1934 E-Book

Eduardo González Calleja

• Herausgeber: Ediciones Akal
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: Reverso
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 1010

Veröffentlichungsjahr: 2024

Beschreibung

"Los sucesos de octubre de 1934 son, sin duda, los que han generado mayor polémica del periodo de la Segunda República española. Más tarde, serían rebasados en notoriedad por la etapa del Frente Popular, en especial la conspiración cívico-militar y su funesto desenlace en forma de golpe de Estado y guerra civil. La estrecha conexión entre una y otra crisis política ha sido, y continúa siéndolo hoy en día, uno de los lugares comunes de la publicística más conservadora, que retrotrae el inicio de la contienda fratricida al múltiple proceso revolucionario de 1934. Uno de los objetivos de la presente obra es señalar, con argumentos en la mano, la radical impostura de tales afirmaciones, que sirvieron para desacreditar al régimen republicano y que aún se emplean para sembrar dudas sobre la sinceridad democrática de ciertas alianzas políticas concertadas por las izquierdas estatales y periféricas, marcadas ambas por el presunto estigma de su pasado revolucionario. Esta ambiciosa obra construye una historia completa de la revolución de octubre de 1934, desde los antecedes previos a la Segunda República hasta los aledaños de la Guerra Civil. Eduardo Gonzalez Calleja ofrece una mirada enriquecida de todo el proceso revolucionario, analizando las alianzas y las divisiones que impulsaron o sufrieron los diversos actores participantes; el papel de la decepción, la incertidumbre o el temor como marcos cognitivos que influyeron en la toma de decisiones políticas; la respuesta multifacética y a veces discordante del Estado, o la declinación cultural de los conceptos políticos asumidos, defendidos o rechazados por los protagonistas."

Leseprobe

Akal / Reverso. Historia crítica / 20

Eduardo González Calleja

1934

Involución y revolución en la Segunda República

Los sucesos de octubre de 1934 son los más polémicos del periodo de la Segunda República española. Más tarde, serían rebasados en notoriedad por la etapa del Frente Popular, la conspiración cívico-militar y su funesto desenlace en forma de golpe de Estado y guerra civil. La estrecha conexión entre una y otra crisis política ha sido, y continúa siéndo, uno de los lugares comunes de la publicística más conservadora, que retrotrae el inicio de la contienda fratricida al múltiple proceso revolucionario de 1934. Uno de los objetivos de la presente obra es señalar la radical impostura de tales afirmaciones, que sirvieron para desacreditar al régimen republicano y que aún se emplean para sembrar dudas sobre la sinceridad democrática de ciertas alianzas políticas concertadas por las izquierdas estatales y periféricas, marcadas ambas por el presunto estigma de su pasado revolucionario.

Esta ambiciosa obra construye una historia completa de la revolución de octubre de 1934, desde los antecedentes previos a la Segunda República hasta los aledaños de la Guerra Civil. Eduardo Gonzalez Calleja ofrece una lúcida interpretación de todo el proceso revolucionario, analizando las alianzas y las divisiones que impulsaron o sufrieron los diversos actores participantes; el papel de la decepción, la incertidumbre o el temor como marcos cognitivos que influyeron en la toma de decisiones políticas; la respuesta multifacética y a veces discordante del Estado, o la declinación cultural de los conceptos políticos asumidos, defendidos o rechazados por los protagonistas.

Eduardo González Calleja es director del Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III (Madrid) y catedrático de Historia Contemporánea. Sus investigaciones han versado sobre la teoría y la historia de la violencia política, la evolución de los grupos de extrema derecha y fascistas en la Europa de entreguerras, las imágenes del Mediterráneo en la cultura española, la acción política y cultural del franquismo y de la monarquía democrática hacia América Latina, la emigración política española, la teoría y la historia del terrorismo, la historia de los instrumentos estatales de orden público y la relación entre memoria e Historia.

Autor de una extensa y variada producción historiográfica, en Ediciones Akal ha publicado Política y violencia en la España contemporánea I. Del Dos de Mayo al Primero de Mayo (1808-1903) [2020] y Política y violencia en la España contemporánea II. Del «Cu-Cut!» al Procés (1902-2019) [2024].

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© Eduardo González Calleja, 2024

© Ediciones Akal, S. A., 2024

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

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www.akal.com

ISBN: 978-84-460-5604-1

Para mi madre, la mujer más valiente que conozco.

Presentación

La última gran insurrección proletaria en Europa

«The Spanish Socialist insurrection of 1934 was the most elaborately organized and best armed of all insurrectionary actions in Western and Central Europe during the interwar period»[1].

Los sucesos de octubre de 1934 son, sin duda, los que han generado mayor polémica del periodo de la Segunda República española, como lo demuestra la ingente cantidad de obras publicadas casi desde el momento en que tuvieron lugar los acontecimientos. Luego, serían rebasados en notoriedad por la etapa del Frente Popular, en especial la conspiración cívico-militar y su funesto desenlace en forma de golpe de Estado y guerra civil. La estrecha conexión entre una y otra crisis política ha sido, y continúa siéndolo hoy en día, uno de los lugares comunes de la publicística más conservadora, que retrotrae (como ya hizo el Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936 o la Ley de Responsabilidades Políticas, ambas publicadas en febrero de 1939) el inicio de la contienda fratricida al múltiple proceso revolucionario de 1934. Uno de los objetivos del presente texto es señalar con argumentos en la mano la radical impostura de tales afirmaciones, que sirvieron para desacreditar al régimen republicano y aún se emplean para sembrar dudas sobre la sinceridad democrática de ciertas alianzas políticas concertadas por las izquierdas estatales y periféricas, marcadas ambas por el presunto estigma de su pasado revolucionario.

El impacto emocional que tuvieron los acontecimientos, y el revuelo político e historiográfico que aún despiertan, nos podría inducir a verlos desde la perspectiva excluyente de la legalidad cuestionada en aquellos días por los diversos actores en disputa. Pero, con ser importante, esta es una de las posibles maneras de observar los sucesos de 1934. Si contemplamos los hechos desde la perspectiva de conjunto que nos brinda la teoría de las crisis políticas, podremos sondear el impacto de otros factores que nos ayuden a comprender por qué no se pudieron solucionar o canalizar por la vía de la negociación los distintos conflictos planteados, y una vez que estallaron, por qué se manifestaron con una intensidad violenta que asombró a propios y extraños. Asturias en concreto padeció una intensa conmoción social, un feroz estallido revolucionario, una cruenta campaña militar y un conato de guerra civil que desbordaron todas las previsiones tanto de las autoridades como de los organizadores de la insurrección.

El término «crisis» designa una situación compleja y excepcional en el marco del proceso político convencional. Es una coyuntura donde se altera o se rompe el normal funcionamiento del sistema y de las relaciones entre los actores políticos y sociales que lo componen, produciendo momentos de aguda incertidumbre e inestabilidad institucional. Los grupos desafiantes ejercen presión sobre las capacidades gubernamentales, generando conflicto y zozobra, hasta desembocar en la destrucción o el reacomodo del sistema a las nuevas condiciones emanadas de la crisis. Sus manifestaciones más evidentes son la relativa brevedad de su desarrollo, la proliferación y concatenación de los conflictos, la amplia movilización de recursos materiales y simbólicos por parte de los diversos actores institucionales y no institucionales, el alto nivel de confrontación interna y externa, y la transformación transitoria o permanente del sistema político que en un principio se ha mostrado incapaz de gestionar con eficacia este escenario de disenso. Es, por tanto, una situación de conflicto múltiple que se resiste a ser resuelta por canales institucionales de negociación, pero que no tiene por qué desembocar en violencia de forma irremediable. En el análisis teórico más consistente sobre la cuestión, Michel Dobry considera que en las crisis políticas se revelan tanto el funcionamiento estratégico de los distintos organismos del Estado como el de los diversos grupos reivindicativos, a través de la confluencia de las movilizaciones multisectoriales en amplios frentes de protesta, que el Estado afronta mediante el uso de sus distintas capacidades negociadoras, disuasorias o coactivas[2].

