban la Guía de solicitantes, que anunciaba los empleos de la corte, y soñaban con un futuro mejor. Era esta una opción para los que sabían leer y traían una pequeña bolsa de dinero. Al resto solo le quedaba buscar refugio bajo un techo de esparto en las barriadas de chabolas que iban surgiendo a extramuros, en descampados inhóspitos salpicados de muladares y que respondían a nombres de extraña etimología: Chamberí, Injurias o Peñuelas. Y confiar en la lotería.
Madrid tenía fama de ser una ciudad de militares, funcionarios, lacayos y curas. Era una fama justificada. Había estacionados tres regimientos de infantería, uno de caballería y un batallón de voluntarios, con un total de quinientos oficiales y ocho mil soldados. Había también más de cinco mil funcionarios a sueldo del rey y más de diecisiete mil empleados domésticos, una cifra desproporcionada que incluía una larga serie de oficios conocidos en el lenguaje castizo de la época con el nombre de «muebles»: criados, lacayos, mozos, fámulos, servidores, palafreneros, libreas, volantes, cocheros, amas de llaves, cámaras, caballerizos, camareros, mayordomos, bastoneros, sirvientes, ujieres, recaderos… La mayor parte de los empleados domésticos servía a los nobles. Como sede de la corte, en Madrid residían numerosos aristócratas, en palacios que ocupaban a veces manzanas enteras. Aunque sus propiedades no eran tantas como las de la Iglesia, dueña de más de un tercio de la superficie de la ciudad. El número de eclesiásticos superaba los diez mil, a los que se venían a sumar los empleados de diversos hospitales y colegios también en manos de la Iglesia.
El resto de la población activa lo componía abogados, médicos, fabricantes, artesanos, jornaleros y comerciantes. Entre estos últimos destacaban los libreros, que llegaban a la centena. La cantidad sorprende si atendemos a la ínfima proporción de vecinos con título académico, apenas el 0,02 por ciento, y al elevado grado de analfabetismo, que rondaba el 60 por ciento. Aun así, la edición de libros y, especialmente, de periódicos gozaba de buena salud. No hacía mucho que se había prohibido la venta ambulante de periódicos a los ciegos, un gremio que, si antes se quejaba de los muchos videntes intrusos que hacían competencia desleal, ahora tenía que asistir indefenso al desbaratamiento de su monopolio: ya solo podían vender almanaques y pliegos de cordel. Para los libreros la ordenanza fue una bendición, porque a medida que avanzaba el siglo la venta de periódicos subía casi tanto como la de billetes de lotería.
Los motivos del auge eran varios. Algunos tenían carácter genérico, como el crecimiento demográfico y la prosperidad económica patentes ya a partir del reinado de Fernando VI, el antecesor de Carlos III. Otros eran más específicos: avances técnicos en la imprenta, disminución de los costes de edición, mejoras en la distribución, unas autoridades más preocupadas por la difusión de la cultura, un empresariado dispuesto a asumir riesgos y, sobre todo, un creciente número de lectores ávidos de novedades.
Si recurrimos a la estadística, las cifras decepcionan; en términos absolutos, la prensa seguía siendo un fenómeno restringido a una minoría. De los ciento setenta mil madrileños se calcula que solo cinco o seis mil compraban habitualmente periódicos. Aunque hay que tener en cuenta que el número de lectores superaba al de compradores, ya que los ejemplares pasaban de mano en mano y estaban disponibles en cafés y sociedades culturales. Y, como solían leerse en voz alta ante corrillos, llegaban incluso a quienes carecían de medios y deletreaban con dificultad.
El grueso de los lectores habituales procedía de la clase más culta y privilegiada, pero entre los nuevos había cada vez más artesanos, comerciantes, oficiales mecánicos, funcionarios y oficinistas. Miembros de una incipiente burguesía urbana que no disponían de biblioteca ni gabinete, o que rehuían los libros abultados, pero que sí estaban dispuestos a pagar unos cuartos por un par de hojas que les explicara el mundo. Y a dedicarle su escaso tiempo libre, aunque solo fuera media hora. Porque la corta extensión era otro argumento a favor del periódico, sobre todo en una época en la que la esperanza de vida era mucho menor que la actual. Lo señalaba con sagacidad El Diario de los literatos, pionero periódico dieciochesco (la cita se la debo a Inmaculada Urzainqui, una de las mayores expertas en la prensa de la época): «La brevedad de la vida humana y la extensión de las Artes y Ciencias demuestran la necesidad de esta invención, intimándonos como precisa ley que si vivimos por compendio, también por compendio debemos ser instruidos».
