Trump 2.0 E-Book

Roberto Montoya

• Herausgeber: Ediciones Akal
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: A Fondo
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 497

Veröffentlichungsjahr: 2025

Beschreibung

"Más fuerte, con más poder, aupado por tecnoligarcas como Elon Musk, «indultado» por las urnas tras ser declarado culpable de múltiples delitos y airoso pese a todos sus escándalos, exabruptos, megacausas judiciales e infoxicación de la que hace gala, Donald Trump ha vuelto a la Casa Blanca. Lejos queda aquel final de 2020 y principios de 2021 cuando, tras las elecciones, acusaciones de fraude y un asalto al Capitolio, una parte de los ciudadanos del mundo dejaron de contener la respiración. Sin embargo, el multimillonario ya se había transformado en líder, paradójicamente, de importantes sectores de los perdedores de la globalización y en referente mundial de la ultraderecha, generando un movimiento ‒el trumpismo‒ que va más allá de su figura. Los hechos y declaraciones más recientes tras su toma de posesión nos permiten explorar las incógnitas que plantea la segunda presidencia del magnate republicano y el futuro de las relaciones con el resto de países y organismos internacionales en un contexto de militarización y belicismo. A través del recorrido por la trayectoria personal y política del 45.º y 47.º presidente estadounidense, así como por las dinámicas internas y externas del «país de las oportunidades», de sus lobbies y establishment, el presente libro nos invita a despejar incertidumbres. En sus páginas nos asomaremos al devenir de la potencia mundial en declive , desgranando, tal como resume Olga Rodríguez en el prólogo, «las claves de lo que representa el presidente estadounidense Donald Trump, así como las causas y el contexto que han conducido a su nuevo mandato». "

Leseprobe

akal / a fondo

Director de la colección

Pascual Serrano

Diseño interior y cubierta: RAG

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Nota a la edición digital:

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© Roberto Montoya, 2025

© Ediciones Akal, S. A., 2025

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

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@AkalEditor

sISBN: 978-84-460-5655-3

Roberto Montoya

Trump 2.0

Más fuerte, con más poder, aupado por tecnoligarcas como Elon Musk, «indultado» por las urnas tras ser declarado culpable de múltiples delitos y airoso pese a todos sus escándalos, exabruptos, megacausas judiciales e infoxicación de la que hace gala, Donald Trump ha vuelto a la Casa Blanca. Lejos queda aquel final de 2020 y principios de 2021 cuando, tras las elecciones, acusaciones de fraude y un asalto al Capitolio, una parte de los ciudadanos del mundo dejaron de contener la respiración. Sin embargo, el multimillonario ya se había transformado en líder, paradójicamente, de importantes sectores entre los perdedores de la globalización y en referente mundial de la ultraderecha, generando un movimiento –el trumpismo– que va más allá de su figura. Los hechos y declaraciones más recientes tras su toma de posesión nos permiten explorar las incógnitas que plantea la segunda presidencia del magnate republicano y el futuro de las relaciones con el resto de países y organismos internacionales en un contexto de militarización y belicismo.

A través del recorrido por la trayectoria personal y política del 45.º y 47.º presidente estadounidense, así como por las dinámicas in­ternas y externas del «país de las oportunidades», de sus lobbiesy establishment, el presente libro nos invita a despejar incertidumbres. En sus páginas nos asomaremos al devenir de la potencia mundial en declive, desgranando, tal como resume Olga Rodríguez en el prólogo, «las claves de lo que representa el presidente estadounidense Donald Trump, así como las causas y el contexto que han conducido a su nuevo mandato».

Roberto Montoya es periodista y escritor es­pecializado en relaciones internacionales y geopolítica. Nacido en Argentina, se exilió en la década de los setenta en Europa tras sufrir cárcel y tortura en su país. Trabajó en Radio Exterior de España, en las revistas La Calle,Triunfo, Argumentos, Noticias Obreras, El Viejo Topo, Tiempo, el diario Liberación, y fue corresponsal en Londres de 1983 a 1987 de la cadena Univision TV de EEUU. De 1989 a 2009 fue jefe de Internacional de El Independiente, hasta su cierre, y luego de El Mundo, diario del que fue también corresponsal en Roma y París. Es coautor de libros como Los Terratenientes (1970) y El caso Pinochet y la impunidad en América Latina (2000), y autor de El imperio global (2003), La impunidad imperial (2005) y Drones (2014), publicado también por Akal. Es miembro del Consejo Asesor de Viento Sur y colabora con El Salto y con Público.

PRESENTACIÓN

El pasado 5 de noviembre se confirmó el arrollador triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EEUU. Hasta entonces, y especialmente durante la campaña, recibimos mucha información sobre el que ya fuera presidente de 2017 a 2021. Como suele ser habitual, eran noticias fundadas en anécdotas, sus salidas de tono o habituales groserías, y con poco contenido político. Es decir, el personaje que él mismo había creado para consumo de medios de comunicación y público.

Parecía que el mundo se dividía entre los ultraderechistas negacionistas defensores de Trump y la progresía que se limitaba a señalar sus exabruptos sin analizar ni profundizar nada más.

Es evidente que debíamos salirnos de ese formato. En el ADN de la colección A Fondo, de Akal, está el profundizar para no quedarnos sólo en la defensa o la crítica fácil. Por otro lado, no se puede analizar a Donald Trump y su victoria sin diseccionar la política de Joe Biden y Kamala Harris, además de la trayectoria del Partido Demócrata.

De ahí nació la idea de este libro, Trump 2.0, escrito por un experto y veterano periodista de temas internacionales, Roberto Montoya. Ha trabajado en numerosos medios de comunicación, tanto escritos como de radio y televisión, llegando a ser jefe de Internacional de los periódicos El Independiente y El Mundo, y corresponsal de este último en Roma y París. Además, ha sido profesor en seminarios para Especialista en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de varios libros, algunos de ellos muy relacionados con la política estadounidense, como El imperio global (2003), La impunidad imperial (2005) o Drones. La muerte por control remoto (2014), este último también en la colección A Fondo. Es miembro del Consejo Asesor de la revista Viento Sur y colabora con Público y El Salto.

Su libro recorre todas las facetas de Trump para poder componer y entender su personalidad y su figura política. Desde sus procesos penales hasta su perfil empresarial e incluso de showman televisivo. Igualmente, se repasa también su anterior presidencia, con sus impeachments, el Ucraniagate, la pandemia y el asalto al Capitolio.

Las paradojas entre la vida de Trump y su discurso son curiosas. El antiemigrantes es hijo, nieto y dos veces esposo de extranjeros; el belicoso militarista evitó ir a Vietnam mediante certificados médicos rebuscados, y el empresario exitoso amasó su fortuna gracias a su padre. El hombre que se presenta abanderado contra las elites es el propietario de las mayores mansiones y el protagonista de fastuosas fiestas familiares. Pero como dice tacos y come comida basura, se presenta como un ciudadano «normal». Como comentara Montoya, a Trump siempre le gustó hablar de los millones de dólares que ganaba, pero fue el único presidente en la historia de EEUU que se negó a declarar al Congreso su declaración anual de impuestos.

Otra cosa importante a la hora de preparar un libro sobre Trump y EEUU es que criticarlo era sencillo. Todos los días, el ahora presidente daba argumentos para ello. Lo difícil era explicar a los lectores por qué ese machista, racista y clasista llegaba al Gobierno con votos de mujeres, emigrantes y trabajadores humildes, y para eso había que contar mucho sobre las políticas demócratas y sus candidatos. Y ese es otro éxito de Montoya, explicar por qué gana Trump y cuál es la responsabilidad demócrata en esa victoria.

