Diez horas de Estat Català E-Book

Enrique de Angulo

• Herausgeber: Ediciones Encuentro
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: Nuevo Ensayo
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 359

Veröffentlichungsjahr: 2017

Beschreibung

Este libro recoge la narración fidedigna de los trágicos episodios que tuvieron lugar en Barcelona la noche del 6 al 7 de octubre de 1934, realizada por quien fuera testigo directo de los mismos al encontrarse "en primera línea" para cubrir la noticia como corresponsal del diario El Debate. Pocas semanas después el propio Enrique de Angulo publicaría en forma de libro este reportaje minucioso, que reproducimos de modo literal en la presente edición y que recoge detalles que sólo podía conocer quien fuera testigo directísimo de los acontecimientos. Como dice Jesús Laínz en el prólogo, en la situación actual de puesta en marcha de un proceso institucional de "desconexión del Estado español" por parte del parlamento y el gobierno autonómicos catalanes, "merece la pena reflexionar sobre los notables paralelismos entre lo sucedido aquellos días y la situación política actual (...) Porque los problemas que acabaron desatando la rebelión separatista de 1934 volvemos a encontrarlos hoy repetidos y aumentados".

Leseprobe

Enrique de Angulo

Diez horas de Estat Català

Prólogo de Jesús Laínz

Introducción y Epílogo de Vicente Alejandro Guillamón

Primera edición octubre de 2005

Segunda edición marzo de 2016

© Paz Angulo y Ediciones Encuentro, S. A.

© del Prólogo Jesús Laínz

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Colección Nuevo Ensayo, nº 5

Fotocomposición: Encuentro-Madrid

ISBN: 978-84-9055-798-3

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PRÓLOGO ATRAPADOS EN 1934

JESÚS LAÍNZ

En la vida de todas las naciones hay años que no son como los demás, y por eso son recordados de manera especial. Los motivos de su singularidad son muy variados: alegres o tristes, victoriosos o desastrosos, pero en cualquier caso marcadores de un antes y un después. Por ejemplo, desde muy niños todos los ingleses llevan grabados en sus corazones el 1066 de la batalla de Hastings y el 1805 de la de Trafalgar. Probablemente no haya francés que no señale 1789 como el año más destacado de la historia de su patria y 1870 como el más doloroso, del mismo modo que los alemanes rememoran dicho año con alegría y 1918 y 1945 con aplastante dolor.

Prácticamente olvidados el 711 de Guadalete, el 1212 de Las Navas y el 1808 de la francesada, en España sobresale el extraordinario 1492, aunque aumentan a diario los que, por un motivo u otro, lo rechazan. Junto a él destacan, más recientes, el luctuoso 1898 y el bélico 1936. Todas ellas son encrucijadas de nuestra historia, momentos en los que España, para bien o para mal, cambió.

Ese trascendental 1936 ha dejado en segundo plano otra fecha muy próxima sin cuya influencia, sin embargo, probablemente no hubiese adquirido la trágica importancia de ser el año en el que estalló la Guerra Civil. Se trata, naturalmente, de aquel 1934 en el que se sentaron las bases para el gran enfrentamiento que comenzaría dos años después.

El primer acto de la tragedia, en este caso con ropajes de comedia, fue el extraño parto de una república proclamada en abril de 1931 tras una clara victoria monárquica en las elecciones municipales. Pero, a pesar de dicha victoria, el régimen monárquico, empezando por el propio Alfonso XIII, tomó la decisión de suicidarse. Así comenzó su extraña andadura una Segunda República que muchos concibieron como patrimonio privado de los partidos izquierdistas.

Tan peculiar concepción del nuevo régimen fue lo que provocó que, al vencer las derechas en las elecciones de 1933 con el doble de votos que las izquierdas, buena parte de éstas lo consideraran inaceptable. El presidente Alcalá Zamora cedió a la antidemocrática presión de quienes protestaban por la presencia en el gobierno de miembros de la CEDA, el partido más votado, y acabó encargando su formación al radical Lerroux, sustentado en el Parlamento por el victorioso partido de Gil Robles.

Al llegar el cambio gubernamental de octubre de 1934, con la introducción en el gobierno de tres ministros de la CEDA, la izquierda hizo estallar la revolución para evitar la llegada de los «fascistas» al gobierno. Fue en ese momento cuando los republicanos le pegaron a la República el primer tiro en la sien: las izquierdas situaron sus objetivos revolucionarios y totalitarios por encima de la Constitución que ellas mismas habían redactado. El egregio republicano Salvador de Madariaga lo recordaría desde el exilio con palabras contundentes:

«El alzamiento de 1934 es imperdonable. La decisión presidencial de llamar al poder a la CEDA era inatacable, inevitable y hasta debida desde hacía ya tiempo. El argumento de que Gil Robles intentaba destruir la Constitución para instaurar el fascismo era a la vez hipócrita y falso. Hipócrita porque todo el mundo sabía que los socialistas de Largo Caballero estaban arrastrando a los demás a una rebelión contra la Constitución de 1931, sin consideración alguna a lo que se proponía o no Gil Robles; y, por otra parte, a la vista está que el presidente Companys y la Generalitat entera violaron también la Constitución. ¿Con qué fe vamos a aceptar como heroicos defensores de la República de 1931 contra sus enemigos más o menos ilusorios de la derecha a aquellos mismos que para defenderla la destruían? (...) Con la rebelión de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936»[1].

Idéntica opinión mantuvo Julián Marías al afirmar sobre octubre de 1934 que «la República murió entonces. Fue la negación de la democracia, el no aceptar el resultado de unas elecciones limpísimas»[2].

