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- Herausgeber: Editorial Catalonia
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Sea cual sea la interpretación que pueda darse a los acontecimientos suscitados en Chile a partir del estallido social de octubre de 2019 nadie duda de su importancia histórica. Tampoco es posible soslayar como un hito aquel vertiginoso 15 de noviembre del mismo año, fecha en que se firmó el acuerdo político más importante desde el retorno a la democracia. Al autor de este libro le correspondió ser protagonista y testigo de excepción de esos acontecimientos. En su condición de presidente del Senado, Jaime Quintana vivió intensamente esos días turbulentos en que se puso en jaque el sistema y el futuro democrático de la república sufrió una de sus peores amenazas. Acostumbrado a tomar notas y escribir, este profesor de Estado en Lenguaje decidió elaborar un registro de todo lo que le tocó vivir en esos días cruciales, dando como resultado este valioso libro que acercará a los lectores a los acontecimientos más íntimos y decisivos de un trozo de la memoria de nuestro país. Organizado como una bitácora de acontecimientos, no se remite solo a dar cuenta de hechos y diálogos. Estos van cobrando vida e iluminan lo ocurrido al registrarlos desde la observación y el análisis en toda su dimensión humana y política. Les otorga contexto indispensable al comenzar la reflexión desde los condicionantes del estallido social y hacerla llegar hasta los padecimientos sociales del confinamiento por el Covid-19, constituyendo así uno de los ensayos más certeros sobre la desconexión entre ciudadanía y clase política.
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Seitenzahl: 532
Veröffentlichungsjahr: 2020
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Crónica de acuerdos y desacuerdos desde el estallido social a la pandemia
QUINTANA LEAL, JAIMESírvanse conectar. Crónica de acuerdos y desacuerdos desde el estallido social a la pandemia
Santiago, Chile: Catalonia, 2020
ISBN: 978-956-324-804-3ISBN Digital: 978-956-324-805-0
Diseño de portada: Guarulo & AlomsFotografias: gentileza diario La Tercera, archivos Catalonia y autor.Diseño y diagramación: Sebastián Valdebenito M.Dirección editorial: Arturo Infante Reñasco
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, en todo o en parte, ni registrada o transmitida por sistema alguno de recuperación de información, en ninguna forma o medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin permiso previo, por escrito, de la editorial.
Primera edición: septiembre, 2020ISBN: 978-956-324-804-3ISBN Digital: 978-956-324-805-0© Jaime Quintana Leal
© Editorial Catalonia Ltda., 2020Santa Isabel 1235, ProvidenciaSantiago de Chilewww.catalonia.cl – @catalonialibros
Agradecimientos
En primer lugar, gracias a los millones de chilenas y chilenos que, enérgica y pacíficamente, nos han mostrado lo imperioso e ineludible que es construir un país más digno y más justo. El ejercicio de la ciudadanía es lo que da sentido a nuestra historia.
Gracias a mi familia, en especial a mi compañera Susana y a mis hijas, quienes apoyaron amorosamente mis largas noches de escritura y concentración para dedicarme a una actividad que pensaba olvidada.
A los amigos y colegas de todas las bancadas quienes, incluso desde otras veredas políticas, me ayudaron a recomponer momentos y detalles que se escaparon de mi cuaderno de notas. Mi reconocimiento también para quienes colaboran en mi equipo de trabajo y, especialmente, a tres personas sin cuya decidida contribución, sacar adelante este libro habría sido mucho más arduo: Farid Seleme, Patricio Poza y Carolina Frêne.
A Editorial Catalonia por confiar en este proyecto que surge desde la reflexión y la esperanza de un Chile que tiene memoria, que busca ser protagonista de su destino y que necesita con urgencia fundar nuevas formas de encuentro en medio de la mayor crisis social y sanitaria de los últimos siglos. Este libro es por todos los que somos, los que estamos y por quienes han partido.
Introducción
Siempre he tomado apuntes, llevo notas, cuadernos llenos de garabatos que solo yo comprendo, símbolos de vivencias diversas en origen y naturaleza que, en el caso de este libro, buscan convertirse en un texto orgánico, cronológico en su mayoría, que represente en la medida de mis posibilidades y esfuerzos, la esperanza nacida de la profunda fractura que el estallido social de octubre de 2019 desnudó y que hoy sigue agudizándose a medida que pasan los meses y se acentúan las consecuencias de un modelo cuestionado. A ello se suma también la contradictoria gestión de un gobierno que no supo responder al llamado urgente por transformar ese mismo modelo en beneficio de toda una nación.
En febrero y ante la evidencia incontestable de la honda crisis que enfrentamos, me encerré a poner en orden esas notas, convencido de que habíamos traspasado el límite y que la amenaza sobre nuestra democracia era latente, persuadido a la vez de la responsabilidad que en ello hemos tenido como institucionalidad política del país. Hoy veo con preocupación la situación de Chile, que no solo se enfrenta a esa crisis sino que a una mucho más profunda e incierta, donde las demandas de las chilenas y chilenos siguen sin ser respondidas.
La configuración de la memoria es un proceso personal, lleno de subjetividades y sutilezas, y es desde allí que este libro se articula. En él confluyen en paralelo o por separado mis reflexiones como senador de oposición por la Araucanía, como profesor de lenguaje, como ciudadano, e indudablemente como presidente del Senado, cargo desde el que tuve una oportunidad histórica para reconocer el despertar de Chile, un país que se levantó mucho antes de que las instituciones y la política terminaran de dormirse.
En estas páginas describo hechos, reuniones, diálogos y sucesos cuyo conocimiento público, estimo, contribuye a una mayor transparencia y entendimiento de lo que muchas veces ocurre tras bambalinas. No está de más decir que la reproducción total o parcial de aquellas conversaciones no constituye riesgo alguno para nadie. Todos estos diálogos están enmarcados en el ejercicio de la política institucional, en espacios de mucha formalidad y también de contextos más distendidos.
Mi auténtico esfuerzo en medio de esa subjetividad ha estado enfocado en mantener la fidelidad con los hechos y sus circunstancias, por lo que en la descripción de los mismos he cuidado de no caer en exageraciones, siendo fiel a la transcripción de las intervenciones de mis interlocutores y de las propias. Ello podrá parecer a más de alguien una extralimitación narrativa, sin embargo, creo confiadamente que colabora en alguna medida a equilibrar el manifiesto desbalance comunicacional en favor del Ejecutivo, claramente visible y no solo atribuible al extremo presidencialismo de nuestro país.
Es importante aclarar que este libro no busca únicamente dar cuenta de un periodo de tiempo específico, sino también aportar con el análisis de muchos de aquellos hechos políticos, y de carácter ampliamente social, que reconfiguraron la actualidad nacional a partir del 18 de octubre. También debo puntualizar que los acontecimientos narrados no constituyen una historia para cada día, sino que pueden ser perfectamente sucesos distintos de los que fui, como ya he dicho, parte involucrada o espectador privilegiado.
Los títulos que dan nombre a cada relato no reflejan de forma obligada todo lo ocurrido ese mismo día, ni sugieren necesariamente que aquel fuese el hecho más relevante. Es más, en algunos casos la narración puede tratarse de situaciones anecdóticas o de algunos momentos privados que, atravesados por la contingencia y filtrados por mi formación pedagógica, me permiten conectar por medio de la historia con eventos de carácter más público.
A lo largo de esta publicación he sincerado una abierta autocrítica y formulado un cuestionamiento a las más diversas instituciones, gremios, grupos de personas, partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones religiosas, lo cual ciertamente obedece a que estoy seguro que todos tenemos alguna responsabilidad en esta crisis. Muchos de estos juicios y análisis podrán parecer para el lector injustos, rotundos y a lo mejor excesivos. Así mismo, y dado que no soy un especialista, es posible que alguien encuentre más de alguna imprecisión técnica en mis apreciaciones, aun cuando la mayoría de los temas a los que me refiero han sido discutidos y abordados en las instancias técnicas correspondientes.
