No lo vieron venir E-Book

Oscar Daniel Jadue Jadue

• Herausgeber: LOM Ediciones
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 261

Veröffentlichungsjahr: 2021

Beschreibung

Su experiencia política, conjugada con su formación académica, confieren a los textos que conforman este libro, una mirada crítica de la sociedad chilena y su modelo neoliberal heredado de la dictadura.

Leseprobe

© LOM ediciones Primera edición, diciembre de 2020 Impreso en 2000 ejemplares ISBN IMPRESO: 9789560013804 ISBN DIGITAL: 9789560014092 RPI: 2020-a-9733 fotografía de portada:Marcha del 25 de octubre de 2019. @Paulo Slachevsky<https://www.flickr.com/photos/pauloslachevsky/> Edición, diseño y diagramación LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago Teléfono: (56-2) 2860 68 00 [email protected] | www.lom.cl Diseño de Colección Estudio Navaja Tipografía: Karmina Impreso en los talleres de LOM Miguel de Atero 2888, Quinta NormalImpreso en Santiago de Chile

Índice

Introducción

Política nacional

Ciudad y desarrollo sustentable

Municipalismo

Internacional

Introducción

Muchos de quienes han sido protagonistas principales de la política en los últimos treinta años aseguran que no lo vieron venir. A pesar de las innumerables protestas que se sucedieron en este periodo, convocadas siempre por los mismos actores, siempre con las mismas demandas, primero con 50.000, luego con 200.000, luego con 500.000, después con un millón, y al final de este largo camino, con más de 2.000.000 de personas movilizadas simultánea y pacíficamente, afirman que nadie podía prever lo que se estaba incubando.

Muchos de los que han tomado las decisiones en nombre de lo que Chile necesitaba, aquellos que prometieron una y otra vez que atenderían los problemas, los dolores, las angustias y los sueños de nuestro pueblo; los que proclamaron a los cuatro vientos, en 1990, que la alegría ya venía, no lo vieron venir.

La burbuja en la que se sumergieron finalmente los cegó. El espacio de confort en el que habitaban, tan cerca del poder, ese poder al que se fueron acostumbrando hasta el punto de casi fundirse con él, los transformó en ciegos y sordos a las demandas y expectativas de ese pueblo al que juraron defender y por el que juraron trabajar incansablemente.

No lo vieron venir. Sin embargo, el 18 de octubre de 2019 quedará en la historia de nuestro país como el día en que ese malestar que se venía incubando hace años cristalizó por fin.

Es verdad, ese día Chile despertó y por eso lo recordaremos por siempre como el día en que se inició la verdadera transición a la democracia plena, el día en que la huelga económica se transformó en una verdadera huelga política y estuvo al límite de la insurrección. Lo recordaremos como el punto de inflexión en donde el pueblo llano, acompañado de todos aquellos movimientos, organizaciones sociales y unos pocos partidos políticos, que venían protestando por separado, cada uno por sus propias demandas y justas reivindicaciones materiales e inmateriales, se cansaron y se unieron.

Lo recordaremos como el día en que el pueblo de Chile, ese actor tan fundamental para el curso de toda democracia, pero que había sido expulsado por una élite del panorama social y político de nuestro país, decidió reaparecer para subirse de nuevo al escenario de su propia historia a jugar un papel de protagonista principal, decidido a no aceptar nunca más el papel de actor secundario que la clase dominante le tenía reservado para después del golpe de Estado, con el fin de mantener y ampliar sus privilegios.

