Policía y política E-Book

Javier Bruni

• Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 823

Veröffentlichungsjahr: 2023

Beschreibung

Se ha dicho que "La policía existe porque la sociedad fracasa". En tiempos de un preocupante crecimiento de la inseguridad pública y la violencia delictiva, resuenan en los oídos del autor esta aciaga reflexión de Ray Collins. En la lucha contra la inseguridad, la sociedad argentina ha delegado en el poder político la estrategia para combatirla, poniendo bajo su mando a la policía como principal herramienta de acción. Pero si los índices delictivos aumentan, ello significa que ambos actores sociales han fracasado, y esta situación nos constriñe a reflexionar sobre los motivos de tal frustración: ¿Cómo han sido históricamente las relaciones entre el poder político y la policía?; ¿el poder político utiliza a la institución policial para preservar la seguridad ciudadana o para reprimir, en cambio, las demandas sociales producto de su propia incapacidad de gestión?; ¿será tal vez que se usa a la policía para combatir y espiar a la oposición política?; ¿será que se utilizan sus servicios para convertirla en recaudadora oficial de dinero fresco para campañas electorales o enriquecimientos personales?; ¿son nuestras fuerzas del orden intrínsecamente corruptas?; ¿son realmente los profusos casos de corrupción policial conductas delictivas aisladas?; ¿qué rol ocupan en nuestra sociedad el sistema penal y sus diferentes operadores institucionales?... Estos interrogantes -entre otros tantos que irán surgiendo del contenido de la obra- tratarán de ser dilucidados por el autor a partir de un análisis histórico y sociológico de las relaciones político-policiales y de las políticas de estado en materia de seguridad.

Leseprobe

JAVIER BRUNI

POLICÍA Y POLÍTICA

Una interpelación acerca de las relaciones históricas y sociológicas entre la policía, el poder político, la sociedad y el delito

Bruni, Javier Eduardo Policía y política : una interpelación acerca de las relaciones históricas y sociológicas entre la policía, el poder político, la sociedad y el delito / Javier Eduardo Bruni. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2023.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-87-3609-9

1. Ensayo. I. Título. CDD 306.28

EDITORIAL AUTORES DE [email protected]

Tabla de Contenidos

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I

LOS COMIENZOS INSTITUCIONALES DESDE LA COLONIA HASTA EL AÑO 1916

1. Los albores de la institución. El cuadrilátero

2. La incipiente organización policial

3. La Mazorca del Restaurador de las Leyes

4. Los tiempos de la consolidación nacional

5. El Coronel Ramón Falcón

6. Las primeras luchas obreras e ideologías políticas

7. Epílogo del capítulo

CAPÍTULO II

LAS PRESIDENCIAS RADICALESPERIODO 1916 -1930

1. Introducción

2. Reformas y acontecimientos institucionales en la policía capitalina

3. Conflictos laborales: la intervención policial

a) La Semana Trágica

b) La Forestal: un caso paradigmático de privatización del servicio policial

4. El movimiento anarquista

5. Las organizaciones mafiosas

a) La mafia italiana: La mano negra

b) La organización Zwi Migdal: prostitución y trata de blanca. La División Investigaciones de la Policía de la Capital

6. Epílogo del capítulo

CAPÍTULO III

LA DÉCADA INFAMEPERIODO 1930-1943

1. Rasgos generales de este periodo

2. La reestructuración y modernización de la Institución

3. Organizaciones delictivas urbanas y rurales

a) El desbaratamiento de la organización delictiva Zwi Migdal y la connivencia policial

