¿Quién gobernará? E-Book

Mónica Ricketts

• Herausgeber: Fondo Editorial de la PUCP
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 765

Veröffentlichungsjahr: 2024

Beschreibung

¿Quién gobernará? se remonta al siglo XVIII para examinar el surgimiento de la política moderna en el mundo español y la transición hacia la independencia peruana. Al enfatizar las conexiones entre dos áreas claves del mundo hispánico, el virreinato peruano y España, este libro analiza el surgimiento de hombres de letras y oficiales militares como nuevos y antagónicos actores políticos. Se trató de un proceso largo, complejo y contradictorio, que terminó socavando las estructuras de poder que sostenían a la antigua monarquía y al virreinato peruano. Asimismo, fue un proceso desigual, pues los militares formaron pronto un cuerpo nuevo y bastante sólido, mientras los hombres de letras enfrentaron la constante oposición de las élites enraizadas del Perú y España, las cuales se resistían a cualquier reforma que mermara sus privilegios. A partir de ello, una sucesión de guerras e insurgencias en América azuzó las luchas de poder entre estos dos grupos y dio inicio a un largo camino de inestabilidad política.

Leseprobe

Mónica Ricketts es profesora de historia colonial en la Universidad de Temple, Filadelfia, Estados Unidos. Es licenciada en Historia por la PUCP. En 2007 obtuvo el doctorado, también en Historia, en la Universidad de Harvard. Ha coeditado los libros Familia y vida cotidiana en América Latina (2003, con Scarlett O´Phelan, Fanni Muñoz y Gabriel Ramón) y Jorge Basadre, el hombre, su obra y su tiempo (2004, con Scarlett O´Phelan). Ha publicado artículos sobre el liberalismo español; los retos del militarismo y las letras en la era borbónica y la temprana república; caudillismo, misoginia y género. Actualmente prepara un nuevo libro sobre teatro, género y cultura política en el Perú.

Mónica Ricketts

¿QUIÉN GOBERNARÁ?

Inestabilidad y luchas por el poder en Perú-España, 1750-1830

¿Quién gobernará?Inestabilidad y luchas por el poder en Perú-España, 1750-1830© Mónica Ricketts, 2024

Título original: Who Should Rule? Men of Arms, the Republic of Letters, and the Fall of the Spanish Empire.Oxford University Press, 2017

© Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2024Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú[email protected]

Imagen de portada: Francisco Javier Cortés (Quito, ca. 1770 - Lima, 1838). El Presidente de la República del Perú y comitiva en ceremonia oficial, ca. 1827-1838. Acuarela y témpera sobre papel, 19.5 cm x 24.5 cm. Museo de Arte de Lima. Donación Juan Carlos Verme. Fotografía: Daniel Giannoni.

Traducción: Jorge Cornejo Calle.

Diseño, diagramación, corrección de estilo y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP

Primera edición digital: mayo de 2024

Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2024-03280e-ISBN: 978-612-317-950-2

Para Alfonso Martín.

El lazo más fuerte, más indestructible, más pesado y constante que nos une a nuestros semejantes es el llamado poder, y el poder, tomado en su sentido verdadero, no es más que la expresión de la mayor dependencia en que se está con respecto a otro.

León Tolstói, «Algunas palabras a propósito de La guerra y la paz» (1868)

Índice

Prefacio a la edición en español

Introducción

PRIMERA PARTE.

REFORMA IMPERIALConsecuencias contenciosas, 1760-1808

1. Hacia una nueva élite imperial

2. El mérito y sus nuevos roles subversivos

3. Los súbditos más leales del rey

4. De hombres de letras a actores políticos

SEGUNDA PARTE.

AGITACIÓN IMPERIALConflictos nuevos y antiguos, 1805-1830

5. Liberalismo y guerra, 1805-1814

6. Abascal y el problema de las letras en el Perú, 1806-1816

7. Plumas, política y espadas: un camino hacia la constante inestabilidad, 1820-1830

Epílogo

Agradecimientos

Fuentes, documentos y bibliografía

Prefacio a la edición en español

Han pasado muchos años desde la publicación de este libro en inglés, pero confío en que las preguntas y respuestas que contiene, y que fueron las que me llevaron a escribirlo, sigan teniendo vigencia y sirvan para reflexionar sobre la larga historia de nuestros persistentes desvaríos políticos. El trabajo es el resultado de un estudio que me tomó más de una década, pues empezó como investigación para la tesis con la que obtuve el grado de doctora en Historia. Estas monografías, que para algunos historiadores son nuestros primeros libros, quizás no sean los mejores, pero sí son, a mi juicio, los más particulares. Como investigadora joven, una se esfuerza en elegir un tema que sea relevante y rico en contenido, pero también en alcance geográfico o metodológico, o ambos. Nos embarcamos, así, en ese proceso largo y angustioso de buscar una pregunta de investigación para terminar, de manera inevitable en muchos casos, escogiendo una cuestión muy personal. En mi caso, la pregunta que me obsesionó, y alrededor de la cual articulé mi trabajo, fue por qué nos ha sido siempre tan difícil a los peruanos construir vínculos políticos sólidos y duraderos. Mi libro no pretende resolver tal cuestión de manera definitiva, pues se trata de una pregunta enorme y existencial, que amerita muchas y múltiples respuestas; lo que busca es reflexionar desde el pasado, con un marco geográfico amplio, para tomar distancia y pensar no solo en los problemas políticos concretos sino, además, en el contexto y los enormes retos que las circunstancias nos obligaron a enfrentar.

El tardío siglo XVIII fue una era fundamental en la historia política moderna pues, como muestra este libro, entonces surgieron individuos que empezaron a imaginar y buscar roles protagónicos que les dieran poder, convirtiéndose así en nuevos actores políticos. Ese proceso, que perturbó y alteró el viejo orden en que se sostenían el virreinato peruano y la monarquía española, fue parte de cambios mayores que se dieron en muchos lugares de Occidente. Diversas corrientes políticas, culturales e ideológicas, como el reformismo borbónico (en nuestro caso), la difusión de la Ilustración primero y el Romanticismo luego, convergieron en un contexto de intensa competencia imperial y guerras cada vez más extensas y cruentas. Por ello, para entender cabalmente los procesos políticos que se dieron en el Perú, debemos tener en cuenta procesos similares en otras partes del mundo español y atlántico, con los que el Perú comparte una historia común. Es el caso de España, país que también posee una trayectoria larga y angustiosa de inestabilidad política que la llevó a enfrentar guerras interminables y la condenó a la pobreza. Sin duda, existen múltiples explicaciones para ese desenlace, pero una de ellas se remonta al siglo XVIII y está inextricablemente vinculada a la historia americana.

Cuando empecé mi investigación, despuntaban en la historiografía las perspectivas comparativas, atlánticas y globales. Estas metodologías me parecieron entonces fascinantes y enriquecedoras, pues la historia peruana y latinoamericana habían estado por mucho tiempo especialmente concentradas en analizar procesos locales y regionales. Si bien hubo mucho desarrollo en ese campo, sobre todo en la historiografía regional peruana, quedaba pendiente analizar y recuperar el contexto más amplio que afectó directamente aquellos procesos particulares. Era, pues, un buen momento para emprender nuevas rutas y repensar nuestra historia desde otros ángulos. Entre todas las posibilidades que ofrecían entonces las perspectivas globales, la vertiente que más me atrajo fue la posibilidad de escribir historias paralelas y analizar al unísono lugares que, por lo general, no son estudiados en sincronía. Para este libro escogí investigar al Perú y a España, no por nostalgia colonial, sino porque los lazos que unieron al virreinato con la monarquía fueron profundos y, por lo tanto, muy difíciles de alterar. No sorprende, así, que ambos lugares del mundo español enfrentaran retos de orígenes comunes, transformaciones similares y procesos políticos que preocuparan a sus contemporáneos más que la separación. Y, como lo novedoso muchas veces no nos lleva sino a redescubrir antiguos caminos, sin proponérmelo, este trabajo termina recorriendo la ruta que trazara José María Arguedas en su fascinante estudio comparativo sobre las comunidades de Castilla y el Perú en 1958.