Lo recordaremos como el día en que el pueblo de Chile volvió a aparecer en las calles de todo el territorio nacional de manera simultánea, obligando a quienes los habían olvidado a reintegrarlos en sus discusiones, en los textos de historia, en los discursos políticos, incluso en los medios de comunicación que servían y sirven a la clase dominante con un profesionalismo patético y desprovisto, la mayor parte de las veces, de toda ética y con pretensión de objetividad; el día en que el pueblo unido volvió a ser protagonista de su historia, y también de los estudios y las columnas de opinión de esa parte de la academia que había devenido en aplausómetro de las políticas neoliberales de todos los gobiernos postdictadura; el día en que ese actor tan fundamental para toda democracia, que había sido reemplazado conceptualmente por una masa amorfa de consumidores, más un puñado cada vez menor de ciudadanas y ciudadanos, solo capaces de definir cambios dentro de la continuidad determinada por las élites, volvió a decir basta e hizo temblar los cimientos de un modelo que los ignora y los desprecia.

Extrañamente, había pasado casi idéntica cantidad de años entre ese día y el golpe, de los que separan la instalación de la Constitución de 1925 y el triunfo de la Unidad Popular, como si el proceso de acumulación de fuerzas tuviera memoria, como si de un día para otro hubiese salido de un letargo que no era más que eso, un largo y lento proceso de acumulación de fuerzas para intentar, una vez más, transformar a Chile en un país para todas y todos.

Ese día, luminoso, formidable y potente, el pueblo de Chile entendió que separados jamás tendrían la fuerza para trasformar este país. Ese día, las y los trabajadores, las y los estudiantes, las mujeres, las y los jóvenes, las y los adultos mayores, las personas en situación de discapacidad, los marginados de siempre, los excluidos, los explotados, los que sufren de desesperanza aprendida, se unieron en una sola voz para exigir, de una vez por todas, cambios reales en un país que se había venido acostumbrando al abuso, a la desigualdad y a la incapacidad estructural de tener una vida digna que el modelo le impone a una abrumadora mayoría.

Ese día se inició la verdadera transición a la democracia postdictadura. Ese día partió la construcción de un Chile capaz de infundir esperanza en las nuevas generaciones, sin las cuales ningún cambio es posible; un Chile donde los sueños de todas y todos tengan el mismo valor; un Chile donde la dignidad sea costumbre y también Constitución.

Ello no implica desconocer los avances que en materia de libertades y mejoramiento de algunos indicadores socioeconómicos se materializaron en nuestro país en los últimos treinta años, pero el triunfo del pueblo de Chile, movilizado en un proceso ascendente, sistemático y continuo, a lo largo de esos mismos treinta años, terminó por arrancarle a una mayoría del sistema político esa convicción tan propia de la burbuja en la que habitaban, de que vivíamos en un oasis de paz y tranquilidad producto de un modelo que había sido ampliamente difundido como ejemplo, a lo ancho y largo de todo el mundo.

Muchos de ellos y ellas aseveraron que no lo vieron venir. Que nadie podría haber anticipado el malestar que se había incubado en esa mayoría social que durante años había hecho todo lo que el modelo le había dicho que tenía que hacer para tener una vida buena, y lo único que había conseguido a cambio de años de sacrificio y buen comportamiento, era presenciar cómo una minoría se enriquecía y vivía a sus anchas a costa del sacrificio de las grandes mayorías.

La certeza de que la vida buena jamás llegaría, que los sueldos y las pensiones seguirían siendo miserables, que la salud y la educación nunca alcanzarían para todos y todas, y que la dignidad había sido arrancada no solo de los textos, de los discursos y de las promesas electorales, sino de la vida misma. Esta certeza, vino a dar por terminada y fracasada la apuesta que una mayoría social y política hizo en 1988, de que era posible salir de la dictadura manteniendo la Constitución de la dictadura, el modelo económico de la dictadura, la impunidad para los crímenes de la misma y manteniendo en el aparato del Estado, en las FF.AA y en las policías la misma cultura organizacional que desarrollaron durante los 17 años de dictadura. Y como si fuera poco, dándole además al sector político que había gobernado con ella una mayoría parlamentaria que nunca tuvo su correlato en las urnas, pero que aseguraba que jamás podrían cumplir sus promesas, sencillamente porque siendo mayoría absoluta, nunca tendrían en el Congreso Binominal los votos necesarios para hacerlo.

