Qué hacemos con los impuestos E-Book

Francisco Javier Braña

• Herausgeber: Ediciones Akal
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: Qué hacemos
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 121

Veröffentlichungsjahr: 2014

Beschreibung

¿Qué hacemos por una fiscalidad justa y suficiente, que acabe con el fraude y la elusión en el pago de los impuestos? El discurso oficial de la crisis insiste en que España tiene un problema de gasto público, que necesita ser recortado. ¿Por qué no se pone el mismo énfasis en el otro plato de la balanza: los ingresos? El sistema fiscal español, sin haber conseguido nunca ser un sistema justo, equitativo, eficaz y suficiente, está viendo agrandados sus desequilibrios con la crisis. Mientras las rentas del trabajo soportan la mayor parte de la recaudación vía impuestos, las rentas del capital encuentran todo tipo de facilidades legales para reducir la carga fiscal. Al mismo tiempo, el fraude fiscal es muy elevado, sin que el Estado disponga recursos suficientes para perseguirlo. Este libro apuesta por una verdadera reforma fiscal, basada en los principios de justicia, equidad y redistribución, que sirva para sostener y ampliar los servicios públicos y el Estado de Bienestar, frenando la desigualdad creciente.

Leseprobe

Akal / Qué hacemos / 19

Francisco Javier Braña, Nuria Alonso, Carlos Cruzado, Santiago Díaz de Sarralde, José María Mollinedo

Qué hacemos con los impuestos

Diseño de portada

RAG

Nota a la edición digital:

Algunos de los proyectos artísticos mencionados en el libro ya no son accesibles en la red. No obstante, por motivos historiográficos, se mantiene la referencia a la web original.

© Franciso Javier Braña, Nuria Alonso, Carlos Cruzado, Santiago Díaz de Sarralde, José María Mollinedo, 2014

© Ediciones Akal, S. A., 2014

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

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Fax: [phone]

www.akal.com

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@AkalEditor

ISBN: 978-84-460-3960-0

Qué hacemos

¿Qué hacemos cuando todo parece en peligro: los derechos sociales, el Estado del bienestar, la democracia, el futuro? ¿Qué hacemos cuando se liquidan en meses conquistas de décadas, que podríamos tardar de nuevo décadas en reconquistar? ¿Qué hacemos cuando el miedo, la resignación, la rabia, nos paralizan?

¿Qué hacemos para resistir, para recuperar lo perdido, para defender lo amenazado y seguir aspirando a un futuro mejor? ¿Qué hacemos para construir la sociedad que queremos, que depende de nosotros: no de mí, de nosotros, pues el futuro será colectivo o no será?

Qué hacemos quiere contribuir a la construcción de ese «nosotros», de la resistencia colectiva y del futuro compartido. Queremos hacerlo desde un profundo análisis, con denuncias pero sobre todo con propuestas, con alternativas, con nuevas ideas. Con respuestas a los temas más urgentes, pero también otros que son relegados por esas urgencias y a los que no queremos renunciar.

Qué hacemos quiere abrir la reflexión colectiva, crear nuevas redes, espacios de encuentro. Por eso son libros de autoría colectiva, fruto del pensamiento en común, de la suma de experiencias e ideas, del debate previo: desde los colectivos sociales, desde los frentes de protesta, desde los sectores afectados, desde la universidad, desde el encuentro intergeneracional, desde quienes ya trabajan en el terreno, pero también desde fuera, con visiones y experiencias externas.

Qué hacemos quiere responder a los retos actuales pero también recuperar la iniciativa; intervenir en la polémica al tiempo que proponemos nuevos debates; resistir las agresiones actuales y anticipar las próximas; desmontar el discurso dominante y generar un relato propio; elaborar una agenda social que se oponga al programa de derribo iniciado.

Qué hacemos esta impulsada por un colectivo editorial y de reflexión formado por Olga Abasolo, Ramón Akal, Ignacio Escolar, Ariel Jerez, José Manuel López, Agustín Moreno, Bibiana Medialdea, Olga Rodríguez, Isaac Rosa y Emilio Silva.

