Perdiendo el control E-Book

Jaime Quintana Leal

• Herausgeber: Editorial Catalonia
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 631

Veröffentlichungsjahr: 2022

Beschreibung

La seguridad pública es una de las principales preocupaciones de las personas en Chile, según todos los sondeos de opinión. Sin embargo, es poco lo que se ha escrito desde el ámbito político para abrir la reflexión e intentar esbozar algunas respuestas. En este libro, Jaime Quintana se aproxima a estos debates a partir de su propia experiencia como integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, de conversaciones con el expresidente Piñera y el actual presidente Boric, y de un riguroso trabajo de revisión de informes y políticas, sumado a la realización de impactantes entrevistas a miembros en retiro de ambas policías y a personas que a diario se enfrentan a las peores caras de la proliferación de la delincuencia y del narcotráfico en el país. Lo anterior le permite poner en contexto e identificar con claridad cuáles son los principales problemas a abordar en el ámbito de la seguridad y donde se sitúan los principales nudos que es urgente desenlazar. Perdiendo el control es, sobre todo, una invitación a abordar sin filtros el complejo estado de la seguridad pública en Chile, sus vinculaciones con distintos fenómenos mundiales, y las evidentes deudas del Estado –gobiernos, Congreso, Ministerio Público y sistema judicial– para lograr uno de sus principales objetivos: garantizarle a todas y todos sus habitantes una vida segura y en paz.

Leseprobe

QUINTANA LEAL, JAIME

Perdiendo el controlRadiografía de la seguridad pública en Chile

Santiago, Chile: Catalonia, 2022

320 p.; 15 x 23 cm

ISBN: 978-956-324-959-0

CIENCIA POLÍTICA

320

Diseño de portada: Amalia Ruiz

Corrección de textos: Hugo Rojas Miño

Diagramación interior: Salgó Ltda.

Dirección editorial: Arturo Infante Reñasco

Editorial Catalonia apoya la protección del derecho de autor y el copyright, ya que estimulan la creación y la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, y son una manifestación de la libertad de expresión. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar el derecho de autor y copyright, al no reproducir, escanear ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. Al hacerlo ayuda a los autores y permite que se continúen publicando los libros de su interés. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, en todo o en parte, ni registrada o transmitida por sistema alguno de recuperación de información. Si necesita hacerlo, tome contacto con Editorial Catalonia o con SADEL (Sociedad de Derechos de las Letras de Chile, http://www.sadel.cl).

Primera edición: mayo, 2022

ISBN: 978-956-324-959-0

ISBN Digital: 978-956-324-960-6

RPI: 2022-A-4791

© Jaime Quintana Leal, 2022

© Editorial Catalonia Ltda., 2022

Santa Isabel 1235, Providencia

Santiago de Chile

www.catalonia.cl - @catalonialibros

Diagramación digital: ebooks [email protected]

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1: USURPACIÓN

La televisión penetra

El primer día del resto de nuestras preocupaciones

De vuelta a Palacio

Avanzar a toda costa

El discípulo

El granero de Chile

Quinta Anormal

Paremos la chacota

¿El coordinador de qué?

Chile en toma

CAPÍTULO 2: POLICÍAS

El punto de partida

La visita al museo

El otro museo

La reforma del balcón

Comisión para la Reforma

La tropa

Los mandos

Seguridad privada

CAPÍTULO 3: CIBERSEGURIDAD DE PAPEL

¿Cuántos Neos necesitamos?

Una nueva cancha para el delito

Aló, Faúndez

La política

Los ciberataques no dan tregua

Los pendientes y los avances

Las nuevas monedas

CAPÍTULO 4: ARMAS PARA EL NARCOTRÁFICO

¿Por qué en Chile?

Armas fuera de control

Club de tiro

La droga aumenta su poder

La legislación de drogas en Chile

Modificaciones a la Ley N° 20.000

El día a día en la ciudad

CAPÍTULO 5: GOBERNANZA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

Es hora de hablar en serio

Los 30 años

El ministerio

Desinteligencia

Galli: el sheriff letrado

¿Reforma a la reforma?

Marta Herrera, Directora de la Unidad Especializada Anticorrupción

Luis Toledo, Director de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas

CAPÍTULO 6: ENTRE LA ESPERANZA Y EL MIEDO, LA SEGURIDAD

Todo cambió la noche en que reinó el miedo

Una zanja entre dos programas

La Araucanía siempre

La Moneda chica, expectativas grandes

AGRADECIMIENTOS

Toda publicación es una creación colectiva donde se mezclan experiencias, citas y aportes de la más variada naturaleza. Por ello en este espacio agradezco a todas y todos quienes colaboraron con este libro de diversas formas y desde distintos sectores: autoridades, funcionarios en servicio activo y en retiro de las Fuerzas de Orden y Seguridad, académicos, y especialmente a las chilenas y chilenos de diferentes territorios que me recibieron con espíritu de diálogo en tiempos en que cuesta tanto conversar.

Debo reconocer también el apoyo de Cristóbal Barra, Mauricio Pérez, Ángeles Fernández, Claudio Rodríguez, María Jesús Mella y Carolina Frêne, quienes a través de sus sugerencias, ideas y comentarios me ayudaron a comprender mejor un mundo que hasta hace no mucho me era bastante ajeno y a mirar siempre un poco más allá.

Espero que este trabajo pueda estar a la altura de la confianza depositada en mí por Editorial Catalonia, a cuyo alero tengo nuevamente la posibilidad de publicar.

Confío que nuestro país, en medio de un nuevo e incierto ciclo político, sabrá transitar hacia una renovada forma de entendimiento en la que prime el diálogo y la reflexión crítica, de modo tal que podamos comprender y anticiparnos de mejor manera a los fenómenos que van dando forma a la vida en comunidad. La (in)seguridad es uno de ellos, tal vez el más crítico de todos.

INTRODUCCIÓN

Comencé a escribir este libro cuando al presidente Sebastián Piñera le restaba un año y una semana para concluir su mandato, y terminé el último capítulo cuando al presidente Gabriel Boric le quedaba un mes y una semana para asumir en La Moneda. Con ambos tuve la oportunidad de conversar, en distintos momentos, sobre los principales desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad, advirtiendo los énfasis y prioridades de cada uno, algunos de los cuales están reflejados en distintos capítulos.

La pandemia dejará huellas profundas en un sinfín de dimensiones de la vida de los ciudadanos y de las naciones. Si bien el aspecto sanitario es quizás uno de los más evidentes por la inmediatez de sus efectos, están pendientes muchos análisis que den cuenta de los cambios en áreas centrales, como la educación, las relaciones personales, las formas de vida y los medios de producción. Ciertamente, algunas actividades económicas y sectores productivos específicos se verán fuertemente alterados, con empleos que probablemente no tengan que esperar el desarrollo de la robótica ni de la inteligencia artificial para ser sustituidos.

En este escenario, la criminalidad se comporta de manera altamente adaptativa y está lejos de disminuir, tal como lo señala el estudio del observatorio del narcotráfico a cargo del Ministerio Público, según el cual “el año 2020, no solo mantuvo las tendencias mostradas el año 2019, sino que además agregó otras aún más complejas que las anteriores, en un escenario donde el Estado, debilitado por una crisis de legitimidad de sus instituciones sin precedentes, y una demanda social en ebullición, debe seguir ocupándose preferentemente de una emergencia sanitaria que no da tregua”. El delito presume de sus nuevas caras, y la preocupación por una actividad criminal que muta y aumenta sus amenazas y riesgos también es recogida por distintas encuestas de opinión ciudadana, que muestran que la seguridad es la gran inquietud de las chilenas y chilenos.

