Desaparecer en democracia E-Book

Adriana Meyer

• Herausgeber: Marea Editorial
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: Historia Urgente
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 750

Veröffentlichungsjahr: 2021

Beschreibung

En el país de los 30.000 desaparecidos de la dictadura llevamos más de 200 desapariciones en democracia. La "existencia" de desaparecidos a partir del período institucional abierto en 1983 tomó visibilidad pública como consecuencia de la desaparición de Jorge Julio López en 2006. Sin embargo, comenzó mucho antes. Solo catorce días después de la asunción de Raúl Alfonsín se produjo la primera desaparición: José Luis Franco, de 23 años. Luego vendrían muchas otras. Como afirma Nora Cortiñas, cada gobierno tuvo sus desaparecidos. Sabemos que la dictadura asesinaba, torturaba, robaba bebés y desaparecía personas. ¿Y las desapariciones forzadas en democracia? No hay registros oficiales de ellas, aparecen junto a personas extraviadas y poco conocemos de sus historias. Adriana Meyer, a través de una vasta investigación y un ejercicio de memoria, reúne por primera vez en este libro las desapariciones forzadas a lo largo de cuatro décadas. Y analiza la trama de complicidades policiales, estatales y judiciales que las recorren. En sus páginas se narran casos emblemáticos como los de Miguel Bru, Santiago Maldonado, Osvaldo Sivak, Luciano Arruga, Andres Núñez, Marita Verón, Iván Torres, Natalia Mellman, el de los militantes del Movimiento Todos por la Patria luego del copamiento a La Tablada, entre muchos otros. Pero también desapariciones que nos traen dolorosamente al presente como la de Facundo Astudillo Castro, desaparecido en el marco de la pandemia de coronavirus, o la del policía de la Ciudad de Buenos Aires, Arshak Karhanyan, nunca investigada por el gobierno porteño. Y, fundamentalmente, Meyer rescata aquellos casos olvidados y desconocidos, como los de los integrantes de los pueblos originarios, y les da la palabra a quienes que nunca los olvidarán, sus familiares, amigos y militantes que siguen luchando por su aparición con vida.

Leseprobe

Contents

PRÓLOGO

Desapariciones forzadas en democracia

PREFACIO

CAPÍTULO 1

Violencia institucional y represión estatal

CAPÍTULO 2

Raúl (1983-1989)

CAPÍTULO 3

Carlos (1989-1999)

CAPÍTULO 4

FERNANDO (1999-2001)

CAPÍTULO 5

Catorce desaparecidos para cuatro presidentes

CAPÍTULO 6

NÉSTOR (2003-2007)

CAPÍTULO 7

CRISTINA (2007-2015)

CAPÍTULO 8

MAURICIO (2015-2019)

CAPÍTULO 9

ALBERTO (2019-2021)

CAPÍTULO 10

Desaparecidos originarios

EPÍLOGO

Anexo

Distintas miradas sobre los desaparecidos en democracia

DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA (1983-2021)

Informe de Correpi

AGRADECIMIENTOS

Bibliografía

Landmarks

Cover

Meyer, Adriana

Desaparecer en democracia : cuatro décadas de desapariciones forzadas en Argentina / Adriana Meyer ; prólogo de María del Carmen Verdú.

1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Marea, 2021.

Libro digital, EPUB - (Historia urgente / Constanza Brunet ; 88)

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-8303-68-0

1. Desaparecidos. 2. Víctimas de Violación de los Derechos Humanos. 3. Democracia. I. Verdú, María del Carmen, prolog. II. Título.

CDD 323.044

Edición: Constanza Brunet

Coordinación editorial: Víctor Sabanes

Corrección: Brenda Wainer

Diseño gráfico de tapa e interiores: Hugo Pérez

Fotografía de tapa: Marcha por la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, en Carmen de Patagones, Buenos Aires, julio de 2020. Foto de Vanesa Schwemmler.

© 2021 Adriana Meyer

© 2021 Editorial Marea SRL

Pasaje Rivarola 115 – Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Tel.: [phone]

[email protected]

www.editorialmarea.com.ar

ISBN 978-987-8303-68-0

Depositado de acuerdo con la Ley 11.723. Todos los derechos reservados.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento sin permiso escrito de la editorial.

Impreso en Argentina – Printed in Argentina

A mis viejos, a mis hijos.

A Ani.

PRÓLOGO

Desapariciones forzadas en democracia

La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, un crimen de Estado imprescriptible que se sigue cometiendo mientras las víctimas no aparecen, y se profundiza cuando la impunidad las vuelve a desaparecer.

El 24 de diciembre de 1983, José Luis Franco, de 23 años, fue visto cuando era detenido, en la ciudad de Rosario, por el comando radioeléctrico que lo trasladó a la comisaría 11ª. Un hábeas corpus que denunció su desaparición tuvo resultado negativo. Tiempo después, su cuerpo masacrado apareció en un descampado y la policía provincial comunicó que fue “muerto en un enfrentamiento”. Apenas catorce días después de la asunción del presidente Alfonsín, se inauguraba así la lista de personas desaparecidas por las fuerzas de seguridad estatales en democracia, que suma más de 200 casos.

En los años siguientes hubo una docena más de situaciones semejantes, es decir, personas que fueron vistas por última vez cuando eran detenidas o estaban bajo el poder de hecho de las fuerzas de seguridad, cuyos cuerpos fueron desaparecidos en la tortura u otra forma de asesinato bajo custodia. Sin embargo, no se hablaría públicamente de “desaparición de personas” hasta mucho tiempo después, y todavía sin admitir algún grado de sistematicidad de esa modalidad represiva en tiempos de gobiernos constitucionales.

Ni siquiera la desaparición, en enero de 1989, de Iván Ruiz, José Díaz, Carlos Samojedny y Pancho Provenzano tras la represión en el Cuartel de La Tablada –cuidadosamente cajoneada por el secretario ad hoc del Juzgado Federal de Morón, un por entonces ignoto Alberto Nisman– logró ser reconocida como tal hasta hace muy poco tiempo, soslayando incluso las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la causa Abella v. Argentina el 18 de noviembre de 1997, que el Estado argentino incumplió. Fue necesario llegar al juicio oral, que tuvo sentencia en abril de 2019, para probar judicialmente que los cuatro fueron capturados con vida, asesinados y sus cuerpos desaparecidos. La condena a prisión perpetua del ex general del Ejército Alfredo Arrillaga, sin embargo, no fue por el delito de desaparición forzada seguida de muerte, sino por homicidio agravado por alevosía, y hasta hoy no se ha condenado a nadie por las otras tres desapariciones acreditadas.

Un puñado de desapariciones a manos de las fuerzas de seguridad empezaron a taladrar el muro de invisibilización en los 90, en algunos casos a nivel nacional, en otros apenas si local, gracias al impulso de sus familias y de la creciente militancia antirrepresiva: Adolfo Garrido, Raúl Baigorria y Paulo Guardati en Mendoza; Héctor Gómez y Martín Basualdo en Entre Ríos; Andrés Núñez y Miguel Bru en La Plata; Diego Rodríguez Laguens en Jujuy; César Mansilla en Tucumán. Para 1997, cuando la policía mendocina desapareció a Sebastián Bordón en El Nihuil, Mendoza, algunos medios empezaron a desempolvar la palabra DESAPARECIDO, y se repitió, ya en el siglo xxi, con Iván Torres y muchos otros. Sin embargo, solo con la segunda desaparición de Jorge Julio López, en septiembre de 2006, y la de Luciano Arruga, en enero de 2009, se empezó a percibir de manera más masiva que también en democracia desaparecen personas, y fue más rápida la reacción popular cuando fueron desaparecidos Santiago Maldonado, Luis Armando Espinosa y Facundo Astudillo Castro.