Con la insuperable autoridad conferida por su calidad de presidente de la República en el exilio, Claudio Sánchez-Albornoz dejó claro que «la revolución de octubre, lo he dicho y lo he escrito muchas veces, acabó con la República»[3].

Pero el dato definitivo es el arrepentimiento de uno de los principales protagonistas de la fracasada revolución, Indalecio Prieto. Esto afirmó el dirigente socialista el 1 de mayo de 1942 en el Círculo Cultural Pablo Iglesias de México:

«Me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera, de mi participación en aquel movimiento revolucionario. Lo declaro como culpa, como pecado, no como gloria. Estoy exento de responsabilidad en la génesis de aquel movimiento, pero la tengo plena en su preparación y desarrollo. Por mandato de la minoría socialista, hube yo de anunciarlo sin rebozo desde mi escaño del Parlamento».

Pero faltaba todavía el segundo tiro en la sien. Pues con la muy irregular victoria de las izquierdas en las elecciones de febrero de 1936 se amnistió a todos los condenados por los sucesos de 1934 y se restableció el suspendido Estatuto catalán. Por si quedaba alguna duda, aquél que muchos siguen obcecados en reivindicar como un régimen legítimo y una democracia equiparable a las demás europeas confirmó que en él la ley y la justicia dependían del interés de los partidos triunfantes en cada momento. La revolución y el caos estaban servidos. Y la respuesta violenta, también. Como explicó a menudo Sánchez-Albornoz, los republicanos, «por no haber sabido mantener el orden, cayera quien cayera», prepararon el terreno para que Franco se sublevara. E incluso llegó a señalar, con nombres y apellidos, al principal culpable de la Guerra Civil: su compañero de bando Francisco Largo Caballero.

A pesar de la evidencia manifestada por las personalidades republicanas mencionadas, y por tantas otras, los izquierdistas de los tiempos de la Transición comenzaron a olvidarse del examen de conciencia al que se vieron forzados por la derrota y el exilio y comenzaron a reivindicar de nuevo la legitimidad del golpe del 34. Con veinte años de retraso, el que fuera ministro de la Presidencia y Educación José Manuel Otero Novas relató una significativa anécdota:

«La noche del 30 de abril al 1 de mayo de 1976 le pedimos a Felipe González y otros dirigentes socialistas que suprimieran de un libro en ciernes una reivindicación orgullosa de su golpe de Estado de 1934. Les argumentamos que no era un buen comienzo de la democracia defender un ataque violento a las instituciones democráticas. Y se negaron. Salió la reivindicación. Y en 1984, el PSOE ya en el poder celebró en muchos puntos de España el cincuentenario del golpe, después de haber erigido estatuas a Prieto y a Largo Caballero, junto a la de Franco, al pie de los Nuevos Ministerios»[4].

Pero no recae en la izquierda toda la responsabilidad por la reinterpretación interesada de aquellos trágicos momentos de nuestra historia, reinterpretación que tan largos y profundos efectos está teniendo en la vida política presente. Pues gobernaba el Partido Popular de José María Aznar con mayoría absoluta cuando en la muy simbólica fecha del 20 de noviembre de 2002, mientras el Prestige se hundía frente a las costas gallegas, el Congreso de los Diputados aprobaba por unanimidad una resolución condenatoria del golpe del 18 de julio de 1936 y el régimen salido de él:

«El Congreso de los Diputados, en este vigésimo quinto aniversario de las primeras elecciones libres de nuestra actual democracia, reitera que nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática».

Pero del golpe de octubre de 1934, de sus miles de víctimas mortales y de sus perniciosas consecuencias para un orden constitucional que quedaría gravemente herido, no se acordó nadie.

De este modo, debido a la sólida ignorancia y la permanente parálisis del Partido Popular, se pavimentó el camino hacia la sectaria Ley de la Memoria Histórica de 26 de diciembre de 2007 —perpetuamente presente en los medios de comunicación nueve años después de su promulgación—, así como al muy simbólico derribo de la estatua de Franco que acompañaba en los Nuevos Ministerios madrileños a las de Prieto y Largo Caballero. El juicio histórico quedaba claro: el golpe de estado de Franco en 1936 fue ilegítimo y digno de oprobio, mientras que el de los socialistas —y los separatistas catalanes— en 1934 fue legítimo y merecedor de homenaje.

***

Aunque la revolución se extendió por toda España, los dos principales focos fueron la Asturias minera, con dos mil muertos entre civiles y militares, y la Cataluña gobernada por la Esquerra Republicana de Lluís Companys.

Para comprender aquel octubre de 1934 en Cataluña, pocos documentos más valiosos que el libro de Enrique de Angulo Diez horas de Estat Català. Pues, corresponsal de El Debate en Barcelona, fue testigo de los acontecimientos que se desarrollaron durante la noche del 6 al 7 de octubre provocando la muerte de cuarenta y seis personas, el encarcelamiento de tres mil, la condena de Companys y demás miembros de su gobierno a treinta años de prisión por el delito de rebelión militar y la suspensión de la autonomía catalana.

De nada sirve repetir aquí los acontecimientos relatados por Angulo, pero sí merece la pena reflexionar sobre los notables paralelismos entre lo sucedido aquellos días y la situación política actual. Para bien y para mal, la naturaleza humana es la misma en cualquier época y lugar, y los movimientos políticos, aunque evidentemente sujetos al inevitable paso del tiempo, suelen atesorar un núcleo ideológico inamovible que tarde o temprano acaba aflorando. Por eso conocer la historia puede ayudar mucho a comprender el presente.