Por supuesto, sin dejar de explicar el fraude del sistema electoral estadounidense, donde un estado como Wyoming, con 580.000 habitantes, tiene los mismos representantes en el Senado que California, con 40 millones.

Capítulo aparte tiene el sainete de la candidatura senil de Joe Biden, la cual intentó mantener con teleprónter hasta que fue insostenible.

Sólo en una democracia enferma puede llegar a ser presidente un condenado por 34 delitos e imputado por un total de 57 más (todo ello con una posible pena de 200 años de cárcel), como ha sucedido con el caso de Trump. O se está poniendo a un delincuente al frente del país, o se está persiguiendo judicialmente al que fuera candidato presidencial y ya electo presidente. Ambas cosas deberían ser incompatibles con la democracia. EEUU es un país en el que a quien gana las elecciones se le suspenden todos los juicios, y el que las pierde tiene algunos meses para amnistiar a los suyos, como ha hecho Biden con su hijo.

La victoria de Trump muestra también el colapso del modelo de partidos políticos. En EEUU, sólo tiene opción de ganar uno de ellos, y, encima, quien gana ni venía de ningún órgano ni representación de su partido. Trump era el líder indiscutible de un partido en el que, paradójicamente, no tenía oficialmente ningún cargo. Ya Montoya nos recuerda una encuesta de Gallup de poco antes de estas presidenciales donde el 63% de los consultados se mostraba partidario de una tercera opción, algo que el sistema electoral estadounidense impide.

Y es que en la política estadounidense y en la victoria de Trump casi podemos decir que confluyen todos los asuntos fundamentales de la actualidad mundial. Un ejemplo son las fake news.The Washington Post ya contabilizó que en su primer mandato acumuló 30.573 bulos. En un modelo comunicacional en el que la impunidad para mentir es absoluta, Trump simplemente entendió que no había necesidad de ponerse límites.

Otro elemento excepcional en la política estadounidense que hemos vuelto a comprobar en la llegada de Trump al poder es la influencia del dinero y de los multimillonarios. El caso de Elon Musk ha sido paradigmático, pero es sólo una consecuencia más del modelo, Montoya repasa el papel de los millonarios y su apoyo a los dos candidatos. Por un momento, el lector tiene la sensación, quizá acertada, de que la presidencia estadounidense es un asunto que se resuelve entre dos propuestas y dos centenares de millonarios a través de lobbies y empresas.

Trump 2.0 no se limita a ser un libro sobre este presidente o sobre EEUU, todo ello se enmarca en la geopolítica mundial, con los antecedentes necesarios y su modesto intento de prever el porvenir. Montoya se asoma al futuro que le espera a la Guerra de Ucrania, a las relaciones con China o al expansionismo israelí con un Gobierno de Trump en la Casa Blanca.

Las incertidumbres ante la legislatura de Donald Trump son muchas, y los desconciertos que siembra son muchos también. El nuevo presidente parece competir con el Subcomandante Marcos en su lucha contra la globalización y hasta se puede confundir con un activista europeo contra la OTAN en su discurso a favor de una paz inmediata en Ucrania. Es evidente que no podemos saber cuánto de su discurso serán propuestas reales, pero este libro será fundamental para poder valorar su legislatura y cotejarla con sus promesas.

Por otro lado, nuestro autor nos recuerda que la «vuelta de Trump al poder implica, también, un gran aliento para esa gran red de gobiernos, fundaciones y organizaciones de la ultraderecha neoliberal, xenófoba, misógina, homófoba, negacionista y autoritaria, de rasgos fascistoides, que cada vez se expande más a nivel mundial». Pero si Montoya se quedara en esa exposición no se diferenciaría de esa izquierda que cree que con gritar que viene el fascismo basta para parar a la derecha. El propio Montoya explica cómo «la izquierda se ha mostrado hasta ahora incapaz de hacerle frente y ofrecer alternativas creíbles». Y nos tememos que no se está refiriendo sólo a EEUU.

La figura del nuevo presidente de EEUU no es cuestión que se limite a su país. No olvidemos que, tanto con el «EEUU ha vuelto», de Biden, como con el «Make America Great Again» (hacer que EEUU vuelva a ser grande), de Trump, todos los presidentes de ese país están convencidos de que deben liderar y dirigir el mundo. Es para ello que tienen, como recuerda Montoya, 800 bases e instalaciones militares y 180.000 efectivos repartidos por 80 países de todo el mundo. Es evidente que conocer cómo es quien manda sobre todo eso es importante para cualquier ser humano. De ahí la necesidad de Trump 2.0.

Pascual Serrano

PRÓLOGO

No es fácil informar con rigor, profundidad y compromiso con los derechos humanos cuando ello implica difundir crímenes y abusos perpetrados por potencias occidentales. Roberto Montoya lo hace. Sabe que hay que ir a la raíz de los hechos, indagar en las claves, contestar los porqués, contrastar, dudar, analizar, atar cabos. Así ha ejercido su profesión durante toda su vida, así escribe sus libros y así intenta vivir también.

Su trabajo no puede entenderse sin su propia historia, marcada por la impunidad y la represión en la Argentina de los años sesenta y setenta. Él mismo sufrió cárcel y torturas que le dejaron secuelas, y emprendió su exilio a París en 1976. Me lo contó hace años en un trayecto en tren en el que coincidimos. Mientras escuchaba su relato, minucioso, profundo, sin alharacas, supe que no me olvidaría nunca de ese momento, de ese contenido, de ese tono.

A lo largo de su carrera Montoya ha tenido una brújula con la que ha logrado ejercer un periodismo honesto y con la que nos ha ofrecido, a través de varios ensayos, investigaciones esenciales sobre el papel de EEUU en el mundo, las dinámicas de la im­punidad global y la guerra como instrumento de dominación imperial. Ahora vuelve a regalarnos una lectura imprescindible a través de este nuevo libro, en el que desgrana las claves de lo que representa el presidente estadounidense Donald Trump, así como las causas y el contexto que han conducido a su nuevo man­dato.

Nada de lo que ocurre en el planeta puede entenderse sin tener en cuenta el rol de Washington. Con 800 bases militares repartidas en más de 80 países y decenas de lobbies y think tanks vinculados a grandes empresas armamentísticas, EEUU se inmiscuye desde hace décadas en territorios ajenos para mantener y ampliar su hegemonía. De ese modo ha defendido e impulsado operaciones militares, invasiones ilegales y conflictos por delegación en múltiples puntos del mundo, participando directamente con sus tropas, armando y financiando a grupos locales, interviniendo soterradamente a través de servicios secretos, guerras no convencionales y otras injerencias. El inicio de la tercera década de este siglo xxi ha estado marcado por la pandemia global y por la llegada de nuevas cotas de belicismo. En esto último ha desempeñado un papel fundamental EEUU, facilitador activo del genocidio israelí contra la población palestina en Gaza.

El Ejército y el poder militar son las grandes señas de identidad de esa nación, a las que se destinan millones de dólares y con las que Washington hace política en el mundo. La OTAN es otra de las herramientas con la que ha conquistado objetivos y defendido sus intereses. El gasto en operaciones de guerra y Fuerzas Armadas es el más alto del planeta, en una nación muy marcada por la desigualdad social, con escasez de servicios públicos de calidad y sin sanidad gratuita universal.