El recorrido cronológico que propone este libro permite reconstruir no solo la historia de las desapariciones en democracia, sino la lucha por el reconocimiento de esa modalidad como sistemática también en democracia. Claro que, en esta etapa, hay características diferenciales, como la autoría por parte de las fuerzas de seguridad en lugar de las fuerzas armadas, y por supuesto su muy menor incidencia cuantitativa. Pero subsisten en todos estos casos los elementos centrales de la desaparición forzada de personas: la intervención activa del aparato estatal y el ocultamiento de los cuerpos.

De esos más de 200 casos registrados, a veces, sus cuerpos fueron hallados días o años después, pero en muchísimos otros seguimos reclamando saber dónde están. Hay un puñado de casos que sobresalen por sus particulares circunstancias, como Jorge Julio López –testigo y querellante de la emblemática causa Etchecolatz, desaparecido el día de los alegatos–; Daniel Solano –trabajador frutihortícola de Choele Choel que venía impulsando la organización sindical contra las condiciones de trabajo de híper explotación que imponía la empresa Agrocosecha– o Santiago Maldonado –primer desaparecido en el marco de la represión de una fuerza federal por un conflicto de tierras de una comunidad originaria–. Pero la enorme mayoría son jóvenes pobres, con una historia previa de hostigamiento, por denuncias que venían realizando, o personas que se resistían a ser reclutadas como mano de obra para alguna de las muchas variantes de la criminalidad policial que explotan a lxs más vulnerables.

Párrafo aparte para las mujeres. En casi todos los casos de desaparecidas con intervención las fuerzas de seguridad, igual que ocurre con los femicidios de uniforme, queda expuesto cómo se potencian, cuando se intersectan, la violencia machista y patriarcal con la represión estatal. La mayoría de las mujeres desaparecidas fueron también víctimas de ataques sexuales. Las hermanas González, Paula y María Emilia, y su amiga Verónica Villar en Cipolletti, Marita Verón, Natalia Melmann, Leyla Nazar y Patricia Villalba (el “crimen de la Dársena”), Otoño Uriarte, hasta llegar las casi 40 víctimas que así lo prueban.

Tampoco están ausentes del listado lxs niñxs, quizá con el caso de Alejandro Flores como paradigma. Alejandro, de 5 años, desapareció en 1990, cuando jugaba en una plaza de Río Cuarto, Córdoba, y se desató una tormenta. Su madre recorrió todos los caminos buscándolo. Seis años después, un policía “arrepentido” contó que, desorientado por el temporal, Alejandro había sido atropellado por un patrullero, en el que iban otros dos policías, que no lo llevaron a un hospital. Esperaron que muriera, buscaron un lugar descampado y lo enterraron. En 2009, un hecho casual permitió el hallazgo de sus restos. La causa se tuvo que reabrir, pero como se calificó el hecho como homicidio culposo, finalmente los policías fueron sobreseídos por la prescripción de la acción penal. Ninguna medida se tomó contra el comisario que, avisado por sus subordinados criminales de lo sucedido, les ordenó llevar el patrullero a arreglar en otra ciudad para no dejar rastros del hecho. El caso es particularmente ilustrativo de por qué hablamos de política de Estado, de sistematicidad, de impunidad para el aparato represivo estatal. Lo que inicialmente fue un accidente de tránsito, incluso con chance de sobrevida para el nene atropellado, fue convertido en una desaparición forzada porque sus autores eran policías. Nadie sin el monopolio de la fuerza pública podría haber concretado la desaparición del cuerpo, la cooperación del comisario para ocultar los daños en el patrullero, el silencio impuesto por la superioridad a toda la comisaría, que cuando fue roto por el “arrepentido” le valió la exoneración e imputación por falso testimonio. El accidente devino un crimen de Estado. Lo desaparecieron los policías, el Estado es responsable.

Este libro es de una importancia fundamental. El repaso de los casos permite sacar conclusiones, potenciadas porque no es un trabajo teórico desde la torre de marfil, sino un relato vivido en primera persona, a partir del profundo involucramiento de su autora, desde su lugar de trabajadora de prensa, con las luchas antirrepresivas. No es casualidad que haya conocido a Adriana Meyer allá por 1991, cuando todavía era estudiante de la carrera de Comunicación Social, y estaba cubriendo, en Congreso, una de las primeras marchas tras la detención ilegal, tortura y muerte de Walter Bulacio. Ahí nos vimos por primera vez, entre consignas y pancartas, y nos seguimos viendo y conociendo por los siguientes treinta años, siempre en la calle, nunca en un shopping.

Aquella piba estudiante creció hasta ser hoy referencia ineludible en su oficio, una cronista comprometida con la verdad y la justicia, la de veras, no la formal del aparato judicial. Una trabajadora de prensa que informa, con precisión y chequeo, y no permite que le hagan dejar sus ideas y principios en la puerta de la empresa editorial. Así le va a veces en este mundo, pero por lo mismo tiene, además de mi cariño, mi respeto, por lo que pueda valer.

Gracias a la autora por permitirme introducir este trabajo.

María del Carmen Verdú,

militante de Correpi

Marzo de 2021

PREFACIO

Tenemos una larga lista de desaparecidos en gobiernos

constitucionales y seguimos pidiendo la aparición con vida

de todos ellos. Que cada uno se haga cargo de los suyos,

las autoridades que participaron fueron todas cómplices.

Nora de Cortiñas,

12 de agosto de 2017, Plaza de Mayo,

acto por la aparición con vida de Santiago Maldonado

Aquella fría tarde terminó de hablar Andrea Antico, una de las cuñadas de Santiago, y una militante que ofició de locutora daba por terminado el encuentro cuando Norita empezó a moverse sobre el improvisado escenario hasta que logró acercar su pequeña humanidad a uno de los micrófonos, mientras desde abajo gritaban su nombre para que la dejaran hablar.

“Aparición con vida ya”, pidió que gritaran junto a ella, y siguió “aparición con vida de Jorge Julio López ya, de todos los desaparecidos durante los años de gobiernos constitucionales, le decimos al Gobierno que las desapariciones son responsabilidad del Estado y de cada gobierno que participó en ellas, es un crimen de lesa humanidad que no prescribe, es un reclamo que no abandonamos, no olvidamos y no nos reconciliamos, tienen que renunciar la Bullrich y Noceti, que aparezca ya Santiago”. El testimonio, subido a la red de redes, muestra el cierre del acto con el cartel que sostenía Vanesa Orieta –de pulóver rojo y crema, con el gesto adusto– al costado izquierdo del escenario. “Todos los gobiernos torturan, matan y desaparecen en ‘democracia’”, podía leerse escrito con aerosol negro sobre una gran tela blanca. A su lado, el imprescindible Carlos “Sueco” Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA y militante por los derechos humanos.

Norita de Cortiñas, otro faro imprescindible, había estado en enero de 2017 en la Pu Lof de Cushamen, cuando la comunidad mapuche fue reprimida a balazos de plomo. Por eso, cuando desapareció Santiago ella ya sabía de qué hablaba. “Hay un desprecio hacia las comunidades por parte del Gobierno, hasta el presidente dio respuestas hirientes hacia la familia y todos nosotros. Basta de negacionismo, la desaparición de una persona es el crimen de crímenes, se priva a la persona de todos sus derechos, la familia no sabe nada, pensamos que estaba erradicado, pero a este Gobierno [de Mauricio Macri] le molestan las palabras derechos humanos, hay amenazas en los colegios y en las fábricas para que no se hable de Santiago. Yo personalmente vi el lugar donde levantaron a Santiago, es un lugar a la orilla del río donde él no pudo cruzar, lo arrinconaron y lo golpearon, no pudo hacer nada”, dijo un jueves en la tradicional ronda a la Pirámide de Plaza de Mayo. “En esta plaza pedimos cada jueves por López, por Iván Torres, porque Santiago no es el primer desaparecido, Argentina fue condenada por la desaparición de Iván en 2003, en un gobierno constitucional, y ahora en este caso no quieren acatar lo que dice la OEA y la CIDH, basta de hostigamiento a sus padres diciéndoles que está en tal o cual lado, como nos hacían a nosotras, la ministra se ofendió porque le dijeron que eran épocas parecidas a la dictadura, pero a nosotras esta metodología infame nos hace volver al pasado”.

