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- Herausgeber: Siglo XXI Editores México
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En México, como en el mundo, el petróleo es, y ha sido, un recurso central en la producción de la energía para el desarrollo económico de las naciones, así como una fuente de la riqueza institucional y personal de los individuos y los grupos económicos ligados a él. Este texto sigue la historia paralela de la burocracia sindical al frente del sindicato de PEMEX como la de sus opositores, quienes lucharon por la democracia sindical y la autonomía de los representantes del sindicalismo corporativo de los trabajadores del Estado del sistema político mexicano, con el PRI en su centro. El texto desemboca en "la llamada" crisis política de 1958 en la que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) fue parte, crisis nacional en la que el régimen político mexicano se mantuvo a través de la corrupción, la violencia y el crimen de los opositores.
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Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2021
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Ähnliche
ÍNDICE
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE 1958: LA UNIFORMIZACIÓN IDEOLÓGICA DE LA DIVERSIDAD SOCIAL
El pasado hoy
Los conflictos sociales
La caracterización sociológica
La organización sindical de la división de trabajo
El sindicalismo, base social del poder político: Los sindicatos de partido
El usufructo político de las burocracias sindicales del PRI
El contenido social y político del proceso sindical
La paradoja del nombre
1. EL LEGADO CARDENISTA
La salida del gran crac, el retorno de las masas y la consolidación del presidencialismo hegemónico
La autoridad, la legalidad institucional y las luchas de poder en el STPRM
Poder presidencial y movilización social
El revolucionario conservador y las movilizaciones emergentes
El conflicto Monterrey
Del sindicato nacional a la expropiación petrolera
Los estatutos
La consolidación del sindicato y la expropiación petrolera
La autoridad, la ley y el poder
La nacionalización
La creación de Pemex
Situación legal de la industria petrolera en 1958
La industria del petróleo y el desarrollo económico nacional
El control, la violencia y la consolidación de la burocracia sindical en el STPRM
2. EL MOVIMIENTO PETROLERO
Deterioro socioeconómico laboral y los antecedentes del conflicto político
Los antecedentes políticos de lucha
Los grupos políticos sindicales del movimiento petrolero de 1958
Estallan los conflictos
La segunda etapa
La lucha de las secciones 34 y 35
Huelga de hambre de los petroleros
Resolución del conflicto en las secciones 34 y 35
Lázaro Cárdenas, el pasado emblemático y la imagen de la autoridad
La advertencia presidencial
El llamado acatado: los que hacen cumplir la amenaza
El conflicto de la sección 30 en Poza Rica
Las paradojas de la retórica
La respuesta al exhorto presidencial
La llegada del “bueno”: visita del candidato presidencial Adolfo López Mateos a Poza Rica
El movimiento sindical en la sección 30
Noviembre de 1958, los conflictos en las secciones 34 y 35 del STPRM
La X Convención de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana
Elecciones de los comités ejecutivos seccionales
El final de la oposición en las secciones 34 y 35 y la institucionalización con violencia
Soluciones violentas y elecciones fantasmas
Elección de Pedro Vivanco García como secretario general del STPRM y clausura de la X Convención
La toma de posesión
La imposición se legaliza
Hegemonía, legitimidad y padrinazgo presidencial
Los ganadores perdidos
La Quina irrumpe en la escena nacional
El camino desbrozado: la XI Convención Nacional del STPRM
Los movimientos sociales de 1958
EPÍLOGO
REFERENCIAS
SIGLAS Y ACRÓNIMOS UTILIZADOS
ÍNDICE ONOMÁSTICO
historia
para Aurora Loyo
“y los veneros del petróleo el diablo”
LÓPEZ VELARDE,1921.
LA RAÍZ DEL MAL:
LA CONSOLIDACIÓN DE LABUROCRACIA SINDICAL EN PEMEX
El movimiento petrolero de 1958
por
RICARDO POZAS HORCASITAS
siglo xxi editoresCERRO DEL AGUA 248, ROMERO DE TERREROS, 04310, CIUDAD DE MÉXICOwww.sigloxxieditores.com.mx
siglo xxi editores, argentinaGUATEMALA 4824, C1425BUP, BUENOS AIRES, ARGENTINAwww.sigloxxieditores.com.ar
anthropos editorialLEPANT 241-243, 08013, BARCELONA, ESPAÑAwww.anthropos-editorial.com
CATALOGACIÓN EN LA PUBLICACIÓN
NOMBRES: Pozas Horcasitas, Ricardo, autor
TÍTULO: La raíz del mal: la consolidación de la burocracia sindical de Pemex.
El movimiento petrolero de 1958 / por Ricardo Pozas Horcasitas
DESCRIPCIÓN: Primera edición. | Ciudad de México : Siglo XXI Editores : Universidad Nacional Autónoma de México, 2020. |
COLECCIÓN: Historia
IDENTIFICADORES: e-ISBN 978-607-03-1119-2
TEMAS: Industria del petróleo – México | Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana | Sindicatos – Petróleo – Trabajadores – México
CLASIFICACIÓN: LCC HD9574.M6 P69 | DDC 338.272820972
primera edición, 2020
d.r. © siglo xxi editores, s.a. de c.v.
e-isbn 978-607-03-1119-2
derechos reservados conforme a la ley
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE 1958: LA UNIFORMIZACIÓN IDEOLÓGICA DE LA DIVERSIDAD SOCIAL1
En el terreno de la política, donde el secretoy el engaño deliberado siempre han desempeñadoun papel significativo, el autoengañoconstituye el peligro por antonomasia.HANNAH ARENDT, LA MENTIRA EN LA POLÍTICA
EL PASADO HOY
El pasado es la sustancia política del presente, es la materia prima con la que los gobernantes contemporáneos modelan el nuevo rostro de su tiempo en el ejercicio del poder, institucional y simbólico. La reintegración al presente de un nuevo pasado, seleccionado y acomodado a las exigencias de refundar una nueva tradición de gobierno, desemboca en el político que está en el centro de los recursos institucionales y culturales que dan la autoridad al gobierno del Estado. Hoy, estamos en el umbral de un nuevo ayer.