Esto no fue un estallido social como algunos quieren plantear; esto fue un largo proceso destituyente de la institucionalidad heredada de la dictadura con la que algunos decidieron, a nombre del pueblo de Chile, convivir pacíficamente y servirse de sus privilegios. El 18 de octubre de 2019 hizo evidente algo que la Concertación de partidos por la democracia le había ocultado a todo Chile durante treinta años: que al menos una parte de ese conglomerado, sino todo, había vivido un proceso de convergencia ideológica, en lo económico, con la dictadura. Y los que no, simplemente habían renunciado a retomar la senda de construcción de un país más justo y solidario.

Por ello, las promesas contenidas en el Programa de los primeros gobiernos de la Concertación, de desmantelar el modelo restaurando los derechos sociales, laborales y económicos que la dictadura había arrebatado al pueblo de Chile, eran solo declaraciones vacías de contenido que lograron engañar a una parte importante del pueblo durante algún tiempo, pero que jamás lo conducirían al cumplimiento de sus sueños.

El pasar de los años y los sucesivos gobiernos irían develando esta verdad incómoda, en la medida que el flujo de inversiones extranjeras que había evitado llegar a Chile durante la dictadura y que lo inundaron en los primeros años, fue decayendo y las bonanzas económicas generadas por ellas y por el modelo primario exportador se fueran diluyendo en un modelo que solo proveía riqueza para unos pocos a costa de la incertidumbre y la angustia de las amplias mayorías.

La presente recopilación solo busca refrescar la memoria a todos aquellos que afirman que no lo vieron venir, solo con el objetivo de colaborar y aportar algunas pequeñas luces para una mejor comprensión de este largo proceso destituyente, que luego del plebiscito del 25 de octubre pretende transformarse en proceso constituyente. La lucha continúa.

Hasta que la dignidad se haga costumbre… y Constitución.

Política nacional

01 junio 2006

Brutalidad policial, vergüenza nacional

Definitivamente la figura del enemigo interno sigue estando presente, como una huella indeleble, en el código genético de nuestras Fuerzas Armadas, de orden y seguridad.

Por más que se esmeren, las autoridades militares y de carabineros, en presentar ante la sociedad una nueva cara bajo el paraguas de una nueva doctrina institucional, la doctrina de seguridad nacional y el compromiso con un modelo económico y no con la sociedad a la que deben proteger es lo que caracteriza a las fuerzas policiales del Chile de hoy.

Las imágenes que hemos visto en estos días, de carabineros atacando y golpeando de manera brutal, enfermiza y sin razón a manifestantes de escasos 15 años, golpeando a periodistas y jactándose de las violaciones a los derechos humanos en las que incurren como si fueran actitudes heroicas, muestran a una policía llena de odio y que se entiende a sí misma solo como un instrumento de dominación de clase y no como eufemísticamente la definen los textos legales y sus propias supuestas prácticas y doctrinas.

Ellas sienten que su función y motivo de existencia es reprimir y aniquilar cualquier intento, de cualquier grupo social, por generar cambios al sistema impuesto a sangre y fuego por la dictadura militar, y se identifican a tal grado con «la obra del gobierno militar» que cuando observan a alguien o a algún grupo social criticarla, se sienten criticados ellos mismos, como si el modelo neoliberal y las Fuerzas Armadas y de orden fueran una y la misma cosa.

Esa doctrina, que surgió de la misma fuente de la que nació el Consenso de Washington y la doctrina neoliberal, ha marcado de manera casi permanente a nuestras Fuerzas Armadas, y recuperarlas para el pueblo de Chile se presenta hoy como una necesidad urgente e impostergable. No vayamos a tener que arrepentirnos nuevamente de alguna víctima inocente asesinada solamente por el delito intolerable de pensar y soñar con un mundo mejor.