Es en este contexto en el que se desarrolla el trumpismo. El presidente republicano, magnate multimillonario, ha hecho electoralismo dirigiéndose a la elite neoliberal y, a la vez, a grupos sociales –sobre todo hombres blancos– afectados por la pobreza, la precariedad o la pérdida de empleos provocada por el cierre de fábricas, dentro del proceso de deslocalización industrial.

La democracia bajo el capitalismo ha estado profundamente limitada por los intereses corporativos y de los plutócratas. A partir de la crisis de 2008 los profundos defectos de este modelo alimentan la frustración y la ira de importantes sectores de las sociedades. El trumpismo en EEUU ha desarrollado una estrategia en medios y redes sociales, aprovechándose de esa furia.

Dice el filósofo estadounidense Michael Sandel que uno de los grandes errores del establishment del Partido Demócrata en los últimos años fue actuar como si la igualdad de oportunidades fuera algo real y tangible. La máxima «si quieres, con esfuerzo puedes» –reivindicada por líderes del partido como Hillary Clinton– es inválida para las clases más desfavorecidas del país, tanto para la llamada white trash –blancos de clase trabajadora, en paro o en precariedad– como para las minorías que sufren discriminación en la educación, en las oportunidades laborales, en el acceso a una atención médica de calidad, en el trato social. Esto provocó ya una gran desafección entre sectores vulnerables de la sociedad en 2016, que no detectaron en ningún candidato voluntad para mejorar sus vidas y que vieron en Clinton una representación de la elite multimillonaria que vive de espaldas a los más humildes.

La presidencia de Joe Biden quiso recuperar una agenda redistributiva y, a la vez, tener satisfechos a los votantes adinerados de ideas más liberales. Impulsó varios programas de ayuda social o medidas para facilitar la cancelación de la deuda universitaria de estudiantes, pero siguió manteniendo arrinconados a los sectores del Partido Demócrata que plantean cambios más profundos para combatir la desigualdad, la debilidad de muchos servicios públicos y la desprotección social.

En la campaña electoral de 2024 la candidata Kamala Harris apoyó por completo el legado de Joe Biden y no quiso marcar distancia de sus políticas ante Israel, en pleno genocidio en curso. Llegó a decir que los logros de Biden «no tienen comparación en la historia moderna de EEUU». En el Congreso Nacional del Partido Demócrata, celebrado en agosto de 2024, las únicas voces vetadas fueron las palestinas y las del Movimiento por el Voto No Comprometido, un grupo dentro de la formación política que exigía a Harris un alto el fuego inmediato en Gaza y un embargo de armas a Israel.

El apoyo de Washington a las masacres contra la población palestina forma parte de las dinámicas habituales de impunidad en la política estadounidense. Los bombardeos contra civiles en Irak, Afganistán, Yemen o Pakistán por parte del Ejército de EEUU también fueron defendidos como acciones necesarias a través de un distanciamiento moral normalizado. A fuerza de presentar algo como lógico e inocuo, se difumina la gravedad y la criminalidad de los hechos.

Dentro de esas dinámicas, y en un contexto de escasez de recursos a nivel global, Washington echa mano de su fuerza militar, como primera potencia armamentística, para imponer sus intereses en diferentes partes del mundo. En su competición contra China, a través de una guerra comercial y política, EEUU arrastra a sus aliados a un pulso con el gigante asiático. Para ello hace uso del músculo militar, del lenguaje de la fuerza como elemento clave en sus relaciones internacionales. Joe Biden aumentó el despliegue militar estadounidense en Europa, la OTAN designó nuevas «amenazas» y «desafíos» y Trump exigió más gasto a los Ejércitos europeos de la Alianza.

El belicismo, los muros más altos, la concepción de la migración como «amenaza híbrida» –para la que también se pide más gasto armamentístico– y la militarización de las mentes marcan esta época. El respaldo a Israel en su genocidio en Gaza está ampliando los espacios para la impunidad global. El desprecio de EEUU y de varios países europeos a las órdenes emitidas por los tribunales de La Haya aplica un doble rasero que desdeña la universalidad de las normas, debilita el derecho internacional y traza un nuevo (des)orden mundial. El imperio estadounidense trabaja por mantener su hegemonía en el mundo. En este contexto es en el que el trumpismo ha crecido hasta lograr regresar a la Casa Blanca, con un presidente que promete «hacer grande a América de nuevo».

Todo ello relatado y documentado por Roberto Montoya en este libro, con meticulosidad, análisis, información, datos clave y capacidad crítica. Disfruten de la lectura y piensen con ella, a través de estas valiosas páginas.

Olga Rodríguez Francisco,

periodista y escritora

Introducción

Los ciudadanos y ciudadanas de la principal potencia mundial a nivel político, económico, cultural, tecnológico, científico y militar han encumbrado al cargo político de más poder del planeta a un hombre condenado por 34 delitos e imputado por otros 57; a un expresidente que fue objeto de dos juicios políticos durante su mandato y que en 2021 intentó impedir por la fuerza el acceso al poder de quien lo derrotó en las urnas.

El Donald Trump que ha vuelto a la Casa Blanca no es el outsider que llegó a ella ocho años antes y al que miraban con recelo muchos cuadros republicanos. Hoy el Partido Republicano es él, el amo que decide y ordena en ese partido de 170 años de vida, a cuyo propio establishment desafía.

El Trump 2.0 es un presidente que muestra un perfil de potencial autócrata.

Sin haber militado en las filas del Partido Republicano, en 2015, a los setenta años de edad, se postuló como su candidato a la presidencia de EEUU… y en noviembre de 2016 era elegido presidente con el voto de casi 63 millones de personas. A pesar de tener 2,9 millones de votos populares menos que la veterana demócrata Hillary Clinton, consiguió en aquellas elecciones más número de votos electorales que ella, un dato que prima en el peculiar sistema electoral estadounidense.

Es el único caso de democracia presidencialista que existe en el mundo en el que el número de electores que votan a un candidato no es decisivo para su victoria. El presidente no es elegido por votación directa, sino por el Colegio Electoral, independientemente de que su adversario haya obtenido millones de votos más.

Aunque Trump fue derrotado por Biden en las elecciones de 2020, obtuvo entonces 74.223.251 votos, un 17,8% más que en 2016, y en 2024 consiguió 74.650.754 votos populares, un 50,58%, un 0,6% más que en 2020, frente al 47,9% que consiguió Harris. Los dos intentos de asesinato que sufrió en julio y octubre de 2024, en plena campaña electoral, y el acelerado deterioro cognitivo de Biden dieron el empujón final a la candidatura de Trump para conseguir el triunfo. Kamala Harris tuvo que hacer su campaña electoral en sólo 100 días, pero aun así logró superar en ese periodo los índices de apoyo que tenía Biden y llegó a recaudar incluso más dinero que Trump haciendo que muchos electores recuperaran las esperanzas en un triunfo demócrata. Sin embargo, la falta de propuestas ilusionantes y compromisos concretos y el hecho de ser una gran desconocida para millones de estadounidenses, a pesar de haber sido la vicepresidenta de Biden durante cuatro años, hicieron que Kamala Harris no pudiera revertir la tendencia de voto para poder derrotar a Donald Trump.

El techo de cristal jugó también contra ella. Las encuestas reflejaban que un porcentaje importante de votantes, fundamentalmente hombres blancos y sin estudios, valoraban de Trump no sólo que era un empresario exitoso y multimillonario que podría gestionar mejor la economía, sino que también daban gran importancia al hecho de que sea un hombre, fuerte, duro, varonil y blanco.