Siguiendo esta formulación teórica, el presente libro pretende dar cuenta de la evolución de los factores que acabamos de enunciar: las alianzas y las divisiones que impulsaron o sufrieron los diversos actores; el papel de la decepción, la incertidumbre o el temor como marcos cognitivos que influyeron en la toma de decisiones políticas; la respuesta multifacética y a veces discordante del Estado, o la declinación cultural de los conceptos políticos asumidos, defendidos o rechazados por los protagonistas. Como reiteraremos en las conclusiones, términos como «democracia», «república» o «revolución» tenían significados diferentes para los conservadores, republicanos u obreristas de aquella época, y cubrían campos semánticos muy distintos de los que tienen en la actualidad. Por ejemplo, el vocabulario obrero estaba imbuido de una lógica de clase que es preciso tomar en consideración si no queremos sacar conclusiones históricas anacrónicas o extemporáneas.

En confluencia con el análisis discursivo, nuestra investigación constata el enorme arrastre simbólico que tuvieron los sucesos asturianos, que ayudaron a elaborar poderosos mitos y contramitos. De los segundos (Octubre como comienzo de la Guerra Civil) ya hemos hablado al comienzo de esta presentación. De entre los primeros figuraría en una posición muy destacada de la cultura de la izquierda antifascista europea la exaltación de la insurrección de Asturias como una «segunda Viena». Incluso aventajando a la experiencia austriaca, ya que la huelga general fue absoluta en el Principado, la lucha se prolongó por más tiempo (dos semanas en lugar de cinco días), tuvo un carácter más ofensivo y coordinado, y, a la postre, resulto mucho más letal: más de un millar de revolucionarios perdieron la vida en el Principado, contra poco más de 300 en Austria. La asturiana se ha seguido considerando hasta nuestros días como la última revolución proletaria acaecida en Europa Occidental, y se ha situado al mismo nivel de importancia que la Comuna de París de 1871 o la Räterepublik bávara de 1919.

Esta obra se centrará en el analizar esta coyuntura política desde la perspectiva del conflicto, pero prestando atención prioritaria a un fenómeno contingente de las crisis, y que tuvo un fuerte impacto en la que vamos a estudiar: la violencia política organizada. Se estudiará de forma preferente las estructuras organizativas (especialmente las paramilitares) y las diversas opciones estratégicas y tácticas de la violencia que fueron adoptadas por los dos principales protagonistas de los sucesos revolucionarios: el socialismo y el nacionalismo catalán de izquierda. A tal fin, se estudiará la conceptualización y el despliegue de la violencia política desde una perspectiva temporal más amplia de la que acota el período inmediatamente anterior y posterior a la revolución de 1934. El estudio sistemático de las violencias pretende actuar como herramienta vertebradora del conjunto del ensayo.

El libro también se propone contemplar los acontecimientos del octubre español desde una perspectiva transnacional. De este modo, se podrá constatar el agudo contraste de las estrategias diseñadas por los partidos socialdemócratas en las rebeliones obreras de 1917-1923 y las de 1934: tras haber adoptado un papel pasivo e incluso contrarrevolucionario en la primera etapa, optaron en la segunda –en medio de fuertes controversias– por la insurrección (defensiva en Austria, preventiva en España) como paso previo a una revolución de signo más político que social. Siguiendo esta senda comparativa, se mostrará que el febrero francés y el octubre español de 1934 tuvieron consecuencias similares al octubre alemán de 1923 en los estados de Turingia y Sajonia: propiciaron un reflujo temporal del proceso de fascistización de las derechas, moderaron la radicalización de las bases obreras, cuestionaron la eficacia de las tácticas insurreccionales y allanaron el camino a una colaboración entre socialistas y comunistas que condujo a la constitución de los frentes populares antifascistas[3].

Una última constatación, que planteamos al final del libro, es la persistencia de una «guerra» memorial librada entre las autoridades políticas, los «militantes» de la memoria y los diversos «empresarios» de la misma, entre los que nos incluimos los historiadores. El recuerdo múltiple y contradictorio de las revoluciones españolas de octubre de 1934 revela como ningún otro suceso de la época (salvo los procesos revolucionarios y contrarrevolucionarios desatados en julio de 1936) la ausencia de consensos básicos para que la sociedad pueda lidiar con un pasado traumático cuya memoria se resiste a desaparecer.

[1] Payne, 2012: 21.

[2] Dobry, 1988.

[3] Horn, 1996: 128-129.

1. El socialismo español ante la violencia política y la revolución (1879-1932)

«Lo que en 1909 fue sorpresa, duda, vacilación, ha sido en 1917 seguridad, certeza, consciencia [...] Hoy, para que triunfen las revoluciones, tiene que haber gran ambiente propicio, ha de contarse con el Ejército y ha de verlas con buenos ojos la clase media»[1].

Está muy extendida la idea de que el socialismo español ha cultivado durante gran parte de su trayectoria histórica un maximalismo revolucionario puramente teórico que justificaba y encubría una táctica eminentemente reformista. Tal percepción no es del todo cierta: los socialistas elaboraron una teoría y un protocolo de la acción revolucionaria perfectamente conciliables con las exigencias que, a largo plazo, imponían la organización y la capacitación del proletariado. Pero las premisas para impulsar tal revolución (donde el empleo de la violencia desempeñaría un papel secundario, como respuesta a la coacción procedente del Estado burgués) eran lo suficientemente ambiguas como para justificar estrategias de aislamiento o de implicación en la lucha política. Lo cierto es que esta segunda actitud fue adquiriendo cada vez mayor relevancia, de suerte que los socialistas acabaron por participar de forma cada vez más destacada en las grandes revoluciones políticas y sociales de la España del primer tercio del siglo XX: julio-agosto de 1909, agosto de 1917, diciembre de 1930 y octubre de 1934.

ORGANIZACIÓN ANTES QUE REVOLUCIÓN. CONSIDERACIONES SOCIALISTAS SOBRE LA VIOLENCIA GUBERNAMENTAL, REPUBLICANA Y ANARQUISTA

El régimen de la Restauración, contra el que se dirigieron las primeras movilizaciones de envergadura del proletariado organizado, había surgido de un acto de fuerza (el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto a fines de 1874), y quedó marcado por el estigma de la ilegitimidad, que fue insistentemente recordado por los distintos sectores de la oposición, incluido el socialismo. Este, sin embargo, también abominaba del procedimiento subversivo que el republicanismo leal a Manuel Ruiz Zorrilla había puesto en práctica sin éxito en 1877-1878, 1883-1884 y 1886, y que estaba basado en el impulso a un pronunciamiento militar clásico. Pero la mayor parte del pueblo trabajador había abandonado a los republicanos, y el Ejército, que en otras épocas había sido la gran palanca de la revolución liberal y democrática, se había conservadurizado y alineado casi sin fisuras con el régimen alfonsino. Privado de estos dos puntales básicos de su proyecto revolucionario, dividido internamente y aislado del exterior, el republicanismo del último cuarto del siglo XIX no fue capaz de liderar un proyecto político interclasista, y vio cómo la masa proletaria elaboraba, al hilo del desarrollo industrial, su propio repertorio reivindicativo, abriéndose a la realidad de la lucha de clases. Los socialistas de la primera hora no ahorraron críticas al «desbarajuste republicano», cuya estrategia política oscilaba entre el colaboracionismo y el enfrentamiento abierto con la Monarquía. En su informe oral de inicios de 1885 ante la Comisión de Reformas Sociales, el dirigente socialista Pablo Iglesias transmitió la indiferencia que «la masa general del país» sentía hacia los dirigentes republicanos, desacreditados ante la opinión pública por haber renunciado incluso al «principio de la insurrección». Pero al año siguiente, la intentona sediciosa protagonizada por el brigadier Manuel Villacampa –el último pronunciamiento del siglo XIX– fue estigmatizada por la prensa socialista como un asunto puramente burgués. Fue un buen ejemplo del alejamiento que un sector del obrerismo mostraba respecto a los arcaicos procedimientos revolucionarios utilizados por el republicanismo bajo la coartada demagógica de la «voluntad popular». El Socialista consideró la «cuartelada» de Villacampa como «la piedra de toque de unos revolucionarios que querían pasar por legítimos siendo de doublé, y esta evidencia acabará de empujar hacia el campo del socialismo a aquellos trabajadores que, desengañados de la vocinglera sofistería republicana, y deseando defender los intereses de su clase, aspiren a ser soldados de una revolución radical, no comparsas de una algarada burguesa»[2].