Y las posibilidades no son muchas: o la decisión de criminalizar la protesta social es una decisión que viene de lo más alto de las esferas de gobierno; o las fuerzas de orden tienen vida y política propias, independientes de las autoridades civiles, elegidas mediante elecciones formales y supuestamente democráticas. Claramente la remoción de uno de los responsables no es respuesta suficiente a lo que todo Chile observó por las pantallas de televisión. El gobierno deberá demostrar con sanciones mucho más ejemplares, tanto a los responsables políticos como a los responsables directos de lo que vimos, que no comparte el accionar de carabineros y que, como suele decirse, nadie está por sobre la Ley.

El desarrollo organizacional plantea que cuando determinada cultura organizacional es demasiado fuerte y definida, logra trazar una frontera impermeable entre los valores de dicha organización y los de la sociedad en la que se inserta.

Esto podría significar que la cultura organizacional de las Fuerzas Armadas y de orden que Pinochet refundó en nuestro país, luego del golpe de Estado, podría ser tan sólida que no se deja permear por los cambios culturales que se supone han operado en Chile en los últimos años.

Será tarea del gobierno de turno generar las condiciones para que la cultura nacional en reconstrucción, supuestamente democrática, participativa e inclusiva, además de respetuosa de los derechos humanos, permee de una vez por todas y de manera clara a estas instituciones, que no son ni deben ser un fin en sí mismo, ni un instrumento de dominación de una clase sobre otra, y mucho menos los perros cancerberos de un modelo económico que la mayoría del país comienza a rechazar.

Si esto no sucede en un plazo relativamente breve, que nadie se sorprenda entonces cuando volvamos a ver en la calle cada día más jóvenes encapuchados enfrentándose a Carabineros como si fueran enemigos, pues la definición nace no de los jóvenes, sino de la actitud de Carabineros de tratarlos como tales, de la misma manera como lo hicieran durante la dictadura militar, lo que constituye una señal demasiado elocuente para no entenderla.

Vanos serán los intentos de convencerlos de actuar a cara descubierta y bajo los criterios democráticos de quienes violan sus derechos fundamentales, cuando la realidad dice que es mejor desconfiar de las autoridades y de los uniformados y cuidarse de un Estado que te considera un enemigo interno por el solo hecho de soñar una sociedad mejor y atreverte a construirla mediante la movilización social y la lucha callejera. Sobre todo si consideramos que ni siquiera el sistema electoral es capaz de dar garantías mínimas de representación a quienes no son partidarios del modelo, y solo te deja esas herramientas para hacerte escuchar y para ser considerado como un verdadero sujeto social y político.

No puedo terminar de escribir sin volver a saludar a los secundarios y agradecerles por la tremenda lección que nos han dado a la sociedad toda, mostrándonos el camino por el cual deben transitar nuestros sueños de cambio real: la unidad, la movilización y la lucha social.

Julio 2006

Vivienda social en Chile: entre la realidad y el mito

Hace años que las políticas de vivienda social de nuestro país son presentadas como modelo en todo el mundo por el éxito que han obtenido en la disminución del déficit habitacional. Esta visión exitista ha sido propagada desde esferas de gobierno que, con la vista puesta en las campañas electorales, han conceptualizado las viviendas sociales como objetos casa, es decir, como una cantidad mínima de metros cuadrados orientados a satisfacer, fundamentalmente, el sueño cultural de la casa propia, sin lograr comprender el impacto que este espacio vital posee para la vida de las personas.

Por otro lado, ostentamos también el record de las viviendas sociales más baratas del mundo, lo que se ha logrado anulando la responsabilidad del Estado en este tema y traspasando a los privados la ejecución y la responsabilidad de su ubicación en la trama urbana, con una baja significativa en la calidad de las mismas y ubicándolas en zonas periféricas, cuyo valor es solo compatible con los intereses de las constructoras que han hecho enormes utilidades a costa del ahorro, de los sueños y las expectativas de los más pobres de nuestra sociedad.

