La ciencia perdida E-Book

Antonio Lazcano

• Herausgeber: Cal y arena
• Kategorie: Fachliteratur
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 279

Veröffentlichungsjahr: 2024

Beschreibung

La ciencia perdida es un compendio de artículos que reúne a un grupo de especialistas, científicos, ensayistas y estudiosos del tema para contar, con todo detalle y datos duros, las omisiones y los errores cometidos en la administración lopezobradorista sobre el imprescindible impulso a la ciencia.La falta de estímulos y apoyos a la producción de conocimiento científico será una de las deudas más grandes que quedará tras el gobierno de López Obrador. Después de un sexenio de desprecio a la ciencia, el legado de su administración quedará marcado por la persecución de investigadores, la desaparición de fideicomisos, el debilitamiento de instituciones de educación superior, y una gestión inadecuada durante la crisis sanitaria provocada por el covid-19.

Leseprobe

La ciencia perdida

Juan Ignacio José Narro·Julio Frenk·Arnoldo Kraus

Alejandro E. Macías·Raúl Trejo Delarbre·Francisco Moreno

Aldo Contró·Zara Snapp y Dalel Pérez

Arelí Quintero y Zazil-Ha Troncoso

Antonio Lazcano

Coordinador

Rafael Pérez Gay

Prólogo

José Narro Robles

La ciencia perdida es un libro especial. Menciono tres de las razones que me mueven a calificarlo de esta manera. La primera es que quienes escriben los nueve textos que integran la obra son, como debía ser, destacados conocedores de los temas que abordan. Se trata de un grupo diverso y plural formado por médicos, investigadores, rector, comunicadores, profesores universitarios, activistas sociales, bioeticista, intelectuales, miembros de El Colegio Nacional, probados profesionales comprometidos con su quehacer y, todos ellos, reconocidos por su inteligencia, honestidad y autoridad moral para opinar, argumentar y sostener sus dichos.

En segundo término, debido a que los temas de los cuales se ocupa el libro son fundamentales para entender lo que nos ha ocurrido y en particular para no repetir los mismos errores, y así contribuir a que los próximos años sean mejores para nuestro país. Al publicarse cuando arranca un nuevo gobierno, debe servir para el diseño y la puesta en práctica de políticas públicas, y para atender algunos de los asuntos que se tratan en el libro como la salud, la ciencia, las drogas, la forma de gobernar y la relación de las autoridades con los distintos sectores de la sociedad.

También porque es una obra que tiene géneros diversos: informe, evaluación, testimonio, entrevista, crónica o propuesta, entre otros. En ella dominan los análisis de la pandemia de covid-19, los correspondientes al sistema de salud, los de la ciencia, las políticas públicas en el caso de las drogas y dos asuntos que nos llenan de vergüenza y preocupación: la persecución a un grupo de 31 científicos y académicos por razones ideológicas y políticas, al igual que los varios intentos para debilitar a las instituciones que hacen ciencia, que producen innovación y que generan desarrollo tecnológico en el país.

La ciencia en el mundo de hoy

Antes de presentar el libro deseo hacer, a manera de marco general, algunos comentarios sobre el papel de la ciencia en la sociedad contemporánea, sobre la importancia que tiene en el desarrollo de las naciones y, además, plantear algunos datos y argumentos para revisar el caso de México.

Es fácil documentar los grandes cambios que se registran en la actualidad. Son pocas las áreas del quehacer humano que no son arrastradas por los cambios. El conocimiento y la tecnología se transforman de forma constante. Lo que hace algunos lustros pertenecía al reino de la fantasía, hoy forma parte de la vida cotidiana.

Observar el universo o el interior del cuerpo humano es cosa de todos los días. Practicar cirugías a cientos de kilómetros de los pacientes o comunicarnos en tiempo real a los puntos más distantes del planeta se hace con pocas dificultades. Las capacidades de cálculo, de almacenamiento de información y de acceso a bases de datos, a bibliotecas y a sitios de entretenimiento y cultura son, para decirlo en pocas palabras, simplemente extraordinarias. El advenimiento de la robótica y de la inteligencia artificial nos deparan sorpresas y cambios mayúsculos.