b) La detención de Severino Di Giovanni

c) La mafia italiana

d) La creación de la Gendarmería Nacional

e) El bandolerismo

4. La incipiente delincuencia organizada en el conurbano bonaerense

5. Epílogo del capítulo

CAPÍTULO IV

LA REVOLUCIÓN DE 1943 PRIMERA Y SEGUNDA PRESIDENCIA DE JUAN DOMINGO PERÓNPERIODO 1943-1955

1. La Revolución del 4 de junio de 1943

2. Juan Domingo Perón

3. La creación de la Policía Federal Argentina

4. La peronización de la policía

5. Utilización política y estructura institucional

6. Epílogo del capítulo

CAPÍTULO V

LA REVOLUCIÓN LIBERTADORAPERIODO 1955-1973

1. La Revolución Libertadora

2. Operación Masacre: una paradigmática ejecución policial

3. Los cambios en la estructura policial

4. Efectos del proceso de profundización de la militarización policial

5. La presidencia de Arturo Frondizi

6. La presidencia de Arturo Illia

7. La Revolución Argentina del General Juan Carlos Onganía

8. La arrogación militar de las altas jerarquías policiales

9. La noche de los bastones largos: la policía reprime a estudiantes y docentes

10. El Cordobazo: la policía reprime a los habitantes de Córdoba

11. Surgimiento de los grupos guerrilleros. El homicidio de Pedro Eugenio Aramburu

12. Las presidencias de Levingston y Lanusse

13. Epílogo del capítulo

CAPÍTULO VI

LA PRESIDENCIA DE HÉCTOR CÁMPORA Y EL TERCER MANDATO DE JUAN DOMINGO PERÓNPERIODO 1973 – 1976

1. La relación del gobierno de Cámpora con la cúpula policial

2. El Ministerio de Bienestar Social de López Rega. La masacre de Ezeiza

3. Perón vuelve

4. La tercera presidencia de Perón

5. La intervención federal de Córdoba. El golpe de facto policial: el Navarrazo

6. Los montoneros y la muerte del Padre Mugica

7. El gobierno de Estela Martínez de Perón. La Triple A

8. Mario Firmenich

9. La campaña tucumana: El Operativo Independencia. Operaciones paramilitares

10. La invasión de Villa Constitución

11. Epílogo del capítulo

CAPÍTULO VII

EL PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONALPERIODO 1976-1983

1. Reseña histórica del período

2. El secuestro del periodista Jacobo Timerman

3. Atentados contra la policía

a) El homicidio del Jefe de la Policía Federal Cesáreo Cardozo

b) El atentado contra la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina

4. El homicidio de Rodolfo Walsh

5. El modus operandi del terrorismo de estado. Los grupos de tarea

6. La actuación policial durante la dictadura

7. El germen de la futura Banda de los Comisarios

8. El Plan Cóndor

9. El ingreso a la geopolítica del narcotráfico

10. Final del periodo. El legado del auge de la corrupción policial

CAPÍTULO VIII

EL GOBIERNO RADICAL DE RAÚL ALFONSÍNPERIODO 1983-1989

1. La primavera democrática

2. El juzgamiento de los militares

3. Las sublevaciones castrenses. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida

4. Democracia y policía

5. El rol de la Gendarmería Nacional

6. El intento de copamiento de la Tablada

7. Un policía creíble: Juan Ángel Pirker

8. Epílogo del capítulo

CAPÍTULO IX

LAS PRESIDENCIAS DE CARLOS MENEMPERIODO 1989 –1999

1. El menenismo

2. La crisis ética del modelo de la década del 90´. La corrupción policial. Casuística

a) La banda de los comisarios

b) El caso Walter Bulacio: la condena internacional al Estado Argentino

c) Un particular sistema de recaudación

d) El armado de causas para mejorar las estadísticas

e) El narcotráfico: connivencia política y policial

f) El homicidio de Nair Mostafá

g) La tortura y el homicidio del estudiante de periodismo Miguel Bru

h) Casos paradigmáticos de gatillo fácil policial

i) La masacre de Ramallo

3. La prostitución y la connivencia policial

4. La mejor policía del mundo

5. Los atentados contra la comunidad judía

6. Epílogo del capítulo

CAPÍTULO X

LAS PRESIDENCIAS DE FERNANDO DE LA RÚA Y EDUARDO DUHALDEPERIODO 1999-2003

1. El gobierno de Fernando de la Rúa. La represión policial del 20 de diciembre de 2001

2. La policía de la Alianza

3. La transición. El gobierno de Eduardo Duhalde

4. El homicidio de Ezequiel Demonty

5. Tres homicidios emblemáticos

a) El caso Diego Peralta

b) Los homicidios de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán

c) El secuestro extorsivo de Juan Manuel Canilla

6. Una fuerte denuncia contra Duhalde

7. Epílogo del capítulo

CAPÍTULO XI

LAS PRESIDENCIAS DE NÉSTOR KIRCHNER Y CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNERPERIODO 2003 - 2015

1. El gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007)

2. La desaparición de Julio López

3. La política de seguridad

4. Las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)

5. La tortura policial y el homicidio de Luciano Arruga

6. La Policía Metropolitana de Mauricio Macri

7. Bandas mixtas: los lazos policiales con las barras bravas de los clubes de fútbol

8. El homicidio de Mariano Ferreyra

9. La ocupación ilegal de terrenos del Estado. La remoción de la cúpula de la Policía Federal

10. La inseguridad y la corrupción policial

11. La trata de personas en Tucumán: el secuestro y desaparición de Marita Verón

12. Corrupción judicialmente acreditada en la comisaría 49 del Barrio de Saavedra

13. El asesinato de Candela Sol Rodríguez y el poder narco en San Martín

14. Las rebeliones policiales de diciembre de 2013

15. El narcotráfico y la connivencia policial

16. La misteriosa muerte del Fiscal Alberto Nisman

17. Epílogo del capítulo

CAPÍTULO XII

LA PRESIDENCIA DE MAURICIO MACRIPERIODO 2015-2019

1. El macrismo

2. La Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

3. La muerte de Santiago Maldonado

4. El caso Chocobar

5. La Policía de la Provincia de Buenos Aires. Reformas durante la gobernación Vidal

6. Epílogo del capítulo

CAPÍTULO XIII

EL ROL DE LA POLICÍA EN EL SISTEMA PENAL

1. El sistema penal. Concepto de control social

2. Los operadores de control social específico y explícito del sistema penal

3. Características de estos operadores

4. Características del rol policial en Argentina y Latinoamérica

5. La tolerancia judicial. El proceso de burocratización

6. El Ministerio Público Fiscal como nueva agencia del sistema penal

7. El proceso de policización

8. La oficialidad policial

9. Comportamiento institucional y personalidad del policía

10. Corolario

CAPÍTULO XIV

LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LAS POLÍTICAS DE ESTADO

1. La seguridad pública

2. Utilización política y militarización policial

3. Problemática subyacente

4. El desarrollo: la profesionalización de la burocracia estatal

5. El gran secreto del desarrollo: la alianza entre el sistema educativo y la meritocracia estatal

6. La situación actual en Argentina

7. Algunas propuestas finales en materia de seguridad pública

EPÍLOGO DEL LIBROLA PANDEMIA

NOTAS DE LOS CAPÍTULOS

INTRODUCCIÓN

“Debemos reconocer (...) que fue culpa de todos los gobiernos de este país el usar a la policía en la represión de las ideas. Al mismo policía que ordenaba el tránsito o ayudaba a algún accidentado se lo usó para allanar un sindicato o apresar un intelectual o reprimir una manifestación política. Cuando al gobierno de turno se le quemaban los papeles recurría a la sirvienta para todo servicio: la policía. Es así que luego (...) no se sabía la diferencia entre un comisario Basualdo que la emprendía a tiros con peones del campo y un sargento Zárate que los protegía de ser apaleados y linchados. Así, nuestra policía ha tenido que apalear radicales en tiempo de conservadores; apalear a socialistas y anarquistas en tiempos radicales; apalear antiperonistas en tiempos peronistas y apalear a peronistas en tiempos antiperonistas...”

Osvaldo Bayer, Los anarquistas expropiadores

El rasgo típico de la historia de la policía argentina se fue creando al amparo de los cambiantes regímenes políticos, civiles y militares, que, como regla directriz, han utilizado a la fuerza policial para priorizar la lucha contra los desórdenes políticos y sociales que han sido incapaces de controlar con idóneas gestiones administrativas y políticas de inclusión social. Los sucesivos gobiernos de turno –sin importar su tinte político– han observado y combatido al “desorden social” como una amenaza al orden público más peligrosa que el avance de la delincuencia común.

En el combate contra la propia ineficiencia, la política ha abusado sistemáticamente de la policía para fines ajenos a la función civil específica de prevenir, reprimir e investigar delitos. La dotó, a los mismos efectos, de una estructura verticalista, como la de muchas otras policías del mundo, pero le imbuyó metódicamente valores castrenses tales como la obediencia, la disciplina, el autoritarismo y un ciego corporativismo que le han hecho perder los lazos comunitarios con una población que la trata con desconfianza, menosprecio, temor y distancia. Se ha generado así, socialmente, un lugar de desencuentro, pues la institución policial se ha encerrado en su propia lógica corporativa –producto de su militarización, utilización política y violencia intimidatoria- y la sociedad en el solapado rechazo que siente por el personal policial y la institución que lo cobija, a la que percibe como una fuerza pretoriana destinada a defender oscuros intereses políticos y fomentar a la vez su propia corrupción institucional, al extremo de sospecharla implicada en diversas actividades delictivas que no difieren, paradójicamente, de las cometidas por la delincuencia común.

En este orden de cosas, veremos en los diferentes capítulos de esta obra que, por obediencia y mutua conveniencia, la misión policial ha sido desde siempre en nuestro país la de responder a la manipulación y los intereses de los poderes políticos encaramados en la cúspide del Estado. Esta manipulación ha conducido a la policía a aprehender a no sujetarse estrictamente a la justicia o a los códigos de procedimiento, contando para ello con el apañamiento de buena parte del espectro político y judicial que le ha concedido altos niveles de impunidad funcional que la policía ha sabido apropiarse cual derecho adquirido.

Ante todo debemos aclarar que este no es un libro de historia policial ni política en sentido estricto (lejos está de serlo), tampoco lo es de denuncia ni de investigación periodística; sin embargo se nutre de la recopilación de determinados datos históricos, periodísticos, estadísticos y bibliográficos con la misión de efectuar, ensayísticamente, un análisis político integrador de las relaciones existentes entre el poder político y la policía durante las sucesivas etapas históricas que atravesó nuestra nación (capítulos I al XII), para analizar seguidamente las implicancias de estas relaciones en lo concerniente a los aspectos sociológicos encarnados en el sistema penal (capitulo XIII) y en lo atinente, en el capítulo final de la obra, al crecimiento de la inseguridad y las políticas públicas para combatirla (capitulo XIV).

Siguiendo este hilo conductor, la metodología propuesta persigue como primer objetivo describir y evidenciar el rol político utilitario que estructuralmente le cupo a la policía en la historia argentina, focalizándonos particularmente en la Policía Federal y en menor medida en la policía bonaerense y otras fuerzas de seguridad. Concatenada a la descripción histórica, el segundo objetivo propuesto consiste en la exégesis del rol sociológico de la institución policial como operadora fundamental del denominado sistema penal. Finalmente, el ensayo se aboca a efectuar, en su último capítulo, una síntesis conclusiva dando su particular visión respecto de los angustiantes y crecientes problemas de inseguridad ciudadana relacionados con el accionar policial y, más profundamente, con las políticas de estado siempre tan lejanas a nuestra idiosincrasia nacional.

El Autor

CAPÍTULO I

LOS COMIENZOS INSTITUCIONALES DESDE LA COLONIA HASTA EL AÑO 1916

¡Que de esa raza de monstruos no quede uno entre nosotros y que su persecución sea tan tenaz y vigorosa que sirva de terror y de espanto a los demás que puedan venir en adelante!

Discurso de Juan Manuel de Rosas al asumir su segunda gobernación (1)

1. Los albores de la institución. El cuadrilátero

Podríamos decir que los primeros trazos de la historia policial comienzan con El Cuadrilátero. Este era el nombre de una organización colonial integrada por el Tesorero de la Real Hacienda, Simón de Valdez; el notario y tesorero de la Orden del Santo Oficio, Juan de Vergara; el comerciante de origen portugués, Diego de Vega; y el policía que ostentaba el cargo de alguacil mayor de la ciudad, Don Mateo Leal de Ayala.Esta organización constituyó la banda de contrabandistas más importante de la América española.

