Violación de derechos humanos en América Latina E-Book

Elizabeth Lira

• Herausgeber: Ediciones Universidad Alberto Hurtado
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2023

Seitenzahl: 614

Beschreibung

Este libro da cuenta simultáneamente de los horrores cometidos en distintos países de América Latina, y del trabajo de asistencia y rehabilitación al servicio de las víctimas realizado durante las dictaduras y las transiciones políticas. En casi todos los países el fin del conflicto político no necesariamente ha significado el fin de la violencia, aunque se han iniciado procesos institucionales para tramitar el pasado, cuya incidencia depende de las fuerzas políticas internas de cada país, así como de los contextos internacionales. Los casos ilustran la complejidad de los desafíos profesionales, redefiniendo las modalidades de trabajo desde enfoques y conceptualizaciones a partir de las necesidades de las víctimas.

Leseprobe

VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA

Reparación y rehabilitación

Elizabeth Lira, Marcela Cornejo y Germán Morales, editores

Ediciones Universidad Alberto Hurtado

Alameda 1869 – Santiago de Chile

[email protected] – 56-228897726

www.uahurtado.cl

Este libro fue publicado en Suiza con el título Human Rights Violations in

Latin America – Reparation and Rehabilitation, por Springer en la serie Peace Psychology

Book Series.

Este proyecto cuenta con el financiamiento y apoyo de ANID, Programa Iniciativa Científica Milenio - Instituto Milenio VioDemos (ICS2019_025).

Primera edición junio 2023

Los libros de Ediciones UAH poseen tres instancias de evaluación: comité científico de la colección, comité editorial multidisciplinario y sistema de referato por par doble ciego. Este libro fue sometido a las tres instancias de evaluación.

ISBN libro impreso: 978-956-357-417-3

ISBN libro digital: 978-956-357-418-0

Dirección editorial

Alejandra Stevenson Valdés

Editora ejecutiva

Beatriz García-Huidobro

Diseño interior

Elba Peña

Diseño de portada

Alejandra Norambuena

Imagen de portada: elbold / iStock

Con las debidas licencias. Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos.

Índice

AGRADECIMIENTOS

PALABRAS DE PRESENTACIÓN DE ESTA EDICIÓN

CAPÍTULO IPsicología y derechos humanos. Una introducción

Elizabeth Lira, Marcela Cornejo y Germán Morales

SECCIÓNIHistoria, situaciones, conceptos y enfoques

CAPÍTULO IIPsicología y derechos humanos en Chile: asistencia, registro, denuncia, rehabilitación y reparación

Elizabeth Lira y Marcela Cornejo

CAPÍTULO IIIEl método de desaparición forzada y los juicios de lesa humanidad. Diálogo entre la dimensión jurídica y la dimensión subjetiva. Especificidades del caso argentino

Mariana Wikinski, Mariana Biaggio, Rosa Matilde Díaz Jiménez y Marcelo Marmer

CAPÍTULO IVLocalización de niños apropiados por las dictaduras del Cono Sur: interpelando identidades

Sonia Mosquera

CAPÍTULO VLa fotografía y el cine en la experiencia de restitución de la identidad. Una escritura de la luz

Juan Jorge Michel Fariña y Florencia González Pla

SECCIÓN IIMetodologías de acompañamiento e intervención psicosocial

CAPÍTULO VIEl método y la metodología del trabajo de acompañamiento psicosocial. Un aporte para defensores en riesgo en México

Clemencia Correa, Laura Espinosa y Rodrigo Morales

CAPÍTULO VIIConstrucción de un modelo de atención y acompañamiento psicosocial. Formación de acompañantes psicosociales pares: una experiencia desde México

José Manuel Bezanilla, María Amparo Miranda y Juan López

SECCIÓN IIIIntervenciones psicoterapéuticas

CAPÍTULO VIIIPsicoterapia con ex prisioneros políticos en Uruguay: la visión de los terapeutas

María Celia Robaina

CAPÍTULO IXArpilleras de violencia sexual y doméstica en la posguerra de Guatemala: acompañamiento en procesos de reparación psicosocial

María Luisa Cabrera Pérez-Armiñán

CAPÍTULO XEstrategias reparatorias grupales y violaciones de derechos humanos en Chile

Germán Morales y María Isabel Castillo

SECCIÓN IVEnfoque y apoyo psicológico y psicosocial en peritajes y litigios judiciales

CAPÍTULO XILa masacre de El Mozote: investigación pericial y retos de la reparación psicosocial

Sol Yáñez

CAPÍTULO XIITrabajo psicosocial en el marco de justicia transicional: las mujeres de Sepur Zarco

Susana Navarro García y Paula María Martínez Velázquez

CAPÍTULO XIIIContribución de la evidencia psico-forense en la Corte Interamericana en el caso Lonkos y líderes indígenas Mapuche versus Chile

Ruth Vargas-Forman

SECCIÓN V Reparaciones psicosociales: los desafíos del reconocimiento de las víctimas

CAPÍTULO XIVTestimonio y reparación simbólica: proyecto “Clínica del Testimonio” de Río de Janeiro

Vera Vital-Brasil

CAPÍTULO XVClínicas del Testimonio: nuevas vías de reconocimiento a través de la escucha grupal a militares

Alexei Conte Indursky, Ângela Flores Becker, Bárbara de Souza Conte, Carlos Augusto Piccinini, Karine Szuchman y Lísia da Luz Refosco

CAPÍTULO XVIColonia Dignidad: los claroscuros en el reconocimiento de las víctimas

Evelyn Hevia Jordán

SECCIÓN VI Desafíos políticos y psicosociales de las transiciones

CAPÍTULO XVIITransición política y reparación social en Venezuela: desafíos de reconstrucción democrática

Mireya Lozada

CAPÍTULO XVIIIPsicología y derechos humanos en Colombia: contribuciones a la consolidación de la paz

Wilson López-López, Andrea Correa-Chica, Angélica Caicedo-Moreno, Pablo Castro-Abril y Carlos Felipe Buitrago-Panader

CAPÍTULO XIXTrabajando salud mental en el Perú

Viviana Valz Gen

AUTORAS Y AUTORES

AGRADECIMIENTOS

Cuando diferentes autores de distintos países trabajan juntos en un mismo libro, se produce un complejo proceso de diálogos, comunicaciones, revisiones de textos e intercambios, hasta llegar al manuscrito final. El resultado es un ejercicio de reflexión, humildad y aprendizaje recíproco, uniendo ideas y experiencias para lograr una obra compartida.

Este libro ha sido posible gracias a la colaboración de muchas personas, en primer lugar, de autoras y autores que compartieron sus ideas y experiencias, y su compromiso con esta tarea.

Este proyecto comenzó hace algunos años con la invitación de Patricio Cumsille, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y de Judith L. Gibbons, profesora emérita de psicología de la Universidad de Saint Louis, para escribir un libro que reflejara el trabajo realizado desde la psicología en el campo de los derechos humanos en América Latina.

Varias personas colaboraron en la revisión editorial de los capítulos en inglés, entre ellas, Maxine Lowy, Anne Pérotin-Dumon y Paula Jorquera. También nos beneficiamos del cuidadoso trabajo de Marais del Río en la revisión del estilo APA en las citas.

La publicación del libro en inglés, en la serie Psicología de la Paz de la editorial Springer, fue posible gracias a uno de los autores, Wilson López-López, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, quien nos conectó con Dan Christie, editor de dicha serie, haciendo posible la vinculación de nuestro trabajo a un proyecto editorial generado por colegas de diferentes partes del mundo.

Queremos agradecer a todos y todas quienes han contribuido a la realización de este libro. Los escritos pertenecen a la memoria colectiva de América Latina y de quienes han trabajado en las últimas décadas por el reconocimiento y la rehabilitación de las víctimas. La contribución de sus voces en la construcción de la convivencia democrática es la mejor garantía de una paz estable y duradera en la vida política y en los espacios cotidianos.

ELIZABETH LIRA

MARCELA CORNEJO

GERMÁN MORALES

PALABRAS DE PRESENTACIÓN DE ESTA EDICIÓN

Los textos de este libro fueron publicados en inglés, en 2022, en la editorial Springer, en la serie de Psicología de la Paz (Peace Psychology Book Series), con el propósito de dar a conocer el trabajo realizado, en diferentes países de América Latina, con víctimas de violaciones a los derechos humanos, durante las últimas décadas.