Una de las librerías más boyantes de Madrid era la de Juan Esparza. Estaba muy bien situada, en la Puerta del Sol, el centro geográfico y anímico de la ciudad. La entrada daba directamente a la fuente de Mariblanca, justo allí donde hoy emerge la boca de metro cuya estética provoca sarpullidos a muchos madrileños.
En esas vísperas de la Nochebuena de 1781, sobre el mostrador de la librería de Esparza se apilaba una amplia oferta. En primer lugar, los dos periódicos oficiales y de mayor tirada: la Gaceta de Madrid y el Mercurio histórico político. La Gaceta, que salía los martes y los viernes, constaba primordialmente de noticias escuetas, sin comentarios ni análisis. Las últimas páginas incluían comunicados de la casa real y todo tipo de anuncios de venta. El Mercurio, trimestral y más profuso, informaba sobre el «estado presente de la Europa» y ofrecía también novedades de la vida social y cultural española. El resto de periódicos que copaban el mostrador renegrido era fruto de la iniciativa privada. Solían tener periodicidad semanal o mensual, a veces irregular, y una esperanza de vida limitada (a pesar del boom, fundar un periódico no dejaba de ser una «gravosa empresa», como suspiraba uno de los pioneros editores). Copaban ámbitos diversos. Unos ofrecían sobre todo reseñas de obras eruditas, literarias y científicas; los más conocidos eran el Mercurio literario y el Correo Literario de Europa. Los había que trataban cuestiones generales que afectaban al conjunto de la sociedad, como el Diario noticioso o el Semanario económico. Y existían también unos pocos que se atrevían a emitir juicios. El principal de ellos era El Censor, el periódico protagonista de esta crónica. Un aparentemente inofensivo cuadernillo rugoso de octavo de pliego estampado a tinta grasa. Aquí tienen la portada del ejemplar que hojeaba el hombre de la sotana marrón. Corresponde al jueves 20 de diciembre de 1781:
Que El Censor era un periódico crítico lo habían advertido sus lectores a lo largo de los cuarenta y cinco números precedentes. El de esa semana antes de Navidad era una nueva prueba, si acaso más audaz. Pocas líneas después del circunloquio inicial, el Censor hacía una advertencia: «Voy a tocar un punto muy delicado. Las piedras van a levantarse contra mí». El punto delicado sobre el que discurría a lo largo de las siguientes once páginas era la superstición. Se quejaba el Censor de que en los sermones dominicales se arremetiera constantemente contra las máximas del Siglo Ilustrado, contra las doctrinas de moda, contra los filósofos modernos, contra el ateísmo, contra la incredulidad…, y que jamás se dijera una sola palabra contra la superstición. Para el Censor se trataba de un hecho especialmente grave ya que, a diferencia de otros países, en España la superstición estaba muy extendida y afectaba a todas las capas sociales. Como consecuencia de ello, el país se veía inundado de prácticas grotescas y absurdas que se realizaban en nombre de la Iglesia, por ejemplo, sacar a pasear una estatua de la Virgen para ayudar a encontrar un perrito faldero, algo que se «haría increíble a los católicos de Londres». Los principales responsables de estos desatinos eran para el Censor los oradores sagrados que, lejos de criticar la superstición, no hacían sino ofrecer a los feligreses sermones plagados de milagrerías. Con el agravante, de que, comparada con la incredulidad, la superstición «actúa como un veneno que hiere más a la imaginación, tiene un acceso más fácil en los ánimos y un apoyo más seguro en la ignorancia y en la propensión de los más de los hombres a lo maravilloso».