Por otra parte, es claro que la creación de nuevo conocimiento, el desarrollo de nuevas tecnologías y el impulso a la innovación, el cambio y la aplicación de lo anterior a la solución de problemas en la sociedad, requiere en principio de tres elementos: de políticas públicas sostenidas en favor de la educación y la ciencia de calidad; de un ecosistema científico con instituciones organizadas debidamente; y de recursos presupuestales suficientes, tanto del sector público como del privado.

Soy uno de los muchos que piensa que en ninguna colectividad se pueden plantear soluciones a los grandes problemas de la sociedad, promover desarrollos tecnológicos que impacten la economía y la calidad de vida de la población o avanzar en la inclusión de los grupos vulnerables y marginados, si no se cuenta con un sistema científico sólido y con un sistema educativo de cobertura amplia y de calidad probada, en particular en lo que se refiere al nivel universitario.

Hay mucha evidencia de la relación que existe entre el nivel de desarrollo de un país, y la robustez de su sistema de educación e investigación científica. En el pasado la ocde sostuvo que, cuando una nación alcanza un año más de escolaridad, el pib nacional se incrementa entre cuatro y siete por ciento. Por lo que destinar recursos presupuestales a esas dos áreas constituye una inversión productiva y estratégica en lo económico y en lo social.

La investigación científica en México

Nuestro país es una nación grande que, además, tiene grandeza. Hay muchos datos y argumentos que permiten sustentar lo anterior. Sin embargo, también es cierto que tenemos muchos problemas que forman parte de nuestra historia secular: la pobreza, la desigualdad, la ignorancia y la enfermedad. El desapego al Estado de derecho y sus consecuencias. Violencia, inseguridad, corrupción e impunidad. Varios de esos problemas se han agravado en los últimos años.

Una pequeña muestra de nuestra ubicación en el mundo se puede apreciar si se consideran los registros de nuestro país en cinco índices que son utilizados frecuentemente. En el de Gini, México se ubica en el lugar 139 entre 169 países. En el de desarrollo humano ocupamos el lugar 77, en un total de 193 naciones. En el global de competitividad ocupamos el sitio 48 de 141. En el global de innovación somos el país 58 de 132. En tanto que en el global de Estado de derecho somos la nación 116 de 142. Poco o nada para sentirse orgullosos. Requerimos de ciencia, tecnología e innovación, sin escape alguno; para mejorar en todo esto.

Cuando se revisa el gasto en investigación científica y desarrollo experimental que se hace en nuestro país, la información es muy desalentadora. En términos nominales y reales el presupuesto disminuyó en este sexenio. Cuando comparamos nuestra inversión en la materia (0.3% del pib), con los casos de Israel (4.95%), de Corea (4.5%), de Estados Unidos (2.8%) o el de China (2.1%), encontramos la explicación en parte de nuestros problemas. Este es también el caso de Brasil, Argentina o Chile. Mientras en Corea y China el 77% de la inversión en ciencia es del sector privado, en Brasil es el 48% y en Chile el 30%. En nuestro país, la inversión privada apenas alcanza el 18%.

Nuestra producción científica sólo representa el 1.1% de la producción mundial en número de artículos por cien mil habitantes, Chile tiene cuatro veces nuestra cifra, Brasil el doble y Argentina 50% más que nosotros. Cuando hablamos de la graduación de estudiantes del doctorado, el numero en Estados Unidos es casi 20 veces el nuestro, el de la India, Reino Unido y Alemania es ocho veces superior y el de Corea, España y Brasil es tres veces más alto.

Otro problema importante que nos afecta es el de la concentración geográfica de la investigación. Para ver el drama que vivimos hay que decir que, a pesar de los esfuerzos realizados en las últimas décadas, los resultados son magros y a todas luces insuficientes. La Ciudad de México todavía concentra el 29% de los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores y junto con Jalisco, el Estado de México, Nuevo León y Puebla concentran un poco más del 53%. Al hacer la comparación por cien mil habitantes destacan la Ciudad de México, Morelos, Querétaro, Baja California Sur y Yucatán. Las peor dotadas son Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo.

Durante los próximos seis años se debe diseñar un programa que en los siguientes diez cambie nuestra realidad. Este diseño debe tener en cuenta la necesidad de: unidad, convocatoria a la comunidad científica, presupuesto, involucramiento de las universidades y participación del sector privado.

