La memoria del futuro E-Book

Pierre Dardot

• Herausgeber: Gedisa Editorial
• Kategorie: Fachliteratur
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2023

Seitenzahl: 377

Beschreibung

Chile, 18 de octubre de 2019: una protesta popular sin precedentes sacude el sistema neoliberal mantenido desde el fin de la dictadura de Pinochet. 4 de septiembre de 2022: la propuesta constitucional elaborada por la Asamblea Constituyente surgida del estallido social es rechazada en referéndum. Durante estos tres años, los movimientos sociales se han politizado con una determinación ejemplar, alimentando los debates dentro y fuera de la Asamblea Constituyente. La experiencia política así adquirida, rica en enseñanzas que van mucho más allá de Chile, abre una vía original, la de la reinvención de la democracia entendida como tarea de toda la ciudadanía, y no como monopolio de los políticos profesionales. Esta reinvención continúa. Requiere imaginación política para rehuir todo y cualquier intento de restaurar un lejano pasado idealizado o de replicar los recientes gobiernos «progresistas». Las feministas chilenas llaman a ese ejercicio «memoria del futuro».

Leseprobe

Pierre Dardot

la memoria del futuro

La hora del Gobierno Democrático del Planeta

Razones, objeciones y propuestas relativas a la gobernabilidad de la Tierra

Argimiro Rojo Salgado

Dominar

Estudio sobre la soberanía del Estado de Occidente

Pierre Dardot y Christian Laval

Tras la indignación. El 15M: miradas desde el presente

Cristina Monge, José Ángel Bergua, Jaime Minguijón Pablo y David Pac Salas

Romper con las megaempresas

Joost Smiers, Pieter Pekelharing y John Huige

Terrorismo

Una guerra civil global

Donatella Di Cesare

La sombra de Octubre (1917-2017)

Pierre Dardot y Christian Laval

La pesadilla que no acaba nunca

El neoliberalismo contra la democracia

Pierre Dardot y Christian Laval

La política en los bordes del liberalismo

Diferencia, populismo, revolución y emancipación

Benjamín Arditi

Religiones en el espacio público

Enrique Romerales y Eduardo Zazo (coords.)

LA MEMORIA DEL FUTURO

Chile 2019-2022

Pierre Dardot

Título original en francés:

La mémoire du futur. Chili 2019-2022, Pierre Dardot

© Lux Éditeur, 2023

Publicado por acuerdo especial con Lux Éditeur en colaboración con su agente debidamente designado 2 Seas Literary Agency y su co-agente SalmaiaLit.

© De la traducción: Sion Serra Lopes

Corrección: Marta Beltrán Bahón

© De la imagen de cubierta: Manifestación en Santiago, 25 de octubre de 2019. La foto fue tomada por Susana Hidalgo y puesta a disposición gratuitamente con esta nota: «Esta fotografía refleja un momento que representa a la mayoría de los chilenos, y me gustaría que todos pudieran tener una copia, si así lo desean».

Montaje de cubierta: Juan Pablo Venditti

Primera edición: abril de 2023

Derechos reservados para todas las ediciones castellano en todo el mundo

© Editorial Gedisa, S.A.

www.gedisa.com

Preimpresión: Moelmo, S.C.P.

eISBN: 978-84-19406-26-2

Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o en cualquier otro idioma.

Índice

Introducción

1. Una interminable «transición»

2. Los movimientos sociales

3. Una Constituyente elegida contra el acuerdo de los partidos

4. La Constituyente como refundación en acto

5. La propuesta de una nueva constitución

Conclusión

Posfacio a la edición española

Agradecimientos

Listado de abreviaturas y acrónimos

ACES Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios

AD Apruebo Dignidad

AFP administradoras de fondos de pensiones de Chile

CAE Crédito con Aval del Estado

CF8M Coordinadora Feminista 8 de Marzo

CONADI Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

CONFECH Confederación de Estudiantes de Chile

CS Convergencia Social

CTT Concejo de Todas las Tierras

CUT Central Única de Trabajadores de Chile

DC Partido Demócrata Cristiano

DINA Dirección de Inteligencia Nacional

FA Frente Amplio

FECH Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile

FESES Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago

GANE Gran Acuerdo Nacional de la Educación

IA Izquierda Autónoma

IPN Iniciativas Populares de Norma

LdP Lista del Pueblo

LOCE Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza

MIR Movimiento de la Izquierda Revolucionaria

OIT Organisation internationale du travail

PC Partido Comunista

PPD Partido por la Democracia

PRI Partido Regionalista Independiente Demócrata

PS Partido Socialista

PSU Prueba de Selección Universitaria

RD Revolución Democrática

RN Renovación Nacional

UDI Unión Demócrata Independiente

UP Unidad Popular

Introducción Una revolución contra el neoliberalismo

Lunes 7 de octubre de 2019, sobre las 18:00 horas: entrevistado por CNN Chile, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, anuncia un aumento de 30 pesos en el precio del pasaje del metro de Santiago, aunque minimiza el impacto de esta medida en la vida cotidiana de los usuarios de este medio de transporte. De hecho, fue el 6 de octubre, un día antes del anuncio, cuando se introdujo la nueva subida de precios en el servicio de metro en hora punta. Para entender el alcance de este aumento, el tercero que se registra ese mismo año, hay que saber que dos pasajes diarios valen 1.790 pesos, que a lo largo de un mes son 35.600 pesos, es decir, alrededor del 12 % del salario mínimo.1 También importa señalar que el aumento anunciado solo se aplica en las horas punta, cuando un gran número de trabajadores utiliza el metro para desplazarse al local de trabajo. Tres horarios distintos determinan la tarifa aplicable: bajo, valle y punta. Solo los estudiantes y los ancianos pagan una tarifa fija (230 pesos en octubre de 2019). El horario bajo corresponde al intervalo entre las 6:00 y las 6:59 horas o entre las 20:45 y las 23:00 horas, mientras el horario valle se aplica de 9:00 a 17:59 horas y de 20:00 a 20:44, y el horario punta de 7:00 a 8:59 horas y de 18:00 a 19:59 horas. El ministro tenía previsto aumentar los precios de los horarios valle y punta y disminuir en la misma cuantía el precio del horario bajo.

