Documentar la atrocidad E-Book

Oriana Bernasconi

• Herausgeber: Ediciones Universidad Alberto Hurtado
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 471

Veröffentlichungsjahr: 2020

Beschreibung

Una contribución única a las discusiones sobre la resistencia. Este volumen es un testimonio del dedicado trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la asistencia de víctimas y sobrevivientes de la violencia estatal bajo la dictadura de Pinochet. Detalla el legado de un cuidadoso trabajo de acción y documentación que ha brindado las condiciones de posibilidad para los juicios y, en general, para nuestra comprensión más precisa de aquel período.

Leseprobe

Documentar la atrocidad

Resistir el terrorismo de Estado

© Oriana Bernasconi

Editora

Ediciones Universidad Alberto Hurtado

Alameda 1869 - Santiago de Chile

[email protected] – 56-228897726

www.uahurtado.cl

Primera edición en inglés con el título: Resistance to Political Violence in Latin America; Documenting Atrocity, edited by Oriana Bernasconi Ramírez

Copyright © bajo la exclusiva licencia de Springer Nature Switzerland AG, 2019.

Esta edición ha sido traducida y publicada bajo licencia de Springer Nature Switzerland AG, quien no se responsabiliza ni se hace responsable de la exactitud de la traducción.

Primera edición diciembre 2020

Los libros de Ediciones UAH poseen tres instancias de evaluación: comité científico de la colección, comité editorial multidisciplinario y sistema de referato ciego. Este libro fue sometido a las tres instancias de evaluación.

ISBN libro impreso: 978-956-357-260-5

ISBN libro digital: 978-956-357-261-2

Coordinador colección Historia

Daniel Palma Alvarado

Dirección editorial

Alejandra Stevenson Valdés

Editora ejecutiva

Beatriz García-Huidobro

Diseño de la colección y portada

Francisca Toral

Diseño interior

Gloria Barrios A.

Imagen de portada: La Sábana, de Nicolás Franco (2017). Obra de arte comisionada por el proyecto “Tecnologías políticas de la memoria”, UAH. Se agradece al artista.

Con las debidas licencias. Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos.

Diagramación digital: ebooks Patagonia

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Índice

Lista de nombres

Lista de figuras

Agradecimientos

Capítulo IIntroducción. Una respuesta civil al terrorismo de Estado Oriana Bernasconi

Capítulo IITecnologías políticas de registro y denuncia de la violencia de Estado Oriana Bernasconi

Capítulo III¿Cómo sostener una organización de derechos humanos bajo violencia de Estado?Oriana Bernasconi, Manuel Gárate, Rodrigo Suárez y Daniela Mansilla

Capítulo IVProfesiones y perfiles: comunidades epistémicas y el registro de las violaciones a los derechos humanos María Soledad Del Villar, Boris Hau, María Teresa Johansson y Manuel Guerrero

Capítulo VVisibilizar la violencia de Estado: documentar, investigar y denunciar violaciones a los derechos humanos en dictadura Oriana Bernasconi y Elizabeth Lira

Capítulo VIRepertorio de la violencia de Estado: nombrar, definir y clasificar Oriana Bernasconi, Loreto López y Marcela Ruiz

Capítulo VIIRegistro y documentación de la violencia de Estado como evidencia judicial en juicios de derechos humanos Boris Hau, Francesca Lessa y Hugo Rojas

Capítulo VIIIConclusión. Documentar el terrorismo de Estado como resistencia Oriana Bernasconi

Capítulo IXEpílogo Elizabeth Lira

Centros de detención mencionados

Lista de extrabajadores y extrabajadoras del Comité Pro Paz y de la Vicaría de la Solidaridad entrevistados(as) y citados(as)

Sobre las autoras y los autores

Lista de nombres

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD)

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur)

Central Nacional de Informaciones (CNI)

Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (Cintras)

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR) o Comisión Rettig

Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (CNPPT) o Comisión Valech

Comisión Presidencial Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura

Comité de Cooperación para la Paz en Chile (Copachi) o Comité Pro Paz

Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu)

Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)

Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA)

Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)

Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR)

Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic)

Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (Funvisol)

Fundación para la Protección de la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (Pidee)

Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS)

Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH)

Partido Comunista (PC)

Partido Demócrata Cristiano (PDC)

Partido Socialista (PS)

Servicio Médico Legal (SML)

Sub Archivo de Desaparecidos (SAD), archivo Funvisol

Sub Archivo de Ejecutados (SAE), archivo Funvisol

Taller de Artes Visuales (TAV)

Lista de figuras

Figura 1.

La Sábana, Nicolás Franco (2017). Obra de arte comisionada por el proyecto “Tecnologías Políticas de la Memoria”, Universidad Alberto Hurtado.

Figura 3.1

Diario El Mercurio. 5 y 10 de noviembre de 1973. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Figura 3.2

Extracto “Informe Scherer. Desarrollo de las acciones del gobierno militar en contra de los disidentes políticos. Documento N° 0082300”, Comité de Cooperación para la Paz en Chile, abril de 1974, p. 2. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Figura 3.3

Portada “Chile país de hermanos. La Reconciliación en Chile” y fotografía interna que acompaña al texto. Obispos de Chile. Declaración. 24 de abril de 1974, pp. 1 y 5. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Figura 3.4

Diario La Segunda. 16 y 18 de mayo de 1974. Fuente: Biblioteca Nacional de Chile.

Figura 3.5

Diario El Cronista. 1° de julio de 1978. Fuente: Biblioteca Nacional de Chile.

Figura 4.1

Familiares de detenidos desaparecidos buscando asistencia en la Vicaría de la Solidaridad. s/f. Fuente: Archivo fotográfico, Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Figura 4.2

Recepción, Departamento de Apoyo, Vicaría de la Solidaridad. Marzo de 1981. Fuente: Archivo fotográfico, Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. Crédito: Helen Hughes.

Figura 4.3

Abogado Andrés Cifuentes entrevistando a personas afectadas, Vicaría de la Solidaridad (entre 1975-1979). Fuente: Archivo fotográfico, Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Figura 5.1

Carpeta de atención creada por el Comité de Cooperación para la Paz en Chile. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Figura 5.2

Ficha de Ingreso Penal, usada entre 1976 y 1990 por la Vicaría de la Solidaridad. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Figura 5.3

Lista de situaciones represivas de dirigentes sindicales. Izquierda: situación criminal registrada en el Comité de Cooperación para la Paz en Chile entre octubre de 1973 y octubre de 1974. Derecha: lista difundida por la Confederación Internacional de Sindicatos, 31 de enero de 1975. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Figura 5.4

Extracto de la descripción de un patrón incluido en Informe Mensual de la Vicaría de la Solidaridad, noviembre de 1976. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Figura 5.5

Fotografía de Alejandro Parada, detenido desaparecido en 1974. A la izquierda: fotografía de la familia. Fuente: Archivo histórico, Museo de Arte Contemporáneo, Universidad de Chile. Al centro: artistas Hernán Parada, Elías Adasme y Luz Donoso trabajando la fotografía de Alejandro Parada como detenido desaparecido. Fuente: Archivo histórico, Museo de Arte Contemporáneo, Universidad de Chile. A la derecha: reproducción de fotografía de Alejandro Parada en el libro ¿Dónde Están? (Vicaría de la Solidaridad, vol. 3, 1978, p. 543).