En este aspecto, y dado que la Corona Española sólo autorizaba que las operaciones comerciales de las mercaderías de importación y exportación se realizasen exclusivamente a través del puerto de Lima, pronto Buenos Aires se convertiría en una Ciudad especializada en el contrabando, erigiéndose El Cuadrilátero en su principal “agente aduanero”. El modus operandi de la banda consistía en ingresar los barcos al puerto de Buenos Aires para luego dirigir los remates de las mercancías que eran compradas por otros integrantes de la gavilla, para finalmente transportarlas vía terrestre a Lima, revenderlas y obtener así pingües ganancias. El arribo de estos barcos se producía en el marco legal de un acuerdo firmado en 1581 entre Portugal y España, que preveía que las embarcaciones de ambas coronas en peligro de hundirse estaban autorizadas a anclar y vender las mercaderías que llevasen a bordo. Amparándose en tal normativa, y contando entre sus integrantes al mencionado alguacil mayor Don Mateo Leal de Ayala -quien garantizaba la impunidad de toda la operatoria-, el Cuadriláterosería el encargado de recibir la gran cantidad de navíos en situaciones de “arribos forzosos” que, “casualmente”, desembarcaban en el Puerto de Buenos Aires.

Años más tarde, el gobernador Diego Marín de Negrón conseguiría reunir una serie de denuncias contra el Cuadrilátero provenientes desde Lima, y a principios del año 1613dispuso que las mercaderías llegadas en “arribos forzosos” debían ser previamente tasadas para su venta, complicando de esta forma la operatoria de la organización sospechada. Sin embargo, Negrón aparecería muerto en Asunción el 26 de Julio de ese año, rumoreándose que había sido envenenado por orden del Cuadrilátero. Muerto Negrón, el alguacil Mateo Leal de Ayala asumió la gobernación interina de Buenos Aires, y con ello la organización de contrabandistas logró la designación del comerciante portugués Diego de la Vega como “mayordomo de hospital”, facultándolo a recibir mercancías y esclavos en su propia casa situada en el actual barrio porteño de San Telmo.

La tranquilidad de la asociación delictiva recién se vería afectada cuando, en 1615, Hernandarias fue nombrado gobernador y designó a Diego de Guadarrama como nuevo alguacil para que reuniera pruebas y testigos contra los integrantes del Cuadrilátero. En respuesta a esta medida, la organización criminosa contrató a dos sicarios quienes a cuchilladas y palazos atacaron en la calle al susodicho alguacil. Guadarrama moriría quince días después de la agresión y se convertiría, así, en el primer policía caído en el cumplimiento del deber.

Como consecuencia del homicidio, Hernandarias consiguió que la Audiencia de Charcas lo autorizara a aplicar la llamada “cuestión extraordinaria”, un eufemismo que disfrazaba la venia para la aplicación de tormentos por parte de los agentes policiales, quienes habitualmente solían utilizar entre sus instrumentos de tortura el llamado “burro” o “potro”. También se extendió en la colonia la figura del “verdugo”, que era el encargado de colgar en la horca a los condenados y aplicar la pena llamada “de cuartos”, que consistía en cortarle la cabeza al delincuente para luego dividir su cuerpo exhibiendo públicamente sus partes en postes y caminos adyacentes.

A pesar de la aplicación de tales medidas, las investigaciones sobre las actividades ilícitas del Cuadriláteroquedarían finalmente truncas, con el agravante de que poco tiempo más tarde Valdez y Vergara lograron que el gobernador Hernandarias fuera destituido y enviado al destierro.

2. La incipiente organización policial

Fue en esta etapa temprana de nuestra historia nacional donde aparecieron el juego (una de grandes pasiones y motivos de disputas y asesinatos entre los vecinos de la ciudad), la prostitución y el robo de ganado (abigeato). Debido a la propalación de tales actividades, y en aras de profundizar el control de vigilancia vecinal, el Cabildo dividió la ciudad en ocho barrios, cada uno de los cuales fue puesto a cargo de un comisario que debía censar a las personas que vivían en el vecindario, registrando especialmente a vagabundos y extranjeros. Sin embargo, esta primera experiencia organizativa del comisariado barrial duraría tan sólo un año debido al exceso de tareas que implicaba el cargo.

Otro hito fundacional en la organización policial ocurrió en mayo de 1772 cuando el gobernador Juan José de Vértiz y Salcedo ordenó dividir a la ciudad en 16 distritos, creando un cuerpo de voluntarios compuesto por ciudadanos ilustres encargado de velar por el orden de los 16 barrios porteños como una suerte de policía municipal. Se los conocía con el nombre de comisionados barriales y tenían la obligación de proteger el comercio, mantener un registro del vecindario, velar por la salubridad de la ciudad, patrullar las calles para prevenir el delito y ocuparse tanto de la represión de los robos y homicidios cuanto de la detención de los considerados “ociosos, vagos y malentretenidos”.

Vértiz también dictó reglamentos policiales permitiendo la mendicidad para aquellos indigentes que contaran con la respectiva licencia para pedir limosna, otorgada por el comisionado barrial. Dispuso, además, la aplicación de edictos y autorizó a los comisionados a imponer y cobrar multas, actuando de esta manera como una especie de jueces de primera instancia. El dinero recaudado por las multas se repartía luego entre el comisionado y sus ayudantes. Más tarde aparecerían en el teatro colonial los alcaldes -llamados regidores diputados de la policía entre los años 1791 y 1804-, que eran nombrados por el Cabildo y fueron las figuras más importantes en la vigilancia judicial y administrativa de las regiones urbanas y rurales que compusieron el Virreinato del Río de la Plata. Los alcaldes se encargaron de dividir la ciudad de Buenos Aires en jurisdicciones, nombrando comisarios para la supervisión de cada una de las mismas.

También es oportuno destacar que debido al incremento del abigeato, en el año 1799 el Cabildo designó a los llamados prebostes, figuras que eran una especie de jefes de cuadrillas policiales destinadas a prevenir y reprimir los delitos y que se encontraban bajo el mando político de un Diputado de Policía. Los prebostes se agrupaban en la llamada Partida Celadora,ysería precisamenteel jefe de la misma, el celador Francisco González, quien ayudaría a fugarse del Cabildo al General inglés William Beresford, el recordado organizador de la primera invasión inglesa contra Buenos Aires. Este hecho fue uno de los casos pioneros de cohecho e impunidad policial, pues si bien el celador González fue encarcelado, resultaría finalmente absuelto de los cargos que se le endilgaban.

Otro acontecimiento pasible de ser subrayado ocurrió en los albores de la Revolución de Mayo, cuando frente a la convulsión política que se estaba gestando, el virrey Baltasar Cisneros designó celadores secretos para actuarcomo agentes de inteligencia destinados a infiltrarse en las reuniones de los patriotas revolucionarios. Estos celadores constituirían, así, el primer antecedente histórico de la especialización policial en la infiltración y persecución de la disidencia política en nuestras tierras.

Ulteriormente, a partir del año 1810, y tras la emancipación criolla de la Corona española, se nombró un Magistrado Policialy elIntendente de Policía se ocupó de la vigilancia urbana. Al año siguiente el Cabildo dejó de elegir a su policía y el incipiente gobierno nacional quedó al mando de la policía urbana y rural, creando una suerte de policía estatal. De este modo, en las zonas urbanas la policía quedó al mando del Intendente, mientras que en las zonas rurales fue puesta a cargo del Gobernador Intendente.

Así las cosas, la Intendencia de Policía fue creada en diciembre de 1811 a instancias del secretario del Primer Triunvirato, Bernardino Rivadavia, nombrándose como primer Intendente de la historia policial al coronel Miguel de Irigoyen, cuya primera tarea fue vigilar y hacer inteligencia interna sobre los miembros de la sospechada Sociedad Patriótica liderada por Mariano Moreno, quien pretendía profundizar los alcances de la Revolución de Mayo. En tal sentido, podemos vislumbrar en estos acontecimientos los primeros vestigios de dos características históricas del accionar policial que luego devendrían constantes sistémicas: 1) la militarización de su estructura jerárquica, dado que el Intendente Policial Irigoyen provenía de las filas castrenses; y 2) el uso político de la policía para investigar y reprimir a los partidos políticos opositores al régimen de turno, en este caso a la mencionada Sociedad Patriótica.

