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Se da la paradoja, en nuestros días, de que nunca ha habido más controversia en torno a la historia, o incluso obsesión por ella, para deformarla, negarla o reinterpretarla; en relación con los monumentos históricos y el contenido de los libros de texto; en forma de proliferación de comisiones de la verdad, museos y exposiciones, y sin embargo nunca ha habido menos inquietud por la "verdad histórica". La historia se ha convertido en nuestros días en un instrumento que cada cual moldea y esgrime a su conveniencia con el fin de blanquear o dar una pátina de seriedad a motivos muy a menudo espúreos. En estas páginas, la prestigiosa historiadora Lynn Hunt reivindica la importancia de esta disciplina, llamada a desempeñar hoy más que nunca un papel crucial como garante de una presentación objetiva de los hechos y como promotora, al mismo tiempo, de un adecuado dimensionamiento de las preocupaciones actuales, de una actitud crítica hacia el chauvinismo y de la apertura hacia otros pueblos y culturas.
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Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2019
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Lynn Hunt
Historia
¿Por qué importa?
Traducción de Victoria León Varela
1. Ahora más que nunca
Las mentiras
Los monumentos
Las controversias sobre los libros de texto
Las guerras de la memoria
Historia pública y memoria colectiva
2. La verdad en la historia
Los hechos
Las interpretaciones
Verdad histórica y eurocentrismo
Verdades provisionales
3. La política de la historia
La historia de la élite
La primera brecha
Abriendo las puertas
Historia y ciudadanía
4. El futuro de la historia
La historia global
La ética del respeto
Lecturas complementarias
Créditos
Allá donde miremos, la historia es objeto de controversia. Los políticos mienten acerca de los hechos históricos; diferentes colectivos se enfrentan por el destino de ciertos monumentos históricos; los gobiernos vigilan celosamente el contenido de los libros de texto de historia y las comisiones de la verdad proliferan por todo el globo terráqueo. Como demuestra el rápido aumento de los museos históricos, vivimos una época obsesionada por la historia, pero también unos tiempos de profunda inquietud acerca de la verdad histórica. Si tan fácil es mentir sobre la historia, si tanto diferimos unos de otros acerca de aquello que los monumentos o los libros de texto de historia deberían transmitir, y si son necesarias esas comisiones para desenterrar la verdad sobre el pasado, ¿cómo es posible fundar cualquier tipo de certeza sobre la historia? ¿Hemos creado lugares históricos y sociedades históricas con el objeto de provocar, de consolar, o acaso, simplemente, de entretener? ¿Cuál es el fin de estudiar la historia? El presente libro expone esas preguntas y ofrece también algunas maneras de responderlas. No resolverá todos los dilemas que plantea; pues la historia es por definición un proceso de descubrimiento y no un dogma establecido. Pero tal vez consiga demostrar, al menos, por qué la historia importa ahora más que nunca.
En uno de los más preeminentes ejemplos de falseamiento de la historia, el promotor inmobiliario Donald Trump atrajo la atención pública en 2012 al insinuar que el por entonces presidente Barack Obama no había nacido en Estados Unidos y, en consecuencia, había sido elegido de forma ilegítima. Cuando Obama mostró su certificado de nacimiento, que confirmaba que había nacido en el estado de Hawái, Trump no vaciló ni un segundo en responder que este podía ser fraudulento a pesar de no poseer ninguna prueba de su falsificación1. Luego, durante la campaña presidencial de 2016, cambió de rumbo abruptamente y admitió que Obama había nacido en Estados Unidos. Y entonces se atribuyó el mérito de haber puesto fin a una controversia que él mismo había ayudado a fabricar. Es esta una falsa polémica que atrae ya cada vez menos devotos; sin embargo, otras perduran. Y ninguna es tan notoria como la de la negación del Holocausto.
Tanto políticos como algunos escritores de la extrema derecha europea han buscado sus quince minutos de fama negando la realidad del asesinato premeditado de seis millones de judíos entre 1933 y 1945. Una negación que puede adoptar distintas formas: desde afirmar que el número de muertes fue muy inferior al de seis millones, o que Hitler y los nazis no contaban con planes oficiales para cometer un genocidio, hasta sostener que las cámaras de gas nunca existieron. La negación del Holocausto se ha convertido en un modelo para quienes pretenden mentir sobre la historia; sus partidarios sencillamente se niegan a admitir la validez de los testimonios de primera mano de las víctimas y de quienes liberaron los campos de concentración, así como la posterior y exhaustiva investigación histórica que ha logrado establecer los nombres y las cifras de los asesinados y rastrear con detalle atroz los medios y los motivos de sus responsables.