El tema que abordaba el Censor no era original. En aquella época existía ya en España una corriente renovadora y reformista que trataba de poner coto a las veneraciones de reliquias, rogativas para que lloviera, creencias en curaciones y visiones milagrosas. Incluso dentro de la misma Iglesia se alzaban voces contra los predicadores que se regodeaban una y otra vez en relatar los milagros de la Virgen y de los diferentes santos. Porque desde el púlpito se llevaba a cabo una verdadera pugna por revelar la maravilla más portentosa, hasta el punto de que se había creado una competencia entre órdenes religiosas: franciscanos, dominicos y agustinos porfiaban por demostrar que su santo fundador había obrado el mayor de los milagros. Si tenemos en cuenta que el número de miembros de órdenes religiosas cuadruplicaba al de los sacerdotes seculares, nos podemos hacer una idea de las dimensiones que alcanzaba el fenómeno. Y no se trataba tan solo de honrar o glorificar al santo en cuestión, sino de usarlo como reclamo para atraer a la grey. Lo mismo sucedía con los devotos de las vírgenes presentes en diferentes iglesias y conventos: la de Atocha, de la Almudena, de la Soledad, del Rosario, del Carmen, del Pilar, de la Merced… A mayor prodigio del santo o de cada virgen, más feligreses para la comunidad o la parroquia. La cruzada espiritual por el mismo Dios la llevaban a cabo diferentes bandos que rivalizaban entre sí. La piedad sincera se mezclaba con una acción propagandística destinada a adquirir prestigio y a recaudar dinero.
Había además otra cuestión que preocupaba a los ilustrados. Los milagros voceados desde el púlpito se imprimían en libros que alcanzaban grandes tiradas. Por causas que sería demasiado prolijo explicar aquí, el siglo xviii fue en España un siglo sin novelas. Eran los libros de milagros los que cumplían ese cometido y, de ahí también, los superventas de la época. La Iglesia, que con tanto empeño reprimía la creación literaria, se servía de los relatos de milagros para colmar la natural necesidad de ficción (lo que el Censor llamaba la «propensión a lo maravilloso»).
Los ilustrados criticaban a los feligreses que consumían este tipo de literatura, pero sobre todo a los autores, compiladores y divulgadores de los libros. A estos últimos los acusaban de tender cebos para mantener a los fieles en el seno de la Iglesia, crédulos, mansos, en un estado de ignorancia e irracionalidad.
Este era el tenor de la argumentación contra las prácticas supersticiosas. El propio Censor se había hecho eco de ella en varias ocasiones anteriores, pero en ese último jueves de otoño de 1781 lo hacía en un tono más encendido y polémico. A modo de guinda que corona el pastel, el Censor anunciaba la publicación de una carta anónima. Una carta, nos revelaba, que le había llegado unos días antes desde Olías del Rey, una pequeña villa señorial en la provincia de Toledo:
Señor Censor:
Escribo a usted esta carta porque o yo estoy endiabladamente tonto o todo el mundo lo está. Va para tres años que tienen cercado Gibraltar y todo el mundo dice que es imposible tomarlo por la fuerza. Yo esto no acabo de comprenderlo y antes me parece la cosa más fácil del mundo. A mí me parece que con diez mil hombres, ¡qué digo yo diez mil!, la mitad me sobraba para tomarlo en menos de una hora. Yo me fuera con ellos por el día y por el sol, muy poco a poco, hacia la plaza. Dispararían los ingleses de todas sus baterías. Dejarlos que disparasen. Yo y mi gente seguiríamos con mucha pachorra y sin hacer caso hasta llegar a la muralla. Llevaría una buena porción de escaleras y, sin decir agua va, me encajaría dentro. Dicen que no llegaría hombre vivo a la muralla. ¿Hay tal cosa como ella? ¿No es buena alucinación? ¿Pues había más que hacer cinco mil escapularios de Nuestra Señora del Carmen y ponerle uno a cada soldado? Estoy harto de oír a los predicadores que las balas no hacen daño a los que los llevan, y no solo esto, sino que también lo he leído en un libro de milagros. Y aún me acuerdo de un ejemplo que traía de un soldado que arcabucearon, y toditas las balas se le cayeron a los pies sin hacerle daño ninguno, solo porque llevaba uno puesto; que por eso dizque desde entonces, cuando a alguno llevan a arcabucear, le registran antes y se lo quitan si acaso lo tiene. Verdad es que, aunque en muchos sermones no he oído tal circunstancia, me parece que este libro decía que era menester tener fe; pero eso estaba compuesto con no llevar en mi ejército ningún regimiento de suizos, irlandeses ni italianos, sino que todos fuesen españoles rancios, cristianos, católicos, apostólicos, romanos. En fin, Señor, esto me parece tan claro que yo no sé cómo no se apoderan inmediatamente de la plaza, a no ser que no se les haya ocurrido esta especie. Publíquela vuestra merced, por Dios, para que caigan del burro y me den una buena brega a esos perrazos herejotes.
