La gestión política de la moneda y la edificación de la hacienda pública mexicana, 1825-1857 E-Book

Omar Velasco Herrera

• Herausgeber: Bonilla Artigas Editores
• Kategorie: Fachliteratur
• Serie: Pública historica
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2023

Seitenzahl: 437

Beschreibung

El presente libro es un acercamiento a la historia fiscal y monetaria mexicana a partir de la construcción de una categoría de análisis denominada gestión política de la moneda. Este planteamiento es producto del estudio de las condiciones que hicieron posible la apertura de casas de moneda estatales y su arrendamiento a compañías privadas a partir de 1825. Las cecas de Guanajuato, Zacatecas y la Ciudad de México sirven de escenario para mostrar el funcionamiento de estos acuerdos contractuales, los ajustes que sufrieron a lo largo del tiempo, la operación de arreglos institucionales (formales e informales), así como la agencia de actores públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros. El entramado que desarrolla la obra da cuenta de que la producción del cuño mexicano, durante la primera mitad del siglo xix, fue una actividad dirigida por agentes económicos que tomaron decisiones bajo parámetros políticos, con objetivos fiscales y no necesariamente monetarios. Esto último, en esencia, es lo que se entiende como gestión política de la moneda. Así pues, la obra redimensiona la mecánica de los arrendamientos de las casas de moneda más allá de sus perjuicios al erario, tema que ha sido predominante en la historiografía, convirtiéndolos en elementos de análisis que permiten comprender con mayor nitidez la reorganización administrativa del gobierno, su papel dentro de la definición de las rentas nacionales y el complejo proceso de construcción de la Hacienda Pública mexicana entre 1825 y 1857.

Leseprobe

A través de nuestras publicaciones se ofrece un canal de difusión para las investigaciones que se elaboran al interior de las universidades e ­instituciones de educación superior del país, partiendo de la convicción de que dicho quehacer intelectual se completa cuando se comparten sus resultados con la colectividad, al contribuir a que haya un intercambio de ideas que ayude a construir una sociedad madura, mediante una discusión informada.

Con la colección Pública histórica se ponen al alcance del público interesado en el devenir de las culturas, textos académicos originales, en los que se acrecienta y actualiza el conocimiento histórico.

La moneda, como representación simbólica del dinero, por sus cualidades, funciones y valor en las relaciones sociales es la forma granulada de la circulación en el sistema mercantil (Smith); el rostro de la cosificación de la mercancía y “la universalidad de su cualidad es la omnipotencia de su esencia” (Marx), pero también es una “forma de sociación y de la más completa de interacción” (Simmel). La moneda es poder de los individuos, de las formas de sociaciación y, desde luego, del Estado como productor y reproductor de la circulación monetaria.

Pero la moneda existe, en tanto representación de mercados y actores políticos, en relación a procesos históricos. La moneda es la faz del poder político y la sustancia del poder de una economía, de la agencia de particulares y de las carencias del poder del Estado. La moneda es un signo que devela a su época.

Y así, la historia de la moneda es también la memoria de épocas de opulencia y crisis, de incertidumbre y prosperidad. La historia monetaria es el interés de esta colección, para acercar a lectores interesados en el pasado y futuro de la moneda, que vive una época de abolición física y un futuro de intangible vínculo social.

Esta obra forma parte del proyecto PAPIIT IG400222 “Gestión política de la moneda: procesos locales y transiciones globales, siglos XVIII-XX”, financiado por la Dirección General de Asuntos del Personal Academico (DGAPA) de la UNAM.

Todos los derechos reservados. Cualquier reproducción hecha sin consentimiento del editor se considerará ilícita. El infractor se hará acreedor a las sanciones establecidas en las leyes sobre la materia.

Esta publicación fue dictaminada por pares académicos bajo la modalidad doble ciego.

Primera edición en papel: 06 de junio de 2023

Edición ePub: febrero 2024

D.R. © 2023, Omar Velasco Herrera

D.R. © 2023, Bonilla Distribución y Edición S. A. de C. V.

Hermenegildo Galeana #111, Barrio del Niño Jesús,

14080, Tlalpan, Ciudad de México

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D.R. © 2023, Facultad de Economía

Universidad Nacional Autónoma de México

Av. Universidad 3000, Col. Universidad, Nacional Autónoma de México,

Coyoacán, CP 04510, Ciudad de México

www.economia.unam.mx

ISBN: 978-607-8918-52-2 (Bonilla Artigas Editores) (impreso)ISBN: 978-607-8918-51-5 (Bonilla Artigas Editores) (ePub)ISBN: 978-607-30-7649-4 (UNAM) (impreso)ISBN: 978-607-30-7648-7 (UNAM) (ePub)

Cuidado de la edición: Lorena Murillo S.

Diseño editorial: d.c.g. Saúl Marcos Castillejos

Diseño de portada: d.c.g. Jocelyn G. Medina

Realización ePub: javierelo

Hecho en México

Contenido

Agradecimientos

Introducción: la gestión política de la moneda, una dimensión de análisis en la historia monetaria de la primera mitad del siglo XIX mexicano

Los inicios del siglo XIX y las casas de moneda en México

La Real Casa de Moneda de México y la guerra de independencia

La guerra de independencia y la denominada “acuñación provisional”

Las casas de moneda ante la Primera República Federal

Conclusiones

Dos casos paradigmáticos: el arrendamiento de las casas de moneda de Zacatecas y Guanajuato, 1825-1845

La Casa de Moneda de Guanajuato: de la administración privada a la negociación pública

La Casa de Moneda de Zacatecas: de la administración pública a la negociación privada

Conclusiones

La crónica de un arrendamiento anunciado: la Casa de Moneda de la Ciudad de México, 1825-1847

El gigante con pies de cobre

El arrendamiento como opción contingente

La problemática fiscal y la vigilancia monetaria

Conclusiones

Centralización y reorganización administrativa de las casas de moneda, 1847-1857

La propuesta de la Dirección General de Casas de Moneda y los primeros intentos de centralización del impuesto del 3%, 1848-1850

La disputa por la centralización del impuesto del 3% y la vigilancia de los caudales de las cecas, 1850-1853

Entre la dictadura santanista y la revolución de Ayutla: transformaciones y continuidades en la gestión política de la moneda, 1853-1857

Conclusiones

Epílogo

Conclusiones generales

Referencias documentales y bibliográficas

Semblanza del autor

Agradecimientos

La construcción del marco analítico que sustenta este libro ha sido producto del diálogo y la discusión con colegas y amigos a los cuales reconozco sus aportaciones, aunque los errores y omisiones son completamente míos. Quiero agradecer a Guillermina del Valle, Ernest Sánchez Santiró, Juan Fernando Matamala y Luis Jáuregui sus valiosos comentarios en seminarios de trabajo que permitieron matizar y enriquecer los planteamientos primigenios de este libro. Desde principios de 2020 formo parte del Seminario Interinstitucional H-Monetaria, coordinado por Antonio Ibarra, a quien agradezco sus importantes observaciones para lograr aterrizar la categoría de gestión política de la moneda. Gracias a los integrantes de H-Monetaria, participantes también del proyecto papiit IG400222, por sus comentarios en aquellas reuniones virtuales condicionadas por la pandemia y que fueron relevantes para redondear secciones de esta obra: Mario Contreras, Isabel Avella, Bernd Hausberger, Javier Torres Medina, Luis Anaya, Ricardo Fernández, Iliana Quintanar, Javier Encabo y Paulina Segovia.