Figura 5.6

Departamento de Documentación, Vicaría de la Solidaridad, 23 de marzo de 1979. Fuente: Archivo fotográfico, Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. Crédito: Helen Hughes.

Figura 5.7

Copia facsimilar de una “sábana”, Departamento Legal, Vicaría de la Solidaridad, 1976. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Tabla 6.1

Tabla estadística del “Informe del segundo trimestre de 1975” (p. 63). Comité de Cooperación para la Paz en Chile. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Figura 6.2

Informe Mensual de la Vicaría de la Solidaridad, agosto de 1976. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Figura 6.3

Extracto del caso del detenido desaparecido Abraham López Pinto, en el libro ¿Dónde Están? (Vicaría de la Solidaridad, vol. 7, 1978, pp. 1582-1583). Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Figura 7.1

Oficio del ministro Alejandro Solís a Funvisol y memorándum de respuesta, caso Muriel Dockendorff, 2014. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Figura 7.2

Documento de la Vicaría de la Solidaridad citado en la sentencia del Tribunal Federal N° 1 de Buenos Aires, Argentina, mayo de 2016 (pp. 1925-1926). Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Figura 7.3

Documento de la Vicaría de la Solidaridad citado en la sentencia del Tribunal Federal N° 1 de Buenos Aires, Argentina, mayo de 2016 (p. 2039). Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Figura 7.4

Carta anónima enviada al vicario Cristián Precht de la Vicaría de la Solidaridad, fechada en Mendoza el 10 de enero de 1979 y citada en la sentencia del Tribunal Federal N° 1 de Buenos Aires, Argentina, mayo de 2016 (p. 2204). Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Tabla 7.1

Memorándums enviados por Funvisol a los jueces de instrucción de casos de violaciones a los derechos humanos (1993 - primer cuatrimestre de 2018). Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Tabla 7.2

Víctimas mencionadas en memorándums enviados por Funvisol a los jueces de instrucción de casos de violaciones a los derechos humanos (2006 - primer cuatrimestre de 2018). Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Agradecimientos

Este libro es resultado de tres años de trabajo interinstitucional, interdisciplinario y de colaboración transnacional. Ha llegado a buen término gracias a la participación de actores sociales, activistas de derechos humanos, investigadores, investigadoras, estudiantes de posgrado, entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y universidades. En nombre de los autores y autoras del libro, quisiera agradecer el patrocinio de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), del Centro Latinoamericano de la Universidad de Oxford (Reino Unido) y de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (Funvisol), así como el financiamiento conjunto del Fondo Newton y de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) del gobierno de Chile. También quisiera reconocer la colaboración constante de la Fundación para la Protección de la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (Pidee), la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH), la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Londres 38 Espacio de Memorias, todos presentes en Chile.

Las personas que participaron de entrevistas en los distintos archivos fueron fundamentales para comprender los sistemas de registro y documentación de las violaciones a los derechos humanos producidos en dictadura. Las conversaciones con extrabajadores y extrabajadoras de diversos organismos de derechos humanos nos permitieron entender la lógica de producción y ordenamiento de los archivos que estábamos estudiando, y también la relevancia que revestía recuperar la historia intelectual, política y moral de esos procesos documentales. Estas entrevistas fueron una instancia para que extrabajadores y extrabajadoras de las organizaciones de derechos humanos revisitaran, revaluaran y resignificaran su trabajo con más de 30 años de distancia. La experiencia les fue significativa, especialmente por su valor intergeneracional e interdisciplinar.

María Luisa Sepúlveda, Argentina Valenzuela, Gloria Lepe, Gloria Cruz, Victoria Baeza, Ángela Cofré, Catalina Tapia, Mario González, Roberto Garretón, Gustavo Villalobos, Mónica Silva, Álvaro Varela, Jaime Esponda, Carmen Garretón, Héctor Contreras, Gilda Gnecco, Daniela Sánchez, Eugenio Ahumada, María Paz Vergara y Ramiro Olivares participaron en las entrevistas para este proyecto, compartiendo importantes experiencias sobre su trabajo en el Comité de Cooperación para la Paz en Chile (Copachi), la Vicaría de la Solidaridad y Funvisol. Norma Muñoz y Ana María Mendioli fueron entrevistas por una de las autoras para un proyecto anterior y, para esta publicación, recuperamos sus valiosos testimonios. Viviana Díaz, líder histórica de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), que comenzó en la sede del Copachi, también fue entrevistada para este libro.

Graciela Acuña, Nancy Nicholls, Elizabeth Lira, Rosa González y Claudio González describieron su trabajo en Fasic y sus archivos. En el MMDH tuvimos la invaluable ayuda de María Luisa Ortiz, Walter Roblero, Vilma Ruiz, Rodolfo Ibarra y Juan Carlos Vega. Con Macarena Arias y Ximena Díaz analizamos el rol del registro en el Servicio Médico Legal (SML) y con Wally Kunstmann el uso del Estadio Nacional como el centro de detención, interrogatorio y tortura más grande del país durante los meses posteriores al golpe de Estado, así como su posterior recuperación como espacio de memoria. Juanita Méndez de Codepu, Juan René Maureira de Londres 38 Espacio de Memorias, y Omar Sagredo de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi compartieron sus experiencias en la creación de archivos audiovisuales testimoniales.

Un conversatorio celebrado en la Universidad Alberto Hurtado en 2016 reunió a agencias gubernamentales, como la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH); archivos universitarios (Archivo Patrimonial de la Universidad de Santiago de Chile y Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile); archivos de las organizaciones de derechos humanos que surgieron durante la dictadura (Fasic, Codepu, Funvisol y Pidee); y archivos orales de sitios de memoria de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional ex Prisioneros Políticos, Londres 38 Espacio de Memorias y Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Este conversatorio permitió discutir los archivos de derechos humanos de Chile, su preservación y acceso público, y su contribución para los procesos de verdad, justicia y reparación, el fortalecimiento de la democracia y la promoción de la educación e investigación1.

En la fase de discusión metodológica, análisis y revisión de los borradores preliminares de los capítulos de este libro intervinieron, además de los autores y las autoras, distinguidos investigadores e investigadoras, cuyas críticas y agudas reflexiones fortalecieron las versiones finales. Quisiéramos agradecer especialmente la dedicación y el compromiso con este proyecto de Leigh Payne, Anne Pérotin-Dumon, Vikki Bell, Béatrice Fraenkel, Maria Tamboukou, Fredy Mora-Gámez, Gabriel Pereira, Steven Brown, Peter Winn, David Zeitlyn y Cath Collins.