En el capítulo 1 abordo los días previos al estallido del 18 de octubre, jornadas en las que hoy pareciera extremadamente fácil adivinar esa tensa calma previa al temporal que se avecinaba. Sin embargo, esa claridad requirió varias semanas, proceso que describo en el capítulo 2, donde lo que sí queda de manifiesto es la desconexión que padecíamos y cuánto nos costó aterrizar aquello que la ciudadanía expresaba de manera bastante transversal.
Vivimos momentos de mucha tensión en los que el diálogo se dificultó, especialmente cuando la retórica de la guerra instalada exprofeso por el gobierno se apoderó de los discursos públicos en los espacios que debían, por el contrario, dar contención y seguridad a nuestra nación.
Con absoluta certeza puedo señalar que la mesa del Senado que presidí adoptó una mirada abierta que buscaba salidas compartidas a esta crisis. En mi calidad de presidente de la corporación nunca me resté de las instancias de diálogo a las que fui convocado (y por lo que fui algunas veces criticado por mis colegas), con la esperanza de promover y concretar acuerdos que movilizaran la balanza hacia las transformaciones que Chile precisa inaplazablemente.
El capítulo 3 aborda la compleja antesala y los hechos posteriores que dieron curso al esperado acuerdo constitucional alcanzado a mediados de noviembre y que por fin anticipa la redacción de una nueva Constitución, desde una hoja en blanco y en condiciones de absoluta paridad; otra de las demandas que muchos hombres no vimos venir y que se manifestó con fuerza desde la vereda del feminismo. Nunca más sin ellas.
Los alcances de este acuerdo constitucional son un hito cuyo crédito debe quedar anclado en la ciudadanía, ante la cual el Parlamento mostró toda su voluntad de respuesta como ocurrió en la práctica ese 15 de noviembre, aunque hoy algunos se hayan descolgado y desconocido completamente aquello que firmaron. El proceso constituyente es irreversible por y para el bien de Chile.
Desde allí mucha agua ha pasado bajo el puente, y es en el capítulo 4 donde intento reflejar cómo buscamos esa imprescindible pero incomprensiblemente esquiva agenda social que, siendo una prioridad indiscutible, aún no se convierte en realidad. En este cuarto apartado me permití también incorporar una síntesis del documento sugerido para una agenda social inclusiva, que presenté en su oportunidad, y que buscaba abrir vías para el diálogo constructivo con una propuesta concreta. Ideas, caminos posibles, que chocaron una vez más contra la pared de un Ejecutivo inflexible.
El capítulo 5, por su parte, opera como una especie de transición a lo que viviremos después del estallido, donde se narran igualmente aspectos posteriores a este en los que no se sigue un orden estrictamente cronológico. En este apartado me tomo también la licencia narrativa de recurrir a la cotidianidad que experimenté durante los meses de diciembre de 2019 a marzo de 2020, echando mano a hechos políticos contextualizados y a reflexiones generales de la coyuntura, lo cual me permite enlazar conla emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
He dejado para el final en esta introducción, porque me parecen de importancia radical, las apreciaciones sobre las documentadas violaciones a los derechos humanos. La razón es primordial y radica en mi convicción irrestricta de que se traspasaron límites que creímos no eran traspasables. Se cometieron delitos que aún permanecen impunes, se violaron los derechos humanos de cientos de compatriotas, lo que también tiene un correlato a nivel institucional e internacional, afectando la imagen de un país que tiene en sus espaldas el pesado historial de una sangrienta dictadura. Es innegable que el gobierno del presidente Sebastián Piñera tiene responsabilidad política en cada uno de estos hechos, ante los cuales la ciudadanía todavía espera justicia.
El libro termina en el capítulo 6 con una reflexión sobre los más de 10 mil chilenos y chilenas fallecidos en medio de la pandemia. Junto con ello, realizo un relato mes a mes de los principales hechos políticos y resumo los acontecimientos más relevantes, en términos económicos y sociales, de la crisis sanitaria producida por el virus. El complejo entramado de un modelo neoliberal —instalado y promovido a la fuerza— nos obliga a celebrar como una victoria el retiro del 10% de los fondos personales de cada cotizante de las AFP, porque no estuvimos a la altura de lo que una oportuna y verdadera agenda social requería, acicateados por el manejo errático de una conducción política deslegitimada.
Un gobierno que incomprensiblemente eligió la porfía, la represión, el engañoso espejismo del modelo, antes que la urgente necesidad y obligación histórica de facilitar, promover y concretar lo que Chile pide a gritos: una agenda social transformadora. Las cosas pudieron ser distintas. El Ejecutivo que tuvo en su poder la posibilidad de elegir la construcción compartida de un país mejor para todos, exhibe una triste y decepcionante trayectoria factible de reconstruir por cada ciudadano que sigue luchando hoy, más que nunca, en un escenario complejo de inestabilidad general.
Aun así y en este momento que parece tan adverso, me declaro una vez más un irrestricto partidario del diálogo y reconozco la impostergable urgencia que tiene el seguir propiciando encuentros que levanten ese gran entendimiento, sin exclusiones, que nos permita avanzar hacia el descampado, allí donde sin tapujos ni prejuicios, de manera abierta, transparente y solidaria podamos debatir y construir el país al que todos debemos sentir que pertenecemos. Chile es hoy.
Jaime Quintana Leal
Capítulo 1 Los días previos
Durante más de un año se venía hablando de Chile como sede de dos grandes eventos internacionales: la APEC y la COP25. El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que tuvo su debut en 1989 y al que Chile ingresaría en 1994 para, diez años más tarde, ser el país anfitrión, nos dio la oportunidad de mostrarnos como un organizador excepcional. Por lo tanto, y considerando nuestros desafíos económicos, se esperaba que en esta nueva versión Chile actuara como el articulador de importantes acuerdos globales.
De los 21 líderes, 17 habían confirmado su presencia, incluyendo a los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, respectivamente. Desde Santiago, “la guerra” comercial de ambos gigantes se tomaría la agenda mundial y probablemente se pactaría una tregua, con el presidente de Chile en su faceta de mediador planetario. Todo marchaba aparentemente bien en el camino de una agenda con la que Piñera pretendía posicionarse internacionalmente, pero que comenzó a tambalear con la temeraria visita del mandatario a la ciudad colombiana de Cúcuta, donde más que a un estadista vimos a un entusiasta porrista del líder opositor venezolano, Juan Guaidó.
Apoyado por los presidentes de Brasil y Colombia, Jair Bolsonaro e Iván Duque, el plan de instalar al jefe de Estado chileno como referente mundial se reforzaría con la disolución de Unasur y la posterior creación de Prosur. ¿Qué podría salir mal?
Ciertamente el presidente Piñera veía en 2019 su año para emular los liderazgos internacionales de Lagos y Bachelet. Sin embargo, la historia diría otra cosa. Al final de ese año la figura política de la primera autoridad nacional terminaría muy dañada y su intento por proyectar una carrera internacional sufriría un revés definitivo.
Los analistas del segundo piso de La Moneda elaboraban minutas, discursos, comunicados y buscaban asegurar el momento exacto para que el presidente apareciese en medio de líderes mundiales. Las cámaras debían mostrar a un mandatario tranquilo, cercano y con aplomo. No cualquiera podía acercar posturas entre asiáticos y norteamericanos.
En los discursos redactados para la APEC, el vocablo guerra ocupaba varios párrafos para aludir al conflicto comercial chino-estadounidense. Nadie pensó que el presidente de la República lo usaría días después para referirse a su propio pueblo.