Finalmente, agradezco a José de la Puente Brunke, decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y amigo de muchos años, por la confianza y el generoso apoyo; a Patricia Arévalo, directora del Fondo Editorial de la PUCP; a Militza Angulo Flores, coordinadora de edición; y a Jorge Cornejo, quien tradujo con gran eficiencia el texto.

Mónica Ricketts

Filadelfia, setiembre de 2023

Introducción

Después de apuñalar al gigante enemigo de la princesa Micomicona, Don Quijote se quedó dormido en la destartalada habitación de una venta, mientras el dueño, su familia, Sancho, Cardenia, Dorotea y el barbero escuchaban al sacerdote leer una novela en voz alta. El viejo caballero volvió a cenar vestido con armadura, casco, escudo y espada. Una mora y un excautivo, que acababan de llegar, se unieron al grupo. Todos charlaban alegremente cuando, de pronto, Don Quijote dejó de comer y comenzó un discurso sobre el papel de las armas y las letras en la sociedad. Estaba lúcido, y cuando esto ocurría, todos lo escuchaban. En su discurso, el viejo caballero desafió a quienes pensaban que las armas no requerían espíritu, puesto que su objeto y fin eran la paz. Después de comparar las virtudes, problemas, sacrificios y habilidades que se exigía a los hombres de armas y de letras, concluyó que las armas merecían más respeto, pues requerían mayores habilidades y sacrificios, aunque generaban menores recompensas. Había más oportunidades para los hombres de letras. Aun si, como pobres estudiantes, tuvieran que comer de las sobras de los ricos, nunca serían tan pobres como el más rico de los soldados, quien arriesgaba su vida y su conciencia, pero rara vez recibía paga o premio. El sacerdote, que era un letrado y graduado, estuvo de acuerdo con Don Quijote. Los historiadores y especialistas del siglo XVII probablemente apoyarían las afirmaciones del antiguo caballero1.

Este antiguo orden cambió durante el siglo XVIII. El por qué y el cómo sucedió este cambio constituyen los temas centrales de este libro. Los hombres de letras y de armas emergieron a la par como actores políticos, nuevos y antagónicos, luego de la llegada de los Borbones al poder. Durante décadas, la disputa entre ambos grupos fue continua y a menudo violenta, y perturbó no solo el viejo orden, sino también los esfuerzos de los Borbones por establecer un orden nuevo, hasta que los militares cobraron mayor fuerza y adoptaron un papel definitivo en la sociedad. A Don Quijote probablemente le habría gustado semejante desenlace para los hombres de armas. Sin embargo, este resultado implicó grandes desafíos, tanto para la formación de una monarquía constitucional en España como para la construcción de un Estado republicano en el Perú.

Este libro examina las luchas por el poder entre los hombres de letras y de armas en dos espacios centrales del Imperio español: el virreinato del Perú y España. La historiografía más reciente ha venido buscando la integración de historias relacionadas que por lo general se han estudiado de manera aislada2. Desde hace mucho tiempo, los historiadores de América Latina han considerado la inestabilidad política como un problema clave en su campo, mientras que los historiadores de España han sostenido lo mismo sobre el suyo: sin embargo, nadie ha reunido ambas historias para buscar antagonismos que sean comparables, similares e incluso idénticos y que nos permitan entender mejor estas historias comunes3. Así, este libro analiza la inestabilidad política en ambas regiones como un problema común de orígenes imperiales.

En 1700, dos líneas dinásticas, los Habsburgo españoles (que habían gobernado España desde el siglo XVI) y los Borbones franceses, se disputaron la sucesión al trono español. Luego de más de una década de guerra la segunda línea prevaleció y en 1713 un rey borbónico accedió al trono español.

Debido a su desconfianza para con los viejos círculos de la corte Habsburgo, los Borbones se dedicaron muy pronto a crear una nueva élite de poder que los ayudara a gobernar. Este proyecto se implementó inicialmente en la Península y luego se extendió a la América española, como se analiza en el capítulo 1. Siguiendo los usos del siglo XVIII, la nueva monarquía eligió hombres de letras y oficiales militares de mérito entre las élites provinciales. Uno de los conceptos distintivos del programa de reforma borbónico fue el mérito, entendido ya no como una condición o estado resultante del abolengo y la pureza de sangre de una persona, sino como talento, habilidad y experiencia: este es el tema del capítulo 2. La Corona borbónica buscó nuevos súbditos con formación profesional para sus ministerios. Necesitó de escritores y abogados para producir una legislación que transformara de manera radical el mundo español. Estos también se encargarían de reformar el sistema educativo y de difundir conocimientos útiles. Por su parte, los oficiales militares defenderían la monarquía y el Imperio en esta nueva era de competencia imperial. Además, tendrían a su cargo el gobierno. Los hombres de letras y los oficiales militares ya no servirían al rey como simples secretarios, artistas o guardias. Ahora debían actuar y también mandar.

Desde un principio, el surgimiento de estos actores políticos en el mundo español fue desigual. Una vez que la Corona aseguró su sucesión, los oficiales militares —pronto y sin gran dificultad— formaron un cuerpo distinto y sólido. Antes del siglo XVIII, España y el Imperio carecían de fuerzas centralizadas y bien organizadas, tanto en tierra como en el mar. Por lo tanto, la Corona encontró un espacio significativo en el campo militar para llevar a cabo una reforma sustancial y, en una mezcla de principios viejos y nuevos, forjó sus nuevos ejércitos y armada como corporaciones fuertes, gobernadas por comandantes plenamente leales al rey. Así, en el contexto de grandes guerras imperiales, los funcionarios borbónicos implementaron una intensa reforma militar en áreas centrales del Imperio como Cuba y el Perú, ampliaron el tamaño y poderío del ejército, y se aseguraron de contar con oficiales militares leales para ocupar los principales puestos de poder. En el Perú, el ejército se convirtió tanto en una fuerza represiva como en una institución atractiva para indígenas y castas (personas de descendencia mixta), a quienes se les ofrecía la posibilidad de ascender en la escala social y política, como se analiza en el capítulo 3.

Por su parte, y a diferencia de los anteriores, los hombres de letras que trataron de convertirse en nuevos actores políticos se enfrentaron a una oposición constante. Las antiguas élites profundamente arraigadas tanto en España como en el Perú se resistieron a cualquier intento de reducción de su poder o prerrogativas y socavaron toda reforma de la educación y la Iglesia. A los centralizadores Borbones les resultó muy difícil alterar la sociedad tradicional fraguada por los Habsburgo, que se basaba en la tolerancia y la negociación con las particularidades y privilegios de cada lugar y grupo. En consecuencia, los hombres de letras se vieron limitados en el ejercicio de su nueva autoridad y terminaron operando en ámbitos protegidos por el Estado, como las nuevas asociaciones civiles y la prensa, en escuelas y academias independientes, y en la recientemente empoderada rama secular de la Iglesia. Los hombres de letras produjeron leyes y periódicos, dieron discursos y difundieron conocimientos útiles en sus enseñanzas. Algunos de ellos, inspirados por el nuevo espíritu de reforma y la Ilustración, comenzaron a soñar con nuevos órdenes sociales en los que pudieran gobernar, que es el tema del capítulo 4.