Las versiones preliminares de los capítulos de este libro se presentaron en el Reino Unido: en el Instituto de Antropología Social y Cultural, en el Saint Antony’s College y en el Latin American Centre de la Universidad de Oxford, y en el Departamento de Estudios de Gestión Crítica de la Universidad de Leicester. En Europa continental, nuestros hallazgos fueron discutidos en el Laboratorio de Escritura Antropológica de la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de Francia, en el Instituto Langage et Communication y el Centro de Investigación Valibel-Discours et Variation de la Universidad Católica de Lovaina de Bélgica, y en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo de Suecia.

También compartimos este proyecto en varios países de América Latina. En Colombia, en la Pontificia Universidad Javeriana y en la Universidad Nacional de Colombia; en Argentina, en la Universidad Nacional de Cuyo, Memoria Abierta y el Núcleo Memoria CIS-Conicet/IDES. Asimismo, participamos en las Conferencias Anuales de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, celebradas en distintos países de América. En Chile, expusimos en la Universidad de La Frontera, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Andrés Bello y en la Universidad de Valparaíso.

Los asistentes a la Conferencia Internacional “Registrando la violencia política: tecnologías, usos y efectos”, que organizamos en enero de 2018 en el MMDH, nos ayudaron a pensar el caso chileno en perspectiva comparada. Agradecemos también a todas las personas (sobrevivientes, cineastas, escritores, académicos, activistas, entre otros) que han participado desde marzo de 2016 en las más de 27 actividades de nuestro Programa Interdisciplinar de Investigación sobre Memoria y Derechos Humanos2. De todas ellas aprendimos sobre este campo de estudio y acción.

Ana María Risco y Sebastián Vidal, colegas del Departamento de Arte de la Universidad Alberto Hurtado, colaboraron con profesionalismo para hacer nuestra investigación aún más interdisciplinar. Ellos formaron parte del equipo que seleccionó al artista visual Nicolás Franco para la realización de una obra de arte que pudiera poner en valor a través de este sistema de referencia y representación la relevancia de la documentación de las violaciones a los derechos humanos para una audiencia mucho más amplia y variada que la académica. Dicha obra, La Sábana (2017) (Figura 1), ha sido exhibida en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Santiago, en la Universidad de La Frontera en Temuco, en el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia, en el Museo de Arte Moderno Chiloé, en el Espacio Confluencia en la ciudad de Mendoza, Argentina, y en el Parque Cultural de Valparaíso “Ex-cárcel”. Esperamos que La Sábana pueda viajar con este libro alrededor del mundo para acceder a otros espacios educacionales, museográficos, culturales y artísticos comprometidos con el fomento y respeto a los derechos humanos.

El cineasta Nicolás Acuña, director de la serie de televisión Los archivos del cardenal, basada en casos de los archivos de la Vicaría (2011-2014), nos ayudó a incursionar en la relación entre los sistemas de registro de la violencia política y la cultura popular. Con tremenda dedicación, cariño y respeto, Héctor Fernández y Luis Renato Hermosilla nos acompañaron con los registros fotográficos y audiovisuales del proyecto durante todo el período.

La antropóloga Daniela Mansilla y los sociólogos Rodrigo Suárez y Javiera Correa realizaron un trabajo espléndido como ayudantes de investigación y coordinadores de las múltiples actividades de este proyecto durante sus tres años de ejecución. Su profundo compromiso con cada actividad, y su fuerza y humor frente a los períodos más difíciles, fueron clave para llegar a buen término. Los tres además obtuvieron el grado de magíster con excelentes tesis relativas a los temas del proyecto, lo que nos llena de orgullo y esperanza, pues necesitamos que las generaciones venideras difundan y desarrollen nuevas líneas de indagación sobre la documentación de la violencia política desde sus respectivas coordenadas biográficas, políticas e intelectuales.

En la producción en inglés del libro, colaboraron Maxine Lowy y Cath Collins. Agradecemos sus agudas sugerencias y precisiones que persisten en esta versión.

Desde que proyectamos este libro, nos propusimos que existiera una versión en castellano de modo de participar del debate sobre resistencia, archivos y artefactos documentales en el campo de estudio de la memoria y los derechos humanos en la región Latinoamericana; contribuir a la reflexión y fortalecimiento de los procesos de registro y de conservación de material documental sobre distintas manifestaciones de la violencia política que han tenido o están teniendo lugar en nuestros territorios y, sobretodo, poner estas reflexiones a disposición de los extrabajadores y extrabajadoras del Comité pro Paz y la Vicaria de la Solidaridad, en reconocimiento por la encomiable labor que desplegaron. El dedicado trabajo de Ediciones Universidad Alberto Hurtado, representado por Beatriz García Huidobro, ha permitido cumplir con este proyecto.

Santiago. Agosto 2020.

Figura 1. La Sábana, Nicolás Franco (2017). Obra de arte comisionada por el proyecto “Tecnologías Políticas de la Memoria”, Universidad Alberto Hurtado.

1Véase https://memoriayderechoshumanosuah.org/2016/04/13/equipo-uah-organiza-conversatorio-actualidad-de-los-archivos-de-derechos-humanos-en-chile/.

2Véase https://memoriayderechoshumanosuah.org/.

CAPÍTULO I

Introducción.Una respuesta civil al terrorismo de Estado

Oriana Bernasconi

Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos raramente dejan huellas. La negación, el silencio y la impunidad suelen instalarse como sus mejores aliados. Sin embargo, lo que sucedió en Chile durante y después de la brutal dictadura liderada por el general Pinochet (1973-1990) revela una experiencia distinta. Cuando la violencia política estalló en el país, a consecuencia de la ofensiva militar contra el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) y la población civil, los ciudadanos a lo largo y ancho del territorio acudieron a sus iglesias y comunidades de fe solicitando protección. Ante esta situación, la jerarquía de la Iglesia católica junto con líderes de las Iglesias evangélica, metodista, pentecostal, presbiteriana, bautista y ortodoxa y representantes de la comunidad judía en Chile, decidieron organizarse para asistir a las víctimas de la represión y denunciar públicamente los testimonios que comenzaron a reunir como resultado de esta labor. Este esfuerzo ecuménico dio origen al Comité de Cooperación para la Paz en Chile (Copachi; en adelante, “Comité Pro Paz” o “Comité”), inaugurado el 9 de octubre de 1973, a menos de un mes del golpe de Estado. En enero de 1976, la Vicaría de la Solidaridad (en adelante, “Vicaría”) asumió el trabajo del Comité, solo días después del cierre forzado de este último a consecuencia de la directa presión ejercida contra la organización por parte del general del ejército y presidente de la junta de gobierno Augusto Pinochet. En 1975, entre tanto, había nacido la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), otro esfuerzo ecuménico. Con los años, distintas organizaciones se fueron sumando a la defensa de los derechos humanos. Entre ellas, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), acogida en las oficinas del Comité Pro Paz desde fines de 1974; la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), creada en 1978 por un grupo de abogados; la Fundación para la Protección de la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (Pidee), fundada en 1979; la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), formada en 1980; y el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (Cintras) que proporcionó asistencia médica y psicológica a las víctimas a partir de 1985. Tres años más tarde, en 1988, un grupo de psicólogas y psiquiatras que habían trabajado en Fasic dieron origen al Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS).