Pues el autor comenzó recordando a sus lectores de 1934 que aquel estallido de violencia de los separatistas de izquierdas no habría sido posible sin «el continuo fomentar de la rebeldía de Cataluña» por parte de la derechista Lliga de Prat y Cambó durante los cuarenta años transcurridos desde los días de las Bases de Manresa. Y junto a la acción de los separatistas, la otra clave de su éxito había sido, según Angulo, la complicidad de «la mayor parte de los políticos españoles de las tres últimas décadas, que se prestaron a ser juguete de los catalanistas a pesar de la diáfana claridad con que Prat de la Riba proclamó en La nacionalitat catalana sus ansias y sus propósitos separatistas en forma que al más necio no le podía caber duda de sus intenciones».

Efectivamente, una de las ideas más repetidas por Enrique de Angulo fue la responsabilidad de los gobiernos republicanos, tanto los de derechas como los de izquierdas, por abandonar a los catalanes que defendían España y por su «interminable serie de claudicaciones» ante los separatistas, empezando por unas competencias estatutarias que iban a ser utilizadas para dinamitar el Estado desde dentro.

Aunque se trate del ya lejano año de 1934, la lista de atropellos parece haber sido escrita hoy: la radio como instrumento de propaganda a servicio del poder, la policía como inmejorable herramienta para preparar la insurrección, la depuración de oficiales notoriamente antiseparatistas, la «delictiva benevolencia del fiscal» ante las continuas vulneraciones de la ley, la malversación de fondos ante cuya denuncia Companys se sintió gravemente ofendido, el incumplimiento de las sentencias del Tribunal de Garantías Constitucionales, la organización de manifestaciones y sesiones solemnes en el Parlamento en apoyo del desacato, la consideración de las votaciones autonómicas como superiores al orden constitucional, las ofensas a la bandera española y su retirada de los edificios públicos e incluso la utilización de los partidos de fútbol amistosos —el Brasil-Cataluña de junio de 1934— como altavoces para la causa separatista.

«Si es desolador el balance de hechos que antecede, más triste es todavía considerar que todo ello no hubiera podido verificarse sin la anuencia y el apoyo de los Gobiernos de Madrid. Sus claudicaciones son las verdaderas causas inmediatas del movimiento de rebeldía».

Cuando, refiriéndose a Napoleón Bonaparte y a su sobrino Napoleón le Petit, Karl Marx acuñó su celebérrima frase sobre la historia repitiéndose dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa, no pudo prever que lo que podría suceder en la España de los siglos XX y XXI quizá fuese lo contrario. Pues, si se dejan al margen los muertos, la incompetencia de los gobernantes españoles y la ruptura de un orden constitucional que acabaría desembocando dos años después en una sangrienta guerra civil, lo de la Cataluña en 1934 fue una gloriosa astracanada: proclamas inflamadas, desfiles, francachelas, fanfarronadas, frenesíes patrióticos, lágrimas y abrazos que se transformaron en unas pocas horas en desmayos, en lamentos, en acusaciones de traición, en cuatro cañonazos de fogueo para asustar, en miles de aguerridos escamots escondidos bajo sus camas, en carreras por las alcantarillas... todo ello aderezado con las peripecias eróticas de dos de los principales protagonistas, el presidente Companys y Miquel Badía, Capità Collons para los amigos, que compartían los favores de una bella camarada casada con un pobre infeliz, favores que acabarían provocando la probable participación de Companys en el asesinato de Badía a su regreso del exilio tras el indulto de febrero de 1936.

En 1934 no le faltó nada a la farsa. ¿Llegará en 2016 el turno de la tragedia? Porque los problemas que acabaron desatando la rebelión separatista de 1934 volvemos a encontrarlos hoy repetidos y aumentados. Companys y compañía, ni en el más loco de sus sueños, jamás habrían podido imaginar el predominio ideológico conseguido por sus sucesores tras cuatro décadas de utilización totalitaria de los instrumentos de autogobierno puestos en sus manos por el orden constitucional español. Por otro lado, la desaparición del Estado a causa de la delictiva vulneración del ordenamiento jurídico por parte de un gobierno tras otro no parece que tenga fácil remedio. Finalmente, unas izquierdas crecientemente inclinadas a no oponerse e incluso a apoyar los postulados separatistas complementan la grave amenaza que se cierne sobre el régimen de 1978 en ésta su fase terminal.

Dada la intensa aceleración de los acontecimientos políticos, no tardaremos en conocer el final de la historia.

INTRODUCCIÓNEL AUTOR Y SU TIEMPO

Enrique de Angulo Gatto-Durán, que ése era su nombre completo, nació en Madrid (18-XI-1895) y murió en esta misma ciudad (23-XI-1975) de manera trágica. Su biografía podría servir de argumento para una película de horror. De haber sabido cantar habría formado un buen dúo con Imperio Argentina, entonando, quiero recordar que en la película Morena Clara, aquello de:

El día que nací yo,

qué planeta reinaría,

por donde quiera que voy,

qué mala estrella me guía.

Era el penúltimo de los catorce hijos del matrimonio de don Carlos de Angulo, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con doña Mariana Gatto-Durán. Nombrado su padre ingeniero jefe o director de la Junta de Obras del Puerto de Barcelona, se trasladó, con la familia, a la Ciudad Condal. Debía de tener entonces unos siete años de edad.

Sus padres lo internaron en el colegio de los jesuitas de Sarriá, por cuya orden sintió siempre un afecto especial. En aquella época, y aún muchos años después, las familias con algunas posibilidades solían internar a sus vástagos en colegios de cierto prestigio, mayormente religiosos, para que hicieran de ellos «personas de provecho». Pero la bonanza no duró mucho. Algún tiempo después, que no pudo ser muy posterior, pues Enrique sólo recordaba a su padre de una manera vaga e imprecisa, el ingeniero de Caminos era asesinado en el despacho de su propio domicilio por un pistolero que no pudo escapar. Rodeado por la policía y viéndose perdido, se suicidó con la misma pistola que había matado a su víctima.