No contamos con una escuela de formación de fiscales, tampoco con una academia para la formación específica en materias de inteligencia. Mientras los diversos planteles de formación policial son, salvo excepciones, objeto de fuertes cuestionamientos por parte de los especialistas, la “escuela del delito” está abierta todos los días del año.

Es preciso examinar de manera autocrítica los motivos por los cuales hemos fallado desde la institucionalidad en aspectos tan fundamentales como la prevención, el control del delito, los temas relativos a la investigación y persecución. También necesitamos preguntarnos por qué y cómo una policía “moderna” viola los derechos humanos (DD.HH.) de cientos de compatriotas en momentos de tensión social.

Probablemente todos los gobiernos se han quedado cortos en materia de seguridad, no tanto a la hora de anunciar distintas propuestas, planes y programas como al momento de llevarlos a la práctica. Esta distancia se aprecia nítidamente en que de las cinco áreas surgidas con posterioridad al Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública de 2018 (modernización y fortalecimiento de las policías; fortalecimiento del Sistema de Inteligencia del Estado; fiscalización y control de armas de fuego; rol de los municipios en la seguridad pública, y coordinación entre los actores del sistema de persecución penal), hoy solo podamos exhibir logros legislativos parciales y modestos en materia de modernización de policías y control de armas. El gobierno saliente exhibe un pobre desempeño en un ámbito clave como es la seguridad y, si bien hay algunas medidas administrativas impulsadas durante el periodo, no hace falta conocer las próximas encuestas sobre victimización y violencia urbana para afirmar que los resultados no son favorables. En el caso de la zona sur del país la información disponible también muestra un incremento en los hechos de violencia durante el último año (2021), lo cual es alarmante, considerando que hubo casi tres meses de estado de excepción.

Quisiera precisar que este libro no tiene un capítulo dedicado particularmente a La Araucanía, ya que sus especificidades requieren la imprescindible consideración de factores históricos que no pueden ser omitidos y que son necesarios para comprender y avanzar en la implementación de las condiciones básicas para un diálogo convocante. Para abordarlo con la debida pertinencia, existen expertas y expertos que pueden entregar una mirada ciertamente más integral e ilustrada que la mía. En cualquier caso, la situación general en La Araucanía no escapa a la realidad del país y, en tal sentido, es abordada de forma transversal en distintos capítulos.

Es febrero de 2022 y, mientras este libro prepara su entrada a imprenta, Chile encara delicados problemas derivados de la inmigración irregular en el norte, dificultades que tensionan seriamente la convivencia y la seguridad de todos los involucrados. Este desafío por sí solo requiere inteligencia, precisa coordinación intersectorial y extrema cautela política, ya que forma parte de un rompecabezas mayor en medio de un conflictivo entramado social en el que, hasta ahora, la autoridad aparece severamente deslegitimada.

Si miramos todas las variables antes mencionadas, es preocupante no contar con una estrategia nacional de seguridad ni de inteligencia que puedan establecer un diagnóstico común y ciertas líneas de base para el debate, la discusión pública y el diseño de políticas. Igualmente preocupante es la ausencia de deliberación académica como consecuencia de un reducido número de especialistas en materias de seguridad, así como lo es el que los discursos políticos apelen constantemente al populismo penal y al aumento de penas, por un lado, como única herramienta para enfrentar el delito y, por otro, que desde el mundo legislativo abunden las propuestas evasivas y poco arriesgadas que no brindan a estos asuntos la relevancia que ameritan.

Sistemáticamente los medios de comunicación apelan a la subjetividad, resultando ello en un tratamiento superficial del tema, en el que muchas veces personas sin ningún conocimiento dan cátedra pública, en lugar de promover la opinión de estudiosos e investigadores que entreguen información adecuada, actualizada y de conjunto, necesaria para que la audiencia también forme parte de un círculo preventivo. Es inadmisible el enfoque que persigue la exclusiva militarización de zonas calificadas como conflictivas, haciendo ojos ciegos ante la realidad histórica que antecede y contextualiza parte de las dificultades actuales. Lo más grave en esto es que pareciera que quien fomenta la estigmatización, la exclusión y los discursos de discriminación con medidas como estas es el propio Estado.

Tengo como hábito llevar un cuaderno de apuntes de mis actividades, entre ellas las relacionadas con mi asistencia al trabajo de comisiones. Desde que integro la Comisión de Seguridad del Senado mi interés por esta materia ha ido creciendo en la medida en que se abre un universo de múltiples aristas para cuya comprensión es vital estudiar, aprender e intentar entrelazar la mayor cantidad de variables. En este libro comparto, a manera de ensayo, el recuento de las reflexiones surgidas de esas notas, entrevistas, observaciones, lecturas y encuentros formales e informales, así como el análisis y descripción de insumos teóricos, documentos oficiales y presentaciones académicas. La suma de todo ese material, amalgamado con las vivencias personales y las sensaciones que naturalmente afloran en todo proceso de escritura, resulta en este texto que busca ofrecer un contexto país y, eventualmente, ser un punto de partida para quienes quieran adentrarse en el tema de la seguridad.

Considero muy relevantes los testimonios y conversaciones —que acompañan el relato en variadas secciones— provenientes de autoridades y técnicos, así como de ciudadanos en diferentes situaciones, ya que nos permiten poner cara y entorno a sus responsabilidades, desafíos y experiencias. Algunos encuentros resguardan la identidad de los entrevistados por petición expresa de los mismos, y nos entregan un ángulo distinto desde el cual poner luz sobre esta realidad que es indispensable abordar con urgencia.

El libro está organizado en seis capítulos, cada uno con un tema central cuya elección tiene que ver con relevar aquellas áreas en las que el Estado tiene responsabilidad directa como garante, no solo de las condiciones necesarias para una vida digna, sino que también del diseño de políticas públicas que aborden las cuestiones de seguridad de manera proactiva y de largo plazo. En ellos, el lector o lectora constantemente encontrará algunas alusiones históricas, pues considero que este prisma es fundamental para entender la evolución de la seguridad a lo largo del tiempo y, con ello, abordar de forma más precisa y completa los desafíos actuales y futuros al respecto.

El primer capítulo se inicia con el debate legislativo sobre la modificación del delito de usurpación, en cuyo análisis participaron destacados especialistas del derecho penal. La extensión y el detalle de este capítulo cuestionan las iniciativas legislativas que distraen de la obligación que tiene el Estado y todos sus órganos por encauzar de forma razonable y prioritaria proyectos de ley que apunten a la raíz del problema y no a instalar el populismo penal como objetivo final. No es posible que el Congreso se dé el lujo de perder tiempo y perseverar en estrategias incompletas e inconducentes, tal como quedó demostrado a lo largo de la discusión legislativa de este proyecto presentado por senadores del oficialismo.

El segundo capítulo, referido a las Policías, entrega información de contexto sobre Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, desde sus orígenes e incorporando una mirada contemporánea a su desempeño, para terminar con sendas entrevistas a sus máximas autoridades y la recopilación de diálogos con personal en retiro de ambas instituciones. La necesidad de una reforma estructural a las policías atraviesa todo el capítulo, no obstante no parece aconsejable insistir en promover reformas uniformes para policías que son tan heterogéneas. La reforma a Carabineros debe hacerse incorporando a todos los estamentos policiales y no solo los altos mandos, y debe traer consigo la relegitimación de la institución, requisito ineludible para lograr efectos a largo plazo. La reorganización de funciones, el rediseño en los procesos de formación y el establecimiento de mecanismos de control civil y ciudadano tomarán bastante tiempo antes de mostrar resultados, por lo que la urgencia en esta materia se justifica plenamente. En el caso de la PDI, es fundamental efectuar algunas transformaciones, entre las que se incluya un importante incremento en su dotación.