La responsabilización neoliberal del individuo

Esta modulación diferenciada de las tarifas según el horario permite al ministro sostener que la medida no afecta a los más pobres. En la misma entrevista, el ministro insiste en tres ocasiones en esa misma idea con palabras distintas: «Quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja», «Alguien que sale más temprano y toma metro a las 7 de la mañana tiene la posibilidad de una tarifa más baja», «Se ha abierto un espacio para que quien madrugue pueda ser ayudado a través de una tarifa más baja». Más allá de suponer una provocación, estas respuestas a las preguntas de una periodista revelan sin duda el espíritu neoliberal que desde hace décadas impulsa de manera constante la política de los gobernantes chilenos. Mediante algunos elementos discursivos, todo queda dicho: hay que dar un incentivo económico a los trabajadores ¡para que se levanten más temprano!2 Es una cantinela que a todos resulta familiar: «Si te levantas demasiado tarde, tú verás, es culpa tuya». En otras palabras, se trata de responsabilizar a cada individuo de la penalización económica que pueda caerle encima y de hacer creer que todo depende de la conducta que el individuo decide adoptar. Este es un rasgo característico del neoliberalismo que va mucho más allá de los límites de la experiencia chilena, aunque haya encontrado en ella una expresión típica: el neoliberalismo no se reduce a una doctrina académica importada de la escuela de Chicago, ni siquiera a una política económica inspirada en esa doctrina, sino que se identifica con una singular forma de vida, caracterizada por el imperativo de elegirse a uno mismo, en condiciones que impiden cualquier tipo de elección.

El 7 de octubre, alrededor de las 14:00 horas, los estudiantes secundarios realizaron la primera acción de rechazo al pago invadiendo la estación Universidad de Chile, haciendo de este rechazo, según sus propias palabras, «otra forma de lucha». Del 7 al 18 de octubre, manifestaciones esporádicas de estudiantes invaden las estaciones de metro sin dar lugar todavía a una acción coordinada como la de la capital. El 18 de octubre las cosas cambian. Lo que impresiona al testigo de lo que ocurre en las primeras horas de ese día no es la efervescencia de un tumulto, sino el silencio que reina en las calles de la capital, un silencio extraño y muy poco habitual. Pero hacia las 16:00 horas, cuando terminan las clases, se improvisan las primeras concentraciones en los accesos a las estaciones de metro: los estudiantes invitan entonces a la gente a saltar los torniquetes sin pagar, y las concentraciones van creciendo a medida que los empleados que vuelven del trabajo ven lo que ocurre y deciden unirse al movimiento: una espontaneidad que desafía todos los cálculos y todas las previsiones. La calle queda entonces bloqueada por manifestaciones multitudinarias que se repetirán cada viernes. Es el comienzo de la extensión de la revuelta a otros estratos sociales.

Por supuesto, no faltaron iniciativas estudiantiles desde la primera oposición a Pinochet en 1984. En particular, las acciones de bloqueo de los institutos son una especie de «tradición»: los estudiantes de secundaria están acostumbrados a este tipo de acciones e intervenciones marcadas por una inventiva ligada a la irrupción política que no es nueva en sí misma. Durante mucho tiempo, el típico estudiante de secundaria greñudo o «chascón», como se le llama en Chile, formó parte de la iconografía de las movilizaciones sociales. Por supuesto, ya tuvieron lugar en otras ocasiones movimientos estudiantiles por la gratuidad del transporte, pero sería equivocado establecer una relación causal directa entre esos movimientos y lo ocurrido el 18 de octubre de 2019: es cierto que estos últimos dejaron huellas duraderas, pero no es la acción subterránea de estas huellas lo que explica que la subida del precio del pasaje de metro haya desencadenado la revuelta. No es el pasado lo que resurge, obligando a los actores a extraer de él un sentido que parecería brillar hoy por su ausencia; es la irrupción de lo nuevo lo que, de manera retrospectiva, confiere sentido al pasado, poniendo de manifiesto la continuidad de una política.

«¡No son 30 pesos, son 30 años!»

En concreto, lo que irrumpe es la conciencia activa del estrecho vínculo entre esta medida de un ministro del presidente Piñera y la continuidad de las políticas aplicadas durante décadas por los sucesivos Gobiernos en Chile. Lo atestigua ante todo la frase «¡No son 30 pesos, son 30 años!», repetida en todos los estratos sociales que participan en el movimiento, y más allá. Los «treinta años» se refieren a las tres décadas que van de 1989 a 2019, los años de la Concertación, el sistema de gobierno político multipartidista que agrupa al Partido Demócrata Cristiano (DC), al Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD), formado tras la salida de Pinochet para preservar de todo cuestionamiento el núcleo del sistema pinochetista, bajo el pretexto de garantizar una «transición democrática». En los días siguientes al anuncio de la subida, los periodistas de la televisión pública recogen testimonios de personas que apoyan el movimiento; todos van en la misma dirección: «No podemos más, llevamos así treinta años». Tal conciencia excluye la disociación escolástica entre la causa ocasional (los 30 pesos) y la causa profunda (la gestión de la Concertación): es en una inmediatez brutal que los 30 pesos revelan el sistema implacable que se perpetúa sin interrupción desde 1989.