Este libro está pensado para su discusión en el plano historiográfico, pero también como insumo para la docencia universitaria. Por ello, quiero agradecer a la Facultad de Economía de la unam, mi centro de trabajo, por el apoyo institucional. En mi trayectoria como docente he dialogado con personas muy valiosas dentro de la Facultad de Economía cuyas ideas contribuyeron directa e indirectamente en la definición de algunas de las líneas que integran este texto. En ese sentido, mi profundo reconocimiento a María Eugenia Romero Ibarra, Horacio Quetzalcóatl Yedra Hernández, César Duarte Rivera, Adriana López, Rodrigo Gordoa y Lorena Rodríguez. Extiendo mi agradecimiento a David Vázquez, Valentina Tovar, Carlos Ortega, Isabel Guerrero y Josaphat Peña por su apoyo, consejos y todo el tiempo que hemos compartido.

Detrás de este trabajo hay un amplio esfuerzo colectivo en el que estuvieron involucrados Feliciano Sánchez, Concepción Hernández, Carmen Sánchez, Hilario Cano, Emiliano Cano, Diego Cano, Xitlally Sánchez y Omara Jiménez. Su presencia ha sido muy valiosa en la marcha cotidiana de los últimos años, mil gracias. Dentro de este impulso colectivo quiero agradecer a Margarita Herrera, Marino Velasco, Alicia Velasco, Edgar Velasco e Iyari Reyes. Mis ausencias, varias de ellas vinculadas a la consumación de esta investigación, siempre las convirtieron en palabras de aliento.

Finalmente, quiero dedicar este libro a Conetl Sánchez y Darío Velasco. En cada idea, frase, párrafo, punto y coma de estas páginas está su presencia. El amor mutuo es una fuente de energía inagotable que ha permitido que alcancemos muchos logros juntos, este es uno de ellos, uno de los importantes, gracias.

Introducción: la gestión política de la moneda, una dimensión de análisis en la historia monetaria de la primera mitad del siglo xix mexicano

Esta obra aborda un tema de historia monetaria cuyos principales focos de análisis son la historia fiscal, la política y la institucional. Su objeto de estudio es la acuñación de moneda, pero vista desde una figura de corte administrativo que fue predominante en las cecas durante gran parte del siglo xix mexicano: los contratos de arrendamiento. En efecto, entre 1825 y 1895 una parte importante de las casas de moneda en México estuvieron arrendadas a compañías privadas; en ese sentido, la presencia de los arrendamientos fue crucial para entender el proceso de amonedación en el México decimonónico para la configuración administrativa de los establecimientos de acuñación, pero también para entender con mayor claridad la construcción de la Hacienda Pública nacional y, con ella, una parte importante del Estado mexicano. Este proceso es al que se le da seguimiento en los capítulos que conforman este libro.

Para lograr este cometido hago uso de la categoría de análisis que denomino gestión política de la moneda, cuyo planteamiento es producto del estudio que se ha hecho del entramado que está detrás de las casas de moneda bajo arrendamiento, del funcionamiento de estos acuerdos contractuales, de los ajustes que estos sufrieron a lo largo del tiempo, de la puesta en marcha de acuerdos institucionales formales e informales, así como de la agencia de actores públicos y privados, nacionales y extranjeros. De este modo, partimos de un hecho que puede ser elemental, pero que no siempre es puesto sobre relieve en los estudios de historia monetaria, a saber, que el proceso de acuñación es un fenómeno multidimensional.

De este modo, la propuesta que está detrás del planteamiento gestión política de la moneda es que la producción del cuño mexicano durante el periodo que estudiamos debe considerarse como una actividad dirigida por agentes económicos actuando bajo parámetros políticos. La configuración de los contratos de arrendamiento, así como de los subsecuentes acuerdos específicos entre el gobierno y los arrendatarios de las casas de moneda son las evidencias de que la producción de moneda respondió a negociaciones y no únicamente a criterios técnicos. En ese sentido, esta obra es también un esfuerzo por mostrar que la idea contemporánea de política monetaria resulta ser una categoría que no logra explicar en su totalidad la problemática monetaria durante el siglo xix, pues las condiciones de la amonedación estuvieron marcadas por la presencia de una figura como la de los contratos de arrendamiento que es necesario explicar más allá de los perjuicios bajo los cuales han sido abordados en la mayor parte de los estudios que tenemos hasta ahora.

Bajo ese horizonte analítico, en este libro sostenemos que uno de los ejes principales de lo que debemos entender como gestión política de la moneda fueron los contratos de arrendamiento de las cecas, los cuales tenían como premisa un objetivo fiscal y no uno de corte monetario, a saber, conseguir un flujo de ingresos y negociar préstamos con los arrendatarios durante la vigencia del contrato, recursos con los cuales fue posible enfrentar los gastos corrientes de los distintos gobiernos mexicanos. Esta situación puso a las casas de moneda en medio de una serie de acuerdos y negociaciones en las que se dirimieron intereses del gobierno nacional, de los gobiernos locales y de las casas comerciales o individuos que arrendaron las cecas. Esto le dio forma a la estructura administrativa que estuvo detrás del proceso de amonedación, pero también al entramado de intereses cuyos ajustes permiten dar cuenta de momentos de transformación en los acuerdos que sustentaron las relaciones entre los actores públicos y privados en torno a la acuñación, cambios que se dieron a partir de sucesos políticos, transformaciones productivas, necesidades reformistas y cambios de posición de los actores involucrados.

