La Violencia años cincuenta contada por sus víctimas E-Book

Alberto Valencia Gutiérrez

• Herausgeber: Universidad del Valle
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: Archivo Germán Guzmán Campos
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2021

Seitenzahl: 669

Beschreibung

Cuando una sociedad pasa por un conflicto interno de violencia o una guerra con el exterior debe realizar al menos tres tareas, para restablecer la institucionalidad y garantizar la no repetición de lo sucedido: la reparación de las víctimas y de los daños, la identificación y la sanción de los responsables y la elaboración del significado de lo sucedido. Con ocasión de la firma de los acuerdos de paz de 2016 Colombia se encuentra comprometida en estos tres procesos. Sin embargo, la experiencia al respecto ha sido muy pobre en la larga historia del conflicto colombiano. Para aprender de la historia y no repetirla este libro estudia la manera como se resolvieron estos tres aspectos en el caso de la Violencia de los años 1950, que enfrentó a conservadores y liberales por doce años o más: la Comisión Investigadora de las causas de la violencia, la Comisión Especial de rehabilitación, el juicio a Rojas Pinilla en el Senado de la República, la publicación del libro La violencia en Colombia en 1962 y la manera como el Frente Nacional enfrentó el problema de la construcción de la memoria de lo sucedido. La pregunta que queda pendiente es hasta qué punto, la precaria solución que tuvo el enfrentamiento de aquella época, ha sido uno de los factores para que la violencia siga presente en la vida política colombiana y hoy estemos frente a los inicios de un tercer ciclo. El libro incluye un apéndice con una antología de los informes que recibió la Comisión Investigadora a su paso por varios departamentos, que permiten tener una apreciación de lo sucedido en la voz de las víctimas.

Leseprobe

Valencia Gutiérrez, Alberto

La Violencia años cincuenta contada por sus víctimas. Los archivos de la Comisión Investigadora / Alberto Valencia Gutiérrez.

Cali : Programa Editorial Universidad del Valle, 2021.

392 páginas ; 24 cm. -- (Colección: Archivo Germán Guzmán Campos)

1. Violencia - 2. Frente Nacional, 1958-1974 - 3. Reparación a las víctimas - 4. Memoria - 5. Archivos - 6. Comisión Investigadora (1958) - 7. Violencia en Colombia

303.609861 cd 22 ed.

V152

Universidad del Valle - Biblioteca Mario Carvajal

Universidad del Valle

Programa Editorial

Título: La Violencia años cincuenta contada por sus víctimas.

Los archivos de la Comisión Investigadora

Autor: Alberto Valencia Gutiérrez

ISBN: 978-628-7523-02-9

ISBN PDF: 978-628-7523-04-3

ISBN EPUB: 978-628-7523-03-6

DOI: 10.25100/PEU.7523029

Colección: Archivo Germán Guzmán Campos

Primera Edición

© Universidad del Valle

© Alberto Valencia Gutiérrez

Rector de la Universidad del Valle: Édgar Varela Barrios

Vicerrector de Investigaciones: Héctor Cadavid Ramírez

Director del Programa Editorial: Francisco Ramírez Potes

Diseño y diagramación: Hugo H. Ordóñez Nievas

Material visual: Archivo virtual Germán Guzmán Campos

http://germanguzman.univalle.edu.co

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Este libro, o parte de él, no puede ser reproducido por ningún medio sin autorización escrita de la Universidad del Valle.

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión del autor y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad del Valle, ni genera responsabilidad frente a terceros. El autor es el responsable del respeto a los derechos de autor y del material contenido en la publicación, razón por la cual la Universidad no puede asumir ninguna responsabilidad en caso de omisiones o errores.

Cali, Colombia, noviembre de 2021

Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions

A la memoria de Germán Guzmán Campos, el primer gran gestor de paz que hemos conocido en este país, autor del libro La Violencia en Colombia, que nos abrió la vía para descifrar nuestra historia reciente.

Germán Guzmán Campos

PRESENTACIÓN

ARCHIVO GERMÁN GUZMÁN CAMPOS – UNIVERSIDAD DEL VALLE

La Universidad del Valle presenta el archivo que a lo largo de su vida recopiló Germán Guzmán Campos, pionero de la investigación sobre la violencia en Colombia, para que sirva de referencia y de fuente para los estudios sobre el tema. Los componentes de este acervo documental han sido digitalizados, analizados y clasificados por un grupo de profesores de la Universidad y del Colegio de Posgraduados (México) y son presentados en distintos formatos, tanto en publicaciones impresas como digitales, con el fin de permitir la consulta a los investigadores.

La Junta Militar de Gobierno creó, mediante el Decreto 165 del 21 de mayo de 1958, la “Comisión Nacional Investigadora de las causas y situaciones presentes de la violencia en el territorio nacional” (conocida también como “Comisión de Paz” o como “La Investigadora”), con el fin de que llevara a cabo un “estudio directo” de “aquellos departamentos o regiones del país más afectados por el desorden y la delincuencia”, que hiciera posible identificar “el conjunto de móviles determinantes de estos fenómenos y su perduración” (Artículo 1). En el Artículo 5 se autorizaba a la Comisión a desplazarse a todos los sitios que juzgara conveniente, a “tener acceso a todas las dependencias oficiales” para conocer de primera mano todos los informes, “de carácter público, reservado o secreto”, “los sumarios y demás expedientes”, con el fin de que pudiera sustentar “sus opiniones en hechos concretos” y, sobre esa base y el contacto con la población, hiciera propuestas al Gobierno para restablecer la paz y la concordia1. La convocatoria se hizo con la anuencia y el respaldo de Alberto Lleras Camargo, quien en ese momento era el Presidente electo para el período 1958-1962.

La Comisión, después de algunos forcejeos (nombramientos y renuncias de los postulados2), estuvo compuesta finalmente por tres representantes de los partidos: Otto Morales Benítez (coordinador) y Absalón Fernández de Soto, por el Partido Liberal y Augusto Ramírez Moreno, por el Partido Conservador; dos militares: el brigadier general Ernesto Caicedo López (Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas) y el general (retirado) Hernando Mora Angueira; y dos sacerdotes: Fabio Martínez (párroco de Quinchía, Caldas) y Germán Guzmán Campos (párroco de Líbano, Tolima) quien había adelantado una importante labor en pro de la paz como párroco de Fresno (también en el Tolima) hasta el año anterior, como investigador sobre las causas de la violencia en el centro y norte de este departamento desde 1951 como Asesor Técnico de la Cooperativa de Agricultores y para la Gobernación del Tolima3. La Investigadora, durante los ocho meses de su funcionamiento, recorrió en su orden los departamentos de Caldas, Valle del Cauca, Cauca, Santander y Tolima y hoy en día la podemos considerar como el antecedente remoto de otras comisiones posteriores de estudio sobre el conflicto4.

La Comisión no dejó un informe escrito, pero llevó a cabo un reconocimiento directo de localidades y regiones devastadas por la Violencia y realizó más de veinte mil entrevistas con autoridades locales, regionales y nacionales, “cabecillas de todas las tendencias”, “líderes religiosos y políticos, jefes militares y tropas de base”, exiliados, detenidos, jueces y notarios, entre muchos otros; logró promover cincuenta y dos pactos de paz donde la violencia seguía vigente; propuso medidas para las zonas afectadas y programas de acción. Pero, sobre todo, llevó a cabo una labor documental consistente en la revisión de archivos de parroquias, notarías, juzgados, inspecciones de policía e informes oficiales de ministros y gobernadores; revisó las pocas series de datos estadísticos existentes en ese momento y documentación cartográfica y fotográfica de las zonas afectadas; recolectó materiales relacionados con los elementos culturales del conflicto (canciones, coplas, afiches, hojas volantes, cartas e, incluso, objetos pertenecientes a los combatientes o a las víctimas) y se tomó el trabajo, igualmente, de revisar las fuentes secundarias sobre la Violencia que habían aparecido hasta el momento, como ensayos, crónicas, cuentos y novelas5.