El «Despertar de Chile», expresión popular que es mucho más que una simple metáfora, puede entenderse como el fin de una larga pesadilla, no como una súbita toma de conciencia de la naturaleza neoliberal del sistema, conciencia consolidada y compartida por un amplio sector de la población, sino como una respuesta diferida por demasiado tiempo a una promesa que la Concertación no cumplió: en el referéndum de 1989, el lema con el que la Concertación pidió el «No» a Pinochet fue «La alegría ya viene». Pero la alegría prometida nunca llegó, y el Despertar es ante todo una respuesta a la promesa que la Concertación hizo durante treinta años. El «Despertar» de los chilenos se realiza en la acción colectiva.

Al contrario de lo que se dice demasiado a menudo, la espontaneidad no solo no excluye para nada la conciencia política, sino que va de la mano de una cierta planificación. No existe un plan político fomentado por ningún grupo u organización, pero sí una planificación de acciones. Los objetivos elegidos en los primeros días del movimiento revelan una selección muy deliberada. De hecho, las instituciones seleccionadas como objetivo, además de las 164 estaciones del metro de Santiago, son grandes centros comerciales, supermercados y bancos (se apuntó, en primer lugar, a una sucursal del Banco de Chile), todos los cuales se habían dedicado a vender sueños de realización de uno mismo a través del crédito. Dónde se apunta es nada menos que al corazón del sistema neoliberal instaurado por la dictadura, que provocó una profunda transformación en la vida de millones de chilenos. También en este caso, lo que llama la atención es hasta qué punto este sistema, lejos de limitarse a la «superestructura» política, se convirtió a largo plazo en parte integrante de la experiencia cotidiana de los chilenos.

En este sentido, podemos hablar no solo de una experiencia chilena del neoliberalismo, sino de una experiencia neoliberal vivida por los chilenos en masa. En otras palabras, en el caso de Chile, el neoliberalismo no es solo un objeto de experiencia que podría mantenerse a distancia para considerarlo en todas sus facetas, sino que penetró las capas de la experiencia y la moldeó de forma duradera, generando lo que podría llamarse un desánimo existencial unido a un sentimiento de frustración, alimentado por una persistente precariedad. Esto explica por qué, aunque su tarifa fija les protege del aumento del precio del metro, los estudiantes están al frente del movimiento y reciben el apoyo inmediato y masivo de la población. La referencia a los «treinta años» expresa toda la subjetividad de la revuelta. Como si los manifestantes dijeran: «Nos habéis engañado durante treinta años sin cumplir nunca vuestras promesas, ¡hoy estamos en la calle para deciros que ya basta!».

En este sentido, el Gobierno de Piñera no hace más que colarse en un sistema ya puesto en marcha por los Gobiernos precedentes. Sin embargo, eso no le exime en absoluto de toda responsabilidad; por el contrario, le hace responsable de perpetuar ese sistema. La referencia a los «treinta años» vincula sin ambages el sufrimiento que se vive a diario con la gestión política de los varios Gobiernos, incluido el de Piñera. El 8 de octubre, en una emisión televisiva de gran audiencia, declaró: «En medio de esta América Latina convulsionada, nuestro país es un verdadero oasis con una democracia estable, el país está creciendo, creamos 176.000 empleos al año, los salarios suben. Mientras más veo las crisis, más tenemos que apreciar nuestro país». El mismo día, en entrevista con CNN Chile, el ministro Felipe Larraín Bascuñán no dudó en elogiar la estabilidad del índice de precios al consumidor, invitando a los «románticos» a aprovechar la baja en el precio de las flores, como si esta baja pudiera compensar el alza en el precio del pasaje de metro. Para la mayoría de los chilenos, todos estos discursos resultan insoportables. Por eso mismo, aquello que las consignas reivindican de entrada no es la destitución de Piñera, sino su dimisión. La diferencia es abismal: la destitución pondría la suerte del presidente en manos del Congreso, mientras que la dimisión es una exigencia política incondicional que rechaza las formas jurídicas previstas por la Constitución de 1980, la misma que Pinochet ordenó que se adoptara como condición de la dictadura resultante del golpe de 1973.

El aislamiento del poder

El Gobierno intenta desde el primer instante criminalizar la acción de los estudiantes de instituto y de la universidad. El 16 de octubre, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, amenaza en público a los estudiantes que participen en estas acciones con retirarles los beneficios de su Tarjeta Nacional Estudiantil. En la noche del 16 al 17 de octubre, el director del metro,3 Clemente Pérez, perfecto representante de la Concertación, ya había expresado su arrogancia y desprecio en una entrevista en la televisión nacional dirigiéndose a los manifestantes estudiantiles en estos términos: «Lo que estáis haciendo», dijo, «no funcionó». O, en lenguaje más vulgar: «Cabros, esto no prendió» (en el sentido de una cerilla que prende fuego).4 Pero, como demuestra el precipitar de los acontecimientos, la cerilla sí que prende fuego, y muy rápido. En las manifestaciones, la gente no dejará, por eso mismo, de burlarse de la sentencia.

El 19 de octubre, Piñera declara el estado de excepción y nombra a un general de división al frente de la Defensa Nacional. El 20 de octubre, al multiplicarse los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, declara a la nación en guerra contra «un enemigo poderoso, implacable, que no respeta nada ni a nadie y que está dispuesto a utilizar la violencia y la delincuencia sin ningún límite». Esta construcción discursiva del enemigo no es ninguna novedad en la historia del neoliberalismo, pero en este caso adquiere un significado particular en el que hay que fijarse. Desde sus inicios en la década de 1930, el neoliberalismo se refiere a sus enemigos como «enemigos de la civilización»: el socialismo, el Estado del bienestar y el sindicalismo.5 Hay aquí una diferencia manifiesta con el concepto de enemigo elaborado por Carl Schmitt. Para Schmitt, lo que constituye al enemigo como tal es el hecho de una decisión absolutamente primaria, irreductible a toda norma civilizatoria, hasta el punto de que el concepto de guerra queda subordinado al de enemigo.6 Para los ideólogos del neoliberalismo, en cambio, se trata de la relación de antagonismo frente a la «civilización occidental», entendida en su supuesta permanencia como tradición, conjunto de valores (entre los cuales la competitividad de mercado) y religión, todo ello en oposición al igualitarismo.

