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La obra presenta la historia singular de una delación colectiva provocada por el poder. A finales del XVI los habitantes de Coria se vieron obligados, por mandato de su obispo, a realizar una confesión sobre los vicios y malas costumbres de ellos mismos.
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Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2010
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Editorial Milenio
Lleida
© Ángel Rodríguez, 1998
© de la edición impresa: Editorial Milenio, 1998
Sant Salvador, 8 - 25005 Lleida (España)
www.edmilenio.com
Primera edición impresa: noviembre de 1998
Diseño de la cubierta: Mercè Trepat
Depósito legal: L- 900-1998
ISBN: 84-89790-22-3
Impreso en Arts Gràfiques Bobalà, S L
© de esta edición digital: Editorial Milenio, 2010
Primera edición digital: mayo de 2010
ISBN digital (epub): 978-84-9743-362-4
Conversión digital: O.B. Pressgraf, S L
Jaume Balmes, 52, bxs.
08810 Sant Pere de Ribes
Introducción
Uno de febrero de 1591
Dieciocho días de marzo de 1591
Los que cayeron en la trampa
Si non caste tamen caute
Coria en 1591
Adivinos, curanderos y enfermos ingenuos
La casa de las Vandas
Capitán, cornudo y gobernador
Necesitadas, consentidoras y amantes
La casa del deán
Trece preguntas
Trece respuestas
1. Seis de marzo de 1591
2. Siete de marzo de 1591
3. Ocho de marzo de 1591
4. Nueve de marzo de 1591
5. Diez de marzo de 1591
6. Once de marzo de 1591
7. Doce de marzo de 1591
8. Trece de marzo de 1591
9. Catorce de marzo de 1591
10. Quince de marzo de 1591
11. Dieciséis de marzo de 1591
12. Dieciocho de marzo de 1591
13. Diecinueve de marzo de 1591
Diez preguntones y tres mudos
1. Calero, Francisco
2. Cigales
3. Cigales, María
4. Garay, Pedro de
5. García de Galarza, Pedro
6. Gutiérrez de Paz, Alonso
7. Leyva, Jerónimo de
8. López, Rodrigo
9. Rodríguez Báez, Juan
10. Rojo, Francisco
11. Torre, Francisco de la
12. Valverde, Diego de
13. Zayas, María de
Trece sabelotodo y un cotilla
1. Alarcón, Jerónimo
2. Almaraz, Francisco de
3. Durán, Teresa
4. Gutiérrez, Antonio
5. Hernández, Catalina
6. Jerez Becerra, Diego de
7. López, Diego
8. Macías, Juan
9. Pereira, Francisco
10. Pérez, Marcos
11. Rodríguez el Galán, Diego
12. Soto, Gregorio
13. Villarreal, Juan de
14. Villegas, Leonor de
Trece eclesiásticos infamados
1. Bardales de Galarza, Francisco
2. Barrientos, Pedro
3. Carvajal Vergara, Francisco
4. Díaz, Pedro
5. Fernández de Herena, Alonso
6. Gago, Alonso
7. Gómez, Gaspar
8. Gómez Muñoz, Martín
9. Gómez, Juan
10. Gutiérrez, Gregorio
11. Ibáñez de Carmona, Diego
12. Ponce de León, Juan
13. Villagutierre, Gaspar de
Trece viudas alegres
1. Almaraz, Leonor de
2. Basurta, Ana
3. Carvajal, Catalina de
4. Durán la Lozana, Isabel
5. Gómez, María
6. Gómez la Hornera, Teresa
7. Hernández, María
8. López la Gran Puta, Ana
9. López, Isabel
10. Martín, Isabel
11. Paz, Ana
12. Peña, María de la
13. Pérez, María
Trece cornudos
1. Aguirre
2. Alejos, Pedro
3. Domínguez, Juan
4. El marido de Ana de Cáceres
5. El marido de Catalina Flórez la Narigona
6. González, Domingo
7. Guerra
8. Hagunde, Francisco
9. Medina
10. Morales
11. Ovando, Bernardino de
12. Rodríguez, Diego
13. Rodríguez Burgueño, Lorenzo
Trece criadas para todo
1. Alonso, María
2. Hernández la Serrana, Ana
3. Jiménez, Isabel
4. La Bautista
5. La Zarabanda, Inés
6. Martín, Ana
7. Paz, Marica de
8. Pérez, Ana
9. Rodríguez, María
10. Sánchez la Tripilla, Catalina
11. Sánchez, Francisca
12. Sánchez, Isabel
13. Sánchez la Piquera, María
Trece adivinos y curanderas
1. Brozas, Francisco
2. Chinchilla
3. García, Francisco
4. García, María
5. Gómez, Catalina
6. Gómez la Pulida, Catalina
7. Gómez, Hernán
8. López la Santiaga, Ana
9. Martín Capón, Jerónimo
10. Martín de los Asnos, Juan
11. Pérez, Alonso
12. Rodríguez, María
13. Sánchez, Mari
Trece alcahuetas
1. Amarilla, Francisca
2. Díaz, Antonia
3. Guzmán, Beatriz
4. Hernández, Juana
5. Hernández la Larga, María
6. La Rañala, María
7. La Rosa, Isabel
8. María
9. Martín, Isabel
10. Martín, Luis
11. Ribera la Parraga, Ana
12. Sánchez la Corcha, María
13. Velázquez, María
Agradecimientos
Fuentes y bibliografía
A todos los que “se hacen nadie” por la Universidad de
Salamanca, especialmente a Pablo de la Cruz Díaz, a María José
Hidalgo, a Amparo Ramos, a Carmen Pol, a María Teresa Vicente,
a Tomás Pérez y a Javier González-Tablas. Con todos ellos
comparto trabajo, mucho afecto y una dedicación
responsable. Junto a ellos he aprendido más historia,
mucha cordialidad, más valentía y más solidaridad. Cuando
llegue el final de la jornada compartida, casi estoy seguro
de que sólo tendremos en común las ideas de que la construcción
siempre es posible, que es muy fácil y más productivo el trabajo
en equipo y que los proyectos, invariablemente inacabados, siempre
son mejores cuando van de las manos de la tolerancia, del
sentido del humor, del trabajo y de la libertad. Por “hacerse nadie”
a su manera y de otra forma más social y menos académica,
he de reconocer el aprendizaje de los mismos valores a Emeterio
Álvarez, Fernando Prado, Clemente Mateos y Gregorio Sánchez-Castrillo.
