El sistema tributario ante el reto de la despoblación E-Book

José Ángel Gómez Requena

• Herausgeber: ARANZADI / CIVITAS
• Kategorie: Fachliteratur
• Serie: Estudios
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2023

Seitenzahl: 269

Beschreibung

La presente obra analiza el papel que el sistema tributario puede adoptar en la lucha contra la despoblación, estudiando con precisión cuáles son los principales límites con el ordenamiento jurídico español y el Derecho de la Unión Europea. La finalidad extrafiscal de los tributos puede ser empleada como una herramienta para tratar de incentivar que nuevos habitantes se trasladen a las denominadas zonas despobladas y estimular el establecimiento de nuevas empresas. Todo ello con el fin de revitalizar económicamente estos territorios. Los incentivos fiscales en vigor, así como las propuestas que existen para crear un régimen fiscal diferenciado en las zonas despobladas, deben respetar el bloque de constitucionalidad, las libertades fundamentales de la Unión Europea y la prohibición de ayudas de Estado. El presente trabajo aborda estas cuestiones y culmina con diversas propuestas de lege ferenda para mejorar el cumplimiento tributario en las zonas despobladas, el estímulo del teletrabajo en zonas despobladas a través de incentivos fiscales para los trabajadores y abordar una propuesta de futuro como es la creación de un tributo local que grave las estancias turísticas.

Leseprobe

El sistema tributario ante el reto de la despoblación

José Ángel Gómez Requena

El sistema tributario ante el reto de la despoblación

Primera edición, 2023

Incluye soporte electrónico

Obra financiada por el proyecto de I+D «“Gestión tributaria y nuevos modelos de negocio” (2022-GRIN-34476), de la Convocatoria del Plan Propio UCLM para el año 2022 del procedimiento para la concesión de ayudas para la realización de proyectos de investigación aplicada, financiado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional».

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© 2023 [Editorial Aranzadi, S.A.U. / José Ángel Gómez Requena]

© Portada: Editorial Aranzadi, S.A.U.

Editorial Aranzadi, S.A.U.

Camino de Galar, 15

31190 Cizur Menor (Navarra)

ISBN: 978-84-1163-571-4

DL NA 1607-2023

Printed in Spain. Impreso en España

Fotocomposición: Editorial Aranzadi, S.A.U.

Impresión: Rodona Industria Gráfica, SL

Polígono Agustinos, Calle A, Nave D-11

31013 – Pamplona

A Marina, mi luz

Prólogo

Saturnina Moreno González

Catedrática de Derecho Financiero y Tributario

Universidad de Castilla-La Mancha

El fenómeno de la despoblación se ha convertido en una de las principales batallas de los poderes públicos. La pérdida de población en municipios eminentemente rurales ocasiona una brecha en la cohesión social y territorial de nuestro país, ahondando en la acentuación de desigualdades e impidiendo el acceso a importantes servicios públicos en las denominadas zonas despobladas.

Los efectos de la despoblación impactan sobre el plano económico de los territorios, retroalimentando la migración de la población joven hacia núcleos urbanos donde existan mayores oportunidades laborales. Los datos oficiales, como por ejemplo los expuestos en las Directrices Generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico de 2019, muestran una situación preocupante. Entre 2010 y 2019 perdieron población veintinueve capitales de provincia; tres de cada cuatro municipios españoles registraron pérdidas de población; y ocho de cada diez municipios con menos de 5.000 habitantes perdieron población. Si atendemos a la densidad de población, España cuenta con una densidad medida de 94,7 habs./km2; sin embargo, casi el 50% de los municipios tienen una densidad inferior a 12,5 habs./km2, umbral que la UE establece como «riesgo de despoblación». A mayor abundamiento, en torno al 38% de los municipios tienen una situación grave de despoblación a los efectos de la UE con una densidad medida de población de 8 habs./km2.

La solución al problema de la despoblación puede venir de la mano de la revitalización económica de las zonas que sufren este desafío demográfico. Puede impulsarse un crecimiento económico sostenible que aproveche los recursos naturales y culturales de la zona. Ante este desafío, el Derecho Financiero y Tributario puede coadyuvar, tal y como defiende la presente monografía, a revertir o, al menos intentar frenar, la despoblación de las zonas rurales.