Sobre la base del trabajo de la Comisión uno de sus miembros, Germán Guzmán, quien oficiaba de Secretario, construyó, a su cuenta y riesgo, un archivo personal con todo el material que pudo recoger en contacto con la población, tarea que continuó con los informes de los “equipos de recuperación” de la “Gran Misión de Paz del Tolima” en 1960, de la cual sería coordinador, y por la cual Monseñor Rubén Isaza, Obispo de Ibagué, propondría su nombre al Papa Juan XXIII para recibir el título honorífico de Monseñor por su labor “en pro de la paz y la verdad”.

Un grupo de profesores de la recién creada Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia (Camilo Torres Restrepo, Orlando Fals Borda, Andrew Pearse y Roberto Pineda), conocedores de la existencia de ese archivo, viajaron hasta El Líbano a comienzos de 1961 para proponerle al padre Guzmán, con la colaboración de los profesores de la Universidad, la publicación de un libro que recogiera la información de que disponía.6 A pesar de la reticencia inicial, pero con la mediación del presidente Lleras Camargo (quien ya le había sugerido que publicara su trabajo en una visita que realizó a El Líbano el 7 enero de 1959) y la autorización de Monseñor Rubén Isaza, Obispo de Ibagué, lograron convencerlo de que participara en dicho proyecto7.

Este archivo, organizado y clasificado, como se observa por las citas que aparecen en el texto, es la fuente primordial del libro La Violencia en Colombia. Estudio de un proceso social, de Germán Guzmán Campos, el sociólogo Orlando Fals Borda y el abogado Eduardo Umaña Luna. Su aparición en junio de 1962 suscitó una inmensa polémica de carácter nacional porque revelaba una serie de hechos de violencia frente a los cuales existía un acuerdo tácito de mantener el silencio, en el marco del pacto de alternación y paridad de los partidos Liberal y Conservador para poner fin al enfrentamiento, conocido como Frente Nacional8. El libro se convirtió en la fuente privilegiada en la cual se basaron los estudios hasta finales de los años 1970, momento en que se produjo una renovación de las investigaciones con la aparición de múltiples monografías regionales y algunos textos de conjunto. Aún hoy en día sigue siendo una referencia insoslayable para los investigadores.

Sin embargo, lo que apareció recopilado en el libro es apenas una pequeña parte de la documentación que el autor poseía. Desde su publicación la suerte del archivo fue motivo de toda clase de especulaciones e interrogantes sobre su existencia. Preguntado por su suerte, Guzmán, ya retirado de la vida sacerdotal, dijo en 1986 que “es mentira que lo haya vendido, cedido o enajenado. Reposa en mi poder guardado con cautela en lugar seguro”9.

Una vez concluido el trabajo de la Comisión el padre Guzmán —ya nombrado Monseñor en la categoría de “Camarero Secreto del Papa Juan XXIII”— continuó enriqueciendo su archivo con nuevos documentos relacionados con aspectos como el bandolerismo de los primeros años del Frente Nacional; la situación de la Iglesia Católica, el papel de Camilo Torres, la teología de la liberación y los “curas rebeldes” de la época; las polémicas que se establecieron sobre el papel de la Iglesia en el conflicto y la radicalización de los curas; la situación social de los años 1960, la invasión de tierras, las migraciones y el desplazamiento de campesinos a la ciudad, las condiciones carcelarias, la acción comunal y la reforma agraria; el desarrollo de los grupos guerrilleros en la primera parte de esta década y los procesos de pacificación; las reacciones a la publicación del libro La Violencia en Colombia; la producción intelectual del propio Germán Guzmán como profesor e investigador de la Universidad Nacional, la Universidad INCCA y posteriormente del Colegio de Posgraduados en México (Campus Montecillo, Texcoco), entre otros aspectos.

Antes de su muerte, ocurrida en México el 12 de septiembre de 1988, Germán Guzmán tomó medidas para la conservación y difusión responsable del archivo, dada la inmensa importancia que los documentos revestían para la comprensión de la Violencia en Colombia. En cumplimiento de esta voluntad la Universidad del Valle está llevando a cabo la digitalización y la difusión del archivo, con el ánimo de que su conocimiento permita renovar de manera decisiva las investigaciones sobre el tema. Con el nuevo auge de la violencia que se presenta desde mediados de los años 1980, el interés por lo sucedido en aquella época pasó a un segundo plano y los investigadores se orientaron más al estudio de lo que ocurre a partir de ese momento. Consideramos, por el contrario, que es fundamental que las ciencias sociales contemporáneas en Colombia asuman el conflicto actual en perspectiva histórica, de mediano y largo plazo, es decir, que se reconstruyan sus nexos con la Violencia bipartidista de los años 1950. El planteamiento más correcto frente a este problema es considerar que entre ambos períodos de violencia existen al mismo tiempo continuidades y discontinuidades, que es necesario reconstruir y ponderar. Los nuevos documentos pueden contribuir a la realización de este propósito y renovar las perspectivas de análisis e interpretación.

El Archivo Germán Guzmán Campos busca preservar el trabajo y la memoria de quien estuvo al frente de su recopilación. Su conservación y la gestión del Archivo Virtual está a cargo del Centro de Investigación y Documentación Socioeconómica (CIDSE) de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle.

Grupo de trabajo: Emma Zapata Martelo, Luis Carlos Castillo Gómez, Francisco Ramírez Potes y Alberto Valencia Gutiérrez.

El cristo Campesino. Versión inédita

PRÓLOGO

CÓMO SE RESUELVE LA VIOLENCIA DE LOS AÑOS 195010

Este libro presenta ante la comunidad académica interesada en los estudios sobre la Violencia11 de los años 1950 en Colombia, una antología de los informes que recibió la Comisión Nacional Investigadora de las causas y situaciones presentes de la violencia en el territorio nacional, en su periplo por varios departamentos, entre junio de 1958 y enero de 1959. Estos documentos constituyen una “fuente primaria” muy valiosa para la investigación porque representan la voz de unas víctimas que narran sus vivencias, describen los daños sufridos y elaboran una representación de lo sucedido. En otros términos, se trata de la Violencia contada por uno de sus principales protagonistas.

Para su comprensión la primera parte ofrece al lector un panorama de los principales componentes que definen el contexto en el cual se llevaron a cabo las gestiones de la Comisión Investigadora. A la salida de una guerra con el exterior o de una conmoción interior de gran envergadura, una sociedad, para restablecer la institucionalidad, restaurar el tejido social quebrantado y garantizar la no repetición, debe realizar al menos tres tareas: la reparación de las víctimas y de los daños, la identificación de las responsabilidades y la elaboración del sentido de lo sucedido.

Los documentos recogidos brindan nuevas luces para descifrar la manera como se resolvieron estos tres aspectos, en el marco del pacto político del Frente Nacional, creado para poner fin al enfrentamiento entre liberales y conservadores. La pregunta sería si la forma precaria como se resolvió el conflicto es uno de los factores que ha favorecido su continuidad en los años posteriores y su presencia en la actualidad, con nuevos elementos y en otros contextos.

LA PRIMERA TAREA: LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y DE LOS DAÑOS

La reparación de los daños dejados por el conflicto (o la atención a las víctimas como se dice hoy en día), comenzó desde el momento mismo en que el presidente Gustavo Rojas Pinilla decretó el 18 de junio de 1953 la primera amnistía a los alzados en armas a los pocos días de su llegada al poder. Mediante el Decreto 1725 del 2 de julio de 1953 se creó la Oficina de Nacional de Rehabilitación y Socorro para que se encargara de la situación de los pobladores que habían abandonado las armas y se habían acogido a la amnistía.