Cuando este libro se publica, el final de la jornada se abre
a la esperanza gracias a José Fernández, Fernando Cuadrado,
Antonio Gil, Juan Jesús Cruz, Ignacio Berdugo y las personas que
trabajan en equipo en un sencillo y acogedor hospital de día.
En la esperanza, no hace falta escribirlo, están también mis
compañeros de Historia Moderna de la Universidad de Salamanca.
Mi mujer, Carmen Melcón, y mi familia, son los últimos.
Este libro se ha construido con los testimonios verbales que laicos y eclesiásticos recogieron por escrito hace más de cuatrocientos años. La primera noticia de estos testimonios me la proporcionó Juana Rodríguez en 1980 y poco después pude comprobar que eran conocidos por otros investigadores. Sin embargo ninguno los había utilizado con profundidad, quizás por obedecer ciegamente al ruego de un anónimo escribano que solicitaba en el primer folio del conjunto documental el respeto de los lectores para aquella masa informativa que respondía a un concreto interrogatorio. Aquel escribano anotó en la cabecera del conjunto documental lo siguiente: “Este proceso no sirve para el Archivo en cuanto a Visita de esta Santa Iglesia porque sólo se reduce a la averiguación de la vida y costumbres que hizo su Ilma. el Sr. Obispo Don García de Galarza de diferentes personas; y lo mejor es que se guarde y no se lea”. Lo de guardarlo no se ha cumplido bien y lo de leerlo es la base de esta historia. Durante el año 1981 Isabel Testón me ayudó a ordenar y clasificar aquellos testimonios; los dos sospechamos que nos encontrábamos ante una documentación incompleta. Además del mal estado de los papeles iniciales y finales del legajo, el cosido revelaba más de un intento de clasificación por quienes habían hecho posible la conservación de los papeles que trabajamos. De todo ello obtuvimos la impresión inicial de que faltaban algunos folios al final del cosido de papeles y, por lo menos, varios folios más que habían sido arrancados del principio. En diciembre de aquel año, con ocasión de un congreso, presenté una comunicación sobre este interrogatorio y durante aquel curso académico hice la primera ordenación de los testimonios, di a conocer el método que estaba empleando para analizar su información y aislé los problemas que se planteaban junto a las dificultades y primeros resultados de un análisis formal. Recuerdo que lo que más me impresionó fue la evidencia. Y a continuación de la impresión inicial, el silencio. Me ponía en el lugar del obispo de Coria y no podía explicarme por qué con tantos datos en contra de sus colaboradores más inmediatos no tomó una decisión ejemplarizante. Tenía los pecados y me faltaban las penitencias, conocía los delitos y no había forma de encontrar los castigos. Era la primera vez que, en la España severa de finales del siglo xvi, una bandada de pájaros comestibles no encontraba en su vuelo libre ni escopetas, ni cocineros, ni comensales. Bien es verdad que en el tiempo en el que desarrollaba esta investigación la catedral de Coria no ayudaba mucho a los historiadores, por causa de un conflicto de competencias entre amables archiveros, y que la posibilidad de obtener más información se hallaba disminuida por mis otras obligaciones. Pero la idea de sacar a la lectura pública breves investigaciones de universitarios que tratasen temas atractivos y novedosos me ayudó a organizar un trabajo que, al menos para mí, resultó apasionante. El legajo 75, que se guarda en el archivo de la catedral de Coria, me iba a permitir devolver la vida a niños, mujeres y hombres que conocieron, convivieron, disfrutaron y padecieron la agitada existencia de un eclesiástico singular, dignidad de su Iglesia, que se llamó Alonso Fernández de Herena, deán de la iglesia de Coria y al tiempo director, a lo que parece, de un enclave del vicio señalizado en el juego, en el sexo y en las dependencias que ambos placeres producen en una parte de la sociedad, que siempre parece controlar a la otra parte. Tuve la suerte de tener entre mis manos una documentación que preguntaba y respondía; sólo tenía que esforzarme un poco y encontrar datos complementarios. Reconozco que los busqué con la prisa que me señalaba mi propia curiosidad y la de los amigos con quienes rivalizaba por cuestiones ásperas de demografía, de economía y de ordenación del territorio en la España moderna. Aquellos tiempos bien recientes lo eran de discusiones sanas; nos importaba conocerlo todo en un ambiente general de estimulantes y constantes sugerencias y aquel espíritu nos llenó de obsesiones: la ampliación de los objetivos del historiador y la acumulación de datos nos enredaron a todos durante demasiado tiempo. Usando una metáfora vegetal, contar hojas caídas de los árboles del pasado, clasificarlas en negras, grises, amarillas y verdes nos hacía olvidar la verdadera cuestión: la existencia, más arriba, al lado mismo, de frente, detrás, de un bosque que producía murmullos, ritmos, tiempos y capacidades. Nos ataba una especie de fascinación tan endémica que, por padecerla todos, pasaba inadvertida: nuestros maestros nos ilustraron convenientemente para adecentar nuestros humildes trabajos y el “mal francés”, entonces de moda, nos contagió prácticamente a casi todos. Por eso, quizás, las fidelidades se repartieran desigualmente y la fascinación y las influencias se equilibraran a base de penetrar en el bosque con el hacha de la crítica y la sierra mecánica de la desmitificación. No obstante, las obsesiones se multiplicaron, el babelismo se hizo moda y los descubrimientos de nuevas especies de hojas ampliaron notablemente la capacidad de contar en perjuicio de la capacidad de interpretar. Mientras tanto el bosque seguía haciendo los mismos ruidos; pero las mismas hojas caducas de la muerte, la infancia, el amor, el poder, la servidumbre, la devoción, el miedo, la angustia, siguieron conformando la estrella más visible que iluminaba la noche de la mentalidad. Mirábamos las cifras y no oíamos las voces concretas. Otra vez nos pusimos a contar: desde misas, testamentos y niños abandonados hasta genealogías llamativas; hacíamos, probablemente queriéndolo, una nueva profesión de fe en la cuantificación necesaria. La comparación y el compromiso con el presente se nos iban definitivamente de las manos; el historiador, como otros científicos sociales, se enredaba en fórmulas precisas y en modelos impuestos. No nos dimos cuenta de la importancia del silencio. Y ésta pretende ser una parte de su historia.