La aplicación del sistema tributario, especialmente empleando la función extrafiscal que pueden desempeñar los tributos, debe realizarse con pleno respeto al Derecho de la Unión Europea y al ordenamiento jurídico español. Para cotejar en qué medida los beneficios fiscales para luchar contra la despoblación cumplen con su objetivo extrafiscal, sería interesante que se evaluase periódicamente su efectividad. La concesión de ventajas fiscales a operadores económicos tiene que realizarse al albur del marco normativo sobre ayudas de Estado de la Unión Europea. Es una buena noticia que las vigentes Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para el periodo 2022-2027 avalen el mapa de ayudas regionales de España, aprobado por la Comisión Europea, para incluir a Cuenca, Teruel y Soria como regiones NUTS 3 que pueden aplicar una mayor intensidad en sus ayudas de Estado a operadores económicos para luchar contra la despoblación.

La monografía realizada por el Dr. José Ángel Gómez Requena y que tengo el placer de prologar aborda un estudio particular de la utilización del sistema tributario para luchar contra la despoblación. Es una investigación rigurosa, abordándose desde la esfera del Derecho español y el Derecho de la Unión Europea, la cual estudia críticamente el encaje de las medidas tributarias en vigor y algunas propuestas que se han realizado durante estos años. La investigación culmina con una serie de propuestas de lege ferenda para la articulación de nuevos instrumentos tributarios para luchar contra la despoblación.

La presente obra aporta una visión innovadora sobre el empleo del sistema tributario en la lucha contra la despoblación que va a enriquecer a nuestra disciplina académica. La monografía cuenta con un elevado interés teórico y también práctico. Nos hallamos en un momento crítico en el que los poderes públicos están impulsando acciones e instrumentos jurídicos para luchar contra la despoblación. En este contexto, el Derecho Financiero y Tributario tiene también su margen de contribución en la lucha contra este fenómeno. Por ello, la presente monografía va a tener interés en la adecuación del sistema tributario para intentar mitigar y revertir la despoblación.

En Albacete a 20 de junio de 2023

Introducción

Las estadísticas demográficas y la propia realidad ponen de manifiesto la existencia de un problema, que arranca a mediados del siglo XX, consistente en la constante pérdida de población en determinadas zonas, especialmente pertenecientes al medio rural. Este hecho tiene como consecuencia directa un paulatino estancamiento económico de las zonas despobladas, el cual, a su vez, acaba desembocando en más migraciones, especialmente de población joven en busca de oportunidades en grandes núcleos de población, y acaba consolidándose una población con una medida de edad avanzada. En algunos casos, ya se ha producido el casi total abandono de los municipios. A mayor abundamiento, en los últimos años se aprecia cómo la despoblación va afectando a algunas ciudades que son capitales de provincia.

La despoblación de parte del territorio español es un desafío demográfico que se conecta con el envejecimiento de la población. Ante esta situación que puede ser entendida como uno de los diversos problemas de Estado que han de afrontarse, los instrumentos jurídicos articulados a en el seno de políticas públicas que reviertan esta situación y estimulen el crecimiento demográfico y económico en las zonas despobladas, especialmente en el medio rural, deben ser las herramientas que ayuden a luchar contra este reto.

El sistema tributario puede ayudar a estimular la llegada de nuevos habitantes a las zonas despobladas, así como de nuevas actividades económicas e inversiones. La revitalización de las zonas despobladas pasa ineludiblemente por dos factores que se retroalimentan. Por un lado, el establecimiento de nuevas empresas que creen puestos de trabajo y, en segundo lugar, la articulación eficaz y eficiente del gasto público en las zonas despobladas para que se garantice el acceso a todos los ciudadanos a los servicios públicos esenciales.