Como hemos dicho, la idea de la gestión política de la moneda deviene del análisis de los contratos de arrendamiento de los establecimientos de acuñación. El estallido de la guerra civil de independencia, en 1810, se tradujo en la puesta en marcha de casas de moneda denominadas como “provisionales” a lo largo del territorio novohispano, la apertura de casas de moneda en latitudes distintas a la capital novohispana había sido tema de debate en años previos. De este modo, la ceca de la Ciudad de México perdió peso ante el surgimiento y consolidación de establecimientos de acuñación como el de Zacatecas o el de Guanajuato, provincias que se convirtieron en estados con importantes recursos mineros, sobre todo a partir de 1824 cuando el pacto federal y la repartición de rentas reconoció la potestad de las entidades federativas sobre los ingresos ligados a la explotación de metales y los derivados del proceso de acuñación.1 Con un escenario cualitativamente distinto, donde las regiones ganaron protagonismo y ejercieron los ingresos derivados de la acuñación y explotación de metales, los gobiernos estatales, primero, y el nacional, después, optaron por ceder la administración de las cecas a compañías privadas a través de contratos de arrendamiento, es decir, figuras institucionales que se insertaron como una forma de generar ingresos. De este modo, dichos acuerdos contractuales representan la evidencia documental de la relación que existió entre lo fiscal y lo monetario durante el siglo xix mexicano.

Así pues, la guerra de independencia, la consumación de ésta y la puesta en marcha de los subsecuentes gobiernos mexicanos fueron sucesos que implicaron cambios en el mapa de acuñación, pero también problemáticas fiscales cuyo principal origen estuvo vinculado a la definición de los ingresos y el peso del gasto público. Esto se conjugó con un escenario en donde los intereses locales entraron en disputa con los del gobierno nacional –federal o central– por el ejercicio de las rentas. En ese contexto, el endeudamiento se convirtió en la vía mediante la cual el gobierno nacional logró sortear sus compromisos inmediatos, por lo que la presencia de prestamistas fue crucial para entender el desempeño económico y fiscal de México durante la primera mitad del siglo xix.

Para dimensionar su peso basta recuperar dos ideas: la primera, que la supervivencia de los gobiernos mexicanos, más allá de su adscripción al federalismo o al centralismo, fue posible gracias a los empréstitos que recibieron por parte de comerciantes agiotistas. Lograron obtener grandes ganancias “si no estrictamente a expensas del presupuesto del gobierno, por lo menos por su conducto”, proveyeron los recursos necesarios para “conservar la unidad de la nación” y pugnaron, conforme acumularon capital, por establecer un gobierno nacional con la capacidad de vigilar sus inversiones.2 Si bien sacaron partido de la indemnización de la guerra con Estados Unidos, fue a partir de ese momento que quedó claro que sus intereses dependían también de la sobrevivencia de México como nación.

La segunda idea tiene que ver con la influencia que lograron en las cúpulas de poder político, lo que facilitó su acceso a privilegios y concesiones necesarias para el buen funcionamiento de sus minas, fábricas de tejidos, negocios de agricultura comercial, exportación de plata en pasta o acuñada y como intermediarios financieros. Las casas comerciales más exitosas fueron aquellas que prestaron recursos al gobierno y que al mismo tiempo diversificaron sus horizontes de inversión.3 Esta idea es consistente con la propuesta de desempeño económico de México entre 1821 y 1854, la cual sostiene que se dio una recuperación en dicho periodo. En ese sentido, estos prestamistas actuaron como motores del cambio cualitativo y al mismo tiempo fueron actores políticos de peso.4 Su presencia y papel dentro de las casas de moneda como arrendatarios debe resaltarse, matizarse y analizarse en función de estos elementos, con los cuales es posible exponer con mayor claridad la perspectiva analítica de este libro y tratarlos en función de la categoría de gestión política de la moneda.

Como he dicho, las casas de moneda regionales fueron producto de una reconfiguración de los flujos económicos, especialmente los de la plata, provocada por la guerra de independencia en 1810.5 Este suceso significó el empoderamiento de las provincias frente el gobierno virreinal bajo el cobijo de las necesidades generadas por el contexto bélico: la acuñación de moneda en las regiones fue también un acto de reivindicación política. En 1815 se planteó la clausura de estas cecas que en su momento fueron denominadas como provisionales. No obstante, gracias a las gestiones que llevaron a cabo mineros, comerciantes y autoridades locales se pudieron mantener en funcionamiento algunos establecimientos de acuñación, entre ellos el de Durango y Zacatecas. En 1820 las peticiones hechas por vecinos de Zacatecas y Guadalajara lograron que las Cortes españolas reconocieran oficialmente las casas de moneda de estas ciudades. Tras la consumación de la independencia, los gobiernos de la Regencia y del Imperio también las reconocieron. En agosto de 1824 la repartición de rentas y el primer federalismo abrieron un periodo en la historia de las casas de moneda, en donde los arrendamientos irrumpieron como mecanismos de administración que se fueron transformando a la par de los cambios políticos hasta consolidarse como instrumentos de financiamiento que contribuyeron en el proceso de formación y delimitación de las potestades fiscales del gobierno nacional dentro del complejo escenario político de la primera mitad del siglo xix. Este libro muestra este proceso a lo largo de los capítulos que lo integran.

Para lograr este cometido el trabajo está dividido en cuatro capítulos. En el primer capítulo se muestra cómo, al iniciar la guerra de independencia, la Real Casa de Moneda de México funcionaba como fábrica de moneda y también como una tesorería (la segunda en importancia), suministraba recursos emergentes para el erario novohispano, administraba el fondo para la compra de platas y había ganado peso en el entramado político, económico y social de la Nueva España. El incremento en su acuñación, en sus utilidades y en el monto de su fondo dotal sirven para hacer contraste de su dinámica a partir de 1810, cuando su producción y sus utilidades decayeron, sobre todo entre 1812 y 1813. Tras una recuperación que fue notable en 1816 y que llegó a su máximo en 1819, su fondo dotal comenzó a disminuir a partir de 1820, elemento que incidió en su pobre desempeño a partir de ese año y en el que coadyuvó la aparición y reconocimiento oficial de las cecas de regionales.

En ese sentido, analizamos la polémica en torno a la permanencia de la acuñación provisional y cómo este debate da cuenta de los intereses de comerciantes y mineros regionales en contraste con los de las autoridades de la ceca de la capital. Un tema relevante es la medida impulsada por las Cortes españolas y la Soberana Junta Provisional Gubernativa para reducir las cargas a la minería en 1821, entidades cuyos decretos establecieron la creación de un impuesto único del 3% sobre el valor de los metales en pasta y reducir el cobro de la amonedación al verdadero costo. Veremos cómo en México esto último se enfrentó a una realidad que dejó de lado este principio y dio pie a una cuota fija por amonedación. Esto significó dos cosas: la primacía del criterio recaudatorio y la posibilidad de que los arrendamientos de las casas de moneda se volvieran rentables.