Los textos de este libro dan cuenta del dolor, el sufrimiento y el miedo como resultado de las violaciones de derechos humanos. Las particularidades de los contextos políticos y sociales locales y sus momentos históricos diferencian la situación de las víctimas y los enfoques y metodologías de trabajo en cada caso, desde una psicología que se propone el reconocimiento de la dignidad de las personas, su rehabilitación y reparación, así como las de sus familias y comunidades.

Los capítulos de este libro introducen de manera general el contexto político de cada país, las consecuencias sobre miles de víctimas, y algunas experiencias clínicas y comunitarias y sus resultados. En casi todos los países, el fin del conflicto político no necesariamente ha significado el fin de la violencia, aunque se han iniciado procesos institucionales para tramitar el pasado, cuya incidencia depende de las fuerzas políticas internas de cada país, así como de los contextos internacionales. Los casos ilustran la complejidad de los desafíos profesionales, redefiniendo las modalidades de trabajo desde enfoques y conceptualizaciones a partir de las necesidades de las víctimas.

Desde los inicios, nos comprometimos a publicar este libro en el idioma en que fue escrito, y nos complacemos en poder entregarlo ahora gracias al trabajo de muchas personas, entre ellas, las autoras y los autores. La colaboración de la Universidad Alberto Hurtado y la Pontificia Universidad Católica de Chile en el Instituto Milenio de Violencia y Democracia y la Editorial de la Universidad Alberto Hurtado nos permiten presentar este libro como una contribución que da cuenta, simultáneamente, de los horrores cometidos en distintos países de América Latina y del trabajo de asistencia y rehabilitación al servicio de las víctimas, realizado durante las dictaduras y las transiciones políticas.

ELIZABETH LIRA

MARCELA CORNEJO

GERMÁN MORALES

Santiago, enero 2023.

CAPÍTULO I

Psicología y derechos humanos. Una introducción

Elizabeth Lira, Marcela Cornejo y Germán Morales

Durante el siglo XX en América Latina se sucedieron golpes militares, guerras civiles, masacres y dictaduras prolongadas en varios países de la región. República Dominicana, Haití, Nicaragua, Guatemala, Colombia y El Salvador serían escenarios de violencia política durante décadas. En 1959 se inició la Revolución cubana, derrocando una dictadura corrupta, inspirando la formación de grupos revolucionarios que buscaron acceder al poder político por la vía armada. La reacción ante estos movimientos se extendió por el continente, y la represión política alcanzó a mujeres, hombres y niños, guerrilleros, estudiantes y sindicalistas, activistas, religiosos, dirigentes sociales y políticos. Los gobiernos y dictaduras persiguieron en nombre del bien común, del orden y la seguridad interna de los países a miles de personas, de manera abierta y encubierta (Herman, 1982). La desaparición, secuestro y exterminio clandestino de personas fue descrito como “guerra sucia” en varios países (Martín-Baró, 1989). La tortura, los tratos crueles y degradantes, las pérdidas materiales y sociales han tenido profundos efectos psicológicos y psicosociales, que se han prologando en el tiempo, afectando generaciones. La extensión del conflicto y la violencia represiva expandieron el miedo. Miles de personas y familias abandonaron sus viviendas y se desplazaron dentro del territorio de su país, como ocurrió en Colombia, Guatemala y Perú. Otros miles se dispersaron por el mundo, asumiendo el costo personal y familiar de perder el derecho a vivir en su propia patria, convirtiéndose en refugiados políticos y exiliados.

Sin embargo, en una sociedad en conflicto, con torturados, muertos y desaparecidos, puede considerarse que, de distintas maneras, casi todos sus miembros han sido afectados. El psicólogo social y sacerdote jesuita Ignacio Martín-Baró (1991) conceptualizó el efecto del terror causado por la violencia, las amenazas, la desaparición, la muerte y la perturbación de las relaciones sociales como trauma psicosocial, analizando el impacto la violencia no solo por sus consecuencias sobre las víctimas, sino por sus efectos en las relaciones sociales, incluyendo la polarización política. En estos contextos, señaló, un sector social, casi siempre minoritario, reacciona moralmente con una fuerte indignación, procurando proporcionar protección y ayuda a las víctimas, luchando por el respeto de los derechos de las personas e intentando incidir en la voluntad de terminar con dichas violaciones y lograr una transformación política. En algunos países se crearon iniciativas de solidaridad con el apoyo de iglesias cristianas y la Iglesia católica, quienes proporcionaron servicios legales, médicos y psicológicos (Cienfuegos & Monelli, 1983). Los psicólogos que asumieron la responsabilidad de trabajar con las víctimas lo hicieron a pesar de las dificultades, a menudo en condiciones de riesgo y vulnerabilidad (Lira, 2017). Existía también un sector que respaldaba la política represiva y que se identificaba con el proceder de las autoridades, valorando sus actuaciones como actos necesarios en defensa del bien común y el orden social, aduciendo que la violencia ejercida era indispensable para lograr el fin del conflicto, restándole importancia a los costos personales y sociales y, por cierto, a la restricción y violación de derechos (Martín-Baró, 1989). La prolongación de la violencia por años o décadas genera habituación. Paradójicamente, la denuncia constante de abusos y atrocidades produce saturación, facilitando que estas se hagan socialmente invisibles, y que el trauma y el sufrimiento se transformen en un asunto privado de las víctimas (Weinstein et al., 1987).

Las transiciones políticas desde gobiernos de facto a regímenes constitucionales en América Latina, así como las negociaciones de paz para finalizar los conflictos armados, se iniciaron en contextos políticos traspasados por los efectos de esos pasados violentos. Los acuerdos políticos de diverso tipo requerían consolidar regímenes democráticos sin arriesgar la gobernabilidad de la transición (Acuña & Smulovitz, 2007). En la mayoría de los países se buscó cerrar el pasado dictando leyes de amnistía muy amplias, esperando que el olvido jurídico (y la impunidad) garantizarían la paz. Crímenes mayores y menores se esfumaban del horizonte político junto con las víctimas y los victimarios. En Argentina la ley de pacificación nacional, en Uruguay la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, las amnistías en Brasil, en Chile y El Salvador se dictaron en nombre de la paz social y la reconciliación política. Sin embargo, a pesar de la impunidad como condición de paz social, simultáneamente en algunos países hubo presiones internas e internacionales para establecer “la verdad”sobre el pasado reciente y reconocer a las víctimas.

En la mayoría de los países de la región se crearon comisiones de la verdad que se propusieron establecer los hechos y reconocer a las víctimas. La mayoría de los informes de esas comisiones señalaron expresamente el daño moral y psicológico de las víctimas, y algunos de ellos propusieron recomendaciones específicas relativas a la salud y la salud mental.

Las violaciones a los derechos humanos que afectaron a miles de víctimas quedaron registradas en comisiones de la verdad. En Argentina la Comisión Nacional de Desaparecidos (Conadep, 1984), en Chile la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR, 1991), en El Salvador De la locura a la esperanza (1993). En Guatemala hubo dos comisiones: la Comisión de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI, 1998), realizada por la Iglesia católica, y la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH, 1999); en Perú se creó la Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR, 2003) y en Uruguay la Comisión para la Paz (2004) sobre los casos de desaparecidos. En Brasil fue la Comisión Nacional de la Verdad (2014). En Colombia hay varios informes que han documentado las consecuencias y las víctimas de la violencia (Basta Ya, CNMH, 2013; Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013). En varios países la desaparición forzada de personas se acompañó de la apropiación de sus hijos, los que fueron entregados y crecieron en familias que les ocultaron su historia y su origen. La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad fue el resultado del trabajo conjunto entre el Estado y la sociedad civil en la recuperación de la identidad de decenas de niñas y niños apropiados (Conadi, 2007).