Durante el Gobierno militar se creó igualmente la Secretaría de Asistencia Social y Protección Infantil (SENDAS), una institución que, a pesar de no estar enfocada directamente al tema de la violencia, tenía como fin realizar una importante labor de asistencia social. La Junta Militar de Gobierno, al tomar el relevo del manejo del Estado en 1957, revisó su funcionamiento, encontró irregularidades y decidió sustituirla por el Servicio de Asistencia Social (SAS). Sin embargo, las dos piezas más importantes relacionadas con el proceso de rehabilitación y reparación de los daños dejados por la Violencia fueron la Comisión Investigadora de las causas y situaciones presentes de la violencia en el territorio nacional y la Comisión Especial de Rehabilitación.

La Comisión Investigadora (como se denominará a partir de ahora) fue creada mediante el Decreto 165 del 21 de mayo de 1958 con el encargo de estudiar las “causas generadoras de la violencia” y proponer fórmulas para superar la difícil situación en la que se encontraban las zonas afectadas. La Comisión estaría conformada por un grupo de notables: cuatro miembros de los partidos Liberal y Conservador, dos de la Iglesia Católica y dos de las Fuerzas Armadas, bajo la idea de que estas instituciones eran las más representativas y, por consiguiente, las llamadas a comprometerse en esta empresa. Finalmente, uno de los delegados del Partido Conservador se integró de manera tardía y uno de los delegados del Partido Liberal se retiró a mitad de camino para asumir un cargo administrativo. Solo seis miembros hicieron el periplo completo, durante un período de ocho meses.

Los integrantes de la Comisión Investigadora visitaron los departamentos del antiguo Caldas (Caldas, Risaralda y Quindío), Valle del Cauca, Cauca, Tolima y parte de Santander y del Huila. A su paso por estas regiones recogían informes presentados por los habitantes acerca de la situación imperante en sus municipios. El padre Guzmán, uno de los miembros de la Comisión, con una gran vocación de archivista y sociólogo, en un momento en que su orientación era fundamentalmente religiosa y teológica, se dedicó a conservar los documentos que iba recibiendo. Sin embargo, en el archivo que sirve de fuente para la construcción de este libro solo encontramos textos relacionados con los departamentos de Caldas, Valle del Cauca y Tolima. Hemos llevado a cabo una selección de los más representativos para ser publicados como una antología, pero la totalidad del corpus se encuentra en la página web del Archivo Virtual Germán Guzmán Campos de la Universidad del Valle, en su versión original y en copia, disponible para los lectores.

Un mes después de creada la Comisión Investigadora, la Junta Militar de Gobierno propuso un marco legal para un programa de rehabilitación de la Violencia, mediante el Decreto 221 del 27 junio 1958, que otorgaba atribuciones especiales al Presidente de la República para la realización de esta tarea, fundamental en el marco del nuevo orden fundado por el Frente Nacional. En el contexto de esta nueva política, la Comisión Investigadora propuso la creación de una entidad de alto nivel encargada de la rehabilitación, un ministerio o un departamento administrativo, con base en una propuesta hecha por Alberto Lleras Camargo, el primer presidente del Frente Nacional, en su discurso de posesión. Fue así como se creó la Comisión Especial de Rehabilitación, que desarrolló sus funciones entre septiembre de 1958 y diciembre de 1960, la segunda pieza fundamental del proceso de superación del conflicto.

Uno de los propósitos de este libro es mostrar los orígenes, el desarrollo, los logros y las limitaciones de cada una de estas comisiones, verdaderos antecedentes de procesos similares que se llevan a cabo actualmente en Colombia con los grupos alzados en armas. La conclusión que se puede adelantar es que desde 1953 si hubo intención por parte de los diversos gobiernos de hacerse cargo de la situación de las víctimas y de los desastres producidos por la Violencia. El problema es que la magnitud de lo sucedido era muy superior a los recursos movilizados o disponibles y, sobre todo, a la voluntad política de emprender una genuina labor de rehabilitación.

Lo que ocurrió finalmente, ante la persistencia de la violencia y la oposición de los sectores más conservadores, es que se optó por una solución militar del conflicto, que se cristalizó en los ataques militares de 1964 contra las llamadas “repúblicas independientes” que se habían organizado en el sur y en el centro del país. Estas acciones cierran de manera drástica el ciclo de rehabilitación que se estableció desde 1953 y dan paso a un tratamiento puramente militar del conflicto armado, que va a perdurar hasta 1982, momento en que el presidente Belisario Betancur reinaugura un proceso político de paz con los grupos alzados en armas.

LA SEGUNDA TAREA: EL JUICIO DE RESPONSABILIDADES

El Frente Nacional, en cuyo marco se define el universo de la política a partir del año 1958, no era solo un pacto para compartir y alternarse en el poder por dieciséis años, sino un acuerdo que tenía como presupuesto tácito, no declarado oficialmente, instaurar un manto de perdón y olvido sobre lo ocurrido en los doce años anteriores a su inauguración. El temor era que si se promovía un juicio de responsabilidades se corría el riesgo de avivar de nuevo las heridas y se crearían las condiciones para el renacimiento de la violencia. La consigna, entonces, era el perdón, el olvido y el compromiso implícito de no hablar de lo sucedido. Una gran mayoría de los actores políticos del momento compartían este acuerdo de impunidad.

Sin embargo, el compromiso de silencio tuvo dos trasgresiones. La primera fue el juicio que se instauró contra el general Gustavo Rojas Pinilla, a su regreso de España el 11 de octubre de 1958, en el momento mismo en que se inauguraba el Frente Nacional. Se trataba, antes de cualquier cosa, de anular las pretensiones políticas del expresidente, socavar los posibles apoyos que aún pudiera tener entre los sectores populares y las Fuerzas Armadas y desprestigiar a estas últimas como alternativa de poder.

El juicio propiamente dicho, después del proceso de levantamiento de los cargos en la Cámara de Representantes durante el segundo semestre de 1958, comienza en el Senado el 22 de enero de 1959. La idea era acusar a Rojas Pinilla de cargos anodinos, y no propiamente de los aspectos verdaderamente significativos de su gobierno. Dado que buena parte de las élites políticas habían estado comprometidas con el Gobierno militar, se trataba también de limitar el juicio de manera exclusiva a la persona del General.

La defensa de Rojas ante el Senado de la República transformó el enjuiciamiento por problemas menores en un proceso contra lo sucedido en los doce años anteriores. Y de esta manera se abrió la brecha para que en las sesiones del juicio se estableciera una confrontación de acusaciones y contra acusaciones, entre los principales representantes de las élites políticas del momento. De esta manera, el Frente Nacional que buscaba enfrentar a su principal enemigo, terminó siendo contrariado porque se abrió un espacio para hablar y discutir de lo que debía ser olvidado.

La segunda trasgresión del pacto político del Frente Nacional provino de un grupo de profesores de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, con la anuencia del presidente Alberto Lleras Camargo, que tomaron la iniciativa de proponer al padre Germán Guzmán Campos, párroco de Líbano (Tolima), la publicación de un libro con base en los archivos recolectados en el trabajo de la Comisión Investigadora. En 1962 aparece La Violencia en Colombia. Estudio de un proceso social, que revela lo sucedido durante aquellos años, departamento por departamento, región por región, municipio por municipio, vereda por vereda, con base en una documentación de primera mano.