Tiempo después, el 18 de abril de 1812, fue creada la tenebrosa Comisión de Justicia, la cual, en los hechos, constituyó una especie de tribunal judicial especial destinado a juzgar y ejecutar sumariamente a ladrones -o presuntos ladrones- con el objetivo manifiesto de erradicar velozmente los delitos contra la propiedad privada. A cargo de este organismo estuvo el citado jefe policial Irigoyen y un teniente llamado Rafael Alcaraz. La labor de la Comisión fue tan cruentamente eficaz en eliminar a los delincuentes que solamente duraría cuatro meses. Su eficiencia obedeció principalmente al temerario accionar del mentado Alcaraz, quien se encargaba de suministrar los nombres de los facinerosos que debían ser sometidos a proceso ante la Comisión de Justicia, cuya sentencia era inapelable y que generalmente condenaba a muerte a los encausados. Incluso algunos malhechores eran capturados y ahorcados in situ por Alcaraz, sometiéndoselos a una especie de “justicia express”.

Finalizada la tarea de la Comisión de Justicia, y luego de algunos años de relativa calma, en 1817 el gobierno volvió a considerar que estaba siendo asediado por una nueva ola de criminalidad, creando un novel organismo ad hoc que en esta oportunidad recibió el nombre de Comisión Militar, y cuyas resoluciones fueron efectivizadas por Alcaraz y su gavilla integrada mayoritariamente por negros y mulatos. Años más tarde, en 1821, y bajo la jefatura policial de Joaquín de Achával, Alcaraz sería nombrado jefe de la compañía de Peoneros de Policía. Como dato curioso, podemos señalar que al mando de esta novedosa brigada policial funcionó una Sección Esclavos, integrada por personas de tez negra cuyos servicios eran alquilados por sus amos a la policía por una suma dineraria que oscilaba en diez pesos mensuales.

Así, el “prestigio” del temible Alcaraz le permitía decidir arbitrariamente la condición de “vago” de cualquier sujeto, condenándolo a servir obligatoriamente en el Ejército o la Marina, y en 1825 influyó para que su hijo, Enrique Alcaraz, fuera designado Alcalde 2º de la Cárcel de Deudores de Policía que funcionaba junto al Cabildo. Para desgracia de su padre, Enrique duraría pocos meses en el puesto al ser destituido por detener y golpear insidiosamente en prisión a un coronel del Ejército apellidado Balbastro. Tiempo después de la destitución de su vástago, el comandante Alcaraz pidió el pase a retiro y, aquejado por una grave enfermedad, moriría a los 48 años de edad.

Sin perjuicio de los antecedentes históricos narrados hasta aquí, puede considerarse que el nacimiento formal de la Fuerza policial en Buenos Aires acaeció con la promulgación del Reglamento Provisional de la Policía, fechado el 22 de diciembre de 1821. Amparado en este reglamento, Bernardino Rivadavia –a la sazón ministro del gobernador Martín Rodríguez- creó el puesto de Jefe de la Policía y nombró comisarios en las ciudades y en las zonas rurales. El nombramiento como primer Jefe de Policía recayó en el mencionado Joaquín de Achával.

Debemos adelantar que en aquella época, todavía temprana de la historia policial, la Institución mostraba ya una marcada militarización de sus cuadros, un fenómeno común en la mayoría de las naciones occidentales pero que en nuestro país se iría acentuando ostensiblemente con el transcurrir de los años. El primer antecedente de este proceso lo podemos encontrar en el hecho de que la mayoría de los primeros reclutas policiales ya había prestado servicio en las Fuerzas Armadas. El sesgo verticalista castrense adjetivaría así, desde su nacimiento institucional, la doble función asignada a la policía y que será desarrollada en el presente ensayo: por un lado, la función explícita de proteger a la ciudadanía contra los delitos comunes (función de seguridad pública) y, por el otro, la tarea menos visible de velar por la estabilidad de los regímenes o gobiernos de turno y de las elites económicas que lo integran o financian. Ambas características constituyen el hilo conductor del presente ensayo y serán abordadas y analizadas a lo largo de sus diferentes capítulos.

3. La Mazorca del Restaurador de las Leyes

El aludido proceso de militarización policial sería pasmosamente profundizado durante el régimen del gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas, convirtiéndose a los vigilantes de día en un batallón mixto con compañías de fusileros y artillería, y creándose en 1845 un escuadrón de vigilantes a caballo bajo el mando de la División Palermo del Ejército Federal. También, en 1851, se formaron como policías una compañía de infantería de línea y un escuadrón de dragones de infantería de línea.

Debemos destacar que durante la gobernación delproclamado Restaurador de las Leyes la actuación policial fue particularmente violenta, pues el procedimiento legal contra el encausado era abiertamente omitido cuando se trataba de juzgar la conducta de algún “salvaje unitario”. Además, y a partir de 1834, Rosas contó para la represión de los opositores con la llamada Sociedad Popular Restauradora, conocida popularmente como la Mazorca, una temible policía secreta del régimen rosista liderada por Ciriaco Cuitiño y Andrés Parra. La Mazorca sería, pues, el primer cuerpo policial destinado a imponer el terror ciudadano y a exterminar sistemáticamente a los opositores políticos.

Uno de estos dos personajes que liderarían la Mazorca, el citado españolAndrés Parra, ya había sido designado anteriormente como Teniente Alcalde en la zona del Socorro, en lo que hoy sería el barrio de Retiro. Su desempeño represivo en el cargo había sido tan brutalmente eficaz que en el año 1826 fue ascendido a comisario extraordinario, teniendo bajo su mando a un grupo de 25 subordinados con la misión de perseguir delincuentes a través de todo el territorio bonaerense. La actuación de su grupo policial fue tan abusiva que los sospechosos terminaban “desapareciendo”, circunstancia que finalmente provocó su destitución. Sin embargo, Parra sería devuelto a su función por Dorrego, luego de que éste resultara electo gobernador de Buenos Aires en las elecciones de 1827.

Por su parte, Ciriaco Cuitiño (el otro líder de la Mazorca) se había destacado en su actuación represiva al restablecer el orden durante la anarquía del año 20´, recibiendo una medalla de honor otorgada por el gobernador Martín Rodríguez. Más tarde integró la milicia, fue designado capitán por el Presidente Rivadavia en 1826 y ocupó diversos cargos en el territorio de la campaña, dónde conocería y trabaría amistad con el brigadier Juan Manuel de Rosas, quien, devenido gobernador, lo integraría a su tenebrosa policía especial.

Así las cosas, en diciembre de 1828 Manuel Dorrego fue derrocado por un alzamiento militar liderado por el general unitario Juan Lavalle, quien días después de hacerse cargo provisionalmente de la gobernación de Buenos Aires ordenó el fusilamiento del depuesto gobernador federal. El atroz ajusticiamiento de Dorrego provocó un levantamiento popular en las afueras del ejido urbano, circunstancia aprovechada por Rosas para convertirse en el líder del Partido Federal. En 1829 las tropas rosistas –entre cuyos miembros estaba el referido Cuitiño- enfrentaron a las de Lavalle, logrando que en agosto se acordara la designación interina de Juan José Viamonte como gobernador de Buenos Aires. Pero la ambición de Rosas sólo quedaría satisfecha cuando, en el mes de diciembre de ese año, consiguió para sí el nombramiento de gobernador por parte de la Legislatura porteña que le otorgó “facultades extraordinarias” para el restablecimiento del orden.

Pocos meses después de asumida la gobernación, Rosas designó a su amigo Ciriaco Cuitiño como comandante de las Partidas Celadorasde la Policía, desempeñándose también como juez de paz del barrio de San Telmo, donde fijó su residencia familiar y su cuartel. A partir de entonces, la policía comandada por la dupla Parra-Cuitiñose destacaría por su extrema crueldad, descontrol y corrupción, acometiendo en sus redadas con el apoyo de la Compañía de Caballería Auxiliar de Policía que tiempo después quedaría al mando del mencionado binomio bajo el nombre de Vigilantes a Caballo.