¿Crimen «social»?; ¿oscura venganza por contratas de obras?; ¿acto aislado de un delincuente común? Personalmente me inclino por el primer supuesto, ya que a principios del siglo XX empezaba a tomar fuerza la actividad violenta del anarquismo internacional, con su fórmula de «acción directa» contra las «clases dominantes y explotadoras». Además, la decisión del asesino de suicidarse encajaba bastante bien con la locura ideológica de aquellos redentores (mitad verdugos, mitad mártires) del proletariado. De esa manera murió Miguel Pardiñas, el 12 de noviembre de 1912, tras asesinar al presidente del Consejo de Ministros, don José Canalejas, mientras miraba, sin escolta de ninguna clase, el escaparate de una librería en la Puerta del Sol madrileña. También se suicidó Mateo Morral, alumno y seguidor de la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia de Barcelona, autor del atentado de la calle Mayor de Madrid contra Alfonso XIII y su comitiva nupcial el 31 de mayo de 1906.

La numerosísima familia de don Carlos de Angulo no debió de quedar, económicamente, mal del todo, una vez muerto éste. Bien porque tuvieran ciertos recursos patrimoniales, bien porque la Junta de Obras del Puerto hubiese suscrito algún seguro de vida a su favor. El caso fue que Enrique pudo continuar en el colegio de los jesuitas de Sarriá, muy probablemente hasta que concluyó el bachillerato. Por otro lado, su hermano Juan, que residió en Valencia, terminó los estudios de ingeniero de Caminos, y su hermana Enriqueta casó con el ingeniero industrial de Bilbao, Luis Polo Polanco, indicio de las relaciones de buen nivel profesional de los Angulo. Tres hermanas más se hicieron religiosas, hecho muy habitual en las familias numerosas y católicas de la época. Una residió en París, otra en San Sebastián y la tercera en Salamanca.

Tras la muerte del padre, doña Mariana, con los hijos que le restaran en casa, se trasladó de nuevo a Madrid, en cuya Universidad Central Enrique cursó Leyes. El título de licenciado en Derecho le fue expedido el 17 de octubre de 1918, cuando iba a cumplir 23 años. En esa época perteneció a la Juventud Maurista, junto a Luis de Galinsoga, entre otros, periodista de gran notoriedad durante el franquismo y a quien volveremos a encontrar más adelante. Desde ese año hasta la llegada de la República en 1931 he podido averiguar muy poco. Los papeles personales no hacen referencia a este tiempo. Sólo que se casó con doña Felisa Zapatero Espada, también de Madrid, el 16 de junio de 1924 en la parroquia de Santa Bárbara, con 28 años de edad.

Como su padre, tuvo también muchos hijos: diez en total. La menor de ellos, Paz, nacida en 1945, es la que me ha permitido bucear en viejos papeles familiares para componer, en buena parte, estos apuntes biográficos.

Enrique de Angulo, pese a su título de abogado, no demostró ninguna inclinación por la toga. Lo suyo era, al parecer, la debilidad o la perversidad de la pluma. Debió de entrar en la redacción de El Debate allá por los años veinte, aunque no tengo ningún dato que lo corrobore. También le supongo adscrito a la A. C. N. de P. (Asociación Católica Nacional de Propagandistas, hoy sin la N. de «nacional», por razones obvias...), fundada por Ángel Herrera Oria —lo mismo que dicho periódico— en compañía del padre Ayala, S.J. Fuese o no propagandista, Enrique de Angulo se consideró siempre «periodista católico».

A juzgar por el lugar y las fechas del nacimiento de sus cinco primeros hijos (Felisa, Ana María, Carmina, Enrique y María Teresa) pasó todos esos años en Madrid. Toda España vivía la placidez ilusoria de aquella dictadura de Primo de Rivera, entre paternalista y un tanto folklórica. El empresariado catalán, acosado por el terrorismo anarquista, estuvo detrás del golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923. A su vez, los políticos de la Restauración habían agotado todas sus posibilidades de gobierno, dando lugar a un proceso acelerado de descomposición nacional. Eran muchos los que reclamaban una «mano fuerte» que enderezase el rumbo del país. El pronunciamiento del marqués de Estella, al más puro estilo de los espadones decimonónicos, a pesar de su evidente ilegalidad, fue recibido con gran satisfacción por la mayoría de los españoles. Cierto que prohibió todos los partidos políticos y numerosas expresiones ciudadanas, pero su principal enemigo fue siempre el anarquismo —el mismo enemigo de la burguesía catalana—, al que persiguió con dureza y sin cuartel. En cambio, el sindicato socialista UGT gozó de mucha tolerancia y sustanciosos beneficios. Largo Caballero fue nombrado consejero de Estado por el dictador, y los gremios socialistas recibieron cuantiosas ayudas oficiales para la construcción de numerosas colonias de chalecitos adosados en muchas ciudades y pueblos de España.

Pero si la Dictadura llegó por un golpe de Estado, la proclamación de la República el 14 de abril no fue mucho más legítima. Las elecciones municipales de dos días antes no eran, en modo alguno, un plebiscito, pero el comité revolucionario republicano-socialista-catalanista del Pacto de San Sebastián, suscrito el 17 de agosto de 1930, las convirtieron en una palanca para el asalto al poder, fueran cuales fuesen los resultados electorales. Cierto que los candidatos del pacto ganaron las votaciones en muchas capitales y grandes ciudades y, en algunos lugares, como Madrid, con bastante holgura, pero en el conjunto de España vencieron sin discusión las candidaturas monárquicas.

