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"Ante las violencias y conflictos cotidianos, en no pocas ocasiones se da un debate al respecto de la utilidad de recurrir o no a la policía y a los tribunales. Se alega que esto puede no ser una solución sino un problema adicional. Sin embargo, los mecanismos sustitutos que se proponen para impartir justicia siguen estando profundamente impregnados de una filosofía punitiva: amenazas, exclusión, acoso, denuncia pública y descrédito político. ¿Cómo salir de este atolladero? La cuestión es tanto más difícil cuanto que se plantea en un momento en que las fuerzas reaccionarias están llevando a cabo una amplia ofensiva contra los derechos individuales y colectivos para proteger mejor a quienes organizan la violencia en nuestras sociedades. Escrito por una «bollera militante», este libro ofrece una aguda crítica del moralismo progresista y de las prácticas punitivas en las luchas sociales. Poniendo en cuestión el sistema penal dominante, sienta las bases para una justicia transformadora que sea capaz de cuidar a las víctimas y transformar a individuos y grupos por igual. Frenar la violencia también significa dejar de temer el conflicto, dejar de tener miedo a luchar."
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Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2025
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Akal / Pensamiento crítico / 120
Elsa Deck Marsault
Hacer justicia
Moralismo progresista y prácticas punitivistas en la lucha contra las violencias sexistas
Traducción: Ana Useros Martín
Ante las violencias y conflictos cotidianos, en no pocas ocasiones se da un debate al respecto de la utilidad de recurrir o no a la policía y a los tribunales. Se alega que esto puede no ser una solución sino un problema adicional. Sin embargo, los mecanismos sustitutos que se proponen para impartir justicia siguen estando profundamente impregnados de una filosofía punitiva: amenazas, exclusión, acoso, denuncia pública y descrédito político. ¿Cómo salir de este atolladero? La cuestión es tanto más difícil cuanto que se plantea en un momento en que las fuerzas reaccionarias están llevando a cabo una amplia ofensiva contra los derechos individuales y colectivos para proteger mejor a quienes organizan la violencia en nuestras sociedades.
Escrito por una «bollera militante», este libro ofrece una aguda crítica del moralismo progresista y de las prácticas punitivas en las luchas sociales. Poniendo en cuestión el sistema penal dominante, sienta las bases para una justicia transformadora que sea capaz de cuidar a las víctimas y transformar a individuos y grupos por igual. Frenar la violencia también significa dejar de temer el conflicto, dejar de tener miedo a luchar.
Activista queer y feminista, Elsa Deck Marsault es cofundadora de Fracas, un colectivo que ofrece diferentes métodos y herramientas de intervención y formación para apoyar a personas o colectivos en torno a cuestiones de conflicto y violencia interpersonal, intracomunitaria o intracolectiva.
Diseño interior y cubierta: RAG
Motivo de cubierta
Antonio Huelva Guerrero / Instagram: @sr.pomodoro
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Título original
Faire justice. Moralisme progressiste et pratiques punitives dans la lutte contre les violences sexistes
© Elsa Deck Marsault, 2023
© Ediciones Akal, S. A., 2025
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
www.akal.com
facebook.com/EdicionesAkal
@AkalEditor
@ediciones_akal
@ediciones_akal
ISBN: 978-84-460-5728-4
CAPÍTULO I
En la refriega
En mi condición de bollera[1], he navegado mucho tiempo en las comunidades queer y feministas y he sido testigo de numerosos procesos de exclusión y de encarnizamiento colectivo: sobre las protagonistas de un conflicto político, sobre tanto las personas que son víctimas de violencia como sobre las autoras de esta o sobre sus entornos. Ya he perdido la cuenta de los testimonios escritos por parte de personas excluidas de sus ambientes después de años de lucha, así como de los redactados por los seres queridos de personas militantes que se suicidaron[2].