En 1808, Napoleón Bonaparte invadió la Península española, envió al rey Carlos IV y a su hijo, Fernando VII, a Francia y, con ello, sin anticiparlo, desencadenó una revolución liberal en el mundo español. En aquel vacío súbito y sin precedentes, los hombres de letras y los oficiales militares se encontraron listos para asumir protagonismo y reclamar la autoridad. En el espíritu de la nueva historiografía que surgió a partir de los bicentenarios de la primera etapa liberal de Cádiz (1808-1814) y las primeras insurgencias en la América española (1808-1816), mi investigación revela nuevos aspectos de la revolución española al centrarse en dos temas cruciales, pero poco estudiados, de esta época: el carácter universal del liberalismo español inicial y su preocupación por el poderío militar. Tradicionalmente, los estudiosos de América Latina se han aproximado a este periodo en busca del germen de las identidades nacionales, así como de las causas que explican el colapso del Imperio. Sin desestimar la importancia de dichos estudios, este libro se une a tendencias recientes que buscan entender y resaltar las continuidades y conexiones entre la Península y América, en un intento por recuperar temas fundamentales de las luchas de estos años que han sido pasados por alto en los estudios centrados en la separación y el nacionalismo. El liberalismo surgió en el mundo español como una ideología para toda la monarquía española y el Imperio; era una ideología tanto peninsular como americana. Los españoles peninsulares hicieron un llamado a sus hermanos americanos para que se unieran a ellos en la lucha contra la opresión, entendida en su sentido más amplio, como opresión política, económica, social y cultural. En estas luchas, el liberalismo y la guerra se mantuvieron entrelazados. Por lo tanto, uno de los problemas más acuciantes para los nuevos liberales resultó ser el poder en expansión de los militares, en especial en las posesiones imperiales de América, a las que los españoles en España y América comenzaban a llamar la «España Ultramar».

A diferencia de la Península, la mayor parte de la América española no experimentó un vacío de poder real después de 1808. Las acciones opresivas de los virreyes y los gobernadores generales en América, quienes para entonces eran todos oficiales militares, se convirtieron en un tema central para los escritores liberales peninsulares, quienes los culparon de hacer fracasar un acuerdo entre España y la América española que habría podido asegurar la unidad de una causa común, como se analiza en el capítulo 5. En el Perú, Fernando de Abascal, quien fue virrey durante la década crucial de 1806-1816, mantuvo el ferviente compromiso de expandir tanto sus prerrogativas como las de los militares mientras aplastaba los esfuerzos para implementar medidas liberales dentro de su jurisdicción. Abascal, el poderoso líder de uno de los ejércitos más grandes del mundo español, tuvo éxito en ambas empresas. En el Perú solo se desarrollaron una oposición liberal débil y un liberalismo preocupado no tanto por declarar su independencia de España o por reclamar una mayor autonomía dentro del Imperio, sino principalmente por combatir el poder abrumador y represivo del virrey y su ejército, como se discute en el capítulo 6.

El capítulo final del libro, sobre la década decisiva de 1820-1830, no busca esclarecer el colapso del Imperio español ni las causas que condujeron a la independencia y el republicanismo en el Perú, sino más bien explicar por qué esta transición se dio de la manera en que se dio, desencadenando una inestabilidad política generalizada. Luego de décadas de reformas militares y guerra, los oficiales del ejército con experiencia de mando y gobierno se sentían con derecho a gobernar. Los antiguos súbditos de la Corona y los nuevos ciudadanos también estaban acostumbrados a verlos en puestos de liderazgo. Frente a ellos, los hombres de letras hallaron limitadas oportunidades para ejercer su nueva autoridad, a pesar de sus ambiciones. Además, tanto en España como en el Perú, los hombres de letras liberales no fueron capaces de crear un nuevo orden institucional en el que el ejército estuviera supeditado al gobierno civil. Se necesitarían muchas más décadas de violencia, guerras y disturbios en ambas partes de la antigua monarquía española para alcanzar ese objetivo.

En resumen, y en términos más generales, mi libro analiza el surgimiento de la política moderna en el mundo español. Antes de esta era, la política era entendida como el arte del buen gobierno, policía (órdenes y disposiciones) y buenos modales. Un político podía ser tanto una persona versada en cuestiones de gobierno y en los asuntos de la república y el reino, como también alguien de hábitos refinados4. Las intrigas, acuerdos, alianzas y luchas por el poder tenían lugar en círculos cerrados como la corte, la Iglesia y la universidad. Eran actividades exclusivas y, por lo tanto, secretas5. Este viejo orden de cosas cambió abruptamente en el mundo español cuando el liberalismo y la guerra abrieron la monarquía a nuevas libertades y ambiciones. En décadas recientes, los historiadores se han aproximado al nacimiento de la política moderna centrándose en el surgimiento y la propagación de nuevas ideas, como la soberanía y la representación; en nuevos espacios de sociabilidad, como las academias o los salones; o en nuevas prácticas políticas, como las electorales6. A partir de estos trabajos, este libro analiza a las personas (todos hombres en esta historia) que se apoderaron de esas ideas y las comprendieron, que encontraron (o no lograron encontrar) espacios e instituciones donde desarrollar sus objetivos, y que tomaron la delantera en la nueva política. Después de todo, uno de los cambios más importantes que trajo consigo el siglo XIX fue la posibilidad de que hombres de menor estatus y de zonas marginales pudieran reclamar el poder y gobernar.

En términos metodológicos, esta historia intenta analizar de una manera dinámica las ideas, expresiones y ambiciones de los actores en la práctica. Al hacerlo, vincula la alta política con la baja, las decisiones de los funcionarios borbónicos en la corte de Madrid con las de sus pares en el Perú, y las respuestas de los súbditos peruanos, de diversos orígenes. Examina las oportunidades de movilidad social y política brindadas por las sucesivas oleadas de reformas, pero también aborda los aspectos represivos de estas reformas y sus consecuencias. Los documentos que utiliza, en especial los militares, se encuentran dispersos en varios archivos públicos y privados de España y la América española. Para profundizar en una perspectiva regional desde el Perú, el análisis incluye fuentes del Cusco y Arequipa, donde estaba apostado el Ejército Real del Alto Perú. Finalmente, en la búsqueda de testimonios y escritos de hombres de letras, recorrí bibliotecas de libros raros, periódicos y revistas del Perú, España, Inglaterra y los Estados Unidos.

Al escribir una historia paralela del Perú y España en esta era de transición, mi libro busca proporcionar a los académicos de la Península una vía para conectar su historia con América. Muchas de las luchas y los problemas que España enfrentó en el siglo XIX se relacionan estrechamente con los acontecimientos en América, lo que hace a su historia muy diferente de la de Francia, Alemania o Gran Bretaña. En lo que respecta al Perú, este antiguo y complejo virreinato español merece más estudios propios. La historiografía de América Latina sobre la transición de la era colonial a la republicana, a excepción de algunos notables estudiosos peruanos y peruanistas7, ha estado dominada por los casos de México y el Río de la Plata, que son muy diferentes y no se ajustan a la situación del Perú (ni a la de Cuba, para el caso)8. Así, el Perú de la independencia ha terminado encajonado en la categoría de caso raro o fallido. Espero que este enfoque, que presenta al antiguo virreinato del Perú y sus arraigadas instituciones españolas en relación con la Península, brinde nuevas oportunidades para romper nuestra dependencia de marcos inadecuados y constituya un reconocimiento a la fascinante y siempre extraña historia del Perú.

1Este es un debate de larga data en la sociedad española, que se remonta al siglo XV, si no antes. Ver Kagan, 1974 (pp. 32-36). Sobre cómo la relación entre hombres de letras y de armas se concibió desde un inicio como un conflicto, ver Russell, 1967 (pp. 47-58).