La lucha de las víctimas organizadas contra la impunidad en distintas latitudes contribuyó a vincular los procesos de construcción democrática y de paz social con el reconocimiento y la reparación de las víctimas. El magistrado francés Louis Joinet propuso un marco ético, jurídico y político para fundamentar las políticas de reparación integral para las víctimas, el que fue adoptado por Naciones Unidas (Joinet, 1997). La restitución y la compensación, así como la rehabilitación y las garantías de no repetición, fueron propuestas como modalidades dentro del concepto de “reparación integral” desde Naciones Unidas. Esta integralidad implicó establecer el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de los agravios, perjuicios y daños físicos y psicológicos sufridos por las víctimas, considerando que para muchas de ellas las consecuencias han sido irreparables. La reparación se ha basado en el reconocimiento de los hechos y sus consecuencias sobre la vida de las personas y sus familias, la restitución de sus derechos y la implementación de diversas medidas para mejorar la vida de las víctimas.

Las intervenciones psicosociales y terapéuticas forman parte de las estrategias de reparación, descritas como procesos de rehabilitación. Las políticas de reparación en distintos países se han basado principalmente en compensaciones pecuniarias, variando entre las indemnizaciones por una vez y las contribuciones vitalicias entregadas mensualmente. Las víctimas han reclamado en diversas instancias la necesidad de garantizar una reparación integral. Entre sus demandas se ha insistido en la rehabilitación como una forma de reparación. Muchas veces la demanda de rehabilitación surgió de la propia experiencia de las víctimas, que recibieron atención de salud y salud mental, apoyo y acompañamiento psicosocial individual o comunitario en condiciones muy críticas y aflictivas y cercanas a la ocurrencia de los hechos de violencia.

Desde finales de los años setenta, algunos psicólogos denunciaron, en instancias internacionales y nacionales, los efectos de las violaciones de los derechos humanos que habían observado, celebraron reuniones de trabajo y debates, y documentaron su práctica profesional. Se publicaron artículos y libros que recopilaban el trabajo realizado por profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, médicos, antropólogos y trabajadores sociales, a veces en el mismo país o en países de exilio, dando cuenta de sus experiencias, modelos de trabajo y propuestas teóricas emergentes.

Como editores de este libro invitamos a escribir a colegas, a quienes habíamos conocido en congresos y seminarios a lo largo de los años, con el fin de recoger sus experiencias y reflexiones sobre sus actuaciones profesionales en contextos de violaciones a los derechos humanos. La existencia de redes de ONG, en las que grupos profesionales han trabajado con las víctimas desde la década de 1980 y 1990, nos permitió conocer el valor del trabajo realizado. Preparar esta publicación tomó varios años y responde al propósito de registrar y compartir la contribución de la Psicología en las políticas de reparación y rehabilitación de las víctimas, así como en el análisis de los procesos de reparación y memoria política.

Descripción

Este libro contribuye al conocimiento y a la comprensión de las prácticas psicológicas en América Latina con víctimas de violencia política y violaciones a los derechos humanos en las últimas décadas.

El libro está dividido en seis secciones, empezando por “Historia, situaciones, conceptos y enfoques”, que comprende cuatro capítulos. El primer capítulo examina la historia de los programas de salud mental en Chile después de 1973, que prestaron servicios a ex prisioneros políticos y sus familias, familiares de víctimas de desaparición forzada, familiares de ejecutados políticos y víctimas de otras violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura (1973-1990). El trabajo incluye la continuidad de varias líneas de investigación, contribuyendo al ámbito de los estudios de memoria después de la transición política.

Los capítulos siguientes se refieren a los enfoques clínicos y psicosociales relacionados con las desapariciones forzadas en Uruguay y Argentina. El capítulo del equipo de CELS reflexiona sobre las dimensiones legales y subjetivas de la desaparición forzada, la que se considera como tortura en el caso argentino. Contribuye a la conceptualización del trauma, del duelo frente a la desaparición y la narración del trauma ante la Justicia. El siguiente capítulo se refiere a la apropiación de niños uruguayos y la conflictiva construcción de identidad. Han sido ubicados principalmente por las Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina. Hemos aprendido cómo se construye la identidad de estos jóvenes después de haber sido encontrados a través de siete protagonistas. Algunos acaban por reconocer su origen y reanudar los lazos con las familias de las que fueron arrancados; otros rechazan cualquier posibilidad de saber acerca de sus orígenes, lo que amenaza su “identidad” construida y su lealtad con la familia adoptiva o apropiadora. Las circunstancias que llevan a una u otra decisión solo pueden entenderse en la singularidad de cada historia.

La restitución de la identidad es el tema del último capítulo de esta sección. La búsqueda de personas, ahora adultas, que desaparecieron en su infancia o que nacieron en cautiverio, remite a la historia de la apropiación y la restitución y renueva cuestiones cruciales sobre las funciones parentales en situaciones extremas. Este capítulo establece perspectivas esenciales, como el derecho a la identidad y el valor simbólico y subjetivo de los datos genéticos; las implicaciones psicológicas relacionadas con la función parental y el papel de la memoria en la construcción de la identidad. También se ilustra la influencia psicosocial a través del cine, la literatura y la fotografía, que hicieron de este tema un patrimonio de la humanidad.

La segunda sección, “Metodologías de acompañamiento e intervención psicosocial”, comprende dos capítulos relacionados con diferentes enfoques sobre el trabajo psicosocial con organizaciones sociales bajo la violencia sociopolítica en México. El primero es el capítulo escrito por los profesionales de Aluna Acompañamiento Psicosocial, en el que explican su método y metodología en contextos de violencia sociopolítica. Describen y analizan el caso de una organización que ha sido amenazada, sufriendo acoso y otras agresiones en su trabajo de defensa del territorio.

El siguiente capítulo de esta sección describe la construcción de un modelo de atención y apoyo psicosocial basado en la formación de pares como acompañantes psicosociales. Los autores subrayan la necesidad de revisar y reformular la formación de los profesionales de la salud mental. Ellos proporcionan habilidades transdisciplinarias y fomentan el diálogo interdisciplinario, ofreciendo un modelo mexicano de atención y acompañamiento psicosocial.

La tercera sección, “Intervenciones psicoterapéuticas”, incluye tres capítulos relacionados con los enfoques y prácticas terapéuticas en Uruguay, Guatemala y Chile. La experiencia uruguaya describe el enfoque específico llevado a cabo por varios terapeutas que trabajan desde una perspectiva psicoanalítica con ex presos políticos. La investigación recogió las observaciones de los terapeutas en relación con las particularidades de esta clínica, permitiendo la discusión de aspectos teóricos y técnicos de los tratamientos, incluyendo la experiencia política del paciente.

El siguiente capítulo ilustra las posibilidades de reparación psicosocial para mujeres guatemaltecas sobrevivientes de violencia doméstica y sexual. La producción de arpilleras con trozos de tela es la actividad principal de un taller terapéutico que implementa dos vías paralelas de recuperación psicosocial: una implica reprocesar y asimilar los conflictos políticos del pasado; la otra se centra en la capacidad de tomar decisiones, transformando las situaciones vitales presentes. Ambas vías rompen el ciclo de violencia. El proceso terapéutico posibilita la experiencia de recuperar el control y el poder sobre su propia vida y fortalecer su identidad como mujer.

El último capítulo de esta sección sistematiza algunas de las principales estrategias terapéuticas grupales desarrolladas en Chile por ONG y organizaciones sociales bajo la dictadura cívico-militar y al inicio de la transición política. La teoría de la psicoterapia de grupo, los conceptos sobre traumatización extrema y trauma del psicoanálisis relacional fueron las principales referencias teóricas. Cada experiencia terapéutica ilustró el espacio de elaboración de las situaciones traumáticas vividas a nivel individual y social. El grupo funciona como un tercero que reconoce y valida, contiene, y permite la restitución de los vínculos colectivos dañados como una contribución específica del dispositivo grupal.

La cuarta sección, “Enfoque y apoyo psicológico y psicosocial en peritajes y litigios judiciales”, comprende tres capítulos relacionados con los casos judiciales. El primero se refiere a la masacre de El Mozote y a la investigación pericial para construir la reparación psicosocial de las víctimas. Las reparaciones judiciales se basaron en el proceso psicosocial llevado a cabo con los supervivientes y sus familiares, demandando justicia para más de 1.000 niños, mujeres y hombres asesinados. El peritaje psicosocial apoyó la demanda presentada por la Asociación de Víctimas de El Mozote ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, levantando una metodología construida para visualizar a las víctimas y escuchar sus voces.