La introducción de incentivos fiscales sobre determinados tributos puede ser una herramienta eficaz para intentar revertir o, al menos, frenar el proceso de declive demográfica de muchas zonas de nuestro país. Empleando la expresión que utilizó Aristóteles en su libro Ética a Nicómaco, y que se ha convertido en refrán popular apareciendo incluso reflejado en El Quijote, «una golondrina no hace verano, ni un solo día, y así tampoco hace venturoso y feliz un solo día o un poco tiempo», podemos extrapolar la siguiente reflexión. En primer lugar, la lucha contra la despoblación exige de políticas sensatas, bien focalizadas, con instrumentos eficaces y con vocación de futuro. Pensemos que la despoblación es un problema que se arrastra desde mediados del siglo XX, por lo que es precisa una estrategia nacional para luchar contra este fenómeno que no se sustente en instrumentos jurídicos puntuales a modo de parche. En segundo lugar, en lo que al Derecho Financiero y Tributario atañe, éste puede desempeñar un papel importante, pero no va a poder por sí solo ser la solución al problema. Es necesaria una coordinación en las medidas para luchar contra la despoblación. En ocasiones, algunas propuestas apuestan ciegamente por la creación de una fiscalidad diferenciada en las zonas despobladas, desconociendo la efectividad de otras medidas de fomento, de gasto público, de promoción de la cultura y de conciliación familiar, entre otras, que son necesarias para estimular el crecimiento demográfico y económico de estas zonas.

En el presente trabajo se analizará la utilización del sistema tributario como instrumento de lucha contra la despoblación y cuáles son sus principales límites. Específicamente, se realizará un estudio de compatibilidad de las medidas tributarias en vigor y las diversas propuestas tributarias existentes para luchar contra la despoblación desde la óptica del Derecho español y del Derecho de la Unión Europea. La monografía realizará un estudio crítico de todas las cuestiones y problemas que se susciten. Asimismo, realizará diversas propuestas para mejorar la utilización del sistema tributario para contrarrestar los efectos perniciosos de la despoblación, como por ejemplo, la potenciación del cumplimiento tributario en zonas despobladas a través de una Administración de Asistencia Digital Integral Rural, la creación de incentivos fiscales al teletrabajo en zonas despobladas o la potenciación del turismo rural en zonas despobladas y, una vez garantizado un desarrollo económico y demográfico de la zona, la creación de un tributo local para gravar las estancias turísticas.

Capítulo I Despoblación y la utilización de la finalidad extrafiscal de los tributos

I. La despoblación como manifestación del reto demográfico

1. El reto demográfico y sus implicaciones

Los desequilibrios demográficos que existen en España y en parte de la Unión Europea son contrastables in situ. No pasa por alto la gran dispersión de la población a lo largo del territorio, la ausencia de una buena base de jóvenes en la pirámide demográfica, la concentración de una gran parte de la población en unas zonas geográficas muy concentradas, a veces permanente y en otras ocasiones coyuntural, y el elevado envejecimiento de la población.

Si estos aspectos de la evolución demográfica fuesen positivos no hablaríamos de la existencia de ningún desafío, reto o, sin mayores eufemismos, de un problema. Como señala el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un reto, en su acepción quinta, es todo «objetivo o empeño difícil de llevar a cabo, y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta». Dicha definición ya nos alerta de que estamos ante un desafío sobre el cual se planea un objetivo para su resolución o mitigación y que éste será difícil de llevar a cabo. No puede existir una definición mejor para trasladarla al objeto de nuestro estudio ya que el reto demográfico al que se enfrenta nuestro país se prolongará durante el medio y largo plazo, sin que exista una solución milagrosa y efectiva que consiga equilibrar dichos retos y que no proyecten sus efectos nocivos sobre la sociedad y la economía. En este punto, el Derecho, como herramienta de transformación social, debe jugar un papel importante en la lucha contra el reto demográfico en su sentido más amplio.