El primer día de febrero del año 1591 don Pedro García de Galarza, obispo de Coria en ejercicio, hizo pública su decisión de informarse en persona de la vida particular y del estado moral de sus feligreses. Lo hizo utilizando el aparato administrativo y judicial de notarios, jueces, provisores y escribanos que trabajaban a su servicio y al de la diócesis. La decisión que conocemos no fue fruto de un capricho personal, ni tampoco de presiones recibidas por la sospecha de que en la diócesis que regía sucediese algo anormal. Más bien el deseo del obispo parecía obedecer a un imperativo rutinario. Había que cumplirlo y el pastor cauriense lo hizo lo mejor que pudo.
El obispo García de Galarza, que llevaba algo más de veinte años en el ministerio sacerdotal desde que cantó misa el 22 de abril de 1562, había nacido probablemente hacia 1540 en Bonilla de Huete, de la diócesis de Cuenca, que era un lugar pequeño y poco conocido de 160 vecinos pecheros, un par de hidalgos y cuatro clérigos. Hijo de don Pedro García de Galarza y de doña Francisca Martín de Leiva y Oliva, había estudiado en Alcalá, luego en Sigüenza, donde había obtenido el magisterio en artes y en teología, y por último en Salamanca, donde había sido becario en el colegio de San Bartolomé al menos durante tres cursos. Él mismo cuenta que fue profesor de filosofía en su universidad, y Ortí Belmonte le hace coincidir en su actividad docente con hombres tan notables como fray Luis de León, fray Pedro Malón de Chaide, Benito Arias Montano y El Brocense. A veces los listados de personajes y las coincidencias buscan dignificar a nuestros protagonistas y, en el caso del obispo García de Galarza, el honor no lo obtiene de la famosa compañía sino de su humilde trabajo diario y eficaz en la universidad de Salamanca. Como ha estudiado Luis Enrique Rodríguez-San Pedro, san Juan de la Cruz asistió como oyente a las “Súmulas” del profesor García de Galarza en los años 1564 y 1565. Sabemos de él que fue un profesional cumplidor, que respetaba el horario de clase, que tuvo buena conducta, que leía bien el latín y que superó con buena nota la evaluación que la vieja institución universitaria realizaba periódicamente del profesorado ordinario y de sus suplentes. Un estudiante de entonces, como lo fue san Juan de la Cruz, matriculado como fray Juan de Santo Matía, intervino bajo juramento en la elaboración del dictamen favorable que informaba, a quien correspondiese, del buen quehacer académico del futuro obispo de Coria. Como suele suceder todavía demasiadas veces en Salamanca nuestro personaje no obtuvo cátedra ni premio conocido por la meticulosa investigación que se ocupa de mirar con lupa el quehacer de sus predecesores en el trabajo universitario; pero, sin duda, su estancia y experiencia universitarias influyeron adecuadamente para que, poco tiempo después, García de Galarza obtuviera una canonjía magistral en la Iglesia de Murcia. Es de suponer que la formación adquirida le permitiese escribir con cierta soltura y notoriedad de temas teológicos, escriturísticos y morales. Pero lo que importa aquí es que al fin fue presentado para el cargo de obispo de Coria por Felipe II, el 24 de octubre de 1578, comenzando su actividad pastoral en tierras extremeñas a comienzos del año 1579.