No me voy a centrar aquí en la responsabilidad que en estas muertes tienen la sociedad contemporánea y sus violencias. Esto es algo que, por supuesto, no debe minimizarse; sin embargo, la violencia de los espacios en los que luchamos debe reconocerse también. Si bien esta violencia se debe en buena parte a la reproducción de las relaciones estructurales de poder, la forma concreta en la que se desarrolla en el seno de los entornos militantes merece ser objeto de un análisis completo. Aunque mi experiencia en estos entornos se reduce a determinadas esferas feministas y queer, creo que se pueden trazar paralelismos con el resto de los espacios de la izquierda. Desde la perspectiva del abolicionismo penal[3], impulsados por la idea de prescindir de la policía y de los tribunales, estos grupos buscan cómo sustituir estas instancias y sistemáticamente acaban por constituirse en «tribunales populares», como reacción ya sea a un simple desacuerdo o conflicto político, ya sea a una agresión, una situación de abuso o un acto de violencia[4]. En lo que a mí se refiere, mi propia experiencia y mis aprendizajes militantes me han llevado a la conclusión de que, efectivamente, es necesario aprender a prescindir de un sistema judicial que, en su forma actual, es punitivo y no transformador, que reproduce las relaciones de dominación y que no responde de manera adecuada a las necesidades de las víctimas. Pero, aunque esta intención sea loable, su aplicación concreta ya no lo es tanto, a menudo por falta del tiempo y de la energía necesarios para dedicarlos tanto a la investigación como a la implantación de las herramientas adecuadas. Las medidas son expeditivas y se aplican de manera urgente, para responder así al ritmo desenfrenado de una militancia que ya nos cuesta sostener. Teniendo en cuenta que la gestión de los conflictos o de la violencia es algo que se añade a unas agendas militantes ya bastante cargadas, a menudo es difícil encontrar grupos que se ocupen de ello de manera estable y continuada. Esta gestión, por lo tanto, termina por recaer sobre un pequeño puñado de personas, cuyos intereses y circunstancias individuales pocas veces se cuestionan, a menudo por falta de pares que puedan hacerlo. Los ambientes militantes se encuentran bajo la influencia del sistema penal y carcelario (como lo está el resto de la sociedad), y las herramientas que se emplean para impartir justicia están profundamente teñidas de una filosofía punitivista: la amenaza, la presión, la exclusión, el acoso, la denuncia pública, la manipulación de los hechos y de los discursos o el descrédito político.
La justicia punitivista descansa en una creencia según la cual es justo y necesario sancionar a las personas que cometen una infracción. Esta sanción puede aplicarse dentro de un marco penal y judicial, pero también puede hacerse fuera de cualquier institución jurídica. Por ejemplo, una campaña de acoso puede constituir una medida punitiva en contra de una persona, así como también el boicot a un espacio o incluso la denuncia de unos determinados actos. Estas prácticas, generalizadas en el mundo militante en sentido amplio, apenas se cuestionan, y la imposición de un sufrimiento –físico, moral, psicológico– con posterioridad a un perjuicio cometido es moneda corriente. En una conferencia de 1976, Foucault explica que si las posturas anticarcelarias son cada vez más populares no es porque la cárcel haya fracasado[5]. Al contrario, sus funciones de control y castigo han conseguido burlar sus muros; se han infiltrado en la sociedad, la familia, el trabajo. Los grupos a los que pertenecen las personas que han cometido las infracciones o los delitos ven cómo se les delegan las funciones estatales del control. Por ejemplo, el empleo de la pulsera electrónica se extiende en la década de los años 2000 y transforma el espacio privado del hogar en un lugar de restricción en el que purgar las culpas. Encontramos de nuevo el mismo mecanismo de «encierro en el exterior» cuando una persona se ve excluida de todos los lugares de su comunidad por iniciativa de sus pares. Si no tomamos una distancia crítica sobre nuestras prácticas en el tema de la justicia, el riesgo de reproducir los mecanismos del sistema penal dentro de nuestros espacios es enorme.
¿Cómo ha sido posible que la militancia por la justicia social y por el abolicionismo penal no haya conseguido hacerlo mejor, sino que a veces lo haya hecho incluso peor que la policía cuando se trata de lidiar con la violencia en el interior de sus espacios de lucha? ¿Y qué podemos proponer para salir de este atolladero?