El reto demográfico comprende una serie de fenómenos que se ponen de manifiesto e impactan sobre la economía de España como consecuencia de la evolución demográfica. Esta evolución manifiesta elementos como el aumento de la esperanza de vida, el aumento de la población, el progresivo e imparable envejecimiento de la población, la baja natalidad, las migraciones internas, las migraciones transfronterizas, tanto en su vertiente de inmigración como en la de emigración, la despoblación, especialmente y con mayor profusión del medio rural, y la sobrepoblación de algunos municipios o regiones, entre otros. De esta manera, el reto demográfico tiene notas de transversalidad y heterogeneidad, pues se compone de desafíos específicos, pero muy diversos, y que tienen como nota común que sus efectos perniciosos se proyectan sobre la ausencia de igualdad, especialmente en el acceso a los servicios públicos entre los territorios (1) .

La expresión «reto demográfico» engloba a una serie de problemas referentes a la evolución de la propia demografía y su incardinación en el reparto de la población a lo largo del territorio (2) . Si bien está ganando relevancia el presente desafío dado el reciente interés de los poderes públicos, se trata de un fenómeno que se lleva manifestando muchos años atrás, incluso a lo largo de la historia estos problemas, con mayor o menor incidencia dependiendo de la época, han aflorado también.

La preocupación de la acción pública por el reto demográfico se intensifica desde el Acuerdo de la Conferencia de Presidentes sobre la estrategia nacional frente al reto demográfico, de enero de 2017 (3) . De este documento se extraen las siguientes reflexiones que guardan repercusión con la delimitación objetiva del reto demográfico.

En primer lugar, el reto demográfico no solo afecta a ciertos territorios que sufren la llamada despoblación, sino que también se proyecta sobre otras zonas de tipo urbanas que sufren un progresivo envejecimiento. En este sentido, se señala que «los desequilibrios demográficos y territoriales no sólo suponen desafíos en las zonas que pierde población, sino también en las grandes zonas urbanas receptoras, lo que hace que le cambio demográfico afecte a todas las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía».

En segundo lugar, los principales efectos perniciosos del desafío demográfico afectan tanto a escala europea como nacional y que, fundamentalmente, la presión recae sobre la sostenibilidad del Estado del Bienestar (sistema de pensiones, de salud y servicios sociales a personas mayores y dependientes). Sin lugar a duda, esta es la principal preocupación que los desequilibrios demográficos producen y que obligan a los poderes públicos a adoptar iniciativas para disciplinar este reto.

En tercer lugar, el citado Acuerdo sienta la hoja de ruta que va a vertebrar las iniciativas públicas y la actual estrategia nacional ante el reto demográfico, señalando la necesidad de una cooperación entre todos los niveles de Gobierno y de Administraciones Públicas, a través de «medidas de apoyo a las familias, mayores oportunidades para los jóvenes, políticas de integración de la población inmigrante y acciones de desarrollo y dinamización del medio rural», así como unas políticas públicas con «mayor sensibilidad hacia los desafíos demográficos por parte de todas las políticas públicas».

La Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico cuenta con unas Directrices Generales, elaboradas por el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico y aprobadas por el Consejo de Ministros el 29 de marzo de 2019 (4) . Siguiendo los genéricos problemas detectados en la Conferencia de Presidentes de 2017, estas directrices focalizan el reto demográfico sobre tres ejes: la despoblación territorial, el envejecimiento de la población y los denominados «efectos de la población flotante».

Por lo tanto, el reto demográfico puede definirse en la actualidad como una cuestión de Estado, sobre la cual deben adoptarse iniciativas públicas para revertir sus efectos nocivos sobre la sociedad y la economía. El reto demográfico puede sintetizarse en estos tres grandes ejes y que aglutinan el elenco de problemas específicos ligados con el declive demográfico y los desequilibrios territoriales (5) . Son tres ejes que guardan cierta conexión, especialmente el problema de la despoblación y el envejecimiento poblacional. Sin embargo, existen más dudas respecto al fenómeno estacional de la población flotante (6) . El efecto de la población flotante como una parte del reto demográfico consiste en la tensión que se produce sobre partes del territorio para prestar determinados servicios públicos y la gestión de equipamientos e infraestructuras por la llegada puntual de numerosa población que se va a establecer de forma estacional en dicho lugar. El turismo está detrás de este efecto y, por lo tanto, son las Comunidades Autónomas con mayor repercusión turística las que acaban sufriendo este fenómeno, como son Canarias, Islas Baleares, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid.

