La monarquía de los Austrias E-Book

Manuel Rivero Rodríguez

• Herausgeber: Alianza Editorial
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: El libro universitario - Manuales
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 798

Veröffentlichungsjahr: 2017

Beschreibung

La palabra imperio es compleja y ambigua, designa un aparato de poder que abarca un conjunto amplio de territorios y naciones sometidos a una sola autoridad. Asimismo, todo imperio ejerce una poderosa influencia económica, cultural y política sobre los territorios que no se encuentran bajo su dominio directo. Una Historia de la Monarquía de los Austrias en España es, forzosamente, una Historia del Imperio español. Por una parte porque los territorios que gobernó la rama española de la casa de Habsburgo abarcaron los cuatro continentes conocidos y porque España, sede de su autoridad, ejerció una indiscutible hegemonía política, económica y cultural durante ese tiempo, los siglos XVI y XVII. En este libro se describe y analiza cómo se formó ese sistema de poder y cómo pudo constituirse como la primera potencia mundial de la Historia de la Humanidad, cuál fue su desarrollo y cuáles las causas de su transformación o decadencia.

Leseprobe

Manuel Rivero Rodríguez

La monarquía de los Austrias

Historia del Imperio español

Índice

Introducción

1. La unión dinástica, 1469-1516

2. El Imperio de Carlos V, 1516-1556

3. La configuración de la monarquía bajo Felipe II, 1556-1580

4. El mundo no es suficiente, 1580-1598

5. La monarquía católica de Felipe III, 1598-1621

6. La crisis de la monarquía católica, 1621-1647

7. Reconfiguración del sistema y final de la dinastía, 1648-1700

Epílogo. De imperio a potencia

Fuentes y Bibliografía

Ilustraciones

Mapas

Créditos

A José Martínez Millán, amigo y maestro

Introducción

En 1937 se estrenó en Londres la película Fuego sobre Inglaterra (Fire over England) protagonizada por los mejores actores y actrices británicos de entonces: Flora Robson, Raymond Massey, Vivien Leigh, Laurence Olivier y Leslie Banks. Los productores Alexander Korda y Erich Pommer gastaron grandes recursos para lograr no solo un éxito comercial seguro, sino también para dar un mensaje de ánimo a una sociedad asustada. Para movilizar el fervor patriótico de la opinión pública, recurrieron a un tópico que todo inglés conocía, la Armada Invencible. En vísperas del pacto de Múnich, la prensa, los políticos y los expertos en relaciones internacionales procuraban apaciguar a Alemania adoptando resignadamente decisiones dolorosas (como la no intervención en la Guerra Civil española o admitir el desmembramiento de Checoslovaquia) con tal de aplacar la incontenible voracidad del canciller Hitler. El mensaje de la película censuraba ese comportamiento claudicante abogando por una actitud de firmeza. El mensaje del film resultó premonitorio, sostuvo la moral británica en los días del Blitz, en 1940, cuando Inglaterra luchaba sola contra el Tercer Reich («A Hail of Lead Fire Over England», 1940).

Como suele ocurrir, la Historia se empleó en este caso como una enseñanza moral. Se recurrió al pasado para ofrecer claves con las que interpretar y afrontar el presente. En 1937 Europa se hallaba amenazada por el crecimiento de una potencia militar, Alemania, que no disimulaba sus ambiciones territoriales, ansiosa por expandir sus fronteras y someter pueblos. Durante la guerra la película se visionó en las salas británicas para fortalecer la confianza de la población, recordando que sus antepasados salieron indemnes de la amenaza de otra agresión, de otro Imperio que también aspiraba a someter al mundo a su dictado. Al éxito contribuyó un guion muy bien construido, con personajes sólidamente caracterizados que afrontan decisiones difíciles y, al tomarlas, hacen profundas reflexiones o arengan a las masas con discursos memorables, como el pronunciado por la reina Isabel al conocer la declaración de guerra del rey de España (el famoso discurso de Tilbury), que anticipa notablemente los discursos de Winston Churchill:

Pueblo mío, he venido a vivir o morir entre todos vosotros. Permaneceré aquí por mi Dios, mi reino, mi gente, mi honor y mi sangre, incluso si caigo en el polvo. Sé que tengo el cuerpo de una mujer frágil y débil, pero también tengo el corazón y el valor de un rey, de un rey de Inglaterra. Ni España, ni ningún príncipe de Europa debiera atreverse a invadir las fronteras de mi reino. ¡Alzad vuestros corazones! Por vuestra paz y vuestros campos, con vuestro valor en la batalla, pronto obtendremos una victoria resonante.

En el marco de las aventuras de Michael Ingleby (Laurence Olivier), envuelto en los azares de un complot para asesinar a la reina Isabel (Flora Robson), y del taciturno Felipe II (Raymond Massey, un habitual «malo de película», cuya carrera como secundario siempre se ajustó a ese perfil), el mensaje consistía en señalar que la unión del pueblo contra un enemigo común garantizaba su existencia, claudicar sería someterse perdiendo los valores que atesoraba la nación: la libertad y la democracia. Frente a ella estaba el Imperio español, sinónimo de tiranía, oscurantismo, intolerancia y autocracia. Así comenzaba el film:

En 1587, España era poderosa en el viejo mundo, dueña del nuevo. Su rey Felipe gobierna por la fuerza y el miedo. Pero la tiranía española es desafiada por el pueblo libre de una pequeña isla: Inglaterra. A todos los lugares donde llegan los comerciantes ingleses llegan sus marinos para amenazar la supremacía española. Una mujer les guía y les inspira, Isabel de Inglaterra.

Howard, 1937

Después de 1945, en el imaginario europeo y occidental ha quedado firmemente asentada la idea de que hubo dos batallas de Inglaterra que decidieron el destino del mundo. La Invencible en 1588 y la frustrada operación León Marino de 1940. Pese a las apariencias, existe una diferencia abismal. En los años de la Guerra Fría, entre 1947 y 1985, esta imagen se mantuvo aunque ligeramente modificada; la oposición entre dos formas incompatibles de organización social y política, comunismo y capitalismo, se proyectaron hacia el pasado y se asimiló a la oposición protestantismo versus catolicismo. Nuevamente España ocupaba el lado totalitario y antimoderno. Así se desprende de obras de excelente factura como La Gran Armada de Garrett Mattingly, que obtuvo el Premio Pulitzer en 1960, o la celebrada monografía de sir John Elliott La Europa Dividida publicada en 1969. Ambas obras dibujaban un mundo dividido por el antagonismo de dos formas de vida, separadas por el odio religioso. Asimismo, como recordara el profesor Richard Stradling en el tercer aniversario de la Invencible, era sorprendente la fuerza con la que los historiadores sostenían prejuicios que carecían de base histórica y científica (Stradling, 1990). Existía una damnosa hereditas más fuerte que los estudios rigurosos de los eruditos, prevaleciendo ideas cuyo origen no está en el trabajo de los historiadores sino en lo que han relatado escritores y artistas, cuya fuerza en la opinión pública y académica es extraordinaria. Hoy no sorprende que muchos historiadores españoles hayan asumido como dogma de fe que el Imperio español fue una máquina pesada, incompetente, sorda y ciega a la innovación, lastrada por una burocracia excesiva, ineficaz y corrupta, y una sociedad despilfarradora, alérgica al trabajo manual y ajena a las preocupaciones de la economía. Sin gestores capaces, sin dirigentes, empobrecida, minada por la pereza y el fanatismo religioso, la sociedad española tuvo que sucumbir ante potencias más fuertes y más capaces (Vilar, 1980, 332-346; Bennasssar, 2001, 330-335; Martínez Millán, 2013).

