Vivir con dignidad E-Book

Nicolás Angelcos

• Herausgeber: FCEChile
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 545

Veröffentlichungsjahr: 2023

Beschreibung

Durante el estallido social de 2019, la palabra "dignidad" fue ampliamente utilizada por los manifestantes para expresar sus distintas demandas. Históricamente, los sectores populares también la han usado para exigir reconocimiento y protección por parte del Estado. En este libro, a partir de diversas investigaciones realizadas durante los últimos años, se analiza qué significa vivir dignamente para los sectores populares en la actualidad. Estamos en presencia de grupos altamente heterogéneos que, pese a progresos significativos en sus condiciones de vida respecto a generaciones anteriores, mantienen una posición marginal en la ciudad y en el campo político. Sin embargo, contrario al sentido común, que los describe como grupos apáticos o desinteresados en los asuntos públicos, se mostrará cómo reflexionan y se movilizan por mejorar sus vidas y las de sus vecinos. Tanto en clave histórica como contemporánea, Vivir con Dignidad es una lectura ineludible y necesaria para el estudio de los sectores populares, su heterogeneidad y compleja interacción con la política institucional y procesos de democratización recientes. De forma distintiva, este trabajo reúne a una generación de investigadores e investigadoras que han contribuido a la renovación de este campo, incorporando desafíos epistemológicos, conceptuales y metodológicos. Resulta particularmente valiosa la articulación con temas de género, interculturalidad y socioambientales, proponiendo una visión amplia de los procesos de politización. María Luisa Méndez. Directora de coes y académica del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales (ieut) de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Leseprobe

Primera edición, FCE Chile, 2023

Angelcos, Nicolás y Miguel Pérez (eds.)

Vivir con dignidad. Transformaciones sociales y políticas de los sectores populares en Chile / ed. de Nicolás Angelcos, Miguel Pérez ; intod. de Nicolás Angelcos. – Santiago de Chile : FCE, 2023

280 p. ; 23 × 17 cm – (Colec. Sociología)

ISBN 978-956-289-292-6

1. Chile – Condiciones sociales – Siglo xxi 2. Chile – Condiciones económicas – Siglo xxi 3. Chile – Políticas públicas – Sigo xxi 4. Pobreza – Chile – Siglo xxi I. Pérez, Miguel, ed. II. Angelcos, Nicolás, introd. III. Ser. IV. t.

LC HC195.P6 Dewey 362.5 A732v

Proyectos que participaron del financiamiento del libro:

anid/fondap/15130009;

anid/fondecyt/11190211;

anid/fondecyt/1210743;

Anillos-pia Soc 180033

Distribución mundial para lengua española

© Nicolás Angelcos y Miguel Pérez

D.R. © 2022, Fondo de Cultura Económica Chile S.A.

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Fondo de Cultura Económica

Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México

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Coordinación editorial: Fondo de Cultura Económica Chile S.A.

Diagramación: Macarena Rojas Líbano

Fotografía de portada: Eugenia Paz

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra —incluido el diseño tipográfico y de portada—, sea cual fuere el medio, electrónico o mecánico, sin el consentimiento por escrito de los editores.

ISBN impreso 978-956-289-292-6

ISBN digital 978-956-289-297-1

Diagramación digital: ebooks [email protected]

ÍNDICE

Introducción. De la abstención a la revuelta. Desafíos para comprender el comportamiento político de los sectores populares en Chilepor Nicolás Angelcos

PRIMERA PARTEPobladores, autoconstruccióny acción colectiva

Capítulo PrimeroHaciendo ciudad, construyendo sujetos: los pobladores como agentes políticos, por Miguel Pérez

Capítulo SegundoPropietarios insurgentes: la movilización de los sin casa en Santiago desde la década de 1950, por Edward Murphy

Capítulo TerceroMapeando la ciudad neoliberal: vida buena y vida digna en el movimiento de pobladoras y pobladores contemporáneo, por Juan Pablo Rodríguez

Capítulo CuartoLa exclusión política de las poblaciones chilenas desde la transición democrática, por Simón Escoffier

Capítulo QuintoDe pobladores a pobres urbanos: las prácticas políticas de los asentamientos informales, por Valentina Abufhele Milad

SEGUNDA PARTEGénero, convivencia y políticas del hogar

Capítulo Primero“Lo importante es compartir”. Politicidad en la experiencia de participación comunitaria de mujeres populares, por Valentina Álvarez-López

Capítulo Segundo“Bajos de Mena despertó”. Mujeres populares, reconocimiento y revuelta, por Nicolás Angelcos, Andrea Roca y Valentina Abufhele Milad

Capítulo TerceroEl hogar en disputa: Espacios, sexualidades y políticas de lo doméstico, por Carolina Besoain, Andrea Rihm Bianchi, Laís Pinto de Carvalho y Tomás Ojeda

Capitulo CuartoGénero y sectores populares: del género invisible a la invisibilidad de su complejidad, por Dariela Sharim Kovalskys

Capítulo QuintoUniones de hecho, clase y autonomía: una vanguardia negada, por Alejandra Ramm

TERCERA PARTETerritorio, interculturalidady nuevas formasde ciudadanía

Capítulo PrimeroNo siempre ecologistas ni siempre feministas. Conflictividad socioambiental y género en el caso polimetales de Arica, por Evelyn Arriagada Oyarzún

Capítulo SegundoLa política en terreno: clientelismo en sectores populares urbanos durante la posdictadura (1992-2012), por Aníbal Pérez Contreras

Capítulo TerceroCiudadanía y desarraigo: migrantes en las tomas de Antofagasta, por Nicolás Rojas Pedemonte

Capítulo CuartoDesplazamiento mapuche y luchas por el espacio en el área metropolitana de Santiago, por Mauro Fontana Flores

Reseña sobre los/las autores/as

Introducción

De la abstención a la revuelta.Desafíos para comprender el comportamiento político de los sectores populares en Chile

Nicolás Angelcos

EL 18 DE OCTUBRE DE 2019 se produjo la revuelta popular más importante de la historia contemporánea de Chile. A diferencia de movilizaciones anteriores, el lugar de la protesta no fue solamente el centro de Santiago, sino también una parte relevante de la periferia metropolitana. A pocos días de iniciado el “estallido”, la movilización alcanzaba una escala nacional y la palabra “dignidad” parecía articular las distintas demandas y actores implicados, a tal punto que la plaza central de la ciudad fue rebautizada por los manifestantes como “Plaza Dignidad” y uno de los eslóganes más difundidos era “Hasta que la dignidad se haga costumbre”.

La amplia participación de sectores populares en la revuelta y su identificación con la demanda por dignidad tensionaron la imagen de estos sectores como apáticos o desinteresados en la política. El incremento de participación electoral en distintas comunas populares, durante el plebiscito de octubre de 2020, y su masivo apoyo a la candidatura a la presidencia de Gabriel Boric, parecían mostrar que las expectativas de cambio expresadas durante el “estallido” estaban alineadas con la vía institucional que proponía la izquierda. Sin embargo, el categórico triunfo de la opción “rechazo” a la propuesta de Constitución realizada por la Convención Constitucional reactivó las sospechas respecto del supuesto conservadurismo de los sectores populares y de la existencia de una “mayoría silenciosa” que se identifica con el modelo existente. Sin negar la importancia de la variación del apoyo político entregado por los sectores populares a alternativas que parecen opuestas, se debe destacar que para entender la interacción entre estos sectores —altamente heterogéneos— y la política institucional hay que reconstruir una serie de transformaciones sociales y políticas cuya temporalidad supera ampliamente la crisis de los últimos años.