No podemos ocultar que los principales problemas que pueden considerarse en el reto demográfico son la despoblación, sobre el cual pivota la presente obra, y la inversión de la pirámide poblacional. Además, estos problemas necesitan de unas políticas públicas coordinadas, lo cual justifica con más precisión la necesidad de abordarlas desde una estrategia nacional bien definida. Por ejemplo, una apuesta encarecida por la atracción de nueva población ya sea mediante el fomento de la natalidad o a través de la atracción de migrantes, puede producir un mayor efecto en la despoblación de zonas rurales si no hay por medio una política que incentive el crecimiento y reparto de la población entre el medio urbano y rural de forma sostenible.

Ante estos ejes que representan los desafíos troncales del denominado «reto demográfico», las Directrices Generales establecen los objetivos de sus líneas de acción para cada reto.

En primer lugar, sobre el reto de la despoblación del territorio, se establecen estas líneas de acción:

1. Garantizar la funcionalidad de los territorios afectados por la despoblación y la baja densidad de población. Para ello, garantizar la igualdad de oportunidades como principio básico será esencial para evitar cualquier discriminación por razón de residencia y así potenciar el crecimiento demográfico y económico.2. Mejorar la competitividad y facilitar el desarrollo de nuevas actividades económicas y el fomento del emprendimiento. En esta línea, observamos con esperanza el hecho de que los territorios despoblados pueden ser oportunidades para la introducción de nuevos modelos de negocio, fomentando el emprendimiento y aprovechando el talento autóctono de la zona.3. Favorecer el asentamiento y la fijación de población en el medio rural. Entendemos que esta línea de acción va a estar conectada con la cuestión tributaria dado que la finalidad extrafiscal de los tributos puede coadyuvar a estimular el establecimiento de nuevos modelos de negocio y de nuevas personas físicas residentes en zonas despobladas.

En segundo lugar, en lo que atañe al desafío del envejecimiento de la población, caben destacarse las siguientes líneas de acción:

1. Coordinar las acciones referidas a personas mayores, envejecimiento activo y atención a la dependencia.2. Apoyar la puesta en marcha de proyectos de desarrollo socioeconómico de la juventud, que garanticen el relevo intergeneracional.3. Facilitar el desarrollo de proyectos que garanticen la libertad de residencia efectiva de las mujeres en el territorio.4. Garantizar las condiciones que favorezcan la crianza de los hijos, y que faciliten la equiparación de la natalidad al promedio de la Unión Europea.5. Asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación de la infancia por ámbito de residencia y tipología de familias.6. Trabajar, en coordinación con la UE, para canalizar una migración regular y ordenada, y su arraigo en todo el territorio.7. Facilitar la vuelta de los españoles residentes en el exterior que deseen regresar a España.

Por su parte, en lo que respecta a los efectos de la población flotante, las líneas de acción son las siguientes:

1. Garantizar la prestación de servicios básica para la población residente y flotante en todo el territorio.2. Asegurar el dimensionamiento de las infraestructuras y equipamientos necesarios para el desarrollo socioeconómico sostenible de las áreas con intensos flujos de población flotante.

Según los últimos datos publicados por el INE, la población residente en España a 1 de julio de 2022 se situó en los 47.615.034 habitantes, siendo el valor máximo de la serie histórica. Sin embargo, este aumento de la población no es del todo positivo, ya que son varios los datos que deben preocupar y ocupar a los poderes públicos.