Trump tuvo no sólo el apoyo de los suyos, de los multimillonarios de Silicon Valley, de los banqueros, las empresas energéticas y los poderosos lobbies y especuladores, también ha sabido, con un mensaje demagógico y engañoso, presentarse una vez más como un anti-establishment y, con ello, erigirse como salvador, como un representante del nativismo, de la ira de ese EEUU profundo, de esa población rural empobrecida, conservadora, religiosa y prejuiciosa de pueblos pequeños, que gracias a la vieja ley electoral tiene una alta representación parlamentaria. En esas zonas rurales de mayor aislamiento social, mayor alcoholismo y un índice de suicidios tres veces superior a la media nacional, han echado raíces desde hace décadas las milicias supremacistas blancas, los terraplanistas, negacionistas y conspiracionistas hoy aglutinados en el trumpismo. Muchos participaron en el asalto al Capitolio en 2021 instigados por Trump, y a 1.600 de los detenidos por esos hechos los indultó en su primer día de gobierno.

Trump tuvo también capacidad para atraer el voto de los trabajadores blancos del Cinturón del Óxido, esa amplia región del nordeste y medio oeste de EEUU que experimenta desde hace décadas una aguda decadencia industrial y económica debido a la deslocalización de empresas, a la automatización y a la caída en picado de la industria del carbón y el acero. La decisión de Trump de optar por el senador republicano de Ohio James David Vance como compañero de fórmula, un hombre nacido en esa región y de origen humilde, un redneck, un selfman y ex-marine, ultraderechista y negacionista, fue una decisión clave electoralmente para ganar en esos estados del cinturón industrial.

El eslogan «Make America Great Again» de la campaña de 2016, repetido en 2020 y 2024, llegó al corazón de millones de personas, al gran capital, a muchísimos ricos o aspirantes a serlo, pero también a muchos trabajadores y clase media y pequeños empresarios empobrecidos que creyeron ver en Trump a alguien con un mensaje rupturista, decidido a enfrentarse a la elite –de la que en realidad forma parte–, y comprometido a romper con todos los tratados internacionales que considerara perjudiciales para EEUU.

A pesar de su gestión criminal de la pandemia del covid-19, que arrebató la vida de más de un millón de estadounidenses, y de no haber cumplido la mayoría de sus promesas durante su primer mandato, logró triunfar nuevamente en las urnas.

El trumpismo ha llegado para quedarse, algo que no había conseguido antes ningún presidente. Ha puesto en marcha un movimiento que lo trasciende. Son millones de personas las que se sienten parte de esa corriente en la que convergen realidades, intereses y objetivos muy diferentes, pero en la que destacan algunos valores comunes: la misoginia, la homofobia, el rechazo a todo lo que represente avances para la mujer y la comunidad LGTBIQ+, la oposición a los derechos de los inmigrantes y a mejoras en igualdad social, o la negación de la ciencia. En la mayoría de los casos, los une la defensa del derecho a la tenencia y portación de armas, la priorización del individuo y la propiedad privada frente a lo colectivo, a lo público, al Gobierno federal, al Estado.

Trump ha logrado ampliar su base electoral; se ha ganado a la mayoría de los jóvenes blancos menores de treinta años y su mensaje antinmigración ilegal ha calado incluso entre los latinos ya legalizados que temen la competencia laboral de sus propios compatriotas que llegan sin papeles. El candidato republicano consiguió el 45% del voto latino, casi un 10% más que cuatro años atrás. La inflación, la carestía de la vida o el difícil acceso a la vivienda fueron también factores que influyeron en el cambio de la población latina, como sucedió en otros sectores de la sociedad.

El magnate republicano consiguió también más votos de la comunidad afroamericana que en 2016 y 2020, a pesar de que la mayoría ha votado en 2024 a la candidata demócrata.

La vuelta al poder de Trump y sus explícitas amenazas de utilizar el Ejército contra el enemigo interno han hecho temer un auge de las campañas y los grupos de odio.

El asalto violento al Capitolio del 6 de enero de 2021 por miles de seguidores de Trump alentados por sus discursos y tuits –y a los que aseguró que indultaría rápidamente en su segundo mandato– creó en ese momento un clima que hizo que muchos temieran que fuera el preludio de una segunda guerra civil en EEUU. El temor sigue latente.

El fenómeno Trump, que tanto asombró y alarmó al mundo cuando en 2016 fue nominado oficialmente candidato presidencial del Partido Republicano y se conoció su perfil personal, sus propuestas, sus exabruptos, no es sólo un reflejo más de esa crisis mundial que experimentan desde hace años las democracias liberales.

El movimiento mundial alt-right o derecha alternativa, que reconoce a Trump como su principal referente, tiene muchos precedentes en la historia de EEUU. Sus raíces son profundas y enlazan con las ideas y valores que defendían quienes basaron el modelo productivo en la explotación en enormes plantaciones de millones de esclavos comprados y trasladados por la fuerza desde África.

El desarrollo económico estadounidense y su revolución industrial no se entenderían sin la explotación brutal de los más de cinco millones de esclavos negros que fueron transportados encadenados a EEUU entre el siglo xvi y el xix.

Hoy las milicias supremacistas siguen ondeando como ayer la bandera de la Confederación de los estados esclavistas del sur; se reivindican herederos de ella, como lo hacen los terroristas de ultraderecha que han cometido atentados contra oficinas federales como el de Oklahoma de 1995, en el que murieron 168 personas. Para el FBI, hace años que el peligro de atentados terroristas de signo ultraderechista ha dejado en un segundo plano a la amenaza yihadista. De los cientos de matanzas que se producen al año en el país que cuenta con más armas de fuego en manos de civiles de todo el mundo, un alto porcentaje son crímenes de odio.

Un candidato a la reelección presidencial como Joe Biden y después Kamala Harris no representaban precisamente una alternativa atractiva a Donald Trump para buena parte de esos millones de seguidores del magnate que no se sienten representados por el Estado y que se consideran víctimas de la elite gobernante y la globalización. Harris recibió el apoyo de más multimillonarios que Trump y más donaciones del lobby proisraelí que el magnate. Para buena parte de los electores, votar por la candidata demócrata era sólo optar por el mal menor.

La corriente parlamentaria más progresista, representada por el veterano senador Bernie Sanders y The Squad,las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley o Rashida Tlaib, en la que se reconocen mayoritariamente movimientos sociales como Me Too, Rainbow Coalition, Black Lives Matter y otros, ha sido marginada y hostigada sistemáticamente por la dirección del Partido Demócrata. El establishment del partido ha apoyado abiertamente en 2016 a Hillary Clinton, la preferida de Wall Street, como su candidata presidencial, en 2020 a Joe Biden y en 2024 a Kamala Harris, utilizando todo tipo de artimañas para desprestigiar a Sanders.

Aunque Biden ha logrado fortalecer el mercado laboral –16 millones de nuevos empleos–, disminuir el paro –4,1% a finales de 2024– y mantener un crecimiento superior al promedio del de la UE, el déficit público y la deuda se han disparado como nunca y la inflación se mantuvo muy alta durante los tres primeros años por las facturas de la pospandemia, colocándose al borde de la recesión.

Aunque al final el mandato terminó consiguiendo el objetivo de poco más del 2% de inflación anual, tuvo picos de más del 9%, lo que supuso un duro golpe a las mayorías sociales y es lo que decidió a muchos a desconfiar de la gestión económica de un nuevo gobierno demócrata.