¿Cómo entender, desde las ciencias sociales, la participación de los sectores populares en la revuelta de octubre y sus expectativas respecto del proceso político en curso? Desde los pioneros estudios realizados en México por Oscar Lewis en la década de 1950, comprender el comportamiento social y político de los sectores populares ha sido un elemento clave, no solo para entender las particularidades del desarrollo económico y cultural latinoamericano, sino que también para identificar las posibilidades de transformación y subversión del orden social existente. La consolidación de las poblaciones y campamentos, durante la década de 1960 y comienzos de 1970, ha dado lugar a distintas interpretaciones que van desde la desviación respecto de las formas de participación institucionales (Vekemans y Venegas, 1966), hasta el carácter revolucionario de sus prácticas políticas (Castells, 1973). En este sentido, el estudio del comportamiento de los pobladores ha sido una de las vías principales para la comprensión de la política y los procesos de democratización social.

La dictadura militar generó un marco político-institucional que ha redefinido la cuestión urbana, lo que afectó directamente las formas de asociación y articulación política de estos sectores. Desde fines de los años setenta, se empieza a configurar un dispositivo de gobierno que, enmarcado en la implementación del neoliberalismo, se propone como objetivo explícito la superación de la pobreza. En este nuevo marco, los pobladores, junto a otras categorías sociales, dejan de ser representados como actores políticos y pasan a ser considerados como beneficiarios —en la medida en que califiquen como pobres— de distintas políticas sociales. Entre estas últimas, se despliega una dinámica política de vivienda que, buscando conseguir el apoyo popular, comienza a rediseñar el paisaje urbano de Santiago, erradicando aquellos campamentos que se habían instalado en el sector oriente de la capital y relocalizando en la periferia a los nuevos “beneficiarios”.

La crisis económica que atravesó Chile en la década de los ochenta, junto a la fuerte represión que afectó a los pobladores impidieron, en buena parte, que esta nueva forma de gestión de la pobreza tuviera el éxito esperado. De cara a la miseria que afectaba a buena parte del mundo popular a diez años del Golpe, los pobladores, especialmente las pobladoras, comenzaron, junto al apoyo de la Iglesia Católica, la rearticulación del tejido social a través de las organizaciones comunitarias. Por su parte, los jóvenes pobladores participaban activamente en las jornadas de protesta nacional, articulándose, en algunos casos, con organizaciones políticas armadas (Dubet, Tironi, Espinoza y Valenzuela, 2016).

La recuperación de la democracia, resultado, en parte, de las movilizaciones que realizaron los pobladores, implicó un nuevo impulso en la gestión neoliberal de la pobreza. Ya en su primera cuenta pública, Patricio Aylwin destacó que la primera prioridad de su gobierno era justamente su superación. Sin cambiar significativamente los principales elementos de este dispositivo, aunque con un notorio incremento del gasto social asociado a los altos niveles de crecimiento alcanzado en la década de los noventa, el Estado logró reducir significativamente los niveles de pobreza —por ingresos—, desde un 38,6% en 1990 a un 10,8% en 2020 (Midesoc). Asimismo, gracias a la política de construcción masiva de viviendas sociales, se logró reducir el déficit, según el Censo de 1992, desde 888.681 viviendas a 391.546 el año 2015, aunque esta tendencia ha comenzado a revertirse en los últimos años.1

La relativa superación de la miseria que caracterizaba a la cuestión urbana hasta la década de los ochenta tuvo un claro impacto en la agenda gubernamental. Por primera vez, en la cuenta pública realizada por el entonces presidente Ricardo Lagos, el 21 de mayo del año 2000, no se hace referencia a la pobreza como prioridad de la acción estatal. Ya “superada” la pobreza, el objetivo pasa a ser el combate a la “extrema pobreza”, lo que implica la reorientación de las políticas públicas bajo el nuevo marco de la “Protección social” y un enfoque centrado, más que en la pobreza, en la “vulnerabilidad” (Rojas, 2019).

Esta importante transformación de las condiciones materiales de vida de los sectores más pobres fue ampliamente destacada por las organizaciones no gubernamentales y las ciencias sociales. Considerando el “éxito” de la política de vivienda, entendido como la extensión del acceso a la propiedad de la vivienda para la mayoría de la población, se enfatiza cómo la cuestión urbana, en la actualidad, se caracteriza, más que por el déficit, por la segregación residencial. Desde esta perspectiva, la localización periférica de las nuevas villas, sumada a la intervención ineficiente del Estado tanto en materia de protección como de seguridad, ha tenido como efecto un acceso desigual a servicios sociales (trabajo, educación y salud), junto al desarrollo de una economía ilegal que golpea cotidianamente a estos sectores (Rodríguez y Sugranyes, 2005).

Estas importantes transformaciones en la cuestión urbana han tenido consecuencias significativas en la política de los sectores populares. El movimiento de pobladores que, hasta fines de los años ochenta, fuera protagonista de la resistencia contra la dictadura pareciera ir “desapareciendo” del espacio público. Salvo dos grandes tomas de terreno realizadas durante la década de los 90 en la comuna de Peñalolén, los pobladores no lograron mayor capacidad de incidencia en la agenda política, a tal punto que Sabatini y Wormald (2004) observan, a mediados de los años 2000, un “desierto de movilización popular”. Las ciencias sociales generaron distintas interpretaciones para explicar este fenómeno: hay quienes destacan el rol que habrían tenido los partidos políticos de izquierda en la desmovilización, señalando cómo su cambio de estrategia (de la movilización de masas a la negociación con la oposición) habría despotenciado la acción política popular (Oxhorn, 2003); hay otros que destacan el carácter defensivo y anómico de la acción de los pobladores durante las protestas de los años ochenta, lo que dificultaría su capacidad de proyección política (Dubet et al., 2016); otras investigaciones ponen el acento en cómo las políticas de vivienda operaron como una forma de gobierno sobre los pobladores restringiendo el espacio sociopolítico en el cual podían incidir (Murphy, 2015); otros estudios destacan el carácter de la nueva institucionalidad política —construida en dictadura y perpetuada en democracia— que debilita la participación de los pobladores y sus organizaciones (Paley, 2001); finalmente, investigaciones recientes muestran cómo el neoliberalismo y el endeudamiento inciden en la conformación de una nueva subjetividad (Han, 2012), incapaz de proyectarse políticamente en el espacio público.

Esta desmovilización de los pobladores como actores sociales y políticos durante la década de los noventa, junto al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más pobres, implicaron progresivamente una reorientación de las preocupaciones intelectuales de las ciencias sociales. Sobre todo a partir de la década del 2000, la desigualdad reemplaza a la pobreza como fenómeno de estudio y se comienza a interrogar el comportamiento de aquellos que masivamente se identifican como clase media. Frente a un crecimiento económico acelerado, la expansión del consumo y la apertura de canales de movilidad social ascendente, los sectores medios pasan a copar el centro de la agenda política y científica. Si a esto le sumamos las movilizaciones estudiantiles, especialmente aquellas ocurridas el año 2011, observamos un desplazamiento de la conflictividad hacia las condiciones de reproducción de los sectores medios, al menos, en la Región Metropolitana (PNUD, 2015).

Ahora bien, pese a esta pérdida de relevancia del mundo popular en la agenda política y la investigación social, en los últimos años ha comenzado a resurgir el interés por el comportamiento social y político de los sectores populares. La reorientación estratégica de la UDI durante los años ochenta y noventa, ligada a la conquista del voto popular, abrió tempranamente la discusión acerca del carácter clientelar del vínculo entre los pobres y ciertos actores políticos; la reemergencia, sobre todo a partir del año 2010, de distintas organizaciones que, a través de la lucha por la vivienda, han logrado repolitizar la cuestión urbana y dinamizar el debate sobre las posibilidades de la “autogestión” habitacional; las crecientes oleadas de inmigrantes sudamericanos y caribeños que han reconfigurado el paisaje popular e impactado fuertemente la agenda política; la amplia abstención electoral que caracteriza la participación política formal de los sectores populares, al menos en la Región Metropolitana,2 y, finalmente, el apoyo electoral que en distintas partes del mundo los sectores pobres les han otorgado a proyectos populistas de derecha, son todas dimensiones de una fuerte reconfiguración de la política popular.