Volviendo a la Gran Armada y los hechos de 1588, al lector de Historia le sorprenderá saber que aquella no fue una derrota tan estrepitosa como suele describirse ni liberó a Inglaterra de la invasión, fue el comienzo de una larga guerra que duró dieciséis años, en la que los españoles llegaron a tomar posiciones en las islas Británicas, ocupando el puerto irlandés de Kinsale en 1601. La paz llegó por cansancio, y el mito de la Invencible se construyó mucho tiempo después, en el siglo XIX, cuando el nacionalismo quiso mostrar las islas Británicas como una fortaleza inexpugnable. Pero en aquellos años el Imperio español se hallaba en su apogeo, e Inglaterra, una nación pequeña y pobre, estaba muy lejos de ser la principal preocupación de los soberanos españoles, más bien España constituía la principal obsesión de los ingleses, la larga guerra comenzada en 1588 había arruinado al país y buscó la paz en 1604 (Sanz Camañes, 2012, 171-286).

Los siete capítulos que presentamos en esta obra se agrupan en una secuencia progresiva, la acumulación de poder y el crecimiento que acompañan al desarrollo del Imperio español hasta que colapsa en la década de 1640 y se transforma en una gran potencia en el sistema europeo a partir de 1659. La Guerra de Sucesión marca el final de toda aspiración universalista al renunciarse a la continuidad dinástica en la casa de Habsburgo. Puede observarse que no empleamos el término decadencia y ello se debe a que la crisis fue sobre todo existencial, se recondujo y se superó a partir de 1660. El Imperio español dejó de poseer la supremacía mundial pero no desapareció y tampoco se convirtió en una potencia de segundo orden. En el siglo XVIII conoció un periodo de crecimiento y desarrollo. Decadencia precede a la caída y extinción, así lo definió en el siglo XVIII Edward Gibbon en su monumental Decadencia y caída del Imperio Romano. Al Imperio español no le sucedió tal cosa, no se extinguió y es difícil admitir que antes de su desaparición en el siglo XIX el Imperio español sufrió algún tipo de decadencia en el siglo XVIII. La transformación de la monarquía de España en nación española es competencia que excede lo que aquí planteamos. El imperio como tal no solo se edificaba sobre ideas políticas o sobre la fe católica, también se construyó sobre intercambios e intereses compartidos. No fue un Imperio edificado sobre la sola fuerza militar: si no hay intereses compartidos es imposible mantener subyugados tantos territorios con las limitaciones técnicas de los siglos XVI y XVII. La interdependencia de los territorios explica tanto la cohesión interna como sus debilidades estructurales, por qué hay territorios que se agregan o por qué otros se separan. Un ejemplo claro lo tenemos con Portugal. En 1580, después de la desastrosa cruzada de Marruecos, los portugueses encontraron en la monarquía española amparo a sus intereses y seguridad. En el siglo XVII la acometida de los holandeses sobre Brasil y la India, así como el aparente desinterés español por defender el comercio portugués en el Índico llevó a un distanciamiento que concluyó con la separación en 1640. Nos detendremos en otros casos cuya separación alcanzó el éxito (las provincias unidas de los Países Bajos) y en los que fracasó la separación (Cataluña, Nápoles y Sicilia) (Rodríguez-Salgado, 1988; Martínez Millán, 2013).

Finalmente, parece necesario justificar el empleo del término Imperio para describir el periodo de la Historia de España comprendido por los siglos XVI y XVII. Para ello basta con utilizar el análisis de los fenómenos imperiales contemporáneos. Hoy en día historiadores, sociólogos y analistas valoran la política exterior norteamericana como una política imperial, si bien su régimen político es republicano, la cultura cívica estadounidense rechaza el colonialismo y defiende la democracia. La opinión pública considera que su país actúa más allá de sus fronteras en defensa de la libertad. No obstante, esto puede contemplarse de otra manera. En la defensa de intereses económicos y estratégicos, la cuestión de la libertad ocupa un segundo lugar pasando al primero su carácter como potencia hegemónica. La «cruzada de la libertad» está siempre presente para dar sentido a unos objetivos hegemónicos, empleando instrumentos militares o políticos con los que se someten a su control pueblos y naciones. Así resulta que bajo el imperativo de una misión superior, el establecimiento de la democracia y la libertad de los pueblos, se articula un imperialismo, adornado de filantropía, que enmascara una relación de fuerza. Ese es su lado oscuro (Immerman y Maier, 2010).

Desde los análisis de Eisensadt hasta los más recientes de Paul Kennedy, se entiende por potencia imperial aquella que determina e incluso decide el comportamiento del conjunto de la comunidad internacional, en política, economía, tecnología, y cultura, afectando tanto al orden interno como a la actividad externa de todos los actores que hay en el sistema; nunca puede contemplarse dicha posición como un acto amable, el imperialismo amistoso no existe, si bien hay formas imperiales más suaves que otras (Parsons, 2010, 4-18). Durante el siglo XVI y gran parte del XVII la monarquía de España ejerció ese papel. Del mismo modo que hoy consumimos tecnología, alimentos, entretenimiento y objetos originales o copiados de modelos estadounidenses, algo parecido puede decirse que le ocurrió a los europeos de hace cuatrocientos años: si hay chocolateros suizos en los Alpes, pizza con tomate en Nápoles, patatas fritas en Bélgica o tabaco para pipa en Inglaterra esto se debe a la capacidad de transferencia de productos y modas que esparció el Imperio español en todo el mundo (Norton Marcy y Jiménez, 2008; Braudel, 1984, vol. 1, 147-221). La moda, la literatura, el gusto y la cocina con sus condimentos y productos provenientes de sus colonias transformaron a Europa y a Occidente. Imperio, pues, significa, además de preeminencia política y económica, ascendiente cultural. Shakesperare conoció la obra de Cervantes, un episodio del Quijote lo desarrolló como drama (Cardenio), pero el autor del Quijote no supo de la existencia de los dramas de su contemporáneo inglés. Mientras que el escritor español vio traducidas sus obras a todas las lenguas conocidas, el británico hubo de esperar al siglo XIX para ser conocido más allá de su patria (Fuchs, 2009). Así, España acuñó valores universales puesto que todo lo que se producía en su seno tenía una difusión internacional casi automática. La decadencia vino cuando se perdió ese papel directriz; en el siglo XVIII el signo de decadencia más claro es que después de Gil Blas de Santillana (publicado en 1723) se pierde el interés por lo español fuera de nuestras fronteras y, cuando se recupere en el siglo XIX, no será más que como lugar curioso, excéntrico y salvaje, conformándose al gusto romántico el mito de Carmen (Sentaurens, 2002).

Al hilo de estas consideraciones, que no justificaciones, nos queda señalar que existe un consenso muy amplio a la hora de hablar de Imperio español para describir este periodo de nuestra Historia; todos los libros dedicados al conocimiento o la divulgación de este periodo hacen uso de la palabra Imperio sin ningún embarazo, John Elliott tituló su gran obra de síntesis La España Imperial (Imperial Spain), Hugh Thomas concluyó su espléndida trilogía como Historia del Imperio Español (History of Spanish Empire) mientras que Henry Kamen se ha atrevido a analizar los Fundamentos del Imperio Español (Foundations of Spanish Empire). Si recorremos las publicaciones que sobre el tema ocupan las librerías y bibliotecas de todo el mundo veremos en las fichas de catalogación un «Spanish Empire», «Impero spagnolo», «Empire Espagnol», «Spanische Reich»..., escritos entre las palabras clave con total naturalidad. Si vamos a centrar nuestra atención en los aspectos de política exterior, guerra, diplomacia y hegemonía cultural y económica es lógico que empleemos este concepto. Fuera de España nunca hubo dudas para señalar la existencia de un Imperio español como tampoco la hubo para designar un Imperio romano y otro británico.

1. La unión dinástica, 1469-1516

1. Castilla y Aragón

Todos los estados, todas las dominaciones que han tenido y tienen imperio sobre los hombres, han sido y son repúblicas o principados. Los principados son, o hereditarios, cuando el linaje de sus señores ha dominado largo tiempo, o nuevos. Los nuevos, o lo son del todo, como lo fue Milán bajo Francisco Sforza, o son como miembros agregados al Estado hereditario del príncipe que los adquiere, como es el reino de Nápoles para el rey de España. Estos dominios así adquiridos, o están acostumbrados a vivir bajo un príncipe, o habituados a ser libres; y se adquieren, o con las armas de otros o con las propias, o por fortuna o por la virtud.