A pesar de las mejoras de las macrocifras económicas y financieras en el último periodo, en el territorio de la mayor potencia del mundo la desigualdad social sigue haciendo estragos. Según la propia Oficina del Censo de EEUU, 42,8 millones vivían en la pobreza en 2023 y en otros casi 48 millones de hogares se constataba inseguridad alimentaria.

Hay millones de trabajadores precarios con dos o tres trabajos; 653.000 viven en la calle; millones de estudiantes deben asumir voluminosas deudas por décadas para poder costear sus estudios universitarios; no existe una sanidad pública universal y gratuita y más de 27 millones de personas siguen sin tener derecho a ningún tipo de cobertura médica a pesar de las mejoras que supuso el Obamacare; más de 1.100.000 personas murieron y otros 103 millones resultaron infectadas por la pandemia del covid-19, el índice más alto a nivel mundial, debido a la débil infraestructura sanitaria, la falta de previsión y la pésima gestión de Trump.

La esperanza de vida de los estadounidenses sigue cayendo desde hace cuatro décadas de forma más pronunciada que en el resto de los países desarrollados. Más de 100.000 personas mueren al año por sobredosis de drogas, el 70% de ellas por consumir fentanilo, la droga zombi, con un efecto 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces mayor que la morfina.

En el país del sueño americano, la crisis financiera de 2008 hizo agudizar la desigualdad social y la pandemia del covid-19 la profundizó aún más a partir de 2020.

Mientras que millones de personas perdieron su empleo y gran parte de ellas se vieron imposibilitadas de pagar las hipotecas de sus viviendas y pequeñas empresas, un informe del Brookings Institution mostraba que los multimillonarios aumentaron su patrimonio neto en un billón de euros durante la pandemia del covid-19.

La agudización de la desigualdad se hizo sentir con especial dureza entre la población afroamericana, los hispanos y los ciudadanos con menos recursos, al igual que sucedió en 2008 con la crisis financiera.

El país que desde 1886 recibe al visitante extranjero con una gigantesca Estatua de la Libertad en el puerto de Nueva York tiene 2,3 millones de presos en sus cárceles, el mayor porcentaje mundial en proporción a su población. Un 60% son afroamericanos o latinos, a pesar de que esas dos comunidades juntas sólo representan el 30% de la población total de EEUU.

La pena de muerte está vigente en 27 de sus 50 estados. A finales de 2023 había 2.198 personas condenadas a muerte, 46 de ellas mujeres, y Trump ha prometido durante su campaña electoral que se aplicará dicha pena a todos los inmigrantes que maten a un ciudadano estadounidense o a un agente de la ley.

En el país «faro de Occidente», un multimillonario como Elon Musk, el hombre más rico del planeta, dueño de una poderosa red social como X, de los satélites Starlink y de otras podero­sas empresas, se convirtió en gran protagonista de la campaña republicana y fue recompensado por Trump creando para él un ministerio a su medida que dirigirá el desmantelamiento de los servicios públicos y el despido de miles de funcionarios.

En la «democracia más antigua del mundo», cada uno de los 50 estados tiene asignados por igual dos escaños en el Senado independientemente de que algunos de ellos tengan 580.000 habitantes como Wyoming o 40 millones como California.

La Constitución aún vigente en EEUU, diseñada en el siglo xviii para un país con menos de cinco millones de habitantes, dista mucho de incluir los derechos plenos e igualitarios de sus actuales 335 millones de ciudadanos y ciudadanas que se le suponen a una democracia moderna del siglo xxi.

La radiografía del sistema y la sociedad de EEUU muestra una democracia fallida; refleja los pies de barro sobre los que se sustenta, pero aun así su tan largamente anunciado declive no le impide seguir siendo todavía la mayor potencia, el gran gendarme mundial, el único imperio global del siglo xxi.

Su gradual decadencia no lo hace menos peligroso. El «Make America Great Again» de Trump o el «EEUU ha vuelto» de Biden mostraron la desesperación del imperio por mantener su statu quo ante la pujanza económica y tecnológica de China, la presencia de fuerzas emergentes como los BRIC y otros nuevos actores en la escena mundial.

EEUU, con más de 750 bases e instalaciones militares y 180.000 efectivos repartidos en 80 países de los cinco continentes, tiene una larga tradición de militarización de su política de seguridad y política exterior, lo que lo hace especialmente peligroso, y las amenazas de Trump sobre Groenlandia, el canal de Panamá, Canadá o México no hacen más que confirmarlo.

El triunfo de Kamala Harris hubiera supuesto una continuidad de lo hecho por el Gobierno que compartió con Joe Biden, que en política exterior se ha mostrado extremadamente belicista. Ha sido cómplice directo del genocidio del pueblo palestino y después también del libanés; ha apostado decididamente por la expansión de la OTAN y ha alimentado irresponsablemente una guerra en el corazón de Europa. En los últimos estertores de su Gobierno, Biden dio aún un paso más en su aventura bélica al autorizar al primer ministro ucraniano, Volodímir Zelenski, a utilizar misiles de largo alcance estadounidenses para conseguir llegar a objetivos militares en territorio ruso. Putin ha respondido inmediatamente utilizando también misiles de mayor alcance contra Ucrania y ha modificado la doctrina nuclear rusa, flexibilizando las condiciones que deben darse para que pueda usar el «botón nuclear».

El nuevo mandato de Trump y Vance vaticina tiempos aún peores tanto en política interior como exterior. El Proyecto 2025, el plan de gobierno elaborado por el influyente think tank ultraconservador Heritage Foundation y respaldado por más de 100 grandes corporaciones y poderosos lobbies, es considerado desde hace tiempo como el verdadero programa en la sombra que proyecta implementar Trump en su segundo mandato. Entre las principales propuestas contenidas en él –en su elaboración participaron decenas de exasesores de Trump, ultraderechistas, fundamentalistas evangélicos y judíos sionistas–, figura una reestructuración profunda del Estado, dando poderes extraordinarios al presidente y afectando seriamente la separación de poderes y la división entre Iglesia y Estado, pudiendo abrir el camino a un Gobierno con rasgos claramente autocráticos.

Es el sueño de emperador del siglo xxi de Trump. Tiene el control del Ejecutivo, las dos Cámaras del Legislativo, y cuenta con la mayoría conservadora del Tribunal Supremo. Dispone ahora además del apoyo de varios de los principales oligarcas tecnológicos que controlan poderosas redes sociales a nivel mundial. Trump llamó a sus opositores «enemigos internos» contra los cuales no dudaría en movilizar a la Guardia Nacional y el Ejército invocando la antigua Ley de Insurrección de 1807 aún vigente.

El Proyecto 2025 prevé drásticos recortes en el ya de por sí frágil sistema sanitario; la eliminación de la Agencia de Protección Medioambiental y el Departamento de Educación; la anulación de programas de protección a las minorías sociales y a los discriminados por su orientación sexual; o la deportación de millones de inmigrantes ilegales que llevan años viviendo y trabajando en EEUU, invocando para ello la vieja pero vigente Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

Los problemas estructurales y la creciente erosión democrática que experimenta EEUU desde hace años se verán agudizados durante el nuevo mandato. El regreso del magnate supondrá un serio obstáculo en la lucha contra el cambio climático, en batallas ante pandemias o en misiones humanitarias de las Naciones Unidas. Al igual que en su primer mandato ha vuelto a retirar ya a EEUU del Acuerdo de París y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), agravando aún más la crisis de gobernanza mundial actual.