Aun cuando en la agenda política y en los medios de comunicación la preocupación esté fundamentalmente centrada en los índices de delincuencia, narcotráfico o violencia que caracterizan a ciertas poblaciones, lo cierto es que, después de 32 años de vida democrática, el mundo popular, como hemos visto, ha sufrido grandes transformaciones que han resignificado la vida social y política de estos grupos. Para comprender estas transformaciones, sin embargo, no contamos con marcos analíticos actualizados que nos permitan, por una parte, identificar las continuidades y rupturas históricas del mundo popular y, por otra, comparar la evolución de estos grupos con otros a nivel mundial. Para avanzar en estos objetivos, este libro se estructura en tres partes:

Pobladores, autoconstrucción y acción colectiva: tal como hemos señalado, la acción política de los sectores populares se ha vinculado históricamente a los pobladores, específicamente a su capacidad de construir la ciudad. Debido a la pérdida de relevancia de las tomas de terreno, las ciencias sociales han anunciado prematuramente el fin de este movimiento. Sin embargo, desde comienzos de los años 2000, especialmente desde el año 2010, distintas organizaciones se han dedicado a rearticular el movimiento, a partir de la organización de comités de allegados que demandan al Estado su derecho a la ciudad. Paralelamente, los campamentos no han dejado de crecer, mostrando la crisis de vivienda que afecta actualmente a nuestro país. En esta parte, desde una perspectiva histórica, se intentará mostrar quiénes son los pobladores hoy, cuáles son sus expectativas residenciales, qué caracteriza a su práctica política y qué factores limitan su capacidad para constituirse como un actor colectivo.

Género, convivencia y políticas del hogar: durante la década de 1980, las mujeres pobladoras fueron protagonistas en las organizaciones populares, lo que motivó una agenda feminista que se preguntaba sobre los efectos que tendría su “salida del hogar”. En esta segunda parte, se analizarán distintas configuraciones familiares que desafían cada vez más el modelo tradicional de la familia nuclear y que han impactado de forma significativa al mundo popular. Asimismo, se analizarán distintas prácticas políticas lideradas por mujeres que, en algunos casos, presentan cierta continuidad con la forma en que se organizaban durante la dictadura y, en otras, las desafían directamente, por ejemplo, en el compromiso que desarrollaron ciertas mujeres durante el “estallido social”.

Territorio, interculturalidad y nuevas formas de ciudadanía: durante el siglo XX, la migración desde el campo a las principales ciudades del país detonó un proceso de urbanización ilegal que marcó la agenda política, especialmente en las décadas de 1960 y 1970. En esta parte, se analizará la masiva inmigración sudamericana y caribeña que ha llegado a nuestro país, la cual ha implicado la reactivación de formas de hábitat popular que se creían superadas o, al menos, contenidas, tales como los campamentos, los cités o los conventillos. A este fenómeno se suma la migración de larga data de los mapuches a los centros urbanos, lo cual ha tenido consecuencias significativas en los sectores populares, introduciendo variables etnorraciales en la construcción de los vínculos sociales y desafiando las concepciones tradicionales de ciudadanía.

Tomando estos tres ejes de análisis, el presente libro pretende contribuir a la comprensión de las transformaciones sociales y políticas que han experimentado los sectores populares en Chile. ¿Qué significa vivir con dignidad?, es una pregunta que está en el centro del debate público y que, pese a la tentación de dar una respuesta definitiva, como veremos, presenta muchas ambigüedades, algunas de las cuales se han expresado en toda su complejidad durante el proceso político que se abrió con el “estallido social” de octubre del 2019.

Referencias

Centro UC Políticas Públicas y Déficit Cero (2022). “Déficit habitacional: ¿Cuántas familias necesitan una vivienda y en qué territorio?”. Boletín 1: Estimación y caracterización del déficit habitacional en Chile.https://deficitcero.cl/pdf/Minuta_EstimaciondelDeficit.pdf

Dubet, F.; Tironi, E.; Espinoza, V. y Valenzuela, E. (2016). Pobladores. Luchas sociales y democracia en Chile. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

Han, C. (2012). Life in debt. Times of care and violence in neoliberal Chile. Berkeley: University of California Press.

Midesoc (2020). Encuesta Casen en pandemia. Santiago: Ministerio de Desarrollo Social.

Murphy, E. (2015). For a proper home. Housing rights in the margins of urban Chile, 1960-2010. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Oxhorn, P. (2003). Organizing civil society. The popular sectors and the democracy in Chile. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.

Paley, J. (2001). Marketing Democracy. Power and social movements in post-dictatorship Chile. Berkeley: University of California Press.

PNUD (2015). Desarrollo Humano en Chile. Los tiempos de la politización. Santiago: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Rodríguez, A. y Sugranyes, A. (eds.) (2005). Los con techo. Un desafío para la política de vivienda social. Santiago: Ediciones Sur.

Rojas, C. (2019). Ayudar a los pobres. Etnografía del Estado social y las prácticas de asistencia. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

Sabatini, F. y Wormald, G. (2004). “La guerra de la basura de Santiago: desde el derecho a la vivienda al derecho a la ciudad”. Eure, 30(91), pp. 67-86.

PRIMERA PARTE

Pobladores, autoconstruccióny acción colectiva

Capítulo Primero

Haciendo ciudad, construyendo sujetos: los pobladores como agentes políticos*

Miguel Pérez

“Te voy a contar una anécdota en relación con la palabra pobladores. Cuando el nuevo decreto sobre Vivienda estuvo para ser publicado, mi jefe me llamó para divulgar la noticia a la prensa, la opinión pública, etcétera. Entonces escribí un discurso que empezaba diciendo ‘Queridos pobladores…’, o algo por el estilo. Pero mi jefe, después de leerlo, dijo: ‘¿Quién escribió esto? ¿Por qué usas la palabra poblador? ¡Esa es una palabra comunista, es una palabra de izquierda… sácala del discurso!’”

Asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2014

Los pobladores como sujetos políticos

Desde mediados del siglo XX, la lucha por el derecho a la vivienda ha sido determinante en la politización de los pobres urbanos. Tanto en Chile como en el resto de las metrópolis del llamado Sur Global, las aspiraciones de los sectores populares por alcanzar la vivienda en propiedad ha llevado a la emergencia de movilizaciones sociales, las que han dado reconocimiento político a las familias sin casa (Caldeira, 2017; Fawaz, 2009; Holston, 2008; Mangin, 1967). En el caso particular de Chile, el reclamo del derecho a la vivienda se materializó en el llamado “movimiento de pobladores”, movimiento social urbano que, entre mediados de los 50 y 1973, operó principalmente a través de dos estrategias de acción política: la toma de terrenos y la autoconstrucción de casas y barrios (Angelcos y Pérez, 2017; Castells, 1973, 1983; Espinoza, 1988; Garcés, 2002; Pérez, 2022). En ese contexto, la categoría “poblador”, aunque había sido usada desde el siglo XIX para referirse a los residentes empobrecidos (Salazar y Pinto, 2002), adquirió una connotación política y comenzó a aludir a un segmento de la clase trabajadora movilizada en torno a las luchas urbanas.