Maquiavelo

En la Europa del Renacimiento los señores eran los protagonistas de la Historia política, no las naciones ni los estados. En 1513, cuando Maquiavelo escribió estas líneas, las repúblicas disminuían en número, transformándose en principados. En el año 1300 existían dos centenares de repúblicas en Italia, en 1513 eran apenas siete, en 1530 tan solo cuatro. En cambio, los príncipes nuevos y los viejos monarcas mantuvieron con sus estados una relación muy parecida a la de los propietarios con sus fincas. En el paso del siglo XV al XVI los estados son objetos que se poseen, se transfieren, cambian, venden, regalan o se transmiten en herencia a los hijos o, en su defecto, a otros miembros de la familia. Cualquier lector de su tiempo sabía que el rey de España poseía estados hereditarios, y que se apropió de alguno más, como Nápoles. Apuntando a hechos como este, Quentin Skinner señaló que el gran asunto del que han de ocuparse los historiadores de la política en la Edad Moderna es detectar el cambio decisivo por el que la política dejó de ser la ciencia que se ocupaba de los soberanos que poseían estados, para ser la ciencia que se ocupaba de los estados soberanos (Skinner 1985). Este cambio de percepción de la realidad política contiene una profunda metamorfosis del concepto Estado que alude a un objeto pasivo que a lo largo de la modernidad pasará a convertirse en sujeto activo. Paralelamente, este enfoque de la política renacentista corresponde también al que aporta Lucien Bèly quien, al estudiar la política internacional de la primera Edad Moderna, la contempla y analiza como «sociedad de príncipes», muy lejos de lo que hoy consideramos como sistema de estados. Los soberanos constituían una sociedad cerrada en el seno de la cristiandad, donde las relaciones personales y familiares definían lo que hoy llamamos relaciones internacionales, que eran esencialmente dinásticas, los embajadores se enviaban para asistir a bodas, bautizos y funerales, reclamar derechos y sellar paces o alianzas garantizadas con una buena boda. En dicha sociedad de soberanos, la emulación, las rivalidades y los conflictos no excluían vínculos fuertes, donde las mujeres tenían un papel fundamental, ya que aseguraban la continuidad de los linajes y el futuro de las monarquías (Bély, 1999; Dipper y Rosa, 2005).

En ese contexto, el matrimonio de Fernando de Sicilia e Isabel de Castilla fue un acontecimiento crucial para la Historia de los españoles, porque la unión de ambos príncipes daría lugar a España. Esta no se articuló como estado o nación sino como un conjunto de comunidades políticas asociadas por un soberano común, de ahí que también se hable de ella en plural, las Españas (Ballester Rodríguez, 2010). La unión dinástica fue un acontecimiento crucial que decidió la suerte de España y del mundo en los siglos sucesivos. Durante los siglos XVI y XVII, historiadores y cronistas, al analizar la historia de la monarquía de los Austrias, fijaban su acta fundacional en aquel matrimonio, se sentían herederos de la tradición iniciada con dicho evento más que con la tradición centroeuropea de la casa de Habsburgo. Esa tradición, además, situaba al rey Fernando como el responsable de la unidad, una idea resumida por Baltasar Gracián con pocas palabras:

Pareciéronle a Fernando estrechos sus hereditarios reinos de Aragón para sus dilatados deseos; y así anheló siempre a la grandeza y anchura de Castilla, y de allí a la monarquía de toda España, y aun a la universal de entrambos mundos.

Ferrari, 1945; López Poza, 2014; Gamero Igea, 2011

En 1492, después de la conquista de Granada, la corona de Castilla disponía del 65% de la superficie territorial y del 73% de la población total de la península ibérica. La corona de Aragón disponía por su parte del 15% de la superficie y del 12% de población, mientras que el reino de Navarra del 2,1% y del 1,5%, y Portugal del 27,9% y del 13,5% respectivamente. Sobre esta base, es fácil mostrar a Castilla, pujante, en pleno crecimiento, apenas afectada por las devastaciones de la peste negra que asoló Europa en el siglo XIV, contrastando con una corona de Aragón en declive, cuya población disminuía y cuya economía se debilitaba por no poder competir con el dinamismo de las repúblicas italianas, dueñas de los mercados mediterráneos, precisando un apoyo externo, económico y militar, para apuntalar la precariedad de su dominio en Italia. También, como parte de ese hecho diferencial, se ha convertido en tópico atribuir a Castilla un modelo político y social dinámico y moderno, tendente al absolutismo, contrapuesto al arcaico y medievalizante de la corona de Aragón, asfixiado por el particularismo de los estamentos. Por último, se ha insistido tanto en subrayar grandes diferencias entre las dos coronas que ambas parecen antitéticas y su unión poco menos que contra natura (Ladero Quesada, 1999; Edwards, 2001).

Durante la Reconquista, los reinos musulmanes de Toledo, Jaén, Córdoba, Sevilla o Murcia se incorporaron «accesoriamente» a Castilla. Es decir, aunque mantuvieron su nombre y su delimitación territorial, fueron asimilados como distritos y provincias nivelados por igual a las leyes y la justicia castellanas. Para poder administrar la jurisdicción del rey en los territorios adquiridos al sur del Tajo, se crearon tribunales que se fueron ampliando conforme se adquirían nuevos territorios o las tareas judiciales se hacían más complejas. Para descargar de trabajo a la Chancillería de Valladolid, se creó la Chancillería de Ciudad Real (1494), que más adelante se trasladó a Granada (1501) y se crearon audiencias en los territorios conquistados, Canarias y La Española, extendiendo la jurisdicción real a aquellos lugares. Bien diferente era el caso de la corona de Aragón: los reinos de Aragón, Valencia y Mallorca, y el principado de Cataluña, tenían su propia personalidad jurídica, sus leyes, códigos, lengua administrativa, régimen fiscal, fronteras, moneda, etc., siguiendo el principio de la col.ligaçiò, por el que cada territorio se incorporaba individualmente a la obediencia al rey de Aragón, siendo desiguales por disponer el soberano títulos y atribuciones diferentes en cada territorio. La unidad se fundaba en la unión personal con el rey, operándose así más adelante la incorporación de Cerdeña, Sicilia y Nápoles (Elliott, 2009; Batista i Roca, 1975; Molas Ribalta, 1984).

Estas dos dinámicas se etiquetaron como «unitarismo castellano» y «pactismo aragonés», pero en los últimos años la historiografía ha matizado estas diferencias y ha puesto en cuestión esos tópicos que minusvaloraban el papel de las Cortes de Castilla así como supervaloraban el de las Cortes de los reinos de la corona de Aragón. Por otra parte, las Cortes de Castilla, consideradas como el único «parlamento» de la corona, no eran la única instancia legislativa en la corona; existían Juntas Generales en el reino de Galicia, el principado de Asturias y el señorío de Vizcaya, asambleas estamentales cuyo papel no era precisamente residual o menor (Artaza y Estrada Sánchez, 2012). Del mismo modo, si bien en la corona de Aragón primaba la descentralización en cortes territoriales (Cortes de Aragón, de Cataluña, de Valencia, de Mallorca, Cerdeña y parlamento de Sicilia), en algunos territorios como Cerdeña y Mallorca esa autonomía era más bien nominal y —en el caso sardo— la communicatio de las leyes de Cataluña significaba su aplicación inmediata en esos dominios (Manconi, 2011; Belenguer Cebrià, 2001).