La ciencia perdida

Paso ahora a comentar los nueve capítulos que forman parte de La ciencia perdida. Me gustaría invitar al lector a que revise a fondo el contenido de estos ensayos. Vale la pena porque nos dan una visión de lo sucedido y nos invita a cambiar el rumbo. Las consecuencias de lo hecho y de las omisiones cometidas en el área de la salud durante el sexenio, que por fortuna está por terminar, son espantosas. Como dijo en alguna ocasión el doctor Julio Frenk: sólo se entiende la ausencia de respuesta en nuestra población por una “sociedad anestesiada”.

Se trata, sin exageración alguna, de los peores resultados en materia de salud, por lo menos en un siglo. Cerca de 830 mil muertes en exceso, millones de afectados, un desabasto impresionante de medicamentos, cuatro años de esperanza de vida perdidos. Todo ello y mucho más en medio del cinismo, la soberbia, la complicidad, la desvergüenza, la incapacidad y la falta de ética más grande que yo haya visto en un subsecretario de salud, Hugo López Gatell, y en su “jefe subordinado”, el secretario Jorge Alcocer.

El doctor Julio Frenk nos transmite, desde el nombre de su capítulo, su sentir sobre los servicios públicos de salud. Señala que el sistema de salud representa “el resabio más pernicioso del corporativismo en México”. Lo afirma, puesto que, aún cuando la constitución mandata, desde 1983, que la salud es un derecho humano, en realidad no tienen acceso a ella millones de personas.

Me atrevo a decir que el problema inició en 1943. Ese año puede marcarse como el punto de partida de nuestro sistema, el cual dividió a la población en asalariada y no asalariada. Para los primeros, a partir de entonces, los servicios de salud se recibían en el imss y a los segundos les correspondía la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia y los servicios estatales.

El doctor Frenk fue quien diseñó, organizó y operó el Seguro Popular en su inicio y durante sus primeros años de funcionamiento. Por ello, es conveniente poner atención a sus comentarios sobre el error de haberlo eliminado sin la preparación necesaria y sustituido por una entelequia como fue el insabi que, 40 meses después, desapareció para dar paso al imss-Bienestar (Órgano Público Descentralizado) en una nueva improvisación.

Para el doctor Frenk, como para muchos más y me incluyo en el recuento, eliminar el Seguro Popular y volver a centralizar los servicios supone un retroceso imperdonable. Es verdad que antes de eso estábamos mal, el problema es que ahora estamos peor y las cosas se pueden descomponer todavía más. Los errores y las omisiones en salud cuestan vidas. Dentro de ello, uno de los temas más sensibles fue la desaparición del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que, en la mayoría de los casos, no ha tenido sustituto.

Por supuesto que no llegaremos a Dinamarca como se nos prometió de forma reiterada desde 2020. Como propone el autor, conviene ver para adelante y promover que el próximo gobierno invierta en salud, diseñe políticas que conduzcan a contar con cobertura universal, se asegure de que la población tenga protección financiera, promueva que se cuente con una prestación plural, pública y privada, y se fortalezca a la autoridad sanitaria como rectora del sistema.

El doctor Arnoldo Kraus intitula su ensayo “País enfermo” y señala que “vivir en un país enfermo, enferma”, para agregar después que las responsabilidades de un gobierno tienen que ver con muchas de las áreas fundamentales de la vida individual y colectiva. Por ello se pronuncia en favor de que, desde el Estado, se asegure a la sociedad “techo, agua, alimentación, salud, educación y seguridad”. El recuento de los daños que se hace en el ensayo es horrendo.

La pobreza laboral alcanza al 38% de la población. Hay 500 mil personas sin la cirugía que requieren. 50 millones de personas con carencia por acceso a los de servicios de salud, por la privatización de la consulta y la atención médicas. De nueva cuenta, hay que decirlo, el problema no inició en diciembre de 2018, pero no sólo se ha quedado sin resolver, lo peor es que se ha extendido y agravado.