Aunque yo haya terminado por abrazar las teorías y prácticas vinculadas con la justicia transformadora[6] y/o abolicionista, no empecé por ahí en absoluto. Fue al constatar que las comunidades a las que pertenecía no sabían reaccionar ante los conflictos y los actos de violencia internos cuando intenté reunir las herramientas existentes sobre el tema, con el objetivo de ayudar a las personas que me rodeaban. En 2019, reuní a un grupo de personas a las que sabía que les interesaba el tema de las violencias intracomunitarias. Creamos un cuestionario para saber más sobre el alcance de las prácticas punitivas en el interior de nuestros espacios, y después nos estructuramos dentro de un colectivo: Fracas. Cada una de nosotras había tenido una experiencia personal de los conflictos y violencias intracomunitarias en los ambientes queer, bolleros, trans y feministas. En este marco fue en el que yo emprendí un trabajo de investigación y formación, y en el que pudimos aplicar las prácticas que nos parecían pertinentes al hilo de los acompañamientos que nuestro colectivo efectuaba. Nos inspiramos en los protocolos de cuidado y de acompañamiento existentes para adaptarlos al ámbito de los conflictos en el seno de los espacios militantes. Eso nos ha permitido establecer una estructura horizontal en la que cada una de nosotras puede asumir hacer sus seguimientos, a la vez que rendimos cuentas regularmente al colectivo con el fin de evitar cualquier exceso o abuso de poder. Los seguimientos que proponemos se adaptan en cada ocasión a la situación de la que se nos informa, pero se desarrollan siempre siguiendo un guion parecido.
Cuando nos escribe una persona o un colectivo, fijamos una primera cita telefónica. En el curso de esa llamada, repasamos las razones que han conducido a nuestras interlocutoras a contactarnos y analizamos juntas su situación, sus necesidades y sus deseos. Ese tiempo sirve también para evaluar si nuestro colectivo tiene la capacidad de intervenir, si las personas podrían responder ellas mismas a sus problemas o si debemos redirigirlas a un recurso de ayuda externo. Después hay numerosas herramientas que pueden activarse. Para los conflictos interindividuales, podemos proponer mediaciones, ayudar a la creación de grupos de apoyo o incluso hacer acompañamientos en un trabajo de escritura. Para los conflictos en el interior de un grupo, podemos proponer formaciones, organizar momentos de intercambio en torno a las tensiones, acudir a analizar las dinámicas colectivas, etc. En el inicio de cada seguimiento, acordamos con nuestrxs interlocutorxs los objetivos precisos, la duración del acompañamiento y, en último lugar, nuestra remuneración. En paralelo, otras herramientas, como la intervisión[7], el intercambio de saberes y experiencias con organizaciones externas y el intercambio interno, nos permiten analizar el desarrollo y el balance de cada seguimiento. Para trabajar sobre los conflictos se necesita por encima de todo establecer unos límites colectivos y personales muy claros. Nuestras intervenciones se hacen sobre personas vulnerables; no tenemos formación en psicología y no podemos adoptar una postura de cuidadorxs frente a las personas que nos contactan. Aunque algunos miembros tienen formación en derecho, no estamos tampoco en condiciones de proponer consejos jurídicos. Acompañamos a las personas que nos contactan en un plano de igualdad, dándoles todo el respeto y el tiempo necesarios, después de haber evaluado juntas sus necesidades y nuestras capacidades. Estas personas son autoras de actos violentos, protagonistas de un conflicto o personas de su entorno. A día de hoy, hemos hecho seguimiento a más de un centenar de personas y colectivos. Las situaciones con las que nos hemos encontrado son conflictos interpersonales, procesos de acoso colectivo, denuncias de abuso o de agresiones. Aunque en un primer momento nos centrábamos en la esfera militante, especialmente en la feminista y queer, en la actualidad también abordamos espacios mucho más amplios. Trabajamos con escuelas, con centros culturales, medios de comunicación, asociaciones políticas…
Proponer una crítica de los mecanismos punitivos y perniciosos que entran en juego en los entornos militantes es poner encima de la mesa nuestras disfunciones colectivas y darnos la oportunidad de hacerlo mejor, de reconstruir unos cimientos nuevos. Yo aprecio por encima de todas las cosas esos espacios, las luchas feministas y las comunidades queer a las que pertenezco. En cuanto bollera, mis comunidades me han salvado la vida en más de una ocasión. En estos entornos he conocido las iniciativas más bellas de justicia social y de sublevaciones colectivas. Son laboratorios especialmente ricos en materia de invención de nuevos espacios comunes. Las relaciones que se crean y los proyectos que se construyen son verdaderos modelos de resistencia al capitalismo. Y justamente porque somos capaces de lo mejor, hay que cuestionar lo que hacemos peor.
