Estudio sobre la Prueba de Oficio en Colombia E-Book

Jose Jaime Padilla Olivella

• Herausgeber: Editora Dialética
• Kategorie: Fachliteratur
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 111

Veröffentlichungsjahr: 2024

Beschreibung

Este trabajo tiene como objeto introducir una discusión sobre la constitucionalidad de las facultades del juez y su papel en el del proceso judicial, para intervenir en la etapa probatoria. En concreto se analizará cuáles son los principios preponderantes tenidos en cuenta por el legislador para facultar, obligar y prohibir al juez intervenir en el proceso a través de las pruebas de oficio. Se revisara en cada especialidad jurisdiccional, la garantía de la tutela judicial efectiva a los administrados, su incidencia en los resultados del proceso, la garantía de imparcialidad del operador judicial, y si a la luz de estas regulaciones nuestro sistema judicial está garantizando al ciudadano que el ciudadano tenga garantías del derecho constitucional a la búsqueda de la verdad. Este trabajo plantea la necesidad de un desarrollo legal sobre el tema y una regulación general sobre la materia, que permita el decreto excepcional de pruebas de oficio de parte del operador judicial, imponiéndole una carga de trasparencia y argumentación en cada caso en concreto, que sea de carácter reglado, y cuyo objeto sea garantizar los derechos fundamentales a: tutela judicial efectiva, igualdad de las partes y debido proceso, a los usuarios del sistema judicial. Así como también el ejercicio pleno del principio de la búsqueda de la verdad, derecho del administrado y hoja de ruta para la actuación judicial.

Leseprobe

SUMÁRIO

Capa

Folha de Rosto

Créditos

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1. ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PRUEBA DE OFICIO