Según los datos aportados por los historiadores, la primera vuelta de dichas elecciones celebradas el 5 de abril se cerró con los siguientes resultados: 14.018 concejales monárquicos y 1.834 republicanos. Después de esta primera jornada, sólo dos pueblos, uno en Granada y otro en Valencia, pasaron a control republicano. El 12 del mismo mes tuvo efecto la segunda vuelta, con un escrutinio no muy diferente al anterior: 22.150 concejales monárquicos y 5.775 republicanos. Pero daba igual. La decisión de alzarse con el poder estaba ya tomada, y puesto que podían conseguirlo, dado el abatimiento claudicante de los prohombres de la Monarquía, no iban a detenerse en formalismos legalistas. Si ello suponía un fraude de ley y una vulneración manifiesta de la voluntad popular, importaba poco. Lo realmente importante era hacerse con el poder. Sin necesidad de capitanes de Jaca ni amagos levantiscos como el registrado en el aeródromo de Cuatro Vientos; es decir, sin disparar un tiro, igual que Primo de Rivera. Ese espíritu golpista que, en efecto, venía de atrás, lo hicieron totalmente suyo los nuevos demócratas. Era el presagio de lo que podía esperarse de la flamante República.

Nuestro hombre vivió la llegada de la República en Madrid, imagino que con la desazón propia de una persona de sentimientos monárquicos. Sin embargo, no mucho tiempo después ya se encontraba en Barcelona, donde le nació en junio de 1932 su sexto hijo, una niña a la que pusieron de nombre Mercedes (Memé para los suyos) en honor a la patrona de la Ciudad Condal. Se trasladó allí con toda la familia para ejercer de cronista-corresponsal de El Debate.

Llegaron las elecciones de 1933 (13 de noviembre en primera vuelta y 3 de diciembre en segunda), en las cuales, el centro y las derechas arrollaron a socialistas y republicanos, excepto en Madrid. Los resultados totales fueron: 5.191.881 papeletas para los primeros, y 2.820.139 para los segundos. En Madrid, en cambio, ganaron las izquierdas con 177.331 votos frente a 171.757 del centro-derecha. Estos resultados dieron la siguiente composición del Parlamento: CEDA, 115 escaños; radicales de Lerroux, 102; socialistas, 60; agrarios, 36; Lliga catalana, 26; tradicionalistas, 20; republicanos conservadores, 18; independientes, 18; Esquerra Republicana, 18; Renovación Española, 15; PNV, 12; liberales demócratas, 9; ORGA (regionalistas gallegos), 6; Acción Republicana, 5; progresistas, 3; radicales socialistas independientes, 3; Unión Socialista Catalana, 3, y radicales socialistas, federalistas y nacionalistas españoles, 1 cada uno. En total 472 diputados. Por consiguiente, CEDA y el partido Radical sumaban en conjunto, 217, y con los agrarios, 253, mayoría más que sobrada en una cámara de 473 escaños.

En una democracia seria y respetuosa de sí misma, lo propio, lo constitucional, lo justo, hubiera sido encargar al partido más votado la formación de gobierno y, en caso de no lograr los apoyos parlamentarios imprescindibles, acudir al segundo, y así sucesivamente. Pero apenas conocido el escrutinio, el griterío izquierdista atronaba el país: ¡que vienen los «fascistas» de la CEDA! ¿Acaso no era la minoría mayoritaria? Qué más daba. ¿Acaso no era el partido más votado? Qué importaba. Los demócratas de toda la vida eran así. Han sido y serán siempre así.

Alcalá Zamora, el presidente de la República, se achantó, como tenía por norma ante las presiones y desmanes de la izquierda. Consultado en primer término Gil-Robles, como era preceptivo, encargó formar gobierno a Lerroux, jefe del partido Radical, al que la CEDA apoyaría desde fuera. Todos los nuevos ministros fueron radicales —y en general masones—, excepto Álvarez Valdés, liberal-demócrata, encargado de Justicia, y Cid, agrario, de Comunicaciones. Alcalá Zamora salvaba la cara ante los cofrades del Pacto de San Sebastián, porque Lerroux era uno de los firmantes, pero a costa de vulnerar las reglas más elementales de una verdadera democracia y gracias a la generosidad de Gil-Robles, que no quiso exigir lo que las urnas le habían dado. De momento, el golpe definitivo a la otra España que buscaban los amos del cortijo republicano se contenía, pero no se superaba; simplemente se aplazaba.

Don Niceto, al que los socialistas llamaban el Botas, porque siempre calzaba botines acharolados, no hacía mucho por encauzar la situación de acuerdo con la voluntad popular y dignificar la República que presidía. Más bien circulaba en dirección contraria. Encarnaba en cierto modo el negativo de la foto fija de aquel estado de cosas, cuyo positivo lo representaba don Alejandro Lerroux, éste, sí, republicano de siempre, que no tenía necesidad de hacer méritos en la nueva situación, como debía hacerlos el antiguo monárquico de Priego. Tan republicano era Lerroux que fue el inventor de la bandera tricolor, cuya raya morada quería simbolizar a los Comuneros de Castilla, a los que tenía por héroes populares resistentes al despotismo real. Habría que añadir, no obstante, que don Alejandro quizás no entendía mucho de gamas cromáticas, o en todo caso era daltónico, porque el pendón de Castilla y supuestamente de los comuneros no fue nunca morado, sino rojo vino, rojo burdeos. Pero mientras unos iban a peor en su recién estrenado republicanismo, Lerroux venía a ser el paradigma del político que evolucionaba a mejor, cada vez a mejor, por puro amor a España. Masón, como la gran mayoría de los dirigentes radicales y como era obligado en el republicanismo izquierdizante de la época, pasó de las soflamas extremosas como Emperador del Paralelo de Barcelona («hay que hacer de las monjas, madres», decía) a ser el principal valladar que impedía, desde dentro del sistema, el despeñamiento de la nación. Las izquierdas autoritarias, muchos de cuyos integrantes eran «hermanos» de don Alejandro, y las izquierdas totalitarias, especialmente bolcheviques, lo sabían perfectamente, de modo que había que buscar la fórmula para destruirle a fin de alcanzar sus objetivos maximalistas.