El tercer capítulo, sobre ciberseguridad, nos sitúa en un universo digital de altísima complejidad. Los ciberdelitos se multiplican exponencialmente, dejando a la legislación evidentemente desfasada. Los ciberataques de variada naturaleza exponen a los individuos en su intimidad y comprometen la seguridad de los Estados, por lo que se hace necesario abordar integralmente las consecuencias del acelerado desarrollo de estas actividades, incluidos los riesgos de las transacciones con criptomonedas o monedas virtuales. También nos referiremos a la Política Nacional de Ciberseguridad que fijó los lineamientos en esta temática para el período incluido entre los años 2017 y 2022.

El cuarto capítulo se refiere a la delicada trama de las armas y el narcotráfico, una de las áreas más sensibles para la comunidad y el Estado. La penetración del narcotráfico en un país que se consideraba de pasada para la droga ha evolucionado y se ha sofisticado, de manera tal que hoy Chile muestra un alto compromiso de consumo, procesamiento, logística, macro y microtráfico, así como producción de drogas sintéticas. El mercado ilegal de las armas da forma al peligroso y largo brazo que escolta a la industria del narcotráfico y que se convierte en moneda de cambio en barrios y poblaciones donde la inseguridad y el surgimiento de verdaderas castas de narcotraficantes son pan de cada día. En este capítulo también podemos encontrar los testimonios de ciudadanas y ciudadanos que viven enfrentados a estas redes de violencia local, respecto de las cuales los grandes narcotraficantes no son objeto de persecución porque para el sistema es mucho más fácil poner el ojo en los pequeños, mientras el gran negocio sigue vivo y floreciendo.

El quinto capítulo aborda aspectos referidos a gobernanza y específicamente a la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, así como al fortalecimiento de la inteligencia estratégica. Pese a los evidentes aspectos positivos de esta medida, es posible anticipar la controversia con el Ministerio Público en relación con el control de las policías, lo que constatamos en las conversaciones con académicos y autoridades, contexto desde el cual también surgió la discusión de otros cambios necesarios como la formación conjunta de fiscales y policías, la participación de los persecutores en la evaluación y ascensos de policías, y un cambio de enfoque de estas últimas en cuanto a las tareas investigativas. Si el Estado logra resolver necesidades centrales que atañen al Ministerio Público, como una academia para la formación de fiscales, el aumento en el número de los mismos y mayores atribuciones respecto a las policías en la conducción de las investigaciones, es cierto que el país tendrá todo el derecho a exigirle mucho más a esta institución, a más de 20 años de la Reforma Procesal Penal que le dio origen.

Finalmente, en el sexto capítulo nos acercamos a los diferentes enfoques en asuntos de seguridad con que los candidatos a la presidencia que enfrentaron el reciente balotaje salieron a conquistar a un electorado ansioso por respuestas y certezas en un momento social y político de características únicas y mucha tensión. Con la redacción de una nueva Constitución como escenario principal, Chile decidió que Gabriel Boric será quien encabece el nuevo gobierno con la promesa de hacer política desde una visión integral que ponga en el centro a las personas. El presidente Boric bien sabe, y así me lo manifestó personalmente, que los habitantes de este país anhelan vivir dignamente y en paz, por lo que su tarea implica honrar esa esperanza con acciones concretas.

Todo lo anterior invita a una reflexión en la que debemos reconocer que no existen soluciones mágicas. Allí también radica el propósito de este libro como modesta contribución al diseño de un esquema básico para ubicar a los distintos actores, aventurarnos en sus trayectorias, conocer cuáles son los nudos, los problemas, los retos y también las avenidas disponibles para la búsqueda de soluciones. Ciertamente, puede haber sesgos y diferencias de apreciación y probablemente errores propios de un trabajo de esta naturaleza; los primeros forman parte y enriquecen cualquier experiencia con un libro en mano, los últimos espero haberlos minimizado lo más posible.

La seguridad es y será una materia de primer orden para el próximo y los sucesivos gobiernos. La ciudadanía espera una respuesta adecuada y oportuna desde un Estado cuyo imperativo es proveer con la máxima celeridad el marco necesario para que la institucionalidad se despliegue. No obstante, hoy el gobierno no está solo, pues la Convención Constitucional tiene la tremenda tarea de aportar responsablemente con lineamientos claros que refuercen la labor del Estado, promuevan su relegitimación y permitan revertir el arriesgado carril por el que nos desplazamos. Es importante que no perdamos de vista el proceso que originó la redacción de esta Constitución tan esperada, el que surgió también en un contexto de extrema tensión y violencia. Hoy Chile tiene la ilusión depositada en estos cambios y en quienes han sido legítimamente electos para materializarlos.

La inseguridad y sus amenazas no son patrimonio de un solo sector político, ni de una región ni de un barrio: están presentes en todos los aspectos de nuestra vida en común y tenemos que hacernos cargo de ello como sociedad. Entenderlo es el primer paso. El segundo, ciertamente más complejo, es construir un ancho camino por donde todas las chilenas y chilenos transitemos seguros hacia una vida plena y digna, en medio de un mundo que no deja de sorprender con nuevas crisis y tensiones. Presiento que ese camino puede ser mucho más de razón que de fuerza.

Capítulo 1:USURPACIÓN

LA TELEVISIÓN PENETRA

Los discursos mediáticos emitidos por televisión ocupan desde hace mucho tiempo un espacio relevante en el debate público. Se manifiestan allí las opiniones que “representan” la realidad, las visiones del país y del mundo. Hace décadas, los relatos que no tenían cabida desde el punto de vista audiovisual presentaban muy pocas posibilidades de incidencia, de modo que quienes gobernaban y quienes pretendían gobernar debían ocupar cada segundo con precisión, inteligencia y masividad. La fuerza de una imagen en las tres primeras décadas desde el retorno a la democracia podía sin duda cambiar la agenda de un gobierno y la percepción de la ciudadanía. Hemos visto de sobra cómo los relatos construidos desde los medios de comunicación, como la TV, han mostrado un Chile que no necesariamente representa lo que llamamos realidad. Con la irrupción de nuevas plataformas y el reinado de las fake news, la última década ha llevado las cosas al extremo, pero eso es otro análisis.

El año 2009 nos ofreció uno de esos hitos televisivos que quedarán en el registro de la memoria audiovisual y política del país, cuando un irónico e impulsivo Francisco Vidal ejercía como vocero en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. En la mañana de aquel día, Vidal declaró que la percepción de violencia estaba claramente relacionada con la forma en que la TV emitía sus contenidos, ejemplificando con los 5 crímenes que abrían la pauta del noticiario en Chilevisión.

Recuerdo aquella nota, que les invito a revisar en YouTube, porque muestra dos aspectos que son centrales para entender a la política y a los medios de comunicación en su relación con la violencia.

Allí, Francisco Vidal hace gala de sus conocidas dotes de comunicador para tratar de situar el tema de la violencia fuera del alcance del gobierno, reduciéndolo, minimizándolo y poniendo a la TV como la principal responsable de su amplificación. El argumento central usado por el entonces portavoz es que existe una intencionalidad manifiesta de los medios, tanto es así que incluso termina diciéndole al entrevistador: “Te va a felicitar Piñera”, en ese entonces candidato presidencial opositor.