La pobreza, la enfermedad y las muertes evitables se han enseñoreado en nuestro país. En muchos de los indicadores de salud: esperanza de vida, mortalidad infantil, muerte materna, años de vida saludable perdidos, gasto público en salud, camas censables, obesidad, hipertensión y una larga lista de otros, hemos perdido terreno, y mucho, frente a países de nuestra región como Costa Rica, Chile, Cuba, Uruguay, Colombia, Argentina, Ecuador y Panamá, entre otros. De los cuatro países de nuestra región que formamos parte de la ocde, tenemos los peores registros en muchos indicadores de esa organización.

Alejando Macías en su aportación “Gestión por ocurrencias” desnuda con conocimiento, con datos, con experiencia y con inteligencia, el drama de la salud en estos seis años. Su sentido del humor nos salva de caer en depresión, pero a pesar de él, la gravedad de nuestra realidad no amaina. Macías señala que “las enfermedades abonan al sufrimiento y la curación a la felicidad”. Por desgracia en este gobierno se comprometieron con la enfermedad, el dolor, el luto y el desdén y no con la curación, menos con la prevención.

Con gran sabiduría el doctor Macías aborda varios de los asuntos más delicados en nuestra salud pública: la covid-19, la desaparición del Seguro Popular, la privatización de los servicios “sin querer queriendo”, el tema del desabasto y la mega farmacia como fórmula mágica para resolverla, al igual que la contratación de médicos cubanos y el desastre en la vacunación de nuestras niñas y niños.

En su aportación extraordinaria reitera el valor del conocimiento científico, de la evidencia para validar las políticas en salud, de la comunicación veraz para involucrar a la sociedad y de la planeación para preparar las respuestas y no caer, como se hizo, en “la gestión por ocurrencias”. Imposible dejar de contrastar en la imaginación las figuras de un Jefe de Estado y de Gobierno con la estatura requerida para conducir a la República, con la de un jefe tribal invocando a los dioses para salir del atolladero, o peor aún, sacrificando a algunos de sus súbditos para aplacar su ira.

Soy uno de los muchos que consideramos a Raúl Trejo como un estupendo universitario, como un comunicador extraordinario, como un analista profundo que explora el bosque pero también los árboles, que no se pierde en los detalles, pero que no deja de notarlos, que hace diagnósticos y también formula pronósticos, que critica y propone, que tiene pluma y verbo, que es modesto en sus formas y contundente en sus planteamientos.

“El presidente enfermo” es el sugerente título de la aportación del doctor Trejo Delarbre. En ella, pasa revista a distintos asuntos relacionados con la pandemia de covid-19 y sus consecuencias, como el decálogo para salir del coronavirus, el tema de la vacunación, el del secretario que no vacunaría a sus nietos y muchos otros.

Sin embargo, me referiré enseguida a dos puntos que plantea y que, a mi entender, son absolutamente relevantes. En primer término, los cuatro rasgos del populismo médico que caracterizaron al gobierno, al presidente y a sus colaboradores. La simplificación y la minusvaloración de la pandemia. La dramatización en algunos momentos para alcanzar poderes de emergencia. La polarización, el mayor éxito de López Obrador y, por supuesto, la lectura anticientífica de los hechos.

El otro punto, en concordancia con Javier Marías, le lleva a plantear una pregunta sobre la que haríamos muy bien en reflexionar a fondo. ¿Cuáles son, dice él, las razones para que tantas personas respalden a líderes y gobernantes que ponen en riesgo a sus sociedades? ¿Será acaso la incapacidad para advertir el peligro que ocasionan los dirigentes autoritarios? En nuestro caso ni siquiera es un asunto de riesgo, es uno de resultados mortales. A pesar de ello, todos los estratos sociales le brindaron a este gobierno un voto de respaldo y reconocimiento.

En seguida, el artículo que hace el doctor Francisco Moreno, quien se vale de recursos propios de la crónica y del análisis de datos públicos, es un firme recordatorio, desde la primera línea de combate, sobre lo mortífero que resulta el desprecio a la ciencia, más aún durante una emergencia sanitaria como la que vivimos. El fracaso gubernamental queda expuesto ante la dolorosa cifra de decesos que dejó la gestión de la pandemia. Apunta el doctor Moreno que: “La estrategia del gobierno estaba basada en 3 dogmas: minimizar, ocultar y mentir.”