En el inicio de su discurso de cierre de campaña electoral, el 25 de junio de 2018, en el Estadio Azteca de Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) candidato de la izquierda a la presidencia afirmó:
recordamos con admiración y respeto a quienes han participado a lo largo de los años en movimientos sociales y políticos: campesinos, obreros, estudiantes, maestros,2 médicos,3 ferrocarrileros4 y defensores de derechos humanos y de otras causas
y mencionó a los líderes ferrocarrileros Demetrio Vallejo5 y al magisterial, Othón Salazar Ramírez (https://lopezobrador.org.mx/2018/06/27/cierre-de-campana-amlo-en-vivo-desde-el-estadio-azteca/).
Ambos movimientos –el magisterial y el ferrocarrilero– fueron centrales en la llamada “Crisis política de 1958”. La representación de “la crisis del 58” aparece reiterada tanto en la cultura política de izquierda y en la historiografía mexicana como un proceso unitario compuesto por cuatro procesos particulares (Loyo, 1977:77-119).6 Esta versión historiográfica de la diversidad de los movimientos sociales, con distintos actores políticos es una construcción propia de los primeros pasos de la recapitulación histórica frente al pasado reciente, en el que los movimientos sociales particulares fueron expuestos como correspondientes y formaron un entramado inscrito en el tiempo político y social, dando forma a una coyuntura. Esta narración ideológica permitió fechar un punto de inflexión en el curso del tiempo político y cultural de la nación, cuyo sentido es para la historia del México contemporáneo un cambio que condensa toda la densidad simbólica y mítica de las luchas sociales de su tiempo, al marcar el curso general de la historia de México de manera diacrónica: como secuencia de luchas sociales y políticas particulares unidas por el hilo de los valores de la moral pública de la izquierda.
La uniformización ideológica de lo diferente se volvió un referente histórico obligado en el discurso de los políticos de izquierda y de los líderes de los movimientos sociales opositores al orden corporativo de dominación política en México. Las luchas pasadas, entre ellas las “del 58”, dieron y dan pasado, identidad, tradición e historia que desembocan en el discurso de las batallas presentes, como lo vimos en el caso de Andrés Manuel López Obrador, en el que su triunfo electoral –ya sabido en las encuestas de intención de voto– contenía, de acuerdo a su reconstrucción del pasado y el presente, condensada y simbólicamente, las reivindicaciones de los movimientos sociales reprimidos con violencia. Ideológicamente las luchas políticas de los movimientos sociales fueron subsumidas en la competencia electoral y reivindicadas en su triunfo.
La principal función de la ideología frente a la diversidad social real y sus expresiones políticas es construir una matriz unitaria y explicativa de los hechos sociales, una matriz constitutiva de la cultura política y sus tradiciones. Esta acción cultural homogeneizó los tiempos de los procesos particulares en un tiempo cronológico común en el que se desarrollaron los distintos movimientos sociales de origen laboral ocurridos entre 1958 y 1959, volviendo una unidad política indiferenciada a la condición contemporánea de los procesos particulares. Este proceso ideológico fusionó sujetos sociales, tradiciones de lucha y tiempos de conflictos particulares hasta amalgamarlos en una sola crisis: “la crisis de 58”. Recapitulemos con Jorge Luis Borges afirmando que: “si no es verdad como hecho, lo será como símbolo” (Borges, 1970: 49).
Los movimientos sociales que formaron la crisis del 58 fueron identificados, en el discurso político, por un común denominador, la representación mayoritaria y la lucha por la independencia sindical de los grupos opositores, los que construyeron una identidad política frente a “el otro”: la burocracia sindical de Estado.
En la confrontación discursiva y el conflicto de intereses de los grupos de poder, la especificidad social de los cuatro movimientos sociales de 1958 se redujo a una relación binaria, matriz propia de la lucha por el poder, en la que confluyeron, tanto los líderes y los ideólogos de los movimientos sociales, como los funcionarios públicos y sindicales pertenecientes al régimen político de la Revolución mexicana, que para los años sesenta había dejado de ser popular y llegó ya a ser, de corte autoritario en el que la representatividad social de la Revolución mexicana institucionalizada culminó en el presidencialismo hegemónico, régimen en el cual el Ejecutivo Federal concentraba el mando de las instituciones del Estado, era el jefe de las coaliciones gobernantes y de los dirigentes del sistema político nacional.
El régimen político de corte autoritario ejercía el gobierno del Estado nacional con amplios márgenes de arbitrariedad y represión, así como, con la creciente pérdida de las garantías institucionales y respeto al pluralismo ideológico político de los trabajadores agrupados en los sindicatos. El ejercicio de la exclusión política se realizaba a través del manejo de las limitaciones legales (en los estatutos y en la Ley Federal del Trabajo), de la participación de los grupos y los diferentes individuos en los procesos electorales internos, para elegir la representación institucional de la comunidad de los trabajadores en los cargos sindicales.
En sus luchas sindicales, los actores políticos de los movimientos laborales construyeron su identidad nombrándose a sí mismos “democráticos”, democracia que en la relación discursiva, era excluyente de los otros que eran opuestos a ellos y se autocalificaban como institucionales. En los opositores al corporativismo sindical, la democracia no aparecía como un sistema institucional de representación social amplia, contractual y con instituciones cuyos valores y reglas de funcionamiento la garantizaban frente a la concentración del poder cupular, sino sólo como representación mayoritaria de los agremiados y la alternancia de los representantes en los cargos de los comités ejecutivos, seccionales y nacionales. Esta construcción ideológica de la democracia podía ser reducida a una consigna de lucha por el poder y no garantizaba la no elitización de los representantes.