Al mismo tiempo se hace evidente que el periodista y conductor televisivo Matías del Río busca transmitir que el canal, cual blanca paloma, solo muestra lo que ocurre en la sociedad chilena, desconociendo con ello la tremenda influencia que tiene la TV en marcar tendencias culturales, políticas y sociales. El exministro se basaba en las cifras. Si eran bajas, no había que hacer alarma pública. El entrevistador, mientras tanto, mostraba un país donde nadie podía caminar por las calles.

El 2009 concluíamos una etapa en la que la centroizquierda seguía creyendo que la razón estaba de su lado y en la que todos repetimos el discurso de Francisco Vidal. ¿Podríamos haber estado equivocados?

El año siguiente, El Mercurio titulaba “Por segundo año consecutivo, Chile es la nación con los índices de peligrosidad más bajos de la región junto con Uruguay y Costa Rica”, en alusión a un informe de FTI Consulting que destacaba, entre otras cosas, el respeto a las fuerzas de seguridad (Carabineros) y la prevalencia de delitos comunes de menor gravedad, como robos simples o sustracción de vehículos.

La centroizquierda asumió con propiedad este discurso de Vidal, según el cual, aunque la delincuencia estaba siendo sobreexplotada por algunos medios de comunicación acostumbrados a la crónica roja, seguíamos siendo un país seguro de acuerdo con los indicadores. En contraste, el presidente recién electo, Sebastián Piñera, había ganado en las votaciones asegurando que “a los delincuentes se les acabó la fiesta”, en uno de sus más famosos carteles publicitarios de campaña.

El gobierno, la primera administración de derecha elegida democráticamente después de Jorge Alessandri en 1958, comenzaba a estrenar su diseño en materia de seguridad con Rodrigo Hinzpeter encabezando el Ministerio del Interior; con un empresario de la seguridad privada, Jorge Nazer, a cargo de la División de Seguridad Pública, y utilizando “la huella del estilo y políticas del presidente de Colombia Álvaro Uribe”, según consignaba el Centro de Investigación Periodística (Ciper).

El 11 de marzo de 2010, con 42 años, asumí como uno de los senadores más jóvenes del país en representación de La Araucanía Norte. En una de mis primeras tareas debí escoger comisiones, o al menos manifestar preferencias para que luego mi comité decidiera con cuáles se queda cada uno en función del peso electoral de cada partido de la entonces oposición. Nunca se me pasó por la mente escoger la comisión de seguridad pública, pues genuinamente no sentía que fuera algo primordial para los sectores que votaban por el progresismo, y también porque debía diferenciarme del segundo senador de mi entonces circunscripción N°14, Alberto Espina, que ostentaba el título de “Sheriff de La Araucanía”. De esa forma, Educación y Obras Públicas fueron mis primeros intereses.

Once años después,y apenas se abrió un espacio de mi bancada en la comisión de seguridad del Senado, no dudé un segundo y pedí que se considerara mi nombre para integrarla. Hacía ya un tiempo, particularmente desde los hechos posteriores al estallido social cuando coincidentemente fui presidente del Senado, había crecido mi inquietud por abordar de manera más profunda —y no solo desde la “cuña” que siempre piden los medios de comunicación— las materias relativas a la crisis de orden público desatada en paralelo a las históricas manifestaciones pacíficas que estaban cambiando el curso de la nación. También, por cierto, me motivó la realidad de La Araucanía, donde los hechos de violencia habían ido escalando exponencialmente en el último tiempo.

Sin embargo, la violencia no es una situación exclusiva de La Araucanía ni responde solo a episodios acotados al estallido social. En once años muchas cosas han cambiado en Chile y el mundo. Los “lanzazos” y robos de autos estacionados dieron paso a las “balas locas” (disparos que en una balacera se dirigen en distintas direcciones), a las encerronas en las que mueren niños, a los “abordazos” para apuñalar personas por un celular o al absoluto reinado de las bandas de narcos en algunas poblaciones. La tasa de homicidios alcanzó su peak el año 2020, en medio de las restricciones de movilidad propias de la pandemia del Covid-19, registrando un aumento de 46% en tan solo 5 años, con el 60% de estos crímenes acaecidos en la vía pública. Escenas como las de los sicarios del antiguo Medellín que veíamos en libros o películas, o la contratación de guardaespaldas por parte de quienes tienen la capacidad económica para hacerlo son algo que hace una década parecía imposible en Chile. No obstante, hoy ocurre con mayor frecuencia de lo que pensamos. Sumado a ello, somos testigos de la casi completa deslegitimación de Carabineros luego de los múltiples casos de violaciones a los derechos humanos y de escándalos financieros que se arrastran en el tiempo.

¿Es Chile un país más inseguro y violento que hace una década, o siempre lo fuimos y las cifras oficiales y el discurso del progresismo no lo querían ver? ¿Estaba reprimida la violencia que ha explotado después de octubre de 2019 o se trata de un fenómeno completamente nuevo? ¿Cuántas cosas se hicieron mal en el Congreso y en el Ejecutivo, desde un gobierno comandado por el mismo mandatario que iba a poner fin a “la fiesta de los delincuentes”? Estas son algunas de las tantas preguntas que aparecían en mi mente antes de ingresar a la comisión de seguridad por primera vez.

Al revisar la tabla de esa citación constaté que los dos proyectos que nos tocaría analizar tenían como autores a parlamentarios de Chile Vamos, representantes de La Araucanía, junto a otros patrocinantes de su misma coalición: el Boletín N° 14.015-25, de la senadora Aravena y el senador García, y el Boletín N° 13.657-07, del senador Kast, cuyo denominador común era la modificación del delito de usurpación, que solo conlleva multa como sanción. La iniciativa del senador de Evópoli, más extensa que la de sus pares de la bancada de RN, se basaba en establecer una sanción de presidio a la usurpación violenta del artículo 457 del Código Penal y sancionar con servicios en beneficio de la comunidad la usurpación no violenta del artículo 458, estableciendo expresamente que se trata de un delito permanente y proponiendo que, en ambos casos, se permita la detención de los infractores sorprendidos flagrantemente, además de otras modificaciones accesorias. 

El Diccionario de la Lengua Española (DLE) define la palabra “usurpación”, en su acepción jurídica, como el “delito que se comete apoderándose con violencia o intimidación de inmueble o derecho real ajeno”.Al observar desde dónde venían las iniciativas, me pareció que se trataba de una ofensiva para dar cierta tranquilidad a las víctimas contemporáneas de lo que se ha denominado “conflicto mapuche” en nuestra región, quienes efectivamente han estado viviendo momentos muy complejos tras la última escalada de tomas de terrenos, en algunos casos acompañadas de hechos violentos. Sin embargo, grande fue mi sorpresa cuando comencé a revisar los textos que íbamos a discutir, pues en sus fundamentos no aparecía mencionada La Araucanía ni una sola vez.

Ambas propuestas, más bien, centraban su argumentación en la realidad de bandas criminales que crecientemente usurpan tierras para luego venderlas ilegalmente a personas con necesidades habitacionales o incluso con ánimo de inversión. Uno de los casos más dramáticos, consignado en ambas mociones, es el de Alejandro Correa, comerciante que fue asesinado por un sicario afuera de su casa en Concón, justo tras haber ingresado una denuncia contra un grupo de personas que se había tomado un terreno de su propiedad en la cercana comuna de Quilpué, procediendo a marcar los sitios, hacer caminos interiores y construir algunas viviendas. El sicario identificado como Víctor Gutiérrez Londoño habría ingresado a Chile por un paso no habilitado y cobrado la suma de cinco millones por el asesinato.