Aunque los historiadores puedan discutir (y, de hecho, discuten) sobre la mejor manera de interpretar el Holocausto, ningún investigador serio, como tampoco ningún lector serio de historia, puede poner en duda la verdad de que aquellos asesinatos fueron deliberados y se produjeron a una escala masiva. Pero, aun así, a pesar de las repetidas refutaciones basadas en cantidades ingentes de documentación; a pesar de los ejemplares esfuerzos alemanes, tanto oficiales como no oficiales, por asumir aquellos crímenes, la negación del Holocausto sigue propagándose por Europa y el resto del mundo, con frecuencia a través de medios sociales como Facebook2. Y recibe sólido apoyo en los más altos niveles de ciertos gobiernos de Oriente Medio a los que resulta útil como parte de su política anti-Israel. El 14 de diciembre de 2005 el presidente iraní Mahmud Ahmadineyad calificó de «mito» el Holocausto. Luego la agencia de noticias oficial iraní eliminó aquellas palabras de la transcripción de su discurso, como si nunca hubieran sido dichas, sustituyendo así una mentira por otra3. Pero las negaciones del Holocausto, por disparatadas o carentes de fundamento que sean, han tenido su efecto: un sondeo internacional realizado entre finales de 2013 y principios de 2014 demostró que entre habitantes de Oriente Medio y el Norte de África solo una quinta parte de quienes habían oído hablar del Holocausto creía que fuera cierto lo que afirman los testimonios históricos4.
El falseamiento descarado de la historia se ha hecho hoy más frecuente debido a la influencia de los medios sociales. La red informática mundial (World Wide Web) ha permitido que los falseamientos históricos florezcan en la medida en que en la virtualidad de Internet cualquiera puede publicar bajo cualquier nombre sin escrutinio previo y sin sanción posible. Las afirmaciones más extravagantes se extienden ampliamente y obtienen, solo por ello, un considerable grado de credibilidad. Y, ante esta situación, insistir en la verdad histórica ha llegado a convertirse en un acto necesario de coraje cívico.
Los historiadores raras veces son objeto de amenazas de muerte, las fetuas o los asesinatos reales que penden sobre periodistas, novelistas y opositores en demasiados sitios, pero a menudo se han visto en el centro de la controversia. Los historiadores conocidos por insistir en verdades inconvenientes no son del agrado de los gobiernos autoritarios. El popular historiador francés Jules Michelet fue destituido de su puesto de profesor por el gobierno de Luis Napoleón Bonaparte en 1851 porque los estudiantes solían salir de escuchar sus trepidantes lecciones gritando proclamas en contra del gobierno. La policía infiltró agentes encubiertos para que asistieran a ellas, y puso en circulación copias manipuladas de apuntes de sus clases con el propósito de dañar su reputación. Varios colegas de Michelet, en una muestra de cobardía, convinieron en censurar su magisterio para allanar el camino a la actuación del gobierno. Y, finalmente, fue destituido de su puesto en los Archivos Nacionales por negarse a prestar juramento de lealtad tras el golpe de estado que dio Luis Napoleón cuando la Asamblea Nacional se negó a concederle la ampliación de su mandato. Pese a todo, Michelet tuvo mejor fortuna que los centenares de opositores que fueron arrestados y trasladados por la fuerza a la colonia penal de Cayena en la Guayana Francesa5.
Tal como muestra el ejemplo de Michelet, incluso los historiadores más respetados en condiciones normales pueden verse en la línea de fuego cuando llegan tiempos de crisis política o internacional. En 1940, la revista Time informaba de que el autor de un popular libro de texto de historia, Harold Rugg, había sido acusado de ser un comunista que describía Estados Unidos como una tierra de desigualdad de oportunidades y conflicto social. Tachado de «subversivo» por no enseñar «auténtico americanismo», Rugg vio sus libros prohibidos en varios distritos escolares e incluso quemados públicamente por el comité escolar de cierta ciudad de Ohio6. Los autores de libros de texto y, en particular, sus editores, suelen hacer todo lo posible por evitar la controversia con el propósito de encontrar los mercados más amplios, pero tal como demuestra el ejemplo de Rugg, las disputas acerca de la verdad histórica acechan continuamente a la vuelta de cualquier esquina.
A mediados de agosto de 2017, la disputa pública a propósito del destino de una estatua del general confederado Robert E. Lee terminó en un estallido de violencia en Charlottesville, Virginia. Nacionalistas blancos que se oponían a la decisión municipal de retirar la estatua del Parque de la Emancipación (que anteriormente se había llamado Parque Lee) desfilaron con antorchas por el campus de la Universidad de Virginia gritando proclamas que recordaban a la época nazi, y al día siguiente los altercados con manifestantes de signo contrario terminaron en una reyerta general en las inmediaciones de la propia estatua. Un neonazi arrolló con su coche a los contramanifestantes y acabó con la vida de una joven.