Una muestra dramática de aquello es el caso de las casas inconclusas entregadas en la ciudad de Calama, sin agua ni luz eléctrica, o las viviendas construidas en las cercanías de la planta de tratamiento de aguas servidas en la misma ciudad, o las casetas sanitarias entregadas en el sur, o aquellas que han debido ser demolidas en otras partes del país porque no resistieron siquiera la primera lluvia luego de su entrega.

Esta cruda realidad, asistida por las fuerzas de la naturaleza, nos recuerda el verdadero lugar que ocupan las políticas de vivienda en nuestro país, desde la dictadura militar hasta nuestros días, y nos llaman de manera urgente a no seguir por el mismo camino. Casas de nylon, casas chubi, casas enanas y otros apelativos peores muestran los verdaderos resultados de estas políticas que, si bien han logrado disminuir el déficit, no han logrado atender las reales necesidades del habitar y han generado problemas sociales mucho más complejos y difíciles de resolver.

La vivienda debe ser entendida como un espacio que incluye el entorno físico, social y ambiental, en el cual se desarrolla lo esencial de la vida, incluidas las relaciones sociales y la autorrealización de las personas. En síntesis, la vivienda debe ser asumida como el lugar privilegiado que condensa, como en el mejor de los resúmenes, lo esencial de la vida.

Pocos comprenden, por ejemplo, que la conformación de extensos y lejanos barrios construidos a partir de programas de vivienda social, homogéneos en sus características socioeconómicas y culturales, ha generado una especie de islas de pobreza en donde los problemas urbanos y sociales se agudizan, provocando una percepción desesperanzadora acerca del futuro, lo que se ha convertido en tierra fértil para el surgimiento de comportamientos fuera de norma y delincuencia, generando la creciente sensación de inseguridad ciudadana, tan de moda en nuestros días.

Problemas como el desempleo, la drogadicción, el alcoholismo, la deserción escolar, el embarazo adolescente y la desvinculación del resto de la sociedad, junto a la falta de equipamiento básico como salud y educación, el hacinamiento y la falta de privacidad al interior de la vivienda, más la carencia casi absoluta de servicios ambientales capaces de mitigar los efectos de la contaminación y de la sobrexplotación de los territorios que acogen a nuestras ciudades, han contribuido a generar una nueva forma de exclusión social que agudiza la situación de desamparo y dificulta las posibilidades de abandonar el círculo de la pobreza.

Todo esto ha convertido las viviendas sociales en productos desechables que desde el minuto de su entrega pasan a engrosar el parque de viviendas deficitarias, generando un desarrollo urbano y habitacional a todas luces no sustentable, puesto que invierte una cantidad tremenda de recursos en acciones que no solo no logran solucionar los problemas para los cuales fueron diseñadas, sino que además generan otros mucho más difíciles de resolver.

De ahí que sea imprescindible ligar las políticas de vivienda a políticas de inclusión social que incorporen el acceso al trabajo, a la salud, a la educación, al esparcimiento y a la cultura, al deporte, a las áreas verdes y a los servicios ambientales necesarios para un buen vivir.

Se hace necesario, por último, incluir en las políticas habitacionales criterios de selección de sitios y de diseños urbanos que permitan incorporar temas como el cuidado y la protección del medio ambiente y el manejo de los territorios, para evitar que se repitan los tristes episodios de los últimos años, caracterizados por la ubicación de proyectos de viviendas en sectores inhábiles o de riesgo, absolutamente inapropiados para la vida humana, lo que ha devenido en pérdidas millonarias de recursos del Estado desperdiciados en reparaciones de calles, viviendas e infraestructura básica, cuando no en la demolición de las mismas.

Por lo mismo es que aparece como urgente que el Estado reasuma su responsabilidad en la producción de viviendas sociales sustentables, porque claramente éstas no pueden seguir siendo solo un buen negocio.

