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- Herausgeber: Capital Intelectual
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Coyunturas
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
El abuso del derecho penal se expande por América Latina: cada vez más dirigentes políticos del campo popular terminan presos o perseguidos. El lawfare o guerra judicial ocupa un lugar central en las campañas electorales y en las noticias. ¡A esta altura hasta la abuela dibuja de memoria la puerta de Comodoro Py! Sin embargo, los medios sólo transmiten retazos de información respecto de este fenómeno jurídico-político. Su contenido, significado y alcance permanecen ocultos. El resultado es que los distintos usos –y abusos– del derecho penal terminan siendo incomprensibles para el público en general… e incluso para abogados o estudiantes de derecho. Este libro busca echar luz sobre estas sombras. En un estilo accesible, que se permite incluso jugar con un tema espinoso, deconstruye el lenguaje judicial y las principales problemáticas del fenómeno de la guerra judicial en relación con la teoría del delito, el derecho procesal penal y la criminología. Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema, Cristina Caamaño, ex fiscal a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia, y Valeria Vegh Weis, especialista en criminología, explican paso a paso los mecanismos profundos del lawfare, identifican sus trampas y recovecos e iluminan el modo en que termina demoliendo el derecho para ponerlo al servicio del neoliberalismo.
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Zaffaroni, Eugenio Raúl
¡Bienvenidos al lawfare! : manual de pasos básicos para demoler el derecho penal / Eugenio Raúl Zaffaroni ; Cristina Caamaño ; Valeria Vegh Weis ; compilado por Valeria Wegh Weis ; coordinación general de Creusa Muñoz. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Capital Intelectual, 2020.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-614-619-7
1. Derecho. I. Caamaño, Cristina. II. Vegh Weis, Valeria. III. Wegh Weis, Valeria, comp. IV. Muñoz, Creusa, coord. V. Título.
CDD 340.1
© de la presente edición, Capital Intelectual S.A., 2020.
Director: José Natanson.
Coordinadora de la Colección de libros de Capital Intelectual: Creusa Muñoz.
Diseño de tapa: Emmanuel Prado
Diagramación: Adriana Manfredi
Ilustración en retiración de portada: Enzo Leone
Corrección: Mercedes Negro
Comercialización y producción: Esteban Zabaljauregui
© Capital Intelectual, 2020.
Paraguay 1535 (C1061ABC), Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: (54-11) 4872-1300.
www.editorialcapin.com.ar
Primera edición en formato digital: enero de 2021
Versión: 1.0
Digitalización: Proyecto451
Hecho el depósito que indica la Ley 11.723. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento sin el permiso escrito de la editorial.
EQUIPO DE TRABAJO
Analía Ploskenos
Felipe Fuertes
Florencia Maldonado
Javier García Sierra
Javier Guillardoy
Karen Navarro
Leandro D´Ascenzo
Luciana Casal
Maximiliano Nicolás
Tamara Rotundo
Viviana García Sierra
PRÓLOGO
Lula da Silva*
Los autores, tres reconocidos profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a partir de la escritura de un “Manual de Pasos Básicos para demoler el derecho penal”, lograron analizar en profundidad un fenómeno que, pese a ser mundial, ha venido desarrollándose sistemáticamente y con una frecuencia indeseable en América Latina: el uso del Poder Judicial, especialmente en lo que respecta a la aplicación de la ley penal, para interferir en la política. Se trata del lawfare, una guerra jurídica con fines ilegítimos, tal como mis abogados lo plantearon en 2016. Las elites de nuestra región y los defensores de los intereses del capital financiero internacional, que llevan décadas combatiendo las políticas sociales diseñadas para erradicar la pobreza y disminuir las profundas desigualdades sociales, lo que han hecho es promover la corrupción a la categoría de “mal cósmico”, señalándola como el origen y la causa de todos los males. Por supuesto que nadie aprueba que haya gobernantes corruptos. Pero la lucha contra la corrupción no es sino el pretexto del cual aquellos sectores se valen para atacar a gobiernos legítimamente elegidos por el voto popular.