Un monumento erigido hace noventa y tres años aún puede despertar poderosas reacciones cuando es visto como el símbolo de algo que produce repulsión, como en este caso el racismo. La estatua de Lee no es algo aislado. Hay banderas y monumentos confederados que son objeto de polémica en varios estados de la antigua Confederación: quienes pretenden que se eliminen los consideran símbolos actuales de la supremacía blanca, mientras que aquellos que se oponen a su retirada rechazan tales esfuerzos como una deliberada reescritura de la historia. Unos días después de los acontecimientos de Charlottesville, antifascistas de Durham, Carolina del Norte, se encargaron de derribar por su cuenta la estatua de un militar confederado.
Pero no solo los monumentos son objeto de polémica en el sur de Estados Unidos. Del mismo modo que hubo estudiantes de la Universidad de Yale que quisieron cambiar el nombre del Calhoun College por ser este el de un político que defendió la esclavitud, también hubo estudiantes en Oxford que hicieron campaña a favor de la retirada de la estatua de Cecil Rhodes por tratarse de un racista archimperialista. Y estas sosegadas versiones de las propuestas de retirada de ciertos monumentos palidecen, desde luego, junto a aquellas que han sacudido otros muchos lugares. Tras la derrota de Hitler, los aliados ordenaron la destrucción inmediata de todos los símbolos nazis; tras la caída de la Unión Soviética, las multitudes derribaron monumentos a Lenin y a Stalin desde Ucrania a Etiopía; una estatua de bronce de Sadam Husein fue desmantelada en 2003 durante la invasión dirigida por Estados Unidos; en 2008 se retiró la última estatua del dictador Franco que quedaba en España, y, por retroceder más de dos siglos, algunos días después de la promulgación de la Declaración de Independencia en 1776, los neoyorquinos derribaron una estatua ecuestre del rey Jorge III.
A veces la destrucción de monumentos es vista como vandalismo. Cuando en Afganistán, en 2001, los talibanes volaron estatuas en piedra de Buda de hace mil quinientos años, o cuando el Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL) dinamitó las ruinas romanas de dos mil años de antigüedad de Palmira (Siria) en 2015, la condena de la destrucción aparentemente absurda de la herencia cultural mundial fue universal. Pero los islamistas declararon que estaban destruyendo ídolos; algo que los vinculaba a una larga historia de iconoclasia, es decir, la destrucción de imágenes, sobre todo si se trata de imágenes religiosas, por motivos religiosos. El término aludió originalmente a los conflictos de los siglos VIII y IX en torno al uso de imágenes religiosas (iconos) en el Imperio bizantino. Los iconoclastas rechazaban la creciente profusión de imágenes en el cristianismo, y en muchos casos las eliminaron o destruyeron. Y durante los comienzos de la Reforma, en el siglo XVI, especialmente en ciudades holandesas, suizas y francesas, las multitudes asaltaron las iglesias y destruyeron estatuas y otros elementos ornamentales considerados idólatras. La historia, así pues, parece proporcionarnos mensajes contradictorios acerca de la retirada de monumentos.
Las ambigüedades derivan de su naturaleza misma. Los monumentos conmemoran o, lo que es lo mismo, recuerdan el pasado y reclaman su veneración. A consecuencia de ello, incluso cuando se supone que son seculares, como la estatua del general Lee, comportan, inevitablemente, una especie de sentimiento religioso. Pero los monumentos siempre se erigen por propósitos políticos; afirman el poder, ya se trate del poder de una iglesia, de una secta, de un partido político o de una causa política, como en el caso de la Confederación. Y a causa de esta relación con el poder, los cambios de afiliación religiosa o de régimen político a menudo conllevan tanto la destrucción como la creación de monumentos. Las iglesias cristianas primitivas de Europa se construyeron sobre los restos de templos paganos o romanos como un modo de proclamar físicamente su superioridad. En realidad, la larga historia de la destrucción de «antigüedades» muestra que la destrucción de monumentos forma parte de la vida misma. (Cabe señalar que el término «antigüedades» no apareció en lengua inglesa hasta el siglo XVI; lo que indica una nueva sensibilidad hacia la aniquilación de los restos del pasado remoto, en este caso restos romanos y griegos).