Bajo la atenta mirada del régimen dictatorial, estas organizaciones ofrecieron asistencia moral, legal, médica, psicológica, social, económica y educacional a las víctimas y sus familiares. Sus tareas incluyeron organizar el asilo político y el exilio de personas perseguidas; prestar asistencia a prisioneros en cárceles, campos de concentración y centros de detención; buscar a los detenidos desa­parecidos y, en base a los testimonios de quienes sobrevivieron, descubrir centros clandestinos de detención, identificar perpetradores y desentrañar un siniestro repertorio de prácticas represivas. Asimismo, se valieron de una diversidad de recursos para asistir a las víctimas, restituyendo el derecho a la defensa legal. También produjeron estudios y estadísticas, publicaron reportes y libros sobre las formas represivas que iban conociendo, compilaron noticias de prensa y reunieron archivos fotográficos. Más aún, en medio de severas restricciones a la libertad de prensa y al derecho a la información, editaron revistas y panfletos informando a la población sobre la realidad social, económica y política que Chile vivía.

Estos organismos, conscientes de la importancia del registro tanto para su gestión cotidiana como para el futuro del país, reunieron y clasificaron desde temprano y de manera sistemática la evidencia de los abusos cometidos por el Estado chileno dando forma a archivos. En el transcurso de los años también fueron capaces de proteger y preservar la información acopiada, aunque –como veremos en este libro– a costa de grandes riesgos y conflictos institucionales mayores.

Así, a días de desatarse la violencia estatal, fue germinando una forma colectiva de asistencia, denuncia y resistencia que logró persistir durante los siguientes 17 años de gobierno dictatorial. Se trata de una experiencia única o al menos inusual; de seguro lo es con relación al pasado de Chile y posiblemente también en el contexto internacional. Estas acciones desafiaron al miedo, la complicidad, al aislamiento y al revanchismo sembrados por la violencia, y sostuvieron una red solidaria bajo condiciones extremadamente amenazantes y peligrosas.

La documentación de las violaciones a los derechos humanos estuvo en el centro de esta cruzada. Ella permitió resistir las explicaciones distorsionadas ofrecidas por las autoridades, y comprender la magnitud y características de las prácticas represivas perpetradas por el Estado. La documentación, puesta en circulación, fue también fundamental para concitar el repudio nacional e internacional al régimen militar.

Después de que la dictadura fue derrotada en las urnas en 1988, varias de las organizaciones que habían prestado asistencia a las víctimas sistematizaron, preservaron y digitalizaron sus archivos, poniéndolos a disposición pública. Este fue el caso de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (Funvisol) que contiene los registros del Comité Pro Paz y de la Vicaría. Así se constituyeron en Chile los “archivos de la resistencia” o los “archivos de derechos humanos” (Da Silva y Jelin 2002; Caswell 2014), acervos documentales que registran los abusos cometidos contra la población civil (Rivas 2016), ponen al descubierto las formas de operación de los aparatos represivos del Estado y, en ciertos casos, identifican a los perpetradores. En el período posdictatorial, la documentación reunida en los archivos de derechos humanos chilenos ha servido como fuente y como evidencia para el trabajo de las comisiones de la verdad (en 1991, 1996, 2004 y 2011), los programas de reparación (desde 1991), las causas judiciales (especialmente desde 1998), la definición de la institucionalidad pública y privada en derechos humanos, el diseño de prácticas de memoria y memorialización, y la conducción de investigación social, histórica y cultural.

De esta forma, el caso chileno resulta paradigmático en el campo de la violencia política. La catástrofe –es decir, el acontecimiento violento capaz de impactar la vida de una sociedad en todos sus aspectos (Rousso 2018)– fue inscrita mediante distintos dispositivos de registro y procesos documentales que han resultado vitales para poder conocer y enfrentar el horror infligido. La inscripción de estas atrocidades ha permitido el diálogo y la discusión sobre lo sucedido en el país; ha contribuido al reconocimiento público y social de las violaciones perpetradas por el Estado; y ha sido pieza clave para al ejercicio de la justicia y de los derechos colectivos a la verdad y a la memoria.

Examinando cómo la violencia política fue registrada y documentada, este libro revela el rol que procesos y procedimientos usualmente considerados intrascendentes y triviales pueden tener sobre la gestión y el conocimiento de las violaciones a los derechos humanos. En las siguientes páginas intentamos relevar el estatuto de esta documentación como fuente de información y evidencia, pero también como acervo que visibiliza, nombra, clasifica, tipifica, rotula y, por lo tanto, es piedra angular en la conformación del repertorio de enunciabilidad de esta catástrofe en Chile (Foucault 1968; Hacking 2002; Desrosières 1998). Este repertorio ha permitido conocer la violencia política y actuar con relación a ella durante más de cuatro décadas. Y ha permitido también acercarse y solidarizar con las prácticas de asistencia, resistencia, justicia, verdad y memoria desplegadas por distintos actores a través del tiempo. Dicho de otro modo y parafraseando a Michel Foucault (1968), el archivo, con su capacidad de registrar y resguardar apariciones, es una vía de acceso no solo a una forma de gestión de esta catástrofe –la de quienes la sufrieron y se organizaron para resistirla–, sino al repertorio que, como sociedad, hemos conformado para abordarla. Aquí, creemos, radica parte fundamental de la actualidad de este tipo de archivos. Ellos son, en definitiva, el punto de inicio de una narrativa histórica y de una serie de prácticas legales, sociales y culturales mediante las cuales procesamos aún hoy este legado.

Un propósito central de este libro es llamar la atención sobre el potencial performativo del trabajo documental desplegado por las organizaciones de derechos humanos. Argumentamos que la práctica de registro de las violaciones a los derechos humanos previene la represión sin traza. Así también nos interesa demostrar que la forma de registro de estas violaciones tiene implicancias significativas sobre la capacidad social de confrontar estos pasados violentos. En el caso que analizamos, los registros y documentos que atestiguan lo sucedido a las víctimas están asociados a y han sido condición para una serie de acciones legales, políticas, humanitarias, científicas y artísticas, promovidas en el país y en el exterior. La naturaleza diacrónica del libro indica que el trabajo desarrollado en Chile anticipa, y en cierto momento, adopta y se entrecruza con la semántica internacional de los derechos humanos (Bernasconi, Lira y Ruiz 2019).