El segundo capítulo de esta sección se refiere a las mujeres de Sepur Zarco. En 2010, 15 mujeres indígenas q’eqchi’ de la comunidad Sepur Zarco, en Guatemala, presentaron una denuncia judicial. Eran supervivientes de la violencia y la esclavitud sexual y doméstica que sufrieron en el puesto militar de su comunidad durante el conflicto armado guatemalteco. Como resultado de su demanda, en 2016 un tribunal guatemalteco condenó a un oficial del ejército y a un exmilitar por violaciones de los derechos humanos de las mujeres. El capítulo analiza el papel de estas mujeres en el proceso de búsqueda de verdad, justicia y reparación, vinculado a las organizaciones que las acompañaron, visibilizando su papel protagónico en la búsqueda de justicia, que fue parte de su recuperación y sanación. También se describe el trabajo psicosocial realizado con las mujeres del caso Sepur Zarco para abordar las consecuencias de las violaciones de derechos humanos sufridas, empoderándolas para enfrentar el proceso judicial y reclamar sus derechos.

El tercer capítulo se refiere al caso “Norin Catriman, Lonkos y Dirigentes Indígenas versus Chile” en el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Se revisa la contribución de la psicología forense en litigios referidos a violaciones de derechos humanos que afectan a pueblos indígenas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en mayo de 2014 sancionó al Estado de Chile por violaciones a la Convención Americana y a los derechos de ocho lideres indígenas condenados erróneamente bajo la Ley Antiterrorista. En este litigio, las evaluaciones forenses, basadas en el Protocolo de Estambul, proporcionaron elementos a la Corte Interamericana para delimitar los efectos a nivel personal, familiar y comunitario de las persecuciones y condenas bajo la Ley Antiterrorista. Este caso destaca el rol esencial de la evidencia psicoforense y el rol de los psicólogos en el acompañamiento a víctimas en juicios en la Corte Interamericana. Además, enfatiza la relevancia de usar metodologías culturalmente apropiadas cuando se documenta los efectos multidimensionales de los abusos a los derechos humanos que afectan a pueblos indígenas. Este caso ilustra la importancia del uso del Protocolo de Estambul para documentar los abusos colectivos e individuales que afectan a comunidades indígenas en el continente.

La quinta sección, “Reparaciones psicosociales: los desafíos del reconocimiento de las víctimas”, incluye dos capítulos relacionados con experiencias brasileñas, y un tercero referido a la Colonia Dignidad, un caso chileno-alemán. Las Clínicas del Testimonio son experiencias terapéuticas y psicosociales desarrolladas en Brasil. La asistencia clínica, la formación de psicólogos, y material escrito sobre su aplicación en el territorio nacional, son los principales componentes de esta práctica. El proyecto de Río de Janeiro se dirigió a personas perseguidas que habían solicitado su reconocimiento y el de sus familiares ante el órgano gubernamental de reparación llamado Comisión de Amnistía. El testimonio contribuye a la reconstrucción de los vínculos sociales, a la valorización del poder para producir cambios personales y a la construcción de la memoria individual y colectiva. El otro capítulo brasileño narra una experiencia similar en Porto Alegre/Rio Grande do Sul. Las intervenciones se realizaron específicamente con militares que querían que el Estado los reconociera como víctimas de violencia política cuando sirvieron en las fuerzas armadas.

Colonia Dignidad fue un enclave de colonos alemanes establecido en el sur de Chile en 1961, que duró más de cuatro décadas (1961-2005). Alemania y Chile se vincularon a través de esta institución en la que se cometieron crímenes de lesa humanidad y las más diversas acciones criminales bajo la protección institucional de la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad: una organización alemana, cristiana y benéfica. Bajo la dictadura cívico-militar chilena (1973-1990) se realizaron diferentes actividades ilegales, incluyendo violaciones de los derechos humanos. Este capítulo presenta un análisis psicosocial sobre la situación actual de los diferentes grupos de víctimas y la compleja configuración víctima-victimario en este contexto.

La sexta sección, “Desafíos políticos y psicosociales de las transiciones”, comprende tres capítulos relacionados con la transición política en Colombia, Venezuela y Perú. El capítulo sobre la situación de Venezuela describe el impacto de una compleja emergencia humanitaria con repercusión internacional. Durante esta crisis multidimensional, los ciudadanos luchan por una transición democrática y desarrollan formas de resistencia que desafían un modelo autoritario que busca quebrar la voluntad y la dignidad de la población. El texto propone varias ideas para la reconstrucción del tejido social fracturado por el conflicto, la lucha contra la impunidad y la búsqueda de justicia para las víctimas, así como la construcción de escenarios de un futuro común compartido que favorezcan la convivencia pacífica y democrática en el país.

El capítulo relacionado con Colombia revisa y describe las contribuciones que han explorado las consecuencias del conflicto social y armado en las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Este contexto ha sido un escenario que ha desencadenado exponencialmente repetidas violaciones de los derechos humanos. Este capítulo propone un modelo de investigación e intervención con una perspectiva de análisis multidimensional, que demuestra el papel de procesos psicosociales como el perdón, la reconciliación, la justicia transicional en la restauración de los derechos humanos a nivel individual, comunitario y social. El trabajo de la psicología es clave para promover los derechos humanos y buscar formas de contribuir a una paz sostenible.

En el último capítulo se hace una breve reseña del proceso y desarrollo del trabajo de salud mental en Perú. Se presenta la experiencia de la Unidad de Salud Mental de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) del Perú y su contribución a la comprensión y gestión de los problemas de salud mental. Se propone una metodología que reconoce cómo las condiciones de vida asociadas al sometimiento, el abuso y la violencia generan sufrimiento emocional en las personas y los pueblos, dando lugar a graves problemas de salud mental, que deben ser abordados de manera integral, priorizando un enfoque comunitario.

Conclusiones

Este libro es una mirada retrospectiva sobre las acciones profesionales con víctimas, sus familias y sus comunidades, durante y después de los conflictos. Los distintos capítulos permiten ilustrar los diversos enfoques y modalidades de trabajo en procesos de reparación y memoria política. Tras las transiciones, la experiencia de rehabilitación de víctimas, llevada a cabo por organizaciones no gubernamentales o prácticas privadas durante el conflicto armado y las dictaduras, contribuyó a la formulación de políticas públicas de reparación en algunos países. Los profesionales aplicaron estrategias de rehabilitación basadas en diferentes orientaciones y modelos teóricos, en función de las condiciones políticas e institucionales del contexto. También trabajaron en el fortalecimiento de las organizaciones y de las víctimas para exigir sus derechos.

La colección de textos que forman este libro da cuenta de intervenciones clínicas, psicosociales y comunitarias con víctimas de violaciones de derechos humanos y víctimas de violencia política desde México hasta Chile.

Las particularidades de los contextos políticos y sociales locales y sus momentos históricos diferencian la situación de las víctimas y las metodologías de trabajo en cada caso. Al mismo tiempo se esboza un enfoque desde la psicología, basado en opciones éticas y profesionales que proponen el reconocimiento de la dignidad de las personas y la rehabilitación y reparación de las víctimas y de sus familias y comunidades. Las estrategias y modelos teóricos integrales desarrollados en los capítulos tienen en común:

a) La consideración del contexto político y social como una dimensión indispensable en el quehacer psicológico. Los contextos sociopolítico, cultural, comunitario y familiar forman parte del análisis integral y de las modalidades de intervención, identificando los recursos individuales y colectivos, los aspectos culturales que inciden sobre las relaciones sociales, las familias y los sujetos, así como las situaciones que afectan o enmarcan la intervención profesional.

b) Las complejas necesidades de las víctimas generaron una apertura teórica más allá de los distintos modelos clínicos y teóricos utilizados habitualmente. La búsqueda de conocimientos que contribuyeran a comprender las implicaciones y consecuencias de las violaciones de los derechos humanos en las personas, familias y grupos, como también en los equipos de trabajo, amplió las visiones y prácticas. Las y los autores dan cuenta en sus escritos cómo su práctica se puso al servicio de responder a las necesidades de las víctimas.

c) Las y los profesionales han diseñado intervenciones que se adecúan a las necesidades de los sujetos y a sus contextos. Las diversas metodologías dan cuenta de la creatividad de los profesionales y de los equipos ante necesidades complejas en contextos adversos. En este libro se analizan experiencias de talleres, psicoterapias de grupo, intervenciones comunitarias y acompañamiento psicosocial de largo aliento; acompañamiento en litigios judiciales y peritajes con propósitos legales; intervenciones psicoterapéuticas, análisis de casos e investigaciones sobre procesos psicosociales y políticos.

