Economía mexicana para desencantados E-Book

Manuel Sánchez González

• Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
• Kategorie: Fachliteratur
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2015

Seitenzahl: 679

Beschreibung

Colección de más de 140 artículos periodísticos publicados en el periódico Reforma, en los cuales el autor aborda con rigor y sencillez un amplio abanico de temas. Va desde lo conceptual, como el concepto de mercado y sus alternativas, hasta aspectos concretos como el estado de derecho, la globalización, las reformas de fondo que hacen falta, la salud, la educación o el mercado de trabajo.

Leseprobe

Si algún lector quisiera encontrar un trabajo que compendiara las reformas de fondo que hacen falta o, lo que es lo mismo, los problemas atávicos que aquejan a la economía mexicana, simplemente tendría que dirigir su mirada al espléndido libro Economía mexicana para desencantados. Tenemos frente a nosotros una afortunada colección de artículos periodísticos, en los cuales el autor aborda con rigor y con sencillez diversas materias: cualquier lector atento podrá asimilar las lecciones comprendidas en este compendio.

El trabajo, constituido por la colección de más de 140 artículos publicados en el periódico Reforma, está organizado por conceptos; sin embargo, la consignación de la fecha de cada escrito ayuda a contextualizar su contenido. El abanico de temas es amplio. Va desde lo conceptual pero pertinente, como el concepto de mercado y sus alternativas, hasta aspectos concretos como el Estado de derecho, la globalización, las reformas de fondo que hacen falta, la salud, la educación, el mercado de trabajo, etcétera.

Economía mexicana para desencantados es un libro didáctico, donde el lector tiene la posibilidad de apreciar varios ángulos de un mismo problema, tratados con inteligencia y precisión.

Manuel Sánchez González es director de Proyectos Empresariales de BBVA Bancomer, institución en la que desde 1993 ha ocupado diferentes posiciones ejecutivas incluyendo la de economista principal.

Es profesor de economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México y ha enseñado en varias universidades nacionales y extranjeras, incluyendo Boston College y la Universidad de Chicago. Fue director general del Centro de Análisis e Investigación Económica del ITAM. Ha sido consejero y consultor para varias empresas y organismos internacionales.

Es autor de numerosos artículos publicados en libros y revistas especializadas y de divulgación general. Fue coordinador y editor del libro Procesos de privatización en América Latina publicado en 1993 por el Banco Interamericano de Desarrollo, con la participación de centros de investigación de Chile, México, Colombia y Argentina. Es colaborador del periódico Reforma.

Se graduó como licenciado en economía en el ITESM, tiene maestría en ciencias por la Universidad de Missouri y maestría y doctorado en economía por la Universidad de Chicago. En 1980 la American Agricultural Economic Association le otorgó el premio a la mejor tesis de maestría.

ECONOMÍA MEXICANA PARA DESENCANTADOS

TEZONTLE

MANUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ

ECONOMÍA MEXICANA PARA DESENCANTADOS

Prólogo de FRANCISCO GIL DÍAZ

Primera edición, 2006    Segunda reimpresión, 2006 Primera edición electrónica, 2015

Diseño de portada: Óscar Oramas

D. R. © 2006, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008

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ISBN 978-607-16-2642-4 (ePub)

Hecho en México - Made in Mexico

A la memoria de mi padre,Manuel Sánchez González, Sr.

PRÓLOGO

La lectura del libro de Manuel Sánchez es un verdadero deleite. La reacción natural cuando se ofrece la posibilidad de prologar un libro, en medio de una ocupación llena de presiones y expuesta a gran variedad de asuntos, como es la del Secretario de Hacienda, es valorar si al aceptar se está presupuestando adecuadamente el tiempo. Este dilema no se presentó en el caso del trabajo de Manuel Sánchez. Se trata de una obra con rendimientos enormes en relación con el tiempo invertido. Si uno quisiera encontrar un trabajo que compendiara las reformas de fondo que hacen falta o, lo que es igual, los problemas atávicos que aquejan a la economía mexicana, no hace falta ir más lejos que a la consulta de esta obra. No obstante que se trate de una colección de artículos periodísticos, el autor aborda con rigor diversas materias y, lo que es más gratificante, con sencillez: cualquier lector atento podrá asimilar las lecciones comprendidas en este compendio.

El trabajo, constituido por la colección de más de 140 artículos publicados en el periódico Reforma, está organizado por conceptos, aunque la consignación de la fecha de cada publicación ayuda a contextualizar su contenido. El abanico de temas es amplio. Va desde lo conceptual, pero pertinente, como el concepto de mercado y sus alternativas, hasta aspectos concretos como el estado de derecho, la globalización, las reformas de fondo que nos hacen falta, la salud, la educación, el mercado de trabajo, la regulación y la política industrial, el gasto público y los impuestos, el régimen cambiario y la paridad, la inflación y la política monetaria, el crecimiento y los ciclos económicos, la banca y los mercados financieros, la pobreza, la desigualdad y la economía regional. Finalmente da un círculo completo para cerrar como empezó, con dos capítulos de contenido más bien conceptual relacionados con la política y la economía, y la economía y los economistas.

Cada capítulo contiene varios artículos relacionados con su título. El resultado es didáctico al darle al lector la posibilidad de apreciar varios ángulos de un problema tratados con el mismo herramental analítico.

El trabajo discute cómo la conducción de diversas políticas públicas puede mejorar al apoyarse en los mercados. En los análisis, críticas, propuestas y recomendaciones sobre las políticas públicas Manuel Sánchez adopta el punto de vista del consumidor, quien, en última instancia, es el beneficiado o perjudicado por dichas políticas. Y es que al opinar sobre éstas, Manuel invariablemente señala, acertadamente, que los recursos canalizados al sector público o las regulaciones a ciertos mercados y su organización deben compararse con otras opciones e identificar el beneficio de utilizar los recursos en usos privados o las ventajas de adoptar otras formas de regulación.

Sin que sea óbice para hacerles justicia con mayor detalle a los mensajes que envía Manuel Sánchez, el valioso aspecto general de las reflexiones acumuladas en esta obra es que plantea todos los elementos de la reforma de fondo o estructural de la que tanto se habla. Lo hace con claridad y con rigor analítico. Legisladores, políticos, miembros del gabinete del Ejecutivo, empresarios, analistas económicos y políticos, todos nos beneficiaremos del estudio de las profundas reflexiones que aporta esta obra.

Paso ahora a entresacar algunas de sus lecciones, sin tratar de ser exhaustivo.

Uno de los hilos conductores del libro tiene que ver con los fracasos de nuestra política económica, que muchos atribuyen a la supuesta implantación del modelo llamado neoliberal. El autor explica con claridad que la conclusión es errónea, que la causa de nuestro pobre desempeño es, por el contrario, la falta de una verdadera implantación de un modelo liberal de mercado. Con gran cuidado analiza las fallas de política pública que aquejan a cada uno de los mercados y sectores de la economía, que van desde las atribuciones constitucionales del Ejecutivo hasta la cantidad de obstáculos de toda índole que se imponen al libre desempeño de los individuos. Estas fallas incluyen, desde luego, la falta de imperio del derecho, entendido como el respeto a los derechos de propiedad así como la agilidad y resolución de los conflictos contractuales relacionados con aquéllos.