Esto no impide que el neoliberalismo tenga la necesidad de encarnar a este enemigo en figuras que varían según la situación. Se trata de una segunda identificación que cumple con lo que podría llamarse una instanciación (o ejemplarización) de la primera identificación que se opondría a lo civilizado (por ejemplo, vemos hoy en día cómo se enemista a las minorías sexuales o raciales). En el caso de Chile, a principios de los años 1970, la Junta Militar identificó al «marxismo» o «comunismo» como un enemigo mortal de la nación al que había que combatir sin piedad, algo que solo respondía al interés político del contenido de la «doctrina».7 Esta segunda identificación, lejos de ser secundaria, es indispensable para construir la figura del enemigo. De hecho, si no funciona, pone en riesgo la propia identificación primaria. ¿Qué pasa cuando estalla la revuelta en 2019?

La declaración del estado de guerra en el interior del país el 20 de octubre delata, hasta en sus términos y más allá de la dramatización retórica de circunstancia, un malestar que no es baladí: si el presidente dice que estamos en guerra contra «un enemigo poderoso y peligroso», ¿qué rostro tiene ese enemigo que está detrás de los disturbios del 18 de octubre? ¿Podemos identificar a los jóvenes de 15 a 18 años que bloquean el acceso al metro, atacan bancos y grandes almacenes, con el enemigo de siempre, el «marxismo» y el «comunismo»? ¿Debemos incriminar un complot urdido en el extranjero? A petición del Gobierno, y basándose en un análisis de las redes sociales, una agencia privada concluirá que el movimiento fue organizado por «mapuches entrenados» por Cuba y Maduro. La derecha llegó a inventar el acrónimo «Chilezuela» para denunciar el peligro de un régimen autoritario al estilo venezolano. Sin embargo, Piñera elige sus palabras para sugerir que, al fin y al cabo, el enemigo sigue siendo el mismo: el que ataca la propiedad privada y el Estado. Pero esta retórica del poder está vacía y perdió toda credibilidad al no ser capaz de ponerle rostro al enemigo, es decir, de instanciar al enemigo de la civilización en una figura concreta, que todos puedan reconocer. A continuación, veremos hasta qué punto esta incapacidad simboliza el completo aislamiento político de Piñera.

La actitud de los partidos políticos

La mayoría de los partidos, incluidos los de la izquierda tradicional, adoptan una actitud conservadora que se manifiesta en el leitmotiv de la «llamada al orden». Los partidos de la Concertación: PS, DC y PPD, así como el Partido Radical (PR), condenan las acciones de bloqueo del metro. Su lenguaje hacia los jóvenes alborotadores es invariable y fácil de resumir: «Déjenoslo a nosotros, que somos políticos profesionales». Las cosas empiezan a cambiar con la gran manifestación del 25 de octubre, que reúne en Santiago a un millón de personas. A partir de ese día, la derecha empieza también a sumarse al movimiento, incluida la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido fundado en 1987 por Jaime Guzmán, padre de la Constitución de 1980.

¿Qué actitud asumen los demás partidos a la izquierda de las fuerzas de la Concertación? Se trata en lo esencial del Partido Comunista (PC) y de las fuerzas del Frente Amplio (FA). En la persona de Camila Vallejo, portavoz del movimiento estudiantil en 2011 y elegida diputada en 2014, el PC apoya el movimiento desde el principio y se organiza para intentar aprobar leyes favorables al trabajo en detrimento del capital (entre las cuales aumentos salariales, reducción de la jornada laboral a 40 horas y refuerzo del papel de los sindicatos).

El FA no es un partido político en sentido estricto, sino una reciente coalición (fundada en 2016) que reúne a varios partidos pequeños.8 Sorprendido por la amplitud de la movilización, le da su apoyo, aunque desde los primeros días se ve agitado por un debate interno acerca de la legitimidad de la violencia: ¿es justificable el recurso a la violencia física por parte de los jóvenes del frente, o había que condenarla desmarcándose de la actitud conservadora de los partidos de la Concertación? Que el debate pueda centrarse en esta cuestión de la legitimidad de la violencia, en un momento en que la represión de los carabineros se aplica de forma brutal contra el movimiento,9 dice mucho de las hesitaciones y la debilidad de los posicionamientos del FA en los primeros días de sublevación.

A ojos de algunos militantes oriundos de Izquierda Autónoma (IA),10 la tarea más urgente es hacer que la revuelta se alargue en el tiempo estableciendo para ello un punto de confrontación política con el poder. Publican entonces una serie de textos sobre el movimiento, entre ellos, el 8 de noviembre, una contribución con valor orientativo titulada «Terminar con la Constitución de 1980. El desafío de ir más allá de la revuelta». Este título debe entenderse en el sentido de superar la ilusión de una continua reactivación de la movilización por tiempo indefinido, a razón de un viernes por semana, una reactivación intermitente que condenaría al agotamiento y a la derrota.