Me he hecho muchas preguntas antes de lanzarme a escribir este libro. Me enfrento a un gran obstáculo: la posibilidad de que se lo reapropien personas o grupos sociales que busquen justificar comportamientos violentos u opresivos. En un momento en el que las fuerzas reaccionarias parecen cada vez más poderosas y que llegan al punto de utilizar nuestros disensos en nuestra contra, producir una crítica pública de nuestras contradicciones internas puede parecer una especie de traición. Abrir la cuestión de estas debilidades ayuda, sin embargo, a no dejar que nos dicten nuestras luchas y nuestras agendas políticas. Nuestros entornos reproducen los mecanismos punitivos que nos han marcado, que nos han traumatizado y que nos han debilitado de manera duradera. Hemos interiorizado un sistema de pensamiento que justifica los sufrimientos que nos infligimos. Por todo esto, he tenido que reconciliarme con la idea de una recuperación política, porque lo más importante de todo es que visibilicemos nuestras disfunciones internas para así poder enfrentarnos a ellas y superarlas[8].
[1] Término que empleo como autodefinición, pero que se considera discriminatorio cuando se habla de otra persona y una misma no está afectada por él.
[2] Sobre este tema, véase por ejemplo E. M. Holowka, «Pour Alec. Réflexions sur la justice transformative», en Le Village, «Si vous pensez qu’ils doivent mourir…», 1, traducción y maquetación de Clément Charpentier, 2020, localizable en [zine-le-village.fr].
[3] Abolicionismo penal: no confundir con la rama del feminismo que desea abolir el trabajo sexual. El abolicionismo penal quiere acabar con un sistema que considera opresivo. Teoriza el vínculo entre la historicidad de sus instituciones, el contexto de su aparición (un marco de colonización, segregación y esclavismo) y la manera en la que estas instituciones sirven hoy para mantener a una parte de la población en situación de opresión.
[4] No voy a definir en este libro esos términos, porque no creo que sea posible ponerse de acuerdo en general sobre una única acepción. Mi opinión es que estas definiciones no deberían fijarse y que habría que poder debatirlas sin cesar para reactualizarlas en función de los avances científicos, políticos e históricos. Fijarlas en un libro sería, por lo tanto, algo contrario a esta idea.
[5] M. Foucault, Alternatives à la prison, París, Divergences, 2021.
[6] La justicia transformadora (o transformativa) entiende el hecho delictivo como una oportunidad de transformación para el individuo y la sociedad, que saca a la luz las disfunciones estructurales e interpersonales y permite trabajarlas para que sea posible un cambio y una justicia social a largo plazo.
[7]Intervisión: dispositivo particular de encuentros entre pares profesionales con el fin de intercambiar experiencias.
[8] Este texto es un ensayo político resultado de mi experiencia, de mis creencias y de mis elecciones en materia de corpus y textos. Refleja el estado de mis investigaciones en un momento dado, por lo que todo lo que se dice en él es completamente discutible y cuestionable. Creo, por otra parte, que es muy probable que dentro de unos años yo misma no esté ya de acuerdo con lo que escribo aquí. Soy una mujer cisgénero bollera/queer, blanca, sin diversidad funcional, de clase media. He experimentado de cerca, así como en calidad de militante y miembro de asociaciones, hechos violentos y conflictos de todo tipo, pero no tengo ninguna formación en derecho ni en psicología. Desde ese lugar hablo y eso implica que tengo numerosos ángulos muertos. Las cuestiones relacionadas con el conflicto y la violencia son complejas y no puedo sino invitar a las personas que así lo deseen a que profundicen en las referencias mencionadas para que puedan hacerse su propia idea sobre los temas que aquí abordamos.
CAPÍTULO II
Agotamiento militante y moralismo reprobador
La militancia progresista[1] contemporánea parece experimentar una dispersión de la que todxs somos conscientes. Los abismos entre las diferentes corrientes se van abriendo al mismo ritmo que se debilitan nuestras capacidades de militar y de hacer un frente común. Los espacios de lucha anticapitalistas, a fortiori, los entornos queer y feministas, son objeto de una segmentación en la que cada unx defiende su trocito de terreno. Esta fragmentación puede explicarse en parte por una incapacidad general de afrontar el conflicto, las divergencias de opinión, las rupturas y la novedad.