EL EMBARGO
Al final de la calle Mayor, casi en Bailén, un grupo de jubilados nórdicos espera a que el semáforo les ceda el paso. Uno de ellos aprovecha para lanzar un vistazo al caserón sobrio y rectangular de la esquina; parece un palacio, o un museo, pero hay demasiados uniformes apostados a las dos entradas. Alarga el cuello y mira interrogativamente al guardia que, amable y sufrido —no debe de ser la primera vez—, le informa de que no se puede pasar. El curioso saca una rápida foto con el móvil y, el semáforo ya en verde, se une a sus compañeros que doblan hacia la Plaza de Oriente, la siguiente etapa de su itinerario cultural.
El edificio sobrio y rectangular al final de la calle Mayor no es un museo, pero sí fue un palacio. Data de comienzos del siglo xvii y lo mandó construir el duque de Uceda, valido de Felipe III. No ha cambiado mucho desde entonces. El lienzo de la fachada mantiene el original color salmón y se conservan intactos los balcones enrejados y las columnas de granito. A la altura del primer piso cuelgan farolas de vidrio esmerilado sujetas a la pared con palomillas de hierro. Debajo de una de ellas hay una placa dedicada a doña Mariana de Austria, la reina madre que pasó aquí los últimos días de su vida. Uno de los portalones da entrada a la Capitanía General y está resguardado por seis militares. El otro, donde vigila el guardia armado de paciencia, corresponde al Consejo de Estado.
En los años en que transcurre esta crónica la calle Mayor se llamaba calle de la Almudena y el edificio que acabo de describir era conocido como el Palacio de los Consejos. Allí tenía su sede el Consejo de Castilla, una vieja institución medieval que durante la época de los Austrias se convirtió en el principal centro de poder de la Monarquía Hispánica. Sometido al control del rey, llegó entonces a fundir los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Con la nueva dinastía de los Borbones, el Consejo perdió algo de su influencia, debido a la reestructuración del gobierno y a la creación de carteras ministeriales. Pero seguía siendo un importante órgano consultivo, además de alto tribunal de justicia administrativa, civil y criminal. Funcionaba como un enorme cedazo por el que pasaban todo tipo de asuntos. Entre ellos, el control y la censura de la prensa.
El Consejo se reunía dos veces por semana. Lo hacía en la Gran Sala de Sesiones, justo detrás del balcón principal donde ondeaba la enseña blanca de los Borbones. De la pared principal colgaba un retrato de Carlos III y la divisa Optimus et Maximus, lo mejor para lo más grande. Los treinta consejeros y los tres fiscales se sentaban en torno a una mesa de tapete encarnado y en forma de U. Formaban un grupo heterogéneo dividido por clientelismos personales y por la extracción social, aunque, de forma sucinta, se podrían apuntar dos facciones. La primera era de tendencia e ideología tradicionalistas y agrupaba a altos eclesiásticos y a nobles de linaje, valedores del Antiguo Régimen y celosos de sus privilegios. La segunda estaba compuesta por una meritocracia de juristas provenientes de la burguesía o de la baja nobleza, más abiertos a las reformas y leales a la nueva dinastía —recibían el nombre de «golillas» o «manteístas», por la gola y el manteo que usaban como indumentaria—. Al frente de las dos facciones, como fiscal jefe, se situaba una de las cabezas más brillantes del país: Pedro Rodríguez de Campomanes.
Un retrato pintado en 1777 por Antonio Carnicero nos lo muestra en todo su esplendor: con peluca empolvada y toga negra de la que prende la encomienda del rey. En la mirada se aprecia un ligero bizqueo. La media sonrisa en los labios carnosos delata la superioridad retórica que, a decir de muchos, ejercía sobre sus contendientes. O tal vez fuera sarcasmo, porque el trato diario con sus colegas le hastiaba. Campomanes no guardaba buena opinión de los miembros del Consejo, en especial de la facción linajuda que había accedido a él más por privilegios que por méritos. En una carta que envió a su amigo Gaspar Melchor de Jovellanos el mismo año del retrato, escribió sobre ellos: «Yo les veo venir en ayunas; no saben nuestra historia, ni la eclesiástica. ¿Cómo han de aconsejar al soberano en la legislación? La ignorancia es el mal que padecemos». Y la postdata: «No conviene comunicar estas claridades, porque contribuyen a hacerse odioso».