El libro desmitifica diversas nociones comunes acerca de la causa de nuestros problemas. Por ejemplo, la idea de que nuestras insuficiencias se derivan de falta de ahorro y de inversión. El problema no es ése, sino el desperdicio en la asignación de nuestros recursos. Para aprovechar con eficacia y salir adelante con los recursos disponibles lo que hace falta es “competencia, incluyendo la eliminación de los monopolios estatales, desregulación, apertura total a la inversión privada y una buena reforma laboral; adicionalmente, seguridad jurídica y un Estado más delgado y eficiente. La realización de estas pocas pero importantes tareas es la clave para superar los obstáculos a la productividad total y el empleo, y promover así la prosperidad”.

La simplificación y eliminación de reglas enfatizan implícitamente competencia, competencia y competencia, como se dice de la localización para referirse a los atributos que debe tener un inmueble. Temas en los que la política comercial hacia adentro debiera ponerse en línea con el espíritu de los tratados de libre comercio con otros países y regiones del mundo que hemos firmado...

El trabajo abunda en comparaciones internacionales interesantes e instructivas: Chile, India, Rusia, Nueva Zelanda, Hong Kong, Corea, Irlanda y otras experiencias de las que se derivan importantes lecciones. Al contrastar con los nuestros, los efectos de las políticas económicas de los países que sí se han liberalizado, pone en evidencia cómo podríamos haber generado muchísimo mayor bienestar. Lamentablemente, por fallas en nuestras políticas públicas, nos hemos estancado. Al tomar posiciones de arranque de años atrás y comparar ingresos por persona de entonces, iguales o incluso inferiores al nuestro, resulta que otros países, gracias a su voluntad reformista, han dado grandes saltos, quedándose México atrás.

Manuel Sánchez documenta en cambio cómo el TLCAN, y anteriormente la apertura al comercio exterior iniciada por Miguel de la Madrid, contribuyeron a aumentar la productividad, a mejorar los salarios de los trabajadores empleados por las empresas exportadoras, a sacarnos del callejón sin salida al que nos llevaban importaciones crecientes y exportaciones estancadas y a fomentar una mayor inversión privada.

El capítulo IV, que trata de las “reformas estructurales”, aborda nuevamente la importancia de derrumbar mitos. México, sentencia impecablemente el autor, “sigue empantanado en discusiones obsoletas a la zaga de la modernización mundial”. ¿Acaso se trata de algo impregnado en nuestros genes? Sólo basta recordar que las religiones precolombinas consideraban sagrado el círculo y que eso parece explicar que, para no cometer un sacrilegio, no utilizasen la rueda.

A propósito de las reformas que hacen falta y de las que se han planteado, el libro advierte que reformas a medias, o mediocres con resultados exiguos, desprestigian el cambio, justifican las críticas y dan lugar a posibles retrocesos. Dicho de otra manera, no sólo no se ha seguido un modelo netamente liberal sino que, tratándose de algunos de los cambios que se han realizado, su parcialidad, más que permitir un avance, posiblemente haya contribuido a desprestigiar el modelo.

En el inventario de dichos cambios yo incluiría una apertura al comercio exterior acompañada de salvedades que se han traducido en protección negativa para diversas industrias, privatizaciones sin cuidar la competencia o sin garantizar la idoneidad de los compradores, reglamentación excesiva y creciente, legislación y juzgados orientados a la forma y no al fondo, amén de la falta de consistencia de las sentencias, excesivos papeleos, tiempos de resolución y costos, entre otras muchas fallas institucionales que, por cierto, son objeto detallado del análisis del autor.

Entre las políticas públicas abordadas por el autor están también las relativas a la salud, la educación y el trabajo. A propósito de la educación señala, como lo ha hecho Eduardo Andere en varias de sus aportaciones, cómo la baja calidad educativa y su cobertura insuficiente no son el resultado de pocos recursos, sino de su mala utilización; de la falta de incentivos para los maestros, entre otras razones debida a la nula competencia educativa relacionada, entre otros factores, con la no divulgación de las evaluaciones escolares.

Aborda también uno de los renglones socorridos, incluso favoritos, de algunos reformadores: la política industrial. Expone claramente cómo la regulación —del transporte multimodal, por ejemplo—, en lugar de promover, asfixia al sector. Los requisitos para abrir una escuela, para registrar un estatuto de cámara en la Secretaría de Economía, las numerosas formas y trámites ante el SAT, y muchos otros ejemplos de trámites y costos que encarecen la actividad económica y que obstaculizan emprender las tareas que contribuyen al mayor bienestar general: aquéllas encaminadas a mejorar la productividad.

Problemas sobre temas macroeconómicos. Problemas de crecimiento económico relacionados con el marco institucional y jurídico de la sociedad, el estado de derecho, la protección de los derechos de propiedad, el cumplimiento de los contratos, el sistema de incentivos, la competitividad de los mercados y la intervención gubernamental en la operación de los mismos, la acumulación de capital físico y humano, el cambio tecnológico, y muchos más.

El crecimiento económico es analizado también desde la óptica de las desviaciones transitorias de la producción respecto de su tendencia de largo plazo, o ciclo económico. Se comenta que desde los años ochenta el crecimiento económico de México ha sido bajo, con elevada inestabilidad en el ritmo de la producción, debido a una política monetaria y fiscal irresponsable: se debe evitar que el crecimiento económico esté impulsado por políticas monetarias y presupuestarias expansivas, cuyos efectos inflacionarios, y posteriormente recesivos, son implacables.

Problemas de finanzas públicas en los que se analiza la pertinencia del gasto gubernamental a través de una adecuada oferta de bienes públicos, aquellos de cuyo goce o disfrute, una vez producidos, no se puede excluir a los miembros de la sociedad y que por tal naturaleza no serán producidos por el sector privado, no obstante que su valuación por parte de la sociedad supere su costo; bienes como la seguridad pública, la administración de justicia, la defensa de los derechos de propiedad, la promoción de la competencia, la infraestructura social básica, entre otros.

Se destaca la importancia de evaluar el rendimiento del gasto gubernamental, dado que los recursos utilizados tienen un costo de oportunidad o beneficio que la sociedad sacrifica al no utilizarlos en usos alternativos. Así, el financiamiento del gasto gubernamental mediante impuestos o deuda pública, que ha de pagarse con más impuestos futuros, supone destinar recursos de los que deben prescindir los particulares con la consiguiente reducción en su consumo o inversión. La no evaluación económica del gasto público, federal, estatal y municipal, su estructura derivada de transacciones políticas en todos los niveles, asegura un bajo rendimiento y una escasa o nula contribución al bienestar general.

Se analizan las ventajas de una reforma fiscal en México como forma de reducir el déficit público hasta eliminarlo o incluso generar un superávit. Señala que el déficit del sector público se traduce en una presión a la alza en las tasas de interés reales y en un menor dinamismo de la inversión y de la actividad económica, en un contexto de acceso limitado a los mercados financieros internacionales. La mayor recaudación derivada de la reforma fiscal no implica mayores tasas impositivas: una reducción de las tasas marginales del ISR con el fin de castigar menos el esfuerzo laboral y el éxito de los negocios puede aumentar la recaudación. Además se puede utilizar en mayor medida el expediente de los impuestos al consumo y menos el de los impuestos que gravan al ingreso como una forma virtuosa de reducir los incentivos adversos al trabajo, al ahorro y a la inversión que los impuestos provocan. El autor considera que la homologación de las tasas del IVA a todos los bienes y servicios es una iniciativa adecuada.