2Para trabajos comprometidos con la historia comparativa, interconectada y paralela, ver las obras pioneras de Kenneth Maxwell (1995 y 2003), que integran las historias políticas de Portugal y Brasil en el siglo XVIII. Para un estudio innovador que reúne y analiza en paralelo las historias del Imperio español y británico en América, ver Elliott (2006). Para un llamado a buscar conexiones entre las historias de Europa y América ver Elliott, 2009 (pp. xiii-xx) y Andrien (2009a, p. 72). En esta línea, Gabriel P. Paquette ha abierto nuevas rutas de investigación (2008, 2013). Ver también Paquette & Brown (2013). Por otro lado, los estudios enfocados en el comercio y las relaciones imperiales y comerciales en la América española han solido incluir a la Península en su análisis. Para estudios de este tipo, que buscan ofrecer una visión amplia del programa borbónico de reformas ver Stein & Stein, 2000; Marichal, 2007; Kuethe & Andrien, 2014; Pearce, 2014. Para trabajos recientes y reveladores en los que se conecta gente, cultura y sistemas legales de Hispanoamérica y España ver Martínez, 2008; Van Deusen, 2015; Mangan, 2016; Cook, 2016.

3Ver Carr, 1957 (pp. 135-148); Christiansen, 1967; Vilar, 1982. Más recientemente, Esdaile, 2000. Para Latinoamérica, ver Lynch, 1986.

4Esta es la definición incluida en el Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad (Madrid, 1737). En 1788, el Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana incluía una definición de «política» como fraude, deslealtad en la sociedad y el comercio, y como buena economía en la familia. El Diccionario Nacional o Gran Diccionario Clásico de la Lengua Española (1846-1847) ofrece una lista de las muchas y diferentes definiciones para este término, incluyendo la política de resistencia, la intriga para obtener fines específicos y la «politicomanía», como «la fijación o urgencia para involucrarse en cosas políticas o hablar de ellas. Pasión por la política» (ver http:// buscon.rae.es/).

5Ver Darnton, 2010, capítulos 22 y 23.

6Ver Guerra, 1993 y 1998; Adelman, 2006; Hamnett, 2002; Annino, 1995; Rodríguez, 1998; Dym, 2006; Rojas, 2009. Para un estudio más reciente sobre sobre la agencia de indígenas y esclavos y su lealismo ver Echeverri, 2016; también Méndez, 2005.

7Ver Anna, 1979; O’Phelan Godoy, 2015 (pp. 209-245) y 2014.

8Para una visión general influyente que toma como referente al Río de la Plata y explica el caso peruano como fallido, ver Lynch, 1986. De forma similar, para un análisis general de Hispanoamérica desde una perspectiva mexicana, ver Brading, 1991.

PRIMERA PARTE.

REFORMA IMPERIALConsecuencias contenciosas, 1760-1808

1. Hacia una nueva élite imperial

En 1700, la llegada de los Borbones inició una nueva era en el mundo hispánico. Carlos II, «el Hechizado», último rey español de la dinastía de los Habsburgo, murió sin haber tenido hijos. En su testamento, designó a su sobrino nieto Felipe de Borbón, duque de Anjou, como su heredero; la alternativa era que la Corona fuera a manos de su primo, el archiduque austríaco Carlos de Habsburgo. El orden geopolítico europeo de la época se vio conmocionado ante la posibilidad de que un nieto del todopoderoso rey de Francia, Luis XIV, se hiciera cargo del débil pero vasto Imperio español, dando a los Borbones franceses y españoles dominio sobre el mundo occidental. La Austria de los Habsburgo se opuso a esta decisión. La siguieron la República Holandesa e Inglaterra, temiendo una amenaza directa a sus intereses comerciales e imperiales que se encontraban en expansión. Pronto se les unió también Portugal. Así, la muerte de un rey sin hijos desencadenó una cruenta guerra.

La Guerra de Sucesión Española estalló en 1702, duró aproximadamente doce años y produjo un orden mundial diferente1. Al final, más de un centenar de tratados firmados en Utrecht (1713) y Rastatt (1714) establecieron un nuevo equilibrio de poderes con una clara inclinación hacia el norte. Después de luchar contra las fuerzas francesas en América del Norte y contra las presiones de Luis XIV durante su propia crisis de sucesión, Gran Bretaña emergió victoriosa. Según las condiciones de la paz, Felipe V renunció a su derecho a suceder a su abuelo, Luis XIV, a cambio de que las Coronas de España y Francia permanecieran separadas. España cedió Gibraltar, Menorca, los Países Bajos Españoles, Milán, los Presidios de Toscana, Cerdeña, Sicilia y la preciada Nápoles, lo que significó la pérdida de sus posesiones europeas y permitió la expansión británica en el Mediterráneo. De esa manera, el acuerdo garantizó la unidad del resto del mundo hispánico.

En lo que respecta a la América española, la principal concesión de paz fue de índole comercial. En 1713, España otorgó por treinta años a la British South Sea Company el «asiento» o monopolio real español del tráfico de esclavos africanos en el Imperio español. Además, una vez al año, se permitía a la compañía importar 4800 esclavos varones en determinados puertos de la América española con autorización real. Algo más importante aún, en términos comerciales, fue que esta concesión permitía a la compañía anclar una vez al año navíos de permiso (barcos mercantes con licencia) en estos mismos puertos con el fin de proveer suministros, como textiles de algodón para ropa, destinados a los esclavos que esperaban ser vendidos. Como consecuencia de ello, los navíos británicos comenzaron a poblar los mares del Imperio español2. Terminada la guerra, el poderío naval y comercial británico no tenía rival, y su nuevo rol imperial implicaba una amenaza directa para el Imperio español.

Además de esta transformación geopolítica, la sucesión borbónica al trono español provocó una guerra interna y regional que azotó a la Península durante más de una década. Tal vez por ello, el legado más perdurable de esta guerra fue el fuerte faccionalismo que dividió a los grupos sociales y las provincias (en especial a la élite) entre quienes estuvieron del lado de los Borbones durante la guerra (y compartían sus llamados a la reforma) y quienes apoyaron a los Habsburgo y se opusieron a cualquier cambio en el statu quo. En concreto, cuando estalló la Guerra de Sucesión Española, Aragón, Valencia y Cataluña rechazaron a la nueva dinastía francesa, junto con los grandes de España, los poderes provinciales y las órdenes regulares de la Iglesia que operaban independientemente del control real y se oponían a cualquier intento de centralización. Por su parte, Castilla, Navarra y las provincias vascas estuvieron del lado de los franceses. Los Borbones también recibieron el apoyo de la nobleza provinciana, de quienes creían en el regalismo y el centralismo, y de la Iglesia secular3.

Otro legado clave de la Guerra de Sucesión fue el compromiso borbónico de centralizar el poder y reformar el reino. No resultaba una tarea fácil. Después de todo, como señala el historiador John Elliott, España era una monarquía compuesta: un mosaico de reinos y provincias en la península ibérica, Europa y América, gobernados por leyes, privilegios y tradiciones particulares4. Los Borbones consideraron que, para ordenar y consolidar un gobierno central en esta gran diversidad, era crucial crear una nueva élite de poder5. Con este propósito, Felipe V elevó a nuevas personas a su administración y corte y empleó todos los medios a su alcance para reducir el poder de los grandes de España. Buscó contar con una nueva élite, leal y con cierta formación profesional, y eligió de entre ella a sus secretarios y ministros. Sus sucesores implementaron esta política en la América española.