Desde 1990, una vez restaurada la democracia después de la dictadura de Augusto Pinochet (1973–1990), el Estado chileno intentó evitar la reaparición de movimientos urbanos mediante la construcción masiva de proyectos de vivienda subsidiada. La consecuente disminución de las tomas de terrenos parecía cuestionar la existencia misma de los pobladores como sujetos políticos. Para algunos, la participación creciente de los pobres en comités de allegados —las asambleas de viviendas reguladas por el Estado— significó no solo una nueva forma de acceder a subsidios estatales, sino también un mecanismo efectivo para incorporar a los sectores populares a la burocracia estatal y pacificarlos (Hipsher, 1996; Özler, 2012). Inclusive reconociendo la genealogía del término poblador, algunos autores entienden dicha categoría como despojada de un carácter agencial; esto es, como si el término fuese solo una categoría socio-identitaria que alude a cualquier tipo de habitante de clase trabajadora (Han, 2012; Paley, 2001).

¿Qué lleva, como expongo en la cita inicial, a pensar en el término poblador como una palabra “comunista” o, al contrario, como un concepto que denota a sujetos que luchan por sus derechos? ¿Por qué los pobres urbanos, desde mediados del siglo XX, recurren a este significante al demandar derechos al Estado? Más aún, ¿por qué es importante para ellos ser reconocidos por el Estado como pobladores? ¿Por qué, en definitiva, se identifican como pobladores, más que como ciudadanos, proletarios o simplemente pobres, para articular sus reivindicaciones políticas? Mi respuesta a estas preguntas es que la palabra poblador no es únicamente una categoría socio-identitaria. El término opera, también, como una categoría política de formación de sujetos que está dotada de un poder performativo. El que tenga un carácter performativo significa que su utilización en el lenguaje político de los pobres produce un tipo de subjetividad que puede emerger de diferentes circunstancias históricas; reemergencia que ocurre incluso en un período en que sus antiguas prácticas constitutivas —la toma de terrenos y la autoconstrucción— ya no forman parte fundamental del repertorio de acción de los pobres.

La subjetividad de los pobladores es resultado de un proceso de formación de sujetos: ser un poblador es una condición agencial adquirida a través del despliegue de operaciones discursivas y prácticas que lo construyen como tal. Siguiendo el trabajo de Saba Mahmood (2012, p. 18), por agencia me refiero a la “capacidad para la acción que condiciones y relaciones específicas de subordinación crean y permiten”; capacidad que no supone necesariamente la configuración de un proyecto revolucionario, sino que, en cambio, toma la forma de un proceso de formación ética y política cuyos significados y sentidos no están fijados de antemano. Exploraré estos significados y sentidos discutiendo cómo los pobres urbanos, al constituirse a sí mismos como pobladores, son capaces de, por un lado, dotar de un sentido ético su condición de pobreza y, por otro, reconocerse a sí mismos como sujetos de derecho.

Para reflexionar sobre la idea de “sujeto”, recurro a la teoría performativa y al enfoque posestructuralista. Ello me permite pensar en el proceso de formación de sujetos como asociado tanto a la capacidad generativa del lenguaje como al rol de prácticas sociales ritualizadas. A través de materiales históricos (noticias, editoriales, etc.), también analizo cómo las tomas de terreno y la autoconstrucción contribuyeron a la formación de los pobladores como una subjetividad política reconocible. Luego, basado en un trabajo de campo etnográfico de 17 meses realizado en tres periodos, entre 2011 y 2015, discuto cómo los pobladores contemporáneos dan forma a la agencia contenida en el significante poblador.3 Mis hallazgos etnográficos iluminan, en ese aspecto, la forma en que los nuevos pobladores resignifican la categoría de poblador, en un contexto en que las prácticas fundacionales del antiguo movimiento por la vivienda (toma de terrenos y autoconstrucción) ya no tienen un rol central.

Teoría performativa: el poder de los actos ritualizados

La teoría performativa es una perspectiva epistemológica de análisis social, filosófico y lingüístico para la cual el lenguaje y, particularmente, sus elaboraciones discursivas asumen un rol generativo. John Austin (1962) señala que los enunciados son “performativos” o “realizativos” cuando, en vez de reportar o señalar algún fenómeno, realizan o hacen una acción. En contraste con los enunciados constatativos y su criterio de falsedad/verdad, los enunciados performativos funcionan bajo el principio de felicidad/no felicidad. La definición de su felicidad o infelicidad no se define por una correspondencia empírica, sino por la ejecución de roles, procedimientos y circunstancias. El enunciado performativo, para que opere como tal, debe satisfacer un cierto número de convenciones sociales. Por ello, el discurso performativo asume el carácter de un “ritual o ceremonial” (Austin, 1962: 19), lo que implica que su poder se materializa principalmente mediante la repetición. La intención del hablante, así, parece jugar un rol secundario, dado que lo performativo descansaría exclusivamente en la existencia de la ritualidad de los eventos.

Elaboraciones posteriores sobre el carácter performativo de las palabras se enfocaron en analizar el poder constituyente de la repetición y el rito. Ya sea como actos convencionales (Austin), iterabilidad (Derrida, 1977) o la “magia performativa del rito” (Bourdieu, 1991: 115), los tres autores conciben la repetición como el aspecto fundamental de lo performativo. Al enfatizar el rol de los rituales, sus reflexiones también plantean, explícita o implícitamente, la pregunta sobre el sujeto que habla y su capacidad de articular enunciados con un poder performativo. El trabajo de Judith Butler (1997), en este marco, permite tanto analizar la formación de sujetos sobre la base del carácter creativo del lenguaje, como reflexionar sobre el tipo de agencia constituida a partir de la capacidad del sujeto de reconfigurar los términos de su subjetivación.

El punto de partida de Butler es concebir los actos de habla de Austin como actos de “interpelación” (Althusser, 2001), proceso mediante el cual los individuos adquieren el estatus de sujeto en la medida en que son ideológicamente reconocidos dentro de la sociedad. Para Althusser, alcanzamos el estatus de sujetos concretos, individuales, distinguibles e irreemplazables mediante la constante realización de rituales de reconocimiento ideológico. Butler, en específico, concibe la interpelación como un proceso de formación de sujetos en donde estos, al tomar parte en los rituales sociales, entran en la normatividad del lenguaje. Es precisamente en la ejecución de estos rituales que Butler observa la posibilidad de algún tipo de agencia lingüística. Para ella, la subordinación involucrada en cualquier proceso de interpelación —por ejemplo, al ser llamado “poblador”— puede ser subvertida por el carácter citacional del lenguaje: si los actos de habla injuriosos necesitan ser citados para tener un efecto perlocucionario, su repetición abre la posibilidad de una insubordinación lingüística, ya que sus significados iniciales pueden ser recontextualizados y resignificados con subversivos. En ese sentido, la interpelación no es solo un acto de subordinación, sino también la condición de posibilidad para que las palabras y categorías estén abiertas a nuevas e inesperadas resignificaciones.

Los pobladores como subjetividad política

El proceso de formación de sujetos se deriva no solo de su participación en instancias de reconocimiento ideológico como la interpelación, sino también de los encuentros corporales de los cuerpos que participan en los rituales (Butler, 1997; Hollywood, 2002; Yurchak, 2005). Atendiendo al carácter generativo de palabras y acciones, sostengo que el término poblador opera como una categoría política cuya fuerza performativa hace posible la constitución de los pobres urbanos como sujetos capaces de demandar derechos al Estado. Profundizaré en este proceso de formación de sujetos explorando las prácticas ritualizadas de producción de ciudad —particularmente las tomas de terreno y la autoconstrucción— a través de las cuales los pobladores no solo redefinieron los términos de su interpelación, sino que también ganaron considerable significancia social y política. Luego, en la siguiente sección mostraré cómo las protestas contemporáneas por la vivienda, al reinvocar el poder performativo de la categoría de poblador, permiten la emergencia de subjetividades políticas en circunstancias en que dichas prácticas ritualizadas ya no están presentes.