Se señala que desde mediados de los años setenta y hasta años recientes la inflación en México fue elevada y variable, combinada con abruptas devaluaciones que afectaron el crecimiento y la distribución del ingreso. Se considera que la lucha contra la inflación debiera ser más intensa, toda vez que los costos para abatirla, bien evaluados y medidos a través de alzas transitorias en las tasas de interés y el desempleo, son menores que el costo en mayores tasas de interés y desempleo, por más tiempo, que acarrean los desequilibrios monetarios-presupuestarios. Esto se puede constatar a través de múltiples experiencias, por ejemplo, las de Canadá, Nueva Zelanda, Inglaterra y Chile, que en breves periodos redujeron significativamente su inflación, sin afectar, ni aun transitoriamente, su crecimiento. Se destaca la importancia que las expectativas tienen en todo proceso de reducción de la inflación, así como el papel crucial de la credibilidad y de la consistencia de la política monetaria instrumentada por el Banco Central.

Se comenta que los periodos más recesivos se han registrado después de la ocurrencia de grandes devaluaciones, por lo que la evolución del tipo de cambio despierta gran interés, aun cuando se ha adoptado un régimen cambiario de libre flotación; dicha evolución responde a la demanda relativa por las monedas, la que se ve afectada por la inflación y el crecimiento económico esperados, por lo que en la medida en que la inflación interna converge con la de las principales economías del mundo se alcanza una mayor estabilidad cambiaria.

Se concluye que un elemento crucial para propiciar estabilidad financiera, cambiaria y de precios es mantener la disciplina fiscal y monetaria mientras que la adopción de un régimen cambiario fijo o flexible no es crucial, aunque este último permite que la economía pueda ajustarse más fácilmente a perturbaciones externas. Dicha estabilidad, sin embargo, depende también de la eficiencia del sistema bancario y financiero, la cual requiere de una adecuada regulación prudencial que evite los problemas de riesgo moral, selección adversa de los acreditados, información asimétrica y otros, a que están sujetas las operaciones fiduciarias. Deficiencias de la política financiera del país, como las registradas durante la primera parte de los años noventa, condujeron a la crisis del sistema financiero de 1995: distorsiones que generan la adopción excesiva de riesgos crediticios por parte de los bancos y dificultades legales para la recuperación de las garantías explican la ocurrencia de tal crisis así como el colapso de la banca, que implicó costos significativos para el país en términos fiscales y una aguda escasez de financiamiento. La crisis arrojó lecciones que se tradujeron en una mejoría de la regulación y del marco jurídico para la operación bancaria, así como una adecuada supervisión de los bancos.

Así, se afirma que para evitar la ocurrencia de crisis financieras es necesario contar con una regulación moderna y eficiente del sistema financiero, la disminución de la inflación, mejoras del marco legal que faciliten el cumplimiento de los contratos y la promoción de la competencia que propicie la ampliación y mejoramiento de los servicios bancarios y de intermediación financiera.

La actividad de intermediación financiera, que permite la canalización de los recursos de ahorro hacia las actividades de inversión más rentables, es fundamental para el crecimiento económico. Dicha actividad está sujeta a costos de operación de las instituciones bancarias y financieras, entre los que destacan los de cobranza y recuperación de créditos, que aumentan significativamente como consecuencia de deficiencias en el estado de derecho para ejercer las garantías de los créditos. Se lesionan de esta manera los derechos de propiedad de los acreedores e indirectamente de los ahorradores y se contrae la actividad de intermediación. Un elemento importante para el fortalecimiento del sistema bancario y financiero del país es la aprobación de la Ley de Concursos Mercantiles que sustituye a la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, que dificultaba considerablemente la recuperación de las garantías de los créditos, algo, por cierto, ya superado gracias a la aprobación de la ley citada y también a la posterior “Miscelánea de Garantías”.

Se destacan los efectos que la menor inflación ha tenido al propiciar la emisión de deuda de largo plazo de las empresas, la colocación de bonos privados en el exterior y el mayor crédito de bancos externos a empresas mexicanas, lo que explica parcialmente la menor participación del crédito bancario doméstico en el financiamiento integral de las empresas.

Otro asunto crucial que atiende este libro: los problemas generados por la oposición de algunos grupos de la sociedad al proceso de integración de la economía a los mercados de bienes y servicios y a los mercados financieros y de capital del exterior, o “globalización de la economía”: grupos que defienden el status quo construyendo una historia parcial y equívoca de los efectos que la apertura económica ha traído al país.

El autor analiza y discute cuidadosamente por qué la globalización favorece a las economías, especialmente a las pequeñas, al ampliar sus mercados, atraer inversión extranjera hacia los proyectos más rentables, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, permitir la especialización en las actividades en las que se tiene ventaja comparativa en la producción, facilitar el cambio tecnológico y demás. En particular, discute por qué la globalización no ha aumentado la pobreza en el mundo, sino que la ha reducido; cómo la globalización aumenta el empleo, al permitir generar más producción con los mismos recursos elevando su productividad y estimulando su uso. Asimismo, y compartiendo las opiniones de otros economistas, busca “desmantelar” algunos mitos acerca de la globalización como los siguientes: que ésta es el triunfo de los mercados sobre el Estado, que se adopta por imposición externa, que existe un círculo vicioso entre pobreza y explotación de las naciones poderosas que requiere de la intervención gubernamental en la economía, entre otros.

Problemas sobre temas laborales y sectoriales:

El libro aborda también los problemas para aprovechar y desarrollar los recursos humanos. El potencial de este desarrollo se ha expandido con la generación, sistematización y difusión del conocimiento a través de la educación, los avances de la biología y de la ciencia médica que se manifiestan en una mayor facilidad para elevar la salud y la esperanza y calidad de vida de la población, así como por el desarrollo tecnológico, la división del trabajo y la acumulación de capital físico que elevan sustancialmente la productividad de la mano de obra, abaratando los bienes y elevando el ingreso y el bienestar de la población. Todo ello como resultado de la globalización. El autor considera que “México tiene oportunidades significativas para aumentar el nivel y calidad del capital humano, mejorando los servicios de salud y educación provistos en su mayoría de manera deficiente por el Estado”, lo que puede lograrse permitiendo a las familias elegir al proveedor de estos servicios mediante la reorientación del gasto público destinado a proveer educación y salud a un apoyo monetario a la población, especialmente la de menores ingresos. La competencia aseguraría una mayor satisfacción de los usuarios. Se considera también la ventaja de introducir cuentas individuales de seguro médico, sujetas a un crédito fiscal. Con algunas de estas políticas el autor se adelanta con propuestas que se han convertido recientemente en políticas públicas, como es el caso del seguro popular.

Se destaca que la recomposición demográfica durante las primeras décadas del siglo XXI incrementará la proporción de la población en edad de trabajar respecto de la total, lo que requiere acelerar la acumulación de capital, elevar el cambio tecnológico y flexibilizar el mercado de trabajo, a fin de facilitar la absorción de dicha población con mayores salarios. Regulaciones como el salario mínimo, el reparto a los trabajadores del 10% de las utilidades de las empresas y las elevadas contribuciones a la seguridad social y al fondo de vivienda, afectan especialmente a los asalariados de menor ingreso, a los que paradójicamente dichas regulaciones busca proteger.