En el pasado, los historiadores de América Latina sostuvieron que una de las prioridades de la Corona borbónica en la América española era consolidar el dominio del poder peninsular sobre el criollo6. Según esta posición, desde mediados del siglo XVIII las autoridades reales fueron restringiendo la participación de los criollos en la administración, generando el resentimiento de este grupo, lo cual allanó el camino hacia la independencia7. Sin embargo, como se argumentará en este libro, la centralización del poder no fue una política diseñada de manera específica para la América española. Fue una política borbónica general destinada a minimizar el poder local8. Es cierto que las autoridades borbónicas trataron de subordinar a los criollos en la América española, pero hicieron lo mismo con las élites de Navarra, Sevilla y Cataluña después de la Guerra de Sucesión. Por lo tanto, para entender las luchas derivadas de las reformas borbónicas, es esencial adoptar un enfoque más amplio en términos de tiempo y espacio, que vaya más atrás y abarque también a la Península9. Por ello, en lugar de abordar las reformas borbónicas como un programa antiamericano o colonial, el presente capítulo las analiza como un programa centralista y regalista —o, en esencia, como un programa absolutista10—.

Este capítulo se centra en uno de los objetivos fundamentales de los Borbones españoles: la creación de una nueva élite de poder imperial que ayudara a la Corona a gobernar, centralizar la administración y recuperar el prestigio perdido de España en el mundo. La primera parte del capítulo examina la historia de los esfuerzos centralizadores en el siglo XVII y durante el gobierno de los dos primeros monarcas borbónicos, Felipe V (1700-1746) y Fernando VI (1746-1759). Luego, manteniendo la atención en el surgimiento de una nueva élite imperial, se examinan los reinados de Carlos III (1759-1788) y Carlos IV (1788-1808), épocas en las que la Corona concentró sus esfuerzos reformistas en la América española y persiguió dos objetivos aparentemente contradictorios pero en realidad convergentes: la centralización de la autoridad política y la integración de las élites peninsulares y americanas. Con el fin de explicar los múltiples y complejos programas de reforma y las contingencias internacionales que favorecieron los planes borbónicos en una época de fuerte competencia imperial, el capítulo revisará enseguida las reformas administrativas y el surgimiento de las redes comerciales transatlánticas; la expansión del comercio y la migración; la matrícula de niños españoles americanos en escuelas peninsulares; la revolución de las comunicaciones y la propagación de la Ilustración, todo lo cual contribuyó al plan borbónico de acercar a las élites peninsulares y americanas para contar así con una sólida élite imperial.

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La voluntad de los monarcas de centralizar el poder y crear una élite leal es historia de larga de data en España. Desde que la unión de las Coronas sentara las bases de la monarquía española en 1492, la autonomía de los distintos reinos y provincias que constituyen España ha representado un gran desafío para la autoridad central. Con la llegada de Carlos I de España (Carlos V del Sacro Imperio Romano) y la sucesión de la dinastía Habsburgo, se estableció una forma de gobierno por compromiso y consentimiento que duró mucho tiempo11. Si bien dicha política inhibió el conflicto y garantizó la paz interna, también hizo sumamente difícil cualquier tipo de reforma general12.

El descubrimiento de América convirtió a la nueva monarquía española en el Imperio más vasto y rico del mundo. Pese a ello, el Estado español llegó al siglo XVII en un grave estado de endeudamiento. Adicionalmente, la administración tuvo que enfrentar continuas guerras, que se extendieron desde los Países Bajos hasta el Atlántico norte y desde el Caribe hasta el Mediterráneo, además de los conflictos en la península ibérica, que terminaron en una serie de derrotas militares y en una inevitable escasez de granos y forraje en gran parte de España. Estas guerras contribuyeron a una disminución de la población, que dejó prácticamente desiertas varias aldeas castellanas13. A corto plazo, no había mucho que la Corona pudiera hacer para remediar esta situación. Las autoridades reales podrían haber recurrido a aumentos de impuestos y a la imposición de una levée en mase (leva en masa) para mejorar sus finanzas y reclutar soldados, pero, según las bases institucionales de la monarquía española, la Corona carecía de la capacidad legal para imponer tales medidas en los reinos fuera de Castilla o Aragón. Esta situación generó gran ansiedad en los círculos de la corte. Algunos cortesanos y letrados decidieron intervenir ofreciendo al rey arbitrios (tratados) en los que proponían proyectos y políticas de reforma para resolver los problemas de España14.

En 1621, el rey Felipe IV, de tan solo 16 años, fue coronado para gobernar la monarquía española en medio de una crisis económica y una devastadora guerra entre las dinastías Habsburgo y Borbón, que fue luego conocida como la Guerra de los Treinta Años (1618-1648). Por consejo de su favorito, Gaspar de Guzmán y Pimentel, conde-duque de Olivares (n. 1587 - m. 1645), en quien tenía confianza absoluta, el rey ordenó reformas radicales. Es significativo que encomendara tamaña responsabilidad a alguien que no tenía lazos estrechos con los viejos círculos cortesanos en la corte de Madrid. Hijo de un eficiente funcionario real de la nobleza andaluza, este leal y enérgico ministro desarrolló un plan de medidas drásticas con el fin de unificar los reinos de la Península y expandir el poder del rey. Al final, Olivares fracasó en este esfuerzo, pero sus planes se mantuvieron vivos entre los ministros de la Corona Habsburgo. Terminada la Guerra de Sucesión, la tarea de centralizar el reino y fortalecer el poder real sería acogida por los ministros de los Borbones españoles15. Cabe señalar que, mientras esto ocurría en España, la Corona francesa, bajo las órdenes del cardenal-duque de Richelieu, intentaba también, aunque con éxito, reorganizar la monarquía borbónica francesa. Los dos intentos diferían en un punto importante. Mientras Olivares se afanaba en expandir el poder personal del rey, Richelieu estaba entregado a la organización de un poderoso Estado francés16.

Las piedras angulares del gobierno de Olivares se centraron en fortalecer la autoridad del monarca y convertir las leyes y tradiciones de Castilla en la norma. Para que estas reformas tuvieran éxito, Olivares consideró necesario subordinar a la antigua aristocracia17. En 1625, fundó el colegio imperial de San Isidro con el fin de educar y formar a una nueva nobleza de servicio bajo la supervisión real18. Pese a sus esfuerzos, los miembros de la alta nobleza se opusieron y no se inscribieron en la institución19. Olivares fracasó en estos empeños y en la mayoría de los que emprendió. Su idea de librar guerras paralelas en Flandes y Milán para mantener la reputación de España en Europa y reducir el creciente poder de Francia resultó desastrosa y generó sublevaciones en Portugal y Cataluña. En 1643, Olivares cayó en desgracia y se granjeó una duradera reputación como tirano. A pesar de sus grandes fracasos, el favorito de Felipe IV legó dos importantes logros a España: la consolidación de una «Unión de Armas», mediante la cual, por primera vez, cada reino español debía contribuir con hombres y armas en circunstancias de urgencia y a pedido del rey; y la idea de que la centralización de la administración y el poder en la Península era fundamental para su reforma20.

Las décadas que siguieron al mandato de Olivares fueron una época de relativa tranquilidad. Por coincidencia, la autoridad real se debilitó en este periodo y los grandes de España y las aristocracias locales aumentaron su poder. La Guerra de Sucesión Española cambió este equilibrio de poder. Tan pronto como le fue posible, el primer rey Borbón, Felipe V (n. 1683 - m. 1746), se abocó decididamente a centralizar la autoridad y limitar el poder de las élites locales. Si bien tuvo que enfrentar una resistencia firme y arraigada de estos grupos a las reformas, el sentimiento generalizado de crisis en España y el notorio declive de la monarquía frente a sus rivales favorecieron los planes de la nueva Casa de Borbón española.