Este texto es la reconstrucción analítica del itinerario histórico formado por las relaciones y las luchas por el poder entre facciones sindicales en las distintas secciones del STPRM, conflictos entre varios grupos de poder en los que se entramaron sus intereses particulares y las trayectorias biográficas de los dirigentes. Estas contiendas dieron el contenido político “de 1958” en el sindicato petrolero nacional, las batallas por el poder culminaron con la victoria de una de las corrientes políticas constituida por varios grupos en distintas secciones sindicales. El triunfo se consumó el 27 de diciembre de 1958 con el arribo de Pedro Vivanco García a la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del STPRM (1958-1961). El arribo de este personaje consolidaba la política sindical corporativa de Estado, que constituyó la modalidad de representación laboral de los trabajadores del Estado a partir de los años sesenta y el final del legado cardenista en el sindicato petrolero, legado constituido por la identidad nacionalista entre trabajadores, sindicato y la empresa paraestatal, consenso de las partes que forman la llamada “comunidad de petroleros mexicanos” y que poseía históricamente un basamento cultural e ideológico que identificaban al presidente como jefe político de todos los mexicanos y una guía de la industria petrolera nacional.
Los trabajadores petroleros tenían una matriz ideológica nacionalista y el STPRM era una agrupación de trabajadores que tenía en su identidad laboral una trayectoria “heroica”, que los volvió los actores principales en el momento culminante del nacionalismo mexicano: la nacionalización de la industria petrolera en marzo de 1938.
La identidad entre el sindicato y la lucha por los derechos laborales de los trabajadores frente a las empresas petroleras extranjeras, volvió “el conflicto económico” del sindicato en la defensa de los intereses “de la patria” y la soberanía nacional, identidad que se fue desdibujando a lo largo de 20 años –tiempo transcurrido entre la nacionalización en 1938 y el conflicto sindical en 1958– proceso político en el cual los liderazgos sindicales se burocratizaron y el nacionalismo se fue ahuecando, este proceso de desnacionalización ideológica y cultural también corrió paralelo en la dirección de Pemex. El nacionalismo se volvió retórica y la identidad de “la empresa de los mexicanos con el interés nacional” derivó en la primacía de los intereses particulares y los privilegios de grupos de poder, tanto en las burocracias sindicales, como en los directivos de la empresa, privatización de intereses generales de la nación que se fueron volviendo patrimonialismo y usufructo privado de la compañía petrolera estatal. A la condición de privilegio de los grupos dirigentes de la empresa y los directivos del sindicato se agregaron las condiciones excepcionales de los trabajadores de Pemex, trabajadores sindicalizados, cuyas condiciones laborales, comparadas con cualquier otra empresa e institución de Estado y privada, eran muy superiores.
LOS CONFLICTOS SOCIALES
La crisis de 1958 estuvo constituida por cuatro conflictos laborales de trabajadores del Estado, cada uno de ellos con distinto contenido social y significado político: dos fueron movimientos sociales de tipo laboral,7 el organizado por los trabajadores en la sección IX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el movimiento en el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM); una acción colectiva de tipo contestatario y de corta duración, organizada por un grupo de trabajadores telegrafistas congregados en torno a un conjunto de demandas laborales y afiliados al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP),8 esta acción colectiva de protesta de los telegrafistas se diluyó en el orden institucional establecido en la primera negociación con las autoridades y, por último, el tercer tipo de conflicto, constituido por la lucha entre distintos grupos de poder, con sus dirigentes y trabajadores pertenecientes a varias secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).9 Este tercer proceso de lucha política, estuvo construido por grupos de poder pertenecientes a las distintas secciones del sindicato nacional, culminó en la consolidación de uno de los grupos políticos que finalizaron el conflicto, al alcanzar el control político e institucional del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato petrolero iniciándose con esto, la etapa de consolidación de la burocracia sindical en la conducción de la institución sindical.
En el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) la consolidación institucional de la burocracia sindical –que confirmó a los directivos sindicales como funcionarios y políticos del Estado–10 se constituyó a través de la alianza de varios grupos de poder, pertenecientes a distintas facciones del sindicato nacional, ésta dio origen a la nueva burocracia sindical arraigada en los sindicatos a partir de la crisis de 1958, la consolidación de los funcionarios sindicales fue fortalecida por su asociación política-administrativa con la dirección de la empresa paraestatal Pemex y con la integración de los funcionarios sindicales a la cadena de mando institucional del Estado que culminaba en el presidente de la República, durante el último periodo histórico del presidencialismo fuerte mexicano entre 1958-1969.
La consolidación de la burocracia sindical construyó el fenómeno político-cultural nacional, a través del cual se estableció la gobernabilidad corporativa de Estado sobre los trabajadores de las instituciones del Estado, partiendo, en un principio, de la identidad ideológica heredada entre sindicatos y gobiernos, gobernabilidad que acreditó al corporativismo laboral de Estado como la modalidad institucional de organización laboral hegemónica: “única y posible”, entre los trabajadores que laboraban en el Estado.
La llamada “Crisis Política de 1958” hizo evidente el desfase identitario entre las bases sociales de sustentación del Estado y los gobernantes, pérdida de identidad entre gobierno y grupos sociales al que había llegado el régimen político autodenominado de la Revolución mexicana en los años sesenta. El régimen político se fue volviendo, a partir de los años cuarenta, crecientemente cerrado, elitizado y autorreferencial frente a una sociedad cada vez más abierta, de masas urbanas y de sectores medios con mayores niveles de educación y en creciente expansión, esta sociedad compleja dio los nuevos contenidos de una inédita cultura política fundada en una mayor información nacional e internacional que expresaba la diversidad social. La identidad ideológica nacionalista, entre los trabajadores petroleros y el régimen político se consolidó en 1938 con la expropiación de las compañías petroleras extranjeras, decisión política tomada como una resolución de Estado a favor de los trabajadores, dando origen a una identidad ideológica fuerte, que a lo largo de 20 años se fue agotando, hasta llegar en 1958, al conflicto.
La intensidad del cambio social y cultural producido por el desarrollo socioeconómico de la posguerra, con su apertura internacional y la guerra fría como el nuevo escenario internacional agotó los recursos políticos y los instrumentos institucionales ejercidos a partir de los valores socialmente aceptados y constituidos durante el cardenismo (1934-1940), gobierno durante el cual se consolida la centralidad del Estado nacional en la sociedad mexicana, la cultura política nacionalista, así como los instrumentos políticos, institucionales y simbólicos, que acreditaban los presupuestos de la verdad ideológica dominante, presidencial y nacionalista, fundada en una moral pública, que eslabonaban la legitimidad entre el gobierno y la sociedad. Este agotamiento social de la cultura política de gobierno hizo imposible, a las coaliciones gobernantes del Estado, continuar siendo el punto legítimo de llegada de las expectativas de cambio social.