22 agosto 2007

El sueldo ético en el país del milagro económico

Amigos y amigas. Compañeros y compañeras. Hace mucho que no escribo, es cierto, y más de alguno de ustedes me ha llamado o escrito para preguntarme por qué. No han sido buenos tiempos, y como siempre y como a todos y todas, las cosas malas se nos juntan y parecen destruirte un poco por algún tiempo. La última fue la partida de mi padre, y déjenme decirles, antes de seguir adelante con el tema que hoy me ha invitado a volver a escribir, que todos ustedes, todos los que estuvieron y me acompañaron en ese momento me recordaron a los imprescindibles, a esos que no se cansan, a los que están en las buenas y en las malas, a los que dejan de verdad huellas indelebles en las vidas de los que aman, gracias a todos y a todas, gracias por recordarme, como dice Neruda, nuestro gran poeta, que junto a ustedes no termino en mí mismo. Gracias nuevamente.

Hoy vuelvo a escribir para compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de un debate que, para algunos, ha abierto la iglesia en los últimos días, al hablar uno de sus representantes, de la necesidad de retribuir al trabajo con un «sueldo ético», como lo llamó el obispo Goic.

Digo para algunos porque en este país nos hemos acostumbrado tanto a la censura encubierta de los dueños de los medios de comunicación, que tanto dicen defender la libertad de expresión, que solo nos dejan leer estas opiniones en sus medios siempre y cuando no sea un enemigo del modelo el que las diga.

Fue el caso, por ejemplo, de la necesidad de estatizar el transporte público que el Partido Comunista viene planteando hace muchos años, pero cuya discusión recién salió a la luz cuando lo planteó Frei.

Lo mismo ha pasado con muchos temas que mi partido viene levantando hace años, como la crisis de la educación y de la salud, o el tema de los derechos laborales de los trabajadores, conculcados desde la dictadura y que permanecen en esa condición a excepción de algunos tímidos avances que han permitido, sobre todo, la presión de la lucha social y la protesta de los trabajadores organizados, que una vez más han logrado romper el estado de cosas para poner al centro las verdaderas transformaciones que aún están pendientes y que sin ellas los pilares fundamentales del modelo económico de la dictadura siguen intocables.

Ahora bien, más allá de quien logre abrir el debate, lo importante es que se abra, y por eso quiero partir saludando al obispo Goic y al mismo tiempo quiero condenar la histérica reacción de la senadora Matthei, que parece que además de saber de economía solo lo que es capaz de sustentar su posición ideológica, parece saber menos de ética y de política. Su disfraz democrático no resistió el estallido de la esencia autoritaria y déspota que lleva en su interior, y como es lógico en quienes no son capaces de discutir con argumentos, salió lisa y llanamente a descalificar a su oponente, pues era el único recurso que le quedaba.

Lo que me ha sorprendido en todo caso es que todos discutan del sueldo ético y nadie haya discutido hasta ahora acerca de las utilidades éticas y de los salarios máximos éticos. Porque está claro que la discusión del sueldo es una discusión multivariable en donde se debe considerar lo que los trabajadores y sus familias necesitan para llevar una vida digna que les permita un desarrollo integral como personas, y no solo la reproducción de la existencia física para seguir funcionando, generación tras generación, como mano de obra barata de la clase dominante.

También debe considerarse el valor socialmente aceptado del trabajo que se realiza, por varias razones. Una de ellas es porque si la propiedad privada, como todos dicen, nace del trabajo, es indispensable que a cada trabajador se le pague lo que vale su trabajo y no menos, ya que quienes les pagan a sus trabajadores menos de lo que vale su trabajo, lo que hacen en definitiva, a pesar de gritar a los cuatro vientos que son defensores de la propiedad privada, es destruir precisamente la propiedad privada del trabajador para construir la gran propiedad privada de ellos, los grandes empresarios, asegurando a sus familias por varias generaciones a costa de lo que, en justicia, debiera recibir cada trabajador en retribución por su trabajo.