La ocurrencia de ocupaciones de terrenos en Santiago desde fines de la década de 1940 es un elemento central en la materialización del poder performativo de la categoría poblador. El carácter altamente organizado de los eventos que dieron origen a la Población Zañartu (1947) y la Población La Victoria (1957) será replicado en la década de 1960, haciendo de “las tomas” una estrategia clave en el reclamo del derecho a la vivienda. A través de la difusión de prácticas de producción de espacio, los habitantes de la clase trabajadora se convirtieron en subjetividades políticas, fenómeno que surgió junto con el desarrollo de nuevos discursos que hablan de los pobres urbanos. Desde principios de los 60, los pobladores que vivían en asentamientos ilegales dejaron de ser considerados callamperos —término comúnmente usado en los 40 y 50 para referirse a los habitantes de las “poblaciones callampas”—, pasando a ser concebidos como pobladores. Esa nueva identificación se basó, de manera importante, en un proceso de interpelación mediante el cual el Estado comenzó a reconocer a los individuos pobres como constructores de ciudad. De ninguna manera sugiero que la subjetividad de los pobladores se derive exclusivamente de la acción del Estado. Siguiendo a Butler (1997), sostengo que los términos de este ritual de reconocimiento ideológico, en lugar de estar limitados por el interés del Estado, estuvieron siempre abiertos a ser resignificados, lo que se materializó en la proliferación de asentamientos ilegales altamente politizados a inicios de los años 70.

La política de autoconstrucción: de callamperos a pobladores

En su trabajo sobre movimientos de vivienda en São Paulo, James Holston (1991: 451) señala que la noción de autoconstrucción se refiere a una variedad de actividades relacionadas con ocupaciones de tierras y situaciones de tenencia que comparten dos atributos principales: por un lado, el de producción social particular del espacio en el que “la necesidad de construir una casa representa la relación del constructor con un conjunto de condiciones que podríamos llamar urbanización periférica”, y, por otro lado, la construcción de viviendas encarna un futuro imaginado muy diferente de esas condiciones.

En Chile, el proceso de autoconstrucción y la formación resultante de agencias políticas ya eran observables hacia fines de la década de 1940. A diferencia del caso brasileño expuesto por Holston (ver también Caldeira, 2017), en Chile, el Estado estuvo significativamente involucrado al intentar regular la distribución del suelo y al proporcionar materiales de construcción a través de políticas de vivienda basadas en la autoconstrucción. A fines de la década de 1940, cuando las ocupaciones de tierras no eran aún una preocupación para el Estado, la autoconstrucción ya estaba presente tanto en el lenguaje político de los pobladores como en los partidos políticos que los apoyaban. En términos simples, la demanda de la autoconstrucción implicaba la solicitud de asesoría técnica y préstamos para adquirir materiales de construcción del Estado, con los que los pobladores intentaron construir sus casas y vecindarios por su cuenta. En 1947, los residentes de la ya mencionada Población Zañartu, por ejemplo, solicitaron al Estado la expropiación de la parcela que habían incautado, así como los materiales de construcción.4 Un requerimiento similar fue hecho en los años siguientes por muchas otras familias pobres, que consideraron la autoconstrucción como la manera más efectiva de obtener la posesión de la tierra que estaban ocupando para, luego, legitimar su propiedad residencial.5 Algunos años más tarde, los residentes de otras poblaciones de renombre, como la San Gregorio y la José María Caro, ambas fundadas en 1959 y dos de los barrios más grandes que resultaron del Plan Habitacional del presidente Jorge Alessandri (1958-1964), también realizarán procesos de autoconstrucción mediante una asociación entre el Estado y los pobladores.6

Las crecientes experiencias en autoconstrucción serán cruciales para la implementación de Operación Sitio, una de las políticas de vivienda más importantes de los 60, propuesta por la administración democratacristiana de Eduardo Frei (1964-1970). La Operación Sitio se basó en la asignación de títulos de propiedad e, idealmente, en parcelas urbanizadas en las que los pobladores autoconstruirían sus casas bajo la supervisión de agencias estatales. En circunstancias en las que los pobres urbanos se involucraron masivamente en la autoconstrucción de la Operación Sitio, el Estado comenzó a ver a los pobres como individuos con altas habilidades organizativas. Ya no eran callamperos, sino pobladores, pues, la autoconstrucción tutelada por el Estado representaba el espíritu de progreso moral y superación personal de los sin casa. En una columna de opinión, titulada “Autoconstrucción en Chile”,7 publicada en el diario oficialista La Nación, el autor comienza indicando que “el pueblo” podría acostumbrarse a recibir ayudas y asistencia de políticos paternalistas. Sin embargo, señala la columna, los pobres “prefieren participar, con su propio esfuerzo, en la solución de sus problemas”. Luego, dice que tanto la formación de cooperativas de vivienda como la autoconstrucción son la forma ideal a través de la cual el Estado y el pueblo se asocian entre sí. Fue precisamente el establecimiento de dicho vínculo el que, en primera instancia, permitió el reconocimiento de los pobres como sujetos capaces de intervenir políticamente en la esfera pública. Ilustraré los términos de esta relación pobladores-Estado a través de un evento que tiene como protagonista al presidente Eduardo Frei Montalva.

Al inaugurar la Población Irene Frei, en Conchalí, en 1965, el jefe de Estado dijo a los pobladores: “No me den las gracias por estas casas porque las hicieron ustedes”. Frei Montalva, además, declararía: “Les aseguro que, al término de mi Gobierno, habrán desaparecido las poblaciones callampas del territorio chileno”. Aunque estuvo lejos de cumplirse, la promesa de Frei es simbólicamente significativa, ya que adquiere los atributos de una interpelación, esto es, de un acto de reconocimiento del Estado hacia ciertos individuos. El acto de habla fue dirigido directamente a los habitantes populares en el espacio residencial que ellos mismos autoconstruyeron, no existiendo mediación entre el presidente y los pobres. Así, tal ritual de reconocimiento ideológico tiene que ver con la identificación de los pobres urbanos como un tipo particular de sujeto: como pobladores hacedores de ciudades. Esta interpelación, por supuesto, tenía como objetivo obtener el apoyo de los pobladores y movilizarlos hacia los objetivos partidistas del gobierno de Frei. Sin embargo, es significativo en un sentido performativo, ya que revela un momento muy particular en la historia política chilena, en el que los pobres urbanos, concebidos como pobladores, se imaginaron como sujetos capaces de establecer vínculos mediados por la promesa dada su condición agencial.

En este contexto, la dimensión performativa de la categoría poblador comenzó a prevalecer sobre la constatativa. Este “giro performativo”, adaptando la terminología de Yurchak (2005: 24), produjo que la utilización de ese término no solo describiera un segmento de las clases trabajadoras, sino que también posibilitara la formación de nuevas subjetividades políticas. Los pobres urbanos, en tanto pobladores, desarrollaron capacidades políticas nunca antes vistas. Sin embargo, la interpelación estatal hacia ellos tendrá efectos performativos inesperados, relacionados con la emergencia de una subjetividad cuyas orientaciones políticas superaron las anticipadas por el gobierno populista de Frei Montalva. La formación de pobladores como sujetos políticos culminará una vez que tomen parte decisiva en la implementación de proyectos de transformación social enmarcados en la elección de Salvador Allende como presidente de Chile (1970-1973). En un contexto de creciente polarización social, las ocupaciones de terrenos adquirirán una renovada significación política.