Siguiendo el consejo de su abuelo, Luis XIV de Francia, de mantener a la alta nobleza alejada de la administración, uno de los primeros objetivos de gobierno de Felipe V fue sacar del poder a los grandes de España. También los retiró del ejército al decretar que todos los cargos militares los ocuparían nobles en servicio, lo que excluía a los grandes21. Felipe V siguió respetando su condición de alta nobleza, pero llevó a nuevas personas a su corte. Se apoyó primero en un pequeño grupo de asesores franceses; luego, en consejeros italianos22; y en una élite española nueva y preparada, que constituye el grupo más relevante para los fines de este estudio. El monarca eligió a los miembros españoles de su corte de entre los grupos que habían apoyado a los Borbones durante la Guerra de Sucesión: la nobleza provincial y la baja nobleza; los partidarios del regalismo y el centralismo; y miembros de la Iglesia secular. A lo largo de los años, la monarquía española había desarrollado una extensa burocracia imperial que servía bien a los propósitos de la nueva Corona23. Los recientemente empoderados por los Borbones fueron en su mayoría nobles provinciales con relativa independencia de los antiguos círculos de los Habsburgo. Se trataba de respetados administradores y oficiales militares o navales, como Melchor Rafael de Macanaz, José Patiño, Gerónimo de Uztáriz y José de Campillo y Cossío. Siguiendo el ejemplo de los antiguos arbitristas, algunos habían enviado al rey ensayos o proyectos proponiendo reformas, por lo que empezaron a ser llamados «proyectistas». Otros tenían cargos en la administración, pero todos estaban familiarizados con los problemas que afectaban a España y al Imperio. Los herederos de Felipe V —Fernando VI y Carlos III— mantuvieron y expandieron el poder de esta nueva élite, que a finales del siglo XVIII fue reemplazada por abogados y administradores con formación profesional, militares y oficiales navales como Jorge Juan, Antonio de Ulloa, Miguel Antonio de la Gándara, Bernardo Ward, Pedro Rodríguez de Campomanes, José de Gálvez y José Moñino. En la década de 1760, estos funcionarios borbónicos llevarían a sus pares a ocupar puestos de rango medio y alto en la administración imperial.

Con el apoyo de esta nueva élite, la Corona borbónica emprendió tres importantes reformas políticas o administrativas en España: la eliminación de los fueros provinciales (jurisdicciones y privilegios especiales) en las provincias rebeldes; la reducción del poder de los consejos; y la implementación de las intendencias, un nuevo sistema de gobierno local en la Península, que buscaba consolidar y controlar los asuntos locales.

En 1707, Felipe V impuso medidas drásticas sobre aquellas provincias que habían apoyado a los Habsburgo; revocó los fueros de Aragón y Valencia y anuló su condición de reinos compuestos. Así, por primera vez, la administración central poseyó la facultad de colocar a sus delegados en las audiencias y en los puestos de gobierno de esas provincias24. Además, todos los virreinatos peninsulares, a excepción de Navarra, fueron transformados en capitanías generales para asegurar el control político y militar de esos territorios25. En Mallorca y Cataluña, en 1716, el superintendente José Patiño tomó acciones similares26.

Pese a la intensidad de estos esfuerzos, el camino de los Borbones hacia la centralización estuvo plagado de contradicciones. En estas circunstancias, la lealtad probó ser un bien preciado. Mientras mantuvo su compromiso con la centralización y el control, la nueva Corona otorgó de manera voluntaria nuevos privilegios y excepciones, o ratificó los ya existentes, a cambio de lealtad. Tales fueron los casos de Navarra y las provincias vascas, que habían apoyado a los Borbones durante la guerra y, a cambio, se les permitió conservar sus fueros.

Siguiendo los pasos de Olivares, los Borbones elevaron el Consejo de Castilla por sobre otros órganos gubernamentales y provinciales de la Península, pero se cuidaron de reducir su tamaño y funciones. Un pequeño círculo íntimo de secretarios y ministros de la corte bajo control directo del monarca administraba la autoridad de la Corona27. Los Borbones también apoyaron la introducción del sistema de intendencias. Como autoridades provinciales, los intendentes estaban llamados a concentrar las responsabilidades de la guerra, las finanzas, la justicia y la policía. A diferencia de los antiguos corregidores o gobernadores civiles locales y de acuerdo al nuevo orden, los aristócratas locales ya no podrían comprar estos cargos. El Gobierno central en Madrid se encargaría ahora de seleccionar a los postulantes con esmero. Los secretarios de Felipe V creyeron firmemente en este nuevo sistema administrativo, pese a que sus intentos de controlar a los Gobiernos locales sufrieran varios reveses.

El primer proyecto para la creación de intendencias se emitió en 1702 bajo la supervisión de Jean Orry, un enviado de Luis XIV, aunque no fue mucho lo que se logró hacer hasta 1710, cuando el exministro de finanzas de Felipe V en los Países Bajos, el conde de Bergeyeck, recibió el encargo de desarrollar una reforma general de la administración. A pesar de su gran influencia, fueron en realidad los nobles y las figuras políticas españolas menores, como Patiño, Campillo y Cossío, y Macanaz, quienes dieron forma a esta institución como titulares de las primeras intendencias. Y, como sucedió con todo lo demás, los intendentes encontraron una fuerte oposición en las provincias y en el Consejo de Castilla. Debido a sus enfrentamientos constantes con las autoridades tradicionales, entre ellas la Iglesia, en la década de 1720 se restringieron sus responsabilidades como intendentes, pero se mantuvieron sus funciones militares y autoridad sobre la recaudación de impuestos28. En un contexto de graves amenazas tanto externas como internas, Felipe V no estaba dispuesto a ceder el control militar de su nuevo reino.

Si bien las primeras administraciones borbónicas dedicaron la mayor parte de su energía a consolidar su poder en la Península, también intentaron reformas claves en todo el Imperio, buscando retomar el control de asuntos de gobierno y mejorar la reputación de España en el ámbito internacional. Pero, incluso en esta labor, la nueva Corona tuvo que enfrentarse a un mar de particularidades, excepciones, antiguos privilegios y fueros especiales.

Preocupado por el aumento del poder comercial y naval británico, Felipe V decidió formar una poderosa armada29. Antes de 1700, la Corona española había librado la mayor parte de sus batallas no en el mar sino en tierras europeas, con fuerzas reclutadas fuera de la Península, por lo general en el Flandes español o en Milán30. La Guerra de Sucesión trasladó los escenarios principales de la guerra al Caribe, donde los buques británicos constituían una presencia amenazante. Uno de los líderes de la reforma naval fue Jerónimo de Uztáriz (n. 1670 - m. 1732), perteneciente a la nobleza provincial de Navarra y uno de los pensadores reformistas más importantes de la España del siglo XVIII31. Uztáriz había recibido entrenamiento militar en Flandes, donde también se desempeñó como inspector general del ejército. Experto en asuntos navales y económicos, regresó a España para ocupar altos cargos en la nueva administración borbónica. Sus proyectos reformistas se ponen de manifiesto en su tratado sobre el poder naval publicado en 1724, donde propuso que una flota comercial y un comercio activo constituían la única solución al letargo en el que encontraba sumida España32.Uztáriz se inspiró sobre todo las ideas mercantilistas de Jean-Baptiste Colbert33, el ministro francés de Luis XIV, quien tenía la reputación de haber recuperado con éxito la superioridad francesa sobre los holandeses proponiendo políticas para contrarrestar la supremacía británica. En España, se adoptaron dos ideas claves de Colbert: el impulso de crear una gran armada comercial y la formación de una flota real para proteger las rutas comerciales34.