Una revolución popular

Para comprender esta percepción de la situación, hay que recordar un hecho de la historia nacional que aún asedia la memoria de cientos de miles de chilenos: la represión del movimiento obrero y popular por parte del ejército no empezó en septiembre de 1973, sino que viene golpeando a los campesinos que habían venido a buscar trabajo en las minas del norte del país, en Antofagasta e Iquique, desde finales del siglo xix. En 1890, y de nuevo en 1898-1903, las huelgas en las salitreras de Iquique fueron reprimidas con saña por el ejército y la marina. Y de nuevo en 1906 y 1907, cuando las huelgas se multiplicaron por todo el país, extendiéndose hasta la región de Iquique. La masacre de Santa María fue el punto culminante: los mineros y sus familias, entre mil y tres mil personas, fueron asesinados por el ejército en la escuela y las calles de un pueblo.11 Por eso, cuando Piñera decide enviar vehículos blindados a patrullar las calles para asustar a los alborotadores, despierta viejos traumas, y no solo los de la generación de los años 1970, que vivió en sus carnes el golpe de Pinochet. Lo que está en juego aquí es la historicidad del trauma como «huella psíquica de un acontecimiento trágico».12 Sin duda, esta huella vuelve a rondar el presente en octubre de 2019, pero sin determinar una parálisis de la acción colectiva, sino todo lo contrario.

Cuanto más pasan los días, más el «torbellino del Octubre chileno» arrastra a sectores cada vez más amplios de la sociedad. Las feministas desempeñan un papel decisivo desde los primeros días, al imponerse como actores centrales. El 25 de octubre, en la Plaza de la Dignidad de Santiago, una gran manifestación reúne a un millón de personas. Es en esta misma plaza donde ondea la bandera mapuche sobre la estatua del general Baquedano, un símbolo inmortalizado en una foto que hizo historia al instante: este general se había distinguido en la guerra contra los mapuches a finales del siglo xix. Hay que destacar el papel de los cabildos en este fenómeno, ya que se crearon a raíz del movimiento y su expansión. La institución del cabildo, encargada de la administración urbana y heredada de la Castilla medieval, es muy antigua en Chile. En una situación de crisis, esta asamblea está abierta a todos los notables.13 Pero el Octubre chileno le da un significado democrático radical, el de asamblea autoconvocada y abierta a todos los ciudadanos de un barrio o localidad, donde prevalece la práctica de la deliberación colectiva. La composición social de estas asambleas también da una indicación significativa: participan trabajadores territoriales, feministas, animalistas, defensores de los derechos de los niños, trabajadores de la educación y del textil, entre otros. También en este caso podemos ver hasta qué punto la recuperación de una forma antigua, lejos de estar condenada a la repetición, puede significar una reapropiación inventiva que le aporta un nuevo contenido.

Por todos estos motivos, el movimiento del Octubre chileno adquirió, sin duda, en pocos días, el significado de una revolución. Con este término no nos referimos a la toma del poder del Estado por un partido a la cabeza de una insurrección armada. Por muy clásica que sea, esta acepción sacrifica demasiado al imaginario de la centralidad del Estado y, por tanto, pasa por alto lo esencial: la capacidad de la sociedad para transformarse a sí misma. Como escribe Castoriadis, «revolución no solo significa una tentativa de re-instituir explícitamente la sociedad. La revolución es esta re-­institución mediante la actividad colectiva y autónoma del pueblo o de una gran parte de la sociedad».14En otras palabras, «revolución» se refiere sobre todo a un movimiento de autoinstitución de la sociedad. En el caso chileno, este cuestionamiento de la institución existente de la sociedad se hizo en nombre de una institución imaginaria que recurría de un modo muy profundo a las fuentes de la democracia. La centralidad que adquirió muy pronto la exigencia de una nueva constitución y, por tanto, de la derogación de la Constitución de 1980, da fe de la vitalidad de este imaginario colectivo. El hecho de que este desafío solo condujera a la creación de una nueva institución efímera, la Constituyente (julio de 2021-julio de 2022), y que se cerrara un ciclo político con la victoria del Rechazo a la propuesta de una nueva constitución el 4 de septiembre de 2022, no justifica el abandono del término «revolución». La definición más amplia que extraemos de la definición de Castoriadis («movimiento de reinstitución de la sociedad») no es una definición historiográfica sino política con la que definir un proceso no en términos de su resultado sino de su significado.15

El primer objetivo de este libro es situar esta revolución en la historia de Chile, no para atenuar su significado o reducirla a una falsa continuidad, sino, por el contrario, para captar mejor su dimensión de ruptura, constitutiva de toda revolución digna de ese nombre.

Pero este libro también persigue otro objetivo. No se trata, desde luego, de transponer las lecciones del Octubre chileno a otras situaciones nacionales. Importa, pues, evitar la tentación de establecer este movimiento como un modelo a seguir (por ejemplo, aplicando sin criterio la demanda de una Asamblea constituyente a situaciones nacionales muy diversas).16 Sin embargo, más allá de la diversidad de situaciones nacionales, la izquierda se enfrenta hoy a múltiples retos, algunos de los cuales, y no los menos importantes, son estratégicos. El ejemplo de Chile es insustituible a este respecto, ya que ofrece valiosos elementos de reflexión. La ilusión del «posneoliberalismo» (confusa etiqueta bajo la que se agrupó a Chávez, Lula, Morales, Kirchner y otros) en América Latina debe dar paso a una visión más lúcida: el populismo autoritario (del que Maduro ofrece la versión dictatorial) y la «democracia hegemónica»,17 encarnada por Andrés Manuel López Obrador, lejos de constituir verdaderas alternativas al neoliberalismo, como todavía en Europa les place pensar a algunos, tienden más bien a reforzarlo.La situación en Norteamérica y Europa aboga por un diagnóstico similar: globalistas y nacionalistas parecen ser dos versiones complementarias del neoliberalismo, pero no son alternativas reales al neoliberalismo, como a algunos en Europa todavía les gusta pensar. La singularidad de Chile, que se inventó a sí mismo en la revuelta, consiste en el intento de experimentar una ruptura con el neoliberalismo globalista yel populismo autoritario en nombre de la democracia. Aunque solo sea por esto, merece toda nuestra atención.