Arribado el año 1832, Rosas comenzó su campaña al desierto contra los aborígenes, y en su reemplazo asumió como gobernador Juan Ramón Balcarce. Durante su obligada ausencia, Rosas dejaría como delegada política a su astuta y fiel esposa Encarnación Ezcurra, secundada por los temibles comandantes Cuitiño y Parra. Así las cosas, a partir de 1833 se produjo la ruptura del Partido Federal, quedando dividido en dos bandos: el de Rosas (cuyos intereses eran defendidos por su esposa) y el del gobernador Balcarce. La conmoción política entre ambas facciones estallaría en los comicios llevados a cabo el 16 de junio de 1833 donde se elegirían siete miembros para la Sala de Representantes. El escándalo se produjo cuando el jefe de la Policía, el coronel Juan Correa Morales -quien respondía a Rosas-, envió a sus oficiales a asegurar fraudulentamente el triunfo de la lista opositora rosista denominada “Federación o Muerte”. Las fraudulentas elecciones serían anuladas y Parra y Cuitiño fueron removidos de sus cargos y arrestados, asumiendo la jefatura policial el oficialista Epitacio del Campo.

Producto de la tensión generada por los comicios y la continua conspiración política de Encarnación Ezcurra y sus espadas policiales Parra y Cuitiño -quienes habían sido excarcelados y acudían asiduamente a la casa de su jefa para recibir instrucciones-, el gobierno de Balcarce decidió disolver las partidas celadoras policiales que, en los hechos, funcionaban como fuerzas de choque de la oposición rosista.

En tales circunstancias, un proceso penal ordenado por Balcarce contra el periódico rosista El Restaurador de la Leyes sería amañadamente aprovechado por Ezcurra y sus secuaces para convencer a la población de que el gobernador pretendía encarcelar al propio Rosas, generándose el 11 de octubre de 1833 una convocatoria de 2.000 personas frente al Cabildo en apoyo al ex gobernador, y provocando un levantamiento en armas liderado por Parra y Cuitiño contra la guardia del Cabildo. Los jefes mazorqueros, en compañía de otros seis comisarios, lograron reunir ese día a unos trescientos manifestantes incitándolos a marchar en dirección al barrio sureño de Barracas. En la noche de ese día, Cuitiño invadió el cuartel policial de Quilmes, saqueando su arsenal de armas y repartiéndolas entre sus seguidores.

Frente a la violencia desatada, Balcarce decidió encerrarse en el Fuerte, mientras la gente marchaba hacia Barracas y los comercios y talleres cerraban sus puertas por temor. El día 20 de octubre la ciudad estaba sitiada y el gobernador perdió el mando de la policía, del Ejército y el apoyo de la propia población. Días después no tuvo otra alternativa que renunciar y el 7 de noviembre las fuerzas rosistas, bajo la exultante mirada de Encarnación Ezcurra y la dupla Parra-Cuitiño, entraron a la ciudad en un desfile triunfal por la Plaza de la Victoria. El primer golpe de la historia policial había sido consumado.

No obstante, la crisis aún no había terminado y la Legislatura eligió gobernador a Juan José Viamonte, designando éste como jefe de Policía al cuñado de Rosas, Lucio Mansilla, y reponiendo las partidas celadoras de Parra y Cuitiño como un gesto amistoso de entendimiento político con las huestes federales. Pero Doña Encarnación no se dio por satisfecha porque pretendía el retorno de su marido al poder, siendo que a fines de 1833 resolvió crear la Sociedad Popular Restauradora, una agrupación de acólitos de su esposo destinada a preparar el terreno político para el ansiado regreso del Restaurador de las leyes. Al temible brazo armado de esta sociedad política se la conoció comoLa Marzorca, y sus jefes máximos no fueron otros que los mencionados Juan Parra y Ciriaco Cuitiño.

De este modo, la Mazorca entraría formalmente en acción el 29 de enero de 1834 cuando sus integrantes, liderados por Cuitiño, comenzaron a balear las casas de los funcionarios de Viamonte y mataron de un balazo al joven de 21 años Esteban Badlam, quien era sobrino del prócer Mariano Moreno, siendo éste el primer homicidio documentado cometido por la Mazorca. La intimidación daría sus frutos y tanto Viamonte como sus funcionarios renunciaron a sus cargos, mientras que los nuevos funcionarios nombrados por la Sala de Representantes declinaban sistemáticamente sus nominaciones. Finalmente, en octubre de 1834, el rosista Manuel Maza aceptó la gobernación interina; pero prontamente, tras el asesinato de Facundo Quiroga, la crisis política devino insostenible y Rosas reasumió la gobernación de Buenos Aires dotado de “la suma del poder público”, es decir del pleno ejercicio en su persona de las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales.

La derogación de la forma republicana de gobierno y la arbitraria concentración del poder en manos de Rosas extendió sus tentáculos a la Mazorca, cuyo accionar se volvería incontrolable. Parra y Cuitiño fueron designados comandantes extraordinarios y crearon sendas partidas de volantes de vigilantes a caballo. Estas partidas serían el alma mater de sus temibles tropas policiales. Orgánicamente la Mazorca dependía de la policía pero, en los hechos, recibía órdenes directas del gobernador.

Cuales inquisidores despóticos, parte de la actividad de los mazorqueros consistió en confeccionar perfiles políticos de los 60.000 vecinos de Buenos Aires y arrestar a los opositores. Los agentes registraban los perfiles de manera oficial utilizándolos como antecedentes agravantes o atenuantes a la hora de juzgar y eventualmente condenar a un vecino que hubiera cometido algún tipo de ilícito. La filiación partidaria en tales casos resultaba determinante. Paralelamente, e iniciando un comportamiento policial que históricamente se repetiría, los mazorqueros actuaban como un grupo parapolicial cometiendo asesinatos, torturas, atentados y secuestros. Las víctimas de los “excesos populares” siempre eran los opositores políticos.

Sin perjuicio del accionar de la Mazorca y su poder de fuego, el jefe oficial de la Policía porteña era Bernardo Victorica, cuyas funciones rutinarias en la Fuerza consistía en llevar un registro de los individuos considerados “vagos” y enlistarlos en el servicio militar como castigo; enviar a vigilar a los opositores políticos utilizando a su Cuerpo de Serenos; fusilar a quien Rosas le ordenara y permitir a los mazorqueros matar libre e impunemente para luego enviar un carro policial y labrar un acta de contenido apócrifo por “descubrimiento” de muerte. De este modo, el accionar de la policía regular consistía principalmente en perseguir a quienes no portaran la divisa punzó (un trozo de tela rojo) que distinguía a los partidarios federales, y a también a quienes no usaran patillas, barbas y bigotes al estilo federal o se atreviesen a vestir levita o frac, por ser considerada esta vestimenta de estilo unitario.

Buenos Aires quedaría sometida así a la paranoia y a la venganza mazorquera. A instancias de los informes elaborados por la Mazorca sobre los nombres de los prófugos unitarios que se exiliaban principalmente en el Uruguay, Rosas decretó en septiembre de 1840 la confiscación de todos sus bienes. El gobernador también le ordenó a Cuitiño la creación de una fuerza de caballería denominada Escuadrón de Vigilantes de Policía, cuyos miembros debían vestir uniforme colorado y dividirse entre una compañía de tiradores y otra de lanceros.

El novel Escuadrón constituyó un verdadero “grupo de tareas” de la Mazorca destinado al saqueo y a la matanza de todo aquél sospechado de opositor, produciéndose en Buenos Aires, especialmente a partir de octubre de 1840, un estado generalizado de paranoia social donde los vecinos desconfiaban de sus sirvientes, pues éstos eran usualmente utilizados por la policía rosista como espías y delatores de las actividades de sus amos. Durante las semanas que duró el llamado “terror de octubre”, prácticamente todas las noches eran asesinadas dos o tres personas sindicadas de opositoras al régimen. Se afirmaba que a algunas víctimas se las llevaban al cuartel de Cuitiño y se las degollaba mientras de música de fondo se escuchaban los acordes de “La Refalosa”. Finalmente, el 31 de octubre (tras la firma de la paz con Francia) Rosas ordenó el cese de los secuestros y muertes de “los salvajes unitarios” cuyas hordas, según alegaba, habían invadido la provincia de Buenos Aires.