El surgimiento de los campamentos

A principios de los 70, los pobladores llevaron a cabo ocupaciones de suelo no solo para reclamar el derecho a la vivienda, sino también para crear nuevas formas de poder popular (Espinoza, 1988; Pastrana y Threlfall, 1974). La propagación de tomas altamente politizadas fue acompañada por un cambio en el lenguaje para dar cuenta de ellas. Desde entonces, el término “campamento” se usó cada vez más para designar asentamientos ilegales, lo que de alguna manera coincide con el retiro progresivo de la expresión “poblaciones callampas”. Si este último concepto representaba la manifestación más grave de la marginalidad urbana, el campamento simbolizaba la radicalización política de los pobladores y su participación en procesos de transformación social profunda.

¿Cuáles fueron los elementos distintivos de estos asentamientos? ¿Qué tipo de actos performativos realizaron los pobladores mientras construían un campamento? Desde la ocupación de La Victoria, en 1957, una de las más conocidas por su masividad y organización, las tomas tuvieron un patrón similar. Generalmente, estas ocurrían durante la noche y seguían una serie de eventos ritualizados: luego de buscar un terreno baldío (público o privado) con anticipación, las asambleas de viviendas organizadas —las que solían reunir a más de mil familias— irrumpían furtivamente en el terreno, rompiendo cercos y vallas. Posteriormente, instalaban carpas y mediaguas. Los ocupantes, quienes a menudo llegaban en camiones o carretas, llevaban no solo sus pertenencias, sino también banderas chilenas que, como en un acto de colonización, se colocaban de inmediato en el territorio. El acto fundacional de un asentamiento en 1967, el que más tarde dio origen a la Población Herminda de la Victoria, fue descrito de esta manera por El Siglo:

Un bosque de banderas chilenas surgió bajo la densa niebla que cubrió en la madrugada de ayer parte de la capital, y sostenidas por las manos firmes de cuatro mil sin casas… fueron clavadas en los terrenos del ex fundo Santa Corina… Vimos nacer una población de cuatro mil almas en 15 minutos.8

Además de apoderarse físicamente de una parcela vacía, los pobladores realizaban otro acto performativo: le asignaban un nombre al nuevo campamento. Los nombres usados para bautizar una ocupación se basaron comúnmente en la fecha de la ocupación, en consignas políticas, en algún político vivo, generalmente de izquierda, que apoyaba las demandas de los pobladores; en una figura marxista prominente (artistas, intelectuales, etc.), en el recuerdo de acontecimientos históricos relacionados con movilizaciones populares o, simplemente, en la imaginación de los ocupantes ilegales que, a través del nombre, buscaron mostrar su espíritu de lucha.9 La serie de eventos que venía después seguía, igualmente, un patrón establecido: una represión policial que buscaba desalojar a los ocupantes; la resistencia popular a esos desalojos, y la llegada, a veces minutos después de ocurrida la toma, de políticos —en su mayoría de izquierda— que ayudaban a negociar con las autoridades estatales la permanencia de los pobladores en los terrenos ocupados. Una vez que se autorizaba la estadía de los pobladores comenzaba la construcción del campamento, un proceso en el cual era común ver a estudiantes universitarios, sacerdotes católicos y una diversidad de voluntarios de otras organizaciones de la sociedad civil colaborando.

La creciente importancia política de los pobladores entre mediados de los años sesenta y principios de los setenta, materializada en la propagación de campamentos ideologizados y organizados, especialmente durante la administración de Salvador Allende, dio origen a nuevas narrativas sobre los asentamientos irregulares. Si para la izquierda estos surgieron de la acción organizada de la clase trabajadora, para los grupos conservadores los campamentos operaban incluso como “campos de concentración”, donde los pobladores estaban siendo adoctrinados por “elementos de extrema izquierda”.10 La prensa conservadora concebía esta forma de protesta a partir de un discurso basado en el miedo, en el que los pobladores eran imaginados como personas cuya desesperanza, al “nublar” su visión de lo que era “correcto y legal”,11 los podría llevar a la implementación de proyectos políticos marxistas.

El miedo hacia los campamentos expresado en los periódicos de derecha era tanto material como simbólico. El primero estaba asociado, fundamentalmente, a la amenaza del derecho de propiedad privada que implicaba el aumento de los asentamientos. Tal visión llevó a la aparición de varios editoriales enEl Ilustrado y El Mercurio, en donde se argumentaba que los campamentos podrían ser el escenario para el desarrollo de algunas formas de “guerrilla urbana”.12 La represión estatal se entendió, entonces, como un paso necesario e inevitable para limitar la propagación de los campamentos. El temor conservador a los asentamientos también tenía una dimensión simbólica, manifestada en una crítica a dos prácticas performativas características de los campamentos: la colocación de banderas chilenas en la tierra tomada y el nombramiento del nuevo asentamiento. Las opiniones editoriales en los periódicos reaccionarios argumentaron que tales acciones representaban tanto el “abuso” de los emblemas nacionales de Chile como la incorporación de figuras extranjeras que resquebrajaban los valores patrios.13

El fuerte simbolismo de las dos prácticas que mencioné —el nombramiento de los campamentos y el “mal uso” de la bandera chilena— se hizo aún más evidente cuando el dictador Augusto Pinochet llegó al poder, en 1973. La dictadura, además de reprimir físicamente a los pobladores, cambió la denominación de los campamentos tan pronto como Pinochet llegó al poder. Nueve días después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el almirante de la guerra Jorge Paredes dijo, en Concepción, que el reemplazo de los nombres de los campamentos buscaba “restaurar los valores patrióticos de nuestra nación. [Hay en los campamentos] denominaciones extranjerizadas o que corresponden a nombres de individuos que nada han aportado a nuestra Patria”.14 Además, la dictadura dejó de usar la palabra “campamentos”, por su evocación guerrillera, y comenzó a denominar indistintamente “poblaciones”, un término que parecía menos cargado ideológicamente, a los barrios populares. Los nombres utilizados para rebautizar los campamentos se basaban principalmente en personajes históricos de Chile, nombres de batallas o frases inventadas que representaban ideales “verdaderamente patrióticos” o, al menos, parecían menos perjudiciales para la unidad nacional. Para la dictadura, la eliminación del legado de Salvador Allende no solo tuvo que ver con la aniquilación física de sus partidarios, sino también con la destrucción del simbolismo que sustentaba la vía chilena al socialismo. Esto llevó al régimen militar a considerar a los pobladores, al menos en público, como residentes desamparados que, en opinión del general Óscar Bonilla, habían sido engañados y explotados políticamente por gobiernos “demagógicos”.15

Nuevos pobladores, nuevos sujetos

La revisión histórica que acabo de hacer tuvo un punto de partida puramente etnográfico. En mis primeras aproximaciones al movimiento por la vivienda del presente en el año 2011, me llamaba profundamente la atención la perspectiva genealógica en que los nuevos pobladores anclaban sus luchas. Mis interlocutores, miembros del Movimiento de Pobladores en Lucha de Peñalolén, asumían la existencia de una continuidad histórica entre sus reivindicaciones y los padres, madres, abuelos y abuelas que participaron de las movilizaciones urbanas en los 60 y 70 (ver más en Guzmán et al., 2009; Movimiento de Pobladores en Lucha, 2011). Entre 2013 y 2015, cuando me involucré en el Comité de Allegados Don Bosco —formado en La Florida, específicamente en la Población Nuevo Amanecer (ver Capítulo Cuarto en la primera parte de este libro)— pude observar exactamente la misma identificación con el antiguo movimiento de pobladores. Sin embargo, en ambos casos la lucha de los activistas difería importantemente de la de sus antecesores: más que llevar a cabo tomas de terrenos o extensos procesos de autoconstrucción, ellos buscaban transformarse en propietarios de una vivienda subsidiada a través de su participación en comités de allegados. Para dar cuerpo a sus demandas por la vida digna y el derecho a la ciudad, los pobladores sentían la necesidad de reformular el contenido y la orientación de su movimiento. En esa tarea, resultaba crucial la construcción de lo que la Federación Nacional de Pobladores (Fenapo) llamaba un “nuevo sujeto”, uno que encarnara las insurgencias de los autoconstructores, pero que, al mismo tiempo, navegara hábilmente en la burocracia estatal:

¿Qué buscamos? Desde la organización y la lucha buscamos obtener una vivienda digna, en cuyo proceso por obtenerla vayamos construyendo un nuevo sujeto que… forme una comunidad capaz de luchar por el derecho a la ciudad (Fenapo, Declaración pública. Abril/mayo 2011).