LA CARACTERIZACIÓN SOCIOLÓGICA
Las corrientes políticas opositoras al grupo dirigente del Comité Ejecutivo Nacional del STPRM, buscaron la representación mayoritaria de la comunidad de trabajadores del sindicato y su autonomía frente a la burocracia sindical nacional y sus aliados en las secciones. A diferencia de los otros movimientos sociales de 1958: ferrocarrilero y magisterial, con dirigentes de ascendencia filocomunista, el movimiento de los petroleros no cuestionaba la articulación sistémica de la organización sindical corporativa al régimen político vigente, a través del vínculo establecido entre la organización sindical y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido de las corporaciones sociales a partir de las cuales se constituían y disciplinaban las bases sociales cautivas, manteniéndose éstas a través de modalidades clientelares y violencia, en las que quedaban organizadas las comunidades de trabajadores, que agrupaban a individuos de un mismo estatus laboral. Es a partir de la articulación política, entre organización sindical y partido político, que se construyó una parte importante de las bases sociales del PRI, siendo los trabajadores sindicalizados las clientelas políticas cautivas, aseguradas por las leyes y las normas de la cultura política laboral y en el extremo por la violencia. El miedo ha sido siempre un recurso de contención de la oposición política.
El PRI era el partido hegemónico en el sistema político electoral del régimen político mexicano, régimen político que para los años sesenta había consolidado sus instrumentos políticos e institucionales de corte autoritario y, por lo tanto, poesía un alto nivel de regulación de la participación social en la política –como el elemento constitutivo de todo régimen autoritario– manteniendo sus bases sociales diferenciadas por actividad laboral y la organización social del trabajo, como el principio reglamentado de control político interno de los tres sectores del partido hegemónico: obrero, campesino y popular.
El conflicto sindical petrolero de 1958 y 1960, fue una lucha por el control institucional entre grupos de poder existentes en unas de las secciones del sindicato nacional. Este conflicto surgió principalmente en las secciones: 30, de Poza Rica, Veracruz; 34, de las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos (Pemex); y 35, de la Refinería “18 de marzo” en Azcapotzalco, así como en los centros de almacenamiento y distribución de combustible en el Distrito Federal. En las otras secciones hubo manifestaciones de solidaridad pero no de organización trascendente.
Los dirigentes opositores, de los grupos de poder en conflicto, buscaron dirigir y controlar las instituciones sindicales corporativas de Estado11 y continuar con la articulación establecida con el régimen político presidencial vigente, como la forma de representación laboral en Petróleos Mexicanos (Pemex), manteniendo los vínculos y los “compromisos usufructuarles” para los funcionarios sindicales con la dirección de Pemex, que era la empresa industrial del Estado más importante de México, empresa clave para el desarrollo económico nacional y central en el Desarrollo Estabilizador (1958-1970) que fue el modelo económico de desarrollo iniciado en 1958 y el primer modelo económico tecnocrático transexenal, este modelo económico estuvo vigente durante todo el decenio de los sesenta y dio origen al periodo económico de mayor crecimiento del PIB en la historia del país, con 6.8% promedio anual en los años sesenta, crecimiento económico que tenía como condición necesaria la estabilidad política laboral dada por el control sindical. En este modelo de Desarrollo, la disponibilidad de energía barata fue clave para el desarrollo del Estado social, no sólo en México, sino en el mundo, hasta “La Crisis de los Precios” en 1973, como consecuencia de la llamada guerra del Yom Kipur ocurrida entre el 6 y el 25 de octubre.
La cohesión de estos movimientos seccionales adquirió la condición de movimiento unitario, al confrontar el sistema de organización política nacional de dominación social, que daba el contenido autoritario del régimen político de la Revolución mexicana en su último periodo histórico (1958-1968). El sentido de la representación social de un régimen político de corte autoritario tiene como fundamento de su reproducción la necesidad de excluir selectivamente a los miembros del conjunto de sistema social, laboral y en el caso de la representación de los trabajadores industriales y de los servidores del Estado, el proceso selectivo parte de las normas culturales y las leyes laborales restrictivas cuya aplicación reducía, en 1960, de un total de 11 millones 274 000 personas que formaban la Población Económicamente Activa (PEA), sólo 11.5% estaba sindicalizado (Fernández, 1985: 289). El sistema de dominación sindical adquiría su condición nacional al existir, de manera particular, en cada una de las partes del aparato institucional que lo componían, como eran los Sindicatos Nacionales de Industria y las secciones que lo integraban.
La lucha por el control del STPRM se dio a través de la confrontación entre los grupos de poder seccionales y partió de la fuerza política e institucional que cada uno de ellos tenía en las secciones sindicales, conjugado con el peso y la riqueza que cada una de las secciones tenía en el sindicato nacional. En la lucha por el control del sindicato nacional, la sección era el bastión, a partir del cual los grupos diseñaron la estrategia general para dirigir el sindicato en su conjunto. De las secciones, la 30 de Poza Rica, Veracruz –que era la zona petrolera más rica del país– tenía el mayor poder político y económico frente a otras secciones del sindicato nacional. Esta lucha por mantener y acrecentar el poder burocrático, también lo hacía por obtener los beneficios económicos y de influencia política adscrita a las directivas sindicales, beneficios que, en el caso de los petroleros, eran los mayores a los que podían acceder los dirigentes de cualquier sindicato de trabajadores del Estado. La cantidad de recursos manejado por el secretario general y los miembros del Comité Ejecutivo del STPRM derivó en la acumulación de grandes fortunas personales, fortunas que son las mayores de los dirigentes sindicales en la historia del país.