Una «revolución radical», sí. Pero ¿en qué sentido y con qué instrumentos? En el comienzo de su andadura política, el PSOE cultivó una imagen de «espléndido aislamiento», plasmada en una visión dicotómica de la realidad social (el antagonismo esencial e irreductible entre la clase obrera y la burguesía) y en una estrategia exclusivamente obrerista cuyo antipoliticismo se expresaba en la condena del régimen monárquico, pero también en el rechazo a los republicanos como exponentes de la fracasada voluntad revolucionaria de las clases medias. En su obsesión por no implicarse en el fárrago de la lucha política trenzada de concupiscencias caciquiles, los socialistas dieron prioridad a la organización antes que a la revolución. Su estrategia consistía en erosionar progresivamente el poder burgués utilizando los instrumentos que el propio Estado ponía a disposición del proletariado como consecuencia ineluctable de la evolución social y económica. Aunque, en último extremo, el acto revolucionario debería implicar violencia, los trabajadores no debían lanzarse a una rebelión al estilo de las impulsadas por los republicanos, sino organizarse políticamente y preparar huelgas «científicas» (como el paro proclamado en Vizcaya en mayo de 1890) hasta ver llegada la ocasión propicia, que sobrevendría en el preciso momento en que se lograse la organización de la totalidad del proletariado, se acopiara suficiente influencia para impulsar una movilización masiva del mismo y se hubieran cerrado por completo las vías legales de participación política. Pablo Iglesias preconizó esta estrategia de paciente espera, donde la educación y la organización aparecían como las armas decisivas para el triunfo, si bien tampoco descartaba el desencadenamiento de una revolución que acelerara el camino a la emancipación política del proletariado:

Aunque parezca extraño, no faltan trabajadores, y trabajadores que se llaman revolucionarios y socialistas, que afirman de un modo concluyente que la Revolución social, el acto de fuerza que ha de derribar la sociedad burguesa y librar al proletariado del yugo que le oprime, no tendría lugar hasta que todo o casi todos los obreros sean instruidos y deseen realizar su emancipación. En nuestra calidad de miembros de un partido revolucionario, debemos combatir semejante idea, que, de encontrar eco en la masa proletaria, haría que el reinado de la burguesía fuese poco menos que eterno.

La instrucción, pues, de toda la clase obrera no puede ser anterior a la Revolución social, sino posterior a ella[3].

El recuerdo de las conmociones del Sexenio tuvo su peso en el recelo que mostraron los socialistas a integrarse en la «política burguesa», y en su apuesta tácita por el reformismo antes que por la acción revolucionaria como paso previo a la emancipación obrera. Hay que tener en cuenta que el socialismo organizado había nacido cuando las revoluciones populares y los pronunciamientos militares estaban entrando en declive sin haber conseguido ampliar de forma sustancial las bases sociales del sistema político liberal[4]. Desde esa perspectiva, la República social no vendría de la mano de motines o de revoluciones multitudinarias, sino «cuando la burguesía no tenga otro remedio que traerla, con pocas convulsiones, quizás sin ninguna»[5].

Las primeras tentativas de demolición violenta del régimen restauracionista se basaron en métodos subversivos desfasados, como la conspiración militar-popular cultivada por un sector del republicanismo. Pero poco a poco fue surgiendo entre los sectores obreros y campesinos un nuevo repertorio reivindicativo. El modelo insurreccional bakuninista había sido introducido en España durante el Sexenio, y en los años setenta del XIX acabó por nutrir el acervo doctrinal del anarquismo, en cuyo seno se enfrentaron la postura anarco-colectivista, partidaria del sindicalismo apolítico, de la huelga general reglamentada y de un cierto grado de centralización social, y el anarco-comunismo, opuesto a todo tipo de organización, defensor del impulso revolucionario clandestino y del terrorismo e insurreccionalismo sistemáticos. Las manifestaciones de resistencia producidas en el campo andaluz en los años siguientes, y que tuvieron su culminación en el turbio asunto de la «Mano Negra» (1882-1883), no fueron, ni mucho menos, fruto exclusivo de un primitivo milenarismo dirigido contra los peligros que la modernización cernía sobre la sociedad agraria meridional, sino que se enmarcaban perfectamente en la estrategia revolucionaria de un sector nada desdeñable del movimiento libertario durante ese período[6].

En las ciudades surgió un modo de protesta exasperada y descoordinada, que tuvo su adecuada plasmación teórica en la «propaganda por el hecho», y su principal manifestación en el terrorismo anarquista-nihilista de fin de siglo[7]. Es cierto que los socialistas condenaron enérgicamente el terrorismo, pero también reaccionaron críticamente contra la represión indiscriminada procedente del Estado, y en concreto contra las torturas infligidas a los ácratas detenidos en el castillo de Montjuïc tras el atentado perpetrado en el teatro del Liceo el 7 de noviembre de 1893. Pero los anarquistas despreciaron el pretendido oportunismo de Pablo Iglesias al incorporarse a la campaña de denuncias contra la «España inquisitorial». Advertido de las posibilidades de una represión ciega sobre el conjunto del movimiento obrero, el socialismo se dispuso a marcar distancias respecto del anarquismo: en un documento fechado el 9 de julio de 1896, la UGT condenó sin ambages los atentados terroristas[8], y con motivo del atentado de Mateo Morral contra la comitiva regia a fines de mayo de 1906, rechazó de nuevo el recurso al magnicidio. Iglesias añadió que «los procedimientos de la dinamita en un país como España, son equivocados y producen resultados contrarios de los que se proponen los que los cometen», aunque los aceptaba en lugares donde existía un régimen autocrático especialmente represivo, como Rusia[9]:

El camino de la violencia no debemos recorrerlo nunca, ni jamás debemos abandonar el ejercicio de nuestros derechos […] ¿Quiere esto decir que renunciamos al uso de la fuerza? En modo alguno. Aun sintiendo tener que apelar a ella, a ella apelaremos el día que seamos verdaderamente fuertes y encontremos cerradas por completo las vías legales. En tanto podamos recorrer esas vías, por ellas debemos caminar. Con el empleo de la violencia solo conseguiríamos malquistarnos con la pública opinión y ocasionar retrasos considerables en nuestra marcha; con el ejercicio de todos los derechos legales marcharemos despacio, como marcha el infante que da los primeros pasos; pero marcharemos, y eso es lo que importa[10].

El socialismo de aquella época distinguía perfectamente la violencia practicada por fracciones minoritarias y desorganizadas del movimiento libertario y la fuerza que podía emplearse como defensa de los derechos obreros amenazados por una legislación peligrosamente restrictiva. Siguiendo esta lógica, el PSOE participó activamente en la campaña orquestada por los distintos grupos de izquierda contra la Ley antiterrorista elaborada durante el «Gobierno largo» de Maura, que fue interpretada como una agresión directa contra las libertades conquistadas por el proletariado. El 20 de mayo de 1908, Iglesias afirmó en una información pública sobre el proyecto que tanto el PSOE como la UGT habían llevado a cabo «la propaganda de nuestras ideas dentro de este régimen en que vivimos para llegar a la revolución por medio de la evolución», aunque añadía en tono de amenaza:

Si no se nos permite actuar dentro de le legalidad, como se desprende del proyecto que estoy combatiendo [...] tendremos que ser terroristas mal que os pese; no terroristas más o menos tibios, sino con todas sus consecuencias.