El sexto capítulo lo escribió Aldo Contró y tiene por título “Libertad: el germen de la racionalidad en las políticas de drogas. El caso de México”. Se trata de un ensayo lleno de luces y de reflexiones, de análisis y de provocaciones, de convicciones y de urgencias. Una manera de resumir su planteamiento es, con sus palabras, que “a mayor cantidad de ética individualista, mayor sentido se otorga a los argumentos en contra del modelo actual y su paradigma prohibicionista”.

El autor hace un espléndido recorrido histórico sobre el tema de las drogas y su regulación en México, así como de las recomendaciones internacionales, que por supuesto aterriza en nuestra actualidad. Por fuerza, después del análisis del documento, se tiene que aceptar que, en lo que respecta a las políticas públicas en la materia, el cinismo y las contradicciones se adoptaron como formas de salir al paso. Una forma de mostrarlo es el dicho emblemático, tomado del mayo de 1968, que con frecuencia usa el presidente: “prohibido prohibir” y la aplicación de un modelo prohibicionista que agobia en la práctica.

En esa misma línea, el ensayo escrito a cuatro manos por la maestra en políticas públicas Zara Snapp y la socióloga Dalel Pérez aborda la prohibición, poniendo el foco en el caso paradigmático: la cannabis. Haciendo énfasis en las promesas incumplidas en materia de regulación de parte del gobierno de López Obrador, las autoras ofrecen una visión a futuro, partiendo de las consecuencias más nocivas del prohibicionismo. Entre ellas, el crecimiento del mercado ilegal y la sobrecarga del sistema judicial penal derivada de la criminalización de los consumidores. Examinando tanto los avances reformistas como las parálisis legislativas y judiciales en torno a la marihuana, así como reconociendo los programas que siguen la línea prometida en el 2018, Snapp y Pérez logran un recuento esclarecedor. Su texto, además, trasciende el análisis y propone alternativas sustentadas en su larga trayectoria como activistas. El ensayo titulado “Prohibición y Cannabis ¿Qué sigue?” alerta sobre la urgencia de regular las sustancias psicoactivas y arroja buenas rutas: fomento a la investigación científica, estrategias desde la salud pública o regulación de mercados para el desarrollo económico. En sus propias palabras, “activar los mecanismos necesarios para lograr […] el fin de la fracasada guerra contra las drogas y caminar hacia la justicia social”.

En la crónica a cargo de Areli Quintero y Zazil-Ha Troncoso, que lleva por título, en apego al contenido, “Persecución” se relata, a partir de la voz de los afectados, uno de los pasajes más vergonzosos escritos por este gobierno. Uno que quedará en los anales de la microhistoria de la ciencia como el ejemplo de lo que no debería ocurrir nunca más. Uno que, dice la autora, representa “uno de los episodios más penosos de un gobierno (que) no tolera la crítica, la oposición a sus propuestas o la existencia de organismos autónomos no sometidos a la línea gubernamental”.

La crónica traslada al lector la angustia, la incertidumbre, la preocupación, el miedo y el desconcierto de los afectados. Sirva este recuento de Quintero y Troncoso, junto con estos simples comentarios, como una muestra de solidaridad y reconocimiento a los 31 afectados por el poder del presidente de México y sus seguidores. Sean estas palabras un homenaje a Julia Tagüeña, a Enrique Cabrero, a José Franco, a Gabriela Dutrénit y a 27 hombres y mujeres que, sin deberla, la temieron. Ahora saben ellos y sus familiares de lo que pueden ser capaces los poderosos sin controles ni contrapesos. Qué bueno que, en esta oportunidad, la justicia se impuso al miedo y al poder.

Los cuatro puntos que relatan las autoras sobre el manual del autoritarismo son de espanto. Primero, el presidente decide a quien persigue, enseguida la uif y la supuesta fiscalía autónoma aportan las pruebas. Acto seguido, las redes y los medios cómplices proceden a declarar la culpabilidad de quienes no han sido juzgados, pero ya están condenados. Finalmente se giran las órdenes de aprehensión, para proceder a cumplir una de las erres con las que el poderoso amenaza al adversario, al que generosamente le da a escoger: ¡encierro, destierro o entierro!