La disputa entre los grupos de las secciones sindicales, por el control del sindicato nacional, culmina con el arribo de Pedro Vivanco García12 a la Secretaría General del STPRM, electo para el periodo 1952-1958, Vivanco fue, al mismo tiempo, presidente municipal de Poza Rica y secretario general de la Sección 30 del sindicato, ambas: sección sindical y presidencia municipal, eran en ese tiempo la sección más rica y fuerte del sindicato, y en la división federal de Estado nacional uno de los municipios más poderosos del país. El poder político institucional que tenía Pedro Vivanco se reforzaba con la alianza y el apoyo de las autoridades de Pemex en la persona Jaime M. Merino súper intendente de la zona petrolera de Pozas Rica, entre 1941 y 1958. Aunado a la protección de la burocracia sindical nacional, por las autoridades laborales del Estado federal y del apoyo de los funcionarios en los tres niveles de gobierno. Este entramado de intereses específicos hacía de los representantes de la burocracia sindical miembros del Estado nacional.
La defensa de los intereses de la burocracia sindical, de los que participaban las autoridades estatales, no tuvo límite y la alianza de la burocracia sindical con los dirigentes del PRI y las autoridades municipales, llegó hasta la muerte y el crimen abierto de los opositores individuales o la ejecución de grupos de individuos como ocurrió en contra en una manifestación pública de protesta en la ciudad de Poza Rica el lunes 6 de octubre de 1958.
Al concluir la gestión de Pedro Vivanco como presidente municipal de Poza Rica (1955-1958), los opositores organizaron a la población del municipio para postular a Fausto Dávila Solís frente a Manuel Salas Castelán, este último candidato oficial del PRI y del “cacicazgo” Vivanco-Merino. Cuando Salas Castelán ganó oficialmente las elecciones se acusó de fraude y la población se movilizó y salió a las calles a protestar, obteniendo, una violenta represalia como única respuesta. La tarde del seis de octubre de 1958, grupos armados hicieron descargas de armas de fuego desde las instalaciones del sindicato petrolero. No hubo una cantidad oficial de muertos, ya que los mismos autores de los disparos evitaron el levantamiento de los cadáveres y su identificación. Este crimen quedó en la memoria de los habitantes de Poza Rica y 61 años después, el 6 de octubre de 2019 se siguen recordando. En el recuerdo perviven 7 mártires a los que se les levantó un monumento en el lugar de los hechos.
IMAGEN 1. Monumento a los muertos del ataque del 6 de octubre de 1958 en la ciudad de Poza Rica, VeracruzFUENTE: fotografía Jorge Huerta, <https://www.encontexto.com.mx/la-matanza-de-los-goyos/>.
LA ORGANIZACIÓN SINDICAL DE LA DIVISIÓN DE TRABAJO
Los movimientos laborales del 58 por la autonomía sindical, desarrollados en las empresas y las instituciones del Estado, contenían una doble condición política: en primer lugar, sus demandas laborales enfrentaban el diseño institucional de los organismos públicos y la función que en ellos se le confería a la burocracia sindical corporativa existente para la reproducción de las instituciones del Estado y su función de control laboral estabilizador.
En segundo lugar, las luchas laborales por la independencia en la representación sindical, realizadas por los trabajadores del Estado, enfrentaban de manera directa a la burocracia sindical, capa social de funcionarios que administraban y usufructuaban las instituciones sindicales con un amplio margen de discrecionalidad en el manejo de los recursos económicos de los sindicatos, estos recursos iban –sin la obligación de rendición de cuentas– desde las cuotas sindicales, descontadas por la Secretaría de Hacienda del sueldo de los trabajadores afiliados al sindicato y transferidas al Comité Ejecutivo Nacional, hasta el manejo de la contratación y la promoción de las plazas laborales, con contrato de planta y transitorios (eventuales) y la manera en que estas plazas eran asignadas y distribuidas en la empresa.
En 1938, del total de los 17 600 trabajadores en Pemex, 2 814 eran transitorios y 14 786 de planta, para 1960, de los 46 757 trabajadores de la empresa, 30 038 eran de planta y los transitorios pasaron a ser 16 739, multiplicándose casi por 6 desde la expropiación de las empresas extranjeras (Pemex, 1975: 45). Desde el principio y en contra del nacionalismo revolucionario proletario, fue evidente que las mejores condiciones de trabajo y las mejores prestaciones eran para los trabajadores de planta, esta estratificación laboral entre los trabajadores de planta y los transitorios hacía de Pemex una empresa que expresó abiertamente las diferencias en las condiciones laborales y la explotación existente en la sociedad mexicana de finales de los años cincuenta. El Estado y su empresa confirmaban la condición social del trabajo vigente en el México de los años cincuenta.
Los trabajadores transitorios contratados por la empresa, que eran reconocidos oficialmente, estaban formalmente divididos en dos grupos:
1] Trabajadores transitorios o eventuales.
2] Trabajadores transitorios libres o pelones.
Los trabajadores transitorios, contractualmente eran aquellos asalariados que “ingresan al servicio del patrón para ocupar provisionalmente un puesto permanente o para ejecutar trabajos temporales o por obra determinada” (Contrato Colectivo del STPRM, 1970: 33).
Para la empresa eran trabajadores transitorios sólo aquellos asalariados que establecían relaciones contractuales directamente con Pemex, a través del único canal “legal” que existía para convertirse en asalariado de la industria petrolera: el sindicato.
En el caso de Pemex, las plazas eran de confianza, de planta o transitorias, estas últimas con una amplia gama de trabajos, salarios y condiciones laborales, ya que eran una masa de trabajadores transitorios “libres” o pelones, dentro de los cuales se encontraban en la escala laboral más baja “los changos”, quienes eran trabajadores, muchos de ellos de origen indígena, que eran contratados para realizar las tareas más peligrosas. Los llamados transitorios “libres” o pelones, eran aquellos asalariados que realizan diversos trabajos para Pemex –particularmente de construcción– “por obra determinada”, y que aparentemente no establecían relaciones laborales con la empresa, puesto que eran “propuestos” por el sindicato y contratados directamente por un contratista privado. No existía ningún registro oficial de los transitorios libres, pues eran una masa manejada arbitrariamente, constituida por el sindicato y la empresa, y formaba parte del “secreto” sindical que mantenía abierto el manejo discrecional de los recursos económicos y de las redes de poder.