El tribunal ha pasado a ser el ámbito en el que los derrotados en las urnas buscan imponer sus intereses propios por sobre la soberanía popular. Por esa vía, algunos sectores del Poder Judicial y de los distintos órganos del sistema de la justicia, con el apoyo oportunista de los medios hegemónicos, se volcaron a atacar a gobiernos populares preocupados por la defensa de los intereses nacionales. Su objetivo es criminalizar y destruir la política, tratando de instalar en la sociedad la idea de que todos los políticos son corruptos. Como en los tiempos que corren ya no se muestra adecuada la destrucción física del adversario, lo que se ansía es su muerte legal y política.
Bajo la excusa de combatir la corrupción, violan el principio legal de debido proceso y las garantías constitucionales de los acusados. Como destacan los autores de este libro, el conjunto de los casos que se fueron dando en distintos países de nuestra región muestra siempre el mismo método: una parte de la prensa, políticamente involucrada, crea un hecho y lo divulga ampliamente (una mentira que se cuenta mil veces acaba volviéndose “verdad”); apoyándose con exclusividad en esa noticia fraguada, el cuerpo de la policía judicial abre una investigación; el Ministerio Público sale a la búsqueda de elementos que puedan sustentar formalmente la acusación; en los casos en que no se accede a ningún indicio de prueba, aun así la denuncia muchas veces se encarrila, cosa que ocurrió en Brasil, bajo la afirmación de que “no cuento con pruebas, pero tengo la convicción”. Luego sólo hace falta “identificar algunos jueces dispuestos a colaborar”, ya sea porque se abre ante ellos la anhelada oportunidad del estrellato o porque visualizan una ventaja personal concreta. La vida privada y la intimidad de los acusados queda expuesta a diario en base a esos llamados vazamentos (filtraciones de información), término bajo el cual se camufla la operación de seleccionar perspicazmente uno o más hechos y transmitirlos con toda intención a los “colegas” de los medios, sobre todo de la televisión. Ante la imposibilidad de demostrar lo que no ocurrió, se recurre a escuchas telefónicas ilegales, citaciones compulsivas y encarcelamientos preventivos, tanto de los acusados como de sus familiares, tales son los mecanismos por los que se apunta al objetivo de lograr la “delación premiada” del “arrepentido” (así se denomina en los países hispanohablantes a aquellos que “son capaces de inventar cualquier situación para obtener un beneficio”), para quien el “premio” es la libertad misma y, al menos en Brasil, la chance de conservar buena parte del producto del delito que se confesó. Arrancada, así, la confesión “delatora”, incluso sin la menor prueba, se condena al delatado en juicio de evidencia y, si no se logra demostrar el hecho que se le imputa, se apela a la estrafalaria categoría de “hecho indeterminado”. El circo se completa con la sentencia condenatoria que habrá de confirmar un tribunal igualmente parcial y comprometido con los intereses políticos y económicos de las clases dominantes.
Así es como se aseguran las condiciones legales para que el enemigo sea puesto en prisión y quede imposibilitado de intervenir en la vida política. Los grandes medios de comunicación, con la televisión al frente, se encargan de difundir incesantemente el fallo judicial, dispuestos a darle legitimidad a todo un proceso absolutamente espurio.
Con el enemigo apartado de la arena política queda abierto el camino para la elección de hombres y mujeres de gobierno sometidos a los intereses del mercado, que se desentienden de proteger a la población, especialmente a los más pobres. Se viola la soberanía nacional con la venta de grandes empresas públicas, rematadas siempre a valores muy inferiores a los que realmente poseen, en operaciones que revelan un fuerte desprecio por el medioambiente y por tantos otros derechos básicos de la población.
La investigación que estos tres autores han llevado a cabo describe muy bien lo que ocurrió en muchos países, también en Brasil: trataron de imponerme la muerte política y legal. Fui víctima de esa maquinación que aquí se analiza: a partir de una noticia falsa publicada en un periódico, fui investigado, procesado y condenado por la llamada Operação Lava Jato, que condensa lo peor del sistema de justicia brasileño. Hoy ya nadie tiene dudas de que hubo sectores de la Policía Federal y del Ministerio Público Federal, a las órdenes de un juez notoriamente parcial y ávido de autopromoción, que formaron una organización guiada por el objetivo de anular mis derechos políticos para, de esa forma, evitar que pudiera volver a ser candidato a la presidencia de la República y asegurarle al Partido dos Trabalhadores su quinto mandato consecutivo. Con una rapidez nunca vista en la conducción de otros procesos, el Tribunal Regional Federal confirmó la sentencia, cumpliendo la promesa pública hecha en forma expresa por su presidente de que el caso sería juzgado antes de las elecciones.