Lerroux, sin embargo, no se dejó intimidar por las amenazas apocalípticas de las izquierdas, aunque sabía que no jugaban de farol. En realidad lo sabía todo el mundo. Podía leerse a diario en la prensa adicta, oírlo en el Parlamento y observarlo en los preparativos revolucionarios que se hacían casi a plena luz del día.

El día 3 de octubre de 1934 Lerroux presentaba un nuevo gabinete al Parlamento, que lo aprobó por holgada mayoría, en el que incluía ex novo a tres ministros de la CEDA que ocuparían las carteras de Justicia, Agricultura y Trabajo. Sin embargo, sólo tres días después estallaba, en numerosos puntos de España, la tantas veces anunciada revolución, que alcanzó su máxima expresión violenta y desintegradora en dos puntos: Asturias y Cataluña. El presente libro narra, con todo detalle y precisión, los trágicos momentos que se registraron en Barcelona y en otras ciudades de Cataluña la noche-madrugada del 6 al 7 de octubre de aquel año, vividos por Enrique de Angulo en las propias trincheras del «teatro de operaciones», como se diría en lenguaje castrense, a fin de transmitirlo de forma directa a los lectores de El Debate.

No voy a detenerme ahora en glosar el contenido del libro, que sería tanto como suplantar al autor, pero sí quiero llamar la atención sobre algunos detalles que estimo ilustrativos. Por ejemplo, el libro fue publicado en el mismo año de 1934, lo que indica que se trata de un reportaje de urgencia que sólo podía escribir, de manera tan minuciosa, un testigo ocular directísimo de tales acontecimientos. En segundo término advertimos que el libro no se editó en Barcelona, el lugar de los hechos. ¿No se atrevió ningún editor barcelonés a ello? Tampoco se publicó en Madrid, donde podría haber tenido buena acogida, pero entonces había poca actividad editorial en la capital de España. Asimismo no lo hizo la propia empresa para la que trabajaba. ¿Motivos de unos y otros para eludir lo que podía ser un buen negocio? Lo ignoro. Incluso ignoro si llegó a plantear la publicación del libro a algún editor de Barcelona o Madrid. Ni en el prólogo ni en sus papeles he encontrado alguna referencia sobre el particular. En cambio sí se editó en Valencia, a cargo de la Librería Fenollera, de la calle del Mar, 17, sin duda una pequeña empresa que publicaría algún libro de vez en cuando. De todas formas no deja de ser un tanto extraño que el libro viera la luz a orillas del Turia, porque no me consta que Enrique de Angulo tuviera muchas amistades en la capital valenciana. Ello me hace sospechar que un tercero —¿su hermano Juan?— le gestionó la publicación en la casa Fenollera, pero en términos de tirada reducida, lo que hace que el libro, a pesar de su enorme valor documental, tuviera entonces poca difusión y ahora resulte totalmente inédito.

El reportaje cobra en estos momentos una gran actualidad, ya que demuestra que las tensiones centrífugas que se plantean ahora desde Cataluña al resto de España son las mismas, exactamente las mismas y a veces con las mismas palabras, que estuvieron en el origen y desarrollo de la rebelión separatista de octubre de 1934. Si ahora se pide una Cataluña independiente en el contexto de un «Estado federal (o confederal) español», entonces Companys proclamó, desde el balcón principal de la Generalidad, el «Estat Catalá dentro de la República Federal Española». ¿Hay alguna diferencia entre ambas exigencias? Una sola: en 1934, la coalición esquerrista-socialista-comunista —la misma del tripartito actual— se echó a la calle (los cenetistas permanecieron quietos), y hoy concentran todos sus esfuerzos en presionar, hasta el agobio, a un Gobierno nacional que saben débil y claudicante, si no es que el propio presidente del Gobierno toma la iniciativa para satisfacer a los separatistas, y que además ignora la naturaleza del llamado «problema catalán». Tampoco lo entendió Primo de Rivera, ni Franco, ni otros. Angulo, en cambio, no andaba desencaminado al plantear, entonces, el tema de la autonomía municipal y las mancomunidades comarcales. En último término el «problema catalán» no es propiamente un problema de toda Cataluña, sino una consecuencia del centralismo aplastante de Barcelona. Pero tampoco de los barceloneses en general, sino de la clase dirigente enquistada en los centros de poder de la capital del condado.

Esta clase, superpuesta a toda la población, y que por ello mismo podríamos calificar de casta oligárquica o dominante, no está formada por un cuerpo único monolítico, sino que al modo de los antiguos estamentos medievales, podemos distinguir en ella al menos tres capas o estratos. El de más arriba, por su posición económica, lo integra el gran empresariado financiero, industrial y comercial agazapado en la patronal Fomento del Trabajo Nacional, con un poder mucho mayor del que deja traslucir. Su poderío no ha decaído nunca, en ninguna situación, por muy adversa que a Cataluña pudiera parecer, salvo el paréntesis muy extremo de la guerra civil.