1. En octubre de 2019, el salario mínimo real, el de la mitad de la población ocupada, más o menos, era de 301.000 pesos. Subrayemos que estamos hablando del precio de dos pasajes de metro al día, una ida y vuelta entre casa y el trabajo, y no de un abono mensual.

2. Se trata de una sorprendente aplicación de la política del «empujón» elaborada por los partidarios del «paternalismo libertario».

3. El metro de Santiago es una empresa participada por el Estado al 51 %.

4. En la misma entrevista, este personaje afirma con temeridad: «La gente está en otra, el chileno es bastante más civilizado y yo lo único que he visto es un gran rechazo a este tipo de actitudes. [...] La gente tiene mucho más sentido común y esta ha sido una protesta que no prendió en la población».

5. Véase Pierre Dardot et al., Le choix de la guerre civile. Une autre histoire du néolibéralisme,Lux, col. «Futur proche», Montreal, 2021, cap. 5.

6. Véase Carl Schmitt, La notion de politique. Théorie du partisan,Flammarion, col. «Champs essais», París, 1992 [1927].

7. En Nocturno de Chile,Roberto Bolaño (Anagrama, Barcelona, 2000) narra un encuentro entre generales de la Junta y el padre Ibacache, miembro del Opus Dei, a quien se encargan «algunas lecciones de marxismo». Pero el marxismo que obsesiona a los generales es menos el de Marx que el de Marta Harnecker, chilena vinculada al régimen castrista, autora de un libro titulado Conceptos elementales del materialismo histórico (1969), es decir, un marxismo adaptado a la situación posterior a 1968 en América Latina. También se sabe que Pinochet se interesaba más por personajes históricos como Franco o Napoleón que por obras teóricas.

8. Entre los cuales se cuentan Revolución Democrática (RD), Convergencia social (CS), Comunes, Partido Humanista, Partido Liberal (PL).

9. En diciembre de 2019, la oficina chilena del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos constató que, en dos meses, se podía atribuir a los carabineros al menos 113 casos de tortura, 24 de violencia sexual y 11 de «privación arbitraria de la vida y otras muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado». Además, 350 personas habían sufrido heridas graves en el rostro, lo que evidencia que «se usaron armas menos letales de manera inadecuada e indiscriminada, en contravención de los principios internacionales» (Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, «Informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU sobre la crisis en Chile describe múltiples violaciones de derechos humanos de Carabineros y hace un llamado a reformas», 13 de diciembre de 2019). Se trata de una estimación a la baja.

10. El 8 de noviembre, este grupo se había unido al partido Comunes. El término «autonomía» debe entenderse aquí no en el sentido de la autonomía del movimiento italiano de 1973-1977, sino de una autonomía política frente al sistema de la Concertación.

11. El recuerdo de esta terrible represión se conserva en una obra musical interpretada por el grupo Quilapayún, la cantata de Santa María de Iquique.

12. Hervé Mazurel, L’inconscient ou l’oubli de l’histoire. Profondeurs, métamorphoses et révolutions de la vie affective,La Découverte, col. «Écritures de l’histoire», París, 2021, pág. 447.

13. Así, fue un cabildo abierto, una asamblea abierta a todos los notables, la que se reunió el 18 de septiembre de 1810, proclamó la libertad de comercio de Chile con todos los países del mundo y convocó el primer Congreso Nacional. Y fueron de nuevo los habitantes de Santiago, reunidos en cabildo abierto, quienes nombraron a O’Higgins «Director Supremo de la Nación» en 1817.

14. Cornelius Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe,t. 3, Le monde morcelé,Seuil, col. «Points essais», París, 2000 [1990], pág. 202.

15. El principal sesgo de las definiciones historiográficas es caracterizar un proceso mediante el resultado que alcanzó: así, Sergio Grez considera que el movimiento surgido del 18 de octubre no fue ni una revolución política, que implica un «cambio fundamental en la estructura del poder», ni una revolución social, que implica una «transformación profunda de las relaciones sociales» (entrevista a Sergio Grez conducida por Pablo Parry, «Chili. «La rébellion populaire doit profiter de ces mois pour s’orienter vers une base plus solide d’unité politique»», À l’encontre,15 de abril de 2020). Sin embargo, desde el punto de vista de su significado, este movimiento fue a todas luces una revolución.

16. En el caso del Chile, hay que recordar que esta reivindicación nace del propio movimiento social y no tiene nada que ver con una orden decretada de manera artificial por el aparato de un partido.

17. El término se refiere a una democracia que pretende cambiar la estructura del Estado en un sentido autoritario. Véase Alain Rouquié, Le siècle de Perón. Essai sur les démocraties hégémoniques,Seuil, París, 2016 (el autor debe a Guillaume Boccara la referencia a esta obra). [Trad. cast.: El siglo de Perón, Edhasa, Buenos Aires, 2017].

1 Una interminable «transición»

«Pero es bueno que nos demos cuenta de que vivimos en una democracia frágil, acaso tutelada.

Es malo el esfuerzo del Gobierno de la Concertación por liberar a Pinochet».