Este obispo, que tuvo una estrecha relación con el Rey, quien lo incorporó a su Consejo, le encomendó algunas misiones diplomáticas que se relacionan con la anexión del reino de Portugal a la Corona de Castilla, tuvo bajo su custodia, desde finales de 1582, a uno de los hijos bastardos de don Antonio, prior de Crato, que disputaba el trono portugués al rey Felipe II, y que desde 1581 hasta su muerte en París, el 26 de agosto de 1595, anduvo buscando ayuda en los ambientes cortesanos de Inglaterra y de Francia para tratar de precipitar la independencia portuguesa, cosa que tendría buen éxito desde 1640 en adelante. El obispo recibió instrucciones precisas del rey para que tratase al niño como a cualquiera de sus pajes. He buscado en las fuentes que mejor representan la vida cotidiana y confieso que no lo debo de haber hecho bien, porque no he encontrado nada sobre el niño bastardo encomendado al cuidado del obispo. Los esclavos, los “familiares”, los criados, las lavanderas y hasta el cocinero de su señoría, dejaron huellas documentales suficientes que sirven para vincularlos a la vida personal e institucional del obispo, pero del niño confiado a su custodia con tanto secreto no he encontrado nada. Estoy convencido de que antiguamente los “hijos del pecado” se escondían, como ahora, por temor a algunos más de los miedos clasificados como el genérico qué dirán social; con toda la frecuencia imaginable se les trasladaba de sitio, se les confiaba a alguien y, siempre, estoy seguro, se buscaba lo mejor para el niño. Las parteras y las comadres, y los ministros laicos que hubieron de bautizar muchas veces con la urgencia que aconsejaba el “peligro de muerte” que amenazaba a los recién nacidos, o la necesidad de sacramentarlos para ocultarlos mejor, sabían mucho de esto, como podrá leerse en adelante. Incluso las instituciones parroquiales reconocían esta práctica social y anotaron con toda claridad en sus libros las cosas como pasaban de verdad: se abandonaba a los niños delante de puertas y de espacios muy concretos, que eran las iglesias, las casas ricas y las calles de la casualidad y de la improvisación. Todo obedecía a las intenciones, que unas veces señalaban la paternidad desconocida y otras veces trataban de ocultarla porque resultaba demasiado evidente. Sin duda, eran concesiones escritas para dejar constancia de la molestia que señalaba una irregularidad.
Sin duda el trabajo pastoral del obispo no se vio alterado por la presencia del niño encomendado directamente por el rey; sí lo fue, en cambio, por los pleitos jurisdiccionales que sostuvo el obispo con sus vecinos más importantes convertidos en rivales: la casa de Alba, el Cabildo catedralicio y la todopoderosa orden de Alcántara. Los puntos de fricción y los desencuentros preparados de antemano fueron numerosos y se presentaron a lo largo de todo su episcopado; el nombramiento de racioneros en la catedral y el cumplimiento de las obligaciones que tenían los miembros del Cabildo y los representantes de la potestad episcopal en el territorio diocesano, cuya jurisdicción señorial correspondía a la orden de Alcántara, fueron objeto de numerosas querellas, pleitos y búsquedas de arbitraje y razón cerca del papa. El 30 de mayo de 1586 el obispo consiguió por fin que se aprobasen los Statuta ecclesiae cauriensis, después de una serie de reuniones de una comisión mixta formada por el tesorero de la iglesia de Coria, don Gaspar Gómez de Bardales, por el maestrescuela don Jerónimo Maldonado, por los canónigos don Pedro González y don Juan Gutiérrez, por los racioneros don Gaspar de Villagutierre y don Juan Durán, por los comisarios designados por el deán y el cabildo, presidido entonces por el chantre don Pedro Barrientos, y los testigos Amador de Villarreal, Martín de Ovando y Manuel Mexía, que presumiblemente sirvieron a los intereses que representaba el obispo. Estos importantes estatutos, que rigieron la diócesis de Coria durante más de doscientos años, se organizaron en 31 títulos que regulaban en la práctica el funcionamiento institucional del Cabildo, de los principales servicios eclesiásticos de la diócesis y el comportamiento de las dignidades de la Iglesia. La ley escrita sólo vale cuando alguien está dispuesto a cumplirla. Bien es cierto que la actividad legislativa no se detuvo con la promulgación de los estatutos; en mayo de 1594 y en abril de 1596, en Cáceres y en Coria, respectivamente, el obispo celebró dos sínodos cuyos cánones nunca se editaron. Quizás no hiciese falta, o a lo peor no existió intención de cristalizar en forma duradera más de lo mismo. El caso es que esta actividad canónica, por ser inmediatamente posterior en el tiempo al edicto y cartas generales de febrero de 1591, podría haber recogido las medidas disciplinares correctoras de las desagradables evidencias obtenidas de las confesiones espontáneas y forzadas de la población; sin embargo, a través de las disposiciones canónicas del sínodo celebrado por su sucesor Pedro de Carvajal en abril de 1606, que se consideran influidas por las sinodales de García de Galarza, no puede encontrarse correspondencia entre el ambiente generalizado de inmoralidad y corrupción y lo que hubiera sido el lógico tratamiento eclesiástico corrector.
La Iglesia siempre ha considerado que la celebración regular de sínodos es la mejor manera de traer al retortero las grandes dificultades y los grandes temas para imponer a la postre soluciones intolerantes y anticuadas. Siempre parece así; la práctica era ya antigua y la había experimentado con éxito, pese a las frecuentes tensiones, el cardenal Cisneros. Y conviene recordar que estas experiencias prerreformistas casi siempre contaron con la oposición, a veces muy radical, de los cabildos catedralicios, de natural conservador y poco dados a innovaciones, por llamativas y espectaculares que éstas resultasen. Me parece que no había, pues, atisbos de una reforma disciplinar que se tradujera en la promulgación de cánones que mejorasen la intensidad de las intenciones expresadas por los sínodos celebrados con anterioridad.