En un segundo escalón hallaríamos a la burguesía de clase media, más bien tirando a media-baja, funcionarial, docente, urbanita, jacobina (en la que abundan los charnegos precisados de hacerse perdonar su origen ante quienes dan y quitan canonjías), dada a la extremosidad y a las expresiones rotundas. Anidan, principalmente, en las numerosas logias de las distintas obediencias que existen en Barcelona, cuya casa madre tiene su domicilio en la Gran Vía de las Cortes Catalanas, 617. La sede histórica de la calle Aviñó, 27, que cita Enrique de Angulo, donde estuvo ubicada la Gran Logia Regional del Nordeste de España, dependiente del Grande Oriente Español, madriguera de los insurrectos de octubre de 1934, la ocupa ahora la Gran Logia Simbólica Española (Gran Oriente Español Unificado), masonería «irregular, adogmática y mixta».

En un tercer grupo encontraríamos al nacionalismo clerical que germina en las sacristías —es un decir—, pero con seguridad en muchas asociaciones católicas de Cataluña. Es una versión a escala menor del denostado nacional-catolicismo, a mi juicio dudosamente ortodoxo, antes franquista y ahora independentista.

Los intereses que se concentran en Barcelona han gozado desde antiguo de unos privilegios que no han tenido las demás regiones españolas, como si volviéramos a los tiempos mercantilistas del privilegio de ciertos puertos —Sevilla, Cádiz, etc.— exclusivistas del comercio con las Indias Occidentales u Orientales. Para demostrarlo no voy a remontarme a la permanente guerra de los aranceles de la segunda mitad del siglo XIX, que terminó con la victoria, obvia, de los industriales textiles de Barcelona, quienes lograron imponer las barreras proteccionistas de 1891 y 1906. Tal muralla, que permitía el afianzamiento de un mercado interior cautivo, hizo más que ricas a las grandes familias patricias barcelonesas: Güell, Muntadas, Batlló, Fabra, Serra, Sert, Valls, Milá, Mateu, etc. Hablaré de tiempos mucho más recientes y, según los catalanistas, terriblemente opresores.

La única región española, mejor dicho, la única ciudad española que ha gozado de la prerrogativa de tener un ministro exclusivo para velar por sus intereses locales ha sido Barcelona, en la persona de don Pedro Gual Villalbí, director, hasta su nombramiento como ministro franquista, de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de la Ciudad Condal.

Gual Villalbí, el defensor del «proteccionismo sano», siempre que beneficiara a su tierra naturalmente, había nacido en Tarragona en 1885, pero desde los tiempos de estudiante de Comercio —ahora Empresariales— vivió siempre en Barcelona, donde desarrolló toda su carrera profesional, empresarial y docente. En el gabinete del 25 de febrero de 1957 Franco lo nombró ministro sin cartera y, de hecho, sin contenido. Para vestir un poco el santo le fue añadida la presidencia del Consejo Económico Nacional, uno de esos organismos asesores cuyos dictámenes raramente aprovechan para algo, pero que sirven de refugio a los elefantes sagrados. Con esa presidencia podía tener despacho en Madrid, aunque siguió viviendo en Barcelona, y ayudar a López Rodó en el diseño, primero, del Plan de Estabilización de 1957, y los posteriores planes de Desarrollo. Esto era la teoría, que no digo yo que dejara de cumplir, pero suponía poca sustancia para sentarse todas las semanas de oyente en el Consejo de Ministros. Don Pedro se mantuvo en el cargo hasta el 7 de julio de 1965, en cuyo ministerio sin cartera le sustituyó el también barcelonés Laureano López Rodó, mano derecha del todopoderoso almirante Carrero Blanco, que asumió la gran tarea de los planes de Desarrollo.

Uno de los polos de Desarrollo fue asignado a Tarragona, por casualidad patria chica de Gual Villalbí. La antigua y esplendorosa Tarraco sufría un muy largo proceso de decadencia, y a fin de atajarlo y relanzar su economía, el Gobierno, es decir, López Rodó, decidió instalar en ella un gran complejo petroquímico, parejo al de Huelva. Pero he aquí que los grandes empresarios barceloneses se quejaron, ¿a quién?, que habían dado todo el pastel a Tarragona y a ellos no les había tocado nada. Para «compensarles» se les concedió la nadería de la explotación del gas natural en toda España, a la sazón en régimen de monopolio. Se lo quitaban a Campsa y se lo cedían a unos particulares, pero no a unos particulares cualesquiera, sino a unos particulares de Barcelona. Franco seguía oprimiendo a los catalanes. Y no hablamos de la SEAT, de la Zona Franca del puerto de Barcelona y de otras menudencias similares.

Cierto que se prohibió el uso de la lengua autóctona en instituciones y organismos públicos, pero... no en todos. En la presidencia del Gobierno, por ejemplo, donde tenía el despacho López Rodó, yo presencié, a principios de los años setenta, conversaciones y reuniones en catalán con el entonces alcalde de Barcelona, José María Porcioles, y sus acompañantes, y no metieron a ninguno de ellos en la cárcel. Por cierto, a Porcioles lo veía de vez en cuando por allí, pero nunca detecté la presencia del alcalde de Madrid ni el de ninguna otra capital de España. A lo mejor sucedía que cuando yo iba a recabar información para la agencia Efe, donde trabajaba, era la hora de las visitas barcelonesas.