Más glamoroso y ambicioso, pero también más incierto se preveía el megaevento de la COP25 para el cual se había asegurado una cantidad importante de recursos públicos y privados. Sin embargo, era evidente que la organización de un encuentro de tal envergadura ya suponía una serie de dificultades. No hubo mucho tiempo para echar a andar, entre otras obras, la infraestructura en el parque Bicentenario de Cerrillos, principal base de operaciones del evento. Chile, con más empuje que planificación, estaba ad portas de comenzar una de las cumbres más relevantes para avanzar en acciones de protección ambiental. En esas semanas la figura de Greta Thunberg acaparaba amplios titulares en la prensa escrita, TV y redes sociales, mientras los matinales invitaban a especialistas para hablar sobre la grave sequía y la emergencia climática que enfrenta el mundo. Con certeza, los equipos de la avanzada presidencial se rompían la cabeza para encontrar el momento en que podían lograr un guiño atractivo entre la activista sueca y el mandatario. Nada de eso sucedió y en un puñado de días pasamos de hablar de cambio climático a cambio político.
En paralelo a la atención que generaba la materialización de ambas cumbres, recuerdo con absoluta claridad un encuentro que agendamos con la embajadora de Canadá en Chile, Marisol Peña. ¿Por qué? Principalmente por el diálogo que sostuve con un niño al final de ese evento. Con la diplomática, de origen español, nos trasladamos hasta la escuela Arturo Prat de la comuna de Santiago, donde mostramos a los estudiantes una experiencia exitosa en el país del norte que adaptamos para Chile: “Senado en tu sala”, un programa que institucionaliza la visita de los senadores y senadoras a los establecimientos educacionales de todo el país.
Al término de la clase, que abordó la diferencia de los sistemas de gobierno de ambos países, uno de los alumnos se acercó y me dijo: “Arreglen las pensiones de los abuelitos, por favor”. Lo miré y le respondí: “En eso estamos. Es una prioridad para nosotros”. Cuando escribo este libro pienso que le contesté con la corrección política acostumbrada a un niño de no más de 12 años, que desesperado buscaba una salida a la precaria situación de sus abuelos. En rigor, su pregunta era más bien una exigencia. En esos mismos días el gobierno pretendía forzar la aprobación de un proyecto que perpetuaba el modelo de las AFP. Peor aún, la iniciativa no incluía la dimensión solidaria, como si en Chile viviéramos solos. ¿Cuánta rabia puede albergar la pregunta de un estudiante? Pronto lo sabríamos.
5 de octubre: un día cualquiera
Recuerdo que hace 31 años salí temprano a votar, era la primera vez que lo hacía. Bien avanzada la noche iríamos con amigos de la universidad a celebrar el triunfo del No en la plaza de Armas de Temuco. En medio de la algarabía por la conquista democrática apareció de pie, en un jeep descubierto, el mismísimo Miguel Krassnoff, por ese entonces comandante del regimiento Tucapel, quien disolvió el más que merecido festejo popular. A pesar de aquel oscuro recuerdo, la gesta de ese día me hizo pensar que los militares nunca más se enfrentarían a su pueblo. Lamentablemente estaba equivocado.
Volviendo al 2019, ese sábado me trasladé hasta Toltén, comuna ubicada en la región que represento, para conversar con algunos dirigentes de comunidades lafkenche de la zona costera, quienes estaban preocupados por la rápida depredación humana en el litoral y en algunos territorios que conforman humedales. Con ellos hablamos sobre la importancia de la ley de humedales urbanos, que en ese momento se estaba discutiendo en una comisión mixta, y también les conté sobre los preparativos de la COP25 parlamentaria, que se llevaría a cabo en diciembre en paralelo a la cumbre de gobiernos y ante la cual se mostraron muy interesados en asistir.
Siempre quise hacer de esa instancia un evento muy participativo, con una alta presencia de la sociedad civil y de grupos, como los pueblos originarios, que pocas veces son destacados en las cumbres internacionales. Para ello, justamente durante esa semana nos habíamos reunido en Valparaíso con Patricia Espinosa, diplomática mexicana que oficiaba como secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Espinosa venía a hacer un chequeo de los preparativos y se encontró con un Parlamento profundamente dividido en materia medioambiental. ¿Cuál era el origen de la confrontación? Podríamos reconocer en el frustrado acuerdo de Escazú uno de los principales nudos. También la oscura situación de propiedad de las aguas y el completo abandono de las llamadas zonas de sacrificio. Los parlamentarios de las comisiones de medioambiente presentes en el encuentro se enfrascaron en una inconducente discusión, emitiendo incluso duras críticas a la gestión de la ministra Carolina Schmidt allí presente. Nunca compartí el tono, tampoco la oportunidad de los cuestionamientos, principalmente porque desde mi rol siempre he pretendido que más allá de las justas diferencias políticas, conservemos la calma, el respeto y la amistad cívica. Claramente, no dejamos una buena impresión ante la encargada de la COP25.
Así transcurrió ese 5 de octubre, de forma tranquila en mi región. En Santiago, por su parte, algunos partidos opositores se reunieron en la sede del Partido Radical para conmemorar los 31 años del plebiscito en un acto sencillo, muy distinto a la relevancia que se le daba antaño a esta fecha. Nadie pensaba entonces que solo algunas semanas después se haría popular la frase “No son 30 pesos, son 30 años”.
7 de octubre: estamos al debe
Ocurren las primeras evasiones en la estación de metro Universidad de Chile. Mientras tanto, en el Senado, Ennio Vivaldi, rector de la mencionada casa de estudios, hacía entrega del inventario con más de tres mil páginas digitalizadas de los archivos históricos de nuestra corporación. Entre esos documentos había, nada menos, que una declaración de guerra a Japón por parte del Senado de Chile, del año 1945.
En esa ceremonia creí ser parte de un momento histórico. Cuán equivocado estaba, cuán perdido. La historia se estaba pariendo en otra parte.
Era un parto muy diferente a los ocurridos en las últimas décadas. Sin partidos, banderas ni líderes reconocidos se daba a luz una protesta social de maciza convicción. Saltando torniquetes en varias estaciones de metro, jóvenes estudiantes iniciaban el proceso más radical que Chile enfrentaba desde 1990. Al principio se pensó que era un descontento por el alza en el pasaje del tren subterráneo de Santiago, sin embargo, con el paso de los días, quedó claro que se estaba desafiando duramente al modelo neoliberal impuesto en el país.
Aun cuando por entonces no existían protestas masivas, el excandidato presidencial de la extrema derecha, José Antonio Kast, ya pedía la intervención de los militares en la calle. Seguramente fue el primero en hacerlo y probablemente sería esa también una de sus últimas intervenciones públicas, pues, al igual que otros liderazgos (no solo de la derecha), se lo tragaría la tierra durante las semanas siguientes. Tal vez asimilaron tempranamente el despertar del país o bien no tenían nada elaborado que proponer, más que incentivar la represión y aterrizar un discurso igualmente violento que los actos contra los que se pedía mano dura.
Para hablar con un mínimo de empatía de lo que ocurre con nuestros estudiantes se hace necesario ir un poco más atrás, cuando se repiten una y otra vez las imágenes de alumnos de liceos capitalinos como el Instituto Nacional, el Carmela Carvajal y el Aplicación, entre otros, asociados a violencia y destrozos. Para quienes hemos seguido de cerca el debate educacional en los últimos años resultaba lógico vincular los sucesos de octubre con lo que había ocurrido hace exactamente un año, cuando la autoridad ministerial nos presentó el proyecto Aula Segura como instrumento de solución a los problemas de violencia que se observaban, tanto en las inmediaciones como al interior de los establecimientos educacionales.