Roberto Bolaño18

El 5 de octubre de 1988, de conformidad con las disposiciones transitorias promulgadas en agosto de 1980 y la nueva constitución, se celebró un referéndum sobre si el general Pinochet debía seguir siendo presidente de la República. El estatuto de 1980 daba poder a la Junta y al general Pinochet hasta el 11 de marzo de 1989: unos meses antes de esa fecha, los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y los carabineros debían proponer un nuevo presidente de la República, y este nombramiento debía ser ratificado por referéndum. A finales de agosto de 1988, el general Pinochet fue proclamado candidato, no sin algunas disensiones en el seno de las fuerzas armadas. Pero el 5 de octubre de 1988, la respuesta del pueblo chileno fue clara: el 56 % de los votos emitidos (3.967.569 votos) fueron para el «no», el 44 % para el «sí». El general Pinochet tuvo que abandonar el poder el 11 de marzo de 1989. De hecho, no lo dejó hasta el 11 de marzo de 1990, cuando lo asumió Patricio Aylwin, el nuevo presidente elegido el 14 de diciembre de 1989.

La Concertación y el «concertacionismo»

Este fue el comienzo de lo que el calendario oficial de la Concertación denominó la «transición a la democracia». Por supuesto, era el final de 17 años de dictadura. Pero ¿cómo entender el término «transición»? En sentido estricto, se refiere a una transición a otra cosa, en este caso de una dictadura a una democracia. La transición puede ser más o menos gradual, pero debe conducir a otro régimen para merecer su nombre. ¿Qué ocurre, sin embargo, si el resultado anunciado se aplaza una y otra vez? Lo que ocurre es que se mantiene el antiguo estado de cosas, por lo general, con tan solo algunos cambios cosméticos, de modo que la transición perdura de manera indefinida. Pero una transición eterna ya no es una transición de hecho. Para algunos observadores de la época, la transición correspondía al periodo entre el plebiscito del 5 de octubre de 1988 y la toma de posesión de Aylwin el 11 de marzo de 1990. Hablar, como hicieron muchos políticos chilenos, de «Gobierno de transición» para referirse al Gobierno de Aylwin revela una confusión entre gobierno y régimen: si este es un «Gobierno de transición», hay que puntualizar que la transición no terminó con él. Solo culminará con la instauración de un régimen democrático verdadero, que suponga una ruptura definitiva con el legado de la dictadura e impida cualquier retroceso autoritario.19

La transición chilena puede compararse, hasta cierto punto, con la llamada «transición democrática española». Ambas se encuentran bajo la tutela de mandos del régimen anterior: en ambos casos, estos mandos proceden de las fuerzas armadas. Ambas fueron inesperadas en el sentido de que no las impulsó ni las apoyó un movimiento social a gran escala que las anunciara: una tiene inicio con la muerte de Franco, la otra con la victoria del «no» en el referéndum de 1988. Sendas constituciones, la de 197820y la de 1980, son muy rígidas al conferir un peso muy considerable a las llamadas «leyes orgánicas», las que exigen un quorum muy elevado para su aprobación, lo que dificulta cualquier reforma de gran calado. En el caso de Chile, las 18 leyes orgánicas que completan el texto de la constitución y cuya reforma requiere la aprobación de cuatro séptimos del Congreso, atañen al funcionamiento del Tribunal Constitucional, las concesiones mineras, los estados de excepción y la Ley General de Educación.21 En el caso de España, y esto marca una diferencia, las materias reservadas a leyes orgánicas son la Corona (para evitar una República) y el desarrollo de los derechos fundamentales (para protegerlos).

Se puede ir aún más lejos y hablar en ambos casos de una «transición que no pasa». Sin embargo, esta expresión tiene un significado diferente en España y Chile pues, mientras la transición fue muy corta en España (desde 1975 hasta la promulgación de la constitución en 1978), en Chile es interminable, ya que la Constitución de 1980 no fue derogada todavía. En España, la transición, aunque vendida por todo el mundo como «ejemplar», es en gran medida un mito: conduce, más allá del cambio de constitución, a la permanencia de lo que debe llamarse el «régimen del 78», es decir, el orden social y político nacido de la transición, que perpetúa de forma inquietante varios elementos clave del imaginario y del régimen franquistas.22 En Chile, la transición mantiene en vigor, con algunas modificaciones, la constitución del régimen de Pinochet. Esta es una diferencia significativa: mientras que en España la constitución es el resultado de la transición, en Chile la constitución precede a la transición y le ofrece un marco legal.

Por supuesto, a partir de 1990, el Congreso Nacional (que incluye la Cámara de Diputados y el Senado) se instala en el cargo, y desde entonces los presidentes son elegidos a intervalos regulares: a Patricio Aylwin (DC), presidente de 1990 a 1994, le sucede Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC) de 1994 a 2000; a este último sucede Ricardo Lagos (PPD), de 2000 a 2006;23 a este, Michelle Bachelet (PS) de 2006 a 2010, que fuera ministra de Salud y luego de Defensa en los Gobiernos de Ricardo Lagos. La Concertación se agotó, como lo demuestra la primera interrupción en la continuidad de presidentes de la coalición multipartidaria (DC, PPD, PS): en 2010, el presidente electo es Sebastián Piñera (de Renovación nacional, RN). En 2014, Michelle Bachelet es elegida para un segundo mandato, pero la Concertación deja de existir a nivel formal en 2013. En 2018, Piñera gana las elecciones y permanece en el cargo hasta 2022. En diciembre de 2021, Gabriel Boric, del partido Convergencia Social (CS), es elegido presidente frente al candidato de Piñera, José Antonio Kast, y asume el cargo en marzo de 2022. La Concertación como coalición política vivió un total de veinticinco años: desde su creación en 1988 hasta su fin en 2013, pero ¿significa su fin como coalición de partidos el fin del «concertacionismo» como sistema? No. De hecho, es esencial comprender que el concertacionismo sobrevivió a la Concertación.

¿Cómo definir el «concertacionismo»? ¿No es más que un nombre? ¿Una simple ideología difusa y sin consistencia?