La Comisión Investigadora nunca presentó un informe final de sus gestiones y, ante esta carencia, la publicación de este libro hace sus veces, así solo uno de sus miembros haya participado en su redacción en una etapa posterior. Su aparición produjo gran escándalo en el país porque revelaba lo que debía ser olvidado, en contravía una vez más del pacto de silencio propuesto por el Frente Nacional. A partir de esta obra se inauguran en Colombia los estudios sobre las múltiples violencias que asolan al país.

LA TERCERA TAREA: LA CONSTRUCCIÓN DEL SENTIDO Y LA MEMORIA

La construcción de la memoria ha llegado a convertirse en punto de referencia para aquellos países que han pasado por grandes conmociones desde la Segunda Guerra Mundial, como Alemania, Francia, España, Polonia, Holanda y otros más. En América Latina se encuentra a la orden del día después del derrumbe de los regímenes militares en los años 1980 (Chile, Argentina, Brasil, entre otros). En Colombia el problema irrumpe con la Ley de Justicia y Paz y la creación del Grupo de Memoria Histórica en 2007. El “auge memorístico” nos obliga entonces a leer en “clave de memoria” los acontecimientos recientes de la historia nacional, en particular la Violencia de los años 1950 y el Frente Nacional que se puso en práctica para superar el enfrentamiento entre los partidos.

Sin embargo, lo ocurrido entre 1946 y 1958 no se presta para ser integrado, en términos de continuidad, a la historia nacional. En primer lugar, este período aparece como una interrupción de la trama institucional que se produce en 1949 con la disolución de la Unión Nacional (acuerdo entre los partidos Liberal y Conservador conformado después del 9 de abril), el asesinato de un parlamentario en el recinto de las sesiones, el retiro de los liberales de la campaña presidencial, la censura de prensa, la declaratoria del estado de sitio y el cierre del Congreso por parte del presidente Mariano Ospina Pérez.

En segundo lugar, no es fácil entender las razones por las cuales dos partidos políticos, que habían sido factores de integración social y fuentes fundamentales para la construcción de las identidades políticas y sociales de los ciudadanos, se habían comprometido en una lucha por el exterminio físico del adversario, con base en crímenes caracterizados por grados máximos de sevicia y de horror. Estos dos aspectos hacen difícil la elaboración de lo sucedido y la posibilidad de encontrar allí referentes simbólicos para orientar las luchas y los procesos políticos posteriores a su culminación

La construcción de la memoria de los años 1950 comienza desde la época misma del conflicto y continúa en los primeros años de la década de 1960. Los “marcos sociales” en que se desarrolla este trabajo de “creación colectiva” son el Frente Nacional, el proceso de convalecencia de los duros años del conflicto, el resurgimiento de los conflictos sociales, la aparición de grupos guerrilleros de nuevo tipo, el marco internacional de la Guerra Fría y, sobre todo, la revolución cultural de los años 1960, presente en el mundo entero, pero con gran significado en Colombia.

No existe una memoria de la Violencia de los años 1950 sino varias, de diferente jerarquía y trascendencia, que compiten de diversas formas en la elaboración del sentido de lo sucedido. Distintos ámbitos se pueden identificar: el enfrentamiento primario de los partidos que se acusan mutuamente de las responsabilidades; las representaciones del pasado que construyen los nacientes grupos guerrilleros para dar cuenta de su existencia con base en la persecución que sufren; la Violencia como reino de la barbarie, como “fuerza impersonal y ciega anterior a los actores del conflicto”, que aparece y desaparece por períodos; o la interpretación doble que se produce del Gobierno de Gustavo Rojas Pinilla: la “leyenda blanca” de sus seguidores, que lo consideran heredero de las banderas populares del gaitanismo, y la “leyenda negra” de sus contradictores, que lo consideran el responsable directo de toda la época.

Todas estas construcciones tienen en común el hecho de que no logran realmente conformar una representación de lo sucedido en el marco de una elaboración simbólica con sentido, que vaya más allá de la singularidad del acontecimiento y de lo puramente mítico, y permita inscribirlo en una secuencia histórica comprensible. Por el contrario, el Frente Nacional ha tenido éxito en hacer ininteligible el proceso para las nuevas generaciones, a la manera de un “pasado que no pasa”, un “trauma vivo” que sigue produciendo efectos y reaparece de manera periódica.

La violencia no se interrumpe de manera definitiva con la llegada del Frente Nacional sino que sigue presente en la vida política. Después de un receso, que coincide de manera aproximada con los años de vigencia de este pacto político, irrumpe de nuevo entre los años 1977 y 1985, hasta alcanzar un clímax a finales del Siglo XX. Hoy en día nos encontramos a las puertas de un tercer ciclo de agudas proporciones, similar a los dos anteriores. La pregunta consiste entonces en indagar si la Violencia de los años 1950 y las violencias contemporáneas son fenómenos distintos y autónomos o si, por el contrario, se pueden establecer algunas líneas de continuidad entre ellos.

Es innegable que existen grandes discontinuidades entre los dos períodos: desaparece el enfrentamiento bipartidista, el país tradicional y arcaico cambió y se modernizó, los partidos políticos vieron menguada poco a poco su capacidad de movilización de la población, la religión perdió parte de su arraigo en las culturas populares, la socialización política de los jóvenes ya no se hace en el marco de la socialización primaria (“se nacía liberal o conservador”) sino como una decisión personal y racional de la edad adulta, las guerrillas se transformaron y pasaron de una lucha contra el Gobierno a una lucha subversiva contra el orden social, el narcotráfico todo lo trastornó, etc.

Sin embargo, también existen continuidades relacionadas con las zonas afectadas por el conflicto, la permanencia de los mismos protagonistas o la irrupción de otros nuevos en una línea genealógica marcada por las venganzas y las retaliaciones; la continuidad de las mismas formas de descifrar la división social; la presencia del crimen atroz, en el que se sustituye el machete por la sierra eléctrica y la escopeta de fisto por la mini Ingram; la fragilidad de los referentes simbólicos mediadores del conflicto; las formas excluyentes de los discursos, entre otras.

¿Que ha hecho posible que la violencia reaparezca en las décadas posteriores y se convierte en una constante en la vida política nacional, a la manera de una «compulsión de repetición» o de un «eterno retorno de lo mismo», como aparece en la mentalidad corriente?

La hipótesis que proponemos es que la forma como se resolvió el enfrentamiento entre liberales y conservadores de los años 1950 (la precaria reparación de las víctimas, la no identificación de los responsables y la falta de elaboración acerca del sentido de lo sucedido), constituye una de las claves fundamentales (entre otras posibles) que ha permitido que la violencia se reproduzca bajo distintas formas. La Violencia sigue estando presente en el trasfondo de los acontecimientos pero, sobre todo, de los imaginarios políticos y sociales que hacen posible las violencias contemporáneas. Esta es la historia que va a ser narrada en las páginas siguientes. Los archivos de la Comisión Investigadora pueden ayudarnos en esta tarea.