La iniciativa legislativa, que en un primer momento concitó mucho apoyo en las encuestas, era una verdadera panacea para La Moneda y los técnicos del Mineduc. Se veía como algo necesario y por tanto podía ser despachado en no más de una semana. Sin embargo, esa discusión terminó polarizando al país. El presidente Piñera, jugado como pocas veces se le ha visto en un proyecto de ley, llegó a decir: “Yo sé que ustedes están del lado de los que quieren estudiar con seguridad y en paz, crecer y mirar al futuro. Y sé que quieren que este gobierno y este presidente combata con mucha fuerza a los que solo saben destruir y que se disfrazan de estudiantes, pero que en el fondo son delincuentes”.
Meses más adelante, un exinstitutano me dijo que, a su juicio, el debate que generó Aula Segura terminó acumulando mucha rabia en los alumnos y sus familias. Efectivamente, la discusión del proyecto de ley duró un mes y medio, mientras las imágenes televisivas mostraban a toda hora a un grupo específico de liceos asociados a los overoles blancos, enfrentamientos con carabineros, quemas y violencia al interior de los recintos. Todo con escaso cuestionamiento al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien se inclinó desde un principio por criminalizar el movimiento y la protesta, en lugar de buscar alternativas de diálogo.
Toda la evidencia nacional e internacional demostraba que la estrategia del Mineduc tendría tarde o temprano un efecto adverso, especialmente para los estudiantes. 21 investigadores e invitados del más variopinto grupo de universidades y facultades de Educación concurrieron a la Comisión de Educación del Senado y todos, salvo el Instituto Libertad y Desarrollo, ligado a la derecha más tradicional, insistieron en señalar que lo que se pretendía legislar provocaría una peligrosa estigmatización del estudiantado. De hecho, fueron tan contundentes y clarificadoras las intervenciones que anoté en mi cuaderno un par de citas textuales.
La primera corresponde a María Isabel Toledo, doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Diego Portales, quien planteó una interesante disyuntiva de aproximación al tema. “Una alternativa es seguir negando los problemas sociales, otra alternativa es avanzar, reconocer las opresiones estructurales que son de clases sociales, de raza, de pueblos originarios, de sexo, orientación sexual, discapacidad, religión y edad”, señaló.
Por su parte, en esa oportunidad el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, advirtió y compartió ese malestar: “¿No es acaso el síntoma de una sociedad enferma lo que está pasando en los colegios, los consultorios, los estadios de fútbol, las esquinas, el metro, las casas? Como educadores interpelamos a ver el fondo del problema y no soluciones efectistas y fáciles. Queremos soluciones de fondo”, expuso el dirigente.
La Comisión de Educación del Senado hizo lo que pudo considerando la fuerte presión que recibía. Logró avanzar desde cambiar el nombre del proyecto hasta establecer las normas del debido proceso para las expulsiones de los estudiantes, que en la práctica ya existían pues, en efecto, administrativamente cualquier director ha tenido siempre la facultad de expulsar a un alumno. Hubo incluso senadores de la Comisión de Hacienda de la propia oposición que ante el incontrarrestable peso de las encuestas, la presión de los medios de comunicación y también de apoderados, estuvieron dispuestos a recoger en un momento buena parte de los elementos propuestos por el gobierno.
La entonces ministra de Educación, Marcela Cubillos, al igual que el presidente Piñera, se involucró directamente en este debate. Es más, prácticamente las únicas oportunidades en que asistió a la Comisión de Educación fueron cuando discutimos los proyectos conocidos mañosamente como Aula Segura y Admisión Justa. La ministra escuchó los argumentos de los académicos o al menos eso parecía. En realidad, esa actitud que combinaba desprecio, displicencia e incredulidad terminó por molestar a los expertos, quienes probablemente duden en asistir nuevamente a la comisión, al menos a instancias en donde la evidencia y el fruto de la investigación no sean tomados en cuenta.
En rigor, el gobierno nunca quiso escuchar. Tampoco optó por confrontar los puntos de vista presentados por los académicos. Ahora bien, y más allá de la responsabilidad que al Ministerio de Educación le cabe en esta crisis, hay indiscutiblemente una falta también de las administraciones anteriores y del Estado en su conjunto. Al transcurrir los días, se pudo constatar que las causas del estallido social se fueron acumulando con el tiempo: endeudamiento como consecuencia del Crédito con Aval del Estado (CAE), oferta académica desregulada, segregación, mala calidad educativa y, por qué no, la eliminación de las horas de historia del currículum escolar. Realidades que pudieron contribuir a la rabia y al cansancio de la ciudadanía.
10 de octubre: armando y desarmando
Ese día Baltazar, un lactante de La Pintana, falleció a causa de una “bala loca”. La alcaldesa de dicha comuna reclamó que el presidente de la República nunca la había recibido para hacerle presente los muchos casos de violencia que tuvo que enfrentar como autoridad local. Tres días después de ese fatídico momento, un hecho similar ocurría en el mismo lugar: un proyectil perdido ingresó por el techo de una casa y cayó en la cama de un bebé, afortunadamente sin consecuencias graves que lamentar. Lo anterior, acompañado de la ostentación que muchas veces bandas de narcos realizan en relación con la cantidad de armas en su poder, fue generando una fuerte presión por regular una actividad comercial que en los últimos años había tenido pocos cambios.
Los días y las semanas previas al estallido estaban fuertemente marcados por una agenda de seguridad, en la que el gobierno creía tener una envidiable habilidad de conducción. Se habló de funerales narcos, de delincuencia sin control y de una cantidad desconocida de armas en manos de particulares. La muerte de Baltazar fue un punto de inflexión para dar un giro a una política pública que históricamente fue una piedra en el zapato para la derecha. Es cuestión de revisar las sesiones de años anteriores para constatar que los exsenadores Alberto Espina y Baldo Prokuriça nunca fueron muy partidarios de modificar la ley que regula el control de armas en Chile.
Nuestra legislación sobre armas no estaba dando el ancho y como en muchos otros ámbitos aquí también había responsabilidades compartidas. En general, durante décadas, los gobiernos no tuvieron disposición a innovar y a establecer mayores regulaciones para impedir que las armas fueran a parar a manos de civiles y, lo que es más grave aún, a manos de delincuentes y narcotraficantes. Para oscurecer más el escenario, hay que decir que ni siquiera las armas fiscales contaban con la adecuada supervisión.
Un mes antes del acuerdo constitucional, la totalidad de las bancadas políticas del Senado firmarían un protocolo junto al entonces ministro del Interior Andrés Chadwick. En el documento se establecía un plazo para hacer indicaciones y discutir un conjunto de mociones refundidas sobre una más estricta fiscalización al porte y venta de armamento.
Para ser precisos, el plan legislativo lo empezamos a diseñar cuidadosamente al inicio de esa semana, junto al presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, del Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz, y el vicepresidente del Senado, Alfonso de Urresti. Luego se sumarían integrantes de la Comisión de Defensa, entre ellos el senador Pedro Araya. Una vez terminada la propuesta llamé al entonces ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. El integrante del gabinete político de La Moneda aceptó nuestra idea y se comprometió a buscar apoyo en su sector.
Aun cuando algunos parlamentarios no querían aparecer en una foto con el gobierno y menos con su cuestionado ministro del Interior, creí que era el momento de dar una señal en materia de seguridad. Chadwick, algo molesto por no haber sido parte de la negociación previa, solo llegó para la sonrisa y la firma.
La derecha no puede esconder su responsabilidad en esta materia. No sé si se debe a su histórica cercanía y complacencia con el mundo militar o a otro factor, pero lo cierto es que siempre ha tenido una actitud laxa a la hora de regular estos asuntos. Eso hace que el protocolo firmado el día 16 en la sala de reuniones del Senado (una semana después de la muerte de Baltazar) haya sido tan relevante. Por primera vez la totalidad de las bancadas se comprometían a normar de manera más precisa la reinscripción de armas, el control anual a sus dueños, la identificación balística, la emisión de certificados de idoneidad psiquiátrica para quienes las portan y la trazabilidad de las armas del Estado, entre otras materias.