Este panorama sirve para dar cuenta de las condiciones que generó la repartición de rentas de agosto de 1824, al dejar como potestad de los estados los ingresos generados por las casas de moneda provinciales. El libro sostiene que el orden federal incentivó la apertura de establecimientos de acuñación en los estados con recursos mineros y permitió la coexistencia de dos modelos de administración: aquellas cecas que fueron dirigidas por los gobiernos estatales y las que buscaron en los contratos de arrendamiento un mecanismo para su apertura o rehabilitación. En ese sentido, ofrecemos un panorama en el que exponemos cómo algunos estados buscaron abrir su casa de moneda a través de los arrendamientos. Esto sirve para analizar una polémica de la época en torno a dos temas: i) la conveniencia o no de seguir abriendo casas de moneda estatales y, ii) los permisos otorgados para exportar plata en pasta. Mostramos cómo en el fondo de estas polémicas estaba un primer intento del gobierno nacional por incidir en los recursos de las cecas estatales.

En el segundo capítulo abordamos los casos de Guanajuato y Zacatecas. En el primero la casa de moneda fue arrendada en 1825 bajo la perspectiva de ser rehabilitada, equipada con maquinaría y montada en un nuevo edificio. Un contrato que se prorrogó en diciembre de 1841 y del que derivó una polémica que da cuenta de los intereses en juego y que analizamos como parte de la idea de la gestión política de la moneda. En Zacatecas, en cambio, la casa de moneda había funcionado de manera regular desde 1810 y al concretarse el pacto federal quedó bajo control de la administración del gobierno estatal. Estos dos esquemas divergentes convergieron 20 años después cuando las dos casas de moneda fueron arrendadas a la Compañía Anglo-Mexicana bajo un mismo contrato, firmado en diciembre de 1845. En este libro mostramos cómo se dio este proceso de convergencia y cuáles fueron sus implicaciones en materia fiscal.

Frente a la idea de que los contratos de arrendamiento de las cecas acabaron drenando recursos del erario nacional e implantando una coerción económica sobre el gobierno.6 El argumento de este libro sostiene que a pesar de que el arrendamiento implicó un costo alto para el erario, el gobierno fue capaz de ampliar su capacidad para obtener recursos, pues su principal criterio para arrendar la ceca en 1841 fue el monto que los distintos postores ofrecieron como adelanto. De este modo, la obra destaca tres puntos, sobre todo al abordar el caso de Guanajuato: i) a partir de 1835 se da la presencia del gobierno nacional como interlocutor ante los contratistas; ii) la liquidez será el principal criterio para decidir el arrendamiento; iii) mostramos en qué se gastaron los recursos generados (gasto corriente y créditos de corto plazo), lo que permite tener un panorama más claro de estos contratos como mecanismo de financiamiento y como parte de la gestión política de la moneda.

Una idea dominante en la historia de las casas de moneda es que hacia 1835, al instaurarse el régimen centralista, el Departamento de Zacatecas perdió el control sobre los ingresos de su casa de moneda, asestando un golpe a las finanzas zacatecanas del que no se recuperaron, situación que incluso se profundizó en 1842, cuando el gobierno central decidió arrendar la casa de moneda zacatecana.7 En este capítulo demostramos que desde 1835 el gobierno central utilizó un mecanismo de participaciones con el que logró negociar los ingresos generados por las casas de moneda; así pues, mostramos cómo el Departamento de Zacatecas ejerció la mitad de los recursos de su ceca entre 1835 y 1842. En ese sentido, veremos de qué forma los gobiernos departamentales tuvieron cabida en el arreglo de 1845 que ratificó el arrendamiento de las cecas de Guanajuato y Zacatecas bajo un mismo acuerdo. De nueva cuenta, las participaciones entraron en acción especificando en el contrato la distribución de los ingresos entre los departamentos. Esta mecánica –la cual implica un arreglo político mediado por un interés fiscal pero aplicado a una instancia monetaria– es una muestra de lo que en esta obra entendemos como gestión política de la moneda. La presencia de estos arreglos fue crucial para que los contratos de arrendamiento se consolidaran como un mecanismo de financiamiento del gasto corriente y como una vía para liquidar créditos de corto plazo.

En el tercer capítulo nos centramos en la Casa de Moneda de la Ciudad de México. El escenario de la ceca capitalina hacia la primera mitad del siglo xix era complicado, su desempeño había sido afectado por la consolidación de las casas de moneda estatales, la disminución del flujo de metales, la extinción de su fondo dotal y una planta con capacidad instalada superior a las entradas de platas, circunstancias todas ellas que aumentaron sus costos y disminuyeron sus beneficios. Estas condiciones obligan a reflexionar en torno a las razones que explican por qué la Casa de Moneda de la capital no fue arrendada antes de 1847. Esta pregunta es relevante si consideramos tres cuestiones: i) hubo intentos de reorganización que fracasaron; ii) hubo arrendamientos en otras latitudes que habían funcionado como mecanismos para la rehabilitación de las cecas y, iii) ante las condiciones fiscales adversas, ceder la casa de moneda en arrendamiento hubiera sido la vía más lógica si seguimos el argumento tradicional de los estudios en torno a las casas de moneda. En este libro sostenemos que la ceca capitalina no fue arrendada porque fue un actor importante dentro del proceso de reorganización administrativa del gobierno mexicano durante el centralismo. La opción de acuñar cobre, a pesar de todas sus implicaciones negativas, la convirtieron en un instrumento con el que fue posible que el gobierno ejerciera su capacidad soberana de emitir un tipo de moneda fiduciaria, incrementar las utilidades de la ceca y cubrir rubros del gasto corriente. Del mismo modo fue posible adelantar cobre a cambio de plata pasta con los introductores y buscar así la recuperación de su fondo dotal.

El capítulo rescata los planteamientos que se han hecho respecto a la problemática que generó la acuñación de cobre, no obstante, el énfasis está en el papel que jugó la ceca dentro de la amortización del cuño de cobre. En esa medida mostramos los esfuerzos del gobierno mexicano por darle protagonismo a la Casa de Moneda de la capital y tratar de apuntalarla mediante acciones como poner a disposición de la junta directiva de la Lotería de la Academia Nacional de San Carlos su dirección general. No se buscó el arrendamiento hasta que las condiciones generadas por la guerra con Estados Unidos lo hicieron impostergable. Además del conflicto bélico hubo otro aspecto que hizo viable la opción del arrendamiento: cuando el contrato fue firmado en febrero de 1847, la restauración del federalismo en 1846 y la repartición de rentas de septiembre de ese año había estipulado de manera clara que los ingresos de las casas de moneda pertenecían a la federación. Este hecho significó un cambio cualitativo de naturaleza fiscal que permitió al gobierno nacional ejercer de manera plena los ingresos derivados de los arrendamientos. Así pues, con el arrendamiento de la ceca capitalina el gobierno nacional consolidó las contratas como mecanismo de financiamiento. El capítulo cierra analizando las condiciones bajo las cuales se arrendó la ceca de la capital y abre una discusión en torno a dos temas que son desarrollados más adelante: i) el interés por aumentar la vigilancia de las cecas bajo arrendamiento; ii) lograr la federalización del impuesto del 3% sobre metales en pastas, una renta que estaba bajo control de los erarios estatales.