Pese a ello el obispo García de Galarza, que ya se había empeñado en 1589 en la reforma de los conventos femeninos de Cáceres, obligando a las beatas a pernoctar en su interior y a cuidar su apariencia externa, como se lee en su breve “De clausura monialum controversia”, es el típico pastor de almas de la Reforma de la Iglesia española. El proyecto y creación del seminario de la diócesis, a imagen y semejanza del colegio de Sigüenza, con la dotación de cátedras de retórica, griego, hebreo, lógica, filosofía, casos de conciencia, teología, cánones, leyes, arte y medicina, la actividad sinodal y su pensamiento escrito, son buena prueba de un pontificado renovador que buscaba aplicar en el territorio diocesano la normativa establecida por el Concilio de Trento. El seminario, que el obispo no pudo ver funcionar, pues murió en Cáceres el 6 de mayo de 1603, se ubicaría en la villa de Cáceres y llevaría una dotación económica de 10.000 ducados situados sobre los bienes propios del lugar de Alcuéscar, tal y como se indica en su testamento que se escritura el 6 de agosto de 1602. Su sepulcro se encuentra en la catedral de Coria, en una capilla en la que trabajó Lucas Mitata, un modesto escultor avecindado en Coria que acudió a declarar lo poco que él sabía de los pecados públicos. Todavía puede contemplarse la imagen orante del obispo apoyada sobre un reclinatorio en el que se representa la mitra y un libro. Su escudo, la garza real sobre banda con un capelo sostenido por dos ángeles, contiene el lema ex alto y la leyenda “Ave María”.
García de Galarza es un obispo tópico de la Contrarreforma española; prácticamente sigue los pasos de Pedro Guerrero, preconizado arzobispo de Granada por el emperador Carlos V. Ambos fueron estudiantes de Salamanca y de San Bartolomé, los dos estuvieron en Sigüenza, enseñaron en la universidad, fueron canónigos y parece que tuvieron semejantes ideas acerca de la importante tarea que debían desempeñar los obispos. Tanto el Concilio de Trento como diversas disposiciones de la monarquía habían definido la obligación que tenían los obispos de residir en sus diócesis, al tiempo que se precisaban con exactitud sus potestades jurisdiccionales, sus obligaciones sacramentales y su tarea pastoral. De este modo los obispos de la Contrarreforma alcanzaron canónicamente una superioridad cuyos únicos límites se fijaban en la subordinación al papa y, diferenciado de éste, en la autoridad del Concilio. Ser obispo, mucho antes de que se llegase a los conflictivos años finales del siglo xvi, se concibió como ser un sucesor apostólico que cogobierna la Iglesia juntamente con el papa; esta función, que se ejerce desde el corpus ideológico que se constituye con la unidad del papa más todos los obispos, corresponsabiliza y compromete a sus miembros en la representación jerárquica más elevada de la Iglesia y, al tiempo, en la definición e inmovilización de una serie de recursos que se proyectarían sobre cada territorio diocesano (residencia de cada obispo en su diócesis), sobre los fieles (ovejas), y sobre la tarea primordial que hay que realizar (el trabajo de pastor, la evangelización). Este episcopalismo militante, que originó importantes y controvertidos debates en las sesiones del Concilio de Trento, en los que participó el arzobispo de Granada Pedro Guerrero, uno de los considerados instructi in materiis dirigendis, se proyectaba en una obsesiva radicalización del trabajo pastoral y en la paulatina sustitución de la difusión de la enseñanza doctrinal de las verdades de la fe por la enseñanza de la moral que tenía que inspirar necesariamente las buenas costumbres. El arzobispo Guerrero tuvo buena ocasión de demostrarlo en su archidiócesis, contaminada por la calidad y el número de las ovejas moriscas, y su celo excitó una lógica reacción que terminó en lo de siempre: en la intolerancia, en la guerra y, para los perdedores, en el exilio forzoso. Todavía en las décadas de 1580 y 1590 los obispos españoles y la monarquía colaboraban en la elaboración de censos que trataban de medir el miedo real a una sublevación de los moriscos dispersos en el interior castellano que, como siempre, nunca se pudo producir. La paulatina radicalización de esta pastoral condujo a tener que satisfacer la necesidad de construir instrumentos de verificación de los aspectos más formales del trabajo: era preciso conocer el estado general y particular de los escenarios acordados (templos, cementerios, sacristías, pilas bautismales), establecer con rigidez el control contable de los libros parroquiales de fábrica, de administración de los diezmos, de bautizados, casados, velados y difuntos, vigilar el estado de los ornamentos y libros litúrgicos, asegurarse de la decencia de las imágenes, comprobar el grado de cumplimiento de las obligaciones eclesiásticas y advertir los pecados públicos más notables. Se trataba de vigilar lo que siempre se ha llamado “cumplir”, y la mejor expresión se encontró en el mandato eclesial, obligatorio para todos, de cumplir por Pascua con aproximarse a la recepción de los sacramentos más alejados de la óptica eclesial de los protestantes: la confesión y la eucaristía. El principal instrumento de verificación fue la “visita”, que siempre se entendió por todos como “general inquisición”.
Por todo ello el edicto y cartas generales del 1 de febrero de 1591 han de encuadrarse en esta línea regular de actividad; el mismo obispo lo afirma en la introducción del llamamiento general que hace a los caurienses y, en general, a todos los diocesanos. Uno de sus escribanos le dio la forma solemne y el espíritu preciso: “Os hacemos saber y bien sabéis cómo los santos padres, alumbrados por el Espíritu Santo en sus sagrados concilios, santa y justamente ordenaron que todos los prelados y pastores de la Iglesia, por sí, o siendo legítimamente impedidos, por sus lugartenientes, cada año fuesen obligados a hacer ordinariamente general inquisición y solemne visitación y escrutinio de la vida y costumbres de todos sus súbditos, así clérigos como legos, de los estados de las iglesias, ermitas, cofradías, mandas, hospitales, capellanías, memorias y mandas pías y otros lugares dedicados al culto divino”.