14 de octubre: disparar a la bandada
Esa mañana recibí decenas de mensajes sobre los dichos que la diputada Maite Orsini había emitido en un programa televisivo. La parlamentaria habría dejado entrever que el narcotráfico estaba inmerso en el Congreso Nacional. No respondí, aun cuando sabía que más tarde los medios de comunicación apostados en el Senado me pedirían hablar sobre esto.
Lo reconozco. Estaba algo molesto porque, a mi juicio, las denuncias al voleo, la crítica de 30 segundos para las cámaras y las posteriores disculpas son parte de las razones del descrédito de la política. Si bien los principales factores que explican la desconfianza han sido los actos de corrupción vinculados a esta actividad y la sensación de privilegios que proyectamos, las expresiones irresponsables y sin fundamentos de los propios dirigentes políticos han contribuido significativamente a la baja valoración que tiene la ciudadanía hacia este tipo de instituciones.
Al margen de las diversas sugerencias que había recibido de mis colegas, lo tenía claro. La respuesta a los dichos de la diputada de Revolución Democrática debía evitar la ambigüedad en la que caemos regularmente quienes participamos de la esfera pública.
En el último año y en función del rol que cumplí, no tengo recuerdo de haber sido tan categórico frente a afirmaciones de un legislador o legisladora y sostuve: “No es en un matinal de TV donde se deben hacer este tipo de declaraciones, sino ante la fiscalía, en la medida en que se cuente con las pruebas para ello. Sus expresiones me parecen irresponsables y si bien nunca se puede descartar que en cualquier institución existan personas que puedan tener vínculos con estos grupos, lo cierto es que disparar a la bandada es imprudente”.
Como haya sido y aunque esa polémica no tuvo mayor duración, en el fondo ese tipo de declaraciones no hace otra cosa que enrarecer el clima al interior del Congreso. Si había condiciones de respeto y juego limpio, expresiones como la empleada por la diputada Orsini fracturaban el ambiente. Cuando se lanza una acusación de esa naturaleza es la propia política la que pierde y se desprestigia. Es más, no sé si la parlamentaria en cuestión sacó algún rédito con sus dichos. Probablemente ninguno. Sin embargo, como es habitual en esta actividad, las disculpas siempre serán un recurso cómodo al cual acudir.
Un episodio similar fue aquel que provocó la exministra vocera y actual ministra del Deporte, Cecilia Pérez. Cómo olvidar cuando la militante de Renovación Nacional y escudera del presidente Piñera sacó artillería pesada para dejar en el centro de atención al Partido Socialista. Sin pruebas, pero con los ojos puestos en golpear a la oposición, la ministra no dudó en generalizar y vincular directamente al partido de calle París con el narcotráfico. Nuevamente, nadie ganó. Y la política otra vez quedó bajo un profundo cuestionamiento. Sin embargo, debemos ser justos: el senador Elizalde, como presidente de esa colectividad, tomó rápida y acertadamente medidas disciplinarias internas y acciones judiciales en contra de los militantes involucrados en las denuncias.
Ese lunes 14 tampoco sería un día positivo para el gobierno. Durante esa jornada los senadores de oposición integrantes de la Comisión de Educación nos reunimos en Santiago con una serie de gremios vinculados al primer ciclo formativo. Nos mostraron variados antecedentes relativos al proyecto denominado “Sala cuna universal”, que en realidad no era más que un petardo legislativo. Revisamos la norma en detalle y ahí, con mis colegas Yasna Provoste y Juan Ignacio Latorre, constatamos por qué el Ejecutivo no quería que el proyecto lo revisara la comisión encargada. La Moneda quería aprobar rápidamente la iniciativa y para eso ya contaba con la recomendación positiva de la Comisión de Trabajo. Sin embargo, en esa reunión que sostuvimos con trabajadoras y trabajadores de salas cunas y jardines infantiles terminamos por convencernos de lo riesgoso que sería apoyar una de las propuestas estrella del gobierno.
Esa mañana de lunes, previo al estallido, los integrantes de la Comisión de Educación pudimos constatar que la letra chica de esta propuesta estimulaba el lucro en un sector de los recintos educacionales donde hoy no abunda, mediante la transferencia de fondos públicos a particulares. A juicio de los gremios, todo ello impactaría negativamente en la calidad de los espacios de formación destinados a lactantes y niños.
El tiempo terminó por develar todas las imperfecciones. Quedó demostrado que, de educativo y universal, el proyecto de sala cuna tenía muy poco. En rigor, la iniciativa solo promovía la creación de guarderías para las madres que contaban con un trabajo. Al margen quedaban esos niños y niñas cuyas madres no tenían una plaza o contrato laboral. Claramente, las perjudicadas y discriminadas, una vez más, serían las mujeres y familias más pobres del país.
Semanas más tarde, un número importante de académicos, entre ellos la destacada profesora del Departamento de Teoría y Política Educativa de la Pontificia Universidad Católica, Cynthia Adlerstein, terminaría por sepultar el proyecto tras una sólida intervención. Finalmente, el mensaje presidencial fue rechazado por la Comisión de Educación el 6 de noviembre de 2019.
Martes 15 de octubre: Chile, sede de la cumbre de Interpol
Hubo una cumbre, de naturaleza menos política que la APEC y la COP, pero con una mayor cantidad de países representados, que no se suspendió. Efectivamente, Santiago sí fue sede de un evento internacional en plena semana del estallido. Entre el 15 y el 18 de octubre de 2019 se desarrolló nada menos que la 88a Asamblea General de Policía Internacional, Interpol.
A las 10:40 en punto de ese martes 15 llegué a Espacio Riesco, lugar del encuentro. Fui recibido por personal del Departamento de Asuntos Públicos de la PDI. En el recinto donde después se instalaría el centro hospitalario Huechuraba, me encontré con una infraestructura especial y cuidadosamente habilitada para recibir a la crema y nata de la policía del mundo. Por un momento dejé el protocolo y me detuve a observar a los asistentes. Vi en ellos la inspiración de series americanas, irlandesas, británicas, francesas y españolas. Parecía estar en medio de los personajes de series setenteras como Las calles de San Francisco, ochenteras como Nuevos policías o de la contemporánea Homeland.
La ceremonia de inauguración se retrasó media hora, por lo cual aproveché de saludar a distintas autoridades presentes en el evento. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Arturo Merino Núñez, me comentó del enorme despliegue que su institución estaba haciendo en torno a la seguridad del espacio aéreo, considerando la cantidad de aviones que llegarían al país, especialmente con los líderes de la APEC. Las visitas de los presidentes Trump, Putin y Xi Jinping tenían a la FACh mirando día y noche los cielos del territorio nacional. Conversé unos minutos con la jueza Romy Rutherford, conocida por la acuciosa investigación del fraude por $3.500 millones en el Ejército de Chile. Le dije: “Usted ha realizado un tremendo trabajo. Su investigación es demasiado importante para la democracia”. “Es lo que se debe hacer, senador. Es lo que el país espera”, recuerdo que me respondió.
La salida de los militares a la calle unas horas después, encontraría a la ciudadanía sin miedo, desafiante. Los chilenos indignados también con este robo no estaban dispuestos a aceptar que se vinieran ahora las balas contra quienes estaban protestando.
En la inauguración, intervinieron el director general de la PDI, Héctor Espinosa, el presidente mundial de la organización, el coreano Kim Jong Yang, y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien en su discurso habló de la coordinación para enfrentar el terrorismo y el narcotráfico. Allí el mandatario lanzó esta profética frase: “Estar alerta para prevenir, el juntar todas las piezas de este rompecabezas para llegar antes que las bombas exploten, de forma de prevenir y no solo después en que muchas veces solo podemos lamentar”.