La realidad social de las coronas de Aragón y Castilla se fundamentó sobre el honor, la desigualdad jurídica y la organización jerárquica de las relaciones interpersonales. En 1429, las Cortes Catalanas de Tortosa manifestaron la necesidad de distinguir y diferenciar a los hombres según marcaba el orden natural: «Per natura tots les homens naxen sots una condiciò e un mateix stament e per ley humana, procehint de rahó natural, son distingits e differenciats» (Cortes de Los Antiguos Reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña. Vol. 15 [Comprende la Conclusión de Las Cortes de Tortosa de 1429-1430, Una Ad. y Varios Supl. correspondientes a Cortes y Parlamentos Anteriores al Reinado de Alfonso V], 1911). La Naturaleza, a la que se alude en el texto, era un sistema global de correspondencia, donde las cosas se hallaban dispuestas en orden por voluntad de Dios. Asimismo, la perfección del orden era discernible por la relación entre macrocosmos y microcosmos. Toda la creación se remitía en esa correspondencia siendo el cuerpo humano su compendio, su modelo más acabado, al haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Como ocurría en el cuerpo humano, el conjunto de los órganos, con funciones (officium) diferentes y autónomas contribuían cada uno al funcionamiento del conjunto como organismo. En definitiva, este orden social y político no nacía del capricho ni de la fuerza, sino de la interpretación del orden dispuesto por la divina providencia, observando la forma en que había organizado el cosmos.

La sociedad concebida como cuerpo u organismo entrañaba un «orden y límite» para cada órgano, para cada «estado» constitutivo de la misma. Lo describe el infante don Juan Manuel en su Libro de los Estados: «Todos los estamentos del mundo (...) se encierran en tres, al uno llaman defensores, et al otro oradores, et al otro labradores» (D. Juan Manuel, 1991). A unos les correspondía defender a la sociedad, a otros comunicarla con la divinidad y a otros alimentarla y mantenerla. Cada uno tenía un papel y un lugar, articulando a todos el rey, cabeza de ese cuerpo u organismo que era la república. El buen gobierno era aquel en el que el monarca, como cabeza de la res pública (la cosa pública, lo de todos), gobierna con el concurso de los miembros del cuerpo político.

Sin embargo, esto no garantizaba la paz, la existencia de varios candidatos de sangre real al trono solía constituir un serio problema, porque daba cobertura de legitimidad a las facciones en liza haciendo frecuente la guerra civil. Las guerras eran algo cotidiano porque eran una forma de negociar, obtener ventajas y eliminar a los competidores por el poder y la tierra. Enrique IV de Castilla disfrutó en los primeros diez años de su reinado de un clima de paz y seguridad en sus reinos mediante la sabia distribución del capital simbólico y remunerativo de la corona, siendo conocido como «el Liberal». En los años siguientes, al delegar su autoridad en su valido, don Beltrán de la Cueva, se ganó la sorda animadversión de amplios sectores que quedaron marginados del disfrute de la munificencia regia, pasando de los calificativos elogiosos a los injuriosos: «el impotente». Para acabar su defenestración política, utilizaron a sus hermanos para amenazarle y despojarle del trono, primero don Alfonso y después doña Isabel. A su muerte, doña Isabel, tomará el trono en 1475, saliendo victoriosa en una nueva guerra civil contra los partidarios de la heredera legítima, doña Juana (motejada como «La Beltraneja») (Nieto Soria, 2006b; Ladero Quesada, 1999; Edwards, 2001; Valdeón Baruque, 2002).

Al estudiar el proceso de consolidación de las monarquías europeas a lo largo del siglo XV, advertimos que es la búsqueda de la estabilidad social, política y económica lo que activa una serie de mecanismos mentales y de comportamiento que van transformando el orden funcional corporativo en un sistema jerárquico dominado y regulado por la autoridad real. La única garantía de estabilidad y de contención de las tensiones se establecería con el desarrollo de un sistema sucesorio reglamentado (basado en el derecho de primogenitura) y la restricción del elemento electivo en la entronización de los reyes. Al subrayar la importancia de la continuidad y sustentar la legitimidad del poder en la sucesión y la perpetuidad dinástica se quería despejar el peligro de la división política y la guerra civil, produciéndose un proceso de transferencia de las cualidades divinas como cualidades inherentes al monarca (Palacios Martín, 1996; Ladero Quesada, 1996).

Esta transferencia supone una transformación de las relaciones entre los individuos y el poder político, distinguiéndose el vasallo del súbdito natural; mientras que el vasallo estaba ligado a su señor por el servicio y el homenaje que su investidura le imponía, el súbdito natural, cualquiera que fuera su condición, noble, obispo o campesino, por el hecho de nacer en el estado del rey estaba obligado a mantener su lealtad de por vida a su «señor natural». La doctrina de la incorporación del fiel a la Iglesia a través del bautismo, que correspondía a un juramento indisoluble de fidelidad, se transmutaba a la monarquía a través de la noción de súbdito y la impronta indeleble del nacimiento (Nieto Soria, 1997; Rodríguez Cardoso, 2013).

La autoridad de la corona se establecía de la misma manera que la de Dios sobre la creación, a través de la gracia y de la intermediación. En las Ordinacions de Cort de 1335, Pedro III legitimaba su autoridad dispositiva al firmar: «Don Pere per la gráçia de Deu, Rey de Aragò, de Valentia, de Mallorca, de Sardenya e de Corcega, compte de Barcelona, de rossellò e de serdanya». Gracia de Dios se inscribía en una concepción descendiente del gobierno y del derecho, la autoridad desciende y el poder se distribuye hacia abajo, a través de la gracia, equivalente a concesión y transferencia, de Dios, a través del rey, a los hombres (Pedro III de Aragón, 1353).

En su tiempo, Isabel la Católica fue contemplada como un modelo a seguir en su capacidad para restablecer la paz pública y mantener a raya a los magnates, así lo consigna Baltasar de Castiglione en su Libro del Cortesano (1518):

Cuando ella comenzó a reinar, halló la mayor parte de Castilla en poder de los Grandes; pero ella se dio tan buena maña y tuvo tal seso en cobrallo todo tan justamente que los mismos despojados de los estados que se habían usurpado y tenían ya por suyos le quedaron aficionados en todo estremo y muy contentos de dexar lo que poseían.

Castiglione, Pozzi y Boscán, 1994, libro 3

Nos señala en breves trazos la puesta en práctica de principios y formas de gobierno ya ensayados bajo Juan II o Enrique IV; pero, a diferencia de aquellos, no utilizó estas herramientas solo en situaciones coyunturales de sucesión o guerra civil, lo siguió como un principio político básico, característico de su reinado, manteniendo con firmeza el equilibrio en la balanza de la gracia y la justicia para todos los magnates, es decir, las cabezas de la nobleza, la iglesia y las ciudades. Castiglione le atribuía haber sabido,

[...] juntar el rigor de la justicia con la blandura de la clemencia y con la liberalidad, que ningún bueno hubo en sus días que se quexase de ser poco remunerado ni ningún malo de ser demasiadamente castigado.

El escritor manejaba en su tratado del cortesano los tópicos que sobre el buen gobierno había concebido la propaganda de la corona, cuyos ecos alcanzaban Italia. Ese material, generado por la pluma de cronistas y hombres de letras como Hernán Pérez del Pulgar o Palacios Rubios, quienes en su encomio de las virtudes de Fernando e Isabel ponían el acento en las actitudes de magnanimidad, clemencia y liberalidad, es decir, en una óptima gestión de la gracia (Gamero Igea, 2011; Nieto Soria, 2006b).

La gestión de la gracia fue el pilar sobre el que se sustentó la buena fama de los Reyes Católicos. En la Concordia de Segovia de 1475, las Cortes de Castilla declararon a Isabel y Fernando «propietarios» de los reinos, lo cual significaba que solo a ellos correspondía regirlos y gobernarlos, entrañando tres obligaciones, la primera «hacer mercedes» y «administrar justicia», la segunda «disponer de las tenencias de las fortalezas» y la tercera la correcta «administración de la hacienda y patrimonio real». En 1476, durante las Cortes de Madrigal, se inició la reorganización de la Casa Real, fijándose los cargos, rango y honor inherentes a la misma, un paso más en la consolidación de la autoridad de los reyes al concluir la guerra civil castellana. Lo más interesante de esta reordenación fue que se estipuló que todos los beneficiarios de cargos y dignidades del servicio real, tanto miembros del consejo como de la casa y corte debían permanecer en la corte, es decir, debían residir donde residiesen los reyes.