El escribano que redactó la intención repetía cosas y argumentos sabidos por los eclesiásticos y por el fiel rebaño de los laicos; el obispo requería y mandaba, invocando la santa obediencia trina canonica moniçione premissa, bajo la pena de excomunión maior late sententie, que quienes supieran cosas las contaran. La verdad es que el escribano sabía lo que escribía y el obispo y sus colaboradores también conocían hasta dónde podían llegar en su averiguación. Nada mejor que referirse genéricamente a lo “infraescrito” y a los otros vicios y pecados públicos que fuesen notorios por haberlos visto, o por haberlos oído murmurar. Seguramente la costumbre había influido en elevar a categoría de lo exigible lo que en realidad era una sutil urdidumbre tejida de antemano: se pedía a los usuarios del ver y del oír que compareciesen para “denunciar y manifestar” ante el obispo, o sus representantes “el provisor o el visitador”, en el plazo de “seis días” aparentemente improrrogables desde el instante formal en el que se hacía pública la encuesta. Eso sí, asegurando que el derecho vigente amparaba a todos y que la triple repetición era forma respetable al uso. Los oídos debían tranquilizarse; reiterar tres veces los avisos canónicos fue una formalidad acordada que todavía, por ejemplo, sigue empleándose para aceptar el nihil obstat de la voluntad que declara en su esencia la institución matrimonial.
El comportamiento del obispo, al requerir información del estado general de la diócesis, se justifica plenamente; antes lo habían hecho en el mismo medio social otros obispos: los caurienses Diego Enríquez de Almansa, Diego de Deza y Pedro Serrano Téllez, y más tarde lo harían también otros obispos, aunque, en todos los casos anteriores y posteriores a la visita de García de Galarza, las actuaciones episcopales sólo indagaron sobre la estructura material e institucional de su diócesis (templos, conventos, ermitas, bibliotecas, relicarios, beneficios, capellanías, mandas pías, etc.). La documentación que utilizo para construir esta historia es, pues, única o por lo menos no se muestra al investigador otra semejante en los archivos caurienses que corresponda a una visita de parecidas características. Salvo la “Carta General de Visitación”, promulgada el 14 de septiembre de 1545 por el obispo don Francisco de Bobadilla, de la que conozco el contenido del interrogatorio pero no las respuestas que sin duda produjeron los llamados al mismo, la visita de García de Galarza es la única que permite sistematizar testimonios válidos para aproximarnos al conocimiento del desarrollo cotidiano de la conducta moral de una comunidad.
Con fecha del día primero de febrero de 1591 el obispo Pedro García de Galarza firmaba una carta general que se leería, siempre en domingo, en las iglesias caurienses al tiempo que se hacía de forma solemne en la iglesia catedral. En ella se requería de los oyentes y ausentes que contestasen todo lo que supiesen acerca de un singular grupo de cuestiones. Al obispo le preocupaba sobre todas las cosas su propia clerecía, le importaba saber si el deán, los canónigos, los curas, los religiosos y los sacristanes cumplían bien con sus obligaciones (misas, vísperas, oficios divinos) y si lo hacían en el tiempo litúrgico indicado y a la hora precisa. También se mostraba interesado por el origen y legitimidad del oficio eclesiástico; las órdenes sagradas y las responsabilidades eclesiales concretas no debían proceder de actos ni de personas simoníacas, ni darse a quienes no tuvieran la edad requerida, ni recibirlas los que estuviesen “excomulgados, suspensos o irregulares”. Suponía, además, la existencia de eclesiásticos capaces de cobrar dinero por administrar los sacramentos del bautismo y de la extremaunción, y sospechaba que por “negligencia o descuido” algunos feligreses podían haber fallecido sin recibir los auxilios espirituales necesarios. Recordaba el obispo la necesidad de acudir a los domicilios de los enfermos para “consolarlos” y para “dar orden de cómo tenían que componer sus testamentos”, al tiempo que les ayudaban a “descargar sus ánimas y conciencias”.
No debían de ir muy bien las cosas de las iglesias, porque el obispo se veía forzado a recordar que era obligatorio que los párrocos utilizasen el tiempo del ofertorio, en las misas dominicales, para “declarar al pueblo el Evangelio” y para enseñar la doctrina. Probablemente la sospecha de estas importantes omisiones se convirtiera en certeza al comparar el grado de cumplimiento de las obligaciones con la vida de cada cual. Preguntaba el obispo por el ejemplo que daban sus curas a los feligreses, por las conversaciones que tenían, por las miserias que eran canónicamente más reprobables: si eran jugadores, negociantes, arrendadores, si charlaban con “mujeres públicas, deshonestas y disolutas”, si estaban “amancebados”, si entraban en “casas sospechosas”, si en sus propios domicilios albergaban personas de dudosa moralidad o recibían visitas de jóvenes, si salían de noche “disfrazados”, si andaban por la calle “tañiendo o cantando”, llevando armas o mal acompañados.
El obispo García de Galarza conseguía de este modo una buena apariencia de rigidez moral que proyectó también sobre los espacios culturales, funerarios y económicos. Pedía que se denunciase a quienes cometían sacrilegio “riñendo en las iglesias o cementerios”, a quienes sacaban delincuentes asilados de los templos y conventos, a los que usaban de las iglesias para hacer “ayuntamiento de concejos”, comidas, juegos y otras “representaciones indecentes”. De la misma manera solicitaba los nombres y las circunstancias de quienes se aprovechaban en beneficio personal de bienes eclesiales, tales como casas, viñas, tierras y heredades, que casi siempre se habían obtenido por vía testamentaria.