En primer lugar, el crecimiento vegetativo sigue siendo negativo, además cada vez con mayor intensidad en la mayoría de Comunidades Autónomas. Esto significa que las defunciones siguen superando a los nacimientos. Sin embargo, se produce un ligero aumento de la población residente en España gracias al saldo migratorio positivo. En segundo lugar, el envejecimiento de la población es cada día más evidente, siendo la edad media de la población en el año 2022 de 44,07 años (7) . Sin lugar a dudas, las cifras son más preocupantes cuando se focalizan en el número de personas mayores de 65 años, los cuales son ya alrededor de 9 millones, es decir, 1 de cada 5 personas. Por su parte, el fenómeno del envejecimiento se acentúa en los municipios con menos de 5.000 habitantes, donde la ratio de personas que superan los 65 años es de 1 por cada 4 personas (8) . En tercer lugar, pese a que la población española sigue aumentando, su reparto no es del todo homogéneo ya que tiende a concentrarse en grandes núcleos de población y cada vez la pérdida de población se acentúa en pequeños municipios y algunas capitales de provincia que empiezan a sufrir este fenómeno. La gran parte de municipios españoles han perdido población en el último siglo, pese al aumento de la población española, la cual ha pasado de 19 millones en 1900 a los actuales más de 47 millones de habitantes.

Los Censos de Población y Vivienda del INE, cuya última versión es del año 2021 (9) , refleja el aumento de la población española en la década 2011-2021. Concretamente, el aumento se situó en un 1,2%. Sin embargo, el crecimiento es bastante heterogéneo. Por Comunidades Autónomas, los las que mayor aumentan presentan son Islas Baleares (un 7,5%) y la Comunidad de Madrid (un 4,7%), mientras que algunas de las regiones que más están sufriendo históricamente el proceso de la despoblación y el envejecimiento perdieron población en la última década, como por ejemplo Castilla y León (-6,1%), Principado de Asturias (-5,9%) y Extremadura (-3,9%). En lo que atañe a las provincias, los datos muestran que más de la mitad han reducido su población en la última década, siendo las que mayores descensos presentan Zamora (-11,7%), Cuenca (-8,7%) y León (-8,3%). Por su parte, las estadísticas también ponen de manifiesto que el crecimiento de población en algunos municipios se produce porque se localizan cerca de grandes núcleos de población, como, por ejemplo, Arroyomolinos (Madrid) con un aumento de población del 52,5%, o Seseña (Toledo) con 46,3%. Sin embargo, los municipios con una población inferior a 10.0000 habitantes que mayores descensos experimentaron en la última década han sido Cangas del Narcea (Asturias), con -15,1%, Béjar (Salamanca), con -14,9% y Aller (Asturias), con -14,5%. Asimismo, el envejecimiento de la población es palmario. En la década 2011-2021 el peso relativo de la población mayor de 64 años ha aumentado hasta el 19,7%.

Las previsiones van en la línea de pronosticar un aumento de la población en España, si bien con el consiguiente envejecimiento de la misma y un ahondamiento en el proceso de despoblación, el cual, a nuestro modo de ver, no deja de ser una consecuencia directa del envejecimiento y de una inadecuada política sobre el medio rural y el blindaje de los servicios públicos fundamentales. Tanto el INE como la AIREF pronostican que en 2050 la población se situará alrededor de los 50-55 millones de habitantes. Para el período 2019-2035 se prevé que la mitad de las Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla, pierdan población. De mantenerse dichas tendencias, solo en Ceuta, Melilla y la Región de Murcia, los nacimientos superarán a las defunciones en 2034. Asimismo, más de la mitad de las provincias continuarán perdiendo población en el período 2020-2035, según estas proyecciones, siendo las principales afectadas las de Castilla y León, buena parte de Castilla-La Mancha y Extremadura.

Por su parte, el envejecimiento seguirá acusándose en la pirámide poblacional. Según los últimos datos de referencia correspondientes a 2020 (10) , la esperanza de vida al nacer en España se situaba en 82,2 años (85 años para las mujeres y 79,5 años para los hombres). Se espera que las personas nacidas en 2050 alcancen una esperanza de vida media de 87 años. Así, para 2050, el INE y la AIREF pronostican que los mayores de 64 años estarán alrededor de los 15,7 y 17 millones. A este dato convendría añadirle, que, según el INE, el índice de envejecimiento se situó en 133,46%, el cual representa el porcentaje de población mayor de 64 años sobre la población menor de 16 años. Este fenómeno tiene una importante proyección sobre la economía y el sostenimiento de las finanzas públicas de cara al futuro ya que tiene un doble efecto de aumento de gasto y de reducción de la recaudación tributaria, ya que las rentas percibidas por los mayores de 64 años suelen reducirse significativamente (11) .