Durante el llamado segundo federalismo hubo un esfuerzo del gobierno nacional por echar a andar mecanismos de control y vigilancia de los montos de acuñación hechos en las casas de moneda arrendadas, un tema del que hay poco escrito en la historiografía fiscal y monetaria del periodo y que es tratado en el cuarto capítulo de esta obra. Partiendo del hecho de que las tres casas de moneda más importantes del país estaban arrendadas, damos cuenta de cómo el gobierno federal tuvo el interés de vigilar, regular y hacer homogénea la calidad de la acuñación. A la par de este objetivo se buscó sistematizar la información necesaria para que la Hacienda Pública tuviera mayor control de los flujos que generaban ingresos para el erario nacional derivados de las cecas, caudales que fueron usados para saldar y renegociar créditos con los contratistas, una dinámica que encuadra con la idea de gestión política de la moneda que hemos desarrollado líneas arriba.

La búsqueda por controlar y vigilar los caudales tuvo eco en un proyecto de corte administrativo: el de la creación de la Dirección General de Casas de Moneda. En este apartado nos acercamos a esta ambiciosa propuesta que no prosperó pero que dio pauta para la instauración de un reglamento de interventores de casas de moneda, un grupo de funcionarios encargados de generar la información que necesitaba la Hacienda Pública para sus fines de regulación y cuya presencia no había sido reglamentada, a pesar de que la figura de interventor estuvo presente desde los primeros contratos de arrendamiento. Este ordenamiento fue secundado por la habilitación de una sección del Ministerio de Hacienda, que se encargó de la sistematización de aquella información generada por los interventores. El interés por realizar ajustes administrativos estuvo vinculado con incrementar las rentas nacionales, entre ellas los recursos generados por el derecho del 3% sobre metales en pasta. La disputa entre los estados y el gobierno nacional por la potestad de este impuesto se analiza bajo la perspectiva de mostrar cómo la consecución de este recurso le permitiría al gobierno nacional tener un flujo de ingresos con el cual renegociar el pago de los adeudos que tenía con los arrendatarios de las casas de moneda e incluso pedir nuevos créditos. Los ingresos derivados del derecho de 3% sobre platas empezaron a entrar a las arcas nacionales el 3 de mayo de 1853 gracias a la centralización de rentas decretada por el último gobierno de Antonio López de Santa Anna, un logro que hizo suyo el gobierno liberal emanado de Ayutla y que se mantuvo en la repartición de rentas de 1857 en donde se estableció que todos los derechos sobre metales pertenecían, a partir de ese momento, al erario federal. En ese momento esta renta se convirtió en un instrumento clave de la gestión política de la moneda, la cual se tradujo en arreglos fiscales, con implicaciones monetarias, mediados por intereses políticos y articulados por un flujo de ingresos como lo fue el impuesto sobre metales en pasta. Este libro, como ya hemos dicho, es un esfuerzo de investigación por ofrecer elementos que le den forma a ese marco analítico que tiende un puente entre lo monetario, lo fiscal y lo político.

Notas de la introducción

1 La repartición de rentas de 1824 definió y enumeró los ingresos de la federación y estableció que todos aquellos que no habían sido asignados al gobierno nacional debían ser ejercidos por los estados, entre ellos los derivados de la amonedación (Sánchez Santiró, 2009b, p. 85).

2 Al respecto véase la obra de Barbara Tenenbaum cuya perspectiva ahonda en la idea de un grupo de comerciantes en búsqueda de grandes ganancias obtenidas de manera rápida, sustentando también que en ese proceso de acumulación impulsaron “la formación de una economía nacional”, una “red bancaria informal” y promovieron “un auge en la industria textil” (Tenenbaum, 1985, pp. 203-209).

3 Sobre este punto véase Meyer (2013).

4 Para evaluar la dinámica económica entre 1821 y 1854, sostiene Sánchez Santiró, es necesario considerar aspectos demográficos, sectoriales y regionales. Tomando en cuenta esto, puede decirse que durante ese periodo la continuidad de las políticas coloniales se conjugó con cambios cualitativos que permitieron sostener, a pesar de los vaivenes políticos, la recuperación en el producto. La relevancia de esto radica en un producto 16% mayor en 1840 (300 millones de pesos) al que existía en 1810 (225 millones de pesos), es decir, una tasa de crecimiento del 1% anual (Sánchez Santiró, 2009a, pp. 71-72).

5 Se pusieron en marcha cecas provisionales en Sombrerete y Zacatecas en 1810; Chihuahua, Durango y Real de Catorce en 1811; Guanajuato, Guadalajara y Oaxaca en 1812; Valladolid en 1813 y Sierra de Pinos en 1814 (Matamala, 2008, p. 66).

6 Parra, 1998, pp. 155-168.

7 Matamala, 1998, pp. 169-185; Martínez Rivera, 2012.

Los inicios del siglo xix y las casas de moneda en México

La Real Casa de Moneda de México y la guerra de independencia

La Real Casa de Moneda de México fue establecida en 1535 y desde entonces ejerció el cobro de los derechos de amonedación bajo el uso de la prerrogativa del poder fiscal que obtuvo la Corona en los nuevos dominios.1 De este modo, debían cobrarse 3 reales por cada marco de plata labrado que se repartían entre los oficiales. En febrero de 1567 se dispuso que uno de esos reales debía quedar a beneficio de la Real Hacienda por derecho de señoreaje, el cual comenzó a reportarse en 1698 en las cajas reales.2 El cobro de los 2 reales restantes fue conocido como derecho de braceaje, cuyo producto se repartía entre los oficiales de la ceca quienes no recibían un salario, pero eran dueños de sus oficios.3

El 14 de julio de 1732, el superintendente José Fernández de Veytia Linage recibió la orden de incorporar a la Corona todos los oficios que estuvieran enajenados. Esto se concretó el 25 de febrero de 1733, cuando los funcionarios comenzaron a recibir sueldos fijos “sin participación a los derechos que se cobraban a los metales introducidos”.4 A partir de entonces la Real Casa de Moneda de México tomó un papel cada vez más relevante en materia de ingresos para el erario regio,5 convirtiéndose en la segunda tesorería más importante de la Real Hacienda novohispana.6 La recuperación de los oficios significó también que la amonedación correría a cuenta de la Corona, esto hizo necesaria la conformación de un fondo dotal para la compra de metales que tuvo un monto inicial de medio millón de pesos y que fue incrementándose conforme se expandían las operaciones de la ceca. El aumento de este caudal fue parte de una política de la Corona con miras a mantener el ritmo del flujo en la compra del metálico y asegurar con ello la remisión de recursos.7