Campomanes procedía de una familia hidalga asturiana venida a menos. Durante un tiempo coqueteó con ser cura, no por vocación religiosa, sino para poder centrarse en el estudio de la filología y de la historia, sus verdaderas pasiones. Pero acabó estudiando leyes, en Oviedo y en Sevilla, y más tarde abrió un bufete en Madrid. Aquí empezó a departir con personajes de la Ilustración madrileña, al tiempo que continuaba sus labores intelectuales. Habría sido un abogado de éxito, o un eminente hombre de letras, pero le entró la cizaña del poder y se convirtió en político. Eso sí, en un político muy culto; autor de una extensa Historia sobre la Orden y Caballería de los Templarios y traductor de varios libros del griego clásico. Ingresó primero en el Consejo de Hacienda y, advertido el rey de su aptitud, pasó pronto al Consejo de Castilla. Fue consejero, fiscal ordinario y, finalmente, primer fiscal. En 1780 Carlos III le concedió el título de conde de Campomanes. Tenía cincuenta y siete años y parecía haber alcanzado la plenitud de su carrera política. Aunque, en realidad, como iremos viendo a lo largo de esta crónica, ya la había rebasado.
Campomanes tenía una relación ambigua con la prensa. Era un apasionado lector de periódicos, tanto nacionales como extranjeros. Y como político ilustrado reconoció en seguida la importante labor pedagógica del nuevo género; precisamente para curar esa ignorancia que achacaba a sus colegas. En el año 1775 escribió un Discurso sobre la educación popular cuyo apéndice incluía la siguiente frase: «Las gacetas de comercio, los diarios económicos y otras obras periódicas de esta naturaleza son los escritos que han ilustrado a nuestros vecinos. Este mismo efecto producirán en España luego que se haga de moda en nuestros estrados su lectura y cálculo, en lugar de las bagatelas que suelen tratarse en ellos».
Pero, al mismo tiempo, como fiscal jefe del Consejo Campomanes era responsable de evitar que a través de la prensa se propagaran ideas demasiado peligrosas o se faltara al respeto a personas e instituciones. Organizar un sistema de control no resultaba fácil, por el creciente número de solicitudes y por el ritmo de revisión; a diferencia de los libros, los periódicos debían ser aceptados o rechazados en pocos días. A esto se unía que la mayoría de los consejeros carecía de tiempo y, sobre todo, de preparación para ejercer una labor así. De ahí que Campomanes decidiera delegarla a censores externos, a miembros de corporaciones de prestigio como la Academia de la Historia o los Reales Estudios de San Isidro. Ellos serían los encargados de velar por que los periódicos cuidaran en todo momento la mesura y la decencia.
El Archivo Histórico Nacional está en la madrileña calle Serrano. La sala de lectura es alargada y no demasiado grande. A la entrada se alinean los ordenadores de consulta. A la izquierda hay un mostrador para atender a los visitantes. Solo se puede traer el portátil. Si se quiere escribir a mano, hay a disposición lapiceros y medias cuartillas. Más de la mitad de las mesas están ocupadas por mujeres y hombres que revisan manuscritos agostados. Lo hacen con cuidado y solemnidad. Me sorprende que no lleven guantes. Estarán reservados para los incunables.
Mi contraseña incluye signos que no sé si son letras o números. Comienza un baile de íes, oes, ceros y unos hasta que, después de tres intentos, el ordenador se bloquea. La funcionaria me da una contraseña inequívoca y juntos hacemos el pedido. Me siento a la mesa cincuenta y cuatro, a la espera de que me avisen. El ambiente es relajado, el personal atento y distendido a la vez. Imagino que serán longevos. Aprovecho para mirar por la ventana: un parquecito, un pino y una fachada de ladrillo. Y un sol espléndido de invierno.
A los diez minutos me hacen una seña desde la ventanilla. Me levanto y recojo una caja de cartón que exhibe el escudo del archivo y una pegatina con la signatura: Sección Consejos. Consejo de Castilla, legajo 5546, expedientes 1-41. La llevo a la mesa y desnudo el lazo blanco con la ilusión del niño que desenvuelve el regalo. Saco la carpeta número 22. Si no me equivoco, soy la tercera persona en abrirla. La primera fue Elsa García Pandavenes, una investigadora de Berkeley que, a finales de los sesenta, buscaba datos para su tesis doctoral. Veinte años después la abrió José Miguel Caso González, catedrático de la universidad de Oviedo e impulsor de los estudios dieciochistas en España. Es justo dejar constancia de su labor de zapa. Sin ellos, la historia de El Censor seguiría quizá dormitando en los sótanos que tengo ahora bajo mis pies. Podría haberme contentado con lo que ambos han sacado a la luz, sería suficiente para una crónica de esta naturaleza. Pero me tentaba ver los documentos con mis propios ojos, tener la información de primera mano y, tal vez, encontrar algo nuevo. Me apetecía también tocar los manuscritos originales. Ante la imposibilidad de entrevistar a los protagonistas, es este el consuelo del cronista que se ocupa de temas muertos.