Sin embargo, la omisión de La Araucanía en el papel no significaba necesariamente que no fuese el motivo central de la presentación de los proyectos, lo cual se puede colegir de las declaraciones que sus propios autores hacían a la prensa por esos días. Felipe Kast, al ser consultado al respecto, señaló: “Es urgente que el Congreso pueda aprobar la ley de usurpaciones para hacer efectiva la protección de las personas y así puedan vivir en paz en La Araucanía y Arauco. Esto no da para más”. 

A priori parecía un debate de fácil tramitación, aunque siempre está el justificado temor a encontrarnos con una iniciativa vacía que, sustentada solo en el aumento de penas, se ofrezca como la panacea frente a problemáticas en las que se mezclan de manera muy compleja factores económicos, sociales, históricos y culturales.

Así, con más dudas que certezas, iniciaba una búsqueda de la cual nunca me sentí cercano en mis primeros años como senador, pero que hoy se ha tornado en una obligación ineludible como parlamentario: la seguridad como un derecho para todas las personas, como un mínimo necesario para desarrollar cualquier proyecto de vida. En ese momento lo que no visualizaba con claridad es que esta primera discusión nos llevaría desde los “loteos brujos” hasta las más recónditas raíces históricas del conflicto del Estado con el pueblo mapuche, incorporando igualmente la tremenda realidad del déficit habitacional y el aumento de los campamentos en los últimos dos años. A fin de cuentas, la seguridad pública no es una burbuja, sino que se interrelaciona con todos los contextos posibles de una sociedad como la nuestra que, además, se encuentra viviendo su propia crisis de identidad.

EL PRIMER DÍA DEL RESTO DE NUESTRAS PREOCUPACIONES

Después de publicar Sírvanse conectar, en octubre de 2020, había decidido no volver a escribir algo demasiado denso, al menos por un par de años, pero durante esa jornada inicial, y tal como el personaje de la conocida serie nacional, yo me convertí en “El reemplazante” en la comisión de seguridad pública del Senado sustituyendo el lugar de Felipe Harboe, quien dejaba su cargo como senador para iniciar su carrera como candidato a la Convención Constitucional, objetivo que alcanzó algunos meses más tarde. Por lo mismo, ese miércoles 3 de marzo, a exactamente un año de la llegada del coronavirus a Chile, me correspondió por primera vez integrar la instancia. Como he señalado, tenía un especial interés por adentrarme en esas materias, a pesar de no contar con experiencia específica en aquellos asuntos.

Le pedí al abogado Mauricio Pérez que se adelantara, dado que una reunión de senadores de oposición (el tradicional almuerzo de coordinación política) se topaba con la convocatoria, y teniendo en especial consideración que durante casi todo el 2020, pandemia de por medio, esta última había quedado suspendida, por lo cual no podía restarme de participar. Coincidentemente, en esa reunión también estaba en tabla el tema seguridad sobre el cuál quería compartir mi visión como representante de La Araucanía: durante esa semana, y tal como lamentablemente se hizo costumbre en los últimos años del gobierno de derecha, los hechos de violencia no daban tregua en la región y la palabra “usurpación” comenzaba a aparecer en el horizonte de las discusiones relativas al tema.

Así fue como me sumé a la comisión de seguridad media hora después de su inicio, cuando algunos invitados ya habían realizado su intervención, en lo que sería la primera materia a cuyo estudio debíamos abocarnos. En este caso y como mencioné en los párrafos precedentes, me refiero a los proyectos para modificar y hacer más gravoso el delito de usurpación de los artículos 457 y 458 del Código Penal.

Me conecté a la sesión en forma telemática desde mi oficina en el piso 13 del edificio de Valparaíso. Cuando abrí la tablet y mi cuaderno, fue imposible no recordar que buena parte de mis anotaciones manuscritas de los últimos dos años fueron a parar a una editorial. En este caso sería distinto, pues como ya señalé me había decidido a no escribir con fines de impresión. Además, una cuestión tecnológica rondaba en mi cabeza, pues ese mismo día se conoció la noticia del último adelanto de Microsoft, una joya de la inteligencia artificial, la nueva app group transcribe, la que, como reza su publicidad, amenaza con terminar con las anotaciones en papel.

Volviendo a la sesión, al revisar la minuta que se me entregó pude constatar que, no sé si intencionadamente o no, todos los invitados de ese primer día estaban a favor de ambas iniciativas. Si bien no se trataba de exponentes de la academia, eran actores e instituciones relevantes, cuya mirada, ya fuera como víctimas o como organismos encargados del orden público y de la persecución criminal, tenía un peso, una voz y muchos antecedentes que aportar.

El primero en exponer fue el intendente de La Araucanía, Víctor Manoli. A este tercer y último intendente de Piñera (y también de la historia de los intendentes regionales), si tuviera que compararlo con alguien, guardando las diferencias políticas y de rango, sería con el tercer ministro del Interior del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, Mario Fernández: de trato amable, dialogante, solícito, pero no sé hasta qué punto involucrado en el corazón de esa administración o qué tanto su jefatura consideraba sus puntos de vista.

El intendente fue claro y sostuvo que la violencia estaba en aumento. Entre sus comentarios observó las dificultades que Carabineros tiene para actuar porque la ley no los ampara, la poca ayuda que representa el procedimiento judicial, el problema de las bajas penas, y el ánimo de venganza que se podría generar a partir de los desalojos efectuados por la policía. No obstante su claridad para identificar estos factores, nunca reconoció el rotundo fracaso de la estrategia de orden público de la cual hasta ahora es responsable el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, órgano del cual dependían las intendencias.

A su turno intervino Mirtha Casas, representante de la Multigremial de La Araucanía, profesional conocida en la zona y quien desde hace varios años representa la cara amable de un sector empresarial muy poderoso y en permanente tensión con los grupos más radicales de la dirigencia mapuche. En este punto no deja de llamar la atención el rol de Casas en la defensa de estos intereses corporativos, pues políticamente proviene de sectores más bien de izquierda, a cuyos gobiernos en algún momento acompañó desde posiciones no precisamente secundarias.

En esta oportunidad dio cuenta, a través de un instrumento de la Multigremial llamado “Barómetro del conflicto”, de cómo los atentados e incendios habían venido aumentando luego de iniciado el presente siglo y junto con ello otros delitos asociados que han dejado cuantiosas pérdidas en el sector que representa. Sorprende constatar que los momentos de mayor violencia se registren, según este indicador, durante los años 2011, 2012, 2013 y 2020, tiempo que coincide con los gobiernos de derecha liderados por Sebastián Piñera.

Por parte de Carabineros, intervino el general Carlos González, jefe zonal de “Control, Orden Público e Intervención de la Macro Zona Sur”, y el nuevo jefe de zona de La Araucanía, César Bobadilla, a ninguno de los cuales yo conocía personalmente. El general González manifestó una opinión favorable a los proyectos en discusión, sosteniendo que se requieren penas privativas de libertad en vez de multas, que debido a la falta de eficacia de la norma muchas veces no se denuncia, que no se utiliza la detención por flagrancia dados los problemas de interpretación que genera esta figura, que existirían además distintos tipos de usurpación, explicando a la vez el procedimiento policial aplicable en estas situaciones.

Finalmente, por parte del Ministerio Público, concurrieron la directora de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente, María José Taladriz, junto a la abogada María Pilar Iribarra.

Las profesionales señalaron que era necesario legislar con respecto a la usurpación, pues en la práctica solo se sanciona como falta algo que debe ser considerado como un delito que incorpore aumento de penas. Sostuvieron, asimismo, que los proyectos presentaban algunos errores que pueden dificultar el cumplimiento de los objetivos. Muchas veces —dijeron— en contra de los usurpadores únicamente procede citación y multa, a lo más una detención, y que la utilización de la flagrancia se ve dificultada. Existen fallos de la Corte Suprema que sostienen, amparados en el inciso final del artículo 130 del Código Procesal Penal, que después de 12 horas de cometido el hecho no correspondería la flagrancia.