Los datos muestran la importancia que ganó la ceca ante estas medidas: los ingresos por amonedación significaron el 13.5% del total recaudado entre 1785 y 1789; las utilidades promedio en ese mismo periodo fueron de 1215393 pesos anuales, un concepto que creció, pues en 1809 alcanzaron la cifra de 1614552 pesos.8 La acuñación también se vio favorecida: entre 1733 y 1779 alcanzó un promedio anual de 12754013 pesos, el cual aumentó a 23170219 pesos anuales de 1791 a 1800 y de 22674623 pesos entre 1801 y 1810, 495 mil pesos menos que en la década anterior; no obstante, continuó siendo una acuñación significativa.9 De este modo, hacia principios del siglo xix la ceca de México era algo más que una fábrica de moneda: funcionó como tesorería recaudadora, permitió la compra de platas, asumió el apartado de las platas mixtas, remitió recursos a la Corona y auxilió al virreinato en sus gastos extraordinarios.10 Como institución su articulación dentro del entramado novohispano fue muy importante para una parte de la organización política, económica y social de la Nueva España.11

Esta dinámica se vio modificada con el estallido de la guerra de independencia en 1810. Según los datos ofrecidos por Antonio de Medina, quien fungió como ministro de Hacienda entre el 1 de julio de 1822 y el 31 de marzo de 1823,12 la interrupción de los canales de comercio provocó, en primer lugar, la caída del flujo de plata, de la acuñación y de las utilidades que generaba la ceca de México. En la década de 1801 a 1810 se acuñaron en promedio 22674623 pesos, mientras que en los años que van de 1810 a 1822 el promedio anual llegó a los 9063968, es decir, se alcanzó sólo el 40% de lo que se amonedó en promedio durante la primera década del siglo xix. El cuadro 1 muestra con más detalle la caída en el nivel de acuñación después de 1810, siendo el año de 1812 el que reportó la acuñación más baja de todo el periodo considerado: 4409266 pesos. Esta cifra representa el 3.7% del total acuñado de 1810 a 1822 y 77% menos de lo que se amonedó en 1810. Estos datos dan cuenta del impacto adverso que tuvo la guerra en el ritmo de acuñación de la ceca de México, cifras que marcaron una tendencia pues la acuñación caería aún más durante la primera mitad del siglo xix, llegando a estar hasta por debajo del medio millón de pesos.13

Si bien es cierto que la acuñación se recuperó y comenzó a rebasar el umbral de los 10 millones de pesos entre 1818 y 1820 –según el ministro Antonio de Medina, años de “mayor tranquilidad y franquicia de los caminos”– volvió a descender en 1821 alcanzando un monto de 4854847 pesos. Se trata de un año políticamente importante pues, en febrero, tras haber negociado con Vicente Gurrero y con los mandos realistas, Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguala que derivó en la declaración de independencia de la América septentrional. De este modo, los gobiernos de la Regencia, de la Junta Provisional Gubernativa y del Imperio mexicano, tuvieron ante sí un escenario de transición en el que se manifestaron disyuntivas en materia fiscal que fueron trascendentales en la construcción de la futura Hacienda nacional. En ese sentido, por ejemplo, la caída de la acuñación en la ceca de la capital, visto como un problema de orden fiscal fue consecuencia de “la falta de fondo en dicha casa para el pago de las platas en el acto de la introducción”.14 Esta situación fue causa de una práctica de la que ya se tenía registro desde la puesta en marcha de dicho fondo: su uso como fuente de recursos ante las eventualidades del erario. Sin duda, un elemento primigenio de lo que entendemos en este libro como gestión política de la moneda.

En 1818 el fondo dotal de la ceca contaba con los 2600000 pesos que debía tener de acuerdo con una Real orden del 16 de septiembre de 1780.15 Como muestra la gráfica 1, para 1818 la ceca había empezado a recuperarse de su máxima caída, una recuperación que se extendió hasta 1820. Esta mejora en el desempeño de la ceca se vio reflejado en el caudal del fondo para la compra de metales. En 1820 se suplieron a la renta del tabaco 250 mil pesos y se tomaron 452868 pesos para “atenciones del gobierno”.16 De las cantidades anteriores la renta del tabaco repuso 30 mil pesos y la Tesorería General, 2918pesos; así pues, para el 26 de septiembre de 1821 el fondo contaba con aproximadamente 1936349 pesos, 663651 pesos menos de los que debía tener oficialmente.17 No obstante, a partir del 27 de septiembre, día en el que entró a la Ciudad de México el Ejército Trigarante, comenzaron a pedirse recursos a la casa de moneda nuevamente, los cuales ascendieron a 1099392 pesos y a los que se agregaron 3297pesos que se suplieron a la renta del tabaco. De este modo, cuando Agustín de Iturbide había abdicado como emperador, el 31 de marzo de 1823, el fondo tenía como registro contable 836957 pesos, es decir, 1763043 pesos menos de los que debía tener dados los parámetros establecidos por la Corona española a finales del siglo xviii.

Si bien esta reducción representó una contracción del 68%, se trataba de un cálculo optimista, pues según el superintendente de la ceca, Rafael de Lardizábal, aún no estaban contempladas las mermas que debían ser reportadas por el apartador, el fiel y el fundidor, las cuales podían alcanzar un monto de hasta 500 mil pesos: “en cuyo supuesto, el único fondo con que debe contar es de trecientos treinta y seis mil novecientos cincuenta y siete pesos siete reales, y este invívito [sic] en tierras, y poca cantidad de metales”. 18 En términos reales, el fondo de la ceca de México había sufrido una contracción del 87% en un lapso de tan solo cinco años (1818-1823), tres de los cuales corresponden al periodo independiente (1821-1823) y en los que se presentó la reducción más fuerte.