No tuvieron en cuenta mi resistencia. No tuvieron en cuenta el apoyo incondicional que me brindaron los movimientos sociales, los trabajadores y todas esas personas que, desde los distintos puntos del país, montaron frente al edificio de la Policía Federal donde estuve preso la conmovedora Vigília Lula Livre. No tuvieron en cuenta la destacada reacción de la comunidad política y jurídica internacional. Y en vez de abandonar Brasil, como llegaron a sugerirme, decidí ir a la cárcel y, desde ahí, enfrentarme a los que cobardemente me acusaban sin pruebas. No fue en vano, puesto que al menos una de las mayores conquistas de las sociedades civilizadas, y una que nuestra Constitución Federal garantiza, ya fue restablecida por el Supremo Tribunal Federal: la presunción de inocencia. Una medida que le puso fin a mi injusta prisión, determinada antes de que el tribunal superior se pronunciase sobre el recurso presentado en mi defensa.
Hoy estoy suelto, pero no estoy libre. Mis derechos políticos siguen estando cercenados, incluso antes de que se juzgue el recurso que interpuse al tribunal superior.
Mis felicitaciones a las profesoras Cristina Caamaño y Valeria Vegh Weis y al profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, que con rigor académico han demostrado cómo se desvirtuó el “verdadero derecho penal” para dar origen al “derecho penal vergonzoso”, el cual sirve a la transformación del Poder Judicial en instrumento de persecución política de todos aquellos que, en nuestra querida América Latina, alzan su voz y sus brazos en defensa de quienes han sido abandonados a su propia suerte, plantándose firme frente a los poderosos representantes del capital financiero internacional y los gobernantes serviles al dios mercado. Deseo apasionadamente que el objetivo de los autores se cumpla: “sacar a la academia jurídica de la torre de marfil” para ponerla “al servicio de los pueblos”.
Traducción de
Cristian De Nápoli
* Ex presidente de la República Federativa del Brasil entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2010.
PRÓLOGO DE LXS TRES AUTORXS
¡Nos vinieron con esto de que todos lxs genixs del mundo habían usado los tiempos de pandemia para hacer genialidades y no quisimos ser menos! Si Isaac Newton descubrió la gravedad, por lo menos aquí, desde los confines del mundo, tendríamos una pequeña revelación: bajar el lenguaje judicial de la estratosfera y traerla, a pura fuerza de gravedad, para que lo entendamos todas y todos.
Si, señorxs, nuestro aporte sería desarmar el encriptado registro de los tribunales que tanta confusión está causando. ¡Y es que bastó con prender la televisión un rato para darnos cuenta de que lo que realmente está en cuarentena es el derecho penal! La verdad sea dicha, al derecho penal lo tienen vapuleado para servir en la reserva. Cuando alguno de lxs jugadorxs titulares flaquea (es decir, las elecciones democráticas no se ganan, la oposición es muy fuerte o se necesita una medida distractora para arrasar con las reservas) sale el derecho penal a una cancha que no le corresponde.
Esto nos preocupaba porque lxs tres autorxs nos formamos y enseñamos apasionadamente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (sí, es políticamente correcto decir “apasionadxs” para describir el trabajo no, o casi no, remunerado de la docencia universitaria publica). Los tres supimos aprender y enseñar que, como ya dijo Webber, el Estado detenta el ejercicio de la violencia y que lo mejor es tenerlo contenido para que no termine dándonos palo a todos. En los pasillos de Figueroa Alcorta también aprendimos y enseñamos que la violencia estatal, en tiempos de democracia, aparece de la mano de las policías en la forma de poder punitivo y que si queremos frenarlo la mejor herramienta son las garantías constitucionales. ¿Que son estas garantías? Garantía de que no me metan presx sin una condena, que me permitan ejercer mi derecho a defenderme de las acusaciones en mi contra, que el juez que resuelva no me tenga bronca, y muchas otras. Si, lxs tres autorxs aprendimos y enseñamos que las garantías constitucionales no son la revolución bolchevique, pero sirven para que el poder punitivo no se desbande y termine inundándolo todo (y metiéndonos a todxs presxs).