El Comité de Personas Expertas sobre la reforma tributaria califica al envejecimiento de la población como uno de los principales factores que condicionan los retos actuales del sistema tributario, junto a la globalización y la automatización de la actividad (12) . Respecto al envejecimiento, el Libro Blanco confeccionado por el Comité de Personas Expertas alerta de la especial incidencia que tiene y tendrá este fenómeno en España atendiendo a las estadísticas demográficas y las proyecciones de futuro. Se señala que el envejecimiento tendrá un impacto notable sobre el gasto público y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En este sentido el Libro Blanco sobre la reforma tributaria alerta que «el envejecimiento supone un incremento de las necesidades de gasto en sanidad, dependencia y pensiones públicas, condicionadas a la tecnología y a las preferencias actuales de provisión de los servicios públicos, así como al grado de redistribución intergeneracional del sistema de pensiones», lo que conduce a las personas expertas a vaticinar «un notable incremento esperado del gasto público en términos del PIB, y supone un reto para la sostenibilidad de las finanzas públicas en un contexto de elevado endeudamiento público». Por su parte, como ya se ha indicado anteriormente, este Comité de Personas Expertas también señalan el impacto del envejecimiento sobre las bases imponibles, especialmente en las rentas del trabajo y el consumo de los mayores de 64 años.

El declive demográfico acaba desembocando en un declive económico, especialmente de los municipios y regiones que sufren con mayor intensidad los efectos de un crecimiento vegetativo negativo, unas bajas tasas de natalidad y una población joven cada vez más reducida en detrimento de un mayor número de personas mayores. Estos territorios entran en un círculo peligroso en virtud del cual el envejecimiento va en aumento y con ello se reduce la población en edad de trabajar y de generar valor y riqueza, arrastrando a dos consecuencias. Por un lado, al éxodo de los pocos jóvenes que quedan hacia territorios en los cuales existen más oportunidades personales y económicas y, por otro lado, una pérdida de tejido empresarial y destrucción de puestos de trabajo que ahondan en la malherida situación económica de estos territorios.

Por lo tanto, el declive demográfico acaba arrastrando a un hundimiento de la economía local en sus casos más extremos. En otros casos, pese a que no se llegue a producir una verdadera despoblación del municipio que lo deje desierto, los efectos demográficos sí que merman sensiblemente la economía de la zona, pues la población joven tiende a ir a núcleos urbanos en los que se concentran las principales salidas laborales y donde existe una mayor prosperidad económica a priori.

Este matiz de «a priori» creemos que es importante porque no en todas las circunstancias los municipios que sufren el reto demográfico son lugares que irremediablemente deben verse condenados al declive económico. Son territorios que necesitan una nueva visión a través de iniciativas públicas que, garantizando el asentamiento de población y de empresas, exploten las oportunidades y los modelos de negocio que mejor se adapten a dicho lugar, para así conseguir prosperidad.

El reto demográfico también afecta al conjunto de la Unión Europea, si bien no con la misma intensidad, pero en definitiva es de igual manera uno de los mayores retos a los que se enfrenta la Unión Europea y la adopción de iniciativas para lograr un equilibrio demográfico y la sostenibilidad de los servicios públicos en la Unión Europea es una señal clara de la solidaridad que ha de presidir en la Unión Europea.

Así lo ha reconocido el Comité Europeo de las Regiones en un Dictamen publicado en 2017 (13) señalando que «la respuesta de la UE al cambio demográfico debería dotarse de una visión amplia, coordinada e integradora, puesto que se trata de un tema transversal». Asimismo, este Dictamen aboga por sentar unas bases comunes en las futuras iniciativas europeas y nacionales para lucha contra este fenómeno. En este sentido, se sientan las bases para que la «perspectiva demográfica» sea tenida en cuenta en las diversas políticas de cohesión, innovación, transporte, salud, políticas sociales y de empleo, TIC, desarrollo rural o emigración, entre otras.