A pesar de su carácter francófilo, la Corona española también prestó gran atención a las estrategias comerciales y navales británicas35. Así, en su lucha por mejorar su presencia marítima, los Borbones españoles comenzaron a patrocinar expediciones para obtener información precisa sobre el Imperio y explorar posibles nuevas rutas de navegación, como ya lo estaban haciendo Francia y Gran Bretaña. Como parte de sus responsabilidades, los expedicionarios debían informar a la Corona sobre las actividades de las potencias rivales, y de cualquier problema administrativo concerniente a los reinos americanos. Los oficiales navales de entonces eran individuos particularmente eruditos, pues eran viajeros consumados y se contaban entre los pocos que habían recibido una educación orientada a la ciencia. Su comprensión del Imperio y su funcionamiento se volvió fundamental para la nueva monarquía.

En 1735, Jorge Juan (n. 1713 - m. 1773) y Antonio de Ulloa (n. 1716 - m. 1795) estuvieron entre los primeros oficiales navales en partir a la América española como miembros de una expedición científica patrocinada por el Estado, que a su vez formó parte de una misión liderada por Francia para obtener una medición exacta de la circunferencia del ecuador. Entre 1666 y 1683, el ministro Colbert había impulsado estudios similares en la Academia Francesa para determinar la longitud de la Tierra, con el objetivo último de expandir las rutas navales36. Precisamente, unos años antes, Antonio de Ulloa había sido enviado a Gran Bretaña para familiarizarse con las técnicas navales más recientes37. Sin embargo, en esta nueva misión, Juan y De Ulloa debían además informar acerca de las tensiones y problemas que observaran en los reinos americanos, información que ayudaría a la Corona en su labor de estabilizar y reformar la América española38.

A fin de mejorar el comercio con la América española, la primera administración borbónica trató de modernizar el antiguo sistema comercial basado en galeones y flotas (convoyes protegidos por el Gobierno) imponiendo un flujo más regular y organizado de barcos entre la Península y los reinos americanos. Una vez más, la Corona tuvo que enfrentarse a privilegios particulares, pues la potestad sobre los horarios de la flota estaba en manos del Consulado de Sevilla39. Con el fin de cancelar este privilegio y contar con un puerto más adecuado para un mayor volumen comercial, la Corona transfirió en 1717 la autoridad real sobre el comercio con la América española aguas abajo al puerto de Cádiz, donde en 1720 estableció un Consulado para reemplazar al de Sevilla40. También exigió una mayor rendición de cuentas a los consulados y redujo las atribuciones del Consejo de Indias y la Casa de Contratación, dos instituciones clave que se encontraban a cargo de los asuntos españoles americanos. Si bien la administración de Felipe V no pudo cancelar por completo el poder de estas antiguas instituciones españolas que impedían la expansión comercial, con esta reforma mejoró la velocidad de los viajes, pues las flotas ya no requerían obtener un horario preciso del consulado en Sevilla para hacerse a la mar41.

Las reformas iniciales concedieron a la Corona más control sobre el comercio del Imperio, pero no resolvieron sus apremiantes necesidades fiscales. A finales de la década de 1710, Felipe V se hallaba nuevamente inmerso en guerras para recuperar las posesiones españolas perdidas en Italia, lo que generó tensas reacciones por parte de sus antiguos rivales, en especial de Gran Bretaña. Asimismo, apremiado por las dificultades financieras provocadas por el creciente contrabando británico en el Caribe, Felipe V instauró una nueva práctica comercial con la América española, que consistió en fletar grandes compañías mediante una licencia especial. Esta práctica la habían iniciado ya en el siglo XVII los Países Bajos, Francia y Gran Bretaña. El objetivo de estas compañías españolas era expandir el comercio, abriendo nuevas rutas comerciales con América e impulsando las exportaciones de productos como el cacao de Venezuela y el azúcar de Cuba, al tiempo que se buscaba una alternativa al monopolio andaluz que controlaba el comercio de barras de oro y plata de México y el Perú42. Así, la primera de estas compañías patrocinada por los Borbones, la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, cuya sede principal estaba en Bilbao, se estableció en 1728 con el encargo de comerciar únicamente con Venezuela y su periferia. Además, la Corona financió guardacostas adicionales en el Caribe para patrullar los barcos españoles frente al contrabando británico y francés43. La creación del virreinato de Nueva Granada también formó parte de este plan para reducir el contrabando y mejorar el comercio que contaba con autorización real44.

Aunque la Corona logró incrementar la recaudación de ingresos de la América española, su demanda de dinero en efectivo continuó superando a la oferta. Esta presión se intensificó aún más con el estallido de una nueva ola de guerras en la década de 1730. En 1733, bajo el liderazgo del secretario Patiño, España firmó un Pacto de Familia para la defensa mutua franco-española contra Austria, que se convirtió en el legado más perdurable de Patiño. Con este apoyo, Felipe V decidió ayudar a su hijo, el futuro rey Carlos III, por aquel entonces duque de Parma, a recuperar los reinos de Sicilia y Nápoles, asunto legitimado por el Tratado de Utrecht y que Gran Bretaña trataba de evitar mientras continuaba con su expansión en el Caribe. Cinco años más tarde, en 1739, la suspensión del privilegio británico sobre el asiento llevó a otra confrontación seria entre estos antiguos rivales, conocida como la Guerra de la Oreja de Jenkins o Guerra del Asiento (1739-1743/48). Al inicio del conflicto, el almirante británico Edward Vernon atacó el importante puerto comercial español de Portobelo, en el istmo de Panamá, desafiando abiertamente el dominio de España en el Caribe. Mientras la Corona española procesaba estas amenazas, el rival del norte recibía al almirante Vernon con fastuosos banquetes en su honor. Por toda Inglaterra se difundieron panfletos que pregonaban las victorias de Vernon, y se compusieron canciones que exaltaban su honor y patriotismo45. Las ambiciones imperiales británicas no eran ningún secreto.

La reforma más importante con respecto al comercio americano fue la decisión de la Corona de pasar de un sistema basado en flotas a uno basado en navíos de registro, lo que permitió un aumento significativo en el volumen comercial46. Como parte de este programa, que se concibió en la década de 1710 pero se implementó plenamente en la década de 1740, la Corona española otorgó el permiso de creación a la Real Compañía de Comercio de La Habana. Siguiendo el precedente de las compañías fletadas por la Corona, una red de comerciantes vascos con fuertes vínculos con Cádiz se encargó de dirigir esta empresa. Para mediados de siglo, estas nuevas compañías demostraron ser muy exitosas y representaron cerca del 20% de todo el comercio imperial47.

Pese a estos esfuerzos, en lo militar, la defensa del Imperio continuó siendo débil. En 1741, el almirante Vernon atacó los puertos de Cartagena y Santiago de Cuba, al tiempo que el comodoro George Anson saqueó Paita en el Perú. Mientras esto sucedía en América y la amenaza británica aumentaba, Felipe V decidió intervenir en la Guerra de Sucesión Austríaca con el objetivo de recuperar las antiguas posesiones españolas en el norte de Italia.

El reinado más largo en la historia española culminó en 1746 con la muerte del rey Felipe V. Lo sucedió su hijo, Fernando VI (n. 1713 - m. 1759), quien gobernó un tiempo mucho más breve aunque no menos conflictivo. Al igual que su padre, Fernando se comprometió a mantener una armada fuerte y expandir el comercio imperial. En 1752, otorgó permiso a otra compañía, la Compañía General y de Comercio de los Cinco Gremios Mayores de Madrid, que se convirtió en la empresa comercial más poderosa del Imperio español48. Los comerciantes vascos que mantenían vínculos estrechos con Cádiz lideraron el negocio, contando como proveedores a comerciantes de América. Los Cinco Gremios llegaron a controlar una enorme red comercial que conectaba el Imperio español con Ámsterdam, Londres y París, y operaba con fábricas o sucursales en México, Veracruz, Guatemala, Lima y Arequipa. Los Cinco Gremios dominaron con éxito entre un tercio y la mitad del comercio en el Imperio español49.