Recuerdo haber intercambiado algunas palabras con miembros de la delegación coreana, quienes acompañaban al presidente mundial de Interpol, sobre el impacto del K-Pop en los adolescentes chilenos. Les confesé que mi hija menor es fanática de este verdadero movimiento cultural y que he aprendido de esta música escuchando y viendo bailar a BTS, EXO y Black Pink. Meses después la propia televisión asiática se reiría de la teoría del gobierno chileno, que vinculaba esta expresión musical con la protesta social. Nunca sabremos quién fue el cerebro tras la idea de culpar a nuestro quinto socio comercial de ser instigadores de un descontento social a través de una corriente musical.
Esa semana tuvimos a toda la inteligencia policial del mundo instalada en Santiago. ¿Cuántos chequeos se hicieron? ¿Hubo análisis de riesgos y de la matriz de conflictos? Era imposible que esas prestigiosas policías llegaran al país sin estudios previos sobre el contexto chileno y los problemas sociales o de seguridad que potencialmente podrían afectar el desarrollo del encuentro. Es legítimo preguntarse si algunas de esas prestigiosas delegaciones tenían antecedentes del enemigo poderoso e implacable que el presidente Piñera, unos días más tarde, aseguraría que enfrentábamos.
Yo no sé si el mandatario chileno, las autoridades del Ministerio del Interior, el Poder Judicial, nuestras policías, las Fuerzas Armadas o quienes estuvieron allí durante esos días se hicieron la misma pregunta que hasta el día de hoy yo no he dejado de hacerme. Estando toda la inteligencia policial del mundo reunida en Santiago, ¿nadie anticipó lo que venía?
Ninguno de los organismos que estuvieron durante esa semana en Chile, con todos los recursos humanos y tecnológicos a su disposición, pudo prever lo que se avecinaba. Por lo tanto, y con el tiempo como aliado, se podría asegurar que el problema de inteligencia no es solo de Carabineros, sino de todas las otras policías que coincidieron en la capital, para las cuales tampoco fue posible predecir que las invasiones alienígenas eran tan reales como los ataques cibernéticos.
Esta cumbre fue la única que Chile pudo realizar y la Policía de Investigaciones respondió con un estándar organizativo de altísimo nivel, pues no era sencillo coordinar una conferencia que contó con representantes de 164 naciones.
Miércoles 16 de octubre: control y seguridad
En una conversación con estudiantes durante la final del torneo de debate Delibera, organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional, hablamos sobre la COP25. Les conté sobre mi experiencia universitaria, cuando participé en la conferencia de Naciones Unidas sobre medioambiente y desarrollo en Río de Janeiro en 1992, evento que daría origen a lo que conocemos hoy como COP. Fue un viaje en bus que duró tres días y medio atravesando la pampa Argentina hasta la ciudad de Uruguayana y de ahí hasta el parque Flamengo, lugar donde se realizó la cita. Fue allí cuando más cerca estuve de don Patricio Aylwin y fui testigo de cómo ese presidente de Chile se reunió con los movimientos ambientalistas de la Amazonia y de Sudamérica en el evento no oficial. Muchos coincidirán conmigo que en los años noventa era habitual que los mandatarios se juntaran a conversar con la sociedad civil, pues la política gozaba de esa frescura ciudadana que trajo el fin de las tiranías.
Durante esa actividad, algunos jóvenes que participaban del torneo Delibera se acercaron a plantear su disconformidad con la agenda legislativa del Mineduc. Uno de ellos fue más lejos y, en tono áspero, me dijo: “Espero, senador, que ni un voto suyo vaya para la agenda de esa ministra que no descansa en tratarnos como delincuentes”.
Otro grupo me preguntó si vendría la activista sueca a la COP25. Es más, me pidieron entregarle una carta con los problemas ambientales de Chile. Una estudiante terminó la conversación con esta frase: “Senador, somos nosotros, quienes vivimos en este planeta, los únicos que podemos cambiar esto. No hay plan B. No tenemos un planeta B”. Sus palabras son de una profunda esperanza y compromiso ambiental. Camino a mi oficina comienzo a tararear esa clásica canción de Fito Páez que dice: “¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón”.
Durante todo el año habíamos estado organizando, junto a la Unión Interparlamentaria, la COP25 Parlamentaria, en la cual participarían más de un centenar de congresos nacionales. En medio de estos preparativos habíamos extendido invitaciones, entre otros, a los internacionalmente conocidos activistas Arnold Schwarzenegger y Leonardo Di Caprio, y a la joven referente medioambiental Greta Thunberg, quien ya había manifestado su interés, a través de la embajada de Suecia en Chile, de entregar un mensaje en el Salón de Honor del Congreso Nacional.
Como sostuve en varios momentos en medio del estallido, este no encontró a las fuerzas políticas en un estado de particular beligerancia ni crispación. Por el contrario, yo diría que el diálogo político antes de la crisis era bastante fluido, pese a las grandes diferencias que manteníamos por esos días en materia previsional, tributaria y educacional.
Ese miércoles fue bastante intenso en términos políticos y legislativos. Por una parte, el presidente Piñera una vez más emplazaba hostilmente al Congreso a aprobar propuestas de su agenda, mientras en paralelo la Cámara de Diputadas y Diputados, con votos de la Democracia Cristiana, despachaba a segundo trámite el proyecto que ampliaba el control preventivo hasta los 16 años. Estos dos temas molestaron bastante a la oposición; prueba de ello es que la posibilidad de firmar el consenso sobre armas estuvo a punto de estrellarse.
El acuerdo que permitió la aprobación del proyecto de control preventivo a adolescentes generó profundas tensiones al interior de la centroizquierda. Se trataba de una medida muy controvertida técnicamente y que la Cámara de Diputados fue capaz de sortear pese a las serias advertencias que hicieran organismos internacionales como Unicef. “Con esta norma hemos retrocedido 30 años en derechos humanos”, sentenció una diputada opositora.
Creo que, a la larga, espectáculos como este terminaron por agravar la crisis de representación y credibilidad institucional que experimenta el país. Un ejemplo que refuerza este planteamiento ocurrió tras la aprobación de ese cuestionado proyecto de ley al que incluso asesores del Ministerio del Interior no adherían. Una hora después de ese bochornoso episodio, la misma bancada de diputados que entregó los votos para despachar la iniciativa llamó a un punto de prensa para anunciar una interpelación al ministro Chadwick por los preocupantes índices que tenía Chile en materia de seguridad ciudadana. Acto seguido, los jefes de bancada del Partido Socialista y del Partido por la Democracia no dudaron en catalogar la declaración como un intento desesperado por lavar la imagen de una colectividad que parecía más cerca de La Moneda que del progresismo.
Finalmente, Andrés Chadwick no fue interpelado, pues el resto de la oposición no estuvo disponible para llevarle el agua y el jabón a la falange. Lo que sí ocurrió después fue la destitución del mencionado exministro, pero por un tema muy distinto: su responsabilidad en las graves violaciones a los derechos humanos que afectaron a cientos de personas mientras estuvo a cargo del orden público del país. La DC, entonces, no pudo mirar para el techo.
Respecto a los dichos del presidente en contra del Congreso Nacional, no es incorrecto decir que eran algo habituales cuando el gobierno perdía el control de la agenda o, como en esa oportunidad, cuando era golpeado duramente por los malos resultados de una encuesta. Los alarmantes datos sobre delincuencia y victimización que había publicado el día anterior la Fundación Paz Ciudadana fueron un mazazo para La Moneda. Rara vez la derecha puede justificar retrocesos en materia de seguridad pública, porque al igual que empleo y crecimiento económico, se trata de áreas que administraciones conservadoras aparentan dominar con propiedad.