El triunfo de Trump es para el Gobierno ultraderechista de Netanyahu un verdadero espaldarazo a su política genocida en Palestina y el Líbano y un apoyo fundamental para el antiguo plan sionista de un Gran Israel poblado de colonos judíos y libre de palestinos en la Palestina histórica. Trump ya ha dicho en su primera semana en el Gobierno que es partidario de «limpiar Gaza y reasentar a los palestinos en Egipto y Jordania». Para ello está negociando con las autoridades de los dos países.

Harris, en su flirteo con los republicanos críticos con Trump, prometía incluir a alguno de ellos en su Gobierno si ganaba. Trump, por el contrario, quiere total homogeneidad en su equipo y esta vez ha decidido no hacer concesiones al establishment del Partido Republicano. Ha elegido para los principales cargos a neoliberales autoritarios y prosionistas como él, tengan o no experiencia en el área que dirigirán, y eligió a halcones, a la línea más dura del partido. Sabe que los necesita para poder sacar adelante las leyes más controvertidas, la política más reaccionaria y autoritaria a nivel nacional e internacional que planifica para su nuevo mandato.

Trump ha elegido como embajador en Israel a Mike Huckabee, quien niega la existencia misma del pueblo palestino y se muestra a favor de la expansión de los asentamientos de colonos judíos en tierras palestinas. Un nombramiento sin duda coherente con los planes de limpieza étnica del presidente. O al ultraderechista Marco Rubio, de origen cubano y partidario de mano dura contra Venezuela, Cuba, Irán o China, para dirigir el Departamento de Estado. Al frente del poderoso Departamento de Defensa Trump ha nombrado al expresentador de Fox News Pete Hegseth, exmilitar acusado de abuso sexual a una menor y consumo de drogas; un ultraderechista partidario de acabar con la inclusión y la diversidad en las Fuerzas Armadas.

La vuelta de Trump al poder implica también un gran aliento para esa gran red de Gobiernos, fundaciones y organizaciones de la ultraderecha neoliberal, xenófoba, misógina, homófoba, negacionista y autoritaria, de rasgos fascistoides, que cada vez se expande más a nivel mundial, y ante la cual la izquierda se ha mostrado hasta ahora incapaz de hacer frente y ofrecer alternativas creíbles.

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo ya ha experimentado otras olas anteriores de auge de los movimientos de ultraderecha, pero la diferencia con la actual es que antes eran mayoritariamente fuerzas marginales al sistema. Ahora ya han logrado penetrar en él, se ha normalizado su presencia.

Son muchos los países que cuentan con partidos de ultraderecha con fuerte representación parlamentaria; están en nada menos que 17 de los 27 Parlamentos de Estados miembros de la UE. En varios de estos países gobiernan, ejemplo de ello son Italia y Hungría, y lo hacen también en otros como Argentina o India. Además, cogobiernan en otros y ha crecido su peso en el Parlamento Europeo y en las principales instituciones de la UE.

Con ellos llega la regresión, la anulación de derechos sociales y laborales históricos, la pérdida de conquistas en el ámbito de la igualdad de género, de derechos de las minorías, de memoria histórica o de la lucha contra el cambio climático. Han conseguido avanzar en la batalla cultural, en el relato, y si llegaron hasta aquí es porque, como decía Gramsci hace más de un siglo, «el viejo mundo se muere; el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos».

CAPÍTULO I

El primer presidente delincuente convicto

Les prometo que erradicaremos a los comunistas, marxistas, fascistas y a los matones de la izquierda radical que viven como alimañas dentro de los confines de nuestro país y que mienten, roban y hacen trampa en las elecciones.

Donald Trump, discurso en el Día de los Veteranos en Claremont, 11 de noviembre de 2024

Donald Trump, a pesar de sus setenta y ocho años, no dio lugar en ningún momento a dudas sobre su capacidad cognitiva como pasó con Joe Biden, aunque sí las hubo sobre su salud psíquica, tema sobre el que se pronunciaron numerosos psicólogos y psiquiatras durante su primer mandato. Por otro lado, la situación legal en la que se encuentra Trump es paradójica; es de nuevo presidente, un mandatario elegido democráticamente, pero es a su vez un delincuente convicto, condenado por la Justicia por 34 delitos, y ha sido imputado en otras tres graves causas por un total de 57 delitos más. De haber sido condenado le hubiera podido suponer hasta 200 años de cárcel.

Las disposiciones de la peculiarísima Constitución estadounidense no le impidieron sin embargo en ningún momento ser candidato presidencial; de hecho, Trump, que inició su campaña electoral para un segundo mandato en 2022, alternó las audiencias judiciales sentado en el banquillo de los acusados con sus mítines electorales y la recaudación de fondos para su campaña.

Hay sólo un precedente de un candidato presidencial que no sólo fue imputado, sino que siguió siendo candidato aun después de haber sido condenado y enviado a prisión. Sucedió en 1920 con Eugene Debs, candidato del Partido Socialista de América, condenado por violar la Ley de Espionaje al criticar públicamente en sus mítines políticos el rol desempeñado por EEUU en la Pimera Guerra Mundial[1].

La inédita situación legal de Donald Trump, que llegó a las elecciones de noviembre con esos macroprocesos abiertos, dio lugar a debates jurídicos entre los principales constitucionalistas de EEUU. ¿La Constitución aporta herramientas para afrontar una situación tan insólita? ¿Se puede llegar al extremo de que el presidente gobierne desde la cárcel? Algunos encontraron una posible respuesta en la 14.ª Enmienda, que, aprobada en 1868, dice en su sección tercera:

Ninguna persona podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector del presidente y vicepresidente de EEUU, u ocupar cargos, civiles o militares, en EEUU, o en cualquier estado, si, habiendo prestado juramento previamente como miembro del Congreso, o como oficial de EEUU, o como miembro de cualquier legislatura de algún estado, o como oficial del poder ejecutivo o judicial de ese estado, para defender la Constitución de EEUU, ha incurrido en insurrección o rebelión contra el mismo, o ha dado auxilio o consuelo a sus enemigos. Pero el Congreso puede, por voto de dos tercios de cada Cámara, retirar tal inhabilidad.

Varios reconocidos constitucionalistas se mostraron convencidos de que Trump entraba en la categoría de insurrecto que menciona esa enmienda por haber intentado impedir por todos los medios el reconocimiento del resultado electoral de 2020 y la toma del poder por el vencedor, Joe Biden.

En agosto de 2023 dos constitucionalistas conservadores, William Baude y Michael Stokes Paulsen, escribieron, en una publicación de la Universidad de Pensilvania, un texto[2] de 126 páginas en el que aseguraban que, «debido a una serie de percepciones y suposiciones erróneas, no se han apreciado ni aplicado todas las consecuencias legales de la sección tercera», y argumentaban por qué sí era pertinente aplicarla en el caso de Trump.

De haber sido adoptada por parte del Tribunal Supremo –má­xima autoridad judicial–, Trump no podría haber asumido la presidencia si existiera ya una sentencia en firme en su contra, o tendría que abandonarla en el caso de que esta se produjera durante este segundo mandato.

A tenor del resultado de las urnas, pareciera confirmarse que el relato de Trump, su representación teatral de víctima, tuvo más fuerza que el voluminoso número de pruebas incontestables y testimonios investigados en los tribunales en los últimos años contra él.