Lxs tres autorxs hemos también tenido el inigualable placer de haber recorrido distintas instancias y edificios de nuestro querido poder judicial argentino. Conocemos muy bien lo bueno y lo malo de nuestro sistema penal y lo peligroso que puede ser que los jueces utilicen su poder para beneficiar a un político o perjudicar a otro. Los jueces tienen que estar ahí para cuidar que las garantías constitucionales se cumplan y si andan distraídos armando causas no van a poder con todo. ¡No nos puede sorprender luego si encontramos que Comodoro Py y las agencias de inteligencia andaban escuchando hasta las conversaciones de las mascotas presidenciales!
Raúl, Cristina, Valeria, lxs tres estamos preocupadxs. Es muy joven y corajuda nuestra democracia como para ponerla en riesgo con jueces que responden a agendas extranjeras o carreras personales. Lxs tres sabemos que sólo una sociedad fuerte y atenta puede evitar que nos manipulen y que bajo grandilocuentes acusaciones de corrupción nos metan políticos títeres que abren las puertas al totalitarismo financiero.
Por último, lxs tres autorxs estamos comprometidos con sacar a la academia –y sobre todo a la academia jurídica– de la torre de marfil y de la supuesta apolítica. El derecho está muy metido en el barro para dársela de neutral. Este manual es una contribución pequeña para poner la academia al servicio de los pueblos. Esta vez nos toca hacerlo liberando el trabalenguas en el que habla el poder judicial y aclarando un poco las distorsiones de los medios de comunicación para abrir un diálogo abierto y popular sobre qué poder judicial y qué derecho penal necesitamos. Con este esfuerzo, el manual tiene un solo objetivo: que estemos atentxs porque la historia la hacen los pueblos.
Antes de empezar el recorrido, este último párrafo es de agradecimiento y profundo orgullo a lxs inigualables Lula, Eli y Atilio por sus aportes a este trabajo colectivo que espera contribuir a develar tanta injustica.(1)
1. Elegimos introducir el texto utilizando la x para dejar en claro que el lenguaje oculta mujeres y personas de género fluido. En el resto de estas páginas usaremos el género masculino para facilitar la lectura, pero siendo conscientes de esta trampa del lenguaje que excluye a más de la mitad de la población del planeta.
INTRODUCCIÓN
INSTRUCCIONES PARA DESTRUIR EL DERECHO PENAL
Valeria Vegh Weis
Usted está decidido: hay que sacar de circulación a un grupo de personas que andan proponiendo agendas políticas revoltosas contrarias a los intereses del imperio. Puede tratarse de la defensa de recursos petrolíferos, la obstinación en proteger la legalidad de la hoja de coca, el rechazo a la intervención de organismos internacionales en las economías locales o agendas orientadas a la redistribución de la riqueza. En fin, gente molesta que se niega a alinearse al cien por ciento y seguir obsecuentemente los consejos del Tío Sam. Hay que buscar la mejor forma de desestabilizarlos. Pero ¿cuál?
Es claro que andar a los tiros como en las épocas de antaño ya pasó de moda. Ya no se usa invadir países a mansalva como hace una década. Ahora es tiempo de asesinatos selectivos: se identifica al líder conflictivo, se lo ubica con el uso de la apropiada tecnología y se lo elimina. Hace poco fue Irán que andaba molestando a Occidente, pero nada de invadir el país y ocasionar baños de sangre costosos y con mala reputación. Se identificó al cabecilla que andaba causando el revuelo, en este caso, Qasem Soleimani, el general más importante de Irán, y se lo asesinó con prolijidad aséptica acusándolo de terrorista y con total desprecio al derecho internacional.
Un razonamiento similar se aplica al patio trasero en América Latina. Recurrir al golpe militar tradicional para desbaratar al gobierno u oposición que osa desafiar los mandatos del imperio es la última alternativa (nunca descartable, claro está, como se vio en el 2019 en la hermana Bolivia). Pero mucho antes se recurre a lo que podríamos llamar “inoculación selectiva”: advertir quiénes son los que andan queriendo gestionar sus recursos nacionales, hablando de Patria Grande e independencia de Norteamérica, acusarlos de corrupción, traición a la patria, manejos ilegales o cualquier otro cargo grandilocuente y dejarlos fuera de juego. La corrupción, claro está, sí es un problema sistémico de nuestra región y probablemente del planeta. Pero aquí no se trata de crear un mundo mejor sino de utilizar las acusaciones de corrupción contra los que molestan.