Los capítulos ofrecen, en diferentes contextos, una conceptualización de las consecuencias de la violencia política en los individuos. Las diversas experiencias relatadas son también una forma de registrar y dejar constancia del trabajo de las y los psicólogos que, en situaciones de conflicto y violencia política, utilizan la disciplina para contribuir a la comprensión, mitigar y reparar el sufrimiento humano de individuos, grupos, familias y comunidades.

Al inicio de la segunda década del siglo XXI, han surgido nuevos movimientos sociales y políticos en varios países de América Latina, vinculados a antiguas y recientes demandas sociales transversales, incorporando nuevas formas de participación y organización social, y nuevas perspectivas basadas en el género, la interculturalidad y la ecología, en contextos globalizados. Muchas autoridades de estos países respondieron a estas nuevas demandas con estrategias represivas que implicaron nuevamente violaciones de los derechos humanos. Una vez más la violencia fue ejercida sobre cuerpos, organizaciones y comunidades, y contra las ideas y prácticas políticas.

Este escenario político y social contingente conlleva una interpelación a las psicólogas y los psicólogos para colaborar con su trabajo y su saber en distintos ámbitos; documentando, haciendo memoria para aprender del pasado; contribuyendo en investigaciones que permitan comprender las raíces de los conflictos, posibilitando actuar sobre ellas, para construir una convivencia en paz; colaborando con el trabajo de reconocimiento y reparación de las víctimas, asumiendo las dimensiones irreparables que la violencia y el terrorismo de Estado han causado a millones de personas.

En este nuevo contexto, este libro ofrece una respuesta profesional a la atrocidad generada por la violencia sostenida y las violaciones de los derechos humanos, abordando las experiencias traumáticas individuales y colectivas. Las reflexiones de las y los autores subrayan la importancia de debatir estas cuestiones traumáticas, en un marco de derechos humanos más allá de la clínica y los enfoques psicosociales.

Referencias

Acuña, C., & Smulovitz, C. (2007). Militares en la transición argentina: del gobierno a la subordinación constitucional. En A. Pérotin-Dumon (Dir.), Historizar el pasado vivo en América Latina (pp. 3-94). Universidad Alberto Hurtado. http://ijdh.unla.edu.ar/advf/documentos/2018/03/5aba57caaf2a2.pdf

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). (2013). ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá, Colombia. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/

bastaYa/basta-ya-colombia-memorias-de-guerra-y-dignidad-2016.pdf

Cienfuegos, A.J., & Monelli, C. (1983). The testimony of political repression as a therapeutic instrument. American Journal of Ortopsychiatry, 53, 43-51. https://doi.org/10.1111/j.1939-0025.1983.tb03348.x

Comisión de la Verdad para El Salvador (1993). Informe De la Locura a la Esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador. Organización de Naciones Unidas. http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/elsalvador/informe-de-la-locura-a-laesperanza.htm

Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). (2004). Hatun Willakuy: versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Fondo Editorial PUCP. https://www.verdadyreconciliacion

peru.com/admin/files/libros/162_digitalizacion.pdf

Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR). (1991). Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Santiago. http://pdh.minjusticia.gob.cl/comisiones/

Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). (2007). El trabajo del Estado en la recuperación de la identidad de jóvenes apropiados en la última dictadura militar. Conadi. http://www.jus.gob.ar/media/1129163/36-conadi_2_el_trabajo_del_estado.pdf

Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). (1984). Informe “Nunca más”. Argentina http://www.derechoshumanos.net/

lesahumanidad/informes/argentina/informe-de-la-Conadep-Nunca-mas.htm

Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). (1999). Informe Guatemala: Memoria del Silencio. Guatemala. https://www.derechos

humanos.net/lesahumanidad/informes/guatemala/informeCEH.htm

Comisión para la Paz (2003). Informe final de la Comisión para la Paz. Uruguay. https://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/

commissions/Uruguay-Report_Informal.pdf

Comissão Nacional da Verdade (CNV). (2014). Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade. Brasil. http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/index.php/outros-destaques/576-verdade-e-reconciliacao-dentro-e-fora

Herman, E. (1982). The Real Network of Terror. South End.

Joinet, L. (1997). La administración de la justicia y los derechos humanos de los detenidos. La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos). Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección de Minorías. Comisión de Derechos Humanos. ONU. http://www.derechos.org/nizkor/doc/joinete.html

Lira, E. (2017). The Chilean Human Rights Archives and Moral Resistance to Dictatorship. International Journal of Transitional Justice, 11(2), 1-12. http://dx.doi.org/10.1093/ijtj/ijx015

Martín-Baró, I. (1989). Prólogo. En D. Becker & E. Lira (Eds.), Derechos Humanos. Todo es según el dolor con que se mira (pp. 8-10). Ediciones Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos.

Martín-Baró, I. (1990). De la guerra sucia a la guerra psicológica: El caso de El Salvador. Revista de Psicología de El Salvador, 9(35), 109-122. http://www.uca.edu.sv/coleccion-digital-IMB/pwp-content/uploads/

2015/11/1990-de-la-guerra-sucia-a-la-guerra-psicol%C3%B3gica-el-caso-de-El-Salvador.pdf

Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica

(REMHI). (1998). Guatemala: Nunca Más. Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. https://www.derechos humanos.net/lesahumanidad/informes/guatemala/informe REMHI.htm

Ruta Pacífica de las Mujeres (2013). La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Informe de Comisión de Verdad y Memoria. Comisión de Verdad y Memoria de Mujeres. https://rutapacifica.org.co/wp/la-verdad-de-las-mujeres-victimas-del-conflicto-armado-en-colombia-informe-de-comision-de-verdad-y-memoria/

Weinstein, E., Lira, E., & Rojas, M.E. (1987). Trauma, duelo y reparación. Fasic/ Editorial Interamericana.

SECCIÓN I

Historia, situaciones, conceptos y enfoques

CAPÍTULO II

Psicología y derechos humanos en Chile: asistencia, registro, denuncia, rehabilitación y reparación

Elizabeth Lira y Marcela Cornejo

Introducción

Desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile, miles de personas fueron arrestadas. Los partidarios del gobierno derrocado fueron denunciados como enemigos; se instalaron consejos de guerra en todo el país para enjuiciarlos. La prensa publicitó condenas y sentencias de muerte con nula o escasa posibilidad de defensa legal (Vicaría de la Solidaridad, 1991). La magnitud de la represión política se refleja en las 18.364 personas que denunciaron haber sido detenidas durante 1973 en la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, cifra equivalente al 64% de los casos calificados (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2004, p. 79).

Cerca de doce mil personas buscaron refugio en sedes diplomáticas (Del Pozo, 2006; Frenz, 2006; Hiilamo, 2015). Se cifran entre 400.000 y 600.000 los chilenos y sus familias que dejaron el país durante la dictadura por motivos políticos o económicos (Cornejo, 2015). Algunas iglesias reaccionaron creando el Comité de Cooperación para la Paz en Chile (Copachi) para apoyar a personas chilenas que eran perseguidas. En octubre de 1973 se crea el Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados (Conar) para auxiliar a miles de refugiados, principalmente latinoamericanos (Harper, 2007). En 1975 se creó la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic) (Orellana & Hutchinson, 1991).

Las respuestas institucionales ante la emergencia implicaron aprendizajes profesionales en un contexto de amenaza e incertidumbre. Abogados, trabajadores sociales, médicos y psicólogos se integraron a la defensa de los derechos de las personas, desplegando recursos y estrategias para actuar de manera eficaz, respondiendo a las necesidades de las víctimas. Este trabajo se constituyó en una forma de resistencia moral a la dictadura (Lira, 2017; Lowden, 1996). Esa experiencia y sabersobre la atención psicológica sería una referencia para las políticas de rehabilitación y reparación en salud de las víctimas al término de la dictadura.