Las abogadas expresaron, por último, sus reparos ante la manera como está redactado uno de los boletines (el 14.015-25), en cuanto al tratamiento que se le da a la participación de menores, pues al establecerse la agravante como parte del artículo 458 solo iría dirigida a la comisión de delitos de usurpación no violenta. Es decir, si un menor de edad participa en un delito de usurpación de carácter violento, la modificación propuesta no tendría aplicación.

Al finalizar aquella sesión, el senador Huenchumilla pidió la palabra para solicitar que en torno a la discusión de estas dos iniciativas nos diéramos el tiempo de escuchar al mundo de la academia, especialmente algunos profesores de derecho penal, lo que me pareció totalmente atendible ya que es lo que se hace en todas las comisiones técnicas, pues, más allá de que en todas las instancias hay parlamentarios que llevan años estudiando determinadas materias, consultar la opinión de especialistas externos es pertinente y enriquecedor para los proyectos y la discusión.

Terminada la sesión concluyo que estamos frente a un problema que dificulta la aplicación práctica de la norma, aun cuando de la argumentación misma de quienes se inclinan por avanzar en las modificaciones parece desprenderse que no estamos optando por el mejor camino. Me quedé pensando si estaba frente a otra manifestación del tan usual “populismo penal”, como muchas veces se califica a aquellas iniciativas que solo aumentan las penas, sin hacerse cargo de las soluciones de fondo. Pronto iría descubriendo la respuesta.

DE VUELTA A PALACIO 

“Presidente Piñera encabeza reunión con senadores de La Araucanía y se comprometen a trabajar en una agenda en conjunto”. Así tituló ese jueves 4 de marzo de 2021 el diario La Tercera en su versión PM, un año después de mi última visita a La Moneda.

Pese a la delicada materia de la citación, en el contexto del incremento de la violencia y los incendios en La Araucanía durante los últimos meses, acompañada del letal avance del Covid-19, el clima del encuentro y el ánimo del mandatario fueron considerablemente más distendidos que durante los momentos en que estuve allí con ocasión del estallido social. El cese de las movilizaciones, por la misma crisis sanitaria y sus consecuentes medidas de confinamiento, ciertamente producía algo de alivio en Piñera, quien se dio tiempo para bromas en los minutos previos a iniciarse el diálogo formal. Recuerdo que observamos y comentamos algunos óleos de reciente instalación en los pasillos del segundo piso, particularmente uno de Bernardo O’Higgins que no le hacía mucho honor al tradicional retrato que se conoce del padre de la patria. Les dije a los presentes que lo encontraba parecido al senador Kast y le recomendé al presidente considerar para futuros lienzos al destacado pintor realista Carlos Raposo, quien vive en la Región de La Araucanía.

A los pocos minutos, el anfitrión hizo mención a un tweet que yo había subido antes de llegar a la reunión: “Pensar que el conflicto se resuelve con militares es retroceder dos siglos, a la época de Cornelio Saavedra. El estado de catástrofe debe evaluarse solo por motivos sanitarios y el estado de sitio es un delirio que está completamente descartado”.

La publicación no era casual. Efectivamente, el 25 de febrero se había realizado una cumbre de Chile Vamos (la coalición de gobierno) con el mandatario, en la que los líderes de los partidos coincidieron en la necesidad de decretar el estado de sitio o, al menos, el estado de emergencia en La Araucanía. Esta propuesta extrema, que Piñera terminaría concretando unos meses más tarde, siguió encontrando partidarios en los por entonces candidatos presidenciales Sebastián Sichel y Mario Desbordes; el presidente de la Cámara, Diego Paulsen; los propios senadores García, Kast y Aravena, y hasta el diputado exradical Fernando Meza, quienes, entre otros, continuaron insistiendo en esta idea durante las semanas siguientes.

Consultada al respecto en una entrevista de la Radio de la Universidad de Chile, la entonces candidata a constituyente y destacada académica mapuche, Elisa Loncón, fue categórica: “Si el presidente militariza la zona será un error histórico. Porque las comunidades saben dónde están los problemas de fondo. Él, como jefe del Gobierno, debe resolverlos: tienen que ver con la restitución del territorio y el respeto a las formas de vida, cultural y lingüística que nos merecemos como pueblo”. Por esos días nadie, o al menos ninguno de los presentes en la cita presidencial, imaginaba que cuatro meses después la misma académica, electa como presidenta de la Convención Constitucional, abriría la primera sesión de trabajo de la instancia en el salón de honor del ex Congreso de Santiago, en una imagen cargada de simbolismo, pues detrás de ella, en los enormes muros, estaba la pintura “El descubrimiento de Chile”, de Pedro Subercaseaux, donde se observa a un triunfante Diego de Almagro dominando el valle central.

Este mismo cuadro, en una más de las conocidas “piñericosas”, generó risas entre los asistentes al anuncio del primer gabinete —en pleno verano de 2018— luego de que el entonces mandatario electo confundiera a De Almagro con Pedro de Valdivia, tras hacer alusión a la dimensión histórica del lugar. Evidentemente a él tampoco se le pasó por la cabeza que ahí mismo se comenzaría a escribir una nueva etapa de la historia de Chile, de la forma en que menos hubiera querido su coalición ni quienes lo llevaron por segunda vez a La Moneda.

Muchas veces los acontecimientos históricos fueron causa de las más variadas imprecisiones en las alocuciones del presidente. Por eso el día de la reunión no dejó de llamarme la atención la presencia en la mesa, además de una carpeta con datos sobre la inversión regional, de un documento con antecedentes muy precisos sobre el Tratado de Tapihue de 1825, suscrito entre el coronel de ejército Pedro Barnachea (en representación del Estado de Chile) y Juan Mariluán (en representación de los caciques del sur del Biobío).

Nunca ha sido habitual que, para analizar la realidad del conflicto con el pueblo mapuche, la derecha recurra a antecedentes históricos, con excepción de autores que, distorsionando los hechos, lograron instalar su influencia hasta nuestros días, por ejemplo, a través de los textos escolares oficiales. Tapihue, por lo demás, no es cualquier tratado, es ante todo un acuerdo de paz en el que encontramos diversos elementos que pueden ayudarnos a sustentar un diálogo fructífero en la actualidad, pese a su carácter claramente controversial; esto, ya que en la temprana formación del Estado se advertía, por un lado, la necesidad de reconocimiento de la autonomía del pueblo mapuche y, por otro, la estrategia de asimilación cultural que empezaba a ponerse en marcha.

Parte del texto versa sobre sentirse integrante de una misma comunidad y apoyarse mutuamente en el comercio o en la guerra contra enemigos del país. En estos puntos el tratado muestra un claro desbalance en favor del Estado chileno, con lo cual, pese a constituir un hito de los últimos siglos, mal podría pensarse hoy en reeditar su contenido, más aún considerando que una de las partes firmantes, tan solo medio siglo después, incumplió sus cláusulas y comenzó precisamente un violento proceso de usurpación territorial, cuando la presión por más terrenos para producción agrícola tuvo como víctima al pueblo mapuche en lo que fue la triste y mal llamada “Pacificación de La Araucanía”. No obstante la interpretación que hoy se haga sobre este documento, lo claro es que, faltando tres años para cumplirse el bicentenario de aquel intento de paz, bien vale la pena desplegar todos los esfuerzos para intentar, al menos, estar a la altura.