Esto implicó que la reorganización estuviera acompañada de un voluminoso crecimiento de personal, que respondía a la vinculación entre honor y servicio al rey, a la reina, o a los príncipes e infantes, que llevan aparejado un aumento de efectivos en la capilla, guardia, caballerizas, continos, criados, correos, etc. En los libros de cuentas del tesorero real Gonzalo de Baeza, se observa, a través de los pagos a este variopinto personal que no existía un criterio uniforme de admisión en la corte, simplemente eran individuos que vivían en ella al servicio de los monarcas o sus hijos, que compartían la vida de los soberanos tanto en su faceta privada como pública. Si los capellanes eran eclesiásticos de las grandes sedes de Toledo y Santiago, los mayordomos, condestables y sumilleres de las grandes casas de la nobleza y los continos y gentileshombres procedían de los patriciados urbanos, la casa y corte de los soberanos era, necesariamente, el espacio en el que se desenvolvía la vida política de los reinos (De la Torre, 1955).

Sumándose a estos cambios y a la integración del gobierno de los reinos en el gobierno de la casa, en 1480 se establece el Consejo Real y se dota de ordenanzas; Pulgar lo describe como una forma de gestión doméstica del patrimonio de los soberanos; son cinco grupos de consejeros que asesoran a los reyes en diversas materias: gobierno, justicia, Aragón, Hermandades y Hacienda. Con esta reorganización de 1480 se generó un conjunto de oficios cuyo fin fue integrar un mayor número de nobles en el servicio real (Ladero Quesada, 1999; Edwards, 2001).

En definitiva, en 1480 se fortaleció la superioridad de la corona sobre la sociedad, esencialmente como fuente de remuneración material y de estatus. De ella emanaba la legitimidad en la posesión de poder y autoridad. Se definió a la corona como única instancia facultada para conceder estados, tierra y jurisdicción (tuvo que legalizar lo que se arrebató al patrimonio real desde 1464 a cambio de indemnizaciones) y por otra como la única fuente capaz de generar distinción social (prohibiéndose el uso de lemas, símbolos y ceremonias que eran privativas del ejercicio supremo del poder: uso de cetro y corona en los blasones, acompañamiento de maceros, tratamiento de alteza). Desde la corona se determinaba el prestigio social, los Reyes Católicos no anduvieron remisos a la hora de fortalecer a las élites, en Castilla se multiplicó el número de títulos (en 1469 había siete duques en Castilla, en 1500 eran 15) y se garantizó la estabilidad e integridad de los patrimonios por medio de la institución del mayorazgo (Leyes de Toro de 1505) (Ladero Quesada, 1999; Edwards, 2001).

Al finalizar el siglo XV, la corte como espacio de encuentro entre gobernantes y gobernados fue un lugar en el que se transfiere la guerra civil de las banderías a competencia política entre facciones y clientelas. Es un lugar de negociación y comunicación entre quienes disfrutaban de poder y se situaban bajo el arbitrio del rey para mantenerlo y aumentarlo. Asimismo, corte es un término que integra dos elementos, la casa y la economía doméstica del señor, es el lugar donde ejercía su autoridad el patriarca o cabeza de familia sobre sus parientes, servidores y criados. Como «cabezas de familia», los reyes articularon su autoridad ampliando su propio dominio doméstico (Gamero Igea, 2015; Martínez Millán, 1996).

Los Reyes Católicos mejoraron un sistema que ya había sido puesto en funcionamiento en la corona de Aragón con éxito; en las ordenanzas de corte de Pedro IV de Aragón de 1344, la administración de la casa, trascendía su función palatina. La etiqueta, el protocolo y el ceremonial de corte marcaban la situación de cada actor político, rango y estatus quedaban marcados por la lejanía o cercanía respecto a la realeza, de su familiaridad con ella. Las élites políticas y sociales acudían a la corte para servir al rey a cambio de recibir sus dones. Al integrarse en la corte se alejaban de sus bases de poder local, fuera de sus territorios, los magnates no podían recurrir tanto a la guerra como a la destreza negociadora en el ambiente cortesano. La lucha política se transformaba sensiblemente al desarrollarse bajo normas muy estrictas de autocontención y racionalidad. La violencia, delimitada y soterrada en el espacio cortesano, será canalizada en beneficio del poder real por medio de la emulación cortesana y esto es lo que ponderaban en sus elogios no solo los propagandistas de la corona, que es natural, sino también importantes observadores extranjeros como Guicciardini, Castiglione y Maquiavelo (Menéndez Pidal y Alonso, 1952).

La otra cara de la moneda es el abultado incremento de los gastos ordinarios de la corona; para afrontarlo, la monarquía pondrá sus ojos en la apropiación y administración de importantísimas fuentes de remuneración de honor, bienes y rentas pertenecientes a las órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara. Debido a los enormes recursos que poseían, constituían un poderoso baluarte de poder fuera del control monárquico. Eran remuneradoras de bienes materiales y simbólicos, y a través de ellas se disponía de un fuerte potencial de patronazgo; fue por ello por lo que don Fernando utilizó su capacidad diplomática en Roma para hacerse con la titularidad de los maestrazgos según se fueran produciendo las vacantes de los mismos: Santiago en 1476, Calatrava en 1487 y Alcántara en 1494. Entre 1495 y 1498, los reyes mantuvieron en su consejo a un grupo de asesores pertenecientes a las órdenes militares, origen de lo que más tarde sería el Consejo de Órdenes y muestra de la voluntad de dotar de permanencia a su administración. Fernando el Católico, aun cuando no pudo incorporar las órdenes a la corona, dejó sentadas las bases para que a su muerte, su sucesor consiguiera incluirlas en su patrimonio a perpetuidad (obtenido por Carlos V en 1524, por concesión de Adriano VI). Y es que no podía prescindirse de las rentas, bienes y tierras obtenidas ni se podía dejar al albur de la capacidad remunerativa en honor y bienes de los grandes maestres (encomiendas, prioratos, vicarías, hábitos militares, etc.). Las rentas y beneficios incorporados al control de la corona fueron inmensos; se llegó a estimar que, con lo adquirido, Fernando el Católico sería el mayor prelado del mundo después del papa (Ayala Martínez, 2003).

2. Reforma, religión y gobierno

Hace algo más de cien años, las investigaciones del historiador alemán Wilhelm Maurenbrecher rompieron la imagen tópica de que España había pasado directamente de la Edad Media a la Contrarreforma, sin llegar a conocer el Renacimiento. Maurenbrecher señaló que la Reforma no se produjo en España no porque fuera una excepción respecto a la modernidad sino simplemente por ser su precursora. España había sido inmune a Lutero y al protestantismo debido a que sus ideas ya estaban implantadas en el país. Había existido una «prerreforma española» que precedía a las de Lutero, Calvino o Zwinglio, de modo que la espiritualidad protestante apenas tuvo adeptos en las coronas de Castilla y Aragón por el simple motivo de que la Reforma por la que suspiraba casi toda Europa aquí ya se había efectuado. Esta renovación de la espiritualidad y de la estructura eclesiástica española comenzó en el siglo XV y concluyó en la segunda mitad del siglo XVI estando sus orígenes intelectuales en el llamado movimiento de la observancia, porque nació en las órdenes religiosas demandando volver a la regla original de los fundadores, a observar con rigor sus preceptos. Esta ansia de renovación estuvo vinculada a los efectos de la crisis del siglo XIV atribuyéndose las epidemias, guerras y hambrunas a la ira de Dios. Para los hombres de la Edad Media, la causa principal de la cólera divina era el comportamiento de la Iglesia, primero por la «cautividad babilónica» en Aviñón y después por el Gran Cisma de Occidente que dividió a la cristiandad en dos obediencias: romana y aviñonesa. Una Iglesia mundana, dividida y sometida al capricho de sus ministros no destacaba ni por su ejemplo ni por su dedicación a unos fieles que necesitaban ayuda y confortación en un tiempo terrible. Diversos predicadores exigieron una reforma «in capite et in membris», en la cabeza y los miembros, y, si el papa era incapaz de hacerlo, correspondía a los fieles reformarse a sí mismos para retornar a la senda marcada por la divina providencia (Álvarez Palenzuela, 1982; Andrés, 1975).