Problemas asociados al combate efectivo a la pobreza y a la identificación de sus causas, ya que con diagnósticos equivocados se llega a propuestas de grandes programas de gasto público sin asegurar su financiamiento. El autor considera que la pobreza es resultado de un bajo crecimiento económico, por lo que la forma de disminuirla es promover dicho crecimiento a través de la acumulación de capitales físico y humano y del aprovechamiento de los mercados. Refuta la percepción generalizada, basada en mediciones inapropiadas del ingreso, de que la globalización ha provocado un aumento en la pobreza y en la desigualdad del ingreso; por el contrario, y como lo demuestra la investigación de Xavier Sala-i-Martin para 125 países, entre 1970 y 1998 la pobreza y la desigualdad del ingreso en el mundo han disminuido. Analiza las diferencias de ingreso per cápita entre las entidades de nuestro país, atribuyéndolas a diferencias en educación, infraestructura, prevalencia de la ley y el estado de derecho, y grado de integración de las regiones con los diferentes mercados, especialmente con los del exterior. Se pronuncia por la inconveniencia de establecer subsidios a la producción de bienes agrícolas, así como en contra de prácticas proteccionistas que reducen su importación, porque tienen el efecto de encarecer dichos bienes, reducir su consumo y propiciar un uso ineficiente de los recursos utilizados en su producción.

Problemas de excesiva regulación de la actividad económica derivados de la concepción de que las imperfecciones de los mercados son considerables. Estas regulaciones, que toman la forma de permisos, concesiones, licencias, prohibiciones y otros obstáculos al libre intercambio, son fuentes de rentas para muchos empleados públicos que obtienen beneficios a cambio de otorgar favores e inhiben la competencia y la eficiencia productiva de las empresas. Se discute la conveniencia de mantener programas de apoyos y subsidios crediticios y fiscales a sectores de actividad económica afectados por la competencia externa, particularmente las pequeñas y medianas empresas, así como las dificultades de instrumentar una política industrial que requiera de la injerencia gubernamental para orientar la producción. Estas dificultades, en esencia, son para el autor las mismas que las generadas por la planificación central; es decir, la dificultad, si es que no la franca imposibilidad, de suplir la eficacia de las decisiones de millones de consumidores y empresas cuando asignan sus recursos guiados por las fuerzas del mercado.

Problemas derivados de que el Estado continúe involucrado en muchas actividades empresariales y mantenga monopolios en las ramas de los energéticos. México es una de las pocas naciones donde aún se discute si el sector privado puede extraer petróleo, producir gasolina o generar electricidad. Los beneficios de la privatización de empresas públicas se derivan de que éstas son menos eficientes que las privadas, al incorporar consideraciones políticas en su operación como mantenimiento del empleo y precios por debajo de los costos y porque los derechos de propiedad no están bien definidos y tiende a haber apropiaciones privadas de ingresos. Por ello no sorprende que sindicatos, proveedores y administradores se opongan a la privatización, proceso que facilitaría la operación de los mercados y la competencia, y que, junto con la apertura comercial, la inversión extranjera, las modificaciones tributarias, la desregulación y la modernización del sistema financiero, serían parte de las llamadas “reformas estructurales” que se iniciaron a mediados de los años ochenta. El deficiente desempeño económico de México es resultado de que se han limitado los cambios estructurales, en parte porque algunas malas políticas económicas son, a los ojos de muchos, “políticamente correctas”.

Problemas sobre la eficacia de la democracia y el papel del economista:

Problemas asociados a lograr un adecuado funcionamiento de la democracia, como institución política fundamental de las sociedades modernas, que afectan el proceso de toma de decisiones colectivas, las cuales dependen del sistema de incentivos al que están sujetos los representantes populares. Se requiere que dichos incentivos sean congruentes con los intereses y el bienestar de las mayorías.

Se analizan diferentes problemas del ejercicio de la democracia: los de información asimétrica entre el votante, que sabe que su sufragio altera poco el resultado electoral y tiene, por tanto, pocos incentivos para allegarse información acerca de los proyectos y evaluarlos, y el representante popular que tiende a responder a grupos específicos de interés, quienes atraen su atención; también los problemas de arreglos democráticos mal estructurados que afectan el crecimiento económico, cuando el voto de las mayorías se puede usar para redistribuir recursos hacia minorías, a costa de reducir la eficiencia económica; así como los de “expectativas fallidas” que la democracia genera cuando se presume que por sí misma solucionará múltiples problemas, lo que al no ocurrir provoca “desencanto” acerca de los resultados, conduciendo a retrocesos en los derechos políticos y en las libertades civiles, al extremo de propiciar dictaduras en algunos casos.

Según el autor, entre las distintas características gubernamentales que favorecen el desarrollo económico sostenido destacan: un gobierno pequeño, una burocracia honesta, un sistema legal que proteja los derechos de propiedad y una baja carga tributaria.

Al ceder a las demandas de los grupos de interés mejor organizados, los representantes populares adoptan medidas que reducen el bienestar social, convirtiéndose el Estado en una agencia para beneficiar a algunos en perjuicio de otros; por ejemplo, mediante impuestos elevados contra las minorías perdedoras y transferencias para las mayorías ganadoras. Entre los perdedores, destacan las generaciones futuras que pagarán la deuda pública incrementada en el presente.

Problemas de la disciplina económica y de la profesión derivados de una intensa y múltiple interferencia en temas económicos por parte del público en general, lo que oscurece y dificulta el análisis de los “problemas económicos”. Esto se debe a que las personas ven en los temas económicos oportunidades de influir en las decisiones gubernamentales y así alcanzar un beneficio o evitarse un daño, surgiendo una especie de “ley de Murphy de la economía”, atribuible al profesor Alan Blinder: los economistas influyen menos en las medidas que mejor conocen y sobre las que están más de acuerdo, pero que son impopulares, como la eliminación de obstáculos a la inversión; e influyen más en las que conocen menos y sobre las que están más en desacuerdo, pero que son populares, como las predicciones del tipo de cambio.

Con independencia de la popularidad o impopularidad de las medidas y de las opiniones que las sustentan, los economistas tienen una gran responsabilidad en el debate público expresando opiniones que sean consistentes con la teoría económica.

Muchos de los razonamientos, explicaciones y conclusiones derivados del análisis económico suelen recibirse con escepticismo por ciertos grupos, rechazando su validez supuestamente por carecer de “realismo” o ser “demasiado académicas”, posturas que reflejan su ideología o la intención de promover políticas públicas que los favorecen; por lo que la labor del economista, quien utiliza el rigor y el poder de la ciencia económica, es muy relevante: recordarle y advertirle a la sociedad acerca de los costos de las medidas gubernamentales muchas veces justificadas sólo por su viabilidad política.

Un prólogo debe ser eso, una presentación y en todo caso un aperitivo. Es imposible hacerle justicia a un trabajo tan extenso y rico en análisis y conclusiones en unos cuantos párrafos introductorios. Para terminar me limitaré a invitar al lector a empaparse de los conceptos y riqueza metodológica y riqueza de conclusiones de política pública contenidos en este estupendo compendio.

Sirva esta apretada síntesis y descripción del libro para ilustrar la riqueza de su contenido y alentar su lectura y reflexión.

FRANCISCO GIL DÍAZ

INTRODUCCIÓN

En cierta medida, este libro tiene su origen en las razones por las que en mi juventud decidí convertirme en economista. Ingresé a la carrera de economía en el Tecnológico de Monterrey porque me pareció que esta profesión me permitiría entender muchos problemas importantes. Inspirado por el romanticismo propio de la edad, pensaba que podría “aportar algo a la sociedad” entrenándome en una disciplina que combinaba lo cuantitativo con el estudio del hombre y sus interacciones. Se trataba, así, de una ciencia “sólida y humana”. Después de muchos años, estoy convencido de que esta última percepción, aunque rudimentaria, era correcta.