La ministra era Patricia Bullrich, y vaya si se ofendió. “Váyanse a la mierda, les contesté a todos; lo tomé por un brazo a [el ex ministro de Justicia Germán] Garavano y le dije: ‘Terminemos con esto’. Y así nos fuimos a otro piso y dejamos la reunión”, describe Bullrich en su libro Guerra sin cuartel. Se refiere a una reunión con los organismos de derechos humanos, en los días más tensos por la desaparición de Maldonado.

“Lo único que buscaban eran dos palabras mágicas: ‘desaparición forzada’. La reunión se fue poniendo cada vez más caliente. En determinado momento, Lita Boitano, presidenta de la agrupación Familiares de Desaparecidos, dijo: ‘¡Ustedes tienen a Maldonado; entréguenlo!’”, sigue relatando en su libro la actual presidenta del PRO. El desplante de la eterna ex funcionaria resume buena parte de las respuestas estatales cuando en las calles se vuelve a escuchar “aparición con vida”. Este trabajo se propone recorrer las desapariciones forzadas en democracia, bajo la hipótesis de que las sucesivas administraciones han variado las formas, pero no lo sustancial, para evitar que sigan sucediendo.

Mientras escribo estas líneas hay otro pibe denunciado como desaparecido, cuyo caso permitirá hacer una radiografía de cómo reacciona el poder de turno y la sociedad, ambos desconociendo que suman más de doscientas las personas que ya no están según el listado elaborado tras décadas de recopilación de datos por parte de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), tomado de base para este libro. Desde 1996 esa organización presenta su Archivo de Casos actualizado, acto que se convirtió en un hito anual de denuncia de la real extensión de la represión estatal.

La voz de Norita de Cortiñas podría ser la de Ariel Garzi, la de Sergio Maldonado, la de Vanesa Orieta, la de tantos y tantas familiares de víctimas de la denominada violencia institucional, eufemismo de represión estatal. (Algunas de esas voces tienen otro nombre porque pidieron permanecer anónimas). “A las víctimas se las escucha”, dicen condescendientes algunos panelistas expertos en policiales antes de despacharse en televisión con teorías opuestas a aquello que dicen las víctimas en los momentos más calientes de los casos resonantes. Si acaso hubiera un norte para quienes seguimos sintiendo un dolor en las tripas ante cada desaparición, ese sería que el periodismo haga un salto de calidad al abordar estos casos, porque en la definición misma de este complejo delito surge que los agentes del Estado despliegan su encubrimiento sobre lo sucedido, siempre. Así como hay una especialización en géneros, sería deseable una en “violencia institucional”. No pocos periodistas obtienen “primicias” de sus fuentes policiales, y así consolidan y legitiman el encubrimiento.

Con el paso de los años sigue ocurriendo, casi como un modus operandi, que la misma fuerza policial o de seguridad sospechada sigue interviniendo en las primeras horas de las investigaciones judiciales, y en todos los casos encubren de variadas maneras pero con un denominador común: tapar lo sucedido, distorsionar los hechos, desviar el eje lo más lejos posible del lugar, ensuciar al desaparecido. Otro elemento que se repite: las veces que aparecen cuerpos y pertenencias es en sitios ya rastrillados, es decir con la fuerte sospecha de haber sido plantados. Las estadísticas revelan un patrón común de víctimas, jóvenes varones pobres de barrios humildes.

“No existen los desaparecidos en democracia, eso era en dictadura...”, repetían de manera acrítica compañeros colegas fanáticos kirchneristas porque Néstor en privado había dado la orden de salir a decir eso. Pues vaya si existen, los hubo antes de aquel momento cuando el debate en los pasillos de una radio era sobre Jorge Julio López, y los hubo después. Bien informada, Cortiñas aludía al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitido en 2011 contra el Estado argentino por la desaparición forzada de Iván Torres Millacura. Esa sentencia ordenó “iniciar, dirigir y concluir las investigaciones y procesos necesarios, en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como determinar y en su caso, sancionar a todos los responsables de lo sucedido”. Cuatro años después, dieciséis policías fueron acusados y llevados a juicio, resultando condenados dos de ellos como partícipes necesarios, mientras que los demás fueron absueltos. Nunca encontraron a los autores. El caso llevó al Congreso argentino a tipificar el delito de desaparición forzada, incorporándose en el Código Penal (artículo 142 ter). Aquel fallo también ordenaba que el Estado debía elaborar un listado oficial (algo que nunca sucedió por lo cual las cifras son de la nómina de Correpi y otros organismos de derechos humanos). Tampoco cumplió el Estado argentino con la parte de la sentencia que indicaba la necesidad de elaborar un protocolo específico para la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad a la hora de abordar este delito. De hecho, el actual plan federal busca personas “desaparecidas y extraviadas”, como si fueran lo mismo.

Superado el inexistente debate sobre la pertinencia de la categoría de “desaparecido en democracia” –y con la certeza de que existe un hilo conductor en la lógica de Estado que subyace en cada una de las historias, desde las bandas residuales de la dictadura durante el alfonsinismo hasta el deshilachado pseudoprogresismo del trío Fernández, Kicillof, Berni– es posible establecer algunas diferencias, según si el hecho ocurrió en medio de un procedimiento represivo o no, si el desaparecido estuvo acusado de robar una bicicleta, se negó a delinquir para la policía o simplemente “molestaba y se les fue la mano”. Luego, como subcategorías posibles, están quienes aparecieron, pero sin vida, y solo dos que desaparecieron dos veces, en dictadura y en democracia: Jorge Julio López y Osvaldo Sivak.

Tanto Maldonado como los cuatro militantes del MTP que fueron desaparecidos, y siguen sin aparecer sus restos, durante la represión con que fue recuperado el cuartel de La Tablada, caso también con sentencia en la Corte IDH contra Argentina, ocurrieron en el contexto de la represión a la protesta. (Más allá de que fue instalada la idea de que Santiago no fue desaparecido sino que quedó atrapado en un pozo, la actividad estatal posterior negó que faltaba una persona, no la buscó sino que encubrió, por lo tanto técnicamente eso conforma una desaparición).

Un año después de la represión en el Cuartel de La Tablada, desapareció el albañil Andrés Núñez ya durante el inicio del menemismo y tres años más tarde el estudiante Miguel Bru. Pero la primera desaparición de este último período de democracia fue tan solo catorce días después de la asunción de Raúl Alfonsín: José Luis Franco, de 23 años, desapareció en la ciudad de Rosario.

Entre los “aparecidos”, es decir los casos de desaparición forzada seguida de muerte, están Luciano Arruga, Santiago Maldonado, Luis Espinoza y Facundo Astudillo Castro (este último en curso con esa calificación legal).

Algunas mujeres desaparecidas por la trata de personas también integran el listado, como Marita Verón, cuando hay pruebas de connivencia de las fuerzas policiales o de seguridad.

Otros casos emblemáticos casi desconocidos son el del niño del basural del Ceamse, Diego Duarte, cuya historia fue plasmada en el libro de Alicia Dujovne Ortiz; Facundo Rivera Alegre, el rubio del pasaje en Córdoba que tiene una obra de teatro protagonizada por Martín Slipak; Daniel Solano, el laburante golondrina salteño desaparecido en Río Negro cuyo padre Gualberto Solano, ya fallecido, se encadenó y acampó años frente a la policía igual que la madre de Iván Torres, María Millacura, en Comodoro Rivadavia; Sergio Ávila, el estudiante universitario desaparecido en Neuquén en una bailanta custodiada por personal en actividad del Ejército; Jonathan “Kiki” Lezcano, asesinado por policía de CABA, desaparecido dos meses, apareció como NN en Chacarita y César Monsalvez, un chico de 13 años desaparecido en 2013, cuyo cuerpo mutilado fue identificado seis años más tarde.