Donde caló con mayor fuerza este mensaje de pureza y renovación fue, como es obvio, entre quienes vivían la vida religiosa con más intensidad, frailes y monjas. De hecho, la demanda de pureza y de cumplimiento riguroso de los preceptos y reglas de los fundadores provocó una división de las órdenes religiosas entre claustrales o conventuales y observantes o reformados. Es decir, entre quienes querían un cambio profundo y quienes lo rechazaban. Si bien el cambio no significaba una revolución sino la vuelta a la forma original, la reforma (de re formatio, vuelta a la organización originaria). La pureza del cristianismo primitivo de los primeros padres fue exaltada e idealizada, renegándose de la tradición y de las transformaciones que durante la Historia habían cambiado a la Iglesia, que era un sistema de poder muy alejado de los pescadores galileos que acompañaron a Jesucristo en sus predicaciones. Los debates de franciscanos, dominicos, agustinos, benedictinos o jerónimos alcanzó a los laicos, adquiriendo rasgos de verdadero fenómeno social. La literatura espiritual se difundió en la sociedad y se multiplicaron las traducciones a lengua romance con gran éxito de lectores (García Oro, 1979).

La literatura reformada promovía la supremacía de la emoción, el recogimiento y el cumplimiento puntual de los preceptos de la vida virtuosa. Muchos preferían el amor a Dios antes que su conocimiento y todos buscaban una religiosidad más pura, tanto en lo formal como en lo interior del individuo. Melquíades de Andrés, el gran estudioso de estos fenómenos, indicaba que el reformismo no se desarrolló de forma uniforme sino a través de vías o corrientes espirituales, muchas veces contradictorias y opuestas. Asimismo, dentro de las distintas órdenes religiosas se hallarán a su vez una o varias modalidades reformistas. En un intento de síntesis, Menéndez Pelayo advirtió líneas preferentes que correspondían grosso modo a diversas órdenes religiosas, distinguiendo tres grupos: los ontologistas o intelectualistas eran mayoritariamente dominicos, los psicologistas o afectivos franciscanos y los más genuinos, los eclécticos o «escuela española» que en su gran mayoría eran jerónimos y benedictinos (Andrés, 1962; Andrés, 2009).

Aunque la realidad era mucho más compleja, esta clasificación nos sirve para considerar lo que significan las órdenes religiosas y lo importante que es que algún personaje de la corte se adhiera a una u otra o bien que se les encomiende la evangelización de un territorio. No todo el mundo compartía un mismo ideal reformista, había muchas reformas posibles y deseables, la vuelta a la pureza original tenía significados distintos, lecturas que muchas veces eran incompatibles. El desorden, la hipocresía, la inmoralidad, la ignorancia, el abuso de poder, el absentismo eran males en los que todos coincidían en erradicar. Al mismo tiempo, la jerarquía eclesiástica no era insensible, como parte de los reinos, como uno de los tres estados que constituían la comunidad política, estaba empeñada en restaurar su crédito, preocupándose por devolver a los clérigos el prestigio y la preeminencia social que como guías espirituales les correspondía ejercer. En los extremos de las corrientes reformistas se hallan dos posiciones opuestas: ascéticos y místicos. La ascética privaba de los aspectos formales de las devociones, de los actos externos de sacrificio, penitencia y oración, era una espiritualidad dispuesta a cambiar a los hombres con la publicidad de la virtud, mientras que la mística contemplaba la fe como un acto individual, por eso muchos de sus seguidores gustaban de la lectura directa de las Sagradas Escrituras, la oración mental y la sencillez. Rechazaban la sofisticación, el intelectualismo y la publicidad de la devoción, siendo poco atentos con las formalidades exteriores. Una pretendía reformar imponiendo y controlando la forma de las devociones, a través de normas y disciplinas, la otra confiaba en el conocimiento y la toma de conciencia del individuo (Álvarez Palenzuela, 1982; García Oro, 1979).

La reforma espiritual tenía como objeto último la reforma del pueblo cristiano. Esta abarcaba por tanto al conjunto de toda la sociedad, siendo inseparable la unidad religiosa y política, por lo que, para acometerla, había que integrar, expulsar o excluir a las diferentes minorías. Todos los reformadores coincidían en defender la unidad espiritual para el mantenimiento de la paz pública y la integración social. Américo Castro percibió ahí, en la armonía estamental, la muerte de las tres culturas como posibilidad de una España diferente. Un orden político legitimado por una creencia religiosa excluía la posibilidad de existir de otras confesiones. Castro idealizaba una tolerancia que nunca se dio en realidad, porque las furiosas persecuciones iniciadas a finales del siglo XIV provocaron conversiones masivas de judíos (Castro, 1970).

Bajo el pretexto de que la mayoría de las conversiones eran fingidas, en muchos lugares se dictaron normas excluyendo a los conversos o sus descendientes, exigiendo certificados (llamados estatutos de limpieza de sangre) que requerían certificar cuatro generaciones limpias de sangre judía o mora, los famosos cuatro costados que borraban la huella del origen impuro y que se creían suficientes para borrar la memoria de la fe mahometana o judía en el linaje. Los casos más antiguos de redacción de estatutos pueden datarse en torno a 1414 o 1418, pero debe subrayarse (y es importante) que esta medida no tuvo una aplicación universal, fue establecida separada e individualmente en cabildos, municipios, cofradías y órdenes religiosas sin un orden cronológico y organizativo de signo generalista. Todavía hay que esperar al año 1550 para que se introduzcan en el cabildo de la catedral de Toledo y a 1612 para que lo haga el cabildo de Tuy (Sicroff, 1985).

Era común en la Europa cristiana considerar la infidelidad confesional como deslealtad al soberano, pues quien ignoraba la ley Dios, ignoraba el orden social y político. Los soberanos preferían buscar la unidad religiosa de modo que la pragmática de expulsión de los judíos en 1492 perseguía, precisamente, favorecer este proceso, pues se creía que con esta medida los conversos o cristianos nuevos perdían totalmente el contacto con su vieja fe y se impedía el proselitismo de las juderías (Edwards, 2001; Martínez Millán, 2007).

La asimilación no fue completa. Los nuevos cristianos no se disolvieron en el seno de la sociedad sino que se integraron como un grupo con perfiles propios. Fueron visibles al constituir en las ciudades españolas una minoría urbana característica, un grupo acomodado, distinguible por su riqueza y por sus estudios, con un nivel de alfabetización muy por encima de la media, situándose sus miembros a la cabeza de la sociedad, en el comercio, la banca o el servicio real. Al mismo tiempo, los conversos de origen musulmán, en su gran mayoría agricultores, al integrarse por abajo no causaron los mismos recelos y temores que los procedentes del judaísmo. Al hallarse en zonas marginales o periféricas, los moriscos fueron en su gran mayoría irreductibles e inasimilables; apartados en comunidades rurales, la falta de contactos e intercambios con la mayoría cristiana no creó las condiciones necesarias para su integración.