Mi gusto por la economía aumentó con las enseñanzas de mis profesores de licenciatura y posgrado. A medida que avancé en mis estudios estuve expuesto, cada vez más, al formalismo de los modelos económicos que buscan describir y predecir el comportamiento de los individuos y los mercados. A pesar de su sofisticación, encontré que la economía proporciona una lógica muy potente para entender la realidad y proponer cursos de mejora.

La experiencia me confirmó que no es posible agotar las aplicaciones de la economía en la vida, los negocios, el quehacer gubernamental y la sociedad. Sus herramientas permiten analizar aspectos muy diversos, incluyendo los considerados “económicos”, como las ventajas del comercio, las inconveniencias de los monopolios y los costos de los impuestos, y los “no económicos”, como la decisión de una pareja sobre el número de hijos y, en otro ámbito, la corrupción y las fallas de la democracia.

Los temas económicos interesan ampliamente, como lo refleja la gran cantidad de opiniones y debates sobre los mismos. Pronto me di cuenta, sin embargo, que la mayoría de los economistas prefiere sus tareas profesionales a compartir sus conocimientos o involucrarse en tales discusiones con el público. Si bien se asemeja a lo observado en otras ocupaciones, esta renuncia trae como consecuencia que la mayor parte de los comentarios económicos en los medios de comunicación provenga de aficionados o se refiera a pronósticos de corto plazo que se revisan casi diariamente, sobre los cuales la economía tiene poco que decir.

Un desafío fundamental de los especialistas en cualquier asignatura es exponer con sencillez, pero sin trivializar, sus conocimientos al hombre de la calle. Por eso, cuando a finales de 1998, Samuel García, entonces editor de la sección de negocios del periódico Reforma, me invitó a colaborar en el diario, acepté con gusto pensando que era una magnífica oportunidad para llevar a la práctica mi “responsabilidad social” de economista.

El presente libro reúne mis escritos publicados quincenalmente de 1998 a 2004 en Reforma, en una columna que titulé “Razones y proporciones”, un juego de palabras alusivo a los argumentos y a la medición de la economía. La obra agrupa los ensayos referidos en catorce capítulos que examinan tópicos tan diversos como las condiciones del desarrollo económico, el estado de derecho, la corrupción y la delincuencia, la globalización, la privatización y las reformas estructurales, el capital humano, la salud y la educación, la planificación central, el gasto gubernamental y los impuestos, las devaluaciones y el régimen cambiario, la inflación, los ciclos económicos, la banca y el sistema financiero, la pobreza y las desigualdades, la política y el papel de los economistas.

Los tópicos discutidos trascienden, por lo general, la coyuntura de cuando fueron escritos. La mayoría estudia las vicisitudes y las oportunidades de la economía mexicana, aunque algunos examinan otras experiencias para derivar lecciones útiles para el país. Si bien algunos aspectos de la realidad de México han cambiado, en particular con el descenso de la inflación y el fortalecimiento del sistema bancario, los problemas planteados siguen vigentes, incluyendo aquellos que se considerarían superados ya que la autocomplacencia podría permitir su resurgimiento.

Por estas razones, opté por mantener los escritos con los motivos y datos originales, realizando sólo las modificaciones pertinentes para ser leídos como partes de una misma obra, pudiendo el lector consultar el año de su publicación en el índice general.

El hilo conductor del libro son las ideas básicas de la economía, es decir, que los individuos son racionales, responden a incentivos y sus recursos son escasos. Como resultado, las personas buscan mejorar su situación, compitiendo por un mejor empleo, un mayor ingreso o más prestigio. Los mercados y los precios se encargan de conciliar estas aspiraciones, las cuales pueden dificultarse con la intervención gubernamental en la forma de impuestos, subsidios o prohibiciones.

La presente obra refleja también que, contrario a lo comúnmente establecido, la economía tiene más poder para derivar predicciones de mediano plazo que previsiones de corto, si bien los requerimientos del público suelen ir en el sentido inverso.

Asimismo, gran parte de la labor de los economistas consiste en escoger la pregunta adecuada y hacer visible lo que parece invisible, parafraseando en esto último al célebre escritor del siglo XIX, Frédéric Bastiat. Las conclusiones por este método pueden generar sorpresas y hasta escepticismo al no coincidir siempre con lo que se considera “sentido común”. Así, por ejemplo, el lector encontrará la aclaración de que un país no es como una empresa y, por tanto, no es más próspero si busca reducir importaciones o aumentar su balanza comercial externa; que la evaluación del gasto gubernamental no debe depender sólo de los beneficios postulados sino de las consecuencias de extraer recursos de los particulares para su financiamiento; que los subsidios externos a los productos agrícolas son malos excepto para el país que los importa; que la migración fortifica el desarrollo económico; etcétera.

Un comentario final sobre el título de este libro. El desempeño insatisfactorio de la economía mexicana desde los años ochenta ha sido el resultado de graves errores de política gubernamental así como del mantenimiento de obstáculos al ejercicio de la libertad económica y el funcionamiento de los mercados. El progreso económico insuficiente conduce con facilidad al desencanto. Esta reacción, si bien justificada, es el terreno fértil para el renacimiento de mitos, panaceas, magia y falacias pregonadas como vías de desarrollo.

El presente libro busca ofrecer una respuesta alternativa a estas salidas fáciles, aprovechando la lógica de la economía y la experiencia internacional. El tono crítico de los ensayos no es incompatible con el optimismo. Los elementos de la prosperidad son conocidos. Ojalá pronto México decida adoptarlos con profundidad.

Para concluir, quisiera señalar que las ideas de este libro son producto de mi formación académica, en la que tengo una gran deuda con mis maestros de la Universidad de Chicago, en especial Gary Becker, Robert Lucas, James Heckman y Robert Fogel, galardonados en diferentes años con el premio Nobel, Arnold Harberger y el fallecido Sherwin Rosen.

Mi gratitud incluye, además, varias instituciones y personas que hicieron posible la elaboración de estos trabajos. Agradezco a Reforma y a su editor de negocios, Enrique Quintana, la posibilidad de colaborar en el diario e incluir mis contribuciones en este libro, así como a BBVA Bancomer, que me proporcionó un entorno favorable para mi aventura periodística en el lapso en que fui su economista principal.

Dejándolos libres de cualquier responsabilidad sobre errores y limitaciones de estos escritos, debo reconocer el apoyo y los comentarios de mis colegas de BBVA Bancomer, particularmente Carlos Herrera, David Aylett, Eduardo Estrada, Eduardo Millán, Fernando González, Javier Amador, Javier Morales, Jorge Chirino, José López y Nathaniel Karp.

Mis amigos Everardo Elizondo, Isaac Katz, Jorge Contreras, Ricardo Medina y Roberto Salinas hicieron, en diferentes momentos, valiosas recomendaciones. De forma muy destacada, debo un reconocimiento para mi editor y extraordinario economista Francisco Javier Núñez, quien con su agudeza siempre tuvo el tino de encontrar fallos y motivos de mejoría en mis borradores. Finalmente, mi amor y agradecimiento para mi esposa Rosina y mis hijos Manuel, Eduardo y Pablo, quienes siempre comprendieron mis reclusiones durante los fines de semana en los que invariablemente preparé estos ensayos.