Estamos organizados. Nuestra organización es internacional. A los terroristas rusos les hemos auxiliado varias veces con el envío de dinero. Si llegara el caso, tendríamos la ayuda de los socialistas de las demás naciones. Y las consecuencias llegarían en mayor medida a los puntos en que hay mayor núcleo de obreros.

En Madrid somos 30.000 obreros. Estamos organizados 24.000 y si no todos son elementos de acción, dispuestos a todo, serán un número considerable los que estén decididos a jugarse la existencia por defender la dignidad de la clase trabajadora[11].

La oposición al proyecto de Ley abrió la posibilidad de constituir un bloque de izquierdas liberal-republicano en el que en principio no participaron los socialistas, pero en el Congreso del PSOE de septiembre de 1908 se aceptó la posibilidad de «coaligarse con partidos burgueses avanzados».

ESPERANZAS Y LÍMITES DE LA ACCIÓN REIVINDICATIVA DE MASAS. EL SOCIALISMO, ENTRE LA «SEMANA TRÁGICA» DE 1909 Y LA HUELGA GENERAL DE 1917

El primer gran ciclo de atentados terroristas finalizó en 1897 tan abruptamente como había comenzado. El desarrollo de la producción industrial en cadena a fines de siglo dio lugar a la aplicación de nuevas tácticas de organización y de lucha basadas en (y dirigidas a) un mayor control obrero de las relaciones y actividades laborales. Fue la época dorada de una nueva teoría reivindicativa: la «acción directa», como concepto que englobaba una amplia gama de acciones, tales como el sabotaje, el boicot, el obstruccionismo o la huelga. Estos procedimientos se caracterizaban por ser medios de lucha fundamentalmente laborales, que enfrentaban directamente al trabajo con el capital sin la intermediación de ninguna instancia estatal o paraestatal. La táctica que tuvo un mayor eco entre la clase trabajadora fue la huelga general propia del sindicalismo revolucionario. En sus diversas acepciones (paro parcial, general, de solidaridad, reivindicativo o insurreccional), la huelga general parecía a comienzos del siglo XX un mito o idea-fuerza capaz de concitar la unanimidad subversiva del movimiento obrero. Este nuevo modo de lucha fue utilizado por vez primera en España durante el conflicto barcelonés de febrero de 1902 (cuyo fracaso coadyuvó al rebrote del terrorismo en el lustro siguiente) y fue el método reivindicativo propugnado de forma preferente por Solidaridad Obrera en 1907-1909 y por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) desde 1910.

Sintomáticamente, el paro de 1902 no contó con las simpatías del socialismo, que lo condenó como un choque estéril de los obreros inermes contra la superior potencia coactiva del Estado[12]. Pablo Iglesias afirmó en el VI Congreso del PSOE, celebrado en Gijón a fines de agosto, que su falta de colaboración en la huelga se debió a que no la consideraba un auténtico movimiento revolucionario. En realidad, los socialistas rechazaban el paro general como arma subversiva del proletariado, y solo lo admitían como instrumento de presión en defensa de las conquistas obreras o para la obtención de reivindicaciones políticas concretas, como el sufragio universal o la proscripción del militarismo y las guerras. Los socialistas limitaban su efecto a una manifestación de la opinión pública en un «acto político» simbólico y de corta duración, que debía ser la culminación de una campaña de mítines y manifestaciones, cuya limitación deliberada evitaba su deriva revolucionaria, salvo si el Gobierno reprimía esa manifestación de disenso con medios brutales.

El socialismo español de inicios del siglo XX continuaba proclamando la ineluctabilidad de la revolución, pero desde una postura fatalista sobre la inminencia de la crisis del sistema capitalista, y condicionado por un «atentismo» que se limitaba a preparar y mejorar la organización para cuando se produjera el vaticinado colapso de la sociedad burguesa. A pesar del cultivo de una retórica de tono radical, el socialismo desarrollaba en la práctica teorías revisionistas y reformistas, que confirmaban el desarrollo de la capacidad de gestión en los conflictos laborales como estrategia sindical dominante[13]. Para Iglesias, las huelgas, «a más de ser fatales» para las clases propietarias, eran «el arma mejor templada de que dispone la clase trabajadora para detener y aminorar la esclavitud de que es víctima». Pero era «un arma de dos filos, que hiere y daña al que la usa si no la maneja con acierto»[14]. Ya en el II Congreso de la UGT, celebrado en Vilanova i la Geltrú en septiembre de 1890, se opinó que no había que lanzar a los obreros a movimientos huelguísticos impremeditados o arriesgados. La aspiración máxima del sindicato era mejorar las condiciones de trabajo, y para ello era necesario apelar de forma muy cauta a los paros laborales, siempre que estuvieran perfectamente organizados. De hecho, en febrero de 1903, la UGT lanzó una campaña donde criticó el recurso a huelga general y atacó duramente al movimiento obrero catalán por utilizarla con demasiada frecuencia[15].

Por lo general, la UGT defendería la realización de «huelgas científicas»: una táctica reivindicativa cuyo complejo mecanismo desencadenante (su aprobación por las diversas instancias rectoras del sindicato hasta el máximo nivel dirigente) tenía como finalidad la obtención de las mejores condiciones posibles para su éxito, pero que vedaba la realización de un paro fulminante con visos abiertamente revolucionarios. Por lo tanto, los paros tenían que estar bien organizados y preparados, sus objetivos debían ser razonables y factibles, y su proclamación y desarrollo habían de quedar centralizados en la Comisión Federal de la UGT, que fue politizando su actuación hasta convocar el primer paro general contra el encarecimiento de las subsistencias el 20 de julio de 1905. Pero frente al socialismo evolucionista de Iglesias, algunos socialistas como Antonio Fabra Ribas pretendían a la altura de 1908 incorporar al acervo teórico de la organización algunas tácticas propias del sindicalismo revolucionario, como la «acción directa»[16].

Los socialistas, que desde 1898 se hallaban sumidos en el retraimiento político, contemplaron el recrudecimiento del conflicto armado en Marruecos a partir de 1909 como una gran oportunidad. El PSOE impulsó una campaña antibelicista y antimilitarista inspirada en las resoluciones del Congreso de la II Internacional celebrado en Stuttgart del 18 al 24 de agosto de 1907, donde se recomendó la oposición a la guerra por todos los medios, desde la agitación parlamentaria a la movilización pública, las manifestaciones populares, la huelga general e incluso la insurrección, como preconizó el antiguo communard Édouard Vaillant[17]. La Federación Socialista de Cataluña, haciéndose eco de las resoluciones antimilitaristas que se iban formulando en los foros de debate del movimiento obrero nacional y extranjero, y recordando el favorable eco popular que habían tenido las manifestaciones de la primavera de 1898 contra la movilización para la guerra de Cuba, tomó la iniciativa de proponer el 17-18 de mayo de 1909 a los anarquistas un frente unido de lucha contra la guerra colonial, y comenzó a fines de junio los trabajos para instrumentar desde Solidaridad Obrera una gran movilización popular antibelicista. El día 2 de julio, el Comité Nacional del PSOE hizo público un manifiesto «A todos los trabajadores» donde anunció la apertura de una campaña de agitación contra la «operación de policía» en el Rif, que en su opinión no era otra cosa que el inicio encubierto de una guerra de conquista. Tras el llamamiento a los reservistas decretado por el Gobierno Maura el día 10, la protesta popular se intensificó a partir del día 18, cuando Pablo Iglesias afirmó en un mitin en Madrid:

Si es preciso, los obreros irán a la huelga general con todas las consecuencias, sin acordarse de las represalias que el gobierno pueda emplear contra ellos [...] Se impone la huelga, y después, si esto no basta, la acción revolucionaria [...] solamente he de dar un consejo a los proletarios: no tiréis a los de abajo, tirad a los de arriba[18].