El caso chileno demuestra que es imposible imaginar un futuro común sin reconocer públicamente las violaciones perpetradas. El testimonio directo de las víctimas ha sido una poderosa herramienta para desafiar las intenciones negacionistas y revisionistas, y confrontar el olvido y la impunidad. Así, este caso indica que la documentación de este tipo de trasgresiones contribuye a la propia creación del espacio político para la defensa de los derechos humanos (Kelly 2013).

El libro también pone de manifiesto el potencial emancipatorio de la investigación social que intenta dilucidar las diferentes formas y contextos con que enunciamos, reportamos y actuamos con relación a las violaciones a los derechos humanos. Este potencial es particularmente visible en esta, la “era del testigo”, iniciada en 1961 con el juicio de Eichmann en Jerusalén (Wieviorka 1998; Arendt 1998). Sin duda, exploraciones críticas sobre el pasado como la que intentamos realizar aquí, contribuyen también a identificar los desafíos actuales que enfrentan las sociedades que sufren el impacto de violaciones masivas a los derechos humanos.

Llamando por su nombre al terrorismo de Estado

Este libro argumenta que los registros creados por los organismos de la sociedad civil durante la dictadura militar en Chile no se limitan a documentar la asistencia ofrecida a quienes fueron afectados. Estos registros también permitieron que la violencia estatal fuera visible, conocible y trazable. Así como los mapas contribuyen a definir, reclamar y sostener territorios (Leuenberger y Schnell 2010), de manera análoga, en Chile, el registro y la documentación permitieron inscribir la violencia estatal, desafiando las intenciones de la dictadura de borrar las huellas de sus acciones.

Durante el régimen militar, la documentación de las distintas situaciones denunciadas fue fundamental para comprender la violencia política y resistir las versiones distorsionadas ofrecidas por las autoridades. La magnitud y diversidad de estas denuncias fueron revelando una realidad que contrastaba dramáticamente con las explicaciones oficiales. Ellas ponían de manifiesto la existencia de una política sistemática de violación a los derechos humanos perpetrada por el Estado en contra de la población. De esta forma, sostenemos, las organizaciones de la sociedad civil fueron capaces de provocar una ontología práctica de la violencia estatal, esto es, una realidad alternativa sobre la cual actuar en defensa de las personas perseguidas.

El libro también busca destacar la capacidad de los artefactos de registro y documentación de perdurar en el tiempo y sobrepasar las funciones para las cuales fueron concebidos. Carpetas, formularios, testimonios, estadísticas, informes, expedientes, fotografías, entre otros artefactos materiales preservados, han quedado a disposición de otras coyunturas sociopolíticas, contribuyendo en el tiempo a informar procesos de reparación, verdad, justicia, memoria, educación, análisis histórico y creación artística.

La literatura sobre violencia política estatal y genocidios tiende a focalizar su atención en dos figuras: la víctima y el perpetrador. Al reconstruir las prácticas documentales y examinar los artefactos de registro que sostuvieron la asistencia ofrecida a los afectados y las denuncias de la violencia de Estado durante esta larga y cruel dictadura militar, este libro destaca el rol de un tercer actor: el defensor de los derechos humanos, quien puede mediar la relación entre víctima y victimario y jugar un rol clave en la gestión de catástrofes de esta naturaleza. Su existencia puede afectar los procesos posteriores de restitución de derechos y reconocimiento y reparación de víctimas y, eventualmente, contribuir a contener la violencia mientras es desplegada.

En Chile, profesionales y voluntarios, sacerdotes, monjas y líderes de distintas confesiones religiosas, arriesgaron sus vidas para mitigar el dolor, salvar seres humanos, acompañar a familiares en la búsqueda de parientes prisioneros y desaparecidos, y documentar las atrocidades del régimen con la mayor precisión y detalle posible. Difundir las historias desconocidas de estos actores es un acto de reconocimiento de su solidaridad. Este acto no es solo necesario sino también urgente. Muchas de las personas que crearon y utilizaron los registros que hoy componen los archivos de derechos humanos chilenos están enfermas o ya han muerto, amenazando la posibilidad de conocer y conservar sus experiencias.

Audiencias

Los capítulos de este libro buscan hacer visible una encomiable y sostenida labor de solidaridad y resistencia pacífica desplegada por la sociedad civil para hacer frente a masivas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. Reconocer las lecciones de una labor de este tipo es crucial para cualquier sociedad que busque vivir en paz.

El libro tiene por propósito contribuir a generar un debate en Chile, en el extranjero y en organismos internacionales, sobre cómo se gestiona y conserva el registro de las violaciones a los derechos humanos. Ello pasa por reconocer que la documentación de episodios de violencia política es parte constitutiva de la gestión humanitaria. Y por asumir que la conservación de este tipo de acervos documentales permite que futuras generaciones puedan conocer estos eventos traumáticos y ejercer el derecho colectivo a la memoria sobre el pasado reciente de sus sociedades.

Este libro también analiza la agencia política de individuos enfrentados a un largo y severo proceso de vulneración y coerción estatal. Se trata de cuerpos, psicologías, trayectorias vitales, familiares, comunitarias y organizacionales sometidas a violencia institucional. Creemos que la resistencia solidaria y ética que tuvo lugar en Chile puede ayudar a problematizar las formas de gestión y reacción que están siendo desplegadas hoy ante situaciones contemporáneas de violencia política alrededor del mundo.

Asimismo, el libro aborda una dimensión del trabajo sociohistórico que ha permanecido inexplorada y quizás desapercibida en el campo de estudio de los derechos humanos, pese a su potencial analítico. Esta dimensión tiene que ver con las culturas materiales y epistémicas que subyacen a las historias de violencia y resistencia. En este sentido, el libro se expande más allá del campo de la violencia de Estado, para tocar también asuntos relativos al conocimiento y la experticia. Durante la dictadura militar chilena, las ciencias sociales y humanas comprometidas con los derechos humanos se vieron desafiadas a poner su conocimiento para dilucidar, denunciar y sobrellevar esta catástrofe. La necesidad urgente de recoger testimonios y documentar lo que estaba sucediendo a menudo puso en riesgo la propia vida de las trabajadoras sociales, psicólogas, sociólogos, abogados y otros profesionales que acudieron a prestar servicio a las organizaciones de derechos humanos creadas para asistir a los perseguidos. ¿Cómo registrar un testimonio de prisión política? ¿Cómo establecer una relación profesional con un sobreviviente de tortura al que persiguen? El impacto de la situación sociopolítica sobre la capacidad de autocomprensión de las ciencias sociales y humanas también es un asunto que compete a la memoria histórica de una sociedad. Sin embargo, son escasos los estudios destinados a estos asuntos. El análisis del rol de las distintas epistemes involucradas en los procesos documentales y de procesamiento de información relativa a violaciones sistemáticas de los derechos humanos, tiene un valor indudable y constituye un caso paradigmático de reflexividad y performatividad disciplinar. También es un caso relevante para las actuales generaciones de profesionales que están siendo entrenadas en las ciencias sociales, al instalar preguntas sobre las capacidades y recursos que estas disciplinas proveen para gestionar catástrofes como las sufridas en el pasado reciente en Chile y el Cono Sur. Asimismo, es de inmenso valor para académicos, activistas y profesionales dedicados a enfrentar el problema de la violencia política, y los procesos de pacificación y transición en contexto de posdictadura y posconflicto.