Apoyo psicológico de emergencia: 1973-1975

Miles de personas fueron detenidas y otras miles fueron despedidas de sus empleos por motivos políticos. Acudieron a Copachi en busca de ayuda legal y social. Copachi brindó inicialmente atención médica gratuita a traves de una red de voluntarios. La atención de salud mental se inició con psicólogos voluntarios. La población consultante estaba formada por familiares de presos políticos, exdetenidos por estado de sitio, familiares de ejecutados políticos, y posteriormente familiares de personas desaparecidas. En 1975, 2.166 personas consultaron en psicología, psiquiatría y psiquiatría infantil. El programa de salud otorgó un total de 64.986 prestaciones médicas, incluyendo la atención de especialistas y de salud mental (Copachi, 1975).

En 1975, el arzobispo de Concepción y Arauco, Manuel Sánchez, creó el Departamento de Servicio Social del Arzobispado de Concepción para prestar asistencia jurídica a los afectados por las leyes de excepción del país, asistir a sus familiares, y prestar asistencia jurídica laboral a quienes la necesitaran, colaborando con Copachi. Fue el origen de la Pastoral de Derechos Humanos (Arzobispado de la Santísima Concepción, 1988). Solo en 1982 se creó un programa de salud, entregando apoyo médico y psicológico a las víctimas y sus familias, el que cerró al término de la dictadura.

Copachi cerró por presiones del gobierno (Frenz, 2006). En enero de 1976, la Iglesia católica creó la Vicaría de la Solidaridad, incorporando los programas y el personal de Copachi a la nueva entidad. El equipo de salud mental se amplió, incluyendo medicina general y psiquiatría. La Vicaría documentó las complejas circunstancias vitales de las personas y familias que consultaban, así como los efectos de la detención, la tortura y la persecución, agravados por el empobrecimiento y la cesantía (Funvisol - Fundación de Documentacion y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, 1978a, 1978b, 1980).

En 1980, el equipo de salud de la Vicaría presentó una síntesis de su trabajo en un encuentro convocado para compartir el trabajo de atención psicológica y psicosocial de los organismos de derechos humanos. Señalaron que los motivos de consulta más frecuentes eran cuadros angustiosos agudos y perturbaciones del dormir. Describieron la situación represiva como una experiencia extraordinaria y transitoria, priorizando realizar intervenciones en crisis, movilizando experiencias “facilitadoras” para retomar el proyecto vital y vincularlo a un proyecto social. Reflexionaron sobre la relación terapéutica:

[…] no solo desde la perspectiva de la seguridad del terapeuta, sino también en el ejercicio mismo del oficio […] la psicoterapia pasa a ser un oficio peligroso. Las experiencias de los pacientes son de tal calidad, que el compromiso emocional es ineludible […]. Inevitablemente el terapeuta se involucra mucho más allá de lo que la realidad anterior le puede haber exigido (BBJ & SLC, 2017, p. 209)1.

Los despidos masivos por razones políticas en un contexto de hiper inflación y de crisis económica del país, y la represión política, agudizaron los conflictos en las familias. El equipo de salud de la Vicaría brindaba atención médica, psiquiátrica y psicológica, y colaboraba con la defensa jurídica, proporcionando informes clínicos que certificaran los efectos en la salud física y mental de personas que habían sido víctimas de la represión política. Ellos insistían en que la represión política y el terror diseminado por las violaciones de derechos humanos, la incertidumbre y la inseguridad generadas, afectaban a las personas y sus familias. La tortura, el miedo, la cesantía y las carencias alimentarias eran factores potenciadores de perturbaciones emocionales severas (Funvisol, 1982).

Desde la emergencia a la institucionalización

La Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic) inició su trabajo en 1975. La tramitación de la conmutación de la pena de cárcel por extrañamiento de miles de presos condenados en los consejos de guerra fue uno de sus programas principales, apoyando las postulaciones a programas de acogida en más de setenta países (Garcés & Nicholls, 2005; Reyna, 2005).

En 1977 se creó el Programa Médico Psiquiátrico (PMS) en Fasic. Un año después los presos que estaban tramitando su salida del país participaron con sus familias en grupos de “orientación al exilio”. Exiliarse era contradictorio: se idealizaban las condiciones futuras a pesar de no conocer acerca de las oportunidades disponibles en el país de destino. El reencuentro familiar ante la salida del país y la pérdida del derecho a vivir en su patria eran puntos centrales en el trabajo psicológico, profundizando en las implicaciones de esta decisión, las expectativas de la familia y la separación definitiva con los compañeros de prisión (Lira, 1999; Pollarolo & Rojas, 1986).

Al inicio del PMS-Fasic prevalecía el enfoque de intervención en crisis. Pero la demanda creció velozmente y la complejidad de los casos se hizo evidente. Se hizo, entonces, necesario revisar los enfoques terapéuticos, considerar las modalidades de intervención (individual, grupal), la integración de la atención médica, el apoyo social y la psicoterapia. Se dio importancia a la documentación y difusión de este trabajo a través de seminarios y publicaciones (Colectivo chileno de trabajo psicosocial, 1982; Lira, 1986).

El equipo de salud de la Vicaría hizo un análisis de los efectos de la desaparición forzada en 140 niños y niñas atendidos desde 1973 (Funvisol, 1978c). La mayoría de los niños y niñas se derivaron al PMS-Fasic. Las psicólogas que los atendieron señalaron que los niños y niñas sufrieron experiencias desestabilizadoras: “la muerte o desaparición de su padre, el hambre y la denutrición, o la necesidad imperiosa de abandonar su patria, amigos, abuelos […] vive inmerso en un caos, se le informa a medias, no se le informa, o se le entrega una información muy distorsionada […] ‘tal vez para protegerlos del sufrimiento’” (Cerda & Lagos, 2017, p. 180)2.

Las y los psicólogos, psiquiatras y trabajadoras sociales de PMS-Fasic atendieron a niños, niñas, jóvenes y adultos en terapia individual, de pareja y terapia familiar. También se proporcionó atención psicosocial a presos en las cárceles, ingresando en el horario de visitas. Se formaron grupos para trabajar con ex presos desempleados, algunos antiguos dirigentes sindicales que al perder su trabajo, perdieron sus organizaciones (Lira, 1999; Lira & Weinstein, 1981). Se ofrecieron grupos terapéuticos para ex presos políticos y retornados del exilio (Castillo, 1986; Salamovich & Domínguez, 1986; Weinstein, 1986a, 1986b). Se realizaron grupos con familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, con jóvenes hijos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y con jóvenes torturados, marginados del estudio o del trabajo. Se realizaron grupos con niños y niñas y con jóvenes que retornaban al país (Domínguez & Delpiano, 1986; Kovalskys & Lira, 1983). Desde 1978 se organizaron talleres de terapia ocupacional para trabajar artesanías en madera, hueso, telar, metal y cuero. El equipo de la Vicaría derivaba a los talleres a pacientes que además requerían apoyo psicosocial (Weinstein et al., 1987).

Desde mayo de 1983 hubo protestas masivas contra la dictadura. El gobierno reprimió las protestas de manera violenta y dura. La demanda de atención creció de tal modo que fue necesario organizar talleres en terreno –con la cooperación de profesionales voluntarios– para enfrentar las consecuencias de la violencia en los allanamientos masivos en poblaciones populares, seguidos de la detención de grandes grupos de pobladores. Se formaron equipos con profesionales de los organismos de derechos humanos, el Colegio Médico y el Colegio de Psicólogos, que trabajaron juntos enfrentando la emergencia (Lira et al., 1987).

Las amenazas y amedrentamientos contra grupos e instituciones sociales se intensificaron después de 1985. Las personas recibían amenazas de muerte por teléfono o por carta. Algunos organismos de derechos humanos fueron ocupados por agentes del Estado durante horas, mientras se interrogaba, amenazaba y maltrataba a las personas que estaban en el recinto. Se realizaron talleres de acompañamiento psicosocial para quienes fueron afectados (Castillo & Lira, 1986; Lira et al., 1985). Los psicólogos del PMS de Fasic recibieron el Premio Nacional del Colegio de Psicólogos de Chile en 1983 por su quehacer profesional (Domínguez et al., 1984).