¿Cómo entender la constitución de este nuevo sujeto, de un nuevo poblador, cuando sus modos históricos, tomas de terrenos y autoconstrucción no asumen un rol fundamental en sus prácticas políticas? ¿Cuáles son los principales atributos de la agencia de los pobladores cuando ya no es desplegada por autoconstructores, sino por allegados adscritos a programas estatales? Sostengo que, en un contexto de reemergencia de movilizaciones por la vivienda (ver más en Pérez, 2017), estamos en presencia de una rearticulación lingüística de la categoría poblador; una en que dicho término es empleado por los pobres urbanos para reinterpretar sus prácticas políticas en una ciudad neoliberal.

Mis interlocutores, al reconocerse a sí mismos como pobladores, no solo daban un sentido moral a sus experiencias cotidianas de daño y exclusión, sino que también se formaban como sujetos políticos capaces de interpelar al Estado con un lenguaje de derechos. Para ello, generaban dos tipos de formulaciones discursivas. En la primera, los pobladores se entendían a sí mismos como una forma transhistórica de subjetividad, lo cual implicaba mirar al pasado como una fuente de poder simbólico y como contenedor de eventos —particularmente, las tomas de terrenos y la autoconstrucción— con cualidades míticas. En la clase de narrativas, mis informantes se concebían como un tipo de subjetividad moralmente definida por la idea de “esfuerzo”, lo que resultaba en el establecimiento de fronteras éticas entre ellos —“los que luchan”— y sus pares que no aspiraban a transformarse en propietarios.

El poder simbólico de las tomas y la autoconstrucción

Los allegados que conocí sentían un gran orgullo por provenir de poblaciones autoconstruidas. No solo admiraban la entrega de sus familias en la urbanización de la periferia —“mis padres participaron en la toma y fundaron esta población”, solían decirme—, sino que miraban con una suerte de nostalgia el reconocimiento social y político alcanzado por los pobladores a mediados del siglo XX. Tal vez por ello los activistas buscaban afanosamente “actualizar” el poder performativo de las tomas invadiendo edificios públicos, espacios públicos o algunos terrenos baldíos en sus barrios. Como en el pasado, en estos incidentes los pobladores a menudo portaban banderas chilenas y cantaban el himno nacional. Pero su objetivo era menos demandar procesos de autoconstrucción que acelerar los proyectos de vivienda subsidiada, generalmente retrasados por la burocracia estatal y la insuficiencia de subsidios. En cualquier caso, la realización de estas tomas a pequeña escala les permitía establecer un vínculo simbólico entre los pobladores del pasado y los del presente. Al pensar en las tomas, independientemente de su tamaño, como una de las estrategias políticas definitorias de los pobladores, los allegados contemporáneos asumían ser los realizadores del “mismo” tipo de prácticas que, décadas atrás, hicieran sus padres y abuelos.

Muchas veces, la presencia de discursos románticos y mitificados en torno a las tomas de terrenos del pasado provocaba una disyuntiva entre las capacidades imaginadas para hacer una ocupación y las posibilidades reales para llevarla a cabo de manera efectiva. A modo de ejemplo, pude observar esa disyuntiva a fines de 2013, cuando asistí a una asamblea regional de Fenapo en Santiago, la que congregó a una veintena de delegados de 10 comités de allegados. Uno de los temas de discusión fue qué hacer para que el gobierno respondiera a las demandas de cada grupo. Durante el debate, Luciano, un delegado de unos 50 años, del Movimiento Pueblo Sin Techo de Peñalolén, argumentó que la única forma de ser escuchado era “hacer una toma grande”; todo esto, al tiempo que hacía referencia a cómo los pobladores “de antes” accedían al suelo urbano “sin tanta burocracia”. Sin embargo, la asamblea rechazó la propuesta de Luciano después de que uno de los voceros de Fenapo dijera: “Las tomas son un medio para un fin, no un fin en sí mismo”, lo que fue por todos entendido como “no tenemos la capacidad de dirigir ninguna toma como en el pasado”. Algunos meses después, en una conversación más personal, Luciano insistiría en esta idea. Me dijo: “¿Sabís? Estoy chato de ir a reuniones todas las semanas y marchar al Ministerio de Vivienda de vez en cuando. Eso no funciona. ¿Sabís lo que haría? Reuniría a todos los comités de allegados de Fenapo e iría a tomar el Sauzal [un terreno ubicado en Peñalolén]. Si hacemos eso, el gobierno seguramente nos escucha”.

No obstante, hubo otros ejemplos en los que las tomas se realizaron con éxito. Cuando comencé a participar en el comité de los allegados de Don Bosco, en julio de 2013, este comité de vivienda estaba ocupando, desde marzo de ese año, un terreno vacante ubicado en la esquina de avenida Departamental y avenida Tobalaba. A través de la ocupación, los pobladores demandaban la construcción de un proyecto de vivienda subsidiada en ese mismo sitio, para no ser erradicados de su comuna de origen, La Florida. La toma, que fue mantenida diariamente por solo dos familias que vivían allí, culminó en diciembre, una vez que el Estado asignó más recursos para la compra y tratamiento del suelo. El proyecto Alto Tobalaba, uno de los proyectos emblemáticos del Comité Don Bosco, sería finalmente inaugurado a inicios de 2020.

Esta toma es solo un ejemplo de las muchas ocasiones en las que este y otros comités participaron en ocupaciones, con el objetivo de apurar la construcción de viviendas subsidiadas y, en términos simbólicos, de vincular su participación política presente con un pasado interpretado como mítico y glorioso. La reinvocación de este pasado es, precisamente, uno de los modos en que nuevas generaciones de activistas se constituyen como pobladores. Las tomas, ya sea pronunciadas discursivamente o realizadas de manera práctica, no solo se imaginan como un conjunto de acciones posible cuando se trata de formular estrategias de movilización, sino también como un medio para traer el pasado al presente. Así, aunque las ocupaciones de tierras a gran escala ya no son una práctica extendida en el repertorio de acción de los pobres urbanos, el acto de tomar algo (un predio, un edificio público, una autopista, la ribera del río Mapocho, etc.) tiene un efecto simbólico, para que los pobladores se imaginen a sí mismos como parte de un movimiento político que trasciende barreras históricas.