Ese mismo día se prohibieron las manifestaciones públicas antes de que los socialistas de Barcelona organizaran mítines de protesta y dieran publicidad a las resoluciones en contra de la guerra aprobadas en el congreso celebrado el 19 y 20 de julio por la Federación Socialista Catalana. El día 24, el Comité Nacional del PSOE lanzó un manifiesto donde acusaba al Gobierno de cerrarle «todos los caminos legales para influir en la conciencia nacional», y anunciaba la convocatoria de una huelga general para el 28 si corrían peligro los principios y las libertades democráticos. Si el paro era combatido por medio del terror, «los socialistas responderán en este terreno, y contando con la ayuda de sus compañeros de otros países, llegarán a aquellos extremos que juzguen eficaces para que caigan los más culpables»[19]. De su primitiva finalidad antibelicista y antimilitarista, los socialistas trataron de llevar al movimiento de protesta hacia la proclamación de la República, pero al no lograrlo por las medidas preventivas adoptadas por el ministro de la Gobernación Juan de la Cierva (suspensión de garantías en toda España; defensa de los centros públicos, iglesias y conventos; clausura de la Casa del Pueblo de Madrid; orden de arresto contra Iglesias y Largo Caballero y detención de casi dos centenares de obreros, entre ellos los dirigentes responsables de la huelga del día 28), fueron retirando paulatinamente su apoyo. Con todo, el paro fue declarado en Barcelona el lunes 2 de agosto bajo la dirección teórica de un comité controlado por Solidaridad Obrera que contaba con la participación de Fabra Ribas. Pero las incitaciones de los agitadores republicanos y anarquistas hicieron degenerar una huelga que los socialistas pretendían pacífica y de corta duración en una insurrección popular en Barcelona y alrededores. El PSOE y la UGT, que se opusieron terminantemente al asalto de bancos y armerías y a la quema de conventos, fracasaron en la organización de la huelga general a nivel nacional, y reafirmaron en el IX Congreso del partido celebrado en 1912 la tradicional negativa a desencadenar un movimiento revolucionario sin garantías políticas suficientes. En carta al socialista belga M. Clerbaut, fechada en Madrid el 17 de agosto de 1909 y publicada cinco días después en Le Peuple de Bruselas, Pablo Iglesias se lamentaba de que los republicanos

han confirmado lo que ya tantas veces hemos dicho de ellos, a saber, que no tienen elementos para hacer la revolución, ni ganas de hacerla. La ocasión era excelente para derribar la monarquía, puesto que es cierto que nosotros, al protestar contra la guerra, colocábamos al Gobierno y a dicha institución en un grave peligro, y habríamos alcanzado el objeto de nuestra protesta si dichos elementos hubieran luchado firmemente contra ellos. Pero fueron cobardes y traidores: cobardes, porque en ninguna parte hicieron nada los jefes, y de ellos hablo; traidores, porque en algunas localidades como Barcelona, donde muchos de los suyos tomaron parte en la agitación, ellos les abandonaron[20].

La «Semana Trágica» fue la última gran rebelión urbana de viejo estilo contra el sistema de la Restauración. Como típico movimiento de transición hacia relaciones plenamente capitalistas, en la asonada barcelonesa se mezclaron repertorios de acción colectiva antiguos y modernos: protesta antimilitarista y anticolonialista, reacciones emotivas similares a las producidas en los motines de quintas decimonónicos, disturbios anticlericales, destrucciones materiales de oscura intencionalidad milenarista, el pathos insurreccional republicano y la agitación obrera de diverso tipo: huelga general política socialista, huelga insurreccional anarquista, atisbos de huelga general revolucionaria sindicalista, etc. Los sucesos del verano de 1909 demostraron que una huelga general revolucionaria tenía escasas posibilidades de éxito ante un Estado asentado firmemente sobre una sociedad industrial moderna. Por el contrario, el fracaso de la movilización obrera hacía correr el riesgo de un violento salto atrás en las conquistas políticas y sociales del proletariado. Eso lo entendió muy bien el secretario general de la UGT Francisco Largo Caballero cuando años más tarde atendió el consejo de Fabra Ribas de no enfrentarse, sino de colaborar puntualmente con la Dictadura de Primo de Rivera.

A pesar de la ausencia casi total de sintonía entre las aspiraciones revolucionarias de socialistas y republicanos, la dura represión que Maura aplicó a los responsables de los sucesos de Barcelona y la prolongada suspensión de las garantías constitucionales despejaron los obstáculos para una alianza política entre ambas fuerzas. El 7 de noviembre de 1909, el PSOE cambiaba su estrategia aislacionista por la acción parlamentaria, e iniciaba un proceso de apertura hacia las clases medias, estableciendo un pacto electoral bajo la fórmula de la Conjunción Republicano-Socialista. Ello supuso la ruptura definitiva entre anarquistas y socialistas, que relegaron a un plano secundario la lucha por la emancipación de la clase obrera en favor de la brega política tendente a la implantación de la República democrática, mediante la acentuación de una estrategia electoral que no implicaba renunciar a la acción revolucionaria si se presentaba la oportunidad[21]. En su primer discurso parlamentario tras la «Semana Trágica», Pablo Iglesias se declaró dispuesto a unirse con todos los elementos avanzados que quisieran defender la causa de la libertad, y mostró su buena disposición para abordar junto con los republicanos una revolución de corte exclusivamente político. Y el 7 de julio de 1910, al referirse a los sucesos barceloneses del verano anterior durante el debate del discurso de la Corona, llegó a afirmar ante Maura:

Mientras se pueda reclamar contra la autoridad arbitraria; mientras se puedan corregir las transgresiones; mientras se puedan evitar los atropellos, aunque se hayan sufrido, pero reclamando al fin, me parece que no es conveniente acudir a ese procedimiento; pero si hay un tirano; si hay un hombre que no respeta las leyes, sino que falta a ellas, que las pisotea, que se vale de la fuerza de la nación para dañar los intereses de la misma y hasta para sacrificarlos, para sacrificar a los ciudadanos que no encuentran tribunales donde acudir, entonces encuentro lícito el atentado [...] Nuestra labor de ahora es impedir la vuelta del señor Maura al poder, y como el régimen protege al señor Maura, procuraremos derribar al régimen. Nosotros hemos llegado al extremo de considerar que antes que Su Señoría suba al poder debemos llegar hasta el atentado personal[22].

Ante el tumulto que ocasionaron sus palabras, que eran una justificación bastante tópica del tiranicidio más tradicional, hubo de afirmar que no se había propuesto hacer apología del atentado, sino explicar el estado de ánimo que había llevado a los socialistas a firmar la conjunción con los republicanos. El día 13, Iglesias rectificó haciendo un interesante paralelismo entre los modos de resistencia laboral y la oposición armada a una política tiránica:

No predicamos la propaganda por el hecho […] Si la propaganda por el hecho, y así se ha entendido, es que los defectos sociales pueden corregirse matando a una autoridad o matando a un patrono, eso no lo admitimos, porque sabemos que la muerte de un patrono no influye para nada en la subida del salario […] Pero cuando hay plutócratas que valiéndose de su poder económico, atropellan la Ley de Asociación, la Ley de Reuniones, y si por su influencia son anuladas todas las reclamaciones que puedan dirigirse a los Gobiernos […] y a la clase obrera no le queda más recurso que marcharse de allí o sufrir esa esclavitud, impuesta por los plutócratas, entonces creo yo que a estos les es perfectamente aplicable esto que vosotros llamáis propaganda revolucionaria por el hecho […]

Si del campo económico pasamos al campo político, ocurre lo propio. Mientras se pueda reclamar contra la autoridad arbitraria; mientras se puedan corregir las transgresiones; mientras se puedan excitar los atropellos […] me parece que no es conveniente recurrir a este procedimiento; pero si hay un tirano, si hay un hombre que no respeta las leyes, sino que falta a ellas, que las pisotea, que se vale de la fuerza de la Nación para dañar los intereses de la misma, y hasta para sacrificarlos, para atropellar a los ciudadanos que no encuentran tribunales a donde acudir, entonces también encuentro legítimo el atentado […] ¿Es que la burguesía misma no ha decapitado reyes?[23].