Las desapariciones en democracia no reconocen grieta ideológica o partidaria, esos remanentes del nunca desmantelado aparato represivo –aquella consigna de los años 80 incumplida– contaron con el poder suficiente a lo largo de 38 años para seguir perpetrando tal nefasta metodología aplicada de manera masiva durante la dictadura, con el efecto sobre el inconsciente colectivo de que podemos desaparecer aunque gobiernen funcionarios elegidos por el pueblo. Como dice el colega Ricardo “Patán” Ragendorfer al referirse a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por oficiales de uniforme, “es la única actividad ilícita no remunerada de las policías y fuerzas de seguridad de nuestro país”.

¿Hay que decirles a nuestros hijos que se cuiden de la policía? Este libro parte de la certeza de que en este país no existe la “policía del cuidado”, tal como la describieron durante los primeros días de la cuarentena de 2020 por la pandemia de covid-19 dos investigadores del Conicet,1 para quienes “a veces la vigilancia y el control son prácticas de cuidado, y no siempre las políticas que involucran a las fuerzas de seguridad son fascistas o suponen violencia institucional”. Para los autores del artículo de opinión, el coronavirus era una oportunidad y un desafío para la conducción política porque “es posible la apertura de una nueva forma de estatalidad que asuma un modelo policial centrado en el cuidado”. Luego de instar a “cuidar a quienes nos cuidan”, consideraron que era posible “crear un lazo social de cuidado que permita revertir el desprestigio social que tienen las fuerzas”. Los hechos demostraron que no sucedió esto sino todo lo contrario: según cifras de Correpi, hubo 411 muertes a manos de la policía, el 70% de ellas durante la primera fase del ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio). La respuesta policial a tan idílica propuesta fueron balas, golpes, secuestros y desapariciones, acá cerquita en espacio y tiempo.

Una de las víctimas del control de la prohibición de circular durante la cuarentena fue el joven Astudillo Castro. Al finalizar el 2020, su madre Cristina Castro escribió un mensaje en las redes sociales dirigido al policía que detuvo a su hijo, sin nombrarlo. “La tristeza es causada por la inteligencia, cuando más entendés ciertas cosas más desearías no comprenderlas, yo estoy orgullosa del hijo que crié, siempre apostando a los derechos humanos, a la vida y la libertad, brindo por más personas como Facundo y menos como vos”.

Algunas desapariciones no llegan a la prensa, a la denuncia, no sabemos sus nombres y apellidos. El aparato represivo del Estado, tanto en dictadura como en democracia, suele estar al servicio del poder económico que detentan los grandes empresarios. Según la leyenda que circula hace siglos en las provincias del norte, “el Familiar era el perro del diablo, negro como la muerte y feroz como todo el mal del mundo. Sus ojos desprendían llamaradas de fuego y sus garras tenían la fuerza de mil hombres. Poseía un hambre que solo se saciaba con la entrega de un peón al año”. Así lo refleja el documental Diablo, familia y propiedad. Los crímenes del Ingenio Ledesma, del realizador Fernando Krichmar, basado en las muertes no esclarecidas en la empresa de la familia Blaquier. “El dueño del ingenio es todo poderoso y sus riquezas son ilimitadas porque tiene un trato con el ‘Familiar’, llamado así por el lazo de sangre que forma con el patrón y su filiación con el mismísimo diablo. El ‘Familiar’ le concede entonces fortuna, prosperidad y una gran producción de caña y azúcar siempre y cuando el patrón lo alimente con la vida de algún obrero, algunas zafras alcanza con una sola muerte, en otras para aplacar su hambre harán falta varias. Los obreros aparecen descuartizados en el campo como víctimas de un festín satánico en el imaginario de sus compañeros y en ocasiones desaparecen, siendo aplastados por un imparable trapiche, cayendo en una caldera o en un tacho de cocimiento lleno de miel en estado de ebullición sin dejar nada que enterrar del difunto”.2 A finales del siglo xix en Tucumán, los peones quedaban capturados de por vida por sus deudas, entonces la única forma que tenían de dejar el ingenio era fugándose. Los patrones tenían hombres armados que trataban de impedirlo; cuando agarraban algún fugitivo lo mataban para dar el ejemplo. Para que eso funcionase en la psicología de los peones se crea el mito, en las noches de luna llena sale el Familiar y hace desaparecer al peón más rebelde. “Durante los 70, el mito cobra peso no como una realidad, sino como una explicación metafórica a los sucesos que directamente afectaron a los trabajadores del azúcar. Así, la personificación terrenal del ‘Familiar’ pasó a ser la Triple A y sus agentes o las fuerzas militares de Videla en su Proceso de Reorganización Nacional secuestrando, torturando, asesinando y desapareciendo a los revoltosos que estaban en contra de la patronal”, explica el profesor de historia Sebastián Márquez.

Suele decirse que Felipe Vallese fue el primer desaparecido en un gobierno civil, previamente a la dictadura que comenzó en 1976. Apenas llegaba a los 20 años, en 1959, cuando Vallese participó de una de las huelgas emblemáticas del movimiento obrero en la Argentina: la del frigorífico Lisandro de la Torre, con toma incluida. Como escribió el periodista Juan Pablo Csipka en una nota inédita donde entrevistó a Ítalo Vallese, “el sueño desarrollista de Arturo Frondizi empezaba a desmoronarse y el Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) daba pie a la represión de los conflictos sociales. Así, varios de los líderes de la huelga fueron llevados al Buque Granaderos, donde hubo simulacros de fusilamiento. Había entre los detenidos dirigentes de la UOM como Augusto Vandor y Lorenzo Miguel; Susana, la hija del general Valle (líder del alzamiento de 1956), el sindicalista de la carne Sebastián Borro; Vallese (obrero metalúrgico) y un joven trabajador del frigorífico, quien años más tarde descollaría al frente del gremio cervecero: Saúl Ubaldini”. El 23 de agosto de 1962 el padre de Vallese cumplía años, pero los hermanos Felipe e Ítalo no llegaron al festejo porque fueron detenidos por la Policía Bonaerense. El relato de testigos indica que Felipe resistió con todas sus fuerzas la detención y se necesitaron varios hombres para desprenderlo de un árbol de la vereda de la calle Canalejas 1776, que hoy lleva una placa en recuerdo del episodio. “Los hermanos coincidieron en la comisaría 1ª de San Martín. Un par de celdas de por medio, pudieron dialogar. Felipe Vallese había sido picaneado y estaba maltrecho por la tortura. Ítalo fue liberado por el juez Luque, al igual que otros detenidos en el operativo del 23 de agosto. El joven metalúrgico no estaba entre ellos. Los testimonios recogidos permitieron comprobar que luego de su paso por la 1ª de San Martín, Vallese fue llevado a la comisaría de Villa Lynch. Allí también habrían seguido los apremios, y hasta ahí llegó su rastro. Fernando Torres, abogado de la CGT interpuso un hábeas corpus. Los responsables del operativo debían dar explicaciones, sobre todo por haber actuado fuera de jurisdicción. Juan Fiorillo fue señalado como el jefe del operativo de la calle Canalejas. Al parecer, los policías seguían la pista de Alberto Rearte, militante de la JP. En su búsqueda de testimonios hicieron el operativo del 23 de agosto”.