CONTENIDO

PRIMERA PARTE

COMO SE RESUELVE LA VIOLENCIA AÑOS 1950

LOS MARCOS SOCIALES Y POLÍTICOS DE LA REHABILITACIÓN

Las características del conflicto

El primer intento de solución: el golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla

El segundo intento de solución: el Frente Nacional

Los retos del Frente Nacional

Las dos vías de “solución” al conflicto

La rehabilitación y la reforma agraria

La irrupción de los conflictos sociales

El predominio de la línea represiva

Las “repúblicas independientes” y el fin de la rehabilitación

LA PRIMERA TAREA: LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y DE LOS DAÑOS

Los antecedentes de la rehabilitación

La Comisión Investigadora de las causas de la violencia

La Comisión Especial de Rehabilitación

LA SEGUNDA TAREA: EL JUICIO DE RESPONSABILIDADES

El ambiente de impunidad

La primera trasgresión: el juicio político contra Rojas pinilla

La segunda trasgresión: el libro La Violencia en Colombia

LA TERCERA TAREA: LA CONSTRUCCIÓN DEL SENTIDO DE LO SUCEDIDO Y LA MEMORIA

El auge memorístico en el mundo y en Colombia

La “compulsión de repetición” en la historia reciente

La carencia de un relato histórico

Los marcos sociales de la memoria

Los campos de la memoria

Conclusiones

SEGUNDA PARTE

LA VIOLENCIA CONTADA POR SUS VÍCTIMAS

LOS ARCHIVOS DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA

El periplo de la Comisión Investigadora

La visita al antiguo departamento de Caldas

La visita a los departamentos del Valle del Cauca y Cauca

La visita al departamento del Tolima

El paso por el sur del Tolima

El paso por el suroriente y el centro del Tolima

El paso por el norte del Tolima

LA ANTOLOGÍA DE LOS ARCHIVOS: EL ANTIGUO DEPARTAMENTO DE CALDAS (CALDAS, RISARALDA, QUINDÍO)

LA ANTOLOGÍA DE LOS ARCHIVOS: EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LA ANTOLOGÍA DE LOS ARCHIVOS: EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

NOTAS AL PIE

BIBLIOGRAFÍA

Curas comprometidos con la pacificación

Población campesina en armas

PRIMERA PARTE

COMO SE RESUELVE LA VIOLENCIA AÑOS 1950

LOS MARCOS SOCIALES Y POLÍTICOS DE LA REHABILITACIÓN

LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONFLICTO

La Violencia es un período que no tiene un comienzo ni un final fácilmente discernibles. El inicio del conflicto se da en el momento de la caída de la hegemonía liberal (1930-1946) con la persecución de los conservadores a los liberales, como preparación de las elecciones parlamentarias de 1947, en las que participa de nuevo el Partido Conservador después de estar ausente de las urnas desde comienzos de los años 1930. Muchos incluso consideran (entre ellos Germán Guzmán Campos12) que el conflicto comenzó en 1930, en los departamentos de Boyacá y Santander, como estrategia de “liberalización forzada” de la población, en el momento del cambio de la hegemonía conservadora a la hegemonía liberal. Los cerca de diez mil muertos que se presentan entre 1930 y 1932 es una cifra suficientemente significativa como para considerar este breve período como un antecedente de primera magnitud de las violencias posteriores13. La masacre continuada se interrumpe en el momento en que se presenta la guerra con Perú, como el “gran pretexto” para consolidar la unidad nacional, rota por el enfrentamiento bipartidista. Una célebre frase del líder político Laureano Gómez consagra este momento: “paz, paz en el interior; guerra, guerra en el exterior contra el enemigo felón”14.

La terminación del conflicto se presenta entre los años 1958 y 1965, conocido como la “época del bandolerismo”, momento en el cual la “coartada” partidista pierde sentido como motivación de los enfrentamientos violentos, que se convierten cada vez más en delincuencia común. La indeterminación de las fechas de inicio y finalización no es un problema de imprecisión por parte de los historiadores, sino una de las características más sobresalientes del conflicto. La Violencia no era una guerra civil en la que se enfrenten dos grupos claramente diferenciados, en combates convencionales, con momentos de inicio y de cierre precisos y con intereses en juego muy claros, como la Guerra Civil española, sino un enfrentamiento “anómico” y desorganizado, con intereses diversos y múltiples actores, que no responden a una directriz común.

La polémica sobre el número de muertes ocurridas durante este período sigue vigente en los estudios académicos. En el libro La Violencia en Colombia de Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, la primera gran obra académica publicada sobre el conflicto en 1962, se presenta un cálculo de 134.820 muertos entre 1949-195815. Años más tarde esta cifra fue precisada, a partir de una serie de tecnicismos estadísticos por el señor Carlos Lemoine, en 180.253 muertos para el período 1947-1973 (5811 entre 1958-1973)16. De manera reciente, el historiador Adolfo Meisel, ha abierto un gran debate sobre el tema al considerar que la cifra puede ser significativamente inferior a la prevista por estas fuentes17. Sin embargo, todas las suposiciones son relativas porque no se cuenta con inventarios confiables, los recuentos oficiales de la Policía Nacional solo comienzan a aparecer en 1959 y la posibilidad de que exista un subregistro de los muertos es bastante alta. De todas maneras, no hay que dejar de lado que el conflicto de la época ha sido considerado como una de las mayores movilizaciones colectivas del siglo XX en América Latina, comparable a lo que fue la Revolución de comienzos de siglo18.

La característica más sobresaliente y generalizada de los enfrentamientos de la Violencia es que se llevan a cabo en nombre de las banderas de los partidos Liberal y Conservador, así el conflicto se integre a una serie diversa de elementos litigiosos en cada una de las regiones. La palabra Violencia (con mayúscula) se ha convertido en sinónimo de enfrentamiento partidista en la vida del país, para resaltar su elemento más distintivo. Sin embargo, estos partidos carecían de una clara línea de demarcación en términos económicos, sociales o políticos y representaban, más que opciones frente al Estado o concepciones diversas de la sociedad, “subculturas de la vida cotidiana”19, ya que la socialización política de la época no se daba como resultado de una opción racional, propia de la vida adulta, sino como socialización primaria, en el campo de la familia: “se nacía liberal o conservador” de acuerdo con la familia o la región de origen. Para los colombianos de la época, como criterio de identidad, más significativo que pertenecer a una “comunidad imaginada” llamada Colombia, era la filiación partidista y el origen regional.

Una segunda característica es que en nombre de los partidos Liberal y Conservador se lleva a cabo un enfrentamiento caracterizado por la sevicia y el horror. Los crímenes cometidos en esa época están a la altura de los anales del horror y de la “historia universal de la infamia” que se conocen en nuestra cultura occidental: el descuartizamiento del cuerpo del adversario, la agonía prolongada en el tiempo para hacer sufrir a la víctima que debía ser consciente de su propia destrucción; la búsqueda privilegiada de significantes relacionados con la sexualidad y la reproducción (órganos genitales, senos, mujeres embarazadas, fetos) porque había que extirpar al adversario en las fuentes primarias de la vida; la supresión de las nuevas generaciones bajo la idea de “no dejar ni la semilla”; las prácticas de ensañamiento sobre los cadáveres a las que se sometían los novicios; los genocidios y las grandes matanzas colectivas e indiscriminadas; los insultos presentes en la realización de los actos; el desdoblamiento de los comportamientos de los protagonistas, que pasan de ser personas integradas a un orden social a convertirse en terribles criminales; el estilo de cruzada religiosa de los enfrentamientos a la manera de la Guerra Civil española; el crimen convertido en un espectáculo, en un lenguaje y en un medio de comunicación entre grupos, partidos y regiones. Las formas de matar no son simplemente instrumentales, es decir, un medio sustituible para la realización de un fin, sino que tienen una dimensión expresiva, propia del tipo de relación en la que se presentan.

La pregunta que aún subsiste, que aún no ha obtenido respuesta adecuada, es por qué en nombre de dos partidos políticos, cuya oposición carecía de fundamento en el plano económico, político y social, se lleva a cabo un enfrentamiento de la población, en una buena parte del país, con todas esas características de sevicia y de crueldad. La hipótesis que hemos querido sustentar en otro lugar es que las características de horror de los enfrentamientos bipartidistas podrían ser explicados, de acuerdo con una perspectiva socio psicoanalítica, como resultado de que la socialización política se lleva a cabo en el marco de la socialización primaria, en el mismo espacio en que se produce la conformación de las identidades primarias del sujeto humano (la imagen de la unidad del cuerpo, la adquisición de un nombre y la inscripción en una serie genealógica, el ingreso al lenguaje y a la diferencia de los sexos)20. La confluencia de ambas formas de socialización en el mismo espacio familiar sería la razón por la cual se produce el crimen atroz en el ámbito local, cuando las identidades políticas liberal y conservadora se ponen en cuestión en el escenario nacional. Este “núcleo básico” de socialización primaria se despliega y se integra de manera diversa en los variados contextos locales y regionales.