El 15 de julio, tras condenar de nuevo la política represiva de Maura y Moret, afirmó: «Yo no he pedido nunca clemencia, verdad es que no he corrido grandes riesgos; en la guerra como en la guerra y el que caiga que caiga [...] De hoy más, no creo que sea posible volver a formular acusaciones de este linaje porque bien podemos (y perdóneme esta frase final el sr. Maura) encerrarnos con él y decirle: Tu reino ya no es de este mundo». Estas declaraciones fueron tomadas por los grupos dinásticos y de extrema derecha al pie de la letra, como una incitación al asesinato del presidente del Consejo José Canalejas, consumado a manos del anarquista Manuel Pardiñas el 12 de noviembre de 1912[24].

Los años 1909-1910 fueron un importante punto de inflexión en los comportamientos violentos de los grupos marginados del sistema restauracionista. La «Semana Trágica» marcó la divisoria entre un ciclo secular de rebeliones populares y la aplicación sistemática de instrumentos de protesta más modernos, como la huelga general revolucionaria dirigida por un sindicato o un partido bien organizado. La importancia de los sucesos del verano de 1909 radica en que brindaron experiencia y ayudaron a transformar los comportamientos reivindicativos de las organizaciones de oposición al sistema, que en los años sucesivos ensayaron nuevas coaliciones y estrategias de acción subversiva. El anarquismo encontró en la CNT un nuevo instrumento orgánico e independiente de lucha, y los socialistas y republicanos concertaron por vez primera una alianza táctica de naturaleza eminentemente política (la Conjunción Republicano-Socialista) que, a la larga, fue la estrategia unitarista que dio al traste con la Monarquía en 1930-1931.

En esos años, la teoría de la huelga general política siguió cosechando sonoros reveses, como la convocatoria por las organizaciones obreras el 11 de septiembre de 1911 de un segundo paro general de 48 horas contra la guerra de Marruecos. Receloso ante la posibilidad de tener que vérselas con un plan revolucionario de amplio alcance, Canalejas suspendió las garantías constitucionales en toda España dos días más tarde. El tan ansiado frente subversivo no llegó a cuajar: los republicanos de la Conjunción se inhibieron, y los socialistas, divididos y perseguidos, optaron por la moderación ante el temor a verse desbordados por la decidida acción de sindicalistas y anarquistas. La protesta comenzó a debilitarse con el habitual recurso a la fuerza, que condujo al procesamiento del Comité Nacional de la UGT (salvo su presidente, acogido a la inmunidad parlamentaria), la clausura de las casas del pueblo (la de Madrid permaneció cerrada 180 días), la disolución de la CNT en Barcelona y otras ciudades por decisión judicial (este primer período de clandestinidad duró hasta el verano de 1914) y el exilio de buena parte de sus dirigentes[25]. No por ello abandonó el socialismo sus afanes subversivos, ya que, según Iglesias, «la revolución hay que hacerla porque la impone la fuerza de los hechos»[26]. Se postulaba un acto revolucionario que debía emprender la clase obrera organizada, aprovechando la evolución ineluctable del capitalismo hacia su crisis final. Pero también se estaba atento a cualquier reacción violenta de la clase dominante que justificase el empleo de medidas de fuerza para proteger a las masas trabajadoras.

El PSOE incrementó su repulsa por los actos de gobierno del partido liberal, pero la muerte violenta de Canalejas provocó la inevitable movilización de recursos retóricos desde la derecha, donde las acusaciones de los católicos contra Pablo Iglesias y otros «conjuncionistas» como cómplices e inductores del atentado se mezclaron con invocaciones al fantasma de Francisco Ferrer[27]. Los socialistas protestaron enérgicamente contra las insinuaciones vertidas contra su líder, quien durante el debate que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados el día 21 de noviembre de 1912 hubo de salir de nuevo al paso de las acusaciones de inducción al asesinato, proferidas esta vez por el diputado integrista Manuel Senante, quien recordó las alusiones a «tirar a lo alto» realizadas por el dirigente socialista en el mitin de 11 de julio de 1909. Al final de la discusión, los representantes de la Conjunción se vieron obligados a manifestar su rechazo explícito a todo tipo de atentado personal[28]. Todo parece indicar que las manifestaciones que Pablo Iglesias hizo durante aquellos años son eran sino un desahogo retórico ante la posibilidad de un retroceso en las conquistas obtenidas, que en la perspectiva del socialismo de la época justificaban el de­sencadenamiento de una acción revolucionaria, pero no una respuesta defensiva tan obsoleta como era el tiranicidio, que siempre fue reprobado cuando los anarquistas-nihilistas lo emplearon como arma política.

Tras el fracaso de la huelga general de septiembre de 1911, motivado en buena parte por la divergencia de objetivos entre ugetistas y cenetistas y por la inhibición de los republicanos, la CNT se enfrentó de forma sistemática con el sindicato socialista antes de caer en el ostracismo hasta 1914. La Gran Guerra impactó notablemente en el debate público español, ya que acentuó las contradicciones entre una aceleración del desarrollo socioeconómico y un estancamiento e incluso un retroceso de las condiciones laborales y políticas. De modo que, para los socialistas, la acción revolucionaria parecía tan necesaria como en 1909, pero…

Obra revolucionaria no quiere decir la locura sangrienta del motín, de la sedición, del levantamiento armado del pueblo, de la guerra civil. Eso es un accidente de las revoluciones […] La obra revolucionaria, la única redentora del desdichado país español, es la que se realiza con la propaganda, con la educación y la organización de las masas, con la infiltración en ellas del espíritu de rebeldía contra las injusticias, con su cultura y su organización, con la creación de una fuerza que esté constantemente en disposición de imponer el respeto a la libertad y al derecho, con la formación en las muchedumbres de una conciencia ciudadana firme y valiente[29].

Para Iglesias, «las revoluciones no las hacen aquellos que las consideran buenas, sino los gobernantes, con sus actos insensatos, con sus torpezas, con sus ilegalidades»[30]. La base de la tan deseada revolución no era la violencia, sino la educación y la organización de la clase obrera para «cuando la ocasión se presentara». Y esa coyuntura crítica pareció surgir de nuevo en el verano de 1917.

Fue el socialismo quien dio el primer paso en el camino de la rebeldía. Ante las protestas espontáneas que fueron brotando por el encarecimiento de las subsistencias, el XII Congreso de UGT clausurado el 23 de mayo de 1916 definió la huelga general como un acto de lucha de clases, y nombró una comisión de ayuda al Comité Nacional del sindicato para la preparación de una campaña de protesta con un designio revolucionario apenas encubierto[31]. El sindicato diseñó un plan de acción en cuatro fases, que justificaba por el creciente rechazo social al sistema político y por el malestar suscitado por el alza imparable de los precios. Las etapas a cubrir pasarían desde la agitación y la propaganda a los mítines multitudinarios y las manifestaciones populares. El tercer estadio sería la convocatoria de un paro general pacífico de 24 horas contra la carestía de la vida, que debía ser apoyado por todas las organizaciones obreras. La huelga se trocaría en indefinida si el Gobierno no daba cumplida satisfacción a sus reivindicaciones. Llegado ese extremo, y ante la más que probable respuesta hostil procedente del Estado, la salida era la conquista del poder por la vía revolucionaria. A tal fin, la UGT y la CNT iniciaron en mayo de 1916 conversaciones exploratorias para impulsar una acción reivindicativa conjunta. El 17 de julio se firmó oficialmente el llamado Pacto de Zaragoza, donde ambas federaciones sindicales se aliaban coyunturalmente para exigir del Gobierno una solución al problema de las subsistencias, y proclamaban la pertinencia de una huelga general como medio de presión más adecuado. Se convocó una campaña de protesta y una huelga ferroviaria, pero, atemorizado por las imprevisibles consecuencias de un paro en los transportes, Romanones suspendió las garantías constitucionales el 13 de julio, ordenó la detención de los firmantes del pacto y encarceló a cientos de sindicalistas.