Nada más se supo de Felipe Vallese y su familia comenzaba el calvario de la búsqueda. “Nos llegaron muchas versiones, desde que estaba vivo en neuropsiquiátricos, fuimos a Open Door, en Córdoba, y ahí no estaba, hasta que su cuerpo se encontraba en un cementerio”, rememoró su hermano Ítalo. Hacia 1968 se hizo una exhumación en el cementerio de Merlo, donde para mayor seguridad, se hizo una vigilia de cinco días hasta que llegó la orden judicial (¿les suena Sergio Maldonado y su esposa custodiando el cadáver de Santiago porque no confiaban en nadie?). Pero ese cuerpo no era el de Vallese. En 1965 los abogados Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde detallaron los pormenores del caso en el libro Proceso al Sistema. El oficial Juan Fiorillo dirigió el operativo en el que, en jurisdicción de la Federal, la Policía Bonaerense tomó prisionero a Vallese. Fue uno de los 39 policías detenidos por el caso, pero siguió sirviendo en la fuerza. En los 70, el comisario Fiorillo integraría los “grupos de tareas” de los que él había sido un pionero. Revistó en la Triple A y, ya en la dictadura, fue ascendido, quedando como su superior inmediato Miguel Etchecolatz, mano derecha de Ramón Camps. En los momentos más duros de la represión estuvo a cargo de la Unidad Regional de La Plata. En la comisaría 5ª de la capital bonaerense habría supervisado las torturas. Además, habría estado implicado en la desaparición del periodista Edgardo Sajón, vocero de Alejandro Lanusse. Catorce años después, en noviembre de 1976, Fiorillo participó en el operativo de cuatro horas en el que la casa del matrimonio Mariani-Teruggi, en La Plata, fue rodeada, atacada y saqueada. Allí fueron asesinados Diana Teruggi y cuatro de sus compañeros de militancia, pero la menor Clara Anahí, de 5 meses, fue sustraída con vida de la casa e introducida en el auto de Fiorillo, según la declaración de un ex policía que fue parte del procedimiento. Daniel Mariani no estaba en la vivienda, pero fue secuestrado y asesinado meses después también en La Plata.

El comisario retirado, que ya había estado detenido por la desaparición de Vallese, volvió a estar preso en mayo de 2006 e iba a ser juzgado en 2008, junto con otros represores, militares y policías, por secuestros, torturas y desapariciones ocurridas en el centro clandestino que funcionó en la comisaría 5ª de La Plata. Estaba imputado también por el secuestro de Clara Anahí Mariani. Pero murió en mayo de ese año. En Fiorillo se encarna esa herencia represiva de los sicarios de Estado que hasta hoy persiste.

Sin embargo, con el equipo de investigación –que integran los periodistas Daniel Satur, Juan Pablo Csipka, Gioia Claro y Soledad Segade– encontramos antecedentes previos que demuestran que Vallese no fue el primero en ser “chupado”, palabra que usan las y los sobrevivientes de la última dictadura militar, por el aparato represivo del Estado.

El médico y político rosarino Juan Ingallinella, militante en el Partido Comunista, fue detenido por la policía el 17 de junio de 1955 y murió al ser torturado sin que nunca apareciera su cuerpo. Una foto de Lenin colgaba de un cuadro en su consultorio en Rosario, donde atendía en forma gratuita a pacientes sin recursos y los ayudaba también con medicamentos, ropa y calzado.3 A principios de 1944 la policía rosarina detuvo y torturó a tres comunistas. Ingallinella manejaba una pequeña imprenta clandestina, de modo que denunció el hecho en un volante y señaló a los oficiales responsables. Un día después del intento de golpe contra Juan Domingo Perón, el 17 de junio de 1955, una comisión policial llegó a su domicilio y lo llevó a la División Investigaciones de la Jefatura de Policía junto a varias personas. Los detenidos fueron liberados, pero Ingallinella no volvió a su hogar. Sus camaradas y su esposa Rosa Trumper reclamaron por él, pero la policía afirmó que había salido por sus propios medios de la jefatura. El 27 de julio el ministro de Gobierno, Justicia y Culto de la provincia de Santa Fe, Rafael César Tabanera, informó: “[...] habiendo llegado a establecer, en el día de hoy, por manifestaciones de empleados policiales complicados en el encubrimiento del delito, y que se encontraban preventivamente detenidos e incomunicados, como así también por otros indicios, que desgraciadamente el doctor Juan Ingallinella habría fallecido a consecuencia de un síncope cardíaco durante el interrogatorio, en el que era violentado por empleados de la Sección Orden Social y Leyes Especiales”. La violencia había sido ejercida con una picana eléctrica, admitido por la propia fuerza que se negó a entregar el cuerpo.

En 1972 el escritor Osvaldo Soriano pasó una semana con los testigos y protagonistas del crimen.“Rosa Ingallinella ve pasar los días limpios de rencor para con los asesinos a los que de vez en cuando ve por la calle o en la ventanilla del banco donde cobra su jubilación de maestra. Tiene el rostro severo pero dulce, repudia pero comprende, sube a la tribuna del Partido Comunista y arenga con voz firme aunque a veces quebrada. Con ella está la hija que hace 17 años presenció el drama, las nietas que solo conocen la imagen de aquel médico de barrio dicharachero y nervioso”, escribió.4 Ingallinella ya había sido detenido e interrogado varias veces, aquella noche se preparaba para ocultarse cansado de la rutina represiva, pero tenía como paciente a una niña en grave estado. Cuando llegaron los cuatro policías, él se estaba bañando. Lo esperaron. “No lo torturen”, rogó su suegra mientras el médico se vestía. Al día siguiente cuando Rosa fue al Departamento Central a llevarle comida le dijeron que ya lo habían liberado, ella se enojó. “Se habrá ido con una amiga, ¿no le parece?”, la provocaron. El periódico Acción publicó la noticia “sobre la desaparición de un profesional”.

Francisco Lozón (hijo), Félix Monzón, Domingo Desimón y varios encubridores son los acusados por la Justicia. “Ellos se desahogaron con Ingallinella, lo golpearon y le aplicaron picana eléctrica según confesaron más tarde. No tenían intención de matarlo, ni de arrancarle confesión alguna. Era lo de siempre: el ensañamiento feroz de un grupo de psicópatas contra un hombre indefenso. Tan indefenso se sintió Ingallinella esa noche que su corazón no soportó la bajeza y la convirtió en crimen. La única manera de dar al absurdo una dimensión histórica”, concluye Soriano.

Se sabe que en los pasillos del departamento de policía hubo corridas y búsqueda de un médico. “Según relató más tarde el abogado Guillermo Kehoe, apoderado del Partido Comunista, detenido también esa noche, torturado con picana, los hombres que lo violentaron le dijeron: ‘Con vos no es la cosa. Lo peor es para Ingallinella’. Esa noche hubo sesenta detenidos en Rosario. Todos, menos Ingallinella, recuperaron la libertad. Nunca se supo dónde fue sepultado el cadáver del médico comunista”, reza la crónica de Soriano.

El caso repercutió políticamente, trascendió los límites de Rosario y los policías fueron condenados a penas que fueron de 2 a 20 años, cumplieron los dos tercios y salieron todos por buena conducta. El 28 de febrero de 1964 Kehoe fue baleado junto a Adolfo Trumper, cuñado de Ingallinella, al salir del palacio de Tribunales y murió.