I. MERCADO Y CONCEPCIONES ALTERNATIVAS

A PESAR de las reformas de mercado introducidas desde mediados de los años ochenta, el desempeño de la economía mexicana ha sido insatisfactorio en términos de las oportunidades de progreso generadas para gran parte de la población.

En particular, el bajo crecimiento económico ha conducido a muchos a cuestionar la estrategia seguida en el país. De forma muy notable, han surgido voces planteando un cambio de rumbo a favor de las políticas de intervención gubernamental que ya se intentaron en el pasado. Esas iniciativas deben tomarse con cautela, ya que no constituyen una mejor opción y contradicen las lecciones aprendidas por México y el mundo.

Las economías basadas en el funcionamiento de los mercados han mostrado un desempeño muy superior a aquellas que se han sustentado en la planificación central y en la interferencia del gobierno. Así lo atestiguan el fracaso de los experimentos comunistas del siglo XX y el elevado dinamismo de las naciones que han suprimido los obstáculos al comercio y a la inversión, dejando a los particulares la tarea del crecimiento.

La operación adecuada de los mercados supone dos elementos: la libertad económica para aprovechar las oportunidades de negocio en cualquier área, y la provisión de ciertas funciones básicas por parte del Estado para que los individuos tengan un acceso equitativo a las posibilidades de intercambio y cuenten con la seguridad de que podrán aprovechar el fruto de sus esfuerzos.

México dista mucho de ser el prototipo de una economía de mercado ya que ha padecido continuas violaciones a estos dos principios. La ausencia de tales condiciones ofrece una explicación coherente del rezago económico. Más mercado y no más intervención gubernamental en las decisiones económicas es lo que haría más próspero a nuestro país.

¿POR QUÉ MÉXICO NO ES UN PAÍS RICO?

A pesar de que se conocen las claves del desarrollo económico, México se encuentra muy alejado del bienestar de las naciones ricas. Por ejemplo, en 2002 el ingreso por habitante de nuestro país fue 17, 23 y 27% del observado en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, respectivamente. Estas diferencias ponen de manifiesto el gran potencial de mejora en el nivel de vida, especialmente porque un mayor progreso reduciría la pobreza que aflige a millones de mexicanos.

¿Cuál es la explicación del rezago económico de México? La respuesta técnica a esta pregunta es la menor disponibilidad del capital físico y humano, así como la productividad inferior en el uso de estos insumos. Sin embargo, aunque correcta, esta aclaración es insuficiente ya que no descubre las causas más profundas del desfavorable desempeño de los factores mencionados.

Una explicación de fondo, basada en la evidencia internacional, es que la expansión económica necesita un ambiente propicio para los negocios, dentro del cual destaca la protección de los derechos de propiedad de los particulares. Esto último supone leyes y medidas de aplicación universal que permitan a los individuos usar libremente sus posesiones, sin dañar los derechos de los demás, y los protejan contra cualquier usurpación, incluyendo la ejercida por el gobierno.

Se trata de una función esencial del Estado porque los particulares enfrentan costos elevados para salvaguardar sus derechos. Para ser efectiva, la protección debe ser incondicional y apoyar el cumplimiento de los contratos, lo que requiere, entre otros elementos, un sistema judicial independiente y la igualdad del gobierno y los ciudadanos frente a la ley.

Bien realizada, la protección jurídica se convierte en un sistema de incentivos adecuados para el progreso, al hacer a las personas responsables de sus acciones. A su vez, esto permite el funcionamiento eficiente de la economía, ya que sólo con la certeza de recibir los beneficios del esfuerzo productivo y la adopción de riesgos, los particulares ahorran, invierten, abren empresas y crean empleos.

Así, no es casualidad que Gran Bretaña haya sido el primer país en despegar con la Revolución industrial. Su sistema de derecho común y respeto a la propiedad privada fue el terreno fértil para la innovación y el cambio tecnológico que caracterizó el crecimiento espectacular de esa economía en el siglo XIX. Posteriormente, otras naciones con instituciones jurídicas semejantes siguieron este ejemplo, en algunos casos rebasando al líder.

México está subdesarrollado, en gran medida, porque adolece de un sistema que resguarde la propiedad privada. Si bien son innumerables los ejemplos de violación de estos derechos, vale la pena destacar algunos. En nuestro país, la Constitución autoriza al gobierno a expropiar por “causa de utilidad pública”, lo que en la práctica puede servir a cualquier propósito, desde combatir supuestamente la fuga de capitales en la expropiación bancaria de 1982, hasta cobrar deudas y proteger a los cañeros en la confiscación de algunos ingenios azucareros de 2001.

Distintas autoridades pueden imponer controles de precios en cualquier industria, subir los impuestos a cualquier nivel y decretar como ilegal una actividad productiva privada que antes era legal, por ejemplo, la generación de electricidad en las modalidades permitidas por la legislación en la materia.

Sin embargo, los mayores problemas suelen presentarse en la falta de aplicación de la ley. Con frecuencia, individuos o grupos pueden invadir predios privados, vender bienes ajenos como propios, robar en la vía pública y dañar establecimientos comerciales, sin tener una persecución efectiva. Las dificultades de acceso a un sistema judicial transparente y la ausencia de rendición de cuentas de las autoridades propician la impunidad.

En especial, la protección de la propiedad se debilita ante los grupos de presión, como las asociaciones de deudores o los invasores profesionales, los cuales obtienen beneficios de los agredidos e incluso del gobierno, como muestra de “negociación”. Los problemas se agravan porque a menudo las autoridades quebrantan las leyes, como en los bloqueos de carreteras en los que han participado incluso algunos legisladores y el desacato de las sentencias judiciales por parte de algunos gobiernos estatales.

Los ejemplos anteriores constituyen un ambiente de incertidumbre que premia la irresponsabilidad y castiga la inversión, impulsando su traslado a otros países. La seriedad del problema se refleja en la mínima calificación del sistema jurídico y la protección de los derechos de propiedad en México emitida por diversas instituciones internacionales; por ejemplo, la evaluación por parte del Instituto Fraser es 3.6, respecto al máximo de 10, situando a nuestro país en el lugar 101 de 123 naciones.

La buena noticia es que hay muchos aspectos de la protección de la propiedad privada en los que México puede mejorar con beneficios significativos. Gran parte de estas tareas no requiere acuerdos en el Congreso, por lo que es posible abordarlas de inmediato. Después de todo, ¿por qué no aspirar al nivel de vida de las naciones ricas?

LAS CONDICIONES DEL CRECIMIENTO

La prosperidad requiere un entorno propicio para la inversión que mayormente es responsabilidad del gobierno. El Banco Mundial (BM) dedica su Informe sobre el Desarrollo Mundial 2005 a los factores que impulsan el avance económico. La idea central es que las empresas privadas, piezas esenciales de una economía de mercado, contribuyen al crecimiento si cuentan con oportunidades e incentivos adecuados para invertir productivamente, crear empleos y expandirse.

El informe señala que, con una población en aumento, la expansión económica es el único medio para acrecentar el bienestar. Tal proceso depende de la educación, la inversión y la productividad, siendo muy importante la aportación de este tercer elemento. Un entorno amigable a la inversión impulsa no sólo a ésta sino a la productividad, al propiciar que las empresas desarrollen y adopten mejores métodos y tecnologías.