En términos formales, la reunión fue bastante inédita, ya que hubo disposición transversal a escuchar, especialmente del presidente, algo poco usual en él, como puede confirmar quien haya estado en reuniones en las que siempre intenta monopolizar la conversación. Ese día quiso conocer de primera fuente los diálogos que durante casi medio año venían teniendo lugar —en forma telemática— entre los mismos senadores y senadora presentes, bajo la invitación y coordinación del obispo de Temuco, monseñor Héctor Vargas.

José García y Carmen Gloria Aravena entregaron antecedentes específicos acerca de la cantidad de predios tomados en el último tiempo, coincidiendo todos en que muchas de las comunidades movilizadas en esa ocasión no tenían historial alguno de ocupaciones ni de confrontación anterior. Si bien se reconocía que algo estaba cambiando, lo que nunca admitieron los parlamentarios oficialistas fue la inexplicable política de freno a los planes de restitución de tierras de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) llevada adelante por el gobierno, que estaba caldeando los ánimos entre las comunidades y permitiendo la masificación de posiciones más radicales.

Ambos colegas, miembros de la bancada de Renovación Nacional, enfatizaron en lo desbordado que se veía el panorama en cuanto a seguridad, a las dificultades en las cosechas y en actividades rutinarias que para muchas personas víctimas del conflicto comenzaban a tornarse insostenibles. En esa conversación percibí a la derecha menos obsesionada con la militarización y más bien resignada a que las soluciones policiales por sí solas no controlarían en lo más mínimo el fuego, aunque luego en público dijeran otra cosa.

Francisco Huenchumilla, por su parte, se extendió en lo que ha sido su planteamiento desde hace años: la necesidad de comprender que este es un conflicto político y por tanto cualquier camino de solución debía centrarse en un diálogo no excluyente. También hizo referencia a la extensa bibliografía de escritores e historiadores mapuche, a los cuales es posible recurrir para encontrar puntos en común en el relato, y desarrolló igualmente la tesis de que uno de los grandes obstáculos para encauzar este histórico conflicto se encuentra en las consecuencias de la industria forestal, aunque destacó la buena disposición demostrada en el último tiempo por algunos de sus máximos ejecutivos.

El senador DC también se refirió a las declaraciones que durante esa mañana diversos portales habían reproducido sobre una visita a La Araucanía de Juan Sutil, líder de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), con algunas propuestas orientadas a un diálogo transversal que bien valía la pena atender. En el ambiente se instaló tácitamente la idea de que Piñera no podía ser menos que Sutil.

Felipe Kast, por su parte, habló desde una perspectiva muy crítica en relación con el gobierno, los fiscales y las policías, con declaraciones que en ese momento parecían evidenciar su malestar con el Ejecutivo; desconozco si solo por temas propios de la pésima gestión política en La Araucanía o por la dinámica misma de la relación desgastada de cualquier coalición con su gobierno a un año de su término, plazo que el propio Piñera se dio el trabajo de precisar al corregir a Huenchumilla, diciéndole que para ser exactos a su administración le quedaba un año y una semana.

El senador de Evópoli, quien por esos días aún presidía la Comisión de Seguridad, expresó, al igual que todos, su preocupación por los reiterados hechos de violencia en la zona y pidió otorgarles prioridad desde La Moneda. Si bien él mismo había presionado públicamente al gobierno meses atrás para que nombrara un delegado presidencial o ministro en campaña para la región, no parecía del todo conforme con el desempeño de Cristian Barra, quien antes de cumplir cuatro meses en el cargo, tras una entrevista en la que explicitó sus críticas al actuar del Ejército, se vio obligado a perder la medalla de coordinador de seguridad en el territorio, más no su trabajo como funcionario de confianza de Piñera.

“Siempre son reticentes. Me toca reunirme con ellos como jefes de la defensa en las distintas regiones y particularmente encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados, para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera”,fue la declaración que lo condenó. En efecto, lo que Barra quería era dar instrucciones a las Fuerzas Armadas para que actuaran en resguardo del orden público, algo que no les compete en un escenario de estado de excepción constitucional de catástrofe producto de una crisis de orden sanitario.

Sus palabras nunca me parecieron aisladas, sino más bien la expresión de un deseo íntimo del propio Presidente de la República. Fue el mismo Piñera quien el 1 de marzo, al anunciar por televisión que solicitaría al Congreso prorrogar el estado de catástrofe, partió mencionando que la medida era necesaria para combatir los problemas de La Araucanía, incluso antes de referirse a la necesidad sanitaria. En esta misma reunión, de hecho, el mandatario también aludió a la solicitud de prórroga que enviaría al Congreso al día siguiente, señalando esta vez que su único fundamento era el control de la pandemia.

Al escribir estas líneas no puedo dejar de recordar una visita del mandatario a Colombia durante su segunda campaña presidencial, un viaje que ya en ese entonces llamó mi atención y que hoy, rememorándolo, solo reafirma la fascinación de Piñera con el engranaje militar de la selva que intentó sin éxito replicar en La Araucanía a partir del fatídico Comando Jungla. La citada visita tuvo lugar en 2008, oportunidad en la que, tras arribar al “país cafetero”, el entonces candidato chileno se subió al avión del expresidente Álvaro Uribe para acompañarlo en una visita a terreno en un enclave simbólico en la lucha contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según consignó en esa fecha el diario La Tercera, “ambos se sentaron en una mesa donde el mandatario colombiano desplegó un aparatoso mapa de Colombia e hizo una extensa exposición en que comparó los territorios dominados por las FARC cuando él asumió y la relación actual”. Una vez que arribaron al lugar, “los senadores Espina y Allamand (que acompañaban a Piñera) comenzaron a tomar apuntes sobre el estilo de Uribe, su lenguaje, su actitud con la gente y la puesta en escena en general”.

Ciertamente Piñera no podrá jamás sobrevolar la macrozona sur observando sus logros, porque se hace muy difícil identificar alguno. El diagnóstico siempre estuvo equivocado: La Araucanía no es Colombia y el pueblo mapuche no son las FARC.

Retomando la escena de la reunión, hubo otro tema en el que el senador Kast insistió bastante: su molestia porque meses atrás la oposición había rechazado su moción sobre el robo de madera. Cualquiera que repentinamente oye algo así, se pregunta: ¿Cómo es posible? ¿Acaso en Chile robar madera es algo lícito? Diversos penalistas han sido categóricos al señalar que esto está plenamente tipificado en la actualidad y que existen las herramientas suficientes para perseguirlo mediante los delitos de robo o de hurto, según sea el caso y tal cual lo disponen los artículos 432, 433 y 442 del Código Penal. Lo anterior ha sido empíricamente comprobado en distintas situaciones. Por ejemplo, el 18 de marzo de 2021, cuando en Victoria, tras una denuncia, Carabineros logró aprehender a dos sujetos que en dos camiones distintos llevaban madera robada. Una cosa diferente es reconocer que constituye un delito complejo y de difícil persecución, como lo demuestra el hecho de que el procedimiento que acabo de comentar terminó con un teniente herido de bala.

Cuando se discutió la fracasada iniciativa, algunas voces fueron más lejos y sostuvieron que el único objetivo de sus impulsores era seguir estigmatizando al pueblo mapuche, e incluso hubo quienes señalaron que, de haberse aprobado, se habría configurado un delito a la medida de la industria forestal, la cual tiene significativas responsabilidades sobre una parte de las tensiones existentes en la zona.