EL PRIMER INTENTO DE SOLUCIÓN: EL GOLPE MILITAR DE GUSTAVO ROJAS PINILLA

La Violencia, como ya hemos observado, irrumpe en el segundo semestre de 1946. El número de muertos que se presenta en los años 1946, 1947 y 1948, es un testimonio fehaciente de la magnitud del enfrentamiento que en ese momento existe. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, a diferencia de lo que se afirma en la “vulgata histórica”, no es el punto de partida de la Violencia en todas partes (en los Llanos Orientales, por ejemplo, comienza con la muerte del líder) pero sí contribuye de manera decisiva a su radicalización. Sin embargo, desde un punto de vista simbólico, el magnicidio funciona como la ruptura trágica de un “pacto social” que hace posible la irrupción de un “estado de naturaleza”, que tiende a perpetuarse mientras el lugar simbólico de la responsabilidad siga vacío21.

En los meses inmediatamente posteriores a la muerte del líder político, las élites políticas liberales y conservadores establecen un pacto por lo alto para compartir la responsabilidad del ejercicio del poder, llamado Unión Nacional. A partir de su ruptura, en mayo de 1949, el conflicto se generaliza y se desborda. El retiro de los liberales de la contienda electoral, el atentado que se presenta en el Congreso de la República contra dos parlamentarios (uno de los cuales muere en ese instante), el cierre del Congreso por parte del presidente Mariano Ospina Pérez, la censura de prensa, la declaratoria de estado de sitio y el triunfo de Laureano Gómez, como candidato único en las elecciones de 1950, son momentos diversos que van marcando la llegada a un punto de “no retorno” en el escalamiento del conflicto. El año 1950, con 50.253 muertos, que representan el 27.88 % del total de muertos del período (1947-1973) y una tasa de 447 por 100 mil habitantes es probablemente el más violento de toda la historia de Colombia, al igual que el lapso comprendido entre 1949 y 195322.

Los enfrentamientos radicales entre las élites políticas, que se producen en el plano nacional entre 1946 y 1949, tienen un eco profundo en los sectores campesinos del momento, hasta el punto de que estos se convierten por sí mismos, más allá de las “consignas provenientes de lo alto”, en protagonistas activos, no solo instrumentales, de los enfrentamientos. Las disputas políticas de carácter nacional se traducen en lo local en muerte y persecución del adversario político, hasta su exterminio.

El campesino de una vereda persigue a muerte al campesino de la vereda del frente (como ocurre en el departamento de Boyacá), del cual solo lo separa la afiliación a un partido político, aunque comparta la misma miseria, la misma exclusión, la misma pobreza, el mismo desarraigo, la misma marginalidad. Y de esta manera, con la implantación profunda en los sectores populares campesinos, la violencia adquiere una dimensión horizontal y fratricida y comienza a reproducirse por sí misma, más allá de las orientaciones de los grandes jerarcas de los partidos del momento. El discurso de posesión de Laureano Gómez el 7 de agosto de 1950 constituye una prueba fehaciente de la toma de conciencia, por parte de las élites políticas, del desencadenamiento de un conflicto que habían alimentado con sus disputas pero cuyas consecuencias no alcanzaron a prever: “todos nos hemos equivocado, pero la dura mano que nos oprimió, nos hizo comprender nuestro yerro”, decía el líder conservador23.

Las élites políticas, preocupadas por el impulso incontrolable que la violencia tenía en los sectores populares, comienzan a buscar algún tipo de solución para detener un conflicto que se les había salido de las manos. La primera de las alternativas buscadas fue el derrocamiento del presidente Laureano Gómez (quien había sido sustituido en la presidencia por Roberto Urdaneta Arbeláez en diciembre de 1951 por motivos de enfermedad pero seguía siendo el titular) y su reemplazo por un Gobierno militar, en cabeza de uno de los líderes más significativos de las Fuerzas Armadas del momento. Los militares, a diferencia de la Policía, habían permanecido relativamente distantes del conflicto y contaban con el apoyo de la población.

El 13 de junio de 1953 hacia el final del día, después de muchas discusiones y de contemplar diversas propuestas, asume el poder el general Gustavo Rojas Pinilla24. Su llegada es recibida con gran alborozo por parte de la población y de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas del momento, con excepción del grupo del Presidente derrocado. Se le considera el “salvador de la República”, el “nuevo Libertador”, el “Presidente de la paz”. Y de hecho, durante los primeros dieciocho meses de su Gobierno, vive una “luna de miel” con la opinión, solo oscurecida por la muerte de los estudiantes el 8 y 9 de junio de 1954, pocos días antes de la celebración del primer año de su arribo al poder.

La llegada de Rojas Pinilla se traduce en una gran desmovilización de los grupos armados existentes en ese momento en diversos departamentos. Su Gobierno representaba, al menos inicialmente, una voluntad política por parte del Estado de resolver un problema, por la vía de la negociación y el diálogo. Se calcula entre 20.000 y 80.000 efectivos el número de combatientes activos durante los cuatro años anteriores a 195325. Aunque no todo fue “color de rosa” en las entregas de los grupos armados26, el proceso logró la desmovilización de una parte importante de la población comprometida: se dice que 3500 hombres se entregaron junto con sus familias en todos los departamentos de Colombia, 1489 en los Llanos Orientales, entre el 9 de septiembre y el 7 de octubre de 195327.

El éxito provenía en buena medida de que los guerrilleros no confiaban en el Gobierno conservador ni en la Policía, pero sí confiaban en las Fuerzas Armadas, sobre todo en el Ejército. En los Llanos Orientales, por ejemplo, en el momento de la llegada de Rojas Pinilla, estaban a punto de promulgar la Segunda Ley del Llano, más radical y más revolucionaria, inspirada en las ideas de Rafael Uribe Uribe y Jorge Eliécer Gaitán, pero la confianza que produjo el nuevo Gobierno cerró esa posibilidad28.

Los resultados de la pacificación de Rojas Pinilla, más allá del número de desmovilizados, fueron precarios en algunos aspectos: los campesinos que regresaban a sus tierras las encontraban ocupadas, faltaban garantías de créditos y de recursos para reemprender la nueva vida. El Gobierno incumplió buena parte de sus promesas y la reconstrucción de las zonas afectadas se quedó a mitad de camino. Los caciques regionales recuperaron el control del poder local e impulsaron una persecución contra los sectores de la población que seguían luchando por reivindicaciones sociales o contra los antiguos combatientes. Guadalupe Salcedo, el símbolo de la rebelión llanera, fue asesinado el 6 de junio de 1957 en Bogotá en un momento en que se estaba reorganizando el movimiento. Dumar Aljure murió sitiado por el ejército el 5 de abril de 1968.

Las guerrillas del sur del Tolima y de Sumapaz no se acogieron a la amnistía. A partir de febrero de 1955, en el marco de la “Guerra Fría” y de la lucha contra el comunismo, y en contravía con lo que había sido la primera desmovilización, el Gobierno militar lanza una ofensiva sin precedentes contra la región del Sumapaz y utiliza las nuevas formas de guerra que en ese momento se estaban ensayando, como es el caso de las bombas de Napalm29. En este marco se lleva a cabo el bombardeo contra las poblaciones de Villarrica y Sumapaz el 7 y 10 de junio 1955. De esta manera la labor de Rojas Pinilla terminó siendo contradictoria con la pacificación del país, que caracterizó a la primera parte de su Gobierno.