Es un mecanismo más limpio y menos violento que la muerte física, como sí ocurrió en el caso de Qasem Soleimani. Aquí se trata de la muerte jurídica y política del oponente molesto. Para ocasionar la muerte política hay que erosionar el poder de los enemigos políticos, deslegitimarlos y convertirlos en los causantes de todos los males del país frente a la opinión pública y la población. Es ideal si tenemos como contrapartida a un referente neoliberal del mundo de los negocios y de pasado exitoso. La comparación entre los enemigos políticos corruptos y la eficacia empresarial del rival es una maniobra prometedora. “¡Si puede manejar una empresa, claro que puede manejar un país!”. La estética aquí es fundamental: el rival debe ser prolijo, de buenos modales, con voz calma y familia tipo. En contraposición, a los enemigos hay que presentarlos como feos, burdos, escandalosos y soberbios. Si no son así en la realidad, armamos una buena caricatura para reemplazar las fotos reales y problema solucionado.
La frutilla del postre es que los enemigos no queden sólo política, sino también jurídicamente muertos. No es cosa sencilla: se trata de que las acusaciones lleguen a grado tal que terminen jurídicamente inhabilitados para participar en política. Hay veces que la cosa se pone dura y hasta es necesario ponerlos tras las rejas. Eso nos permitirá no correr riesgo alguno de que la población cambie de parecer, los apoye nuevamente y se nos caiga la estrategia.
Para matar a Qasem Soleimani necesitaron un verdugo. ¿Quién es el verdugo en nuestro plan de muerte política y jurídica del oponente? Hay un poder del Estado que viene al pelo para la tarea: se ocupa de individuos y actúa con precisión quirúrgica sin necesidad de ejércitos, de golpes ni de sangre. ¡El viejo y conocido Poder Judicial!
Utilizar el Poder Judicial es realmente ideal. Basta con identificar a unos pocos jueces dispuestos a colaborar. Se los puede sumar a nuestra tarea por las buenas: con promesas de cargos, promociones, contratos u oficinas. Si eso no funciona, también se los puede sumar por las malas: con amenazas de juicio político u obstrucción de ascensos.
Una vez que ya tenemos a los jueces que colaborarán, hacemos la denuncia. Si no es posible presentarla directamente a los jueces usando las reglas de jurisdicción impuestas en la ley, habrá que toquetear el bolillero y forzarlo un poquito. Alguna que otra persona desconfiada puede alertarse de que todas y cada una de las causas caigan en el mismo juzgado, pero la mayoría ignorará este hecho. En todo caso, nuestros aliados, los “periodistas independientes”, nos ayudarán a que salga a la luz lo que sirve y se oculte lo inconveniente.
Toda denuncia penal tiene que ser sobre un tipo penal. Tenemos entonces que elegir el delito por el que vamos a realizar la denuncia. “Corrupción” es una incriminación general muy fuerte y quedará hermosa en las campañas de los medios de comunicación. ¿Qué ciudadano de bien no se siente ultrajado al oír sobre el mal destino de sus impuestos? Sin embargo, el problema es que la corrupción como tal no es un tipo penal. En la denuncia penal formal tendremos que acusar por delitos tales como enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa, negociaciones incompatibles, exacciones legales, malversación de caudales públicos, peculado, cohecho, soborno transnacional, tráfico de influencia, administración infiel o fraude en perjuicio de la administración pública.
Todas estas figuras son muy complejas y demandan investigaciones profundas con difícil acceso a la prueba. Si todo falla, deberemos entonces acudir a figuras penales más amplias como el encubrimiento. Basta decir que nuestro enemigo intentó ocultar el delito cometido por otra persona ¡Y listo!. También existe la figura de “traición a la patria” que, si bien como tal sólo aparece en la Constitución Nacional, tiene un reflejo en los artículos 214 a 218 del Código Penal, dónde se establece como delito usar la función pública para unir fuerzas con el enemigo o prestarle socorro para atentar contra la Nación y/o someterla al dominio extranjero.