En 1478 se creó el primer tribunal de la Inquisición en Sevilla con la intención de extirpar la herejía judaica. Como la gran mayoría de los nuevos cristianos seguían residiendo en los mismos barrios donde habitaban antes de bautizarse, mantenían un mismo entorno social y familiar, costumbres y hábitos propios, fue fácil acusarlos de conservar la vieja religión. Con la creación del tribunal se inició una brutal persecución contra el marranismo, el judaísmo clandestino, que en realidad se dirigió más que a extirpar la heterodoxia a borrar y aniquilar un estilo de vida. Entre 1482 y 1532, sobre una población de unos 400.000 conversos hubo unos 35.000 penitenciados, y unos 6.000 fueron condenados a muerte (aunque cerca de la mitad huyeron y fueron quemados en efigie). Desde la perspectiva de una antropología elemental, los inquisidores entendían que la religión formaba parte de un sistema cultural cuyas piezas encajaban unas con otras y cuyos elementos se remitían los unos a los otros. Los criptojudíos que perecieron en las hogueras de Córdoba, Sevilla o Llerena fueron al patíbulo por probarse que no comían carne de cerdo, que descansaban los sábados, que se habían circuncidado, que guardaban ciertas normas de higiene, que vestían de determinada manera, que confeccionaban ciertos dulces o que guardaban algunas tradiciones familiares, en muy pocas ocasiones por no creer en la fe de Cristo. Los cargos se establecieron sobre indicios materiales y culturales cuya malignidad, en principio, desconocían los encausados y los procesos desatados contra la minoría conversa tuvieron rasgos muy violentos que han sido diversamente interpretados por los historiadores: mientras que para Domínguez Ortiz esto planteaba un problema social, de conflicto de clase, para el historiador israelí Benzion Netanyahu el problema radicaba en un sentimiento racista, un antisemitismo primario, afirmando que los inquisidores quemaban como judíos a personas que sabían que eran cristianos sinceros (Domínguez Ortiz, 1955; Netanyahu, 1999).

Aun cuando se trata de un tema enormemente complejo, la Inquisición se perfiló como una importante herramienta concedida por el papa Sixto IV a los Reyes Católicos para afirmar su autoridad sobre la sociedad participando en la disciplina moral de sus súbditos. Las instrucciones emanadas en 1484 bajo el primer inquisidor, Torquemada, suponen un acto legislativo de enorme trascendencia. A estas les siguieron más instrucciones que definieron las competencias, autoridad y jurisdicción de los inquisidores, perfilando distritos y dando contenido a una nueva forma de autoridad en la que el rey intervenía de una forma desacostumbrada en materia de fe. Francesco Guicciardini anotó en sus diarios que Fernando el Católico fue perfectamente consciente de la utilidad política del gobierno espiritual, prestando atención a su importancia estratégica para el ejercicio de la autoridad soberana. La reina Isabel, sin embargo, no compartía el punto de vista de su marido; sus confesores y consejeros espirituales veían la religión como un fin en sí mismo, no como un instrumentum regni, una simple herramienta de poder con el que dominar a los sujetos por medio de las conciencias (Martínez Millán, 2007).

3. Cruzada y expansión ultramarina

Señalábamos más arriba la existencia de dos lógicas distintas en la agregación y expansión territorial de los reinos peninsulares durante la Edad Media. Las estructuras de la corona de Aragón y de Castilla obedecían a experiencias muy distintas, ya que desde el siglo XIV los aragoneses forjaron su expansión dentro de la cristiandad y los castellanos ampliando la frontera de la cristiandad. A estas dos formas de crecimiento, debemos añadir dos proyecciones geográficas distintas, Aragón, volcada al Mediterráneo, tenía un interés preferente por Italia mientras que Castilla proyectaba su esfuerzo hacia el Atlántico y el Magreb, en dura competencia con los portugueses.

En la Baja Edad Media, la corona de Aragón se desinteresó de la Reconquista peninsular y concentró su acción exterior en el Mediterráneo. Por el tratado de Monreal (1305) los reyes de Aragón cedieron a los de Castilla la conquista del reino de Murcia, renunciando a avanzar sobre Cartagena. Esta decisión estuvo motivada por dos razones, la expansión del comercio barcelonés y el establecimiento de una red comercial que introducía en Europa Occidental y la península ibérica los productos de Oriente, compitiendo con las ciudades italianas (principalmente Génova y Venecia) en un lucrativo tráfico de productos de lujo. La necesidad de poseer una presencia territorial que garantizase las comunicaciones entre Barcelona y Oriente está en el fundamento de este impulso expansivo cuyo primer objetivo lo constituyó la isla de Cerdeña, concedida en 1297 a los reyes de Aragón por bula del papa Bonifacio VIII (Giunta, 1989).

La isla se sometió muy lentamente y a muy alto coste. Tras más de cien años de cruenta guerra, los sardos fueron sometidos a una élite de señores que se ennoblecieron con la conquista borrando la estructura social y política preexistente, en el siglo XV la mitad de la nobleza sarda era de origen catalán, otra cuarta parte aragonesa y valenciana y el resto eran linajes sardos, italianos y mallorquines. Esta élite de conquistadores impuso sus leyes, instituciones y costumbres. En 1355 se creó un Parlamento del reino como réplica de las Cortes de los territorios peninsulares y dos gobernaciones o capi de Cagliari y Sassari (que en 1401 quedaron subordinadas a la autoridad de un virrey). Pero el reino no era del todo autónomo, integrado al espíritu de confederación que se atribuye a la corona aragonesa pero al mismo tiempo fuertemente vinculado a Cataluña en su ordenamiento jurídico. La jurisprudencia y el derecho catalán se empleaban en la administración de justicia y las normas se vinculaban de una manera u otra a esa matriz, en 1421 el Parlamento adoptó la fórmula de que las «corts e parlaments quant se celebraran (se debían) celebrar e proseguir iuxta lo styl e practica de Cathalunya». Aunque con una peculiaridad, el estamento militar podía autoconvocarse sin necesitar el mandato del soberano, dejando bien clara la preeminencia social y política de los conquistadores, articulados en torno a dos linajes dominantes, los Villasor y los Castellví. El derecho, las costumbres y jurisprudencia catalanas eran extensibles a Cerdeña y la lengua catalana era la lengua administrativa, la empleada en las reuniones del Parlamento o en sus peticiones al rey (Tanzini, 2011; Giunta, 1989; Pitzorno, 1986).

La integración de Sicilia en la monarquía fue radicalmente distinta. Fruto del interés prioritario en consolidar la presencia política y comercial barcelonesa en el Mediterráneo, los soberanos aragoneses buscaron alianzas y confederaciones con las potencias italianas, construyendo una diagonal insular (Baleares, Cerdeña y Sicilia) que comunicaba con Túnez y Levante. Sicilia era la llave que abría el paso a las dos mitades del Mediterráneo y era crucial su alianza y cooperación para mantener la red de consulados en Oriente. Siendo este reino parte del patrimonio de la casa imperial alemana, los aragoneses —durante los conflictos entre papado e imperio— adoptaron siempre una posición proimperial, gibelina, y fueron tradicionales enemigos de Francia y sus aliados, güelfos. Pedro III de Aragón contrajo matrimonio con Constanza de Hohenstauffen para consolidar los lazos con sus aliados y los gibelinos. En 1268 Carlos II de Anjou venció a Conrado II de las dos Sicilias, le dio muerte, quedando extinguida la casa de los Hohenstauffen. Los barones sicilianos no aceptaron de buen grado el dominio angevino y después de la célebre rebelión del Vespro (29 de marzo de 1282) ofrecieron el reino a la única superviviente de la dinastía, Constanza, esposa del rey de Aragón y fue este el que aceptó proteger y defender a los sicilianos (Corrao, 1991; Giunta, 1989; Runciman, 1961).