Esto muestra que la reducción del fondo dotal de la Casa de Moneda de México, así como la caída en su acuñación y de sus utilidades eran cuestiones ligadas de manera directa con la problemática fiscal y con la definición de los esquemas de gasto en el naciente Estado mexicano. Resalta en la ecuación fiscal el peso del gasto militar, los cambios en la recaudación, donde la eliminación y reducción de impuestos fue importante, así como el endeudamiento, sobre todo el interno mediante préstamos y donativos que acabaron minando la legitimidad del gobierno.19 Así pues, sabemos que durante los últimos cuatro meses de 1821, la Tesorería General de Hacienda erogó 434504 pesos provenientes del fondo del consulado, la casa de moneda, la aduana de la Ciudad de México, los diezmos y algunos ramos menores. De esa cantidad el 61% del total se destinó al pago de los haberes de las tropas españolas y mexicanas, el resto fueron sueldos, pensiones y gastos de administración. Por su parte, la llamada Tesorería General del Ejército desembolsó 1272459 pesos que usó para saldar gastos de los ministerios de gobierno, el salario de Iturbide, una pensión para la viuda de Juan O’Donojú y varios otros gastos militares. Si bien es cierto que el 74% de estos gastos fue cubierto por fuentes extraordinarias –sobre todo, préstamos–, la casa de moneda contribuyó con 310730 pesos, es decir, un 24.4% del total gastado por dicha tesorería militar en un periodo de sólo cuatro meses.20

Al iniciar la vida independiente de México la Casa de Moneda de la capital se encontraba en una situación complicada. Los gobiernos de la Regencia y del Imperio mexicano habían hecho frente a algunos de sus gastos –principalmente de orden militar– echando mano de los recursos dispuestos para la compra de platas, con lo que convirtieron el fondo dotal en un fondo cautivo del gasto. Como en la época novohispana, la ceca continuó siendo proveedora de recursos, pero no a partir del principio de la exacción de derechos por concepto de amonedación ni del pronto reintegro de los caudales tomados de su fondo, sino del uso y abuso de este último cuyo desfalco impidió, en adelante, la compra de metales en tiempo y forma. Así pues, tras la abdicación de Agustín de Iturbide, en abril de 1823, y la formación del llamado Supremo Poder Ejecutivo, las cosas en la casa de moneda capitalina continuaban siendo preocupantes. En noviembre de 1823 Francisco de Arrillaga, para entonces ministro de Hacienda, presentó un primer balance de la situación financiera de México tras seis meses del nuevo gobierno.21 Los números de la ceca capitalina habían empeorado. Si el 31 de marzo de ese año se había calculado un fondo de 336957 pesos, seis meses después ese cálculo se reducía a un monto de 179556 pesos. Arrillaga afirmaba que en la reducción del fondo se incluían 60435 pesos que él mismo había mandado a tomar por órdenes del gobierno; nuevamente, las necesidades habían eclipsado los principios de operación de la ceca. En términos prácticos, a la casa de moneda no le quedaba “caudal alguno disponible para compra de metales, ni que por ahora tenga ni pueda tener utilidades”.22

Entre abril y septiembre de 1823 se había acumulado un déficit en ese establecimiento de 21835 pesos. El diagnóstico del ministro sobre la ceca no diferiría mucho del que años después hicieron sus colegas en el cargo: la casa de moneda se encontraba montada bajo la antigua planta, pensada para un establecimiento que llegó a acuñar más de 20 millones de pesos y a tener utilidades anuales de poco más de un millón y medio. En el nuevo contexto y con un fondo dotal prácticamente inexistente, la perspectiva de los años venideros era la de un déficit constante si no se reformaba la planta y se impulsaba el aumento del flujo de metales a la ceca. Para ello Arrillaga proponía la creación de una junta directiva con los conocimientos suficientes en materia de amonedación para proponer soluciones a su administración y operaciones. Además, consideró que era necesaria la habilitación de un fondo de al menos 500mil pesos para la compra de platas a los introductores; para ello proponía hacer un descuento sobre lo acuñado del 1% que alimentara dicho fondo.23 Este tipo de propuestas no llegaron más allá de la enunciación, como veremos en el tercer capítulo; la situación de la ceca capitalina durante la primera mitad del siglo xix continuó siendo grave y fue arrendada en febrero de 1847, en el contexto de la guerra con Estados Unidos.

Por otra parte, además de que el fondo para la compra de platas era insuficiente, el flujo de ese metal hacia la ceca de la Ciudad de México se había reducido de forma importante porque desde 1810 se había permitido la instalación de casas de moneda “provisionales” en algunos puntos del territorio novohispano. La apertura y posterior consolidación de establecimientos de acuñación en importantes sitios mineros como Zacatecas y Durango hicieron que aquellos flujos que venían del norte del país ya no llegaran a la capital, convirtiéndose en un elemento más que explica el decaimiento de una ceca cuya capacidad instalada se había forjado durante poco más de dos siglos para recibir los metales de todo el territorio novohispano. A ello habría que sumar los flujos de metales que salieron de manera legal e ilegal en forma de pasta a partir de las complicaciones que implicó la guerra en el transporte de los mismo, montos de los que sólo se tienen cálculos aproximados.24 La presencia de la acuñación provisional amerita su abordaje con miras a delinear el papel que tuvieron las casas de moneda estatales durante la Primera República Federal y los casos paradigmáticos de Guanajuato y Zacatecas que se revisan en el segundo capítulo.

La guerra de independencia y la denominada “acuñación provisional”

Durante todo el periodo novohispano la Casa de Moneda de la Ciudad de México fue la única autorizada para la acuñación. Si bien es cierto que hubo propuestas para poner en marcha una en Zacatecas desde 1572, otra en Guadalajara en 1762 y una más en Arizpe entre 1767 y 1770, ninguna de ellas se concretó.25 Se trataba de solicitudes cuyos argumentos estaban basados en la necesidad de agilizar los circuitos mercantiles, reducir los riesgos del transporte de plata hasta la Ciudad de México, aumentar el circulante en las regiones más lejanas y reducir las pérdidas que sufrían los mineros a través del avío que recibían de parte de los grandes comerciantes.26 Las constantes negativas en torno a estas peticiones tenían que ver con la necesidad de mantener el monopolio de la acuñación y controlar el flujo de plata que buscaba salida por vías no oficiales dentro del propio virreinato y hacia el mercado mundial.27

Esta problemática fue atendida por las autoridades virreinales en 1790 al permitir el establecimiento de bancos de rescate de platas en las “tesorerías principales, foráneas y menores de las provincias que tuvieren minas en corriente labor y beneficio”; con esto la Corona podía comprar la plata para acuñarla por su cuenta en la ceca de México, mientras que los mineros intercambiaban con mayor rapidez su plata por moneda.28 Se trataba también de un mecanismo para canalizar los flujos de plata que quedaban fuera del mecanismo convencional de comercio y de los ojos de la Real Hacienda a través del contrabando.29 A pesar de los efectos positivos de los bancos de rescate, en las regiones mineras se mantuvo la expectativa de poner en marcha casas de moneda locales pues la posibilidad de cambiar en el menor tiempo posible la plata por cuño y disminuir los costos de transporte era fundamental para incrementar las ganancias y llevar por buen cauce todo el circuito mercantil ligado a la minería. Esta necesidad se hizo mucho más patente cuando las vicisitudes de la guerra de independencia interrumpieron los canales tradicionales de transporte de plata.30