Como he apuntado antes, el problema no viene de Cataluña en su conjunto, sino del pulpo barceloní. Las clases dominantes capitalinas sueñan con hacer de Barcelona una nueva Roma mediterránea, una ciudad imperio, un imperio sobre els Països Catalans. ¿Qué dominios o colonias integrarían este imperio? En primer término los viejos condados catalanes, ya absorbidos por el condado de Barcelona. Seguidamente el antiguo reino de Mallorca (les Illes), más el reino de Valencia, más el Rosellón, más la Provenza, más la franja ribereña del Noguera Ribagorzana que pertenece a Huesca, más... ¿también Cerdeña?, ¿también Sicilia?, ¿también Nápoles?, ¿también los ducados de Atenas y Neopatria?, ¿también el Asia Menor? Nunca hay que olvidar que todo nacionalismo exacerbado es, por su misma naturaleza, expansivo, absorbente, voraz, agresivo, belicoso..., o sea, imperialista, y todo imperio acaba chocando y guerreando con sus vecinos, a los que pretende colonizar y dominar. Ahí tenemos el imperio barceloní. Que se lo pregunten, si no, a los valencianos, o a los navarros respecto a los separatistas vascos.

En la revolución de octubre de 1934 podemos distinguir, siguiendo el texto de Angulo, tres factores desencadenantes: el territorial, el social y el ideológico.

El territorial viene representado por la pretensión del pulpo barcelonés de constituirse en nación aparte pero sin perder el apetitoso y cautivo mercado español. Es decir, sí pero no, según cómo. Es un problema para España, que sigue igual desde hace un siglo o más, con las mismas demandas barcelonesas, los mismos argumentos, los mismos grupos políticos, los mismos intereses y hasta los mismos personajes aunque lleven nombres distintos. Un problema irresuelto e irresoluble mientras no se inyecten dosis masivas de antibióticos contra los focos infecciosos barceloneses que contagian a toda la sociedad catalana. ¿Y qué clase de antibiótico puede ser ése? La penicilina de la libertad: libertad de lenguas, libertad de enseñanza, libertad política, libertad de prensa y libertad televisiva. Mientras Cataluña no sea liberada de la dictadura cultural y política que padece desde décadas no será realmente libre ni soberana, la soberanía de los espíritus, de las personas. Pero una dictadura no puede curarse con otra dictadura. Ése fue el gran error de Primo de Rivera, y de Franco, al margen de la valoración general que pueda hacerse de sus respectivos regímenes. Una dictadura como la que ha impuesto el nacionalismo secesionista sobre un pueblo cohibido y presionado sólo puede vencerse con grandes dosis de libertad. La libertad, a la larga, lo cura todo. Bien entendido, la libertad responsable, esto es, el sistema de libertades en el que todo el mundo tiene que responder ante los demás de lo que hace y dice, no como ocurría en la República, que los sectores golpistas, sediciosos y revolucionarios, al final apenas respondían de nada. Por eso se reponían rápidamente de sus fracasos y proseguían en seguida sus maquinaciones. Así acabó la cosa.

El factor o problema social venía determinado por la pobreza y las abultadas cifras del paro, en buena medida provocadas por los efectos retardados de la Gran Depresión del año 1929. Ya entonces, eso de la globalización, para bien y para mal, no había quién lo parase. Muchísimo menos ahora con Internet funcionando a toda presión.

Las cifras oficiales registraban en mayo de 1934 un paro de 703.816 personas, o sea, el doce por ciento aproximadamente de una población activa que podríamos estimar en unos seis millones escasos de operarios. Un desempleo bastante elevado, con el agravante de que buena parte de los puestos de trabajo eran precarios o temporeros. Además, el mercado laboral empeoraba: en un año el paro había aumentado en 158.977 desempleados más. La situación social era, por tanto, grave, y en consecuencia campo abonado para las soflamas demagógicas. Ahora bien, la pobreza nunca se ha superado con mítines ni mucho menos con revoluciones. En todo caso, la insurrección catalana no fue obra de trabajadores en paro, ya que la CNT, sindicato ampliamente mayoritario, prefirió ver los toros desde la barrera, sino que la planificaron, organizaron y ejecutaron la propias autoridades autonómicas —de acuerdo con Azaña y los socialistas— a cuyas órdenes actuaron las milicias (los escamots) de Esquerra Republicana y las fuerzas de seguridad dependientes de la Generalidad. En Asturias, en cambio, el protagonismo de la rebelión corrió a cargo de los mineros principalmente, que tenían trabajo estable. O sea, que tampoco aquí los parados tuvieron participación decisiva alguna.

Por lo que al factor ideológico se refiere, no es exagerado decir que la masonería por un lado, y el bolchevismo de Largo y sus seguidores por otro, hicieron aquel Régimen inviable. No concebían una República que no estuviera totalmente en sus manos. La República tenía que ser exclusivamente para los republicanos, pero no para todos los republicanos, sino únicamente para los que Azaña, Prieto, Esquerra y las logias legitimaran. Por supuesto, Lerroux, el más antiguo de todos los republicanos, a pesar de ser o haber sido masón —según relata en sus memorias—, no era en cambio lo suficiente sectario y jacobino para ser admitido en el club de los legitimistas. De tales republicanos dijo don Alejandro en un mitin en la plaza de toros de Zaragoza (10 de julio de 1932) que «en vez de gobernar para todos los españoles, gobernaban sólo para una clientela». Unos republicanos que en lugar de atraer y asimilar a los reticentes, como en cierto modo intentó la CEDA, pusieron todo su empeño en enfrentar a las dos Españas, para aplastar a los adversarios y alzarse con el santo y la limosna del poder a perpetuidad. Por ese camino la guerra civil estaba servida.

Vicente Alejandro Guillamón

Madrid, octubre de 2005