En el ejercicio de “traer” de vuelta el pasado al presente, la configuración de los imaginarios sociales de la autoconstrucción cumple un rol igualmente importante. La referencia a la autoconstrucción que verbalizaban mis interlocutores se asocia a la comprensión de los pobladores como una agencia productiva capaz construir la ciudad. Tal referencia al papel de la autoconstrucción es sugerente, ya que, para los allegados del presente, la autoconstrucción no es una modalidad primordial de acceso a la vivienda. Por ello, observación del pasado a través de la autoconstrucción difiere de aquella que emerge a través de las tomas. Como indiqué más arriba, la eficacia simbólica de las ocupaciones se sustenta en la realización de, al menos, tomas a pequeña escala. En el caso de la autoconstrucción, la identificación de los allegados como constructores de ciudad se basa esencialmente en un ejercicio de memoria por medio del cual narran su propia biografía a partir de los eventos fundantes que dieron vida a su población. Esto, no obstante, no implica entender la autoconstrucción como una empresa puramente individual. Aunque la autoconstrucción es experimentada principalmente a través del recuerdo de familiares directos que trabajaron en la construcción de la casa, mis interlocutores siempre vinculaban esa memoria a un fenómeno colectivo más amplio: la fundación de un barrio. Ello explica que, en el caso del Comité de Allegados Don Bosco, cada 1 de noviembre sus miembros celebraran el aniversario del Campamento Nueva La Habana, asentamiento que dio origen a su población.

La autoconstrucción, aunque no se practica personalmente, es vista entonces como acto fundacional, mediante el cual los pobres urbanos conectan sus biografías personales con memorias colectivas asociadas al origen histórico de una población. Al ser evocada a través de las narraciones familiares, la autoconstrucción funciona como un conjunto de eventos míticos que permiten a los pobladores presentes traer experiencias individuales a una historia colectiva. Es justamente allí donde yace, parafraseando a Lévi-Strauss (1963), la eficacia simbólica de la autoconstrucción, permitiéndoles a los pobladores entender su agencia como vinculada al proceso de hacer ciudad; una agencia que, por su carácter transhistórico, puede ser reclamada incluso por aquellos que no han autoconstruido la ciudad.

Narrativas basadas en el esfuerzo:

pobres-pobres versus pobres-pobladores

Un segundo mecanismo discursivo utilizado por los allegados para considerarse a sí mismos como pobladores alude a la creación de narrativas basadas en la idea de “esfuerzo”, a través de las cuales diferencian quién —y, en consecuencia, quién no— puede ser considerado un poblador. Si las formulaciones sobre las tomas y la autoconstrucción están principalmente forjadas en una mirada idealizada del pasado, las elaboraciones discursivas en torno al esfuerzo se sustentan fundamentalmente en una evaluación moral de las prácticas del presente. Mis interlocutores, a través de juicios éticos sobre los pobres, generaban concepciones específicas de lo que, en su opinión, significa ser un poblador. Esta perspectiva, siguiendo a Foucault (2005), nos invita a explorar los discursos mediante los cuales los pobladores hablan de sí mismos para construir éticamente el yo (self).

Al inicio de mi trabajo de campo solía preguntarle informalmente a la gente del Don Bosco: “¿Quiénes son los pobladores?”. Una de las respuestas que obtuve con más frecuencia fue: “Los pobladores somos todos nosotros”. Inicialmente, interpreté esa respuesta como una definición universal de membresía anclada en un territorio, que incluiría a todas las personas que viven en una población. Pensé que ser poblador era como ser ciudadano, en el sentido liberal del término: un miembro de una comunidad enmarcada por fronteras nacionales o barriales. En los meses siguientes, no obstante, cambié drásticamente de idea. Después de trabajar en este comité durante cuatro o cinco meses, me di cuenta de que el “todos nosotros” estaba reservado para las personas que, estando o no involucradas en el movimiento por la vivienda, eran socialmente reconocidas como personas trabajadoras, esforzadas y comprometidas. El poblador es menos una “esencia” dada por nacimiento —dicho en simple— que una condición desarrollada a través de prácticas valoradas por la comunidad, ya sea una asamblea de vivienda o una población. “Comencé a llamarme pobladora después de ingresar al comité”, me dijo una vez una allegada del Don Bosco, lo que reforzó mi idea: la condición material para la existencia de los pobladores es la pobreza, pero no todos los habitantes pobres son, necesariamente, pobladores. Los pobres urbanos se convierten en, más que son, pobladores.

Con esta distinción significativa en mente volví a preguntarles a los allegados sobre cómo conceptualizan la noción de poblador. Transcribiré algunos fragmentos de una conversación sobre este punto que tuve con Ángela, pobladora de Nuevo Amanecer, en 2014:

Para mí, los pobladores son aquellos que luchan por lo que quieren… Soy pobre, pero estoy luchando por tener algo mejor para salir de la pobreza.Entonces, ¿quiénes serían los más pobres?¿Los más pobres? Son personas que no quieren trabajar y quieren ser pobres… La pobreza extrema es flojera. Los más pobres son flojos.Entonces, está diciendo que no todos los pobres… [Ella me interrumpe]No, no… hay pobres-pobres que se dejan ser pobres… Uno lucha por tener lo de uno. Yo soy pobre, pero estoy luchando por tener algo mejor y salir de ahí de ese lado, de esa pobreza. Entonces, ¿no serían pobladores?No… por eso te digo, para mí los pobladores son los que luchan por tener algo, por darles algo más a sus hijos… El poblador lucha por tener su casa, por poder darle un mejor estudio a sus hijos, para que no sean igual que uno… Aquí, por ser el comité son pobladores, porque quieren tener algo mejor, no ricos, porque no vamos a ser ricos... pero vamos a tener algo más digno.

Esta cita revela que, para los allegados, la condición de poblador se obtiene principalmente a través del esfuerzo. Ángela, a pesar de considerarse pobre, hacía una sugerente distinción entre los más pobres y los pobladores. Para ello utilizó una modalidad de hablar usada frecuentemente por los chilenos, que consiste en repetir dos veces la misma palabra para hacer una declaración más enfática. Por lo tanto, al decir que hay gente pobre-pobre, ella buscaba afirmar la existencia de gente extremadamente pobre, de la cual, enfáticamente, ella tomaba distancia.

Las narrativas sobre el esfuerzo de mis interlocutores hacían posible la identificación de dos clases de pobres urbanos: los pobres-pobres y los pobres-pobladores. Mientras los primeros estarían compuestos por aquellos residentes dependientes o “flojos” que, como muchos me dijeron, “quieren todo gratis”, los segundos serían aquellos habitantes trabajadores que se sacrifican para salir de la pobreza. Al considerarse a sí mismos como pobres-pobladores que luchan cotidianamente para ayudar a sus familias, los allegados se piensan como sujetos que han ganado una dignidad moral (Pérez, 2018). En ese sentido, cuando responden a la pregunta de quiénes son los pobladores con un “todos nosotros”, los allegados se refieren particularmente a aquellos que también han alcanzado tal dignidad moral.

La diferenciación entre pobre-pobre y pobre-poblador debe examinarse menos como una distinción empírica que como una formulación discursiva, a través de la cual los allegados significan éticamente sus experiencias cotidianas como pobres urbanos. Es decir, el conjunto de valores y actitudes morales vinculados a la categoría de poblador no debe, en términos simples, aplicarse como una “lista de verificación” para determinar quién es y quién no es un poblador. Más bien, funciona como una matriz de prácticas socialmente reconocidas como dignas, mediante las cuales los allegados se afirman como habitantes pobres que han adquirido un estatus moral; condición que, junto a las miradas idealizadas de un pasado glorioso, les permite convertirse en pobladores. Los pobres-pobres, tal como los definían mis interlocutores, podrían incluso no existir. Sin embargo, su representación como sujetos opuestos a los pobres-pobladores —y los atributos morales y políticos que estos portan— les ayuda a pensarse a sí mismos como dignos o merecedores de dignidad. Y es justamente el reclamo por dignidad lo que ha dado vida al movimiento de pobladores en la última década y que, en gran parte, explica el estallido social de 2019.

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