En la prehistoria de estos sucesos encontramos al albañil anarquista español Joaquín Penina, fusilado en forma clandestina el 9 de septiembre de 1930 en las barrancas del arroyo Saladillo, también en Rosario. Había viajado a Argentina por presuntos problemas con la dictadura de Primo de Rivera, y según otra versión escapando del servicio militar obligatorio en su país. El cuerpo de Penina nunca apareció, aunque dos años después una investigación del diario Democracia averiguó dónde fue sepultado como cadáver NN. “Este secuestro inauguraría la tradición argentina de las desapariciones forzadas de personas, que alcanzaría su más brutal expresión en los años 70”, puede leerse en Wikipedia. Pero la enciclopedia libre ubica esta desaparición como ocurrida durante la dictadura del general José Félix Benito Uriburu, de 1930 a 1932. En cambio, las primeras desapariciones durante un gobierno elegido en las urnas, más allá del fraude patriótico consumado en ese comicio, tuvieron lugar siete años más tarde. Las historias del herrero Miguel Arcángel Roscigna y sus dos compañeros anarquistas, Andrés Vázquez Paredes y Fernando Malvicini, fueron relatadas por el escritor Osvaldo Bayer en Los anarquistas expropiadores.5 “El 31 de diciembre de 1937 termina la pena que sufren Roscigna, Paredes y Malvicini. Esa fecha está subrayada en la agenda del comisario Víctor Fernández Bazán”, escribió Bayer sobre ese verdadero “pesado” de la policía federal. “Ya está todo arreglado, el Uruguay ha rechazado el pedido de extradición pero ya hay un arreglo tácito entre las dos policías. En Montevideo les aplicarán el edicto de ‘indeseables’ y los expulsarán hacia Buenos Aires [...] En el vapor de la carrera no los dejarán ni moverse. Y de la dársena, directamente al departamento central. Los jueces Lamarque y González Gowland que entienden en la causa del asalto al Rawson y del asalto a La Central van a tomarles interrogatorio al propio Departamento, porque de allí no los sacan. Cuando por falta de pruebas se los sobresee, empieza para Roscigna, Vázquez Paredes y Malvicini el camino sin retorno. Cuando el secretario de la Comisión Pro Presos, Donato Antonio Rizzo, y la hermana de Roscigna van a inquirir al departamento de policía sobre el paradero de los tres anarquistas, un oficial les responderá que han sido trasladados a La Plata; en La Plata les informarán que están en Avellaneda, en Avellaneda que están en Rosario, en Rosario que están en la comisaría de Tandil, y así sucesivamente [...] Hasta los grupos libertarios de Barcelona envían dinero para que se continúe con la búsqueda. Se tiene la certeza de que han sido asesinados pero no se quiere abandonar la esperanza. Hasta que –pasados varios meses de la desaparición– un oficial de Orden Social se sincera con la Comisión Pro Presos y les dice en tono confidencial: No se rompan más muchachos, a Roscigna, Vázquez Paredes y Malvicini les aplicaron la ley Bazán, los fondearon en el Río de la Plata”. Sigue el autor de La Patagonia trágica: “hasta hoy no ha podido ser dilucidado este oscuro episodio. Nunca fueron encontrados los cadáveres, tal vez tampoco nunca se conozca la verdad”. El comisario Bazán fue premiado por Juan Domingo Perón en 1947 al nombrarlo subjefe de la policía federal. “Fernández Bazán será el único funcionario peronista que a su muerte ha sido elogiado por La Prensa de Gainza Paz, que en la necrológica hará también el elogio de la ley Bazán”. Ayer como hoy, no es un policía en particular, es el manual oculto marcado con sangre en las entrañas de la institución, es el sistema y la estructura del aparato represivo del Estado, y no hay grieta. Como bien afirma Cortiñas, cada gobierno tuvo los suyos.

1Gabriela Seghezzo y Nicolás Dallorso: “Elogio de la policía del cuidado”, Página/12, 28 de marzo 2020.

2 Sebastián Márquez: “El ‘Familiar’ en los ingenios azucareros: El mito, su origen y vigencia”, La Historia en Disputa, 18 de noviembre de 2018.

3 Osvaldo Aguirre: “El crimen de Ingallinella”, Todo es Historia, junio de 2005, núm. 455.

4 Osvaldo Soriano: Artistas, locos y criminales, Buenos Aires, Norma, 1997.

5 Osvaldo Bayer: Los anarquistas expropiadores, Buenos Aires, Planeta, 2009.

CAPÍTULO 1

Violencia institucional y represión estatal

La policía es, en general, una institución

destinada a reprimir a la clase trabajadora

por el gobierno que la comanda.

Rodolfo Walsh,

“Vuelve la secta del gatillo y la picana”, CGT, 1969.

Desaparecer en democracia

El delito de desaparición forzada de personas consiste en el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación ilegal de la libertad hecha por un agente del Estado, donde la institución ha prestado su apoyo o aquiescencia y esta se niega a dar información o reconocer esa privación de libertad. Si la persona aparece muerta se agrava la pena a prisión perpetua, es decir que el hallazgo del cuerpo no cancela el crimen. Es un delito federal y en el país de los 30 000 desaparecidos de la dictadura llevamos más de 200 desapariciones en democracia.

La “existencia” de desaparecidos a partir del período institucional abierto en 1983 tomó visibilidad pública como consecuencia de la desaparición de Jorge Julio López en 2006.6 Sabemos que la dictadura asesinaba, torturaba, robaba bebés y desaparecía personas. Se los busca, se juzga a sus victimarios, se transita el camino de la memoria, la verdad y la justicia. ¿Y las desapariciones forzadas en democracia? No hay registros oficiales de ellas, aparecen junto a personas extraviadas y poco conocemos sus historias. “Todos los presidentes desde 1983 hasta ahora tienen varios desaparecidos sobre sus espaldas”, dice el documentalista Patricio Escobar, quien durante la investigación para el film Antón Pirulero descubrió que había “desaparecidos en democracia por todos lados”.7 Cuando fueron anuladas las leyes de Obediencia Debida, Punto Final e indultos, el presidente Néstor Kirchner anunció el “fin de la impunidad”, pero la continuidad de este tipo de prácticas represivas puso en crisis tal afirmación. La cantidad de casos en períodos constitucionales replantea la consigna Nunca Más, porque además el Estado propicia con sus recursos su invisibilización, para que pasen a ser desaparecidos sociales. Más grave aún, sus agentes encubren, se niegan a investigar, entorpecen y generan consenso para naturalizar esas prácticas represivas, vuelven a instalar el “algo habrá hecho”: el pibe chorro, la prostituta, el terrorista. Claro está, con algunas pocas excepciones. Para la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), “si bien la desaparición forzada de personas en la dictadura fue una herramienta de aniquilamiento hacia un sector social y político organizado, en democracia estas prácticas son una forma de propiciar el disciplinamiento social de sectores populares que ya padecen políticas de hambre, miseria y exclusión”. Muchos sectores, incluidos algunos organismos de derechos humanos, sostenían que López era el primero en desaparecer en democracia. Sin embargo, no fue ni es una excepción o un crimen aislado, hubo casos previos y los sigue habiendo con diversas características cuya descripción y análisis quedarán en evidencia tras el repaso exhaustivo de cada historia de vida y muerte. Podría decirse que son un subgrupo dentro del listado de asesinados por las fuerzas represivas del Estado, donde muchísimos desaparecieron antes de que sus cuerpos mutilados, torturados y fusilados fueran encontrados.8

“La representación procesal de la familia Walter Bulacio fue asumida por un grupo de militantes independientes que, desde bastante tiempo antes, venía pugnando por instalar la cuestión de la represión policial en la ‘agenda’ del movimiento de derechos humanos y de las organizaciones populares [...] el demonio anatemizado por las organizaciones políticas vestía de verde, no de azul, y los organismos de derechos humanos no se ocupaban de ‘casos policiales’”.9 Estos militantes consideraban que “la represión explícita de la dictadura, cumplida su función de exterminio y ‘limpieza contrainsurgente’, cedía el paso a más sutiles métodos orientados preventivamente al control social”. En 1992 solo faltaba elegir el nombre.10 La abogada María del Carmen Verdú, una de las fundadoras de Correpi, coincide con Vanesa Orieta –hermana de Luciano Arruga– en hablar de represión estatal sistemática y planificada, en lugar de “violencia institucional”. Ella considera que si es institucional no es violencia, es lisa y llana represión. “Violencia institucional es que tu vieja se tenga que levantar a las cuatro de la mañana para poder conseguir turno en el hospital porque si va más tarde no la atienden. Si a todo lo llamas violencia institucional, en realidad, estás desdibujando una responsabilidad directa e intencional como lo es la de la política represiva”, dice.11 Por su parte, Daniel Satur, periodista especializado en la materia coincide, aunque con algún matiz. “Hay un uso equivocado del concepto de la violencia institucional, ya que en el Estado capitalista todas las instituciones ejercen alguna forma de violencia, incluso la escuela y el hospital, aunque al estar naturalizado no se dimensiona. Violencia institucional le viene de perillas al Estado, para circunscribir el término a los hechos extremos de criminalidad de policías o penitenciarios. Pero deja afuera al poder judicial, a las secretarías y ministerios cómplices. Tampoco tenemos un término preciso, el de represión estatal está bien en general pero a su vez no es lo mismo la represión tipo dictadura o a piquetes que un ‘suicidio’ creado en una comisaría. Es como un campo que está abierto”, reflexiona.