A partir de ese momento Buenos Aires entraría en una tensa calma, hasta que el terror regresó a sus calles en abril de 1842 debido al nerviosismo de los rosistas causado por la campaña del general José María Paz. El renovado terror, durante el que se rumoreaba que los mazorqueros degollaban a sus víctimas usando hojas desafiladas para infringirles mayor dolor, llegaría a su fin el 19 de abril cuando el edecán de Rosas le envió una misiva al Jefe Policial Bernardo Victorica advirtiéndole -con un grado descomunal de hipocresía- que nadie estaba autorizado para cometer tan atroces crímenes y que resultaba “extraño que la Policía se hubiese mantenido en silencio sin llenar el más principal de sus deberes”.

La Mazorca fue finalmente disuelta en 1846 cuando los unitarios ya habían sido completamente derrotados. Cuitiño fue enviado al Ejército a participar en diversas campañas en distintos lugares del país. Parra enfermó y murió el día patrio del 25 de mayo de 1850 recibiendo los honores castrenses y eclesiásticos correspondientes.

Años más tarde, y luego de la derrota de Rosas en la batalla de Caseros del 3 de febrero de 1852, Cuitiño y la mayoría de los mazorqueros se alistaron en las tropas del general Hilario Lagos que sitiaron la ciudad de Buenos Aires, siendo finalmente apresados por los unitarios. Primero fueron sometidos a juicio los mazorqueros Silverio Badía, Fermín Suárez y Manuel Troncoso, siendo condenados a muerte en octubre de 1853 y ejecutados ese mismo mes en la Plaza de la Victoria. Posteriormente, en diciembre del mismo año, Cuitiño y Alen fueron condenados a la misma pena por sentencia del juez Claudio Martínez y ejecutados en el paredón de la Iglesia de la Concepción (actuales calles Tacuarí e Independencia) el 29 de diciembre de 1853. Un dato dramáticamente curioso fue que la ejecución del mazorquero Alen habría sido presenciada por su hijo de tan solo once años de edad, quien tiempo después decidiría cambiar una letra de su apellido para disimular sus orígenes y sería conocido más tarde como Leandro N. Alem, el icónico fundador de la Unión Cívica Radical.

Para terminar de situar al lector en la etapa histórica sub examine, podemos reseñar que a principios de febrero de 1820 el Director Supremo Rondeau se enfrentó a los caudillos Ramírez y López, quienes lo derrotaron en la batalla de Cepeda. Este año de 1820 es conocido como el año de “la anarquía”, puesto que la autoridad nacional sintetizada en el Directorio y en la Constitución unitaria de 1819 sucumbió definitivamente. Como consecuencia de su triunfo, el caudillo entrerriano Ramírez no aceptó tratar con las fuerzas directoriales, sino con representantes elegidos por Buenos Aires, naciendo de este modo la entidad Provincia de Buenos Aires y creándose la respectiva Junta de Representantes designada por elección. Asimismo, la figura del Director Supremo en la Ciudad de Buenos Aires será sustituida por la del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. El primer gobernador bonaerense fue Sarratea. El lapso de tiempo que comienza en 1820 y que se extiende hasta 1853 es conocido históricamente como el periodo de la disolución de los poderes nacionales, pues lo que hoy denominamos República Argentina no era más que un grupo de provincias independientes comandadas por gobernadores en pugna por la conservación de sus intereses económicos provinciales y personales. Recordemos que fue un período de guerra civil entre unitarios y federales matizada por la celebración de los llamados Pactos Preexistentes a la Constitución Nacional de 1853 (el Pacto del Pilar del 23 de febrero de 1820, el Tratado del Cuadrilátero de 1822, el Pacto Federal del 4 de enero de 1831 y el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos del 31 de mayo de 1852). En este contexto, la Provincia de Buenos Aires sería gobernada a partir del 3 de abril de 1821 por Martín Rodríguez, quien decidió cerrar el Cabildo por considerarlo una institución anacrónica. Luego, en 1824, asumió la gobernación Las Heras, y el 7 de abril de 1826 Bernardino González Rivadavia fue electo Presidente de la República por el Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata bajo las previsiones de la Constitución Unitaria de 1826; pero poco tiempo después renunciaría a la Presidencia disolviéndose el Congreso y la autoridad nacional recientemente creada.Así las cosas, y luego del infausto ajusticiamiento de Manuel Dorrego, el 6 de diciembre de 1829 la Legislatura de Buenos Aires eligió gobernador por el término de 3 años a Juan Manuel de Rosas, “con las facultades extraordinarias que el nuevo gobernador juzgue indispensables”. El 23 de enero de 1830, mostrando que no estaba dispuesto a tolerar deserciones ni traiciones, Rosas ordenó el fusilamiento del mayor Francisco Montero por connivencia con los unitarios. Dos días más tarde la Legislatura lo declaró Restaurador de Las Leyes e Instituciones. Fenecido el término de su mandato, Rosas rechazó su reelección y la Sala de Representantes decidió nombrar en su reemplazo al General Juan Ramón Balcarce, quien debió afrontar la ocupación británica de las Islas Malvinas a manos de la goleta Clío comandada por John James Onslow el 2 de enero de 1833.A comienzos de noviembre de 1833, y con su poder en franco deterioro conforme a los acontecimientos narrados oportunamente, Balcarce renunció a la gobernación. El día 4 la legislatura nombró en su reemplazo a Viamonte. Al poco tiempo Viamonte también renunció, y Rosas, terminada ya su campaña contra los indios en la frontera y alojado en la estancia San Genaro, cercana a la localidad de Azul, rechazó nuevamente la candidatura a gobernador al no contar con las “facultades extraordinarias” que pretendía. De este modo, asumió interinamente la gobernación el Dr. Manuel Vicente Maza, produciéndose durante su breve mandato el homicidio del caudillo riojano -aliado de Rosas- Facundo Quiroga en la localidad de Barranca Yaco. Producido el magnicidio, y de acuerdo a lo exigido por Rosas, los días 26, 27 y 28 de marzo de 1835 la Junta de Representantes convocó a un plebiscito para que los habitantes de Buenos Aires se pronunciaran a favor o en contra de delegar la suma de poderes en el Restaurador, dando por resultado 9.713 votos positivos y sólo 7 negativos. Así las cosas, el 13 de abril Rosas inició su segundo mandato durante el cual debió enfrentar el bloqueo anglo-francés que fue apoyado por los unitarios exiliados en la Banda Oriental y por las fuerzas del interior al mando del General Lavalle. Rosas resistiría el bloqueo durante cinco largos años logrando finalmente que Inglaterra negociara en 1849 el Tratado Arana-Southern, y Francia, en 1850, el Tratado Arana-Lepredour. La heroica resistencia patriótica contra los buques invasores conmovería hasta a los más encarnizados opositores al régimen.Con una impronta de fuerte tinte nacionalista, Rosas contaría durante su gobernación con el apoyo de los gauchos y los negros, concibiendo un ordenamiento social de corte feudal integrado por los poseedores y los desposeídos, los que mandaban y los que obedecían, los destinados a progresar y los que no. En este marco estamental, resultó frecuente la aplicación sistemática de penas y torturas como el cepo, la estaqueada o los castigos corporales a los gauchos que, a juicio del patrón, cometieran faltas graves. Además, se les exigía a los gauchos “papeles de conchabo”, y se controló rigurosamente la mano de obra rural. Existió también una especie de “derecho de pernada” similar al de la época feudal, mediante el cual el patrón o sus representantes podían cohabitar con las hijas e incluso con la mujer de alguno de sus “protegidos”. Se estableció, asimismo, un estado de vigilancia permanente sobre reales, supuestos o eventuales opositores al régimen, resultando la policía un elemento indispensable para la efectivización de dichos propósitos.

4. Los tiempos de la consolidación nacional

Arribado el año 1872, en tiempos de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, y por iniciativa del jefe policialEnrique O´Gorman, se formó el Cuerpo de Vigilantes al que se le confió el orden público durante las 24 horas del día y cuyo personal fue distribuido en 20 comisarías, apareciendo en escena los primeros agentes de policía. Asimismo, y bajo el mando del mencionado jefe, los bomberos fueron reorganizados como una compañía de vigilantes-bomberos. Posteriormente éstos, subordinados a la policía, también serían partícipes en la represión de numerosas insurrecciones.