Sicilia, como se puede ver, no fue agregada tras una dura conquista y se constituyó como un reino «paccionado». Es decir, al entregarse voluntariamente a Pedro III de Aragón se hallaba vinculado a la corona por un contrato, jurado por los reyes y que se recoge en los Capitula Regni Siciliae, la compilación legislativa que guardaba la memoria de las peticiones del Parlamento concedidas por los soberanos como contrapartida a donativos y concesiones recibidas del reino. Los privilegios alfonsinos de 1446 fijaron, además, la singularidad del reino al establecer que todos los oficios y magistraturas se reservarían a regnicoli (naturales), se prohibió extraregnare las causas judiciales (no podía dictarse sentencia desde el extranjero), se mantuvo mero y mixto imperio para los nobles asistentes al Parlamento y la reserva de la mitad de los oficios y beneficios eclesiásticos a los sicilianos (privilegio de la alternativa). La diputación del reino vigilaba el cumplimiento de estas obligaciones, aunque la corona siempre trató de sortear estos obstáculos mediante «naturalizaciones» y matrimonios mixtos, aunque nunca logró cambiar nada en lo esencial. El soberano disponía de escasos instrumentos para ejercer su autoridad, el virrey, el sindacato (inspección de los oficiales), la Monarchia Sicula (que le reservaba el gobierno de la Iglesia como vicepapa en el Reino) y la Inquisición (introducida por Fernando el Católico). La adquisición de Sicilia supuso el comienzo de una larga competencia entre aragoneses y franceses por el control del Mezzogiorno, el sur de Italia. El reino de las dos Sicilias quedó partido en dos, el reino de Nápoles en el continente, bajo la casa de Anjou, y el insular de Sicilia bajo la de Aragón. Alfonso V el Magnánimo consiguió expulsar a los angevinos napolitanos e integrar el reino en 1442, permaneciendo como territorio unido a la corona de Aragón hasta su muerte en 1458, pues dispuso que allí le sucediese su hijo bastardo Ferrante mientras que el resto de los estados de la Corona los recibió su hermano, Juan II de Aragón, padre de Fernando el Católico (Corrao, 1991; Giarrizzo, 1999).

La política de los reyes de Aragón conciliaba los intereses dinásticos de la casa real con los beneficios comerciales de Barcelona, ciudad en la que confluía una red de puestos que la conectaba con las rutas de África, accediendo al oro de Sudán, y de Oriente, accediendo a los mercados de especias y objetos suntuosos de Constantinopla y Alejandría. Varios puertos de Levante disponían de consulados barceloneses que comunicaban la ciudad con la cuenca del Nilo, Palestina y Anatolia. Sin embargo, durante el siglo XV esta red comenzó a debilitarse comenzando el declive de la capital catalana. La dura competencia con Génova, por una parte, y la política dinástica de la casa real por otra, situaron los intereses comerciales en un segundo plano al adoptarse un ethos militar y caballeresco que dio un nuevo sentido a la expansión, en la que primó lo militar sobre lo comercial. La anexión de Cerdeña y la intervención en la guerra civil siciliana, conocida como guerra del Vespro (1282-1302), había permitido a la pequeña nobleza prosperar y obtener feudos. Alfonso V el Magnánimo, con sus aspiraciones a completar la posesión de las Dos Sicilias, dio un giro importante a la política aragonesa. La campaña de Nápoles (1436-1443) facilitó el ascenso social por la vía nobiliaria, reforzando la autoridad del rey y el papel de la corte, razón por la que el soberano prefirió residir en Italia antes que regresar a España (Ryder, 1992; Sáiz Serrano, 2011; Giunta, 1989).

Como podemos apreciar, la corona de Aragón creció agregando territorios que iban «confederándose» al conjunto de estados patrimoniales, con mayor o menor autonomía, pero siempre suficiente para marcar su singularidad legal, política, económica y social. Eventualmente Alfonso V hizo expediciones militares a Djerba (1432) y Trípoli (1434) pero la Cruzada y la expansión fuera de los límites de la cristiandad ocuparon un lugar muy secundario, tratándose sobre todo de expediciones punitivas. Sin embargo, Castilla desarrolló su expansión de forma muy distinta, dirigida precisamente a mover la frontera cada vez más hacia el sur, por incorporación de territorios y poblaciones a su espacio social, económico, político y jurídico. A diferencia de Aragón, donde primó el protagonismo de la dinastía, después de la conquista de Granada, la iniciativa la tomaron los particulares siendo su crecimiento más por franquicia que por impulso de los soberanos. La frontera con el islam marcaba una diferencia en las dos formas de expansión. La tierra de los infieles no estaba protegida ni regulada por el derecho, era un espacio libre a disposición de quienes lo conquistasen, lo sometiesen y lo poblasen, eran tierras que se incorporaban a la cristiandad y cuya anexión era deseable y se hallaba bendecida por la Iglesia y por la corona, que autorizaba las conquistas. Como ha indicado John Elliott, la secuencia que va del fin de la Reconquista a la conquista de América son, para Castilla, un final y un principio. La caída de Granada en manos castellanas es la primera fase de la expansión norteafricana que acabará proyectándose en una empresa transoceánica (Elliott, 1986; Ryder, 1992).

Más allá del ideal de cruzada que presidió la guerra de Granada es preciso indicar la relación existente entre la caída del reino nazarí y los éxitos portugueses en África. Portugal se encontraba a fines del siglo XIV en una inmejorable situación geográfica, política y económica. Su monarquía se hallaba perfectamente consolidada, una sociedad sin conflictos, fronteras estables y una posición geográfica privilegiada para conducir los productos subsaharianos a los mercados europeos por medio del eje Lisboa-Flandes. Su expansión atlántica se vio estimulada por la irrupción del Imperio otomano en el Mediterráneo oriental y la caída de Constantinopla que, si bien no cortó el tráfico, encareció los precios e hizo más interesantes los productos africanos (Chandeigne, 1992).

A través del Sáhara llegaban a los puertos peninsulares oro, marfil, especias y esclavos. La escasez de oro en Europa y la suposición de que las minas y los placeres auríferos estaban accesibles en el Atlántico africano impulsaron la exploración y reconocimiento de las costas del continente. Asimismo, la escasez de trigo en Portugal hizo que la nobleza se interesase en ampliar sus señoríos y rentas por medio de la continuación de la conquista al otro lado del Estrecho, en Marruecos. Pero, más que alimentos, las islas atlánticas que se fueron descubriendo y colonizando trajeron nuevas e insospechadas fuentes de riqueza, como el cultivo de la caña de azúcar que se implantó con éxito en las islas Azores y Madeira, dando paso a la producción a gran escala de un producto muy demandado en los mercados europeos y casi más valioso que el oro. La economía de las plantaciones generó una fuerte demanda de mano de obra, intensificándose la exploración del golfo de Guinea para capturar esclavos y el tráfico de seres humanos se convirtió en otra fuente abundante de ingresos. El colapso del comercio de Oriente obligó también a la búsqueda de fuentes alternativas de materias primas que demandaban los centros manufactureros de los Países Bajos e Italia: colorantes (grana, añil, cochinilla, brasil, etc.), goma laca, especias, etc. (Iniesta i Vernet y Roca Álvarez, 2002)

La exploración de la costa al sur del cabo Bojador perseguía la adquisición de los placeres auríferos africanos, apropiarse de los lugares donde «nace» el oro, como se decía entonces. Era un movimiento expansivo más predatorio que comercial, puesto que no se buscaba el intercambio sino el expolio para obtener grandes y fabulosas riquezas. Estos avances portugueses inquietaron a los castellanos, que temieron verse desplazados del norte de África y del Atlántico, que también constituían para ellos sus áreas naturales de expansión y comercio. En 1455 la corona de Castilla reanudó la guerra contra el reino nazarí; la toma del Estrecho por los portugueses obligaba a ocupar toda la línea de la costa peninsular al este y al oeste de Gibraltar. En este contexto, el reino musulmán de Granada constituía un estorbo que era preceptivo eliminar para disponer de un acceso directo al norte de África. Además, tras la caída de Constantinopla en 1453, el Papa había exhortado a todos los príncipes cristianos a luchar contra el islam y alzar el estandarte de la cruzada, con lo que había legitimidad suficiente para emprender la empresa. Enrique IV de Castilla vio en esta convocatoria un buen pretexto para aumentar sus rentas (no solo por las conquistas sino también por los subsidios y donaciones concedidos por la Iglesia y por sus súbditos) y consolidar su poder y prestigio sobre el país y la nobleza en una empresa común. Entre 1455 y 1457 se lanzaron seis ofensivas militares a gran escala contra Granada. Pero en 1464 estas incursiones se abandonaron y se mantuvo una situación de tregua hasta 1482, año en el que Isabel I reactivó las hostilidades con la toma de Alhama (Fernández-Armesto, 1987).