La lucha contra el comunismo siempre estuvo presente en el enfrentamiento bipartidista porque los conservadores consideraban que los liberales eran la “punta de lanza” del comunismo en Colombia. El Acto Legislativo número 6 de 1954 lo prohibió. El Decreto 0434 del 1 de marzo de 1956, definió los parámetros que permitían distinguir a una persona como perteneciente a este sector político30. Sin embargo, cuando el enfrentamiento entre conservadores y liberales pasó a un segundo plano, la lucha contra el “fantasma del comunismo” se convirtió en uno de los principales factores que garantizaron que la violencia se prolongara en los años posteriores a la inauguración del Frente Nacional, hasta nuestros días, sin que esto sea una explicación suficiente.

Durante los primeros dieciocho meses del nuevo Gobierno militar el país vive una bonanza económica gracias a los elevados precios del café. Sin embargo, esta situación comienza a resquebrajarse y a tocar fondo alrededor de diciembre de 1954, momento que coincide con la manifestación, por parte del Presidente y de su grupo, de las intenciones de crear un Movimiento de Acción Nacional (MAN), cuyo objetivo era respaldar la obra de gobierno en nombre de todos los partidos y de todas las clases sociales. El experimento dura dos meses. Más adelante, los días 12 y 13 de junio de 1956, a los tres años del golpe militar, nace la llamada Tercera Fuerza, el binomio “Pueblo-Fuerzas Armadas”, que marca el punto de no retorno del Gobierno de Rojas Pinilla con respecto a las élites civiles y políticas, que lo habían promovido inicialmente y le habían otorgado legitimidad.

Ante la “desilusión” con el Gobierno de las Fuerzas Armadas por sus deseos de independencia y de hacerse reelegir, y por la amenaza que representaba contra la ancestral y atávica oposición entre conservadores y liberales, como fundamento de la política colombiana, las élites políticas comienzan a idear un nuevo pacto político. En enero de 1957 se comienzan a organizar los movimientos de oposición y una gran movilización, no tanto para que Rojas deje el poder, sino para que renuncie a sus deseos de perpetuarse en el mando y facilite la participación de otros grupos políticos, distintos al “ospinismo”, el ala del Partido Conservador con la que había gobernado. El 10 de mayo de 1957, contra todas las expectativas, en una decisión tomada en menos de 24 horas, el Presidente abandona el poder, y lo deja en manos de una Junta, compuesta por cinco militares de su supuesta confianza, nombrados por él mismo en las horas de la madrugada de ese mismo día.

EL SEGUNDO INTENTO DE SOLUCIÓN: EL FRENTE NACIONAL

El nuevo pacto político ideado por las élites para retomar el control del país, que se conoce con el nombre de Frente Nacional, tuvo su origen en los acuerdos de Benidorm y Sitges entre Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, ratificados luego por el plebiscito del 1 de diciembre de 1957 y por el Acto Legislativo número 1 de 1959. El acuerdo consistía en la alternación en la Presidencia de la República de los partidos Liberal y Conservador (inicialmente por doce años pero postergado luego a dieciséis), y en el reparto de las ramas del poder público por mitades entre las dos colectividades. La reforma constitucional de 1968 postergó la paridad hasta 1978, cuatro años después de terminado el último Gobierno compartido y a partir de esa fecha, y de manera indefinida, estableció la llamada participación “adecuada y equitativa” del partido perdedor en el Gobierno, incluida como parte del segundo inciso del Parágrafo del numeral 1 del Artículo 120 de la Constitución. El pacto del Frente Nacional se termina realmente con la reforma constitucional de 1991, que arrasó con los últimos rezagos del acuerdo bipartidista.

El diagnóstico que sirvió de punto de partida para el pacto es que la violencia era consecuencia del interés del partido vencedor en las elecciones por perpetuarse en el poder y establecer una hegemonía. La historia colombiana, desde la creación de los partidos a mediados del siglo XIX, puede describirse como una sucesión de hegemonías de partido, que en muchos casos se acompaña de hechos violentos para conquistar el poder o para conservarlo.

Durante el siglo XIX se presentan al menos siete guerras civiles en nombre de los partidos hasta la llamada Guerra de los Mil Días (1899-1902), que dejó un saldo aproximado de cien mil muertos. En el momento en que se instaura la llamada República Liberal en 1930 se produce un brote de violencia partidista en los departamentos de Santander y Boyacá, orientado a cambiar la composición conservadora del electorado por una mayoría liberal. Este acontecimiento, se puede considerar como una especie de “eslabón perdido” entre las guerras civiles y la Violencia31. A partir de 1946 la historia se repite pero desde el bando contrario. El Partido Conservador, vencedor en las elecciones presidenciales, trata de imponer su hegemonía para ganar las elecciones parlamentarias de 1947 y la violencia gana nuevos bríos.

La propuesta del Frente Nacional era que si se establecía un pacto para compartir el poder la violencia terminaría. Se trataba de “congelar el ejercicio de la política” durante un período mientras se calmaban los ánimos, se restablecían los vínculos y se cerraban las heridas. Al cabo de un tiempo vendría entonces la “apertura política” en la que podrían participar corrientes de todos los matices. La idea del “congelamiento de la política” provenía de Alberto Lleras Camargo, el principal artífice del Frente Nacional: “la experiencia, dura, sangrienta y prolongada, nos ha enseñado que si cualquiera de los dos partidos pretende excluir al otro radicalmente del manejo de la cosa pública […], la violencia crece como un hongo fatídico”. La solución propuesta consiste en “un gobierno de los dos partidos, ejecutado a nombre de los dos, con su responsabilidad conjunta, y apoyado por una fuerza política […] para que lo defienda y lo mantenga, le asegure el respaldo de la opinión ciudadana y lo haga inmune al sectarismo”32.

Sin embargo, para que solo primara la división liberal conservadora, no se tuvieron en cuenta las pretensiones legítimas de otros sectores políticos cuya voz era imposible de acallar, en particular el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), liderado por Alfonso López Michelsen, la Alianza Nacional Popular (ANAPO) de los partidarios de Rojas Pinilla, algunos grupos de izquierda como el Movimiento Obrero, Estudiantil y Campesino (MOEC) fundado en 1959 y, posteriormente, los grupos armados. Igualmente, el país se encontraba en un proceso de convalecencia a la salida de la gran conflagración de la violencia bipartidista, en un momento en que en el mundo entero se estaba llevando a cabo una inmensa “revolución cultural”, de la que no escapaba Colombia. Mantener el predominio exclusivo de los partidos tradicionales era problemático, frente a una sociedad que se transformaba aceleradamente.

No obstante, en el ambiente político predominaba la aprobación del Frente Nacional. La “Gran Prensa” lo consideraba como la única alternativa viable en ese momento. El Espectador habla de “una nueva esperanza para Colombia” y la única solución posible para sus problemas. El Colombiano lo considera “un movimiento insustituible para el país”33. El Tiempo propone que se hable de una “Segunda República”, a la manera francesa, ya que la tradición republicana de Colombia se había interrumpido por una guerra civil34. El lenguaje que predomina en la prensa es de concordia y de entendimiento. El Frente Nacional es considerado como la única manera de desterrar la dictadura, de acabar con el odio, la violencia y el resentimiento y de “arreglar cuentas con el cruento pasado”. Para El Tiempo es “un cordial evangelio civilizador de la convivencia”35.