Por último, debe considerarse un hecho esencial y que es el que determina la gran brecha existente en nuestro país entre ricos y pobres: cuánto de la riqueza generada en el proceso productivo va a retribuir el riesgo del capital invertido, como le llaman; cuánto a retribuir la inversión en medios de producción como la tierra y las maquinarias, y cuánto finalmente queda para retribuir a la fuerza de trabajo, que es la que en definitiva genera la riqueza con su esfuerzo hasta convertir ese trabajo en productos y servicios transables en el mercado.

En muchos países la diferencia entre estas variables es bastante menor, y muchas veces esta se inclina hacia la retribución a la fuerza del trabajo como condición fundamental para construir la equidad. De hecho, en la mayor parte del mundo la participación de los sueldos y salarios supera el 50% del Producto, y en nuestro país solo llega al 30% y algo más. Claro, esos países tiene una clase empresarial bastante más culta y solidaria que la nuestra, participan de negocios con tasas de ganancias que bordean el 13% de la inversión y entienden que los trabajadores felices y bien retribuidos trabajan más y mejor, de hecho trabajan menos horas que nosotros y producen casi tres veces en promedio lo que nuestros trabajadores. Lamentablemente en nuestro país no hay empresarios que trabajen o mejor dicho arriesguen sus capitales con tasas de retorno menores al 20 o 25 %, y esa diferencia explica de sobra los magros salarios que ayudan a engrosar las utilidades de los que ya no saben en qué gastar las utilidades y el patrimonio que han acaparado en estos años en nuestro país.

Lo mismo pasa con los salarios máximos y mínimos que en algunas partes del mundo no sobrepasan las 10 o 15 veces dentro de las organizaciones, mientras en nuestro país llegan a más de cien y doscientas veces el uno del otro.

Es necesario preguntarse hasta dónde es ético seguir acumulando riquezas, ¿hasta asegurar tres, cuatro o cinco generaciones hacia delante mientras otros se debaten entre vivir el día a día sin saber si mañana se tendrá lo necesario para subsistir y para satisfacer las necesidades de sus seres queridos?

Nadie dice –porque pocos se atreven, y los que se atreven no salen en los medios de comunicación–, que necesariamente para reducir la pobreza y disminuir la desigualdad habrá que limitar la riqueza. Porque si alguien piensa que el objetivo debe ser incrementar los niveles de consumo y generación de desechos de los pobres hasta los niveles de las capas medias o de los ricos, es porque aún no ha caído en la cuenta de que el mundo es finito y de que cuando alguien consume más de lo que necesita, necesariamente alguien se queda consumiendo menos de lo que requiere para reproducir su existencia.

Lamentablemente, estos debates están prohibidos precisamente en donde pudieran ser relevantes, ya que el sistema electoral se las arregla, con la complicidad de la derecha y de la Concertación, para dejar afuera del lugar en donde se discuten y se hacen las leyes que rigen el comportamiento de los actores sociales y productivos, precisamente a los que piensan distinto, y mientras eso no cambie, mientras el parlamento siga siendo un reducto de los defensores del modelo y se siga discutiendo solo el cambio dentro de la continuidad, seguirá habiendo gente que optará estúpidamente por hacer callar a los que digan cualquier cosa que ponga en peligro sus intereses y los de la clase que representa, como vulgarmente lo ha hecho la senadora Matthei.

Agosto 2010

Piñera o la nueva forma de contaminar

El proyecto para construir una termoeléctrica en Punta de Choros acaba de ser suspendido por el Presidente de la República, luego de que la aprobación del mismo por parte de sus representantes en los organismos competentes causara la indignación de las comunidades involucradas y de los hombres y mujeres con algo de conciencia medioambiental que existen en nuestro país1. Finalmente, la administración Piñera tuvo que ceder ante la presión ciudadana, siendo obligado, por la fuerza, a respetar una de sus promesas de campaña. Todo indica que habrá que estar alerta para evitar lo que, de lo contrario, podría ser un lamentable legado en materia medioambiental de la nueva forma de gobernar.