Jueves 17 de octubre: tensa calma
Comencé esa jornada con varias entrevistas. Mis colegas estaban muy molestos con la actitud del presidente Piñera quien, al más estilo de Donald Trump, no dudaba en tratar de antipatriotas a sus adversarios políticos cuando las cosas no salían como las tenía planificadas. Por tal motivo era necesario enfrentar las frecuentes descalificaciones de un mandatario que, entre otras cosas, nos pedía aprobar un proyecto que pretendía “modernizar las policías”, en particular a Carabineros. El tiempo nos aclararía que la policía uniformada no solo requeriría de un cambio cosmético. Hablamos de una cirugía mayor.
Se trataba del día previo al inicio del más grande estallido social que experimentaría Chile tras el retorno de la democracia. Paradojalmente, la agenda mediática estaba marcada por la tensión entre oposición y gobierno respecto de las políticas de control y seguridad.
Tras la visita a algunos medios, esa jornada continuaría con algunas reuniones en la sede del Senado en Santiago. En una de ellas recibí a la agrupación Rompiendo el Silencio y a la plataforma Derechos Filiativos, con quienes conversamos sobre el proyecto de ley que propone terminar con la discriminación que sufren los hijos de parejas no heterosexuales (iniciativa que fue aprobada en general el 1 de julio de 2020).
Ese encuentro vino a reforzar la agenda legislativa que había trazado como presidente del Senado en materia de derechos y libertades individuales. Es más, por esos días había conversado con la recién asumida presidenta de la Fundación Iguales, Alessia Injoque, a quien reiteré mi compromiso de aprobar en general el proyecto de matrimonio igualitario durante mi gestión. Felizmente lo hicimos el 15 de enero de 2020.
Durante la noche de ese jueves el Senado iluminó de color rosa el edificio del ex Congreso de Santiago, con el propósito de relevar la semana contra el cáncer de mama. Esta sencilla iniciativa que implicaba algunos costos menores la impulsamos junto a la senadora Carolina Goic. Si bien era una medida de carácter simbólico, siempre tuve claro que era fundamental para crear conciencia sobre cómo enfrentamos este tema que afecta a un gran número de mujeres en Chile y respecto del cual aún no tenemos una ley debidamente financiada para tratamiento y cobertura.
Viernes 18 de octubre: desde la Araucanía
Ese viernes me trasladé a la comuna de Collipulli para la celebración conjunta del “Día del profesor y del asistente de la educación”. En un acto tradicional donde siempre ha existido un espíritu de unidad y compañerismo, el ambiente era completamente distinto. Una suerte de polarización interna se reflejaba en los discursos. Un alcalde elegido por la DC, que hoy es parte del bloque oficialista, y la directora de Educación de tendencia socialista con bastante apoyo interno hablaron a la audiencia. Cada uno con un mensaje diferente. Era obvio que allí existía una tensión que probablemente terminaría afectando a los estudiantes, centro de la educación pública. Como si este enfrentamiento discursivo no fuese suficiente, las palabras del presidente comunal del Colegio de Profesores, Ibar Leiva, fueron al menos llamativas. En una intervención extensa y muy politizada se refirió fundamentalmente a los delitos de cuello y corbata y sus nimias penalidades, a los bajos sueldos, a los serios problemas de la educación pública y al conjunto de las inequidades que afectan día a día a los chilenos de menores ingresos.
Más tarde almorcé con el exalcalde socialista de Collipulli, Leopoldo Rosales, y con la directiva comunal de ese partido en un restorán ubicado en un tramo conocido policialmente como la zona roja de la Araucanía. El encuentro nos permitió analizar temas locales, sin embargo, los televisores dispuestos en las paredes del amplio comedor solo mostraban los incidentes que estaban teniendo lugar en Santiago.
A las 14:00 horas y tal como estaba acordado, me llamó el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, para conversar sobre iniciativas de ley que podrían tener impacto en los tribunales de justicia. Anoto las principales. Recuerdo que se encontraba en una reunión de magistrados en Punta Arenas. Hablamos sobre lo que estaba ocurriendo en el país. Lo noté profundamente preocupado por la envergadura de la protesta social. Ninguno de los dos imaginaba siquiera que nos tendríamos que encontrar personalmente en La Moneda 48 horas después.
Tanto en mi desempeño como diputado y ahora como senador, las semanas regionales han sido mi cable a tierra. Ni el cargo de presidente del Senado había podido modificar esta parte de mi cultura parlamentaria. Siempre he considerado, como la mayoría de los congresistas, que las semanas distritales y regionales son igual o más relevantes que las legislativas, a pesar de la incomprensión de los medios de comunicación y de la espesa barra tuitera.
Ese día, sin embargo, fue completamente distinto. Cada conversación giró hacia la crisis que recién comenzaba. Acababa de llegar a Lautaro y las posteriores reuniones de ese viernes continuarían en esa dirección. “Senador, ¿es tan grave como se ve en las noticias?”; “Don Jaime, le pido que haga algo, yo tengo a mi familia en Santiago y estamos todos muy preocupados”; “Si es necesario que los militares salgan a la calle, ¿qué hará usted?”, fueron algunas de las preguntas que me hicieron. La última me quedó dando vueltas. ¿Los militares? Pensé que esa idea de algunos vecinos era producto de las imágenes en televisión. Debe ser la televisión, repetí en voz alta.
A las 18:00 horas sigo en mi tradicional viernes y, como en el cuento de García Márquez, “Algo muy grave va a suceder en este pueblo”, le digo a uno de los miembros de mi equipo si se ha dado cuenta del calor que está haciendo. Esa tarde fue probablemente la más calurosa del mes de octubre en la Araucanía.
Avanzadas las horas recorrimos el emprendimiento de una pareja que, con increíble esfuerzo, había levantado un plantel porcino. En ese tiempo estaban ad portas de iniciar su fábrica de cecinas. Siempre soñaron con vender en Temuco, en Santiago y en todo Chile.
Tras terminar la visita, otro asesor me compartió un video de una joven estudiante en Estación Central que había recibido un balín a la altura de la ingle por parte de carabineros. El impacto le provocó un profuso sangrado como consta en las imágenes que circularon durante esa jornada. Recordé nuevamente el cuento del Gabo y fue, definitivamente, ese hecho en particular lo que me hizo asumir que esto sería más grave de lo que en un principio pensé. Finalmente decidí suspender el resto de las actividades agendadas para ese día y me concentré en seguir recabando información de los distintos sucesos que acontecían. Pregunté de inmediato qué estaba ocurriendo en otras comunas de la región. A esa hora en Temuco aún no se desarrollaban incidentes.
Cerca de las 21:30 horas llegué hasta los estudios de radio Mirador de Lautaro para una entrevista. Era importante hablarle a la región que represento y ser responsable con los auditores. Se trataba de un espacio en medio de un programa de música ranchera de alta audiencia. Traté de dar calma y tranquilidad, y creo que no lo logré. Mis palabras no coincidían con las imágenes de la televisión y tampoco con aquellas viralizadas ampliamente a través de las redes sociales.
Durante las horas siguientes la preocupación escalaría. En la oposición todos entendían el profundo significado de lo que estaba ocurriendo, lo que había originado este estallido. Más allá de la enorme diversidad que se podía apreciar en las manifestaciones, en los rayados y en mensajes virtuales, todo estaba claro: el motivo de la indignación no era otro que el cúmulo de inequidades e injusticias especialmente en lo social. ¡La gente estaba explotando!
Ya en casa, fui al librero a buscar los cuentos completos del Nobel colombiano. No lo hojeaba hacía décadas. Me intrigaba volver a recordar esa seguidilla de malas noticias que el gran escritor iba develando en su relato. Una tras otra, como en un juego de dominó se juntaban las piezas ese viernes. Algo similar sucedería el sábado y la semana siguiente y los meses que vendrían. “Yo dije que algo grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca”, sentenciaba la última frase del cuento.