1.1. DELIMITACIÓN DEL DERECHO A PROBAR

1.1.1. Objeto de la prueba judicial

1.1.2. Normas que rigen la carga de la prueba

1.1.3. Sistemas procesales en cuanto a la actividad probatoria

1.1.4. Principio / valor constitucional a la búsqueda de la verdad

1.2. FUNDAMENTOS DE LA PRUEBA DE OFICIO

1.2.1. La Prueba de Oficio como garantía del debido proceso

1.2.2. La prueba de Oficio como garantía de la Justicia Material

1.2.3. La prueba oficiosa como garantía del derecho a la igualdad

1.3. DERECHO A LA VERDAD Y PRUEBA DE OFICIO

1.3.1. Distintos conceptos de Verdad

1.3.2. Verdad Procesal y Verdad Real

1.3.3. La reconstrucción de la verdad

1.4. REGULACIÓN ACTUAL DE LA PRUEBA DE OFICIO EN COLOMBIA

1.4.1. La nueva regulación del Código General del Proceso

1.4.2. La regulación en el Código Procesal Administrativo

1.4.3. La regulación del Código de procedimiento penal

1.5. APORTES DE LA JURISPRUDENCIA AL DESARROLLO DE LA PRUEBA DE OFICIO EN COLOMBIA

1.5.1. Corte Suprema De Justicia – Sala Civil

1.5.2. Corte Suprema De Justicia Sala Penal

1.5.3. Consejo De Estado

CAPÍTULO 2. PRUEBA DE OFICIO Y DERECHOS FUNDAMENTALES

2.1. DERECHO CONSTITUCIONAL PROBATORIO

2.1.1. Concepto de prueba judicial desde la perspectiva Constitucional

2.2. PRUEBA DE OFICIO Y DEBIDO PROCESO

2.2.1. Violación del debido proceso por no decretar prueba de oficio

2.2.2. Violación del debido proceso por decretar prueba de oficio

2.2.3. Derecho al debido proceso probatorio

2.3. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y PRUEBA DE OFICIO

2.3.1. Concepto de tutela jurisdiccional efectiva

2.3.2. Prueba de oficio como garantía de la tutela jurisdiccional efectiva

2.4. DERECHO A LA IGUALDAD DE LAS PARTES Y LA PRUEBA DE OFICIO

2.4.1. Concepto de igualdad Probatoria

2.4.2. Garantía de Igualdad material a través del decreto de prueba de oficio

2.4.3. Afectación de la garantía de igualdad por el decreto de prueba de oficio

2.5. LA PRUEBA DE OFICIO Y LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD

2.5.1. La búsqueda de la verdad a través de la prueba de oficio

2.5.2. Límites constitucionales a la búsqueda de la verdad

CAPÍTULO 3. LA PRUEBA DE OFICIO EN LAS DISTINTAS ESPECIALIDADES JURISDICCIONALES

3.1. LA PRUEBA DE OFICIO EN MATERIA PENAL, JUSTIFICACIÓN DE SU PROHIBICIÓN

3.1.1. Libertad de configuración legislativa para definir régimen probatorio

3.1.2. El principio de “igualdad de armas” en el proceso Penal

3.1.3. Excepciones a la prohibición de decretar prueba de oficio en materia penal

3.1.3.1. Prueba de oficio decretada por el juez de control de Garantías en el proceso penal

3.1.3.2. Prueba de oficio decretara por el juez de conocimiento penal en el trámite del incidente de reparación integral

3.1.3.3. Prueba de oficio en el trámite de la acción de revisión

3.1.3.4. Prueba de oficio en la fase de la ejecución de pena

3.1.3.5. Excepción de inconstitucionalidad en la aplicación del artículo 361 del Código de Procedimiento Penal

3.2. LA INTERVENCIÓN PROBATORIA OFICIOSA EN EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

3.2.1. La prueba de oficio como deber en el C.G.P.

3.2.2. Omisión del decreto de prueba de oficio como causal de nulidad en el C.G.P.

3.2.3. Prueba de oficio seguida del rechazo del allanamiento a la demanda

3.2.4. Prueba de oficio en el juramento estimatorio

3.2.5. Prueba de oficio en la práctica del interrogatorio al testigo

3.2.6. Prueba de oficio en el recurso extraordinario de casación

3.3. LA PRUEBA DE OFICIO EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

3.3.1. Prueba de oficio en caso de allanamiento o transacción

3.3.2. Prueba de oficio en el control inmediato de legalidad de actos de carácter general durante los estados de excepción

3.3.3. Prueba de oficio como modalidad de la carga de la prueba

3.3.4. Prueba de oficio en el procedimiento contencioso administrativo en general

3.3.5. La posibilidad de que las partes puedan controvertir la prueba de oficio en el nuevo procedimiento contencioso administrativo

CONCLUSIONES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Landmarks

Tapa

Hoja de rostro

Página de Créditos

resumen

Bibliografia

INTRODUCCIÓN

En Colombia, actualmente tienen vigencia varios estatutos procesales. Todos rigen relativamente desde hace poco tiempo, y han sido incorporados como nueva legislación con el fin de introducir en ellos el principio de oralidad. Así mismo se ha regulado de manera distinta, la posibilidad de que el juez decrete y practique medios de pruebas que no han sido solicitadas por las partes. Por ejemplo, en la disposición contenida en el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004, art. 361, Colom.) (en adelante CPP), se ha establecido una prohibición general de que el juez penal de conocimiento pueda decretar pruebas de oficio. Esta prohibición, tiene razones teóricas que han sido desarrolladas jurisprudencialmente1, las cuales analizaremos en este trabajo.

Por otro lado, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011, art. 213, Colom.) (en adelante CPACA), establece que el Juez contencioso administrativo, podrá en cualquier instancia decretar pruebas de oficio2. Resulta razonable poder analizar las razones por las cuales es justificable que en esta materia sea una facultad y no un deber o prohibición del juez decretar prueba de oficio. Además se debe revisar si existen límites formales o materiales a esta facultad del operador judicial, o si por el contrario es una decisión absolutamente discrecional.