Así llegamos al último de los ensayos, la aceituna de un martini, la cereza en un pastel, “La vaca de Schiller”, la contribución de Antonio Lazcano. Él es un científico muy reconocido, un profesor universitario respetado, apreciado por sus alumnos y por sus pares, pero también un ciudadano preocupado por los asuntos del país, por aquellos que le resultan más cercanos, como la ciencia, la cultura y la unam, pero también por los más generales, por la marcha del país, por nuestro régimen de libertades, por la democracia y la manera en la que se gobierna. Él es una voz autorizada y escuchada.

Por todo ello, su aportación al libro es imprescindible. Su cultura se despliega desde el inicio del ensayo, al hacer una disertación sobre el valor de la ciencia, sus usos y motivaciones, la libertad de investigación y su relación con un Estado Nacional y su gobierno. Su análisis sobre la ciencia y la capacidad revolucionaria en la Unión Soviética es aleccionadora.

Para el autor, la lista de agravios, errores, omisiones y decisiones autoritarias del gobierno es larga y perfila el abuso de poder por parte de quienes seguramente creyeron que estarían por siempre. Por supuesto, él no podría haber dejado fuera de su consideración la canallesca acusación en contra de los 31.

Su balance de los resultados de la política de ciencia y tecnología del gobierno del presidente López Obrador son extraordinariamente claros y presenta múltiples razones para explicar el fracaso. Van del desarrollo de una actitud anti intelectual, al autoritarismo; de los agravios a los investigadores, a beneficiar a los seguidores fieles del régimen; de la endogamia ideológica y política, al debilitamiento del laicismo; de las propuestas populistas como el establecimiento de supuestas universidades sin investigación, a la fallas, incapacidades y mentiras, como en el caso de los ventiladores para la terapia intensiva o el de las vacunas contra la covid-19.

El título del ensayo, ciertamente llamativo, deriva de un encuentro del doctor Lazcano con la vida y obra de uno de los más grandes poetas, intelectuales y dramaturgos de la cultura occidental y quien también se destacó en la filosofía y en la historia. Friedrich Schiller en uno de sus ensayos, nos ilustra Antonio Lazcano, escribió que “la ciencia es una diosa, no una vaca a la que hay que ordeñar para producir mantequilla”.

La ciencia perdida, libro coordinado por Rafael Pérez Gay, es un recuento de hechos, datos y argumentos en torno a lo que sucede en una colectividad cuando se desprecia la ciencia y el conocimiento, cuando la ideología desplaza al saber en la toma de las decisiones, cuando los prejuicios se imponen a la razón, cuando la mayor política pública consiste en promover la división, el enfrentamiento y la polarización; cuando la voluntad de una persona poderosa se pone por encima de la democracia y se relega a las instituciones; cuando se miente por sistema, se gobierna para la venganza y se persigue al diferente. Las lecciones derivadas de los aportes de los nueve autores son importantes y debieran ser escuchadas por quienes serán parte del próximo gobierno.

El llamado implícito de este libro es a defender la libertad en todas sus dimensiones. “Renunciar a los hechos es renunciar a la libertad”, ha dicho Timothy Snyder y agrega: “La verdad muere de cuatro maneras: la primera es la hostilidad declarada a la realidad verificable, que asume la forma de presentar las invenciones y mentiras como hechos… La segunda es el encantamiento chamánico (que) depende de la repetición constante… La siguiente es el pensamiento mágico, la aceptación descarada de las contradicciones… La última es la fe que se deposita en quienes no la merecen”.

¡Qué nunca más la verdad sea ignorada y la ciencia relegada!

Nota: en este trabajo se utilizan datos y argumentos que he presentado previamente en conferencias y trabajos de mi autoría

El sistema de salud, bastión del corporativismo

Julio Frenk

Este texto forma parte del libro Proteger a México (Cal y arena, 2019). En el prólogo de dicho libro, Frenk apuntaba que la sociedad mexicana, ante el triunfo de López Obrador, se encontraba en una “paradójica mezcla de incertidumbre y esperanza”, y en un latente “riesgo del fortalecimiento del corporativismo”.