Ya en 1879, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, la Policía de Buenos Aires -cumpliendo funciones de competencia castrense- fue preparada para combatir a favor del gobierno provincial del gobernador Carlos Tejedor bajo la jefatura de José Garmendia. Al año siguiente fueron organizados cinco batallones de infantería que estuvieron a cargo de igual número de comisarios y compuestos por 4 compañías cada uno. Las compañías, al mando de segundos jefes autorizados para usar presillas de sargento mayor y con uniformes de estilo militar, se reunían semanalmente para las prácticas de batallón.

La revolución porteña del 6 de junio de 1880 trajo consigo la declaración del estado de sitio por una ley de la Legislatura Provincial, siendo nombrados comisarios policiales seis militares, entre quienes se hallaba el coronel Ramón Falcón. Los flamantes comisarios acababan de pedir la baja del Ejército para unirse a la causa rebelde de Buenos Aires, que se oponía a la federalización de su territorio. En el decreto que anunciaba las designaciones, el gobernador Tejedor consignaba solidariamente que: “No pudiendo la provincia abandonar al sufrimiento y a la miseria a los dignos Jefes y Oficiales del Ejército Nacional que han dejado sus filas para servir a la causa de Buenos Aires, se les nombraba en cargos vacantes de comisarios, debiendo el Jefe de Policía utilizar sus servicios en la forma que creyere conveniente”.(2)

El resultado de la contienda determinó, en 1880, el triunfo de las tropas federales al mando del General Julio Argentino Roca, quien derrotó a las milicias partidarias del gobernador bonaerense Carlos Tejedor. Como consecuencia de la derrota, Tejedor renunció a la gobernación asumiendo en su reemplazo el vicegobernador José María Moreno. El Dr. Nicolás Avellaneda, a la sazón titular del Poder Ejecutivo Nacional, remitió al Congreso el proyecto de Ley de Federalización de la Ciudad de Buenos Aires que sería sancionado en ley el 20 de septiembre de 1880.

Producto de la nueva legislación, la provincia cedió parte de su territorio al Gobierno de la Nación para su residencia definitiva, siendo nombrado como primer Jefe Policial de la ciudad de Buenos Aires (devenida en Capital Federal) el subsecretario de Estado en el Departamento de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Dr. Marcos Paz. De este modo, la policía municipal se transformó en Policía de la Capital Federal, subordinada, a través del Ministerio del Interior, al Poder Ejecutivo Nacional. Durante la presidencia de Julio A. Roca también sería creada la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires fue fundada por la ley de presupuesto promulgada el 13 de diciembre de 1880, algunos meses después de la mentada federalización de la Ciudad de Buenos Aires. Esta ley dotó a la policía bonaerense de 1.592 uniformados: un Jefe de Policía, un Oficial 1º de Jefatura, 9 Comisarios Inspectores, 20 Oficiales de 1º Categoría, 55 Oficiales de 2º Categoría, 75 Sargentos, 75 Cabos, 1.350 Vigilantes y 6 Escribientes. Conforme a dicha normativa, el Jefe de Policía era designado por el gobernador de la provincia con acuerdo del Senado, y sus agentes debían cumplir también las órdenes de los jueces de paz en cuyos territorios prestasen servicio. El primer Jefe de la Policía Bonaerense nombrado por el gobernador con acuerdo del Senado fue el Coronel Julio Dantas, un oficial del Ejército Argentino que había participado en la guerra contra el Paraguay. Asimismo, el 23 de diciembre de ese mismo año el poder ejecutivo provincial aprobó el Reglamento de la Policía de la Provincia de BuenosAires elaborado por Dantas. Este corpus normativo subdividió a la policía bonaerense en 9 secciones territoriales, cada una a cargo de un Comisario Inspector, y se estableció que en la jurisdicción de cada municipio habría un Comisario o Subcomisario. Años más tarde, en 1889, se aprobó un nuevo Reglamento General de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que instituyó al Jefe de Policía como “la autoridad superior de la repartición en toda la Provincia”, relegando así en jerarquía a los ministros e, inclusive, al propio gobernador. En este nuevo diseño institucional, los comisarios inspectores eran los delegados del Jefe de Policía, y también dependían directamente del Jefe los sectores organizativos más importantes de la Fuerza, a saber: la Inspectoría General a cargo de la supervisión de las seccionales territoriales y de las comisarías de partido abocadas a la seguridad general; el área de Investigaciones como órgano auxiliar de la justicia; y las áreas de Administración de la Fuerza. Estos tres sectores institucionales determinarían, de allí en más, las funciones primordiales desempeñadas por la Policía Bonaerense, vale decir, las funciones de seguridad preventiva, de investigación delictiva y de administración interna.

En un esfuerzo por mejorar la instrucción de los efectivos, el jefe Paz restableció en 20 el número de comisarías que Tejedor había reducido a 14; se publicó el Manual para sargentos, cabos y vigilantes que regía los procedimientos, y en 1882 se creó la Escuela de Sargentos. Las innovaciones de Paz incluyeron, además, la puesta en marcha de la Comisaría de Inspección para supervisar el trabajo de los comisarios. Sin embargo, todas estas innovaciones fueron de carácter funcional, sin la debida ubicación dentro de un mando unificado jerárquico. Este volátil estilo organizativo perduraría hasta 1906, año en que asumiría la jefatura institucional el Coronel Ramón Falcón.

Dentro de este difuso marco normativo, en el año 1885 se reemplazó el Reglamento General que había sido dictado en 1868 por un nuevo reglamento que por décadas regiría la disciplina de la institución policial. El primer artículo del Reglamento establecía que “la policía tiene por objeto principal el sostenimiento del orden público” que consistía, según el artículo siguiente, “en la conservación de la persona y de la propiedad”. El artículo 3° consagraba a la Policía de la Capital como policía de seguridad del Estado, estableciendo que “El orden público comprende también la seguridad de los poderes del Estado y el libre ejercicio de las instituciones políticas, mediante la garantía que la autoridad presta a la efectividad de las leyes, vigilando y previniendo toda trama, atentado o movimiento subversivo”. (3)

Este reglamento incentivó que ya en 1885 –faltando aún cerca de 60 años para la creación de la Policía Federal Argentina- la Policía de la Capital se asemejara a una Fuerza nacional, poseyendo un rol de custodia de la seguridad estatal a través de su dependencia directa de las autoridades nacionales. En tal sentido, y pese a no poseer plena jurisdicción fuera del radio de la Capital Federal, desde 1885 la Policía de la Capital gozó de la potestad y los medios técnicos necesarios, aunque todavía no muy desarrollados, para llevar a cabo actividades de inteligencia y medidas de orden en todo el territorio nacional. (4)

Por otro lado, y al amparo de la sórdida protección policial, la ciudad de aquél entonces se hallaba infestada de prostíbulos. Se reportaba, por ejemplo, que en el Barrio de Balvanera, bajo la jurisdicción de la seccional 7ª, había más de 100 casas de tolerancia, albergándose clandestinamente en ellas al menos a unas quinientas mujeres que en su mayoría eran menores de edad, rigiendo una ordenanza que estipulaba que “Las prostitutas adscriptas a las casas de prostitución deberán ser mayores de diez y ocho años, a no ser que se pruebe que antes de esa edad se hayan entregado a la prostitución.” (Art. 9 del Reglamento de Prostitución del 05/01/1875). Obviamente, tanto los dueños de los burdeles como las menores prostituidas declararían, ante quien les preguntase, que habían comenzado a prostituirse antes de los 18 años de edad, “cumpliéndose” plenamente con la normativa vigente.

Paz renunció a la jefatura policial en 1885 y lo sucedió en el cargo el coronel Francisco Bosch, quien equipó a sus agentes con modernos y letales fusiles Mauser. Creó también la Comisaría de Pesquisas, antecedente de la actual Superintendencia de Investigaciones. A cargo de esta nueva comisaría fue designado el periodista José Sixto Álvarez, fundador de la revista Caras y Caretas, y conocido con el alias de Fray Mocho, a quien se le otorgó el rango de comisario. Fray mocho fue el inventor, en el año 1886, de la famosa publicación Galería de Ladrones de la Capital, una nómina de 200 “profesionales del delito contra la propiedad” en la que se detallaban fotos, datos personales, antecedentes delictivos y modus operandi de los delincuentes registrados. Eran dos tomos que para la época constituyeron una innovación importante en la prevención del delito y que fueron de amplia consulta en las comisarías.