Desde el punto de vista jurídico, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas –incorporada a nuestra legislación el 14 de noviembre de 2007 con la aprobación de la ley 26 298– define que “se entenderá por ‘desaparición forzada’ el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado, o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.Es decir, la piedra fundamental es la participación directa del Estado, ya sea a través de sus uniformados o de bandas que cuenten con apoyo o complicidad de las instituciones estatales. Los casos desarrollados a continuación tienen estas características, con toda la perversidad que implican, y demuestran que son parte de una metodología específica que articula la desaparición, el encubrimiento, el silencio, las amenazas y las trabas a cualquier investigación con tal de garantizar la impunidad de sus perpetradores, sus superiores y sus mandantes políticos.

El mensaje siniestro que esparcen las desapariciones es la incertidumbre por la falta del cuerpo, la ausencia del derecho al duelo, el desasosiego permanente. “Es una incógnita… no tiene entidad. No está. Ni vivo ni muerto, está desaparecido”, dijo el dictador Jorge Rafael Videla, mientras se acomodaba el traje gris y movía sus manos en el aire gesticulando exageradamente.12 El impacto de la desaparición del testigo Jorge Julio López hizo admitir al ex presidente Néstor Kirchner que “aún sigue existiendo la oscuridad, porque evidentemente continúan los procesos de complicidad y porque evidentemente hay fuerzas que siguen actuando corporativamente de alguna manera, a nuestras espaldas”. Por eso los organismos de derechos humanos “críticos” con su gobierno le presentaron un pliego de reclamos. Un comunicado del Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVJ) denunciaba en febrero de 2007 las amenazas que estaban recibiendo querellantes, testigos y abogados de las causas contra los genocidas. “El presidente ha tenido que reconocer que existen grupos paramilitares y parapoliciales organizados, vinculados con las fuerzas regulares, que siguen actuando en busca de la impunidad y la amnistía. Pero no anunció ninguna medida para enfrentar esa situación. Por eso cabe preguntar, ¿cuáles son esos grupos y dónde están? ¿Por qué no los investiga, los desmantela, los enjuicia y los castiga? ¿Por qué no exonera ni investiga a los 9026 efectivos de la Policía Bonaerense que actuaron durante la dictadura? ¿Por qué no hace lo mismo con los efectivos de las fuerzas armadas, la Prefectura, la SIDE, la Gendarmería y las demás policías vinculadas al genocidio?”. Un mes después fue el turno de Daniel Scioli, cuando en una reunión los y las militantes de derechos humanos le pidieron que echara a los efectivos que habían revistado en centros clandestinos de detención (CCD) de 1976 a 1983, que se revisaran los nombramientos de los nuevos jefes departamentales, 12 de ellos formados en dictadura, que fueran inhabilitadas las agencias de seguridad que tuvieran represores en sus filas y que se prohibiera a exonerados formar parte de nuevas agencias porque consideraban que era un ejército de 120 000 hombres. “La lucha de ustedes es nuestra lucha, estamos por la memoria, la verdad y la justicia”, respondió Scioli. Tampoco pasó nada. En noviembre de 2006 en La Plata más de 3000 personas habían marchado para exigir que “no haya un solo desaparecido más en democracia”. Diez años antes, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ya había denunciado que la práctica de desaparición de los cuerpos venía siendo aplicada en reiterados casos por la Bonaerense y otras fuerzas policiales.13

¿Resabios o continuidad?

A partir del 10 de diciembre de 1983 las únicas tareas democráticas pendientes aparentaban ser el reclamo de juicio y castigo a los represores, y la pelea por la libertad de los presos políticos. Sin embargo, ensombrecidas tras el esplendor de las “libertades democráticas” recuperadas, se sucedían cotidianas violaciones a los derechos humanos.14 Las razzias policiales en barrios y villas o durante actividades populares como partidos de fútbol, bailes o recitales eran algo de todos los días, pero sus víctimas no eran militantes gremiales, políticos o estudiantiles sino pibes jóvenes, pobres y morochos, desertores del secundario y con dificultades para conseguir trabajo, que se juntaban con amigos a compartir una cerveza y quizás un porro, y que se convirtieron en blanco de la presencia policial en las calles con el recurso del gatillo fácil con la excusa de “prevenir el delito”. La otra categoría, los “pibes chorros”, servían para engrosar estadísticas con el objetivo de reclamar más atribuciones para la policía y leyes penales más severas. Ya no había CCD donde detenidos-desaparecidos fueron sistemáticamente torturados y eliminados. Pero los presos comunes en las cárceles y los detenidos y demorados en comisarías eran objeto permanente de aplicación de tormentos. “Los golpes, el submarino, la ‘bolsita’ [submarino seco], la picana y otros suplicios no desaparecieron sino que se replegaron a sus orígenes, las cárceles y las comisarías, desde donde habían salido una década atrás junto con sus custodios históricos, policías y servicios penitenciarios, que oficiaron de instructores de sus jefes militares”.15 Diferentes vertientes teóricas adjudicaban estos “excesos” a algún “loco suelto, manzana podrida o psicópata reclutado por error”, o directamente a la “herencia” de la dictadura. “Presentar al gatillo fácil16 o las torturas como un resabio de la dictadura que la democracia no ha sabido resolver aprovecha alguna verdad a medias, y fundamentalmente despega de la responsabilidad directa al gobierno de turno como autor de una política de Estado”.17 Aunque subordinadas a los mandos militares, las fuerzas policiales fueron actores represivos durante la dictadura, y muchos cuadros policiales de esa época sobrevivieron durante décadas en sus instituciones. Rubén Lofiego, Antonio Musa Azar, Jorge Tejerina, Osvaldo Somohano, Mario Mijín son algunos de ellos. Parecía algo más que una herencia. “El discurso de Eduardo Luis Duhalde18 parte de una verdad, estas cosas sucedían durante la dictadura, pero lo que niega al omitirlo es que siguieron ocurriendo después de 1983 no por simple transmisión de una cultura autoritaria, sino por una necesidad represiva del estado burgués, en democracia o en dictadura”.19

Sin embargo, un amplio sector de organizaciones no gubernamentales se enfocó en la necesidad de “democratizar” la institución policial para evitar “abusos” de “individuos contaminados”, en la tesis de Guillermo O’Donnell de que Estado e instituciones son cosas diferentes. Así se trataría tan solo de un autoritarismo naturalizado por rutinas burocráticas.20 Consultada por los documentalistas Escobar y Finvarb, Paula Litvachky, directora de Justicia y Seguridad del Cels, manifestó que “no es la misma práctica de la dictadura, es distinta, con consecuencias similares de desaparición forzada con otros números, pero el Estado tiene que hacerse cargo de que existe, aun en democracia, porque esa práctica está explicada no por el plan centralizado de cinco tipos que arriba dijeron hay que salir a desaparecer pibes sino por las propias dificultades, déficit, mal funcionamiento, problemas estructurales de las policías y los poderes judiciales”.