El Seguro Popular fue disuelto en noviembre del año 2019. En su lugar se creó el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). En abril del 2024 el INSABI fue disuelto. Tras concretarse ésta última desaparición, Julio Frenk comentó en el programa de radio “Así las cosas”: ¿Qué nos ha dado el INSABI? Nos ha dado uno de los peores resultados de la pandemia, 700 mil muertes innecesarias, y el desmantelamiento del sistema de abasto de medicinas…Tenemos un sistema de salud en ruinas con los peores desempeños…”

Ciudadanizar la atención

El sistema de salud representa actualmente el resabio máspernicioso del corporativismo en México. Tenemos todavía un sistema segmentado, en el cual el acceso a ciertas instituciones públicas —y subrayo lo de públicas— está mediado por la condición ocupacional de las personas. Esta situación se refleja claramente en los tres grandes pilares del sistema: el imss, reservado a los trabajadores asalariados del sector privado de la economía; el issste, reservado a los trabajadores asalariados del sector público de la economía; y el Seguro Popular, o lo que lo reemplace, para los no asalariados. En la forma de gobierno del imss, por ejemplo, se ve una típica configuración del corporativismo en su estructura tripartita de base ocupacional: los órganos cúpula empresariales —una definición ocupacional—, los órganos cúpula de los trabajadores —otra definición ocupacional— y el gobierno. Entre los tres controlan el imss.

Cuando me tocó encabezar las reformas para introducir el Seguro Popular, el gran proyecto era desvincular el acceso al aseguramiento en salud de la condición laboral de las personas. Es decir, ciudadanizar el ejercicio del derecho a la protección de la salud, volverlo auténticamente universal, sin que mediara ninguna condición que limitara su vigencia —justamente como se logró con otros derechos fundamentales, como el del voto. De ahí que el título del Programa Nacional de Salud 2001-2006 haya sido “La democratización de la salud”, subrayando, en un momento crucial de la transición democrática, que ésta sólo podía completarse si incluía, junto con los derechos políticos y civiles, el ejercicio uniforme y universal de los derechos sociales, entre ellos, el derecho vital a la protección de la salud.

En el proyecto original de la seguridad social, de 1943, el acceso a las prestaciones quedó condicionado a tener un trabajo asalariado, volviéndolo parte de la relación laboral entre el empleador y el empleado. Por eso la seguridad social está legislada en el artículo 123 de la Constitución, relativo a los derechos laborales, y no en el artículo 4º, que consagra los derechos sociales universales. En su redacción actual, la Constitución misma encierra esta contradicción. Por un lado, el artículo 4º reconoce un derecho a la protección de la salud para todas las personas sin distinción; por el otro, el artículo 123 supedita el ejercicio de ese derecho a la condición laboral, a tener un trabajo asalariado y, por lo tanto, una relación con un patrón. Es esa incongruencia la que debemos superar para movernos en definitiva a un esquema de ejercicio universal de los derechos sociales, como lo hemos logrado con los derechos políticos. Ello implica un cambio de fondo en el diseño, funcionamiento y control de las instituciones.

Apartheid médico y el estigma de la informalidad

Aunque no se le menciona con frecuencia, es indudable que el corporativismo constituye uno de los mayores obstáculos para el desarrollo del sistema mexicano de salud. Terminar con esta forma de organización —que es la razón principal de la segmentación y la ineficiencia del sistema— debe ser la prioridad más alta para que México pueda dar el siguiente gran paso en materia de salud. Y eso sólo puede lograrse mediante una transformación profunda del imss.

Hay una contradicción fundamental entre un Estado democrático que postula derechos iguales para todos y un Estado corporativista que diferencia el ejercicio de los derechos según la posición ocupacional. El tema de la protección —la función esencial del Estado— implica un contrato social entre los ciudadanos. Pero resulta que tenemos dos versiones de éste: el contrato democrático que creemos tener, donde todos gozamos de los mismos derechos, y un segundo contrato de facto, que es el contrato corporativista. Si una persona carece de un empleo asalariado, no puede usar las clínicas públicas —insisto nuevamente, públicas— del imss o el issste. Esa es una dramática ilustración del corporativismo, que limita los derechos de los ciudadanos que no pertenecen a tal o cual categoría ocupacional.