En este orden de ideas, también nos encontramos frente a la disposición contenida en el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012, art. 170, Colom.) (en adelante CGP), en cuyo contenido se encuentra un mandato que obliga al juez, de las materias sometidas a este estatuto a decretar prueba de oficio “cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia”.

Los tres escenarios anteriores, nos permiten plantearnos el siguiente problema de investigación: ¿Cuál de las regulaciones procesales de intervención oficiosa en materia probatoria del juez, identificadas en las normas procesales colombianos (la que faculta, obliga o prohíbe el decreto de pruebas de oficio), garantiza en mayor medida las garantías constitucionales de: tutela judicial efectiva, debido proceso e igualdad de las partes?

Este problema de investigación, se enfoca precisamente en las distintas regulaciones frente al tema y la posición del ciudadano usuario de la administración de justicia, respecto a la facultad o no de intervención del juez en la etapa probatoria. Es así como surgen interrogantes validos en este contexto; por ejemplo, cuales son las razones por las cuales el legislador opta por vedar el decreto de prueba de oficio y en otros casos obliga al operador judicial su intervención probatoria.

El asunto cobra mucha más importancia, en la medida en que se analicé dogmáticamente cuál de los tres sistemas de intervención probatoria del juez, garantiza en mayor medida las garantías fundamentales de tutela judicial efectiva, igualdad y debido proceso. Entendiendo la naturaleza de cada jurisdicción en donde se aplica cada regulación, conociendo los fundamentos que justifican doctrinaria y jurisprudencialmente las razones por las cuales en algunos casos se prohíbe y en otros se obliga.

La justificación de este trabajo, se centra en que el Estado Colombiano adoptó como fórmula de organización la de un Estado Social y Democrático de Derecho, cuya estructura se cimienta sobre la base de principios y valores reconocidos constitucionalmente en donde es epicentro el ser humano y su dignidad. Estos principios y valores inspiran toda la actividad estatal, en especial la función jurisdiccional del Estado, de cuyo funcionamiento depende el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos.

En este contexto, no es menor cosa, plantear un problema sobre el funcionamiento mismo de los órganos judiciales. Más específicamente sobre la posibilidad de los órganos y dependencias a quienes se les ha encomendado la tarea de administrar justicia, de incidir o no en una de la etapa importante de cualquier proceso judicial, como lo es la etapa probatoria.

El planteamiento entonces es: ¿en qué condiciones es admisible o no constitucionalmente que el juez intervenga en la etapa probatoria de los procesos judiciales? o si no existen ninguna limitación. Se pretende explicar, cómo en un sistema jurídico como el Colombiano, pueden coexistir tres regímenes respecto de la posibilidad de intervención oficiosa del juez en materia de prueba.

Este trabajo tiene como objeto introducir una discusión sobre la constitucionalidad de las facultades del juez y su papel en el del proceso judicial, para intervenir en la etapa probatoria. En concreto se analizará cuáles son los principios preponderantes tenidos en cuenta por el legislador para facultar, obligar y prohibir al juez intervenir en el proceso a través de las pruebas de oficio.

Se revisara en cada especialidad jurisdiccional, la garantía de la tutela judicial efectiva a los administrados, su incidencia en los resultados del proceso, la garantía de imparcialidad del operador judicial, y si a la luz de estas regulaciones nuestro sistema judicial está garantizando al ciudadano que el ciudadano tenga garantías del derecho constitucional a la búsqueda de la verdad.