Los trabajadores transitorios tenían menores prestaciones dadas por el contrato eventual establecido por el sindicato para ser empleados temporalmente por Pemex. Los transitorios libres carecían de todo contrato, a pesar de ser seleccionados por el sindicato para ser empleados por las empresas privadas que le hacían obras a la empresa del Estado. El sindicato no exigía contrato ni prestaciones para los “pelones” seleccionados por él para hacer los trabajos que tenían que hacer las empresas privadas. En este nivel, la institución sindical y sus directivos eran partícipes de la ilegalidad laboral y la consecuente sobre explotación de los trabajadores del más bajo nivel social, económico y educacional.
Estos trabajadores transitorios eran trabajadores que tenía, en su gran mayoría, un origen rural reciente y eran el producto de la migración del campo a la industria, que junto con el crecimiento urbano tuvo un incremento acelerado a partir de los años cuarenta. Proceso que se consolidó y expandió durante el desarrollo estabilizador 1960-1970, creando una amplia demanda de mano de obra.
La categoría laboral de trabajadores transitorios fue una práctica permanente en la industria petrolera nacional desde su creación, desde la administración del sindicato de la industria expropiada. Fueron los propios funcionarios sindicalizados los que establecieron los términos de la estratificación y la explotación extrema del trabajo. Los trabajadores transitorios en sus diferentes categorías eran administrados por el sindicato y estaban siempre en una condición de incertidumbre laboral, lo que permitía a las burocracias sindicales –herederas de los “patriotas nacionalistas”– en complicidad con las autoridades de la empresa estatal, la utilización de estos trabajadores para múltiples funciones, los cuales llegaron al extremo de haber sido empleados como esquiroles en las huelgas y paros o como represores en los mítines y las manifestaciones de la oposición, conducta posible y explicable por la construcción de redes sociales de “trabajadores enganchados”, con una tradición de autoridad vertical y violenta (caciquil), tanto rural como indígena, con un nivel de educación bajo, de primaria en el mejor de los casos, en muchos inconclusa y con un manejo deficiente del español.
Una práctica común en la contratación de los trabajadores eventuales era que éstos tenían que aportar una cantidad de dinero o un porcentaje de su salario a los miembros del sindicato o a los funcionarios de la administración de Pemex que gestionaban su empleo temporal. Como este tipo de gestión laboral era ilegal, no había regla sino prácticas “sabidas” por las circunstancias de la contratación.
El manejo de las plazas estaba asignado por la Ley Federal del Trabajo, como el derecho del sindicato nacional conferido contractualmente, por tener la representación oficial de la mayoritaria de los trabajadores que laboraban en la empresa, condición que le adscribía la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo13 y con él, las cláusulas de exclusividad en la contratación y la exclusión de cualquier otra organización laboral que no tuviera la titularidad del contrato con Pemex o reclamara la contratación de trabajadores, modalidad de contratación sindical y laboral establecida por el contrato colectivo14 entre Pemex y el sindicato sustentado por la Ley Federal de Trabajo e instrumentada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (surgida en 1927). Tribunal Federal que daba el registro legal a los sindicatos y calificaba la elección de los comités ejecutivos, nacional y seccionales, estableciendo las condiciones generales de trabajo, reglamentando el escalafón y calificaba la legalidad de los estatutos sindicales y los reglamentos de las comisiones mixtas de seguridad e higiene. El ordenamiento de la creación del tribunal determinó que estaría integrado por igual número de representantes de los obreros y de los patrones, y uno nombrado por la Secretaría de la Industria, Comercio y Trabajo; asimismo, estableció su asiento en la capital de la República y la existencia de las mismas Juntas Regionales de Conciliación que fuesen necesarias.
Mientras que Pemex empleaba a los trabajadores, el sindicato era el que los contrataba, además de ser el mediador en el contrato entre trabajador y empresa, el sindicato legalmente constituido era el único que podía negociar las plazas de la empresa. Históricamente con la expedición de la Ley federal del trabajo que le dio a los sindicatos nacionales la articulación al Estado se terminaron las pugnas intergremiales y la formación de “sindicatos blancos” constituidos por los patrones, es a partir de esta legislación que se da inicio al corporativismo a través del monopolio de la contratación” (Herrera, 1998:20-21). Con estas disposiciones se orientaba la centralización del Estado en lo político, administrativo y económico a través de un complejo sistema jurídico y legal que finalmente llegaría al control de industrias estratégicas, como el contenido sustantivo de la centralidad del Estado social. Este vínculo entre la institución empresarial de Estado y sindical se amalgama como una unidad de intereses frente a las distintas modalidades de trabajadores.
El conjunto de excepciones legales concedidas por los gobiernos del Estado nacional –responsables del cumplimiento del orden legal– a las burocracias dirigentes del sindicato daban a éstas, frente a los trabajadores y la representación social, una imagen de poder supra legal, en la cual ellos tenían la capacidad de crear y conceder la excepción frente a la legislación laboral vigente, concesión dada a individuos o grupos. Ésta fue la norma cultural de la política laboral, que a lo largo de veinte años, 1938-1958 se asentó como una tradición de la práctica sindical petrolera.
La otra característica sustantiva de la lucha por la libertad sindical fue la critica a los directivos y funcionarios del gobierno que administraban la empresa pública, funcionarios, que en la gran mayoría de los casos, carecían de la formación en administración empresarial y en las políticas públicas, así como el conocimiento en la rama de la industrial a la que pertenecía la empresa del Estado que dirigían, su nombramiento estaba dado por el interés político y personal del presidente. Y cuando tenía conocimiento de la industria petrolera lo era como empresario vinculando su interés privado con la conducción de la institución pública, haciendo de la dirección su negocio. El primer caso fue Antonio J. Bermúdez (1946-1958) y el segundo Jorge Díaz Serrano (1976-1981).