Donald Trump parecía confiar en todo momento que ganaría la partida, que teniendo un Tribunal Supremo de mayoría conservadora –tres de sus miembros nombrados directamente por él en su primer mandato– las cuatro megacausas penales que pesaban sobre él, dos federales y dos estatales, se terminarían disolviendo como un azucarillo en una taza de café, o que se eternizaran en los juzgados, como así sucedió.

Los periodistas especialistas en casos judiciales ya especulaban con un escenario insólito: el otra vez presidente tendría que dirigir nada menos que la mayor potencia del mundo alternando su gestión con constantes visitas a los juzgados. Los cargos eran pesados: nada menos que por haber intentado impedir que Biden asumiera en enero de 2021 su cargo como presidente, o la causa por intentar alterar fraudulentamente el resultado, o la imputación por alentar el asalto al Capitolio, o la causa por sustraer miles de documentos clasificados altamente sensibles al abandonar la Casa Blanca, y otros numerosos graves delitos.

Las causas contra Trump

El magnate republicano acumuló problemas con la Justicia y con Hacienda desde joven, desde la época en que trabajaba con su padre en grandes operaciones inmobiliarias a través del holding familiar, la Trump Organization.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, abrió en 2020 una investigación sobre operaciones financieras del holding familiar realizadas durante más de una década, y en septiembre de 2022 presentó una demanda civil contra Trump y sus hijos Donald Jr., Eric e Ivanka, acusándolos –al igual que a otros ejecutivos de la Trump Organization– de falsedad documental, la cual supuestamente les permitió conseguir exenciones fiscales millonarias que no les correspondían y obtener préstamos bancarios con información empresarial falsa. Los acusó de haber cometido «un fraude asombroso». Según la fiscal, los acusados inflaron enormemente ante el fisco el valor real de activos, el de sus principales propiedades y del patrimonio del magnate, falsificaron documentación y dieron falso testimonio, con el fin de poder conseguir condiciones bancarias y pólizas de seguros muy beneficiosas.

El juez Arthur Engoron, de la Corte Suprema del estado de Nueva York, le impuso a Donald Trump en 2022 multas por 110.000 dólares por desacato al no responder a las citaciones judiciales.

Prostitución, sobornos y desvío de dinero

La primera de las causas penales por la que el Tribunal Supremo imputó a Donald Trump y a varios de sus colaboradores en abril de 2023 estuvo relacionada con el sonado escándalo de soborno a la actriz porno Stephanie Clifford, más conocida por su nombre profesional, Stormy Daniels, que salió a la luz en 2018.

Trump era conocido por utilizar y pagar generosamente los servicios de prostitutas de lujo. Según la Fiscalía, había suficientes pruebas de que esta mujer –que habría mantenido relaciones sexuales con el magnate entre 2006 y 2007– habría recibido 130.000 dólares de manos del abogado de Trump, Michael Cohen, a cambio de guardar silencio sobre su relación. Cohen ya había pagado también, por orden de Trump, 150.000 dólares a otra mujer, Karen McDougal, exmodelo dePlayboy –con quien también había mantenido relaciones sexuales el magnate–, para comprar su silencio.

En el caso de Daniels el soborno tuvo lugar diez años después de acabar su relación con Trump, durante la campaña electoral de 2016 de la que Trump salió elegido presidente. La relación había tenido lugar cuando el magnate era una estrella de los realities y le había prometido trabajo en televisión, algo que nunca hizo.

Aunque el hecho en sí no puede ser castigado penalmente, sí lo es la forma en que se realizó el pago. Cohen habría adelantado el dinero a la actriz porno, haciéndole firmar un contrato de confidencialidad, y a este abogado le transfirió posteriormente la Trump Organization ese dinero y su comisión de 60.000 dólares bajo la cobertura de servicios legales, como gasto empresarial.

La empresa familiar de los Trump fue declarada culpable por un delito de falsificación de registros comerciales y fraude, y multada por 1,6 millones de dólares, y el director financiero de la misma, Allen Weisselberg, fue condenado a cinco meses de cárcel. Tanto Trump como tres de sus hijos fueron acusados de fraude y engaño a la Justicia.

El hecho de que el objetivo de esos sobornos fuera que no enturbiaran la imagen de Trump durante la campaña electoral hizo que se considerara que se trataba de un delito electoral, ya que intentaba ocultar datos del candidato. Por ello se calificó el delito como financiación electoral ilegal, al ser utilizado el pago para encubrir momentos de la vida del candidato que muchos de sus electores pudieran haber repudiado. Los distintos delitos cometidos en esta causa podrían suponer una pena de hasta 37 años de cárcel.

Sin embargo, el juez Juan Merchan anunció a inicios de septiembre de 2024, dos meses antes de la cita electoral, que no emitiría su fallo el 18 de ese mes, como estaba previsto, sino que lo aplazaba hasta después de las elecciones. Era la segunda vez que lo aplazaba, tal como lo habían solicitado los abogados de Trump. Finalmente, el 9 de enero de 2025, Merchan reconocía a Trump como culpable pero le otorgaba la libertad incondicional. Era la primera causa que se cerraba.

El asalto al Capitolio

Antes incluso de que se produjeran las elecciones de noviembre de 2020 había comenzado una campaña del equipo de Trump que contenía una clara amenaza: «hay que estar alertas, se prepara un fraude, y cualquier resultado que no reconozca nuestro triunfo será un fraude». Era una situación insólita, era aún el presidente, tenía, por lo tanto, el control de todas las instituciones del Estado, pero denunciaba preventivamente un fraude, aseguraba que podrían manipularse las máquinas de voto. Hizo sembrar también dudas sobre la transparencia y profesionalidad del servicio postal, advirtiendo que se podían manipular los votos por correo.

Una vez celebradas las elecciones, que supusieron un triunfo de Biden por siete millones de votos de diferencia, Trump agudizó aún más sus acusaciones con mítines en los que pedía a sus seguidores que se movilizaran para impedir que se consumara un fraude y se invistiera al candidato demócrata.

El fiscal especial Jack Smith le acusó de hacer esas denuncias a sabiendas de que las elecciones se habían realizado con normalidad y transparencia, y también le acusó de «conspirar para desautorizar y defraudar al Gobierno», de violar derechos civiles y de «obstruir un procedimiento legal gubernamental». Según el auto del Gran Jurado del Distrito de Columbia[3], con su actitud Trump intentaba «crear una atmósfera política nacional de desconfianza e ira, afectando la confianza en la actuación de las autoridades electorales». Los distintos cargos incluidos en esta causa podrían haberle supuesto a Trump un máximo de 55 años de prisión.

El 1 de julio de 2024 llegaba la sorpresa: el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, emitía una sentencia[4] en la que le reconocía a Trump inmunidad presidencial por todos los actos que hubiera cometido en el ejercicio de su cargo.

Igualmente, la sentencia del Supremo decía: «El Congreso no puede criminalizar la conducta del presidente en el desempeño de las responsabilidades del poder ejecutivo según la Constitución». Los seis jueces conservadores salían así en defensa de Trump frente a las acusaciones del fiscal de Washington de conspiración para desautorizar al Gobierno, violación de derechos civiles e intento de obstrucción a un procedimiento oficial, el reconocimiento de Biden como presidente legítimo.

Bajo el paraguas de la decisión del Tribunal Supremo, el equipo de abogados de Trump argumentó ante el juez que los cargos contra su defendido fueron cometidos como parte de su gestión presidencial para intentar frenar un fraude electoral.