Este desafortunado episodio nos da, sin embargo, la posibilidad de discutir, una vez más, la institucionalidad ambiental vigente en nuestro país, ya que los proyectos son aprobados en virtud de leyes votadas favorablemente por muchos de los diputados que en estos días han aparecido criticando las actuaciones del ejecutivo, pero que nunca han asumido su responsabilidad en materia legislativa para reorientar a Chile hacia la senda del desarrollo sustentable2.

Solo algunos grupos ciudadanos levantaron su voz para defender la biodiversidad y el santuario de la naturaleza que iba a ser destruido por los cambios que generaba este proyecto, mientras en el gobierno reinaba el mismo silencio cómplice que reinó durante los gobiernos de la Concertación ante la destrucción que ellos aceptaron y promovieron. Al igual que entonces, nadie en el gobierno habla del patrimonio natural y cultural que podríamos perder con estos proyectos y que quizá apreciaríamos en 20 o 50 años, cuando los responsables políticos y económicos ya no estuvieran vivos para responder, ante las futuras generaciones, por el daño causado.

La Corema se defendió diciendo que la aprobación se hizo conforme a la ley y con consulta al Presidente, aunque ninguno de los involucrados es capaz de argumentar el drástico cambio de opinión que mostraron sobre un proyecto que solo un par de meses antes los mismos organismos rechazaban.

Así las cosas, resulta imprescindible discutir entonces el modelo económico y las leyes que siguen permitiendo que proyectos de este tipo se desarrollen a costa de nuestro medio ambiente.

Lo primero es discutir nuestra institucionalidad medioambiental, ya que luego de ver la inconsistencia de las autoridades, resulta inaceptable la dependencia política que ella posee con respecto a los gobiernos de turno. Se revela como urgente, entonces, la creación de una Contraloría Medioambiental independiente y autónoma, con participación de la sociedad civil, con las atribuciones y los recursos necesarios para defender el patrimonio medioambiental de nuestro país.

Lo segundo es terminar con la integración vertical que existe al realizar los estudios, pues resulta inaceptable que los pague y los encargue el propietario del proyecto sometido a fiscalización. En este contexto, una de las tareas que debiera asumir esta contraloría medioambiental sería realizar, con cargo al proyecto en cuestión, los estudios que permitan aceptar o rechazar el mismo.

Lo tercero es mantener una Línea Base3 oficial y detallada de todo el patrimonio medioambiental de la nación, contra la cual poder realizar los análisis, pues resulta evidente que al no existir ningún instrumento oficial de la situación base contra el cual refrendar los estudios presentados es imposible medir su verdadero impacto. Para ello, esta institucionalidad debiera contar con la capacidad técnica y los recursos necesarios para enfrentar su propia responsabilidad, pues resulta evidente que tampoco ella existe en la institucionalidad vigente.

Por último, resulta imprescindible reemplazar, en nuestro ordenamiento jurídico, la participación ciudadana tardía y meramente consultiva por una participación temprana y vinculante, obligando a incorporar a los actores involucrados desde el inicio de los proyectos, de manera de asegurar la internalización de los impactos negativos y de diseñar con la comunidad las medidas tendientes a mitigar o anular dichos efectos.

Todo lo anterior debe sumarse al cobro de un royalty de verdad, puesto que resulta absurdo e injusto que luego de haber extraído tanta riqueza de nuestros suelos, ríos y mares, generando incluso un desplazamiento de otras actividades que pudieran haber sido sustentables, se retiren dejando nada más que un ecosistema devastado.

Estos cambios lograrían, al menos, retrasar el colapso de nuestro medio ambiente y ganar tiempo en espera del surgimiento de un paradigma ecocéntrico, en el cual la misma ética que se exige en la relación entre seres humanos fuese extendida a la existente con el resto de la naturaleza de la cual somos parte inseparable, por ser ésta nuestro cuerpo inorgánico como nosotros somos el cuerpo inorgánico de las demás.

16 junio 2011

El eterno retorno de la crisis de la educación