I. Introducción

Este libro recoge las reflexiones de cinco economistas sobre el papel de los tributos, de la fiscalidad, en un sistema de democracia parlamentaria, simplemente partiendo de lo que establece la Constitución española de 1978. En este sentido, el actual sistema tributario no respeta lo dispuesto en el artículo 31.1: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio», pues no todos los españoles contribuyen de acuerdo a su capacidad económica, el sistema tributario actual es injusto y no permite sostener los gastos públicos.

Ofrecemos en este texto una breve historia del sistema fiscal español, de las reformas realizadas desde la recuperación de la democracia y especialmente de las numerosas reformas que sufre desde que caímos en la Gran Recesión. Hemos realizado una evaluación de la fiscalidad española y de las reformas emprendidas, mostrando una visión más bien pesimista sobre su contribución a los principios de equidad, eficiencia y suficiencia, esto es, su capacidad para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Y hacemos un conjunto de propuestas, para nada utópicas y bastante prácticas, para una nueva reforma que permita que haya un verdadero sistema fiscal que cumpla esos tres grandes principios. Algunas de estas aparecen en trabajos anteriores (Braña, 2010).

Creemos que es un momento muy idóneo, pues el Gobierno ha creado una comisión cuyas propuestas han de orientarse «a lograr un sistema tributario más sencillo y neutral, garantizar la suficiencia de ingresos, potenciar la eficiencia de la economía y el desarrollo social», y algunos partidos políticos están presentando ya sus propuestas. Entre estas, queremos llamar la atención sobre la realizada por un grupo de profesores, publicada por la FAES, la fundación de estudios del Partido Popular, pues a nuestro juicio, de llevarse a cabo, no hará sino agravar los actuales problemas de la imposición directa, en particular al proponer, entre otras medidas, completar la dualización en la tributación de las rentas del capital eliminando la progresividad actual, reducir el número de tramos del IRPF y poner un tipo máximo del 40%, o suprimir el impuesto sobre el patrimonio.

Para que los lectores se den cuenta de la carga ideológica que tienen las propuestas de reforma fiscal de FAES, basta un ejemplo, referido al tipo marginal máximo recomendado en el IRPF. Trabajos científicos, algunos publicados hace ya tiempo (Sáez, 2001), utilizando, por cierto, el arsenal metodológico de la economía neoclásica, han puesto de manifiesto que el tipo marginal «óptimo» más alto de un impuesto sobre la renta no debería ser inferior al 50% y podría llegar al 80%, sin que se produzcan las temidas ineficiencias (desincentivos a trabajar y a ahorrar) que siempre se aducen para justificar la reducción de tipos. Aplicando esa metodología para Alemania (Bach, Corneo y Steiner, 2013) se llega a obtener un tipo marginal máximo del 67%, señalando los autores que este relativamente alto tipo marginal «óptimo» será similar al que pueda encontrarse en otras economías avanzadas.

Esperamos que este pequeño ensayo ayude a los lectores a comprender algo mejor cómo funciona la fiscalidad en España y qué reformas son necesarias para que sea más equitativa y menos ineficiente, contribuyendo además al sostenimiento del gasto público que reclaman los ciudadanos. Como puede observarse en el gráfico de la página siguiente, la recaudación global en España es baja. De acuerdo con las últimas cifras homogéneas disponibles (Eurostat, 2011) y pese a la relativa convergencia registrada en los años anteriores, la presión fiscal –total de impuestos recaudados en porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB)– es casi 8 puntos inferior a la media europea. En España es un 32,4% frente al 40,1% de la media europea, de forma que solo seis de los veintisiete países tienen una recaudación inferior a la nuestra: Irlanda, Eslovaquia, Letonia, Rumanía, Bulgaria y Lituania.

Gráfico 1. Total de impuestos en % del PIB en 2011.

Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Además, es una recaudación inestable, que se ha desplomado al mismo tiempo que desaparecían los débiles sustentos de nuestro crecimiento. Durante la crisis, entre 2007 y 2011, y con la contribución de las medidas normativas adoptadas, España ha experimentado la mayor caída de la presión fiscal de la zona euro, 5,4 puntos del PIB, solo superada por Bulgaria dentro de la Unión Europea (UE) y el Acuerdo Europeo de Libre Comercio (EFTA). Las medidas de aumentos impositivos en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en 2010 y 2011 no evitaron el desplome recaudatorio en nuestro país.

No es una cuestión únicamente de cuánto se recauda, sino de quiénes lo pagan y qué efectos tiene cada tipo de impuesto sobre la actividad económica. El sistema impositivo español es injusto e ineficiente: por el fraude, las oportunidades de elusión –eludir el pago– que ofrece, los privilegios que concede a los grupos poderosos, la falta de transparencia, la complejidad y los costes para los empresarios y trabajadores cumplidores, por sus contradicciones territoriales, por los errores en las previsiones y su falta de credibilidad. De no corregirse estas circunstancias, se llegará a la regresividad fiscal, lo que agravará la desigualdad social.

No debe olvidarse que el sistema tributario es la otra cara de la moneda de la prestación de servicios sociales básicos y de la lucha contra la pobreza y la desigualdad en el reparto de la renta y del patrimonio. En menor medida, los impuestos suponen también un verdadero impulso a la economía de un país.

Este no es un tema sencillo para los que no se mueven en el mundo de la economía, pero su complejidad no debe ser excusa para no acercarse a él. Son muchas las referencias y autores interesantes que hay sobre la fiscalidad. Para facilitar la lectura, todas las referencias que hemos mencionado en el texto, que aparecen citadas por el autor y el año entre paréntesis, las hemos puesto en la bibliografía al final, tratando de allanar en lo posible la comprensión del texto. Queremos agradecer a Bruno Estrada la revisión que ha hecho del texto para hacerlo más didáctico y, con ello, facilitar su lectura a los lectores legos en materia de fiscalidad.

II. Breve historia del sistema fiscal español

La situación del sistema fiscal al restablecerse la democracia empezó a gestarse durante la última etapa de la dictadura, con la llegada de Monreal Luque al Ministerio de Hacienda en 1969. Lo único que quedó de esos intentos de principios de los años 70 del siglo pasado es la creación del Centro de Proceso de Datos del Ministerio de Hacienda en 1972 y los informes con propuestas de reforma fiscal de 1973 y 1976, pues ni con Monreal ni con los ministros que le sucedieron se hizo nada. Llega así la crisis económica de 1973, a la que se suma la muerte del dictador y, con ella, la transición a la democracia.

La crisis económica se va a trasladar a los presupuestos públicos y, ante la insuficiencia de los ingresos públicos, aparece en los años siguientes el déficit, aunque gran parte del mismo es un déficit de tipo coyuntural, originado por la propia crisis económica. Esto ha llevado a definir la etapa 1975-1985 como la de la «Hacienda de la crisis». La necesidad de financiación de las Administraciones Públicas (AA PP), en términos de Contabilidad Nacional, pasó del 0,35% del PIB en 1975 al 6,94% en 1985, lo que hará que la deuda pública pase de representar el 13,23% del PIB en 1975 al 45,08% en 1985. Además, los años 1978-1986 constituyen una etapa de transición en el establecimiento pleno de una gestión «moderna» de la Deuda Pública, es decir, una deuda sujeta a las condiciones de los mercados financieros y que no se monetiza (Comín, 1999).