De este modo, el entorno bélico desatado por el Grito de Dolores en septiembre de 1810, permitió la apertura de casas de moneda “provisionales” entre 1810 y 1814: Sombrerete y Zacatecas en 1810; Chihuahua, Durango y Real de Catorce en 1811; Guanajuato, Guadalajara y Oaxaca en 1812; Valladolid en 1813 y Sierra de Pinos en 1814.31 La presencia de estos centros de acuñación dio paso a una polémica en torno al monopolio de acuñación que había ejercido la ceca de México y los intereses de los actores regionales, sobre todo los mercaderes de plata, que habían intentado abrir casas de moneda cercanas a los centros de explotación minera. Al parecer, entre 1810 y 1814 las autoridades virreinales y las de la Real Casa de Moneda de México no tenían bien claro qué estaba sucediendo en torno a los establecimientos provisionales de acuñación, ello en gran parte porque fueron años en los que el conflicto armado vivió sus momentos más violentos. La emisión de moneda en latitudes diferentes a la Ciudad de México era un signo inequívoco de la disputa por la soberanía política desatada por la guerra. De hecho, la emisión de moneda insurgente en Zacatecas por Ignacio López Rayón, en abril de 1811, y la de cobre que se realizó por órdenes de José María Morelos y Pavón, a partir de julio de 1811, fueron muestra de que la guerra también tenía un frente monetario.32

A partir de 1814, con el regreso de Fernando vii al trono, pero sobre todo con la captura y ejecución de Morelos, en 1815, empezaron a sentirse vientos de pacificación y el tema de la acuñación provisional comenzó a exigir mayor atención por parte de las autoridades novohispanas. Fue en este último año cuando la superintendencia de la Casa de Moneda de la Ciudad de México esgrimió argumentos en contra de los centros de acuñación provisionales, centrados todos ellos en la mala calidad de las monedas, la falta de peso, la baja ley y la facilidad de ser falsificadas por lo rudimentario de su fabricación.33 Se pugnó entonces por el cierre de todas las cecas provisionales, proponiendo poner en circulación “vales metálicos”, es decir, discos de plata sellados con el quinto en el anverso y el nombre del ensayador en el reverso, garantizando así el peso, el valor y la provisión de medios de cambio, una propuesta que fue objetada por el Tribunal de Minería que empezó a tomar partido por los mineros favorecidos por la presencia de las cecas locales. No obstante, la propuesta de los “vales metálicos” quedó perdida en los expedientes generados por el tema.34

Fue también en 1815 cuando la Junta Menor de Arbitrios, en su sesión del 11 de junio, promovió que en las ciudades de Guanajuato, Zacatecas, Guadalajara y Durango quedaran formalizadas las cecas para promover la buena calidad de su acuñación, dotándolas de los instrumentos adecuados. La propuesta tenía los mismos argumentos: la falta de moneda en las provincias y la necesidad de promover la minería y el comercio.35 El superintendente de la Casa de Moneda de México, Francisco Fernández de Córdoba, insistió en los inconvenientes y expuso al Virrey que para montar una ceca que pudiera labrar moneda de calidad era necesario adelantar recursos por poco más de 2 millones de pesos. No obstante, a estas alturas del debate, los argumentos dados por Francisco Fernández de Córdoba ya no eran solamente de orden monetario, sino también políticos:

Todas las provincias, parece, se han propuesto vivir y mantenerse aisladas y emancipadas de la Capital; y uno de los medios más a propósito para que se saliesen con la suya sería, a mi ver, el que se les permitiese sellar moneda, o cosa que se le pareciese, porque en teniendo el numerario suficiente, o una apariencia de él, ya se considerarán como independientes del gobierno de México.36

Para el 29 de diciembre de 1816 se resolvió, a través de una Real orden, no formalizar las cuatro casas de moneda que había sugerido la Junta Menor de Arbitrios novohispana, no obstante se exhortaba al virrey para que auxiliara “en cuanto pueda dichas Casas informase […] exponiendo su estado actual”.37 La Corona estaba interesada en generar información sobre los establecimientos provisionales de acuñación, evidencia de que las autoridades, tanto novohispanas como de la metrópoli, no sabían a ciencia cierta qué había sucedido en materia de acuñación provisional durante la guerra. En ese sentido, la perspectiva del superintendente Fernández de Córdoba era acertada: la presencia de las casas de moneda provisionales había provocado que se rompiera “el único vínculo que mantiene juntas las provincias y la capital”.38 Tras la real orden el virrey ordenó el cierre de las casas de moneda de Zacatecas, Guadalajara y Guanajuato. En 1817 se contempló dejar en funcionamiento la de Durango, con la perspectiva de estimular la minería en las regiones norteñas más alejadas y con importantes recursos minerales. Fue en este momento cuando comenzó la defensa de los establecimientos de acuñación por parte de comerciantes, mineros y autoridades locales para sacar a flote los intereses económicos, políticos y militares de los poderes regionales.39

En primer lugar, se cuestionó la decisión de dejar en funcionamiento la ceca de Durango y no otra que estuviese en una situación geográfica más accesible. José Joaquín de Eguía, importante ilustrado novohispano dedicado a temas de minería sugirió que debía optarse por dejar abierta la ceca de San Luis Potosí, la de Zacatecas u otra ciudad más céntrica.40 La justificación de mantener abierta la de Durango fue estimular la minería del norte novohispano. Sin embargo, también significaba la mejor opción para las autoridades de la Real Casa de Moneda de México, que se habían opuesto a la presencia de las cecas regionales. De este modo, dejar en activo una ceca, como la de Zacatecas, por ejemplo, significaba cerrar la posibilidad a que la de la Ciudad de México recuperara los flujos de plata que había perdido tras la guerra y la puesta en marcha de las cecas provisionales.

Ante la decisión del cierre de las casas de moneda provisionales y la negativa de reconocer oficialmente las cuatro que había propuesto la Junta Menor de Arbitrios, entre 1816 y 1820 se elaboraron peticiones, representaciones y negociaciones promovidas por empresarios mineros de Zacatecas para mantener en funcionamiento la casa de moneda de aquella ciudad. En Guadalajara, el presidente de la Audiencia, el mariscal de campo José de la Cruz, defendió la presencia de la ceca local en 1815, si bien se declaró su clausura el 30 de abril de ese año, provocando descontento entre comerciantes y mineros de la región, ya que, por supuesto, la presencia de una ceca significaba grandes ventajas para estos gremios.41