Si las pruebas son tan pobres que no alcanzan ni para eso, siempre queda la querida figura penal de “incumplimiento de deberes de funcionario público”. ¿Qué es esto? Es un delito que incluye cualquier tipo de infracción a sus obligaciones como funcionario. Nos sirve entonces de comodín para usarla en la denuncia cuando todo lo demás falla.
En cualquier caso, es bueno contar con algo de pruebas, pero si no las hay tampoco hay que amargarse. En realidad, mucho no nos importa lo que pase judicialmente en el caso. La causa es una herramienta para lograr efectos extrajurídicos: presionar y condicionar a un gobierno para que lleve a cabo una determinada política o para hacer imposible su mandato. También es efectiva si nuestro enemigo está en la oposición, para destruirlo políticamente y que no pueda concursar ni para reina de la belleza. ¡Para eso es más importante el ruido del petardo que las luces de los fuegos artificiales que le siguen!
Cuando hablamos de petardos y ruidos nada mejor que la televisión, redes sociales, radios, diarios y todos los grandes medios de comunicación masiva para que el mensaje se magnifique. La idea es lograr la mayor exposición posible. Cámaras, micrófonos, show, clics. No se trata de informar ni de transmitir información clara y comprensible sobre lo que se está mostrando. Alcanza con imágenes emocionales del enemigo en alguna actitud sospechosa. Si no contamos con una foto o video incriminador, basta con mostrar a un juez compungido frente al expediente o una casa ostentosa con indicación del presunto origen espurio de los fondos. Si no hay nada de eso, con ayuda de conductores televisivos comprometidos con nuestra tarea, podemos inventar hasta la imagen y crear bóvedas de mampostería en estudio explicando que así serían las originales de nuestro enemigo político. Otro elemento a nuestro favor es que gracias a la concentración de medios, basta negociar con uno para que la noticia se multiplique al infinito.
Para tener un buen acompañamiento mediático es importante que elijamos un momento políticamente oportuno, pero en el que tampoco esté pasando mucho en la realidad nacional e internacional para que la causa pueda volverse el centro de atención. Nada de gallos y medianoche o de presentar la denuncia el día de una final Boca-River, porque no hay causa que pueda competir con un buen gol.
Elegir un buen nombre es fundamental para cuando la denuncia se esparza en los medios. Algo llamativo, que suene bien, jocoso quizás. La clave es que el público, al que no se le explicará nunca el detalle de hechos y derechos, recuerde el título de fantasía del escándalo, la palabra corrupción y los nombres de las personas denunciadas. Tres elementos como acta de defunción de sus carreras políticas.
Para hacer más ruido todavía podemos recurrir a la ayuda de think thanks, organizaciones no gubernamentales financiadas por grupos empresarios, que desarrollan reportes e información orientada a crear opinión pública. Están también las grandes organizaciones internacionales como Transparencia Internacional, que inventan las categorías de “corrupción” y “transparencia” y luego las usan ellos mismos para evaluar a los países a “gusto y piacere”. Todos ellos serán grandes aliados en nuestra tarea de congelamiento del enemigo al momento de la denuncia y durante el proceso.
Cuando empieza el proceso, aparecerán seguramente algunas trabas para nuestro proyecto: las llamadas garantías constitucionales que son la base del derecho penal. Molestias que tendremos que superar de alguna forma…
La igualdad ante la ley nos obliga a tratar a todas las personas por igual. Pero no podemos darnos el lujo de respetar este principio: necesitamos que el juez de la causa actúe con más rapidez que lo usual y esté atento para disponer medidas en la causa si justo hay elecciones o cualquier otro motivo que lo amerite. En la Argentina, las causas en el ámbito federal (donde se investigan las denuncias contra funcionarios públicos) tardan más de tres años en resolverse y menos del diez por ciento llega a juicio. Nosotros necesitamos más celeridad y más imágenes. No nos sirve que el juez trate a nuestros enemigos igual que a las demás causas; necesitamos que esté solícito y que les dé prioridad. Conclusión: lamentablemente, no vamos a poder respetar el principio de igualdad.