Bosch sería reemplazado por el coronel Alberto Capdevila, a quien se lo dotó de un nuevo Código de Procedimientos en lo Criminal que le confería las atribuciones de un Juez de Faltas y Contravenciones, pudiendo ordenar arrestos de hasta 30 días de duración. En 1889 este Jefe policial también dispuso que quienes reiteradamente contraviniesen los edictos policiales y recibieran el mote de “ladrón conocido” debían ser conducidos a las 20 comisarías de la Capital Federal permaneciendo 24 horas encada una de ellas, para que durante esas detenciones los agentes les pudieran conocer personalmente el rostro. Se denunciaba que tal procedimiento era, en realidad, un subterfugio utilizado para que los policías supieran con quienes debían negociar las coimas sin riesgo a equivocarse, especialmente respecto de los cafishios que regenteaban prostíbulos.

Durante la jefatura de Capdevila también se creó en el año 1889 la Oficina de Identificación Antropométrica, basado en el método Lombrosiano de medición de los rasgos fisonómicos creado por el francés Alphonse Bertillon, que se había implementado hacía apenas cuatro años en los Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Este sistema, basado en las medidas corporales, constituía un importante avance en la identificación de los delincuentes reincidentes, proceso que hasta entonces se hacía a través de simples constancias en los archivos, que contenían nombres y apellidos, estado civil, edad, señas particulares y otros rasgos fáciles de simular o cambiar.

Tras el retiro de Capdevila asumió el mando de la Fuerza el general Domingo Viejobueno, siendo al poco tiempo reemplazado por el abogado Francisco Beazley, quien ocupó la jefatura durante ocho años y medio hasta la fecha de su retiro en el año 1904. Este Jefe estableció como requisito que todo aspirante policial supiese leer y escribir, dado que hacia 1898 se estimaba que el 20% de los agentes eran analfabetos. Estableció también un Manual para sargentos, cabos y vigilantes.

Otro dato a destacar es que en agosto de 1905 dos representantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Juan Vucetich y Alberto Cortina, asistieron en Río de Janeiro, Brasil, al Tercer Congreso Científico Latinoamericano. Allí suscribieron un convenio ad referéndum mediante el cual, a partir de enero de 1906, se estableció una red de “canje de antecedentes judiciales y de conducta, individuales dactiloscópicas y datos de filiación civil y morfológica, de todas las personas reputadas peligrosas para el orden y la seguridad públicos”. Para este canje de fichas de identidad, la conferencia adoptó el sistema dactiloscópico inventado por Vucetich que utilizaba desde 1891 la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y también su Sistema Provincia de Buenos Aires para las descripciones morfológicas.

La dactiloscopía fue una mejora extraordinaria respecto de lo que ofrecía el sistema Bertillon, toda vez que las huellas digitales requerían un método infinitamente más científico y exacto. El Sistema Vucetich fue incorporado por la Comisaría de Investigaciones de la policía capitalina en 1904 y adoptado definitivamente en octubre de 1905 junto a la creación, por parte de la Policía de la Capital, del prontuario policial, innovación promovida por el jefe de investigaciones José Gregorio Rossi.

La cédula de identidad sería otra de las innovaciones del mencionado Rossi, a quien se le destinó el primer ejemplar. Entró en vigencia en abril de 1907 y era extendida por la Comisaría de Investigaciones “a condición de tener antecedentes favorables”. Vale decir que si bien la cédula acreditaba solamente la identidad de la persona, existía entre la comunidad el concepto de que su tenencia importaba buena conducta, puesto que no se expedía a quienes pudieran servirse de ella para inspirar confianza a fin de cometer delitos. Años después, en noviembre de 1919 y sobre el precedente de la cédula de identidad, se instituyó un documento específico de buenos antecedentes denominado certificado de buena conducta, que tenía una validez de seis meses y era destinado a quienes lo solicitasen por motivos laborales y no registrasen antecedentes policiales. (5)

5. El Coronel Ramón Falcón

Durante la presidencia de José Figueroa Alcorta (1906-1910), Ramón Falcón estableció, a partir de su asunción como Jefe de la Policía de la Capital, una estructura verticalista y jerarquizada que dotó a la repartición de disciplina y control centralizado. Imponiendo un orden administrativo que permitía aplicar un único reglamento a todo el personal policial en diversas instancias, Falcón reformuló las secciones hasta allí existentes en seis divisiones: Seguridad, Investigaciones, Judicial, Administrativa, Sanidad y Bomberos.La Comisaría de Órdenes, encargada de supervisar a las demás divisiones, se ubicó en el escalafón justo por debajo del Jefe. La estructura de mando comenzaba así por el jefe Falcón, pasaba luego por la Comisaría de Órdenes, y se derivaba finalmente hacia las demás divisiones. Esta estructura perduraría sin mayores modificaciones hasta la creación de la Policía Federal en el año 1944.

Falcón realizó denodados esfuerzos para profesionalizar a la Fuerza. En este sentido, uno de los mayores problemas que debió enfrentar fue el enorme peso del clientelismo político en los nombramientos y las promociones, extremo que perjudicaba la formación de oficiales de carrera. Además, los bajos sueldos y la falta de aceptación pública del personal de tropa afectaban al desarrollo del espíritu de cuerpo policial (la llamada “mística” policial), pesando como factores contrarios al reclutamiento de los mejores elementos. Por tal motivo, en noviembre de 1906 dispuso la creación de un cuerpo de cadetes como forma de disponer de agentes con preparación superior a la corriente. El propósito era destinarlos como vigilantes en el radio céntrico de la ciudad y alejar a la carrera policial de los vaivenes de la política.

De este modo, los 188 integrantes de la Primera Compañía fueron escogidos por su “moral, condición social e intelectualidad (que) pudieran aspirar, tras ascensos sucesivos, a cargos superiores, iniciándose desde un puesto subalterno y formándose en la escuela práctica del servicio”.(6)

La creación de Falcón daría sus frutos, ya que la buena calidad y preparación de los cadetes haría prescindente la idea inicial de que antes de ascenderlos a oficial escribiente los iniciados revistaran obligatoriamente los grados de cabo, sargento y suboficial. En 1907 los egresados fueron enviados a las comisarías para prestar servicio de calle en parejas, ganando prestigio en la represión de los denominados “patoteros” y “compadritos” que merodeaban nuestra ciudad a principios del siglo pasado. Esto determinó que su presencia fuera bien acogida por la gente, que los denominó “yunta brava”, mote que le diera título a un conocido tango compuesto en su homenaje. Con el correr de los años, el lunfardo redujo la palabra a “yuta”, término cuyo uso actual sindica de modo peyorativo al funcionario policial relacionándolo como alguien con ciertas afinidades con el submundo de la corrupción y la violencia.

Además, en 1907 Ramón Falcón reformó la Comisaría de Investigaciones (anterior Comisaría de Pesquisas) agregándole las secciones de Seguridad Pública, Seguridad Personal, Identificación, Informaciones, Vigilancia General, y creando la importanteSección Orden Social. Dicha sección se convirtió en una verdadera policía política, implementando su propio archivo prontuarial que no perseguía la identificación de delincuentes comunes como las otras secciones de la Fuerza, toda vez que estaba destinada a la elaboración de un archivo identificación de los líderes del movimiento obrero y sus seguidores.

En el año 1909 se formó la segunda compañía de cadetes. En 1912, durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, el curso fue extendido a dos años incluyendo como nuevas asignaturas la enseñanza del Código Penal y de Instrucción en lo Criminal, historia y geografía argentina, aritmética y francés. Por motivos económicos al año siguiente el plan de estudios fue reducido a un año, suprimiéndose las asignaturas de francés, geografía, aritmética y primeros auxilios. El curso, más escueto, se limitaba a instrucción policial teórica, nociones de derecho penal y de derecho procesal, instrucción cívica, castellano, historia argentina, escritura y caligrafía, instrucción militar, esgrima y box. En 1928 la escuela fue bautizada, en honor de su fundador, con el nombre de Escuela de Policía “Ramón L. Falcón”.