Un ejemplo de los extremos a los que se puede llegar ocurrió cuando, aprovechando la bonanza petrolera de finales de los años setenta, se creó el programa que entonces se llamó imss-Coplamar. Había mucho dinero del petróleo y el gobierno federal decidió que era momento de enfrentar la crisis de millones de mexicanos sin acceso a los servicios de salud. Se pensó entonces que el imss tenía la capacidad de administrar fondos adicionales para darle servicio a los trabajadores no asalariados, que por definición no eran derechohabientes de esa institución. Entonces se creó un programa separado, administrado por la misma institución pública, pero para los no asalariados. Primero se llamó imss-Coplamar, después imss-Solidaridad, imss-Progresa, imss-Oportunidades, imss-Prospera y luego imss-Bienestar; en cualquier caso, servicios de salud para la gente no asalariada y por lo tanto no derechohabientes regulares.

Se entregaron recursos federales al imss, pero se creó una infraestructura de servicio totalmente separada, es decir, clínicas distintas para los no asalariados. Hubo incluso declaraciones del entonces secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, diciendo que de ninguna manera se aceptaría que esos “otros”, quienes no eran asalariados ni estaban organizados corporativamente en los sindicatos, usaran sus instalaciones. Uno lee esas declaraciones el día de hoy y no deja de sorprenderse por su tono francamente discriminatorio e incompatible con un marco de derechos humanos universales.

Por eso en una ocasión, cuando yo era director del Instituto Nacional de Salud Pública —por ahí del año 1990—, y como comentarista de un programa de radio, me atreví a caracterizar al sistema mexicano de salud como un apartheid médico. Obviamente el criterio de exclusión no era racial, como en el caso de Sudáfrica, sino ocupacional: la mera condición de ciudadano no le bastaba a la gente para ir a cualquier unidad pública de salud, sino que había que demostrar algo más. Se trataba, en los hechos, de un sistema de apartheid —literalmente “separación”, en lengua afrikáans— aunque fuera ocupacional. A raíz de esa declaración, el entonces director del imss le exigió mi renuncia al entonces secretario de Salud. Afortunadamente, éste último no acató la petición, pero el incidente denota qué tan amenazante para la burocracia del imss ha sido la idea de eliminar el esquema corporativista de segregar el acceso a los servicios de salud según la posición de las personas en el mercado laboral.

Tal esquema resulta en una discriminación contra los no asalariados, a los cuales, como agravio adicional, muchos les llaman “informales”. Esto último representa un serio error conceptual y una estigmatización de carácter clasista, pues la informalidad suele implicar un elemento de ilegalidad o evasión de las obligaciones fiscales. Sin duda, hay trabajadores no asalariados que sí son informales en ese sentido, pero el hecho es que la mayoría de ellos carecen de tales atributos negativos. El grupo más numeroso entre los no asalariados es el de los campesinos, a quienes difícilmente se podría calificar de “informales”. Ellos son dueños de tierra, ya sea individualmente o a través de ejidos o comunidades agrarias, y reciben créditos y asistencia técnica, cumpliendo con todas sus obligaciones. No son asalariados porque no tienen un patrón que les pague un salario, pero eso no los hace informales. Una alta proporción de los comerciantes que tienen su propio establecimiento fijo pagan impuestos, pero son no asalariados. Los profesionistas en el ejercicio libre de su profesión —abogados, contadores, médicos, escritores y artistas que trabajan por cuenta propia— tampoco son informales: los más cumplen con sus obligaciones, pero no son empleados de nadie, no son asalariados.

Cuando se inició la reforma que dio lugar al Seguro Popular, la mitad de la población económicamente activa eran trabajadores no asalariados y la gran mayoría de ellos eran formales en el sentido de que cumplían con sus obligaciones. A pesar ello no tenían acceso al imss, porque en la concepción corporativista ese acceso estaba reservado a los trabajadores asalariados. El Seguro Popular se introdujo como un primer paso en la dirección de descorporativizar al sistema de salud, desvinculando el ejercicio de los derechos de la condición laboral de las personas. Por eso, en rigor, el Seguro Popular no fue nada más un programa de salud, sino también un esfuerzo por iniciar ese último gran paso de la transición a la democracia que es terminar con el corporativismo. Sin duda hubo un avance importante en ese sentido, pues por primera vez se pudo organizar el acceso a los servicios de salud, incluyendo la protección financiera que se logra mediante un seguro, sin que mediara ninguna consideración sobre la posición laboral.