Esperamos que el libro sea útil para los defensores y activistas de los derechos humanos y los funcionarios y profesionales de organismos nacionales e internacionales que velan por su resguardo. También para quienes pertenecen a centros de memoria histórica, archivos nacionales, museos y sitios de memoria, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de víctimas y de familiares de víctimas. Y para organizaciones de la sociedad civil abocadas al manejo de crisis y cuidado de poblaciones en situación de desastre (por ejemplo, frente a ataques terroristas, conflictos armados, crisis causadas por migración forzada, entre otras situaciones). A estas audiencias el libro ofrece un estudio detallado, innovador y pionero sobre los usos y efectos del registro y documentación de severas violaciones a los derechos humanos. Este estudio de caso puede estimular reflexiones y reelaboraciones de procesos documentales en desarrollo en estas organizaciones, y promocionar la reflexión sobre los programas de asistencia a víctimas, los protocolos existentes y los procedimientos de selección y entrenamiento del personal destinado a las labores de registro, documentación y archivo, entre otras cuestiones. Finalmente, el libro está dirigido a quienes estudian y toman decisiones sobre paz, pacificación y resolución de conflictos a nivel nacional e internacional. Para estas audiencias, el libro demuestra de qué manera el derecho a la justicia y el derecho a la verdad dependen de la disposición de información sobre pasadas violaciones.

Sinopsis

Los capítulos del libro abordan distintas dimensiones de la documentación de la violencia estatal. El Capítulo II expone los fundamentos conceptuales y metodológicos de nuestra investigación. Desde un enfoque teórico posestructural y tomando elementos de la literatura de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, nuestro marco conceptual propone otra escala y nivel de análisis en la investigación sobre archivos en general, y sobre archivos de derechos humanos, en particular. Esto implica un giro desde la visión del archivo como fuente de información hacia la consideración de las prácticas documentales consignadas en el archivo y la realidad que ellas instituyen. Para estos fines, desarrollamos las nociones de documentación, inscripción, infraestructura, repertorio y tecnología política. La metodología de la investigación que da origen al libro combina elementos etnográficos y genealógicos, en una indagación interdisciplinar destinada a reconstruir la historia de la inscripción de la violencia estatal mediante el caso de estudio del trabajo documental desarrollado por el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura militar en Chile. El capítulo finaliza destacando el valor académico del libro, en particular, el giro hacia el estudio de prácticas documentales y la investigación infraestructural en archivos de derechos humanos.

El Capítulo III describe la lucha política para resistir los intentos de la dictadura de reprimir una respuesta civil colectiva al terrorismo de Estado, a partir de la asistencia, la documentación y la denuncia de la represión. En base a datos secundarios y entrevistas con extrabajadores y extrabajadoras del Comité y la Vicaría, el capítulo describe los episodios más dramáticos de la disputa entre el régimen y la organización de derechos humanos, y muestra cómo ambos actores se mantuvieron como interlocutores obligados durante todo el período. Este capítulo argumenta que la documentación, es decir, el archivo de evidencias sobre los abusos del régimen, fue clave para mantener esta posición estratégica. La documentación permitió que el horror se diera a conocer en el momento en que se produjo, y permitió a los familiares y organizaciones de la sociedad civil responsabilizar al gobierno, presentando acciones legales en defensa de los perseguidos y dejando clara evidencia de las prácticas represivas que la dictadura se empeñaba en ignorar, distorsionar y encubrir. Estas acciones que surgieron durante el régimen militar resultaron ser vitales para el posterior activismo en el campo de los derechos humanos en Chile.

El Capítulo IV explora las contribuciones que realizan a la labor del Comité y la Vicaría las distintas profesiones y epistemes involucradas en la asistencia de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Analizando documentación del archivo Funvisol y entrevistas sostenidas con extrabajadores y extrabajadoras del Departamento de Asistencia Legal de ambos organismos, este capítulo propone que las labores de asistencia y denuncia se sostuvieron sobre una combinación de saber disciplinar, una gran cuota de innovación profesional para hacer frente a la urgencia y la incertidumbre, y una dosis de experiencia organizacional política, comunitaria y gremial. A ello se añade un ethos de trabajo que no establece distinciones de clase, origen, o filiación política y una ideología que, inspirada en el principio de la liberación humana, promueve la autogestión y organización de las víctimas. El capítulo también aborda las interacciones y disputas entre dos comunidades epistémicas –abogados y trabajadoras sociales–, así como el modelamiento mutuo para converger en un trabajo interdisciplinar, orientado a la protección del ser humano y sustentado en una identidad común.

El Capítulo V examina la práctica de documentar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que las perpetra. Para ello analiza entrevistas con extrabajadores y extrabajadoras del Comité Pro Paz y de la Vicaría de la Solidaridad y una base de datos documental, producida mediante una extensiva indagación archivística. En particular, el capítulo examina los procesos documentales ligados a las labores de registro, denuncia e investigación de las prácticas represivas estatales que fueron desplegados por ambas organizaciones a través de los años. Para ello se detiene en distintos artefactos usados para capturar y procesar la violencia, como fichas, formularios, carpetas y bases de datos; y en las técnicas empleadas para transformar relatos individuales en datos gestionables, como los listados o las estadísticas. Tomados en conjunto, estos procesos y procedimientos hicieron visible una política de terrorismo de Estado; más aún, la volvieron aprehensible como un objeto de conocimiento, y de acción legal y política hasta el día de hoy. El capítulo también discute las estrategias y recursos usados para legitimar esta tarea bajo el régimen represivo que denunciaba, identificando otras dimensiones políticas de esta labor. Finalmente, el capítulo discute algunas de las limitaciones de los procesos de registro y documentación en dictadura, como el riesgo personal e institucional y los vacíos informativos y conceptuales.

El Capítulo VI reconstruye parte del repertorio del terrorismo de Estado construido por estas organizaciones solidarias y explora algunas de sus implicancias. Examinando bases de datos producidas durante la investigación de archivo, entrevistas con extrabajadores y extrabajadoras de ambos organismos y los informes de la verdad elaborados por el Estado posdictatorial (1991, 1996, 2004, 2011), analiza el sistema de clasificaciones organizado y utilizado por el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad entre 1973 y 1992. El capítulo demuestra cómo estas organizaciones instalaron y estandarizaron un repertorio de nociones para denominar y clasificar las situaciones represivas asistidas y denunciarlas. También considera cómo estas nociones han prevalecido en el tiempo, analizando su transposición al repertorio utilizado en los informes de las comisiones de la verdad. La sección final del capítulo se reflexiona sobre el impacto de este trabajo taxonómico sobre el desciframiento y resistencia de la violencia estatal y la asistencia a sus víctimas.