Para hacernos una idea, hay que remontarnos a las condiciones en que la Junta Militar tomó el poder mediante un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. Según la Constitución de 1925, este golpe es completamente ilegal. Pero, por eso mismo, la Junta intenta de inmediato dotarse de legitimidad institucional. Para ello, decreta el estado de excepción previsto en la constitución, promulgación que renovará enseguida con continuidad ininterrumpida. Los militares también recurren a decretos-ley que les otorgan plenos poderes a partir del 11 de septiembre de 1973. En junio de 1974, las disposiciones transitorias de la Junta establecen que su presidente tiene los mismos poderes del presidente de la República y, en diciembre de 1974, que el presidente de la Junta es el presidente de la República. En enero de 1978, el general Pinochet toma la iniciativa de hacer el primer referéndum, inaugurando así una serie de plebiscitos organizados por la dictadura. La primera «pregunta» está formulada en estos términos: «Frente a la agresión internacional desatada en contra de nuestra Patria, respaldo al Presidente [sic] Pinochet en su defensa de la dignidad de Chile, y reafirmo la legitimidad del Gobierno de la República para encabezar soberanamente el proceso de institucionalidad del país». Dos tercios de los votantes respondieron «sí», el 20,4 % respondió «no».24 Es más que nunca esta necesidad de otorgarse legitimidad la que lleva a la Junta a encargar la redacción de una nueva constitución a una comisión de expertos encabezada por Jaime Guzmán, constitucionalista y discípulo de Friedrich Hayek. El texto se promulga en septiembre de 1980, y es esta misma constitución, con algunas modificaciones, la que se somete a referéndum el 30 de julio de 1989 y se aprueba con el 92 % de los votos, obteniendo así una legitimidad democrática de la que había carecido hasta entonces.

El concertacionismo se basa en la aceptación de la Constitución de 1980 por los partidos de centro. Pero esta aceptación va mucho más allá de la letra de la ley, porque la constitución dista mucho de ser una forma jurídica desprovista de contenido político y social. Lo mismo puede decirse de cualquier constitución, pero aún con más acierto en el caso de esta. Jaime Guzmán definió claramente el objetivo perseguido por sus redactores: imponer las reglas del juego (en particular, la primacía del mercado sobre el Estado) para evitar de antemano que cualquier alternancia electoral pueda convertirse en alternativa política.25 Se trata de eliminar las grandes orientaciones políticas del campo de la deliberación pública, para impedir cualquier vuelta a la situación anterior al golpe de Estado de 1973, y para prohibir cualquier invención democrática rupturista con respecto a estas orientaciones fundamentales. Se trata de un rasgo característico del neoliberalismo, a saber, la constitucionalización del orden de mercado.26 La aceptación de la Constitución de 1980 tiene valor ipso facto de aceptación del neoliberalismo, ya que esta constitución es, al menos en su parte esencial, la consagración jurídica de esta ideología.

La negativa a cuestionar este marco constitucional es un rasgo característico de lo que podemos llamar el «ethos concertacionista». Hay un ejemplo esclarecedor al respecto: durante su segundo mandato, en respuesta a ciertas reivindicaciones de los movimientos sociales, Michelle Bachelet intentó organizar una consulta sobre las reformas de la Constitución de 1980, que ya había sido modificada en 1989 y 2005. Se distribuyeron cuestionarios a los ciudadanos que lo solicitaron. Los cabildos27 promovidos por el Gobierno reunieron a más de doscientos mil ciudadanos, pero carecían de poder deliberativo y solo tenían una función consultiva. Por tanto, los ciudadanos no tenían poder para intervenir en el contenido de las reformas constitucionales. Además, el proceso previsto por Bachelet estaba sujeto a quorum supramayoritarios inalcanzables en ambas Cámaras (diputados y senadores). La maniobra política consistió en confiar a la derecha, que tenía mayoría en el Parlamento, toda la operación para que luego pudiera deplorar la ausencia de las mayorías parlamentarias necesarias para aplicar el cambio y pedir una nueva votación para los candidatos del PS. La prueba: el borrador de la nueva constitución, elaborado por los asesores de Bachelet, fue enviado al Parlamento menos de una semana antes de que la presidenta dejara el cargo en marzo de 2018.28

Es aquí donde el concertacionismo como tipo de conducta política revela su verdadera misión: favorece los acuerdos entre partidos (lo que en Chile se conoce como la «política de los acuerdos») para evitar con mayor eficacia la intervención directa de los ciudadanos en el debate político. Este planteamiento va mucho más allá de los límites de la coalición DC-PPD PS. En sentido amplio, puede decirse que Joaquín Lavín, líder del partido conservador UDI, forma parte del concertacionismo: en 2007, durante la primera presidencia de Bachelet, cuando era miembro de la Alianza por Chile, que agrupaba a RN y la UDI, criticó a su propia coalición por seguir apegada a los «códigos de la vieja política» y no dudó en autodenominarse «bacheletista».29 El concertacionismo es, en efecto, ese espíritu o ethos, muy extendido entre los políticos, que abraza el discurso de la profesionalización de la política y que, por ello, impulsa la resolución de los conflictos políticos mediante acuerdos negociados entre partidos.

Lo que el Despertar de Octubre hace añicos no es la Concertación como coalición de partidos políticos (como hemos dicho, ya llevaba varios años muerta), es todo el «pacto transicional» sellado con la aceptación de la Constitución de 1980, en una palabra, es el concertacionismo. Lo que el movimiento proclama alto y claro es que la democracia es incompatible con el mantenimiento de esta constitución porque es incompatible con el mantenimiento del neoliberalismo, consagrado en esta misma constitución. Este punto es crucial para comprender la experiencia política chilena. Por tanto, conviene centrarse en ella.

La formación de la Concertación y el pacto con las fuerzas armadas