La Violencia no terminó con la inauguración del Frente Nacional el 7 de agosto de 1958. Algunos reductos de grupos armados permanecieron, pero al perder el apoyo de los partidos Liberal y Conservador, fueron degenerando poco a poco en delincuencia común. Un número muy reducido optó por hacer el tránsito a una guerrilla revolucionaria, como las que el país va a conocer a mediados de los años 1960. A este período se le ha dado el nombre de bandolerismo. Si se quisiera encontrar un final emblemático de la Violencia se podría identificar la muerte de Efraín González, el 9 de junio de 1965, en un gigantesco operativo militar de cinco horas contra la casa en que se refugiaba en el barrio San José, del sur de Bogotá.

LOS RETOS DEL FRENTE NACIONAL

El Frente Nacional, más allá del reparto del poder y de la alternación en la Presidencia, como salida a la disputa partidista, representaba un reto, en otros sentidos, frente a lo que había sucedido en los doce años anteriores. La Violencia había dejado al país en una situación precaria y era necesario llevar a cabo un proceso de reconstrucción institucional, económico y social, al servicio de la consolidación de un nuevo orden.

La primera tarea consistía en impulsar una reconstrucción del Estado y de la vida institucional y democrática, alterada por la instauración de una dictadura que había comenzado, no con la llegada al poder de un militar en 1953, como afirman algunos sectores, sino desde el momento en que el presidente Mariano Ospina Pérez cierra el Congreso en 1949 e instaura el estado de sitio. Los gobiernos posteriores en cabeza de Laureano Gómez, Roberto Urdaneta Arbeláez, Gustavo Rojas Pinilla y la Junta Militar se inscriben en la misma línea de continuidad de una dictadura (con diferencias de enfoque de acuerdo con los grupos políticos dominantes), que había contribuido a socavar las bases de la buena marcha de las instituciones en diversos aspectos: el funcionamiento del Congreso, el juego de los poderes públicos, la administración de justicia, el libre desenvolvimiento de la política, la forma de operar de las Fuerzas Armadas (sobre todo la Policía), la fragilidad del Estado, el sistema electoral, la representación de los ciudadanos en la administración pública, la autonomía que habían ganado gobernaciones y municipios que escapaban del control central para administrar sus violencias, las nuevas formas de autoridad local que habían surgido, etc.

La tarea económica consistía en reorganizar un orden que había sido profundamente alterado por los enfrentamientos armados: las formas de propiedad de la tierra se habían modificado en su distribución y en sus precios, las actividades de producción y de comercialización se habían alterado al igual que la apropiación de las cosechas y los excedentes agrícolas. Al comienzo del Gobierno de Alberto Lleras Camargo la situación económica del país, heredada de los gobiernos anteriores, era supremamente precaria y caótica, la situación fiscal estaba en el límite, el Estado se encontraba frente a una crónica carencia de recursos para enfrentar la nueva situación. Era necesario, pues, impulsar un gran proyecto de modernización económica y de puesta a tono de la economía con parámetros internacionales.

La tarea social consistía en asumir el enorme problema social que habían dejado tantos años de enfrentamiento y restaurar las relaciones profundamente trastornadas durante el conflicto. Había que llevar a cabo un vasto proceso de rehabilitación en varios ámbitos: las zonas afectadas por la violencia; los damnificados que habían perdido sus tierras, las habían abandonado o se habían visto obligados a venderlas a menosprecio; las familias cuyos seres queridos habían sido asesinados o desaparecidos; los desplazados del campo a la ciudad cuyo número se calculaba en 2.003.600 que engrosaban los cordones de miseria en los nuevos barrios periféricos de las ciudades36; la pobreza, los niños que habían sido obligados a tomar las armas o habían sido abandonados después de ver morir a sus padres; en fin, había que enfrentar las consecuencias de todo tipo que habían dejado los crímenes atroces, la destrucción de pueblos, habitaciones y lugares de trabajo.

Sin embargo, las posibilidades con las que contaba el nuevo régimen del Frente Nacional hacían difícil la realización de estas tareas. La indeterminación misma con respecto a la definición de lo que había sucedido y la falta de conciencia clara con respecto a los sucesos, que expresan las élites políticas del momento, hacían aún más difícil la situación.

Alberto Lleras Camargo, el principal impulsor de la paz y la concordia, un hombre que había estado por fuera del país hasta 1954 como Secretario General de la OEA, en la parte más álgida del conflicto, a diferencia de otros dirigentes políticos de la época, hacía un esfuerzo por reorientar el significado de estos sucesos, con el reconocimiento de las víctimas de ambos bandos: en su opinión, expresada el 17 de enero de 1958 (varios meses antes de ser nominado a la Presidencia), no se debía hablar de “muertos conservadores y muertos liberales sino de muertos colombianos”.

Lleras Camargo reconoce que el “gran complejo social y económico de la Violencia” no había sido examinado, nadie lo conoce a ciencia cierta y, por consiguiente, los remedios conocidos habían sido vanos porque se carecía de un diagnóstico preciso: quien la promueve, quien la estimula, quien la protege”. Además, plantea la idea de que “no hay una sola violencia sino varias al mismo tiempo” de acuerdo con las regiones e, incluso, en una misma región. Muchos sectores habían sacado provecho de lo sucedido y el país se encontraba frente a una nueva generación de niños y adolescentes que habían crecido en esos años aciagos37.

A pesar de este sombrío diagnóstico, así no estuvieran muy claros los orígenes de la hecatombe, Lleras Camargo consideraba que la solución a la difícil situación era el impulso del Frente Nacional, como la única manera mediante la cual “la nación podría regenerarse y rehabilitarse” después de “la feral guerra todavía no completamente liquidada”38. Esta fórmula representaba para Lleras “la cura inmediata de esta situación de crisis”39, una medida preventiva contra posibles “recaídas en la arbitrariedad”, característica del período anterior y una forma de arrebatarle a la delincuencia su justificación política, aislándola de las banderas ofrecidas por los partidos Liberal y Conservador.

Los sectores católicos, que se expresaban a través del periódico El Catolicismo, también insistían en que se encontraban frente a un fenómeno que escapaba a su comprensión y se preguntaban por qué se mantenía la violencia. Para responder esta pregunta no dudaban en considerar lo que sucedía como un fenómeno puramente delincuencial y criminal resultado de “malhechores que se pasean tranquilamente entre sus posibles víctimas” sin que estas tengan la posibilidad de reaccionar por el “temor de la venganza”. A pesar de que la legítima autoridad” cuenta con el “apoyo fervoroso y unánime de los colombianos honrados”, de que “los partidos políticos se declaran desvinculados del crimen” y de que la “fuerza pública es numerosa y bien dotada” los editorialistas del periódico no aciertan en “descifrar el oscuro enigma” de cómo “una minoría de forajidos tienen en angustiosa zozobra a la nación entera”40.

Las dificultades de llevar a cabo un proceso de reconstrucción eran de muy diversa índole. Además de la falta de recursos económicos para emprender una empresa de tal magnitud, la gobernabilidad del país era bastante difícil para un Presidente y un Gobierno que, a pesar de su buena voluntad de hacer las cosas bien, tenía serias limitaciones de carácter político. El Decreto Legislativo n.º 0247 de 1957, que recoge los resultados del plebiscito del 1 de diciembre de ese año, establecía en el numeral 3 que en las corporaciones públicas se requería de los dos tercios de los votos para sacar adelante una iniciativa legislativa41. La obtención de estas mayorías no era nada fácil dada la fragmentación de los partidos políticos en diferentes grupos; el crecimiento de la oposición al Frente Nacional, no solo en sectores de los propios partidos tradicionales, sino también por la irrupción de nuevas fuerzas políticas como el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) de Alfonso López Michelsen, o el sector de los seguidores del general Rojas Pinilla, que luego se agruparían en la Alianza Nacional Popular (ANAPO), el principal movimiento de oposición de los años 1960.