Nuevos programas de salud mental

El apoyo a las víctimas dependió de las condiciones políticas y profesionales en regiones. La Iglesia católica, a través de varios obispados a lo largo del país, proporcionó ayuda legal y asistencial a las personas que se encontraban perseguidas, asociados a Copachi.

Algunos profesionales procuraron ampliar la capacidad de atención de salud mental creando organizaciones no gubernamentales independientes. En 1979 se creó en Santiago la Fundación para la Infancia Dañada por Estados de Emergencia (PIDEE) para proporcionar atención psicológica, apoyo psicopedagógico y talleres recreativos a niños, niñas y jóvenes. La institución creó pequeños equipos regionales que se vincularon a otros organismos de derechos humanos y también crearon talleres de arpilleras en Linares, Talca, Chillán, Temuco y Valdivia.

Psicólogas y psicólogos, médicos, trabajadores sociales y otros psofesionales documentaron su trabajo en folletos, libros y artículos (Álamos, 1986; Álamos et al., 1992; Duarte, 1987; Escorza & Maureira, 1989; PIDEE, 1985). Hacia fines de la dictadura, la institución formó parte de la Coordinadora de Equipos de Salud Mental (Cesam), proyectando su experiencia para las políticas de la transición en relación con las víctimas (Espinoza et al., 1989).

PIDEE terminó progresivamente su trabajo de atención, que alcanzó cerca de 12 mil niños, niñas y jóvenes. Actualmente (2021) funciona como Centro de Documentación PIDEE-Cedial, en el que se pueden encontrar artículos, libros y manuscritos sobre su trabajo durante la dictadura y sobre las actividades realizadas hasta el presente (2020).

En 1980 se creó la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) para defender la vida y denunciar nacional e internacionalmente las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en el país. La atención de salud mental se inició con profesionales voluntarios. Luego, se estructuró un equipo multidisciplinario para la “Denuncia, investigación y tratamiento del torturado y su grupo familiar” (DIT-T). Se instalaron equipos en Valparaíso, Talca, Concepción y Valdivia. La necesidad de un abordaje integral e interdisciplinario determinó la conformación de un equipo en el que participaban médicos de distintas especialidades, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos y asistentes de investigación, que participaban directa o indirectamente en el acompañamiento terapéutico de los pacientes. Se prestaba asistencia a torturados y prisioneros políticos al interior de las cárceles, y a sus familiares. Proporcionaron también atención médica y psicológica los familiares de ejecutados, de víctimas de desaparición forzada y a retornados del exilio. Paz Rojas, cofundadora de Codepu, neuro-psiquiatra, escribió:

Hemos colocado como uno de los objetivos centrales de la actividad del equipo DIT-T la denuncia de los hechos represivos […], porque como profesionales de la salud y de las ciencias sociales, lo consideramos una obligación ética [...]. Un estudio totalizador de la persona reprimida (en sus aspectos biográficos, sociales, culturales, políticos) permitirá comprender mejor las reacciones y manifestaciones clínicas y decidir las intervenciones terapéuticas más apropiadas [...]. Entender el daño exige, por lo tanto, de un abordaje integral que permite considerarlo en un marco de valores y en las opciones de vida que ha hecho la persona víctima de la represión política […]. Como equipo terapéutico, no somos neutrales frente a nuestros pacientes, estamos en el mismo lado; es decir, compartimos con ellos el rechazo a un sistema de poder totalitario que viola sistemáticamente los Derechos Humanos y que hace de la violencia y la tortura su forma de ordenamiento social. Este hecho establece un vínculo terapéutico de distinto carácter al que se da en la práctica médica general […]. Si quisiéramos identificar en términos epidemiológicos nuestro quehacer, podríamos decir que la denuncia corresponde a un nivel de prevención primaria, en la medida en que intenta crear conciencia y conformar opinión para impedir la represión política y la tortura. Nuestra acción terapéutica individual y colectiva es parte de la prevención secundaria en su intento de reparar el daño y, por último, nuestro compromiso intransigente por ayudar a construir una sociedad en que se respeten realmente los Derechos Humanos constituye, a nuestro juicio, el tercer nivel de prevención (Codepu, 1989, p. 1).

La propuesta de tratamiento y prevención de Codepu (Raszczynski et al., 1991) se amplió en 1987 al programa “Verdad y justicia”, para develar los mecanismos de impunidad y sus consecuencias sobre las personas, las familias y la sociedad (Codepu DIT-T, 1994, 1996; Rojas, 2017). El colectivo de terapia familiar creado en 1987 documentó la atención de más de tres mil personas entre 1983 y 1991, 600 de ellas dentro de las cárceles (Estrada et al., 1997; Faúndez et al., 1991). Codepu continúa su trabajo en 2022.

En 1984 se inició un programa de salud mental en el policlínico metodista de Temuco para asistir a presos políticos en los recintos carcelarios y proporcionar servicios psicosociales a sus familias y a otras víctimas. Este equipo se transformó en el Centro Regional de Salud Mental (Cresam). Trabajaron con las agrupaciones de víctimas, desarrollaron programas de educación en derechos humanos y proporcionaron atención psicoterapéutica a familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados, presos políticos, ex presos políticos y retornados. Profesionales de Fasic y luego de ILAS3 apoyaron el trabajo hasta el cierre de Cresam en 1995. Las profesionales documentaron su trabajo, principalmente sobre las modalidades terapéuticas implementadas (Aránguiz et al., 1988).

Más de 500 personas recibieron atención psicoterapéutica individual, incluyendo trabajadores de organismos de derechos humanos, durante sus diez años de existencia. En sus escritos, profesionales de Cresam señalaron que “[…] el daño surge del ejercicio directo de la violencia y de la distorsión de las relaciones humanas que ella conlleva” (Aránguiz et al., 1995, p. 35). Concluyeron que la tarea de salud mental en estas condiciones consiste en “no ocultar el dolor y el sufrimiento, sino develarlo y participar en la transformación de las condiciones que lo generan” (Aránguiz et al., 1995, p. 37). En la región de la Araucanía, muchas de las víctimas de desaparición forzada y ejecución política eran de origen mapuche. El equipo acompañó a las familias en terreno y a las agrupaciones de víctimas en las gestiones de denuncia judicial. Cresam trabajó con la comunidad de profesionales de la región y con las agrupaciones de víctimas, y realizaron jornadas sobre las consecuencias del miedo, la tortura, el exilio y el retorno, y los efectos de las violaciones de derechos humanos.

En 1985 se fundó en Santiago el Centro de Investigación y Tratamiento del Stress (Cintras) con el apoyo del Centro de Rehabilitación para Víctimas de Tortura de Dinamarca (IRCT). Su objetivo principal fue proporcionar tratamientos médico-psicológicos a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. El equipo estuvo formado por psicólogos, psiquiatras, terapeutas familiares, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y kinesiólogos. Construyeron un enfoque psicoterapéutico desde una perspectiva integral (Vidal, 1990). Entre 1985 y 1991 fueron atendidas 1. 344 personas. Los equipos profesionales ofrecieron atención individual, familiar y grupal (Madariaga & Díaz, 1993). De acuerdo a los señalado, el enfoque terapéutico implementado utilizó recursos epistemológicos, teóricos y técnicos de las distintas corrientes de la psicoterapia moderna (Madariaga, 2002; Vidal, 1993). Se implementaron talleres de terapia ocupacional como complemento para pacientes con daño psíquico severo.

En 1988 se fundó el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS) con algunos profesionales que provenían de Fasic. El equipo implementó un modelo de atención psicosocial integral, incluyendo atención médica especializada. Entre 1988 y 1992 se realizaron investigaciones clínicas y psicosociales. Los estudios más importantes se refirieron a la prevalencia de enfermedades en los consultantes (Vío, 1992) y a los efectos del miedo en el comportamiento político (Lira & Castillo, 1991). El equipo de ILAS participó en seminarios con instituciones de derechos humanos y salud mental en Concepción, apoyando la creación del programa de salud mental de la Pastoral de Derechos Humanos y la formación de estudiantes en práctica de Psicología de la Universidad de Concepción en dicho programa, supervisando su trabajo clínico y organizando grupos terapéuticos desde 1987.