Antes de asumir su cargo, Trump ya anunció que despediría de inmediato al fiscal Jack Smith, que se convirtió en una pesadilla para él en esta y otras causas. Pero el fiscal especial se adelantó; entregó su informe final a la jueza pidiendo que se hiciera público y el 10 de enero de 2025, días antes de que asumiera Trump, dimitió del Departamento de Justicia. La jueza Aileen Cannon, que había sido nombrada por Trump, decidió no hacer público su informe.

Robo de documentos clasificados

La omnipotencia de Donald Trump no le permitió prever que se terminaría por descubrir que tras su abandono de la Casa Blanca a inicios de 2021 habían desaparecido de la misma miles de documentos clasificados de gran valor y confidencialidad. Sólo así se explica que tuviera esparcidas por varias de las 126 habitaciones de su mansión de Mar-a-Lago de Florida y sin protección alguna cajas y cajas de documentos clasificados sin orden ni cuidado alguno, facilitados durante su mandato a la oficina del presidente por Archivos Nacionales.

Ese fue el escenario con el que se encontraron los numerosos agentes del FBI que la registraron el 8 de agosto de 2022, por orden del fiscal especial Jack Smith.

En el auto de procesamiento se acusaba a Trump de retener intencionadamente información de defensa nacional, de ocultar documentación a los investigadores federales, de falsedad y de conspiración para obstruir la acción de la Justicia. Los documentos clasificados hallados contenían temas tan delicados como programas nucleares de EEUU y de sus aliados y sobre las propias vulnerabilidades que el Pentágono reconocía que tenían el país y otros países aliados en el caso de sufrir ataques externos.

El fiscal lo acusó de poner en riesgo la seguridad nacional y la política exterior de EEUU, ya que en esos documentos también había informes de espionaje, identificación de agentes y de sus confidentes y fuentes de información que afectaban a las Fuerzas Armadas y a legaciones diplomáticas.

¿Para qué quería Trump retener toda esa documentación? Previsiblemente para tener la posibilidad de seguir controlando los resortes del poder en la sombra, para filtrar documentos que pudieran desestabilizar al Gobierno de Biden en un determinado momento, para someter a chantajes a altos cargos, o por otros objetivos.

Algunos analistas recordaron aquella frase que dijo más de una vez: «soy el único que puede salvar a esta nación», la cual evidenciaba que él creía que debía ser quien controlara documentación de semejante valor estratégico.

El fiscal Smith emitió el 7 de enero de 2025 su duro informe final, tres días antes de anunciar su dimisión, en el que sostenía que Trump había participado de «un esfuerzo criminal sin precedentes para anular los resultados legítimos de las elecciones con el fin de conservar el poder». También sostuvo que Trump merecería haber sido condenado, pero que al ser elegido presidente ya no era posible.

Intento de pucherazo en Georgia

«Donald Trump, preso n.º PO1135809, varón blanco, de 97,5 kilogramos de peso y 192 centímetros de altura, cabello rubio, piel blanca y ojos azules». Esos datos aparecían en la ficha que se hizo del magnate cuando tuvo que presentarse el 24 de agosto de 2023 en la prisión de Fulton, condado del estado de Georgia. La ficha estaba acompañada de fotos de frente (desafiante) y perfil, así como de sus huellas digitales. Fue la primera vez en la historia de EEUU que un presidente debía pasar por un trámite semejante. Para no ingresar en prisión, Trump tuvo que depositar 200.000 dólares de fianza.

La fiscal general del Condado de Fulton, Fani Willis, le acusó de intentar alterar el resultado electoral de 2020 en el estado de Georgia, donde el Partido Republicano, tradicionalmente mayoritario, perdió por poco margen las elecciones, 11.779 votos. En esta causa fue clave la filtración de una conversación entre el magnate republicano y el también republicano secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que Trump le solicitaba a este que buscara bajo las piedras al menos 11.780 votos para no perder el control estatal: «Sólo quiero encontrar como sea 11.780 votos», dijo el 2 de enero de 2021, asegurando además que el resultado real no era el anunciado, que los demócratas habían hecho fraude. «Los datos que usted maneja no son los correctos, señor presidente», le contestó Raffensperger, y se negó a buscar los votos que le pedía el líder de su partido.

Varios cargos republicanos de Georgia, entre ellos el propio gobernador, Brian Kemp, se negaron a respaldar las teorías conspirativas del entonces presidente saliente, por lo que el plan de Trump y sus colaboradores para alterar el resultado electoral de un estado clave como Georgia fracasó.

Después de más de dos años de investigación, la fiscal le acusó, al igual que a otros 19 de sus colaboradores imputados –entre ellos, Rudy Giuliani, exfiscal y exalcalde de Nueva York–, de extorsión y de constituir una organización de carácter mafioso con el objetivo de falsificar los resultados electorales de 2020 en el estado de Georgia.

Cuantas más acusaciones judiciales, más apoyo social, más recaudación

Las numerosas causas judiciales abiertas contra Trump no llegaron a afectar el apoyo popular, sino todo lo contrario. Las encuestas siguieron reflejando mes a mes desde 2023 un avance a su favor.

Su equipo de colaboradores sacó partido hasta del inédito fichaje policial que tuvo que hacer en la prisión de Fulton. Menos de dos horas después de ser fotografiado y fichado en la prisión de Fulton, el comité de recaudación de fondos Trump Save America ya estaba vendiendo en internet pegatinas con esas fotos desafiantes y la leyenda «Nunca te rindas» para poner en el coche por 12 dólares, camisetas de manga larga por 36 dólares, tazas y otros artículos.

El magnate no varió los ejes de su campaña para las presidenciales de 2024 con respecto a las de 2016 que le dieron el triunfo y a las de 2020. A inicios de 2024 volvía a arremeter en sus mítines electorales contra los inmigrantes irregulares acusándolos de «envenenar la sangre de EEUU», un concepto que varias organizaciones antirracistas denunciaron como racista y propio de las ideas con las que Adolf Hitler agitaba a las masas en la Alemania de la década de los treinta contra los judíos.

Paradójicamente, en los últimos años Trump logró aumentar el apoyo hacia su candidatura entre la población hispanoamericana y asiática. Son esencialmente aquellos que tienen papeles y trabajo desde años; los que quieren ser aceptados por la sociedad estadounidense y asumen como propios discursos xenófobos contra los cientos de miles de inmigrantes sin papeles que intentan entrar a EEUU como ellos mismos hicieron años antes.

Trump repitió una y otra vez en sus mítines su discurso antiinmigración, prometiendo que, de llegar de nuevo al poder, llevaría a cabo «la mayor deportación de inmigrantes ilegales que se ha visto nunca» y aseguró que también daría un nuevo impulso para continuar construyendo el muro en la frontera sur para impedir su llegada.

La gran diferencia con sus dos campañas electorales anteriores fue que ya no era un outsider aceptado a regañadientes por sectores significativos de su propio partido, sino que esta vez sus eslóganes, sus propuestas, han sido asumidas por el aparato, por el establishment del Partido Republicano.

Contra lo que muchos predijeron, el trumpismo no murió con la derrota electoral de noviembre de 2020. No sólo sobrevivió y puso en marcha un movimiento y una gran movilización social, sino que ha pasado a convertirse en la corriente hegemónica entre las varias familias existentes dentro del Partido Republicano. Trump ha devorado al partido, cuenta con un apoyo mayoritario de sus bases y gradualmente ha ido pudiendo colocar a fieles suyos en puestos claves.