El Capítulo VII se traslada al período posdictatorial y a la arena jurídica para demostrar cómo los documentos y registros compilados por el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad se han utilizado exitosamente en los últimos 20 años para contribuir a numerosos procesos penales por crímenes de lesa humanidad. El capítulo explica cómo dichos registros cumplen con los estándares probatorios y analiza su uso en juicios de derechos humanos en Chile y en el reciente juicio de la Operación Cóndor en Argentina. El capítulo revisa 216 sentencias judiciales de primera instancia sobre casos de derechos humanos compiladas hasta 2016 por el MMDH. Estas sentencias representan alrededor de dos tercios de las 320 sentencias dictadas en este tipo de casos hasta mayo de 2017.

El Capítulo VIII contiene las conclusiones del libro. En él proponemos pensar la práctica de documentar la violencia política como un acto pacífico de desobediencia y una productiva forma de resistencia. Proponemos que, en el caso chileno, esta resistencia antidictatorial operó al menos en cuatro niveles: ético, epistémico, ontológico y organizacional. En términos éticos, representó un trabajo de cuidado, constituyendo un espacio de defensa de la dignidad humana y la solidaridad frente al horror. A nivel epistémico, el registro permitió conocer el terrorismo de Estado, orientar la acción de asistencia y defensa de los afectados y construir una versión alternativa a la que difundía el régimen. A nivel ontológico, las prácticas documentales trajeron a existencia la realidad de la violencia estatal, creando las condiciones para actuar con suficiente evidencia. A nivel organizacional, la labor documental permitió reunir a una serie de actores alrededor de una respuesta colectiva, volviendo su verdad la de la mayoría. Para concluir, el capítulo reflexiona sobre las capacidades de las prácticas documentales de impactar más allá de sus contextos inmediatos y alcanzar un campo de influencia mayor.

El libro cierra con un epílogo que invita a reflexionar sobre el significado y las implicancias del trabajo en derechos humanos como una forma de solidaridad con las víctimas y su defensa. Durante la dictadura, este trabajo estuvo basado en el reconocimiento de las víctimas como seres humanos indefensos cuyos derechos estaban siendo arrebatados. Por lo mismo, se constituyó sobre un profundo sentido de la responsabilidad hacia las vidas y la sobrevivencia digna de esas personas, lo que implicaba, en parte, la necesaria restitución de sus derechos, como la defensa legal, a pesar del contexto de estado constitucional de excepción. La asistencia profesional prestada por los organismos de derechos humanos en dictadura también se sostuvo en la creencia de la necesidad de salvaguardar los valores de la coexistencia nacional. Asimismo, el epílogo reflexiona sobre las relaciones de confianza desarrolladas entre las víctimas y los profesionales de los organismos de derechos humanos, y el rol fundacional de esos vínculos para crear un espacio común donde el sufrimiento podía ser aliviado. Finalmente, el capítulo trae estos temas al presente para discutir el rol y los efectos que generan hoy los relatos de las víctimas de la violencia política, y la posición que los ciudadanos asumimos con respecto a estas violaciones.

Referencias

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Bernasconi, Oriana, Elizabeth Lira y Marcela Ruiz. “Political Technologies of Memory: Uses and Appropriations of Artefacts that Register and Denounce State Violence”. International Journal of Transitional Justice 13, núm. 1 (2019): 7-29.

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Da Silva, Ludmila y Elizabeth Jelin (comps.). Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad. Madrid: Siglo XXI Editores, 2002.

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Rousso, Henry. La última Catástrofe. Santiago: Editorial Universitaria, 2018.

Wieviorka, Annette. L’Ère du témoin. París: Plon, 1998.

CAPÍTULO II

Tecnologías políticas de registro y denuncia de la violencia de Estado

Oriana Bernasconi

El principio general de Foucault es el siguiente:

toda forma es un compuesto de relaciones de fuerzas.

Gilles Deleuze

Guerra Fría y violencia de Estado en Latinoamérica

La masiva explosión de la represión y persecución política que experimentó Latinoamérica luego del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, fue una consecuencia directa de la disputa internacional entre el bloque capitalista y el socialista, conocida como la Guerra Fría (Brands 2010; Harmer 2013). En esta guerra, los Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron por la hegemonía política, militar y económica mundial (lo hicieron también en otros ámbitos públicos como la ciencia, el deporte, la producción cultural y social). Su rivalidad influenció tanto las relaciones internacionales como las relaciones internas de los países.

En respuesta a la expansión Soviética en Europa del Este, y las revoluciones anticoloniales de inspiración marxista en partes de Asia y el norte de África (Corea, Vietnam, Argelia), las prioridades geopolíticas de los Estados Unidos incluyeron prevenir la expansión de similares revoluciones y movimientos antiimperialistas en el continente americano. Estados Unidos persiguió este objetivo a toda costa, y con especial vigor, allí donde el partido comunista tenía influencia. Durante la Guerra Fría, América Latina quedó alineada dentro de las estrategias de Estados Unidos, sucediéndose golpes militares y guerras civiles en nombre de la defensa de la cultura occidental y cristiana y en contra del comunismo anticapitalista. Esta confrontación mundial se mantuvo hasta el término de la Unión Soviética que se inició con la Perestroika en 1985 y concluyó con la caída del Muro de Berlín en 1989.

Si bien las dictaduras en América Latina habían surgido en varios países mucho antes de la Guerra Fría, como en Nicaragua, República Dominicana, Cuba o Haití, este contexto ideológico no hizo más que reforzarlas. Así, desde 1954 en adelante, las dictaduras se extendieron a Guatemala, Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. En algunos países como Guatemala, Colombia, Nicaragua, El Salvador y Perú, entre otros, se gestaron movimientos armados en nombre de procesos revolucionarios con distintos desenlaces. Las únicas resistencias exitosas fueron la Revolución cubana en 1959, que instaló un gobierno socialista que se alineó con el bloque soviético, y el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza en Nicaragua en 19791. Por lo demás, los proyectos revolucionarios fueron derrotados tanto en el centro como en el sur de América mediante represiones sangrientas.