El mayor crecimiento es, a su vez, el camino para abatir la pobreza. Las mejoras en el clima para la formación de capital en China, India y Uganda, que en años recientes condujeron, en promedio, a casi doblar la inversión privada como proporción del PIB, permiten explicar su elevado dinamismo económico y la reducción de su marginación.

A diferencia de los factores en los que no puede influir, como la ubicación geográfica del país, el gobierno determina, en gran medida, el ambiente de los negocios. De hecho, su papel más importante es suprimir las condiciones adversas que comúnmente revelan fallas gubernamentales. Una de ellas son los costos por las dificultades para obligar el cumplimiento de los contratos, la infraestructura deficiente, la delincuencia, la corrupción y la excesiva regulación. La carga de estas trabas puede ser tan elevada que, según el BM, en algunos países equivale a más de 25% de las ventas, o más de tres veces lo que las empresas pagan en impuestos. El costo puede reflejarse, además, en términos de tiempo, por ejemplo, para realizar trámites o esperar los servicios de un monopolista.

Un escollo adicional son los riesgos de predecir las acciones del gobierno, manifestados en la incertidumbre de las políticas públicas, la inestabilidad macroeconómica, la regulación arbitraria y muchos otros.

Una tercera falla surge de las barreras a la competencia. En cualquier latitud, las empresas en operación prefieren menos competidores. Sin embargo, la protección empresarial daña la economía al inhibir la actividad productiva, la eficiencia y la innovación. Además de los costos y riesgos mencionados, los requisitos para la entrada y la salida de las empresas y la falta de sanciones a las conductas anticompetitivas limitan la competencia y fomentan, además, la economía informal y la corrupción.

Según el BM, la búsqueda de un ambiente positivo para la inversión suele enfrentar la resistencia de los grupos de interés que defienden sus privilegios. Por ello el gobierno tiene el desafío de resistir la “búsqueda de rentas” de esos sectores, que suele tomar la forma de intercambio de favores con el gobierno mediante la reducción tanto de la intervención gubernamental en la economía como de las oportunidades de discrecionalidad.

Además, las autoridades deben ganarse la confianza de las empresas con políticas públicas predecibles que favorezcan los objetivos de largo plazo. El Informe advierte que la construcción de este ambiente involucra una gran lista de funciones, difíciles de concluir, por lo que se trata de un proceso continuo. Dentro de éste, conviene enfocarse en los aspectos básicos que aportan las mayores contribuciones a la inversión.

Así, una tarea esencial es la protección de los derechos de propiedad, los cuales permiten asociar el esfuerzo productivo con sus rendimientos y, por tanto, incentivan la apertura de los negocios, el trabajo y la inversión. Además de un clima político y macroeconómico estable, esta mejoría requiere asegurar los derechos a las diferentes formas de propiedad, facilitar el cumplimiento de los contratos y combatir los delitos.

Los deberes del Estado incluyen, también, reducir la regulación y mejorar la estructura tributaria para no entorpecer la iniciativa de los particulares; eliminar los obstáculos al financiamiento, fortaleciendo los derechos de los acreedores; impulsar la infraestructura mediante la competencia y la participación del sector privado; y flexibilizar los mercados laborales para aumentar el empleo así como la productividad y la capacitación de los trabajadores.

¿Qué mensaje puede desprenderse de este estudio para México? Aunque el Informe se refiere a cualquier economía, la información presentada sobre nuestro país puede ser de interés. Una de las debilidades del ambiente de inversión consiste en la delincuencia, en la forma de robo, fraude y otros ilícitos contra la propiedad y las personas, cuyo costo estimado supera 12% del PIB y es ligeramente mayor al registrado en Venezuela.

Otro impedimento son las restricciones a la inversión extranjera en áreas como la electricidad, las telecomunicaciones y los transportes. Adicionalmente, el BM asigna a México la mínima calificación en su índice de derechos de los acreedores, para describir la situación que ha contribuido al retraso crediticio. El informe menciona, además, el poder de los sindicatos para obstaculizar la creación de puestos de trabajo calificado. Por otra parte, argumenta que la economía informal alcanza 30% del PIB, lo que refleja las múltiples trabas a los negocios.

El anexo del documento ofrece cifras reveladoras en comparación con otras economías. Por ejemplo, se requieren 58 días para abrir un negocio en México y dos en Australia; la apertura involucra ocho trámites en nuestro país y en Australia dos. De forma semejante, hacer valer una obligación contractual de pago en los tribunales toma 421 días en México y 48 en Holanda; el número de procedimientos en este litigio es 37 en nuestro país y 22 en el otro. Asimismo, el registro de una propiedad absorbe 74 días en México y uno en Noruega; el número de procedimientos involucrados es cinco en nuestro país y uno en el otro. Finalmente, la resolución judicial sobre la insolvencia de una empresa toma 1.8 años en México y 0.4 en Irlanda.

Sin excepción, estos indicadores descubren costos empresariales muy superiores a los prevalecientes en economías avanzadas. Del Informe del BM se concluye que la disminución de estos impedimentos en México impulsaría notablemente la inversión y la productividad y, con ello, el desarrollo económico y el bienestar.

HACIENDO BUEN GOBIERNO

Si un gobierno desea impulsar el crecimiento económico, debe enfocarse en ciertos aspectos básicos para el desarrollo de la empresa privada y la competencia. Destacan, entre éstos, la protección universal de los derechos de propiedad individual, la aplicación de la ley, el mantenimiento del orden público, la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda y la eliminación de los obstáculos al funcionamiento de los mercados. Estas tareas constituyen la oferta de “bienes públicos” esenciales para la economía y son intransferibles del gobierno, ya que el sector privado no tiene los incentivos adecuados para realizarlas.

La evidencia empírica revela que existe una asociación positiva entre las economías con elevado ingreso por habitante y el desempeño del gobierno en estas funciones. Tales responsabilidades deben realizarse de manera cierta y sin excepciones, por lo que se requieren instituciones estables para su ejecución. Entre mayor es la incertidumbre institucional, mayores son los costos de transacción del esfuerzo laboral, el ahorro y la inversión, lo que frena el crecimiento económico.

Si es tan evidente la necesidad de estas medidas, ¿por qué los candidatos a la presidencia de la República en 2000 insisten en presentar programas tan amplios, sin una clara relación con las funciones básicas? De entrada, pueden aventurarse dos posibles explicaciones.

La primera es que a los candidatos no sólo les interesa la prosperidad agregada del país, sino una mejor distribución de sus beneficios. Se habla, así, de la necesidad de atender a los más pobres. Se piensa que el crecimiento económico, por lo menos en una primera fase, beneficia principalmente a los más ricos, ganando los más pobres sólo en etapas posteriores. Sin embargo, este supuesto, conocido por los economistas como la hipótesis de Kuznets (por el economista premio Nobel que primero la señaló) no cuenta con evidencia concluyente.

Por una parte, entre más alto es el ingreso de un país menor tiende a ser la proporción de pobres, independientemente de la definición de pobreza que se seleccione. Por ejemplo, considerando la línea de pobreza establecida por el Banco Mundial como dos dólares de consumo diario por persona, 77% de la población de Guatemala es pobre y 40% en México, porque el ingreso por habitante del primero es sólo 43% del segundo. La relación entre países no es lineal pero va en esa dirección.

Por otra parte, los economistas David Dollar y Aart Kraay han confirmado que no existe conflicto entre el crecimiento económico y la mejoría para los pobres. Con rigor estadístico en un estudio de 80 países para un periodo de cuatro décadas, han descubierto que cuando aumenta el ingreso de un país, tanto los pobres como los ricos tienden a beneficiarse, simultáneamente y en igual proporción. Algo semejante en el prejuicio ocurre con las disminuciones del ingreso.