En 1988 se había iniciado un trabajo de colaboración con el servicio de psiquiatría del Hospital de Puerto Montt, apoyando actividades terapéuticas con las organizaciones de ex presos políticos. ILAS colaboró también con el programa de Salud Mental de la Iglesia metodista-Promesa en Punta Arenas, en la atención de ex presos y retornados, contribuyendo a la realización de un catastro regional para identificar a quienes requerían atención en salud. Se trabajó también en San Antonio y Valparaíso con grupos de ex presos políticos en talleres terapéuticos. Profesionales de ILAS, Cresam y el Departamento de Psicología de la Universidad de La Frontera de Temuco impartieron un diplomado sobre “Psicoterapia de traumatizaciones extremas” en 1991.

Conceptos principales del enfoque psicológico de los equipos de salud mental

El sufrimiento, las pérdidas y los efectos traumáticos de la violencia represiva motivó a las personas a buscar ayuda profesional. La gravedad observada en relación a las consecuencias de la represión política en la salud mental, llevó a los profesionales a denunciarla en artículos, declaraciones públicas y presentaciones ante diversas audiencias. Su propósito era sumar voluntades para terminar con las violaciones de derechos humanos y generar responsabilidad sobre las víctimas, subrayando la no neutralidad ética ante las violaciones de derechos humanos, en un contexto social de miedo, amenaza y desconfianza (Rodríguez, 1978; Rodríguez et al., 1980).

El equipo de salud mental de la Vicaría y el PMS-Fasic ingresaba los casos atendidos, según las situaciones represivas registradas por las instituciones, documentándose en la práctica un diagnóstico situacional, vinculado al acontecimiento represivo. Se categorizaba como “familiar de detenido desaparecido”, “familiar de ejecutado político” o “ex preso político”. Este diagnóstico situacional se incorporó a la taxonomía aplicada por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (Prais), dependiente del Ministerio de Salud desde 1991.

El equipo PMS-Fasic describió la relación terapéutica como un “vínculo comprometido” con la vida y la dignidad del consultante, prevaleciendo sobre consideraciones ideológicas o políticas. Analizaron el rol del terapeuta en un contexto amenazante y se refirieron a la naturaleza del vínculo desde una perspectiva ética y también crítica. Revisaron las visiones teóricas y éticas que encuadraban dicho quehacer, definiendo los límites y alcances de la psicoterapia con víctimas de represión política. El propósito declarado fue:

[…] reparar las repercusiones de los impactos traumáticos de la violencia ligada a la represión política en el sujeto dañado. Lo que se intenta restablecer es la relación del sujeto con la realidad, recuperando su capacidad de vincularse a las personas y las cosas, su capacidad de proyectar su quehacer y su futuro, mediante un mejor conocimiento de sí mismo y de sus propios recursos y también mediante la ampliación de su conciencia respecto a la realidad que le ha tocado vivir (Lira & Weinstein, 1984, p. 13).

Esta visión era compartida por los equipos profesionales de salud mental, como se aprecia en sus escritos. Las aproximaciones teóricas de los equipos eran sistémicas, psicoanalíticas, cognitivo-conductuales, fenomenológicas y psiquiátricas. Las coincidencias en la conceptualización general coexistían con una diversidad de prácticas terapéuticas. Investigadores externos coincidieron en destacar las similitudes conceptuales y prácticas observadas, una suerte de “modelo chileno” (Agger & Jensen, 1996).

Relaciones internacionales y académicas entre los equipos de salud mental y derechos humanos

Algunos profesionales de la salud mental, trabajando en programas de derechos humanos en Chile, principalmente en Fasic, participaron en 1986 en un seminario organizado por el Sindicato Médico del Uruguay y la organización médica Esculapius de EE. UU. Esta reunión, en la que participaron profesionales de salud mental del Cono Sur (Consecuencias de la represión en el cono sur, 1987), fue el punto de partida de actividades colaborativas de investigación, participaciones conjuntas en congresos de la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP), de Latin American Studies Association (LASA), de American Psychological Association (APA), así como en congresos regionales en el Cono Sur con colegas norteamericanos y latinoamericanos, dando origen a numerosas publicaciones (Aron, 1988; Lira et al., 1990).

En el congreso de la SIP en Buenos Aires, en 1989, Ignacio Martín-Baró destacó el rol de una Red de Salud Mental y Derechos Humanos en América Latina, potenciando los recursos disponibles para la atención de miles de víctimas, para la investigación y la construcción de solidaridades efectivas (Lira et al., 2019). En el marco de esa colaboración, se realizó un programa formativo para académicos de la Escuela de Psicología de la Universidad Centroamericana (UCA) José Simeón Cañas de El Salvador en 1988, iniciando proyectos de investigación y publicaciones conjuntas (Becker & Lira, 1989; Becker et al., 1995). Ignacio Martín-Baró, vicerrector académico de la UCA, fue asesinado el 16 de noviembre de 1989.

Reconocimiento y reparación de las víctimas

Los equipos de salud mental de los organismos de derechos humanos en Santiago contribuyeron al programa de derechos humanos de la transición política con propuestas para la reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Patricio Aylwin encabezó en 1990 el primer gobierno de la transición política luego de la dictadura. Prometió identificar y reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, esclarecer la situación de los detenidos desaparecidos, facilitar el retorno de los exiliados y lograr la reconciliación política. Creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en abril de 1990. En su informe se describieron los efectos de la desaparición y la ejecución de personas, basados en los testimonios de sus familiares, señalando la imposibilidad de hacer el duelo asociado al impacto traumático de la desaparición y la muerte. Se estableció que los familiares vivían “la incertidumbre acerca de cuál fue el destino de sus seres queridos” (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1996, p. 1141). Bajo estas consideraciones, la Comisión recomendó que el Ministerio de Salud desarrollara un programa especializado dirigido a la población más afectada. El gobierno chileno, entre 1990 y 2010, ha reconocido a 3.186 víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y violencia política hasta 2021.

En 1991 se inauguró el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud para las víctimas de violaciones a los derechos humanos (1973-1990) (Prais) como una política de reparación en salud (Domínguez et al., 1994). En 2004 se consolidó institucionalmente con la Ley 19.980, estableciendo que el Ministerio de Salud debía asegurar los recursos para su operación y brindar atención integral a los hijos y nietos de las víctimas reconocidas por el Estado chileno, y a los inscritos en Prais desde su creación en 1991 hasta 2003. En 2021, el programa tenía más de 750 mil inscritos. El programa ha funcionado con 29 equipos en el país, formados principalmente por médicos, psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales, brindando atención de salud integral, apoyando las organizaciones de víctimas, acompañando a los familiares en exhumaciones, y realizando actividades de educación en derechos humanos y memoria. Desde sus inicios, en Prais se establecieron programas de apoyo en capacitación y supervisión, realizados por algunos de los equipos de salud mental que trabajaron durante la dictadura, principalmente ILAS y Cintras.

La Vicaría cerró en 1992. Los archivos reunidos durante su labor quedaron a disposición pública al crearse la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago (Funvisol).

Desde 1990 hasta 2004 se dictaron leyes de reparación que establecieron formas de reparación administrativa (pensiones, educación y otras) y simbólica (monumentos, memoriales y otros) para las víctimas reconocidas por el Estado. En noviembre de 2003, el gobierno del presidente Ricardo Lagos creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Fueron reconocidas como víctimas de prisión política y tortura 28.459 personas; 1.244 eran menores de 18 años y 3.621 eran mujeres. El 94% señaló haber sido torturado. El informe identificó más de mil recintos de reclusión en el país y estableció que la tortura fue una práctica sistemática durante el régimen militar. La Ley 20.405 creó en 2010 la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, la que calificó 9.875 nuevas víctimas de prisión política y tortura, y treinta nuevos casos de detenidos desaparecidos. Esta comisión finalizó su trabajo en agosto de 2011 (Comisión Asesora Presidencial, 2011).