La crítica explícita de la oposición sindical en el manejo de la empresa pública, mostró también las tradiciones en la administración gubernamental: el patrimonialismo, el nepotismo, la capacidad y la práctica corruptora de los funcionarios públicos, tanto de la empresa como del sindicato, práctica asentada como una de las tradiciones del manejo institucional, tanto empresarial del Estado como sindical. Un indicador significativo en el manejo institucional, fue el arreglo en los contratos para las obras y los servicios en Pemex, contratos que involucraban al sindicato como contratista, intermediario o beneficiario directo a través de un porcentaje (2%) del monto de determinadas obras de Pemex y servicios a esta empresa. Este porcentaje estaba establecido y era negociable según la situación de la obra o el servicio. Un rasgo de la corrupción es –y ha sido hasta hoy– el ser una práctica asentada en tradiciones institucionales dadas por la socialización particular en el manejo de lo público, esta práctica se realiza a través de acuerdos privados entre funcionarios, ésta, como todas las tradiciones se repite y está sujeta a normas culturales que adquieren concreción en los términos de la negociación particular entre las partes involucradas y en la negociación de las cantidades fijadas y la participación en los montos que a cada parte “le corresponde”.
La primera condición para la Autonomía Sindical Democrática era la independencia económica del sindicato nacional como organización laboral frente al Estado y frente al Ejecutivo Federal, quien, a través de la Secretaria de Hacienda, descontaba las cuotas sindicales correspondientes de los salarios de los trabajadores sindicalizados de la institución correspondiente y las transfería –con sus tiempos y sus formas– al Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional, el que administraba estos –y otros– recursos, bienes y propiedades del sindicato, con un amplio margen de discrecionalidad. La dependencia económica del sindicato era la primera forma de subordinación con el gobierno y el presidente de la República, convirtiendo a los representantes en funcionarios sindicales articulados a la jerárquica política administrativa del gobierno en turno, deformando el origen y el sentido de los recursos económicos de las cuotas recibidas desde el Estado.
La relación de los funcionarios sindicales con el gobierno engranaba a las burocracias sindicales en la lógica de la reproducción del Estado, integrándolos como parte de los grupos de las coaliciones gobernantes nacionales cuya función principal, en la división política de las funciones de Estado era mantener el control de los sindicalizados que daba le estabilidad institucional.
La integración de los representantes sindicales en la reproducción del Estado dio origen a una lógica política, más de gobierno que de representación de los trabajadores, lógica de conducta fundada en la tradición establecida de complicidad entre los funcionarios sindicales y gubernamentales, tradición asentada en la práctica de gobierno “de no rendición de cuentas”, ni políticas ni económicas, a los sindicalizados en la cual hubieran tenido que explicar a sus representados la subordinación y la falta de autonomía. La complicidad fue la primera condición de la corrupción tolerada por los gobernantes a los funcionarios sindicales y de éstos frente a los funcionarios estatales en el manejo –patrimonial, nepotista, clientelista, discrecional y arbitrario– de la institución del Estado a la que pertenecía el sindicato y que en el caso de Pemex era amplísima.
Aunado al manejo discrecional de las cuotas sindicales transferidas por la Secretaría de Hacienda, estaba el uso discrecional y el manejo de todos los bienes del sindicato y los recursos que producían, como eran las cooperativas, los bienes inmuebles y los muebles, que los sindicalizados suponían, eran para el beneficio personal de los funcionarios sindicales.
EL SINDICALISMO, BASE SOCIAL DEL PODER POLÍTICO: LOS SINDICATOS DE PARTIDO
La organización del sistema sindical corporativo proporcionaba parte importante de las bases sociales de sustentación al Régimen Político Presidencialista de corte autoritario, de la Revolución mexicana. Este sistema de organización laboral vertical y coercitivo se consumó –e hizo evidentes sus límites– en los conflictos laborales de 1958, límites de acreditación de los funcionarios sindicales, que a lo largo de los años sesenta, fueron reduciendo los márgenes de representatividad y, por lo tanto, de autoridad y credibilidad frente a sus comunidades laborales agrupadas en los sindicatos, agotando su gobernabilidad legítima y dando origen a una crisis de representación política, que se expresa en la denuncia a una clase política que incluía a funcionarios gubernamentales y sindicales.
En 1970 el sistema sindical mexicano afiliaba –como ya se afirmó– sólo 15.2% de la Población Económicamente Activa (PEA) porcentaje que fue el mayor de todo el decenio (Pozas, 2014: 76-77). La pertenencia a los sindicatos era la condición necesaria para acceder a los beneficios de seguridad social, tener servicios sociales y condiciones de trabajo conforme dictaba la Ley Federal del Trabajo. La condición de ser un trabajador sindicalizado era, dentro la estratificación social de la Población Económicamente Activa de la nación, un privilegio y de éstos, los trabajadores sindicalizados de Pemex eran los que tenían las mejores condiciones del mundo laboral mexicano.
Una característica particular del sistema sindical corporativo era la articulación de la organización laboral de los trabajadores al Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido hegemónico del sistema electoral mexicano que convertía a la organización sindical corporativa en el sustento social de la organización política. Esta filiación política de los miembros de la organización laboral corporativa al PRI, no era una filiación individual voluntaria a un partido político, sino una incorporación masiva a través de la adscripción corporativa del sindicato y de éste a las instituciones político laborales que componían el partido: federación, confederación y sector del partido. La filiación del trabajador no era un acto individual y voluntario, ni explícitamente solicitado por el trabajador sindicalizado, sino una aceptación laboral, políticamente necesaria, como condición y posibilidad de vinculación de los trabajadores al Estado y a la red de relaciones de influencias del gobierno para el beneficio personal y colectivo. La oposición de los sindicalizados y la denuncia del tipo de filiación al Partido hegemónico como una acción improcedente que vulneraba los derechos individuales del trabajador –ciudadanos de libre asociación política– podría producir un estigma al trabajador o al grupo que lo hiciera, esta oposición y denuncia podía tener como consecuencia ser objeto de represalias y pérdida de oportunidades en igualdad de derechos frente a otros trabajadores, exclusión sabida por todos y fundada en el proceso de socialización en el trabajo y asentada en los implícitos de la tradición sindical corporativa que dio forma a la cultura política laboral de los años sesenta.
La pertenencia de la organización sindical al PRI, partido hegemónico de tres sectores: campesino, obrero y popular, dos de los cuales: el obrero y el popular, con trabajadores mayoritariamente urbano industriales y de servicios, tenían como base de organización laboral el sindicato corporativo, con restricciones normativas y legales a la libertad y voluntad individual, limitaciones impuesta a cambio de trabajo, salario legalmente establecido y el beneficio del sistema de seguridad social.