La carpeta número 22 contiene siete hojas de papel marchito y caligrafía enmarañada. Pero lo suficientemente clara como para deducir que la última reunión que celebró el Consejo ese año 1781 —el lunes 24 de diciembre— careció de espíritu navideño. Podemos conjeturar con que habría disputas sobre las medidas a adoptar y que se acabarían imponiendo aquellos que no miraban con buenos ojos a la prensa, a ese joven género que escondía peligros por todas partes y reclamaba estar alerta prácticamente cada día, incluso en Nochebuena. Lo podemos suponer porque, según se desprende del expediente, ya hacia al final, cuando los consejeros tendrían ganas de ir a cenar con la familia, se dispuso lo siguiente: «Embárguense y recójanse todos los ejemplares que se hayan impreso y encontrado del discurso cuarenta y seis que se publicó en la semana próxima pasada de la obra periódica intitulada El Censor».
El expediente revela también que se ordenó abrir diligencias para aclarar el asunto. Y que les cayó un rapapolvo a los encargados de controlar los periódicos: «Prevéngase a los censores, de orden del Consejo, que no siendo la primera vez que se ha advertido el poco cuidado con que se reconoce esta obra y dejan pasar asuntos que no conviene publicarse, procedan en lo sucesivo con más escrupulosidad y cuidado, proponiendo al Consejo aquellas especies y asuntos que consideren dignas de reparo».
No se especifican los asuntos que no convenía publicarse. Pero es fácil adivinarlos. Más allá de ridiculizar la superstición, la carta de Olías del Rey era un ataque a la orden de los carmelitas, una de las más influyentes del país. Según cuenta su leyenda fundacional, en el año 1251 la Virgen María se le apareció a Simón Stock, futuro Prior General. Le tendió un escapulario y le dijo que quien muriera vistiendo esa prenda evitaría abrasarse en el fuego eterno. La propuesta del anónimo corresponsal de servirse de los escapularios de la virgen del Carmen a modo de jubón o chaleco antibala era, ciertamente, un escarnio; de ahí que en la ficticia escena inicial al denunciante lo haya vestido con la sotana marrón característica de los carmelitas.
Puede también que el Consejo actuara por iniciativa propia al considerar el texto de los escapularios como una burla al ejército, que llevaba dos años y medio tratando de tomar Gibraltar. En junio de 1779 las tropas aliadas hispano-francesas habían iniciado la que se prometía acción definitiva, un largo asedio que haría rendir por hambre al Peñón. Pero no estaba resultando efectivo. Los ingleses lograban romper una y otra vez el bloqueo que cortaba el abastecimiento de la ciudad. El plan no solo era infructuoso, sino que costaba un dineral a ese erario sufragado en parte por la lotería. Para mantener el sitio eran necesarios más de catorce mil soldados, además de once navíos y dos fragatas que vigilaban el golfo de Cádiz. En el mes de noviembre de 1781, pocas semanas antes del artículo de El Censor, los sitiados habían logrado incluso desmantelar una batería situada en el fuerte de San Carlos, un puesto avanzado recién construido y desde donde los cercadores pretendían hacer fuego contra las murallas de la ciudad. El gobierno estaba nervioso, la campaña resultaba desastrosa y había que replantear la táctica. Que precisamente en estos momentos un periódico se tomara el asunto a mofa era algo difícil de tolerar.
El expediente atestigua que, ese mismo día de Nochebuena, el escribano de cámara, Pedro Escolano de Arrieta, se puso en marcha para ejecutar la orden de embargo. Acompañado de dos escoltas: un tal Pedro González y otro que creo descifrar como Isidro Pomales. Tengo ante mí los informes firmados con la declaración que tomaron a los responsables. Son protocolos de letra vacilante, como si hubieran sido escritos a pie, lo que probablemente ocurrió. Y ofrecen datos suficientes para, con ayuda de un plano de la época, reconstruir la operación.