Establecido el perfil vital del clero y la protección del patrimonio sagrado y material de la Iglesia, el obispo se interesaba por los pecados públicos, por los homicidios y por quienes habían matado “algunas criaturas” o habían dado “consentimiento para ello”, extendiendo el interés de su averiguación a eclesiásticos y a seglares, solteros o casados.
No sé si se olvidó de los viudos, o le preocupaban menos, pero el hecho es que al detallar la condición de las personas que debían ser observadas ni siquiera los mencionó. La verdad es que los viudos participaban como todos los demás del ambiente generalizado de inmoralidad, pero –precisamente por su viudedad– debió de influir en el obispo la consideración de que estaba ante personas más vinculadas a la moralidad y al altar que las demás.
Sin embargo el obispo tenía más claro que las mujeres eran una fuente inagotable de peligros y de vicios: su interés por determinados pecados, delitos y costumbres se escribe siempre en femenino, quizás porque no concibiese una específica vinculación de los varones a una serie de actividades. Las alcahuetas, hechiceras, brujas, encantadoras, agoreras y “sortiligas” componían un femenino generalizado sobre el que se proyectaba la sospecha de “hacer ligaduras”, conjuros y ensalmos. También se sospechaba de ellas que curaban de “mal de ojo”, del “mal de culebrilla”, que “cortaban el bajo, segaban la rosa” y “encomendaban el ganado entrando en el cerco”. También se orientaba la pesquisa hacia aquellas mujeres que adivinaban dónde estaban las cosas perdidas o se atrevían a pronosticar el futuro.
La exclusiva del femenino se deshacía para admitir a los varones en la sospecha de que llevasen “nóminas o breves” colgados al cuello o cosidos a la ropa, como si de amuletos se tratase. La verdad es que cada uno podía llevar al cuello lo que quisiese, pero como los objetos indicaban creencias arraigadas en una parte significativa de la sociedad, al obispo le preocupaba que aquellas señales visibles o secretas fuesen “católicas”. Y es que mantener las formas siempre ha sido importante; Dios es una existencia sólo admisible desde la sumisión y la confianza, y tratar de insultarle fue un pecado en cuya represión participaron activamente todas las jurisdicciones. Por eso el obispo preguntaba por los blasfemos, los descreídos y los renegados, por los que “votaban a Dios” o a sus santos y por quienes permanecían en la situación de excomulgados más de treinta días.
El tiempo también era importante y casi todas las cosas había que hacerlas a su hora y en sus días. El obispo deseaba conocer qué gente no confesaba ni comulgaba una vez al año como mínimo, y qué misas, mandas pías, legados, aniversarios, codicilos y testamentos se retrasaban en su cumplimiento y por qué causas. Cada cosa a su tiempo y a su hora; el obispo sabía que algunos casados vivían separados, que no cohabitaban bajo el mismo techo, y que otros hacían todo lo contrario: vivir en la misma casa, cohabitar a destiempo y escandalizar al resto de la sociedad por no “estar velados”, ni haber recibido las bendiciones nupciales, o por haberse casado de forma clandestina. No en vano la Iglesia era una de las instituciones más estrictas en la exigencia de legitimación de la vida en pareja; antes de autorizar la convivencia con posibles consecuencias, la pareja tenía que ser vista y examinada ante el público de su parroquia y con la presencia obligada de su párroco u otro cura y todos acompañados de testigos. El matrimonio es un sacramento y todo lo que contraviniere la legislación eclesial al respecto era un pecado y un delito. Y más si cualquiera hacía vida en pareja por libre: el amancebamiento, episódico o estable, fue una de las grandes preocupaciones del obispo. Probablemente estaba seguro de que todos los caurienses, clérigos y legos, mujeres y hombres, solteros, casados, y supongo que también los viudos, tenían muchas cosas que contar y ocultar al respecto.
Los otros puntos de interés eran más prosaicos; la usura era un viejo problema que existía y aún existe. En aquel tiempo al obispo le preocupaban los “renoveros, logreros y usurarios” que prestaban cosas y dinero a cambio de un beneficio desproporcionado, o que intervenían en el desarrollo de contratos en los que sólo se iba a conseguir beneficios y nunca a solidarizar las pérdidas.
Y el final de su interés era también muy elemental: existían días y tiempos prohibidos para comer carne, exceptuando de su cumplimiento a las personas que no estaban “sanas y buenas”. Por eso preguntaba quiénes se saltaban la norma sin la “licencia del prelado y del médico” y quiénes eran los que incumplían el decir la verdad en los juicios y, una de las omisiones más graves, no respetar los “domingos, pascuas y fiestas de guardar”, yéndose a la hora de la misa mayor a jugar a las cartas, a pasar el rato en las tabernas o a comprar en las tiendas abiertas indebidamente.