El Comité Europeo de las Regiones aboga por una futura estrategia europea que integre en la lucha contra el reto demográfico a los principales entes que la sufren: los entes locales y regionales. No cabe duda de que los municipios y comarcas son las que mayor sensibilidad presenten respecto a los desafíos demográficos que, en última instancia, acaban manifestándose en una severa despoblación y un declive económico que impide alcanzar una atmósfera de igualdad en el acceso a los servicios públicos para los pocos habitantes de dichas zonas, generalmente población de avanzada edad, en parangón con los habitantes en zonas con mayor densidad de población.

Existen una serie de factores que inciden en el cambio demográfico en Europa. Ese cambio demográfico se traduce en que somos una sociedad que vive más años, pero cada vez está más envejecida y, en algunas zonas, existe una alta concentración de población, mientras que en otras las densidades de población son paupérrimas y alarmantes. En este sentido, la Comisión Europea detecta los siguientes factores que impulsan ese cambio demográfico en Europa y que obligan a que las instituciones europeas y los Estados miembros tomen medidas para abordarlo de manera justa, solidaria y confeccionando una sociedad más resiliente (14) :

1. Mayor esperanza de vida.2. Menos nacimientos.3. El envejecimiento de la población.4. Hogares más pequeños.5. Mayor movilidad en territorio europeo.6. Cambios en el tamaño de la población.

De estos factores se desprenden una serie de datos estadísticos muy interesantes que avalan la importancia del cambio demográfico y sus efectos negativos sobre la sociedad, la economía y la sostenibilidad de las finanzas públicas. En primer lugar, los europeos vivimos cada vez más años y en un buen estado de salud durante más tiempo. En el año 2018, la esperanza de vida de los hombres alcanzaba los 78,2 años y para las mujeres los 83,7 años. Pues bien, para 2070 se espera que esa esperanza de vida aumente hasta los 90,3 años en las mujeres y los 86,1 años en hombres. En segundo lugar, los nacimientos continúan resintiéndose y en 2018 cada mujer europea tenía 1,55 hijos, tasa que se considera por debajo de lo necesario para mantener constante el tamaño de la población en ausencia de migración. En tercera instancia, la edad media de la población europea puede pasar de los 44 años en 2020 a los 49 años en 2070. A mayor abundamiento, se detecta que cuanto más aumenta la edad media de la población europea, más crece el número y proporción de ciudadanos que pertenecen a los grupos de mayor edad. En 2020 se fijaba en un 20% la proporción de personas mayores de 65 años frente al 30% que se estima para 2070. En cuarto lugar, es una realidad que los hogares y las familias son cada vez más reducidas. La Comisión Europea alerta de que a medida que aumenta el número de hogares en Europa, se reduce su tamaño medio y esto es consecuencia de la segregación que sufren los hogares y se confeccionan otros más pequeños. Alrededor de un tercio de los hogares está compuesto por una sola persona, aumentando el número de personas mayores de 65 años que viven solas. Finalmente, respecto al tamaño de la población europea, cabe decirse que históricamente la población europea ha crecido constantemente un 25% desde 1960, situándose en casi 447 millones en 2019. La Comisión Europea prevé que la población europea crezca hasta el período de 2025-2030, no gracias a los nuevos nacimientos, sino a través de la inmigración. A partir de 2030 se proyecta una progresiva disminución de la población europea.

Según datos de Eurostat en 2020, la tasa de fecundidad, la cual representa el número de nacimientos por mujer, en las zonas rurales de la Unión Europea era superior que en las zonas urbanas e intermedias (un 1,612 frente al 1,48 de las urbanas y un 1,54 de las intermedias); sin embargo, en España, junto a países como Portugal, se observa una tendencia contraria, siendo la tasa de fecundidad de las zonas rurales en España del 1,09 y en zonas urbanas de 1,24 (15) . Si atendemos al reparto de la población en la Unión Europea en lo que atañe a las regiones rurales según los grupos de edad observamos que, según las últimas estadísticas disponibles de 2020 a través del INE y Eurostat, se observa que España es uno de los países que más población envejecida acumula en las zonas rurales. Mientras que la media europea de población mayor de 65 años en zonas rurales es del 21,8%, en España la proporción alcanza el 27,3%.