El primer destino era la plazuela de Santa Catalina de los Donados, donde estaba la imprenta de la que salían los ejemplares de El Censor. Escolano de Arrieta y sus escoltas saldrían de la sede del Consejo de Castilla y girarían a la derecha. Tal vez empujaran un carro o una carretilla donde cargar los ejemplares que pensaban requisar. Remontarían la calle de la Almudena, dejarían a la derecha el palacio del marqués de Fuente el Sol, que ocupaba toda la manzana, y la plaza de la Villa, donde estaba el ayuntamiento. Entrarían en la calle de Platerías, cruzarían la puerta de Guadalajara y, a la altura de la casa del conde de Villafranca del Gaitán, girarían a la plaza de Herradores. Seguirían por la calle de las Fuentes, atravesarían la del Arenal y llegarían hasta la plazuela de Santa Catalina de los Donados.
Allí, en un sótano, estaba la imprenta de Blas Román. Según consta en el protocolo, Román jura decir la verdad y declara que se «han tirado en su imprenta, de orden y encargo de Luis Cañuelo, quinientos ejemplares del discurso cuarenta y seis». Añade que de ellos «se han entregado para su venta trescientos setenta». A continuación delata el nombre de los libreros: Bartolomé López, Luis María Mafeo, Pedro Martínez y Juan Esparza.
Después de requisar los ciento treinta ejemplares que quedaban en el almacén de Román, Escolano y sus escoltas bordearían el monasterio de San Martín y el convento de las Descalzas Reales hasta llegar a la calle Jacometrezo. Girarían a la izquierda, entrarían en la plazuela de Santo Domingo a la altura del convento de los Ángeles, pasarían por delante del Tribunal de la Inquisición, de la cárcel de la Inquisición, dejarían atrás el convento del Rosario y, en la esquina de la plazuela con la calle Leganitos, entrarían en la librería de Bartolomé López. Tras jurar decir la verdad y hacer la señal de la cruz, López asegura «haber recibido sesenta y ocho ejemplares», de los cuales «solo le quedan cuatro por haber vendido los demás».
Con cuatro ejemplares más en la carretilla, los tres volverían por la calle Jacometrezo, pasarían por el hospital San Luis de los Franceses y por la casa del marqués de Murillo, entrarían en la plaza de San Luis, saldrían por la calle del Caballero de Gracia, justo donde la fonda Cruz de Malta, llegarían a la calle de Alcalá y, a la altura de la residencia de los cartujos, bajarían por la de los Cedaceros hasta llegar a la carrera de San Jerónimo. En el número siete, frente al despacho del Diario noticioso, tenía su tienda Luis María Mafeo. Tras prestar juramento, Mafeo admite ante Escolano haber puesto «para su venta cincuenta ejemplares de la obra que se refiere, y de ellos ha vendido siete, exponiendo cuarenta y tres, los que ofreció a mí».
Con ciento setenta y siete ejemplares en la carretilla, quizá con un leve tambaleo, los tres secuestradores enfilarían hacia el despacho de lotería situado en la esquina de la calle de la Cruz. Bajarían por ella, dejarían a su izquierda el teatro de la Cruz, llegarían hasta la plazuela del Ángel, con la fonda de San Sebastián aún cerrada, y de allí tomarían la calle Carretas. En esa misma calle, frente a la recién construida Real Casa de Correos, estaba la librería de Pedro Martínez. Tras jurar ante Dios y los presentes decir toda la verdad, Martínez asegura «solo haber vendido cinco de los cien que recibió», con lo que «expone noventa y cinco».
Doscientos setenta y dos ejemplares harían ladear peligrosamente la carretilla. Pero quedaba poco. Solo faltaba bordear el vivac, el cuerpo permanente de guardia, y ya estaban prácticamente en la Puerta del Sol. A la altura de la fuente de la Mariblanca esperaba su último destino. Los tres visitantes entraron en la librería y el escribano le informó a Juan Esparza de que venía a tomarle declaración oficial; quería saber cuántos números de El Censor había recogido de la imprenta de Blas Román y cuántos había vendido. La respuesta de Esparza no dejaría de sorprenderle: «Ciento cincuenta recogidos y ciento cincuenta vendidos». Un alivio para la carretilla. Pero le molestaría la puntilla final. Porque, después de dar las rotundas cifras y como sin venir a cuento, Esparza añadió que los había «despachado todos y muchos más que le hubieran entregado». Lástima que el protocolo no revele el tono de su voz.