Otra mirada tiene la abogada Verónica Heredia, que intervino en los casos de las desapariciones de Iván Torres y Santiago Maldonado, entre otros. “De un lado es la misma franja de la sociedad que queda atrapada en la desaparición forzada, chicos pobres de barrios marginales, y del otro lado es el Estado, toda la gente que comete desaparición forzada en Argentina cobra un sueldo en blanco, acá no hay paramilitares. Entonces empezamos a pensar que había algo de sistemático. Viene un policía y deja una carpeta sobre el escritorio de la fiscal, que tiene despacho con aire acondicionado y anda llena de oro. La causa está resuelta por la policía. Entonces pasa de largo, nadie se molesta en verificar nada. En cambio, si viene un muchacho alto de dos metros, colorado como un vikingo, ahí sí se para todo. El policía cuando está torturando sabe que hay un fiscal que lo va a avalar, y ese fiscal sabe que hay un juez que lo va a avalar, y ese juez sabe que hay un poder ejecutivo que lo va a avalar, y ese poder ejecutivo sabe que hay una Cámara de Senadores y de Diputados que lo va a avalar, ese es el Estado. Entonces ante una desaparición forzada todos están sospechados”, dice con énfasis en cada palabra. En el mencionado documental, la ex jueza Marisa Bosco, que intervino en el caso por la desaparición de Daniel Solano en Río Negro, admitió que “si desaparece mi hijo de clase media habrá mucha más atención”. Y agrega: “Hago el mea culpa, no nos comprometemos lo suficiente, miramos para el costado, meterse en este tema trae problemas, no es gratis”. Del mismo modo, la jueza Irma Lima dijo que ella conocía a los menores a su cargo y sabía cuándo decían la verdad. “Pibes que vienen golpeados de la cabeza a los pies, en eso tengo puesta la camiseta contra la policía, hay tipos que tienen el cachetazo libre, que se creen que tienen total impunidad”.21

Una breve mirada histórica permite ver que la brutalidad policial no comenzó con la dictadura de 1976. A finales de los años 50 los uniformados en territorio bonaerense conformaron brigadas especiales para combatir a una nueva generación de maleantes, que usaban una media de nylon en la cabeza y usaban un apodo antes de su apellido. Así, empezaron a aparecer cadáveres en los pajonales, con las muñecas atadas y un tiro en la nuca. En esos días ya habían convertido a una red de negocios, pactos y extorsiones en su modo de supervivencia. Los ensayos de intervención civil fallaron. En 1965 la revista Siete Días publicaba que “la policía de la provincia de Buenos Aires mata por la espalda, sus hombres aparentemente disciplinados entran en componendas con la delincuencia, se ensañan con los débiles y han llegado a la perfección del matonismo. Incomprensiblemente no sienten vergüenza de ser señalados como ladrones, cobardes y asesinos por la población”. Esa cultura incluye salir de fierros, en otras palabras, lanzarse a la cacería de gente sospechable de algún delito, lo que el penalista Elías Neuman definió como pena de muerte extrajudicial. Ya por entonces surgía como un problema la norma que los obliga a ir armados fuera de servicio, son muchos los hechos fatales provocados por policías solitarios y de franco. También eran, y siguen siendo, femicidios agravados los que son cometidos con sus armas reglamentarias.

Ese perfil se intensificó hasta un límite satánico en la década siguiente, durante el paso del general Ramón Camps por la fuerza porque “los Patas Negras [como llamaban a los policías bonaerenses] tenían asignado un papel preponderante en el organigrama de la represión ilegal”. Y el regreso a la democracia los liberó de la perturbadora tutela militar para tener vía libre en sus negocios y para perfeccionarlos. “El poder corporativo de los uniformados siguió en alza, pese a ciertos quijotescos intentos de ponerlos en caja, como fue a fines de los 80 la trunca purga policial impulsada por el ministro de Gobierno Luis Brunatti”.22 Del mismo modo fracasaron los intentos posteriores, quizás porque estuvieron signados solo por urgencias electorales, pero sobre todo por su ligazón con la política. Cuando fue el turno de las reformas de León Arslanián, en un solo día recibieron 74 llamadas de jueces e intendentes que pedían que no se expulsara a determinados policías. Poco antes, el ex subsecretario de Seguridad Marcelo Saín había pateado el tablero al declarar que “buena parte de la política de la provincia se financia con la corrupción policial”. Difícil entonces ponerle el cascabel a semejante gato. Sin embargo, esto no escandalizaba a las mayorías, algo así como “roba pero hace” con uniforme. De hecho, en territorio bonaerense algunos personajes de uniforme llegaron incluso a ser intendentes por el voto popular, como Luis Patti y Aldo Rico. Para la socióloga y especialista en criminología Alejandra Vallespir no hay una policía buena y una mala, sino una institución que tiene una doble adscripción, un dispositivo corrompido porque “esta corrupción fue funcional al poder político desde tiempos inmemoriales, sin importar a quién le tocó ser bueno o malo, al interior de la fuerza esos roles se intercambian todo el tiempo”.23 Según el Cels, la corrupción policial se apropia de recursos en provecho personal pero también implica “la fabricación, ocultamiento y destrucción de pruebas, la brutalidad y el amedrentamiento de testigos”.24 Las sucesivas depuraciones fallidas no impidieron que los cuadros de la Bonaerense hundan sus raíces en los años del terrorismo de Estado.

Para la segunda mitad de 1993 el espionaje ideológico realizado por la policía en toda la provincia expuso los lineamientos profundos de la política del gobernador Eduardo Duhalde; la desaparición de personas a manos de los Patas Negras, denunciadas en el informe anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, era apenas la punta del iceberg, dicen los periodistas Ricardo Ragendorfer y Carlos Dutil, porque luego vendría el atentado contra la AMIA y el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. En febrero de 1996 se produjo una feroz represión a estudiantes en La Plata, que repercutió en los medios por el pañuelo de Hebe de Bonafini manchado de sangre tras haber sido herida por un cascotazo. La brutalidad policial parecía crecer sin freno: disparar indiscriminadamente contra la multitud, reprimir desde las sombras, confundir a un inocente con un ladrón, paralizar de un tiro a modo de persecución eran cosa diaria.25

De manera más reciente, en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia de covid-19 fue desaparecido Facundo Astudillo Castro. “El carácter relevante que tomaron las fuerzas de seguridad debió ejercerse con el eje focalizado en el cuidado de las personas y de la salud pública, que tenían encomendados tanto las policías como la propia justicia federal”, dijo la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellante en esa causa, en la cual pueden verse todas las actas por infracción del artículo 205 del Código Penal en el marco de la pandemia, “las que arrojan la presencia de una fuerte selectividad policial [...] y exponen que el control fue selectivo, clasista y racista, se aplicó a personas humildes, la mayoría de nacionalidad boliviana o paraguaya, pero también jornaleros de otras provincias (misioneros, correntinos, salteños, jujeños, santiagueños, mendocinos) y en una ínfima proporción a las personas nacidas y criadas en Mayor Buratovich y de clase social media o media alta”.26

Desde lo estrictamente normativo, las reglas de la Policía Federal datan de la Revolución Libertadora de 1955 y del Proceso de Reorganización Nacional de 1979.27 En tanto, el Estatuto de la Policía Bonaerense data de la época del genocida Ramón Camps. El bautismo de fuego de esa fuerza, paradójicamente creada por Juan Domingo Perón una década antes, habían sido los fusilamientos de José León Suárez en 1956. Ya con el golpe del general Juan Carlos Onganía “los Pata Negra quedarían al servicio de la Doctrina de la Seguridad Nacional, cuya aplicación estrictamente policial fueron el gatillo fácil indiscriminado, la picana, la rapiña y el abuso de poder como sistema”.28

Desde el punto de vista político, el jurista del alfonsinismo Carlos Nino afirma que “la herencia que suponen las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado es uno de los obstáculos más grandes de los procesos de democratización. Estas violaciones suponen el mal absoluto, o lo que [Immanuel] Kant llamó ‘mal radical’ [...] Hannah Arendt afirma que es muy poco lo que sabemos acerca de la naturaleza del mal radical [...] sustancialmente muestra la dificultad de responder al mal radical con las medidas ordinarias que aplicamos a los criminales comunes”.29