En este sentido, lo que ocurre dentro de las luchas feministas o LGTBQIA+ es sintomático de esta tendencia. Movilizar al conjunto de estas comunidades sobre determinados temas es cada vez más difícil; las causas divergen y los rencores se enquistan: ¿dónde están los maricas cuando las lesbianas luchan por la reproducción asistida? ¿Dónde están las lesbianas cuando las mujeres heterosexuales luchan por el aborto? ¿Dónde están las personas cis[2] cuando se exige el cambio en el registro civil con sólo pedirlo? ¿Dónde están las blancas cuando se trata el abolicionismo penal y la violencia policial? Encontramos estas escisiones en numerosos terrenos. De ellas da fe la polémica que se desarrolló en el muro de Facebook del Orgullo Montpellier (2022), cuando este publicó un cartel que daba protagonismo a cinco personas trans (mujeres, hombres, no binarias; lesbianas, gais, pan, bi). La red estalló porque ahí no aparecían «mujeres lesbianas» (léase, «cisgénero»). La publicación tuvo centenares de comentarios y varias asociaciones se desvincularon del Orgullo. Se actúa como si todo el mundo debiera estar siempre y en todo momento representado con una igualdad exacta; como si lo que se les concediera a unxs procediera de lo que se les quita a otrxs. Y, sobre todo, como si nuestros intereses ya no fueran comunes, sino opuestos.
Crear puentes y vincular solidaridades fuera de nuestras zonas de conocimiento y de confort es complicado, así como lo es luchar por temas que no nos afectan directamente, tal como señala John d’Emilio: «Los movimientos gay, lésbico y trans de la década de 1970, que habían surgido con el impulso de los años de liberación posteriores a 1968 para luchar contra un “sistema” global, han sido sustituidos por otros grupos que siguen siendo militantes, pero que son organizaciones que se basan en una única cuestión y una única identidad»[3]. Paradójicamente, nunca antes las formas de militar han sido tan variadas y nunca han sido tantas las personas movilizadas; sin embargo, muchas de nosotras nos sentimos más aisladas que nunca frente a esta ampliación de las posibilidades. Es urgente aprender a establecer vínculos a pesar de nuestras divergencias si es que queremos poder enfrentarnos al neoliberalismo, al auge de la extrema derecha o incluso al cambio climático[4].
Es como si hubiera un juego de vasos comunicantes entre la impunidad de los grupos dominantes y el rigor extremo en determinados espacios militantes. Ese nivel de exigencia tiene unas consecuencias directas sobre la manera en la que percibimos el conflicto y la violencia en las demás y entre nosotras; así como esto último lo tiene sobre nuestra manera de impartir justicia en nuestros espacios. Observamos de manera cotidiana cómo hay quien actúa de manera violenta, corrupta o tóxica sin que se le responsabilice nunca (como Darmanin[5] y sus socios o incluso como las empresas responsables de desastres ecológicos o socioeconómicos, etc.). En los entornos progresistas esta constatación alimenta los sentimientos de injusticia y de impotencia. Para contrarrestarlos, buscamos recuperar la potencia en los espacios que nos parecen más inteligibles, en nuestras comunidades de pertenencia elegidas. Actuar en nuestro ámbito nos ofrece el placer de observar las consecuencias inmediatas y concretas de nuestras acciones. Los entornos en los que luchamos constituyen un espacio privilegiado en este sentido: cohabitamos con personas a las que conocemos y que a priori comparten nuestros valores. Es mucho más sencillo llamar al orden a unx camarada que a alguien externo, como nuestra familia o nuestrxs compañerxs de trabajo. Puesto que el ejercicio cotidiano de pedagogía y de justificación es ya especialmente agotador, podemos congratularnos de no tener que dar explicaciones inútiles sobre por qué este comportamiento o estas palabras nos hacen daño; podemos directamente pasar a la formulación de un reproche que nos tranquilice. Se produce, por lo tanto, una relación tensa entre nuestra impotencia general y nuestra potencia comunitaria, que engendra una exigencia cada vez mayor en los entornos militantes. Como este rigor se ha reforzado mediante la aparición de las redes sociales y de la performance militante online, puede acabar transformándose en una cierta rigidez, cuando no directamente en crueldad. Los espacios queer (y a fortiori