A pesar de este hostigamiento, el 18 de diciembre el PSOE, la UGT y la CNT organizaron el primer paro general con éxito de la historia del país, que prefiguraba el gran movimiento de agosto del año siguiente[32]. Este sería concebido, en principio, como una huelga general política de duración indefinida y carácter pacífico, que con apoyo del Ejército culminaría en la implantación de un Gobierno republicano provisional encargado de convocar elecciones a Cortes Constituyentes. Es decir, un proyecto subversivo inspirado en los movimientos revolucionarios decimonónicos: mezcla de levantamiento popular (esta vez en forma de moderna huelga general) y de conspiración militar que coadyuvaría al derrocamiento del régimen monárquico y a la vertebración de una iniciativa política de corte republicano. Dirigentes socialistas como Julián Besteiro, que formaba parte del comité de huelga, no perseguían la implantación del poder socialista, sino más bien patrocinar una revolución democrático-burguesa al estilo de la rusa de febrero de ese mismo año: un cambio político que habría comenzado con la convocatoria de la Asamblea de Parlamentarios (la futura Asamblea Nacional Constituyente), continuaría con una movilización popular (la huelga general prevista para agosto) y se remataría con el exilio del rey y la participación socialista en un Gobierno provisional presidido por el reformista Melquíades Álvarez[33]. Un proceso inspirado tanto en la reciente experiencia de Venizelos en Grecia como en la más remota de la Revolución de 1789, y con grandes semejanzas con el que se desarrollaría y fracasaría de nuevo en diciembre de 1930.

El 5 de marzo de 1917, delegados de la UGT y la CNT se volvieron a reunir en Madrid para organizar un movimiento huelguístico de mayor alcance que el de fines del año anterior. El día 27, en una tumultuosa reunión celebrada en la Casa del Pueblo, representantes de ambos sindicatos firmaron un manifiesto «A los trabajadores españoles y al país en general» redactado por Besteiro y donde se proclamaba la necesidad de que el proletariado adoptase antes de tres meses una actitud resolutiva basada en la convocatoria de una huelga general debidamente encauzada y proclamada en fecha oportuna, pero sin plazo definido de finalización. Se postulaba una acción no necesariamente violenta, pero que debería producir «cambios fundamentales en el sistema»[34]. Era un verdadero ultimátum al declinante Gobierno del conde de Romanones, que respondió declarando sedicioso el manifiesto y deteniendo a sus firmantes y a cientos de militantes[35]. La Casa del Pueblo de Madrid fue clausurada el día 29, la revista España Nueva recogida y las garantías constitucionales suspendidas de nuevo hasta el 22 de abril.

A pesar de la represión gubernamental, la Ejecutiva ugetista inició gestiones con los republicanos y buscó los medios de apoyo para llevar a buen término el paro general. El 5 de junio, el PSOE y la UGT llegaron a un pacto con el republicanismo lerrouxista y con el reformismo melquiadista para destronar al rey y establecer un gobierno provisional que convocaría Cortes Constituyentes, aunque ninguna de las fuerzas implicadas alentaría soluciones de tipo monárquico, sino el establecimiento de una República de signo democrático[36]. El 16 se nombró un comité revolucionario formado por Álvarez (reformista), Lerroux (radical), Largo Caballero (UGT) e Iglesias (PSOE), quien por razones de salud fue reemplazado por Besteiro. También se acordó que si los militares adscritos a las juntas de defensa realizaban algún movimiento de rebeldía o intentaban imponer una dictadura, se declararía inmediatamente una huelga general antimilitarista de cariz defensivo[37]. El socialismo no trataba de asaltar el Gobierno para asumir su control, sino «facilitar a la burguesía liberal su acceso al poder»[38], a la vez que se avanzaba en la dirección de la emancipación del proletariado a través del impulso a la revolución democrática:

¡Abajo el régimen monárquico! Paso al régimen republicano, que a la vez que permitirá a la burguesía alcanzar su pleno desarrollo, dará facilidades al proletariado para constituirse en poderosa fuerza, influir notablemente en los asuntos nacionales y acelerar el feliz momento de poner remate a los antagonismos sociales[39].

El 12 de agosto, un manifiesto conjunto de los comités nacionales de la UGT y el PSOE dirigido «a los obreros y a la opinión pú­blica» anunció el inicio de «una huelga general indefinida hasta que se constituya un gobierno provisional que asuma los poderes ejecutivo y moderador y prepare la celebración de elecciones sinceras de unas Cortes constituyentes»[40]. La UGT organizaba una huelga política predominantemente urbana y preferiblemente pacífica, no una revolución dirigida a la conquista y la destrucción violenta del poder, como deseaba la CNT. De ahí la falta de conexión del movimiento en las diversas organizaciones y regiones, y los distintos niveles de predisposición subversiva que exhibieron sus protagonistas. Fue una huelga política con un impacto insurreccional casi nulo, ya que se formaron juntas revolucionarias provinciales y locales completamente aisladas entre sí. A la hora de la verdad, ni republicanos, ni los militares ni los cenetistas otorgaron su apoyo, y el propio Pablo Iglesias pareció desvincularse de un movimiento abocado al fracaso. La represión encabezada por los responsables de las juntas de defensa y la detención del comité de huelga precipitaron el final del paro el 18 de agosto[41]. En su retorno al Parlamento el 28 de mayo de 1918, Besteiro volvió a afirmar el tono defensivo de la movilización al declarar que «hubiese querido que al llegar la huelga los trabajadores organizados tuviesen armas», no para atacar a la Policía, sino para que «si eran injustamente tratados por la fuerza pública, estuvieran en las mejores condiciones posibles para defenderse»[42].

La sensación de abandono experimentada por el socialismo en la coyuntura crítica del verano de 1917 fue descrita muy gráficamente por Manuel Cordero, al afirmar que:

El proletariado español sufrió entonces una doble decepción: creyó no hallarse solo en la lucha contra el régimen y tuvo que pasar por la honda amargura de que infinidad de elementos que habían contribuido a crear el ambiente favorable a la revolución, a la hora de la prueba faltaron a su deber. Esta dolorosa lección ha influido mucho en la actitud de recelo y desconfianza respecto de determinados elementos, adoptada durante la Dictadura por la masa obrera organizada[43].

El trauma ocasionado por el fracaso del movimiento de 1917 hizo que los líderes socialistas retornaran a la lucha electoral y no intentaran ninguna acción subversiva en las circunstancias, objetivamente más favorables, del bienio 1918-1919. La estrategia conjuncionista desplegada por el partido desde 1909 había traído consigo el estancamiento político y el descenso de la afiliación, que se aceleró con la crisis socioeconómica de 1918 y la escisión «tercerista» (comunista) de 1920. El socialismo reafirmó su vocación sindical y sus tendencias reformistas, aunque, como dijo Iglesias, «todos los socialistas han reconocido que la evolución social crea las condiciones vitales del régimen que ha de sustituir al capitalismo, pero también han afirmado que sin la acción revolucionaria, sin la conquista del poder político violentamente por el proletariado, es imposible tal sustitución»[44].

El PSOE y la UGT también acentuaron su recelo a una colaboración con cualquier sector de la burguesía empeñado en una rectificación democrática del sistema, fuera por medios revolucionarios o parlamentarios. En consecuencia, la Conjunción quedó virtualmente deshecha en 1918, y oficialmente tras el congreso extraordinario que el PSOE celebró en diciembre de 1919. La alianza republicano-socialista no volvió a recomponerse hasta octubre de 1930, cuando el Comité Nacional del PSOE la restableció de facto al aprobar la actuación de Prieto, Largo y De los Ríos en el Comité Revolucionario Nacional presidido por Niceto Alcalá-Zamora.

Los sucesos de 1917 inauguraron una nueva etapa en la que se produjo la irrupción definitiva de las masas –sobre todo la clase obrera– en la política nacional. También se extendieron nuevas formas y contenidos de movilización colectiva. La radicalización de un importante sector de las clases trabajadoras, decepcionadas por el fracaso de esta tercera tentativa de huelga general (tras la de 1909 y 1911), y alentadas por las noticias procedentes de Centro y el Este de Europa, pareció encontrar su cauce natural de expresión en la fascinación que ejerció Rusia como nuevo mito revolucionario.