El PRI era el partido hegemónico del sistema político electoral mexicano en el cual, el presidente era reconocido por sus militantes como “el Jefe”. Esta articulación sistémica, que en el orden jerárquico de poder, de abajo hacia arriba, iba desde los dirigentes sindicales corporativos legalmente constituidos y reconocidos del sindicato hasta el presidente de la República, articulación que daba forma a un entramado cultural e institucional jerárquico de Estado que obligaba e imponía a la obediencia vertical de todos los funcionarios del gobierno y las burocracias sindicales. Esta organización social cautiva era la fuerza clientelar del sistema político electoral PRI, a través de la cual se reproducía parte importante de la legitimidad del régimen.
Un hecho significativo que confirmó al STPRM como representante de todos los trabajadores petroleros y como la institución sindical que contenía una clientela político electoral importante, fue hecho por el presidente Luis Echeverría Álvarez en 1976 –año electoral– en el que reforzó la condición hegemónica del sindicato como la organización exclusiva de todos los trabajadores petroleros y como organización política clientelar integrante del PRI. Ese año electoral de 1976 el presidente dio al sindicato las plazas de los profesionistas, los técnicos y los ingenieros que tenían puestos de mando como superintendentes y gerentes en los pozos y las plantas, puestos que hasta entonces habían sido de confianza (Pérez, 2017: 56-60).
EL USUFRUCTO POLÍTICO DE LAS BUROCRACIAS SINDICALES DEL PRI
Los movimientos opositores a la organización sindical corporativa buscaron la autonomía del Comité Ejecutivo Nacional y de los Comités Ejecutivos Seccionales frente a los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) articulación que daba forma al entramado de la instituciones sindicales de representación laboral con las instituciones del Estado, así mismo los movimientos autonómicos lucharon por la diferenciación y la independencia de su representación laboral frente a las burocracias sindicales establecidas y sus tradiciones asentadas en una cultura política laboral, con hondas raíces corporativas de diferenciación social y política, y dirigentes sindicales con la cultura del privilegio y la influencia.
La protección legal de las burocracias sindicales estaba asentada en la interpretación favorable de las leyes laborales vigentes que regulaban la vida interna del sindicato y sus secciones. Las normas legales internas dadas por los estatutos internos de cada sindicato nacional se sustentaban en la ley Federal del Trabajo, ley reglamentaria del artículo 123 constitucional que legalizaba la existencia de un solo sindicato por institución o empresa gubernamental, acreditado como el representante de la mayoría de los trabajadores. El diseño institucional hacía viable la elitización de las representaciones sindicales, los acuerdos cupulares y la defensa de los funcionarios públicos de esta modalidad de organización sindical.
La inserción de los sindicatos en el PRI y la permanencia de las dirigencias sindicales como parte de los directivos del partido, les permitía a estos ser candidatos a los cargos de elección en los tres niveles de gobierno y simultáneamente ser representantes laborales y gestores sindicales en los gobiernos, así como darle al partido bases sociales cautivas de sustentación política, constituidas por los trabajadores afiliados y disciplinados partidariamente por la organización sindical corporativa.
La articulación de los sindicatos corporativos de Estado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) los eslabonaba a la cadena de mando que culminaba en el poder Ejecutivo Federal. Durante el periodo histórico del presidencialismo hegemónico esta integración jerarquizada volvía, real y simbólicamente, al señor presidente la figura central de la cultura laboral corporativa: a él apelaban y a él obedecían. Así mismo, las burocracias sindicales estaban ligadas a los poderes ejecutivos estatales y municipales de las entidades federativas, como a los poderes legislativos, federales y estatales. A través de la representación en las senadurías y las diputaciones federales y estatales, pertenecientes al sector obrero, uno de los tres sectores del PRI. El partido de las corporaciones sindicales les asignaba un determinado número de “cuotas” de representación a los funcionarios sindicales obreros en las legislaturas federales y estatales así como en las presidencias municipales.
En las XLIV y XLV Legislaturas, correspondientes a los años de 1958-1964, el sector obrero tuvo 2 de los 58 senadores, uno de los cuales fue el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y fundador del PRI, Fidel Velázquez Sánchez como el titular, y Joaquín Gamboa Pascoe como suplente. Ambos repitieron los cargos que habían tenido en las LX y LXI Legislaturas durante los años comprendidos entre 1946 y 1952. Entre 1958 y 1961 el sector obrero tuvo 20 de los 153 diputados federales, de los cuales 16 eran de la CTM, la central hegemónica en el sector obrero. El número de senadores y diputados era importante como representación legislativa en un país que hasta 1960 fue mayoritariamente rural. De las 153 diputaciones 80 eran de la Confederación Nacional Campesina (CNC), sector campesino del PRI y 45 del sector popular cnop que representaban un creciente número de miembros de los sectores medios urbanos y profesionales vinculados al sector de servicios en expansión.
En la XLVI Legislatura (1964-1967), de los 27 diputados, del sector obrero aparecen por primera vez en la historia legislativa tres diputados del STPRM: uno por el distrito 5 de Tamaulipas, Salvador Barragán Camacho,15 quien era amigo y protegido del secretario general del sindicato, Joaquín Hernández Galicia “La Quina”; un segundo diputado por el distrito 2 de Tamaulipas, Ángel Lagarda; y el tercero por el distrito 3 de Veracruz, Pedro Vivanco García (Rodríguez, 1975: 211-212),16 quien fue secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, del 27 de diciembre de 1958 al 15 de diciembre de 1961. Esta cuota de legisladores para el sindicato petrolero se irá incrementando, mostrando con ello su creciente importancia política nacional y, por lo tanto, local, en los estados donde existían las secciones del sindicato petrolero.
Las cuotas de candidatos para los cargos de elección popular, asignados por las dirigencias del PRI a los sindicatos del sector obrero, acabaron siendo verdaderos cotos de poder distribuidos entre las burocracias sindicales, consolidando con estas cuotas su poder político a través de su participación institucional en los poderes del Estado. Estos cotos se fueron volviendo la expresión de la elitización y la burocratización creciente de los dirigentes sindicales y del PRI