La hipótesis que se tiene del problema planteado es que los tres sistemas probatorios que regulan la intervención oficiosa del juez, son deficientes frente al derecho y/o principio constitucional de la búsqueda de la verdad, algunos en mayor o menor medida. Ya que cuando se faculta al juez para intervenir decretando prueba de oficio y se deja a su arbitrio, y es así como el sistema judicial pone en riesgo al administrado frente a la discrecionalidad judicial. Cuando se le impone la obligación como sucede en materia civil y laboral, genera riesgos de vulneración de la garantía de igualdad de las partes frente al litigio, porque en el ejercicio de ese deber el juez puede decidir injustamente favor o en contra de los intereses de las partes encontradas. Por ultimo cuando se prohíbe como sucede en materia penal, se le quita la posibilidad al operador judicial, de poder cumplir con el principio constitucional o valor de la búsqueda de la verdad a la que tiene derecho el administrado cuando hace uso del derecho fundamental del acceso a la administración de justicia (C.P., 1991, art. 229, Colom.). En este último caso, se somete a las reglas de la verdad procesal y no material.

En este contexto, este trabajo plantea la necesidad de un desarrollo legal sobre el tema y una regulación general sobre la materia, que permita el decreto excepcional de pruebas de oficio de parte del operador judicial, imponiéndole una carga de trasparencia y argumentación en cada caso en concreto, que sea de carácter reglado, y cuyo objeto sea garantizar los derechos fundamentales a: tutela judicial efectiva, igualdad de las partes y debido proceso, a los usuarios del sistema judicial. Así como también el ejercicio pleno del principio de la búsqueda de la verdad, derecho del administrado y hoja de ruta para la actuación judicial.

Por lo tanto, el objetivo general consiste en examinar de manera concreta dentro de las regulaciones legales de la prueba de oficio en Colombia; las razones o fundamentos Constitucionales por la cuales en distintas especialidades jurisdiccionales coexisten tres regímenes diferenciados sobre la prueba de oficio.

Para tal fin tenemos como objetivos específicos:

1.  Identificar la intervención del juez en materia probatoria en las distintas especialidades jurisdiccionales, a la luz de las legislaciones procesales. Esto estableciendo de manera concreta hasta donde llega su facultad de decretar prueba de oficio, o si es el caso sí la prohibición normativa es absoluta.

2.  Describir en cada área del derecho en donde exista norma procesal especial, las facultades o prohibiciones del juez en cuanto a la posibilidad de decretar prueba de oficio, determinando razones teóricas de su regulación en cada área en concreto.

3. Evaluar teóricamente si la regulación hecha por el legislador en los distintos estatutos procesales, garantizan el máximo ejercicio de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y tutela judicial efectiva, así como también el derecho o valor constitucional de la verdad.

4.  Comprender el marco Constitucional de la actividad o intervención probatoria del juez dentro de los distintos procesos judiciales, en cada especialidad en concreto.

Metodología de investigación utilizada

El método de investigación para la verificación de la hipótesis planteada es el cualitativo bibliográfico, y el enfoque metodológico hermenéutico, que se desarrollará analizando críticamente las fuentes normativas del régimen judicial en materia de prueba de oficio en Colombia, garantía del ciudadano de acceder a la administración de justicia y prevalencia de los principios Constitucionales de la igualdad, debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, que orientan la facultad, el deber o la prohibición de intervención judicial oficiosa en materia probatoria. Esto incluye el análisis de las principales sentencias de los máximos órganos judiciales de Colombia, sobre el tema la prueba de oficio, para determinar los fundamentos y distintas reglas y subreglas aportadas por estos órganos del poder judicial.

1 La Corte Constitucional Colombiana, al estudiar la constitucionalidad del artículo 361 de la Ley 906 de 2004 (CPP), indicó que es admisible constitucionalmente el régimen probatorio de prohibición de prueba de oficio, establecido por el legislador en materia penal, lo anterior debido al principio de libertad de configuración legislativa y además por considerar razonable y valido en este caso dicha prohibición (C.C., Sentencia C-396/07, Colom.).

2 Sobre este mandato se indica en la sentencia SU-768/14, que la jurisprudencia constitucional ha respaldado la legitimidad y necesidad de la prueba de oficio, con el fin de que se tengan sentencias más justas. Esta facultad es un compromiso del juez con la verdad y prevalencia del derecho sustancial.