La primera fase de la reforma fiscal, 1977-1978

La reforma fiscal del 77-78 se recoge en la Ley 50/1977 de medidas urgentes de reforma fiscal, la primera ley tramitada y aprobada por las Cortes democráticas. La intención era que formara parte de un proceso gradual de reforma que debía estar finalizado antes del 31 de diciembre de 1979 y en pleno funcionamiento a principios de 1983, con el objetivo de recaudar en este último año un 30% del PIB (aunque solo se llegará al 25,8%). En el Cuadro A1, en el Anexo de este capítulo, se recogen los objetivos y las medidas adoptadas a partir de la Ley de Medidas Urgentes de reforma fiscal, que dura solo dos años, culminando con la aprobación de la Constitución. El punto de partida es una amnistía fiscal, pues, para evitar que los cambios resultaran contraproducentes, se trató de modificar la relación de Hacienda con los contribuyentes, al mismo tiempo que se establecieron medidas de regularización fiscal con la finalidad de estimular la responsabilidad ante el cambio.

Sin embargo, este llamamiento voluntarista no se acompañó de los mecanismos coercitivos para verificar las obligaciones impositivas. La Administración Tributaria no dispuso de suficientes recursos humanos y materiales, por lo que no tuvo un gran impacto recaudatorio. De hecho, la mayor parte de los nuevos recursos recaudados va a proceder de un gravamen extraordinario sobre las rentas del trabajo superiores a 750.000 pesetas y del Impuesto sobre el Lujo, si bien hay un incremento importante en las declaraciones del IRPF presentadas en los años 1977 y 1978, como se puede comprobar más adelante en el Gráfico 13.

Al tiempo que se discutía la Ley de Medidas Urgentes, el Gobierno preparaba los proyectos de los impuestos sobre la renta de las personas físicas, sobre el patrimonio y sobre sucesiones y donaciones, que se publicaron en el Boletín Oficial de las Cortes el 11 de enero de 1978. No obstante, no debe olvidarse que el nuevo marco fiscal va a venir condicionado por una de las reformas sustanciales del nuevo marco político: la nueva estructura territorial del Estado, el «Estado de las Autonomías», que lleva asociado no solo un proceso de descentralización de competencias de gasto sino también de cesión de tributos.

La segunda fase de la reforma fiscal, 1979-1982

A principios de mayo de 1979, el Gobierno de Unión de Centro Democrático (UCD) pide la ratificación de la entrada a trámite de los proyectos de impuestos que habían quedado pendientes, empezando a aplicarse los dos nuevos impuestos directos: renta y sociedades. Esto supone, tal como se resume en el Cuadro A2, del Anexo, la supresión y transformación de los impuestos directos «de producto».

Durante el Gobierno de UCD se aprueban además tres leyes que regulan la imposición indirecta: la del Régimen Transitorio, hasta la introducción del IVA y la de los nuevos Impuestos Especiales, que conlleva la eliminación de algunas figuras impositivas e integra bajo un gravamen superpuesto al impuesto sobre las ventas todos aquellos consumos a los que se atribuyen efectos externos o costes sociales. Al año siguiente se aprueba el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, terminando con ello el proceso de acomodación de la imposición indirecta a la futura introducción del IVA. Se presenta un nuevo proyecto de IVA en septiembre de 1981, que recibió informe de la ponencia en junio de 1982 pero no se llegó a discutir, a pesar de todas sus mejoras técnicas respecto al primer proyecto.

Los Cuadros 1 y 2 recogen información sobre el fraude fiscal en el IRPF correspondiente a 1979, segundo año en el que se aplica el nuevo impuesto. Posteriormente volveremos sobre el fraude fiscal, pero estas primeras estimaciones ya dejan claro desde el principio uno de los problemas fundamentales de la reforma de la imposición personal sobre la renta: los profesionales y empresarios no pagan impuestos, ni en general los contribuyentes de rentas más altas. Y ello a pesar de que en 1979 se produce un aumento sustancial, el 77,5%, en el número de declaraciones presentadas, que pasan de 5 millones. Hay un nuevo aumento en 1980 (14,7%) y en 1981 se pasa de los 6 millones, pero ya con crecimientos muy moderados (Gráfico 13 en la página 54).

Cuadro 1. Resultados de la distribución del fraude atendiendo a la fuente principal de renta, según la muestra aleatoria de contribuyentes correspondiente a 1979*.

Fuente principal de la renta

Porcentaje de declaraciones fraudulentas

Rentas salariales

24,0