Las paradojas de la destrucción de monumentos se hicieron claramente manifiestas durante la Revolución francesa (1789). Los propios revolucionarios acuñaron el término «vandalismo» en 1794 para condenar los excesos de ciertos militantes de la Francia descristianizada que se apoderaron del oro y la plata de los templos, destruyeron las estatuas de los reyes de la catedral de Notre Dame de París y convirtieron las iglesias en templos de la Razón. Algunas iglesias fueron vendidas y convertidas en graneros o almacenes. Los líderes de la Revolución argumentaron que, en tanto que los símbolos del feudalismo y la monarquía podían ser destruidos con legitimidad, aquellos que llevasen inscripciones en latín o cualquier cosa compatible con el espíritu de la igualdad debían ser protegidos. De hecho, los revolucionarios ya habían establecido el primer museo nacional de arte del mundo en el palacio del Louvre en 1793 con obras confiscadas a la corona, a la iglesia y a los aristócratas que habían emigrado. Y, en 1795, fueron también los revolucionarios quienes abrieron el primer museo de monumentos franceses con esculturas y tumbas tomadas de distintos monasterios. En suma, vandalismo y conservación pueden ir de la mano; precisamente el ataque a los monumentos del pasado impulsó a los revolucionarios a pensar en el patrimonio cultural. Los símbolos odiados podían conservarse si pasaban a considerarse obras artísticas.
Con todo, la cuestión de los monumentos nunca queda resuelta de forma definitiva. No podemos conservar la totalidad del pasado, pues nadie quiere vivir en un museo. Pero una parte del pasado ha de conservarse para mantener el sentido de conexión y continuidad en el tiempo. El problema está en qué debemos conservar, y esa es una cuestión inevitablemente política. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿A qué pasado nos sentimos más vinculados y qué partes de ese pasado deberíamos preservar? Cada caso concreto debe juzgarse por sus propios méritos, y la investigación histórica proporciona evidencias de importancia decisiva, por ejemplo, en cuanto a los motivos de quienes encargaron y construyeron la estatua del general Lee. Pero las generaciones venideras sin duda volverán a examinar las decisiones. La historia nunca permanece inmóvil, al contrario que la mayoría de los monumentos.
Los libros de texto de historia son revisados continuamente, pero ello no hace sino volverlos más polémicos. Un candidato japonés a gobernador de Tokio sostenía en 2015: «Como nación derrotada, solo enseñamos la historia que nos han impuesto los vencedores. Para volver a ser una nación independiente debemos alejarnos de la historia que nos ha sido impuesta». Y proseguía defendiendo que Japón no había sido el agresor en la Segunda Guerra Mundial, ni había cometido la célebre masacre de Nankín (China) en 1937, ni había obligado a mujeres coreanas a servir como «mujeres de solaz» (esclavas sexuales) de los soldados japoneses7. La controversia no era nueva. Diez años antes, en 2005, manifestantes chinos y coreanos protestaron contra las revisiones que contenía un libro de texto preparado por la Sociedad Japonesa para la Reforma de los Manuales de Historia. Argumentando que este minimizaba la culpabilidad de Japón en la Segunda Guerra Mundial, los manifestantes quemaron banderas de Japón y exigieron un boicot a los productos japoneses.
Pero los japoneses no han sido los únicos que han querido distorsionar la historia para obtener un retrato más favorable de su nación. Aunque un estudio de 2011 concluyó que los libros de texto de historia japoneses omitían en gran parte el opresivo régimen colonial que el país ejerció sobre Corea (1910-1945), reveló también que los libros de texto chinos y coreanos se centraban obsesivamente en la resistencia china y coreana a la ocupación japonesa mientras que ignoraban el contexto más amplio de la Segunda Guerra Mundial8. Tales males tienen una larga historia. En 1920, una carta al director del Daily Gleaner de New Brunswick, Canadá, denunciaba que los libros de texto de historia universal, escritos por autores norteamericanos, que solían utilizarse en las escuelas locales ni siquiera mencionaban la participación de Canadá en la Gran Guerra9.
A lo largo de la mayor parte de los siglos XIX y XX, y en muchos casos hasta la actualidad, los esfuerzos por inculcar un sentimiento de pertenencia nacional con frecuencia han requerido algo de maquillaje. Los libros de texto hablaban de triunfos o tragedias nacionales, pero raras veces de los errores o las fechorías de un gobierno o un pueblo. La gran excepción fue la Alemania Occidental posterior a 1945, donde desde edad muy temprana los niños sabían de los crímenes cometidos por el régimen nazi y estos les eran recordados continuamente con visitas a los campos de concentración y a los numerosos monumentos y museos que se encuentran por todo el país. Pero más común es la experiencia reciente de Francia, donde se aprobó una ley en 2005 (derogada con posterioridad) que exigía que en los colegios se enseñase «el papel positivo» desempeñado por las administraciones coloniales francesas. Un estudio de los libros de texto franceses utilizados desde 1998 muestra sin lugar a dudas que, sistemáticamente, estos restaban importancia a la violencia y al racismo de las administraciones coloniales francesas en África10.