Cuando llegó mi turno de tomar la palabra, el presidente, fiel a su estilo de carpetas y más carpetas, cuadernos y block de apuntes, sacó un documento que por la tipografía de la letra me pareció conocido; estaba completamente subrayado con colores y seguramente muy tachado. Con el texto en mano me dice: “¿Para qué me entregó dos veces lo mismo?”. Efectivamente, unas semanas antes yo le había enviado vía WhatsApp un texto y en esta ocasión, antes de iniciar la reunión, se lo volví a entregar en papel. Se trataba de un documento de 48 páginas titulado: “Araucanía. Exclusión, conflicto y oportunidades”, el que, para sorpresa mía, él tenía impreso, leído y analizado. Otra cosa era cuánto de lo que ahí se encuentra formulado podía iniciar su materialización en lo poco que quedaba de este gobierno y con el tipo de políticas que hasta ese momento se habían desplegado en la región.

Por mi parte, yo tenía un objetivo principal al que hice mención tanto en la cita como en la posterior vocería en el patio de los naranjos del palacio presidencial: recalcar que el conflicto tiene raíces históricas y que si el gobierno pretendía dar algún paso conducente al verdadero diálogo, tenía que asumir la restitución territorial como una necesidad, así como las distintas dimensiones culturales a las cuales por diferentes razones la derecha siempre ha otorgado muy poca atención. (Basta recordar cuánto le costó al oficialismo, poco tiempo antes, ceder posiciones en lo concerniente a los escaños reservados para la elección de constituyentes). Pienso que Piñera no solo había leído mi documento de reflexión, sino que además había escuchado a más personas en esta materia. En esa ocasión yo mismo le sugerí prestar atención a alguien de su propio sector, Sebastián Donoso, destacado investigador de la Universidad Católica y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien además había desempeñado responsabilidades en su primer gobierno como parte de la institucionalidad indígena.

Avanzar para generar condiciones de diálogo también implica realizar algunos gestos. Sin ir más lejos, uno de ellos, que también fue comentado en la reunión, había ocurrido dos días antes en la sala del Senado, cuando en forma unánime aprobábamos un proyecto de ley para declarar feriado el Día de los Pueblos Originarios, moción de mi autoría que contaba con el patrocinio de todos los senadores de la región y que, dos años antes, había implicado un áspero diálogo epistolar con el actual arzobispo de Santiago, Celestino Aós, ya que significaba reducir de 8 a 7 los feriados católicos. La iniciativa original contemplaba eliminar el feriado del Día de San Pedro y San Pablo del 29 de junio, algo que finalmente no ocurrió, aunque sí se aprobó el festivo para cada día en que caiga el solsticio de invierno, conmemoración que comenzó a regir el lunes 21 de junio de 2021. Creo que este reconocimiento es un hito de gran simbolismo, fundamental para la cultura de los pueblos indígenas de nuestro país, por lo que representa el solsticio para el hemisferio sur. Debo reconocer que en ese esfuerzo la ministra Karla Rubilar fue muy determinante para que el gobierno se plegara a la idea de conmemorar el We Tripantu (celebración del Año Nuevo mapuche) y las festividades de los otros nueve pueblos reconocidos por nuestra legislación.

También alcancé a señalar al presidente la necesidad de establecer una comisión de alto nivel que permitiera abordar el trabajo desde una correcta perspectiva histórica, así como delinear estrategias eficaces de solución al conflicto; en definitiva, un grupo capaz de brindar confianza y garantías a todos los sectores y —parafraseando a Huenchumilla— sin exclusiones de ninguna naturaleza. Para mí era importante que en dicha instancia estuviesen comprometidas entidades de rango internacional, aunque no necesariamente Naciones Unidas, pues ello hubiese significado validar la tesis de la guerra tantas veces declarada por Piñera. A modo de ejemplo, creo que organismos como el Fondo para Las Américas o el Centro Nansen para la Paz y el Desarrollo, que dirige el chileno-noruego Alfredo Zamudio (con experiencia en procesos de diálogo en los Balcanes occidentales, Afganistán, Irak, Polonia y Colombia, y con quien hemos vuelto a conversar en el último tiempo, ahora ya no sobre el estallido social, sino respecto a La Araucanía), serían transversalmente bien recibidos.

A ratos, durante la conversación volvía a surgir la discusión sobre el delito de usurpación, cuyas iniciativas —como se ha dicho— comenzaban su trámite legislativo en la Comisión de Seguridad con algunos de sus autores allí presentes. No entramos al fondo de los proyectos en cuestión, aun cuando Felipe Kast fue enfático en relevarlos como una necesidad urgente frente a la situación de múltiples predios tomados en la región. Yo no estaba tan seguro de que el camino correcto fuese robustecer un delito del cual los mismos “usurpadores” podían sentirse víctimas, al ser herederos de una persecución violenta que, con el Estado chileno como mandante, dio inicio a una masiva usurpación en el mismo territorio respecto del cual hoy compartimos una genuina preocupación. Me limité a decirle al presidente: “Cuidado, que esto puede terminar siendo un búmeran”.

Piñera no estuvo particularmente locuaz durante la cita, de hecho me fui con la impresión de que escuchó con atención los planteamientos de los representantes de La Araucanía. Es más, luego de algunos días supimos que desde La Moneda se contactaron con Alfredo Zamudio del Centro Nansen.

Al finalizar el encuentro, el mandatario afirmó que entendía que para avanzar en procesos de diálogo hay que actuar con discreción, para lo cual consideraba necesario volver a reunirnos en otro momento, en ese u otro lugar, algo que finalmente nunca ocurrió.

Mientras descendíamos por las típicas y empinadas escalinatas que salen del despacho presidencial no faltó el comentario respecto de que abajo, en el patio de los naranjos, lugar de los tradicionales puntos de prensa, obviamente no tendríamos vocería común. Todavía en el ambiente rondaban las consecuencias del irrespetuoso e injustificable desaire que el presidente y otros hombres representantes de los demás poderes del Estado hicieran a la entonces presidenta del Senado, Adriana Muñoz, tras darle la espalda y dejarla sola en un punto de prensa. La Moneda, por cierto, tenía otra versión de cómo ocurrieron esos hechos y la transmitió también aquel día.

Antes de despedirnos quise recordar al presidente un pequeñodéjà vu del año 2019, siete meses antes del estallido social, que había recogido en mi anterior libro, Sírvanse conectar: el rotundo “no está en mis prioridades” que recibimos tras sugerirle avanzar con el proceso constituyente que la presidenta Bachelet había dejado encaminado. El mandatario espetó: ¡¿Y usted en qué momento escribe?! En todo momento presidente, también lo hice mientras estaba en esta reunión, respondí.

AVANZAR A TODA COSTA

No sé cuál fue el criterio, pero el primer abogado penalista que escuchamos ese 10 de marzo con Felipe Kast como presidente de la comisión fue Juan Domingo Acosta. Su nombre me era familiar, más que por referencias de corte académico, porque en algún momento compartió estudio jurídico con Alberto Espina; además, el año anterior había defendido a Piñera en la acusación constitucional deducida en su contra por las violaciones de derechos humanos durante el estallido social, y antes también, en 2007, a raíz de la multa que le aplicó la SVS por no cumplimiento del deber de abstenerse de comprar algunas acciones.

Acosta fue quien mayor apertura mostró para salvar las iniciativas mencionadas, señalando que le parecían bien inspiradas, no obstante reconociendo que muchas de las normas propuestas debían ser objeto de correcciones y otras requerían ciertas complementaciones. Del análisis detallado que efectuó en la sesión y de la completa presentación que dejó en poder de la comisión, cuesta mucho encontrar a qué parte aferrarse para dejar en pie algo de la arquitectura legislativa propuesta por Chile Vamos.