Contrario a la creencia popular, los autores demuestran que la apertura comercial, la seguridad de los derechos de propiedad, la mayor democracia y la educación benefician por igual a los pobres y a los ricos. Señalan que sólo la reducción de la inflación y, sorpresivamente, un menor gasto público favorecen más a los pobres que a los ricos, ya que la inflación es un impuesto severamente regresivo y la mayor parte del gasto público no está dirigida a los pobres.

La conclusión central del estudio es que el crecimiento económico es bueno para los pobres. Se infiere que la mejor contribución de un gobierno preocupado por la justicia social es cumplir con las tareas básicas que propician la actividad económica.

Una segunda y más atinada explicación de la amplia lista de propósitos electorales tiene que ver con la relación entre la política y la economía. Los contendientes a un puesto de elección popular buscan ganarse los votos de los ciudadanos, a cambio de prometer ciertas retribuciones futuras. Por ello, en la práctica, las decisiones políticas no se determinan por el mérito de las ideas, sino por un balance pragmático del poder de los más importantes grupos de electores que compiten entre sí. La característica común de este proceso es que los grupos de interés buscan convencer al resto de la población que beneficiarse ellos mismos es bueno para todos. De esta manera los candidatos han prometido poner en libertad a los presos universitarios, aumentar por decreto el ingreso de los maestros de educación básica hasta por lo menos seis salarios mínimos, establecer “apoyos” a la pequeña y mediana empresa, al campo y al turismo, exentar de impuestos a ciertas regiones del país y subsidiar la adquisición de vivienda, entre otros.

Desafortunadamente la satisfacción de estas demandas no es neutral, sino perjudicial para el crecimiento económico, ya que mantiene la inseguridad y desperdicia recursos en la búsqueda de privilegios, en corrupción y en usos que ignoran el costo de oportunidad para la sociedad. El reto de la próxima administración será enfrentar estas presiones, ejerciendo, sin excepción, las tareas básicas que favorecen el desarrollo económico. La mejor forma de hacerlo es creando instituciones para su cumplimiento.

PROSPERAR O RETROCEDER

¿Cuáles son las condiciones que permitirían mejorar permanentemente el desempeño económico de México? El entendimiento de estos requisitos es esencial porque el nivel del bienestar alcanzado por el país es insatisfactorio. Por ejemplo, el ingreso por habitante en 2001 fue sólo 6% superior al de 1981, lo que equivale a una expansión promedio anual de sólo 0.3%. En términos simples el progreso económico durante los últimos 20 años ha sido muy limitado.

La respuesta a la pregunta puede encontrarse en la conferencia “Prosperidad y depresiones”, presentada en la reunión anual de la Asociación Americana de Economía de 2002, por el profesor Edward C. Prescott. Al examinar por qué algunas economías se estancan o retroceden por largos periodos, el conferencista parte de una observación poco convencional: en contra de la costumbre de identificar las “grandes depresiones” con el pasado —por ejemplo, Estados Unidos durante los años treinta—, señala que estos fenómenos han ocurrido en varios países recientemente y su costo sobre el bienestar ha sido dramático.

Obviamente, al no estar superado el problema, es importante comprender sus raíces. La buena noticia es que su ocurrencia refleja malas políticas económicas, por lo que es evitable.

Definiendo como “grandes depresiones” las caídas sustanciales, por lo menos de 20%, en el PIB por habitante respecto de la tendencia que debería prevalecer por el avance del conocimiento productivo disponible mundialmente (calculado en 2%), en 2001 Argentina, Brasil, México, Nueva Zelanda y Suiza se encontraron en depresión.

En los años ochenta Chile y México sufrieron declives mayores a 30% en su producto por habitante respecto de la tendencia; sin embargo, Chile rápidamente corrigió el rumbo, mientras que en 1995 el ingreso de nuestro país se encontró 30% por debajo del alcanzado en 1980.

Prescott explica las “grandes depresiones” por el deficiente desempeño de una o más de las tres fuentes básicas del desarrollo: 1) la acumulación de capital, es decir, la inversión; 2) el aumento en el trabajo; y 3) los incrementos en la eficiencia con la que se utilizan los factores productivos, o sea, el crecimiento de la productividad total. Para diferentes episodios y países, estima la contribución de estos componentes a las grandes depresiones y concluye que el más frecuente ha sido la disminución de la productividad total, seguido por el aumento deficiente del empleo.

Al analizar la situación actual de Japón y las depresiones remotas europeas, señala que el problema principal de aquél es la falta de productividad total y el de Europa una baja utilización de la mano de obra. Sin embargo, la causa de estos fenómenos no puede imputarse a una supuesta torpeza de los japoneses o a una pereza de los europeos.

La razón de fondo de estas deficiencias se encuentra en las políticas económicas que generan incentivos contrarios a las fuentes del desarrollo. Si bien la realidad de cada país es diferente, algunas medidas nocivas tienden a repetirse. En materia de productividad total, el declive prolongado de la producción refleja el proteccionismo, los subsidios y la regulación que inhiben la competencia y, por ende, el uso de tecnologías más productivas hacen sobrevivir artificialmente a las empresas ineficientes e impiden el desarrollo de proyectos más rentables.

En opinión de Prescott, la superioridad de Chile respecto de México en los últimos veinte años obedece a la adopción de reformas profundas desde los años ochenta por parte del primero, en áreas como el sistema bancario y la ley de quiebras, y la posposición de estos cambios en el segundo. Por otra parte, las restricciones legales que incrementan artificialmente los costos de contratación y despido contribuyen a explicar la utilización deficiente de la mano de obra. En contraste, la falta de ahorro o inversión parece determinar poco las grandes depresiones. Así, Prescott señala que el problema de México en las dos últimas décadas no fue la falta de recursos o de inversión, sino la asignación ineficiente del ahorro dictada, en gran medida, por las decisiones gubernamentales.

En conclusión, el avance o retroceso no son un producto de la suerte, sino de las buenas y malas políticas económicas. Promover medidas que contribuyen escasamente o, incluso, que limitan las fuentes del desarrollo tiene, en el mejor de los casos, dividendos políticos de corto plazo.

Si el análisis de Prescott es correcto, la agenda económica de México es clara y no debería improvisarse: competencia, incluyendo la eliminación de monopolios estatales; desregulación, apertura total a la inversión privada y una buena reforma laboral; adicionalmente, seguridad jurídica y un Estado más delgado y eficiente. La realización de estas pocas pero importantes tareas es la clave para superar los obstáculos a la productividad total y el empleo, y promover así la prosperidad.

¿MERCADO O “TERCERA VÍA”?

Las críticas al denominado modelo “neoliberal” de México se han convertido en el tema común de las propuestas de algunos precandidatos a la presidencia de la República en 1999. Aunque los discursos no incluyen mayores precisiones, puede inferirse que los ataques se refieren a la política económica seguida por México a partir de 1985, caracterizada por la apertura al comercio exterior, la desregulación, la privatización y la redefinición del papel del Estado en la economía. En síntesis, las diversas posiciones señalan que el modelo económico ha perjudicado a la mayoría de la población.

Entre los males atribuidos al neoliberalismo mexicano se enumeran la marginación, la pobreza, el desempleo, el bajo ingreso por habitante y la