Las fuerzas armadas latinoamericanas adoptaron estrategias represivas que se caracterizaron por el uso de la tortura y del poder de dar muerte con el fin de neutralizar a la población. La situación fue caracterizada como terrorismo de Estado. Esta estrategia, que operó a expensas de una población civil indefensa, fue considerada no solo aceptable sino particularmente recomendable para luchar contra la “amenaza comunista” y las revoluciones izquierdistas. La estrategia fue implementada a lo largo y ancho del continente, con total ignorancia de los preceptos de legislación internacional de derechos humanos y la legislación humanitaria internacional. La violencia de Estado encontró inspiración en la denominada Doctrina de Seguridad Nacional, desarrollada y sostenida por el gobierno de los Estados Unidos. Esta doctrina promovía la violencia contrainsurgente en el marco de la guerra contra el “enemigo interno”. La propaganda interna en los países del continente exacerbó el lenguaje bélico, aunque en la mayoría de ellos no hubiera una guerra efectiva. En jerga militar el blanco eran los “elementos subversivos”, es decir, militantes de partidos y movimientos de izquierda, organizaciones territoriales, estudiantiles y de trabajadores como sindicatos y gremios profesionales (Groppo 2016, 31-32). Con el pretexto de controlar al “enemigo interno”, durante los años setenta y ochenta las fuerzas armadas implementaron desde México hasta Chile lo que se ha denominado como “guerras sucias”. Básicamente, ellas consistían en la persecución, encarcelación y muerte del “enemigo’” y en el exilio de cientos de miles de personas. No hubo fronteras para operar, articulándose policías y servicios secretos de distintos países para detener, interrogar, trasladar y asesinar. La Operación Cóndor es un ejemplo de estas coordinaciones criminales2. La masividad de las masacres ocurridas en Guatemala, Colombia, Perú o El Salvador, la desaparición sistemática de personas en Argentina y Chile y la generalización de la “guerra sucia”, generaron terror y aseguraron el sometimiento de la mayoría de la población. En América Latina, el número de torturados, ejecutados y víctimas de desaparición forzada producto de la Guerra Fría se cuenta por cientos de miles, a pesar de que el derecho humanitario estaba incorporado en la legislación de la mayoría de los países donde ocurrieron estos hechos.

El caso chileno es paradigmático. El golpe de Estado de 1973 tuvo lugar en un país que se había caracterizado, desde fines del siglo XIX, por una base institucional bastante estable y democrática. El sistema político chileno era bastante similar, ideológicamente hablando, al modelo europeo continental, compuesto por partidos políticos de izquierda, derecha y centro. Chile tenía partidos marxistas tradicionales, un centro formado por partidos cristianos y no religiosos, y un ala derecha con raíces en el catolicismo conservador. En consecuencia, el panorama político de Chile lo hizo comprensible a los ojos de los Estados Unidos y Europa occidental.

Este sistema político fue puesto bajo tensión por la extrema polarización política que venía afectando al país desde principios de los años sesenta. Esto se acentuó con la victoria electoral de Salvador Allende en 1970, al frente del gobierno de la Unidad Popular. La elección de un presidente abiertamente marxista fue un acontecimiento extraordinario en el continente y fue inaceptable para el gobierno de los Estados Unidos, particularmente en el contexto de la Guerra Fría.

A partir del primer día del triunfo electoral de Allende, Estados Unidos puso en marcha una conspiración que culminó con el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular. En Chile, la derecha política radicalizó su discurso, en una espiral cada vez mayor. La derecha incitó a la acción militar y apoyó activamente el Golpe cuando se produjo, al tiempo que respaldó la persecución abierta de los miembros y simpatizantes de partidos de izquierda. Durante las dos décadas anteriores, muchos oficiales del ejército chileno habían participado en cursos de capacitación en contrainsurgencia, dirigidos por Estados Unidos y destinados a las fuerzas armadas latinoamericanas. Estos cursos fueron guiados por los conceptos de “guerra interna” y “enemigo interno”. Este hecho es clave para entender por qué, después del golpe de Estado, los opositores políticos de izquierda, prácticamente todos civiles y prisioneros indefensos, fueron tratados como combatientes enemigos hostiles, ocultos entre la población en general.

Desde el día del Golpe, la dictadura militar encabezada por el general del ejército Augusto Pinochet (1973-1990) reprimió sistemáticamente a la población con evidente desprecio por la vida, violando los derechos fundamentales de los civiles indefensos. Leyes y decretos de facto crearon un marco legal que amparó las acciones represivas llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas, la policía uniformada, la policía de investigaciones y la policía secreta. La segunda comisión de la verdad de Chile, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida popularmente como la Comisión Valech, emitió su informe en 2004. Este informe indica que el 67,4 % de todos los arrestos políticamente motivados que la Comisión conoció, tuvieron lugar en los cuatro meses posteriores al golpe militar del 11 de septiembre de 1973. La violencia fue especialmente brutal durante ese período, cuando las operaciones militares realizadas en todo el país produjeron una masa injustificada de trabajadores despedidos; la expulsión de estudiantes de establecimientos educativos; el allanamiento de poblaciones y lugares de trabajo; y ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, interrogatorios y torturas de todo tipo que resultaron en muertes. Además, el régimen desencadenó un control e intervención militar contundente contra una variedad de organizaciones y agencias gubernamentales, así como universidades y fábricas. En el transcurso de los 17 años de dictadura, al menos 1.132 centros de detención funcionaron en todo el país. La vasta estructura y el número de personal dedicado a la represión indican que la estrategia que la dictadura empleó para perpetuarse en el poder no se dejó al azar. Fue una práctica premeditada, sistemática e indiscriminada; un modo de imposición tendiente a paralizar a la población y que corresponde denominar terrorismo de Estado. Producto de ella, alrededor de 8.000 personas fueron juzgadas en tribunales militares. Largas penas de prisión y/o de expulsión del país fueron decretadas para muchos de los condenados por estos tribunales. Miles de personas fueron detenidas y torturadas, miles más se exiliaron para proteger sus propias vidas del terror desplegado mediante ejecuciones extrajudiciales y desapariciones.

Documentar la catástrofe mientras ocurre

Como Bickford et al. indican: “Desde sus primeros días, el movimiento de derechos humanos moderno ha descansado en documentos de distintos formatos” (2009, 3). La documentación que evidencia las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile toma innumerables formas, incluyendo testimonios escritos a mano e historias orales; cartas enviadas desde campos de concentración y cárceles; “calugas” sacadas de contrabando de los centros de detención por un pariente o un trabajador de derechos humanos3; declaraciones de familiares y testigos; dibujos que recrean lugares de prisión o prácticas de tortura; folletos impresos en secreto y grafitis de denuncia por las paredes de la ciudad. Fotografías, videos, grabaciones de audio, sentencias judiciales, recortes de prensa y noticias de radio, revistas clandestinas, documentos producidos por agencias oficiales o burócratas locales, archivos policiales y confesiones de perpetradores, también son fuentes elocuentes. De acuerdo con Bickford et al., “las iniciativas documentales pueden desempeñar un papel fundamental al preservar la evidencia de abusos contra los derechos humanos, estimular la voluntad política de hacer justicia y ayudar a las personas a recordar su historia” (2009, 4). No obstante, en este libro argumentamos que, aunque toda esta evidencia se requiere en contextos posteriores a la violencia, también es parte integrante de las prácticas de resistencia de quienes son reprimidos.