Sábado 19 de octubre: frente a frente
Por la mañana tuve que tomar una difícil y dolorosa decisión, a la que le di muchas vueltas. El día anterior había fallecido en la fronteriza comuna de Lonquimay el exconcejal Gabriel Roa Espinoza, con quien habíamos hecho política por años en esos cuatro mil kilómetros cuadrados de superficie. Habíamos recorrido sus valles y montañas. Si bien lo había ido a ver tres meses antes al hospital, eso no me pareció suficiente. Conocía a su familia, compartimos campañas y trabajo junto a pehuenches y colonos. Sentí que debía acompañarlos en ese momento.
Sin embargo, la tensión en el país no bajaba y de lo que más se hablaba en esas horas era de la inmensa cantidad de saqueos que había tenido lugar la noche anterior. Ya estaba decretado el estado de excepción, con toque de queda incluido. Eran momentos de mucho diálogo con colegas, periodistas y autoridades de gobierno respecto de cómo enfrentar aquello. Sin duda la interrogante era: ¿qué hacer? Lonquimay significaba cuatro horas de viaje con la posibilidad de quedar incomunicado. La transmisión de datos y mensajes no es buena en la alta cordillera, por lo que, con sentimientos encontrados, decidí quedarme en Temuco. Ese día terminó con una llamada desde La Moneda para solicitar que, ante la crisis, diéramos junto al presidente una señal de unidad, para lo cual convocaba a los distintos poderes del Estado a una reunión la jornada siguiente.
Domingo 20 de octubre: el vuelo y el palacio
En momentos como los que estábamos viviendo era fundamental mantener la disposición al diálogo. Necesitábamos conocer el diagnóstico del mandatario frente a la situación. En los días previos las conversaciones con senadores de oposición y del oficialismo, dirigentes sociales y militantes de partidos políticos me habían permitido construir una premisa que mantengo hasta el momento de escribir este libro: la salida a esta situación solo se puede concretar a través de la paz.
“No vayas, Jaime. Te vas a prestar para un nuevo show del gobierno”, me dice una destacada militante de mi partido. Le presto toda la atención, sin embargo, ¿por qué restarse de ese momento? Era evidente que las soluciones para enfrentar la crisis provenían eminentemente del Ejecutivo. El movimiento tenía que ver con los últimos 40 años y si lo ponemos en una línea histórica, en específico había que mirar desde el plebiscito del ochenta. Después de ese hito fundacional se dio origen a la desigualdad social, política, económica, ambiental y cultural que explota sin retorno en 2019.
En el marco de la campaña del rechazo a la nueva Constitución, el entonces senador Andrés Allamand difundió en Twitter un video donde se debate sobre el mejoramiento o demolición de una casa. Es cierto, hace 40 años se construyó una casa, pero solo algunos pudieron vivir tranquilos, seguros y cómodamente instalados en sus habitaciones. La mayoría no vio esa vivienda como propia y fueron desalojados rápidamente de ese espejismo democrático e inmobiliario. Es igualmente cierto que parte importante de la ex Concertación fueron activos allegados en esta vivienda cívico-militar.
Tenía que estar presente, no tenía dudas. Piñera, hasta entonces, había hablado muy poco. Esa noche sería una de las vocerías que difícilmente podremos olvidar. En lugar de dar tranquilidad a la nación, el presidente de Chile decidió plantear que el país estaba en guerra con un enemigo poderoso.
Lo más fácil pudo haber sido no dialogar políticamente, justificando que el gobierno había decretado estado de emergencia. No me pareció una razón suficiente. Varios líderes de la oposición me hicieron llegar propuestas específicas para llevar a dicha reunión.
La Moneda fijó el encuentro para las 14:00 horas. Mi vuelo salía desde Temuco a las 9:15. Llegaba sin contratiempos a la cita. Mientras me trasladaba rumbo al nuevo aeropuerto de la Araucanía, ubicado en Freire, frente al santuario de Metrenco recibí una llamada de la diputada Andrea Parra: “Jaime, ¿tú también viajas en el primer vuelo de LATAM de hoy? Te cuento que está suspendido”, remató.
Lo que sucedió después de ese llamado pocas personas lo saben.
La radio informaba de una gran cantidad de vuelos suspendidos esa mañana a lo largo del país. La violenta jornada de la noche del sábado y madrugada del domingo, especialmente en Santiago, generó tal alteración en los desplazamientos que no solo muchos pasajeros no llegaron a la hora a sus vuelos, sino que la propia tripulación, los mecánicos y personal de aeronáutica también se vieron impedidos de llegar a sus trabajos.
Pregunté al personal de la escolta, que por la naturaleza de mi cargo me acompañaba de forma permanente, cuánto tiempo nos tomaría el desplazamiento por tierra. La información que me dieron fue que la ruta estaba completamente despejada. “Es un domingo bien especial, hay militares dispuestos en varios puntos del país. Llevaremos baliza. En poco más de cinco horas estamos en Santiago”, me aseguraron.
Dimos vuelta en el primer retorno que encontramos y enfilamos por la ruta 5 hacia el norte. Nos detuvimos por un café en la carretera, cerca de Victoria. Raudos, seguimos en dirección al septentrión. Mientras apuntaba algunas ideas fuerza que le plantearía al presidente, recibí un llamado de La Moneda.
El ministro Gonzalo Blumel me preguntaba insistentemente por mi ubicación. En uno de los llamados me advierte que no alcanzaré a llegar y que ellos me proporcionarían transporte aéreo. “Gonzalo, por ningún motivo. No se justifica traer un avión de Santiago para venirme a buscar. Llegaré por tierra”, le manifesté.
El ministro insistió y ciertamente debió impartir instrucciones para mi traslado porque a la altura del peaje Las Maicas, casi ingresando a la región del Biobío, recibí otra llamada. Era el comandante en jefe de la Fuerza Aérea quien me ofrecía una aeronave que saldría desde Puerto Montt para tomarme en cualquier punto cercano a la ruta 5. Ni confirmé ni descarté la propuesta. A los segundos recibí otra llamada. Al otro lado de la línea estaba el general director de Carabineros. “Senador, usted tendrá en 30 minutos una aeronave Cesna monomotor en la ciudad de Los Ángeles. Desde La Moneda nos piden trasladarlo dada la urgencia de la reunión”, me dijo sin respiro el general Rozas.
Sin estar del todo convencido, accedí. Dos generales queriendo trasladarme en sus respectivas aeronaves institucionales es algo que probablemente grafica la relevancia de la cita que se llevaría a cabo en unas horas.
En cuanto llegué al aeródromo María Dolores de Los Ángeles, comprobé que la máxima autoridad de la policía uniformada había contactado a los pilotos y en menos de 20 minutos ya estábamos en el aire rumbo a Santiago.
En el vuelo me acompañó solo una persona de la escolta. Se nos informó que el trayecto hasta el aeródromo de Tobalaba tendría una duración de una hora y cincuenta minutos, debido al viento en contra que se registraba.
Este tipo de nave es particularmente estrecha y antigua. Mientras estaba sentado, pensé: “Esto es como una renoleta con alas”. Traté siempre de mantener la calma. No había espacio para el miedo porque el habitáculo era demasiado pequeño.
Decidí concentrarme en el paisaje. Tomé una fotografía al Salto del Laja. Volamos por sobre ese impresionante cañón con sus distintas cascadas, rodeado de una abundante vegetación de especies nativas que contrasta con el resto del paisaje donde prevalece el pino y el eucalipto. El copiloto, un mayor de Carabineros, describía distintos puntos o hitos de la ruta mientras un joven teniente llevaba los mandos de la aeronave.