Como se ve, una gran parte del edicto promulgado por el obispo García de Galarza se preocupaba de cuestiones formales, del destiempo de muchas actividades y de casi todos los desórdenes de la vida que se entendía como social y cristiana. En definitiva, todas estas cuestiones pueden agruparse en trece grupos que recuerdan mucho algunas de las propuestas por el obispo Francisco de Bobadilla en 1545. Quizás la novedad más importante que surge de la comparación de los dos textos es que en el de 1591 se prescinde de la preocupación por el marco general (instituciones, doctrina y funcionamiento interno) y se fija casi exclusivamente en la obtención de respuestas a preguntas sobre formas de vida, creencias, costumbres y comportamientos morales de los fieles. En efecto, de los trece grupos de cuestiones que se solicitan, las respuestas se acumulan en los que más tienen que ver con la moral. Con ello el obispo servía a la básica obsesión de toda reforma, que es la preocupación por la moralidad; pero las respuestas también eran expresivas de los temas que más llamaban la atención de los declarantes y, por último, del carácter de las inmoralidades que denunciaban y que parecían ser la práctica más normal y más visible de la comunidad.
Lo que se hizo en Coria se hizo en muchos otros lugares de la Corona de Castilla y durante largo tiempo. En Ávila el obispo don Francisco de Gamarra, el 16 de abril de 1617, justificaba así la necesidad y la inspiración de las visitas, transmitiéndonos un mensaje singular que sintetiza formas e intenciones: “El principal fin de las visitas (como dice el Santo Concilio) es enseñar al pueblo la doctrina Christiana, extirpar errores y todo género de pecado y ofensas de Nuestro Señor, conservar las buenas costumbres, persuadir al pueblo el aprovechamiento de la virtud y Christiandad. Y para esto harán en cada Iglesia que visitaren, leer el edicto de pecados públicos, que va inserto al fin de estas constituciones, y tendrán grande y particular cuidado de inquirir y castigar los pecados públicos que en él se contienen, y estar advertidos de que los que dexaren por disimulación, negligencia, o por otro respeto malo, han de dar de ello cuenta a Dios nuestro Señor, pues el Prelado descarga con ellos su conciencia y cuando aceptan el oficio de Visitadores, se obligan a todo lo dicho”.
La técnica empleada en la Corona de Castilla fue casi siempre la misma: lo más habitual fue avisar a cada párroco, con la antelación mínima posible, de la proximidad de la visita directa del obispo o de sus delegados. Al llegar al lugar objeto de la visita se leía públicamente la carta general del edicto y a continuación se organizaba “una plática al pueblo”, en la que básicamente se le señalaba la obligación que todos tenían de manifestar los pecados públicos y se les anunciaba que todos quedaban “ligados de descomunión mayor”, reservándose lógicamente el obispo el perdón. Sin duda la plática cargaba las conciencias y el anuncio amenazante de la excomunión las disparaba. También es verdad que influyeron otras muchas cosas. Cada visitador llevaba, junto a un ejemplar de las “Constituciones Sinodales” que regían la vida disciplinaria de la diócesis, un libro en blanco donde se anotaban los pormenores y circunstancias de la visita. A los visitadores se les exigía que en cada lugar tuviesen una estancia breve, suficiente y eficaz, y que elaborasen informes detallados sobre todas las cuestiones y, en especial, se les pedía que trajeran “relación de todos los clérigos, letrados, honestos y virtuosos, con las calidades de cada uno sin excepción de persona, y lo mismo de los clérigos que notablemente fueren incorregibles, o idiotas”. Los libros de “collecturia”, “de fábrica”, y los parroquiales de bautizados, casados, velados y difuntos, registran prácticamente cada año la visita episcopal que controla la obligatoria existencia de los libros, la corrección de sus anotaciones, el cumplimiento de las últimas voluntades, las “misas y sufragios por decir” y el buen estado general del material litúrgico. Lo importante era obtener la información más precisa y su deseable eficacia e imparcialidad se garantizaba con el explícito esfuerzo y la calidad de trabajo que se suponían en el visitador para que ofreciese el máximo de detalles. Del visitador también importaba su incontaminación económica: en todos los casos, bajo penas canónicas y económicas severas, se ordenaba que los visitadores no pudieran cobrar ningún derecho de las iglesias visitadas y tampoco recibir regalos, estándoles prohibida la delegación de sus funciones y exigiéndoseles la asistencia personal a todos los actos que ordenaba y contemplaba el edicto. Además los visitadores debían ser “hombres íntegros, de probidad demostrada, industriosos e idóneos”, dotados de la necesaria “modestia y sobriedad cristiana” para cumplir satisfactoriamente con su deber. Los obispos, como recordaban las Actas del Tercer Concilio Limense celebrado en 1583, tenían que seleccionar con criterios especiales a visitadores y jueces; el capítulo segundo de la tercera sesión aconsejaba que “como vicarios, jueces y visitadores elijan a los que se distinguen por su sabiduría y costumbres” y precisaba que “no encomienden la administración de una iglesia o cualquier tipo de visita a nadie; no ya al que sea infame, sino ni siquiera a aquel que se haya hecho notar de la más mínima manera”. Estas técnicas y consejos inspiraron la mayor parte de las visitas; así ocurre en la de 1606, que ha llegado hasta nosotros muy mutilada y que fue hecha por mandato del obispo Luis Fernández de Córdoba tras el sínodo celebrado en el obispado de Salamanca en 1604. También en la visita ordenada por el obispo de Ávila Francisco de Gamarra en 1617, o en la visita secreta que en 1638 llevó a cabo el obispo de Córdoba, Domingo Pimentel. Estas visitas, que habían sido ordenadas convenientemente por el Concilio de Trento, inspiraban el bagaje informativo que cada obispo trasladaba a Roma en sus visitas ad limina para rendir homenaje a los sepulcros de los apóstoles. En el primer año de su pontificado el papa Sixto V, con la bula Romanus Pontifex, de 20 de diciembre de 1585, generalizó a toda la Iglesia la Visitatio liminum SS. Apostolorum.