EL SOCIALISMO EN LA CRISIS Y CAÍDA DEL RÉGIMEN MONÁRQUICO (1918-1931)

El impulso revolucionario que, a escala continental, recibió inspiración de los sucesos de Rusia tuvo en España dos manifestaciones que coincidieron en el tiempo, pero que no consiguieron articularse en un único movimiento reivindicativo. En el campo andaluz, la crisis agraria fruto del alza de precios y del trasvase de rentas a las zonas industriales coincidió con el eco de la denominada «oleada revolucionaria» europea de 1917-1920, lo que condujo a un período de aguda agitación campesina incorrectamente bautizado con el apelativo de «trienio bolchevique». Entre los años 1918 y 1920 menudearon en el sur de España acciones masivas de protesta campesina cuya novedad con respecto a los levantamientos de épocas anteriores residía en su carácter perfectamente organizado por un movimiento sindical que obraba como fuerza autónoma y por unas motivaciones propias. Pero, una vez más, la expresión del malestar campesino se agotó en sí misma, debido a la vaguedad de los objetivos políticos y a la habitual descoordinación con la agitación imperante en los centros fabriles, especialmente Barcelona, donde la huelga de «La Canadiense» de febrero a marzo de 1919 fue todo un símbolo de la renovada agresividad del sindicalismo cenetista[45]. El enconamiento de la conflictividad sociolaboral sin vías alternativas de conciliación dio origen a la manifestación violenta más conocida de la España de inicios de los años veinte: el pistolerismo. Este se desarrolló sobre todo en el entorno fabril barcelonés debido a la confluencia de varios factores: la desarticulación social motivada por el acelerado crecimiento urbano (con sus secuelas de aculturación, tugurización, marginalidad, delictividad, etc.), la pervivencia de las tramas del espionaje organizado por las diversas potencias europeas durante la Gran Guerra, el estado de represión casi permanente ejercido por los gobiernos sobre el movimiento obrero cenetista, y la tradición violenta del societarismo barcelonés, que aplicó criterios marcadamente coercitivos a su organización, encuadramiento y métodos reivindicativos[46].

Atenazado por la crisis de militancia y la impotencia estratégica tras la ruptura con los republicanos, el socialismo contempló el deterioro de las relaciones sociolaborales desde el sitial parlamentario. El 26 de enero de 1920, la minoría obrera presentó a las Cortes una moción donde censuraba la acción represiva del Gobierno, su sumisión a los dictados de la federación patronal y la escasa atención prestada a la resolución pacífica de los conflictos sociales[47]. El efímero pacto de unidad de acción suscrito con la CNT en septiembre-diciembre de ese año no tuvo consecuencias, debido al rechazo ugetista a la convocatoria de una huelga general de carácter defensivo propuesta por el sindicato confederal. En el congreso del PSOE de abril de 1921, donde se debatió la incorporación en la Komintern, se rechazó la propuesta de creación de un aparato ilegal revolucionario capaz de impulsar la agitación y la propaganda en el seno del Ejército. En ese momento predominaba en el interior del partido el reformismo socialdemócrata inspirado por Eduard Berstein, que apostaba por actuar dentro del marco político burgués hasta conseguir la mayoría necesaria para conquistar el poder. Otra tendencia, influida por el reformismo de izquierda de Karl Kautsky, preconizaba el fortalecimiento de las organizaciones obreras hasta dotar al proletariado del conocimiento y el vigor necesarios para hacer la revolución social. No se renunciaba a la acción violenta cuando las circunstancias y la pujanza del obrerismo consciente así lo aconsejasen. Un sector minoritario o «tercerista», que acabó por escindirse para crear el Partido Comunista Obrero Español (PCOE), postulaba la preparación del partido para, en el momento propicio, operar la transformación mediante el asalto al poder capitalista, estuviesen o no las masas suficientemente preparadas para admitir y secundar el cambio revolucionario.

Ante el deterioro de las libertades públicas por la intromisión militarista, el 19 de febrero de 1922 los socialistas y los republicanos reformistas iniciaron una campaña en contra del pistolerismo y a favor del levantamiento de la suspensión de garantías constitucionales, en cuyo transcurso apoyaron las actividades de la Liga de Derechos del Hombre y la ulterior constitución a tales fines de un Comité d’Actuació Civil radicado en Barcelona.

Temeroso de que la agitación cenetista y la respuesta represiva del Gobierno y de los sectores conservadores (desplegada en forma de uniones cívicas o grupos parapoliciales como el Somatén) afectasen a su propia organización, el socialismo acentuó los contornos de su ideario reformista y su estrategia parlamentaria. En la prensa del partido, los dirigentes se encargaron de ensalzar sin descanso las excelencias del sindicalismo de oficio y de la política gradualista frente a las incertidumbres que despertaban tanto la «acción directa» de la CNT como el vanguardismo bolchevique preconizado por los «terceristas». Según Besteiro, «la diferencia entre revolución y evolución no existe en el socialismo», ya que la revolución la hacía el proletariado en todos sus actos cotidianos[48]. El socialismo sería el resultado ineluctable de la organización obrera y la desorganización capitalista, y no el fruto de una acción de carácter insurreccional. Para Largo Caballero, «la labor revolucionaria se hace todos los días en el Parlamento, en los ayuntamientos y demás corporaciones». Esta acción buscaba el robustecimiento de la organización obrera con el fin último de socializar los medios de producción y ser capaz de gestionarlos en un futuro aún por determinar. Desde esta perspectiva, resultaba revolucionaria toda acción que empujase a la Historia en la dirección del progreso, esto es, del socialismo[49].Pero Largo no se llamaba a engaño; en el último trance, la revolución proletaria sería inevitablemente violenta, no por propia voluntad, sino como respuesta obligada a una provocación de los sectores reaccionarios opuestos al progreso:

Yo soy de los que opinan que, por desgracia, la Revolución proletaria no será pacífica, que será violenta; pero que no será violenta por la propaganda socialista, sino a pesar de la propaganda socialista. Los verdaderos provocadores de esa forma de revolución serán los elementos reaccionarios, que intentan detener el movimiento histórico, y más aún: dando muestras de locura evidente, hacen esfuerzos por que retroceda[50].

Pero la violencia no caracterizaba la revolución, ni servía para realizarla en todos los casos. La revolución se haría inevitable violenta si los poderes establecidos se oponían al insoslayable progreso político y social del proletariado[51]. La violencia era, por lo tanto, un efecto secundario difícilmente evitable en un organismo en crisis, del mismo modo que la dictadura del proletariado se presentaba como la «cuarentena» necesaria para que el cuerpo social se restableciera antes de emprender la nueva etapa socialista:

Somos partidarios de recurrir a la fuerza para alcanzar la libertad, del mismo modo que en ciertos casos patológicos hay que recurrir a la camisa de fuerza para conseguir la curación […] Si es ser autoritarios el negar la libertad durante el período de tratamiento que exige la modificación del orden social a aquellos cuya acción podría poner en peligro nuestra reorganización, nosotros somos autoritarios […] La dictadura de clase deberá reinar hasta el día en que la libertad, posible para todos, pueda, sin inconvenientes para nadie, ser ejercida por todos[52].

La actitud a la defensiva del socialismo de esos años derivó en esta «naturalización» de hecho revolucionario como algo ineluctable en la evolución de las sociedades contemporáneas, cuya crisis se contemplaba, en un remedo de darwinismo social, como la anulación de los antagonistas de clase por su decadencia progresiva o por la victoria de un socialismo que emergería sobre las ruinas de un mundo capitalista sumido en crisis terminal. En los años veinte se mantuvo en el seno del movimiento obrero la convicción de que la revolución proletaria sería el resultado automático del cumplimiento de determinadas condiciones históricas, económicas y sociales, una vez que el proletariado hubiese alcanzado el grado de unidad, organización y capacitación suficientes para impedir retrocesos en su camino hacia la total emancipación.