EL PROYECTO MÁS AMBICIOSO DEL SIGLO
Nuestro próximo destino es París. A lo lejos se ve el Arco de Triunfo. Hasta allí suben los Campos Elíseos. En ligera ascensión y con anchura desmesurada, por lo menos para el viandante. Alguien dijo que París hay que visitarla en carroza. Suena a bon mot de la época absolutista, de algún aristócrata que serviría de modelo para el vizconde de Valmont o la marquesa de Merteuil, los corresponsales de Las amistades peligrosas. Choderlos de Laclos publicó su novela epistolar de forma anónima en 1782. Es una de las cumbres de la literatura libertina, aun cuando se sigue discutiendo si esconde una apología o una crítica del libertinaje. Lo que no se discute es que retrata magistralmente la decadencia de la aristocracia durante los años finales del Antiguo Régimen: mientras la marquesa y el vizconde intercambian sus sibilinas y cínicas cartas en las calles de París ya se cuece la revolución.
El Arco de Triunfo —esa catástrofe hecha piedra— no nos sirve. Y tampoco los Campos Elíseos. Para ambientarse en los años prerrevolucionarios de nuestra crónica hay que alejarse del París grandioso y monumental, construido casi todo él durante el siglo xix. Se puede visitar, por ejemplo, el quartier de la Monnaie. Al igual que su vecino y más conocido Saint-Germain-des-Prés, el de la Monnaie es un barrio pedestre. Abundan las callejuelas tranquilas, como la Rue des Poitevins, llamada así porque en algún tiempo remoto la frecuentaban estudiantes de la provincia de Poitou inscritos en la cercana universidad de la Sorbona. La callejuela une el Boulevard Saint-Michel con la Rue Danton y está salpicada de comercios nostálgicos, alguno de ellos, como la tienda de telas frente a la que estoy ahora, con el escaparate rajado. La dueña ha salido a fumar un cigarrillo. No vienen clientes.
Justo enfrente se alza una tapia tras la que se adivina un patio, imagino que un aparcamiento privado, aunque no se ve la entrada por ninguna parte. A su izquierda hay un edificio que parece una finca de apartamentos. Las ventanas de la fachada rebosan de geranios. Tiene dos portales, con los números cuatro y seis. Pulso al azar uno de los timbres y espero un rato. En vano. Pulso otro y lo mismo. No insisto. Tampoco importa. Basta con respirar el ambiente y viajar en el tiempo.
En ese edificio estuvo el Hôtel de Thou. Le pusieron el nombre por haber alojado a finales del siglo xvi a Christophe de Thou, el primer presidente del parlamento de París. Dos siglos después acogió a otro huésped ilustre: el editor Charles-Joseph Panckoucke. Vivía en el hotel de forma permanente. En la planta baja había instalado un moderno taller de tipografía con espacio para veinte prensas. En el sótano disponía de un almacén capaz de albergar hasta doscientos mil volúmenes a la espera de venta. Y en la planta alta estaba su residencia: dos estancias privadas y un amplio despacho con vistas a la catedral de Notre-Dame, hoy de color ceniza y cubierta de andamios.
Panckoucke era el editor oficial de la Imprimerie Royale y de la Académie des Sciences. Había publicado a Voltaire, al naturalista Buffon y controlaba además varios periódicos, entre ellos el renombradísimo Mercure de France. Tenía merecida fama de ser uno de los animadores de la vida cultural parisina. Célebres eran las recepciones que organizaba en el vestíbulo de su hotel. Lo hacía llenar de orquídeas y situaba en el centro un estrado móvil. Desde allí se presentaba ante el público para anunciar las novedades editoriales. Con ese aire de empresario bonvivant que exhibe en una litografía que se conserva de él:
A finales de 1781, por las fechas del embargo de El Censor, en el Hôtel de Thou reinaba una actividad febril. Las prensas trabajaban sin parar y las recepciones en el vestíbulo se sucedían con más frecuencia de la habitual. El motivo era que Panckoucke estaba poniendo en marcha su nueva aventura. No era una más de las muchas que había emprendido. Ahora tenía entre manos algo realmente grande, lo que él mismo consideraba «el proyecto más ambicioso del siglo». Llevaba casi quince años trabajando en él, desde un día de finales de verano de 1768 en que acudió a una cita en el número uno de la parisina Rue Taranne. Allí, encima del restaurante Laffite, vivía Denis Diderot, convertido ya en uno de los intelectuales más influyentes y controvertidos del país.