Por otro lado, Fernando VI prosiguió con la cruzada de su padre de centralizar el poder, expandiéndolo al ámbito eclesiástico. Desde la Guerra de Sucesión, las relaciones entre los Borbones y el Vaticano fueron tensas, ya que los Estados Pontificios habían sido aliados clave de los Habsburgo. En consecuencia, los Borbones desconfiaban mucho de la interferencia papal en asuntos locales, como la administración de escuelas y universidades, y detestaban su control sobre grandes territorios productivos. En 1753, después de la Guerra de Sucesión Austríaca, los Borbones españoles cobraron renovada fuerza en la Europa mediterránea y firmaron un nuevo concordato con el papa Benedicto XIV. Este fue un logro decisivo en el intento borbónico por alcanzar la supremacía, pues España pudo expandir el regio patronato a todo el ámbito hispano y obtuvo un poder casi universal sobre los nombramientos de la Iglesia50. Para los Borbones, la subordinación de la Iglesia era fundamental en lograr el pleno control del poder local y la formación de una élite leal en las escuelas recién reformadas.

Tras la muerte de Fernando VI, en 1759, su sucesor y medio hermano Carlos III, continuó con estas luchas; pero su Gobierno tuvo que enfrentar desafíos mayores. La sucesión de Carlos al trono se produjo en medio de la Guerra de los Siete Años (1756-1763), cuando el conflicto militar entre Gran Bretaña y Francia en América del Norte y el Caribe se tornó una enorme y directa amenaza para la supervivencia del Imperio español.

La década de 1760 llevó a un periodo más intenso de competencia imperial y consolidación de formas de gobierno regalistas o absolutistas51. La mayoría de los monarcas europeos de aquel entonces estaban preocupados por aplicar las novedades del conocimiento a la mejora de la administración y a la construcción de un poderío militar global; las reformas y la centralización eran consideradas esenciales para tales fines52. En este orden mundial sumamente competitivo, a dos años de iniciado su gobierno, Carlos III renovó el Pacto de Familia con Francia, lo que de inmediato llevó a España a la guerra con Gran Bretaña. Aunque para entonces la Armada española había alcanzado mejoras significativas, en 1762 la Armada británica tomó La Habana y, poco después, Manila53. Un año de negociaciones culminaron con la firma del Tratado de París en 1763, por el cual España cedió la Florida a los británicos; gracias a la intermediación de Ricardo Wall, Francia entregó Nueva Orleans y todo el vasto territorio de Luisiana a los españoles; e Inglaterra finalmente le devolvió a España el control de La Habana y Manila54.

En este contexto de graves amenazas y presiones, la administración de Carlos III decidió emprender una importante reforma militar, política, comercial y administrativa centrada en la América española.

Una parte fundamental de esta iniciativa fue la creación de fuertes alianzas políticas con las élites locales en América, que las autoridades reales veían como necesarias y urgentes para la protección y supervivencia del Imperio. El problema era que, aun a mediados del siglo XVIII, la América española seguía funcionando en gran medida a la antigua usanza de los Habsburgo. Las élites locales en el Perú continuaban comprando cargos provinciales. Así, pese a las reformas iniciales, la mayoría de los oidores (consejeros reales y el consejo de asesores del virrey) de la audiencia en Lima eran españoles americanos nacidos en América, quienes también predominaban en los cabildos (el Gobierno local o municipal). Al igual que en muchos otros lugares del Imperio español, las élites locales controlaban el virreinato del Perú55. Para acabar con este sistema, la Corona decretó en 1750 el fin de la venta de cargos y designó a un secretario de Marina e Indias con la misión de reducir el poder local en la administración del Imperio.

Según los planes de los Borbones, el poder real debía primar por sobre todas las demás formas de poder. El rey seleccionaría a sus representantes de entre súbditos leales y con formación profesional, quienes desempeñarían sus cargos con independencia de los intereses locales. Su autonomía mantendría bajo control a las élites locales y con ello se protegerían la autoridad y los derechos reales sobre las rentas americanas. En la década de 1760, la Corona envió inspectores generales a la América española para implementar reformas y planificar la introducción de las intendencias, que permitirían centralizar la autoridad y controlar el ejercicio del poder local y la recaudación de impuestos. La Corona estableció su primera intendencia americana en Cuba en 1764. Después de una inspección general en el virreinato peruano en 1776 y del estallido de la rebelión de Túpac Amaru (1780-1783), se establecieron seis intendencias en el Perú. Como dictaba la nueva política real, todos los cargos debían ser asignados a españoles peninsulares. Sin embargo, como una suerte de acto simbólico y con el fin de evitar conflictos adicionales y mostrarse concesivos, se otorgó una intendencia a un criollo. Para finales del siglo XVIII, y pese a la resistencia local, las políticas centralizadoras de los Borbones se implementaron con éxito en el Perú, y los españoles peninsulares tomaron el control del poder local en la América española56.

Aunque las reformas borbónicas produjeron descontento entre quienes perdieron poder, los españoles americanos trataron de adaptarse con rapidez al nuevo sistema penetrando en las nuevas redes borbónicas a través, por ejemplo, del matrimonio. Así, a pesar de las restricciones iniciales, se hizo cada vez más frecuente que las hijas de los criollos ricos se casaran con funcionarios peninsulares borbónicos57. Con el objetivo de frenar esta práctica, en 1776 la Corona emitió sanciones contra dichos matrimonios y exigió una autorización oficial de la administración en Madrid para estas uniones. Pero las regulaciones no funcionaron de una manera efectiva. Además, dado que la demora en la aprobación de un certificado de matrimonio en la Península podía llevar a que las parejas simplemente vivieran en concubinato, en 1778 se emitió una orden real especial para los reinos americanos, que otorgaba a la audiencia o sus delegados locales la potestad de autorizar estos matrimonios58. Luego de la Revolución de las Trece Colonias de Norteamérica, la Corona española se volvió menos dogmática en sus políticas para dividir el poder real del local y comenzó más bien a ver ventajas en las uniones entre funcionarios leales a los Borbones y mujeres criollas ricas. En los años siguientes, la Corona incluso premió a algunas de estas familias con títulos nobiliarios. Entre 1785 y 1805, el número de títulos otorgados a los americanos aumentó de manera considerable. La audiencia de Lima recibió la mayor cantidad de títulos en el Imperio español, seguida por las de México, Cuba y Santo Domingo. Cuba obtuvo la mayor parte de los títulos de la Orden de Carlos III, creada para premiar el mérito y el buen servicio de los súbditos borbónicos59. No es casual que los territorios españoles americanos con la mayoría de los títulos de nobleza en el tardío siglo XVIII resultaran ser los más leales a la Corona.

Los esfuerzos de los Borbones por controlar el poder local y a la vez generar lealtad produjeron nuevos clanes transatlánticos que acercaron a las élites peninsulares y americanas a finales del siglo XVIII60. Entre los representantes de esta nueva élite borbónica estuvieron los Goyeneche en Arequipa, una de las redes familiares más poderosas y leales del Perú. Don Juan de Goyeneche, un comerciante de Navarra que había llegado a Arequipa en 1768, se casó con una de las más ricas criollas de la ciudad, María Josefa de Barreda y Benavides, y estableció una gran red comercial con socios en Cádiz y poderosos contactos entre sus familiares de las provincias vascas y Madrid61. Con el fin de proteger y fortalecer sus intereses, el patriarca de los Goyeneche envió a su hijo mayor a estudiar a la Península. Allí, José Manuel pudo impulsar su carrera y el negocio familiar. En 1808, José Manuel de Goyeneche alcanzó uno de los más altos cargos en el ejército español, el del brigadier general de los Reales Ejércitos, y obtuvo para su hermano José Mariano el puesto de oidor en la audiencia del Cusco en 180662