Vidas en Vilo E-Book

Antonio Fuentes Díaz

• Herausgeber: Editorial Universidad de Guadalajara
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: Diálogos académicos
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 433

Veröffentlichungsjahr: 2023

Beschreibung

En esta obra el lector encontrara estimulantes reflexiones para el estudio de la violencia desde una mirada biopolítica; perspectiva inpulsada por autores como Michel Foucault, Giorgio Agamben y Achille Mbembe, a través de conceptos como la necropolítica, la soberamía y el estado de excepción. Estos conceptos permiten nuevas lecturas sobre segmentos de poblacion tradicionalmente juzgados como desechables, asi como de vidas concideradas excedentes, superfluas o en vilo, a partir del estudio de fenómenos que tocan dolorosamente a México y América Latina. Estas herramientas conceptuales han servido para comprender las decisiones gubernamentales sobre las políticas de seguridad que han impulsado la confrontación militarizada contra los grupos vinculados a la delincuencia organizada y para dar cuenta de fenómenos como la producción masiva de muerte por decisión gubernamental. la desaparición de restos humanos. Pero también sirven para entender el entorno de violencia difusa de amplia letalidad producida por actores no estables, que concerne a todos los ámbitos de la social.

Leseprobe

جدول المحتويات

Agradecimientos

Violencia, bio-necropolítica y excepción

I. Violencia, biopolítica y necropolítica

Violencia y extracción. Hacia una necropolítica de la acumulación

Nuevas guerras, nuevas pérdidas: entre el despojo y la incertidumbre

Entre la tanatopolítica y la necropolítica

La reglamentación de la comunidad. Una adaptación de la propuesta de Esposito para problematizar la relación entre la comunidad y el derecho

II. Necropolítica, estado de excepción y regulación de la vida. Estudios de caso

La experiencia migratoria centroamericana indocumentada durante el tránsito por el sur de México: vida, muerte y sus actores

Carne de cañónUna lectura biopolítica y necropolítica de las juventudes en el encierro

Una hipótesis sobre diabetes, neoliberalismo y muerte

Medidas extraordinarias en El Salvador: estado de excepción permanente

Semblanza de autores

Índice

Agradecimientos

En la formación de este libro, debemos agradecer la lectura atenta, preguntas y provocaciones de nuestros colegas y amigos Rafael Alarcón Medina, Natalia de Marinis, Dawn Paley, Martín Mora Martínez, Amarela Varela, Daniele Fini, Erick Galán Castro, Víctor Manuel Andrade Guevara y Miguel Ángel Vite. Sin duda sus comentarios agudos y sugerencias, fueron indispensables y esclarecedores para el enriquecimiento de esta obra. Agradecemos también el gran apoyo de Carolina Amezcua en el trabajo de corrección.

Es menester decir que la presente publicación pasó por un proceso de dictamenes, realizado por pares académicos especialistas en la materia, que garantizan su calidad y pertinencia académica.

Violencia, bio-necropolítica y excepción

Antonio Fuentes Díaz,

Francisco Javier Cortazar Rodríguez

Como resultado de la violencia que envolvió a México desde 2006 con la implementación de la llamada Guerra contra el narcotráfico, declarada por la administración de Felipe Calderón (2006-2012), ha surgido la necesidad de reflexionar sobre la muerte que provoca el orden político como muerte en el espacio público. Es decir, la política de la Guerra contra el narcotráfico implicó el combate militar hacia las organizaciones que trafican con narcóticos con el objetivo de disminuir el poder de esas organizaciones criminales. Sin embargo, uno de sus resultados es que ha producido una elevada letalidad, con un alto número de decesos a partir de los enfrentamientos armados entre estos grupos y las fuerzas del Estado; entre los propios grupos que pelean por el control de diversas zonas unos contra otros; así como un número notorio de víctimas colaterales. Desde su implementación a finales de 2006 y hasta el año de 2018, al término de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), quién continuó con esa política de seguridad, se contabilizaron 269,153 personas asesinadas en un lapso de 12 años (INEGI, 2017), tendencia que continuó al alza durante el primer año de la nueva administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

De forma paralela en los últimos años la violencia creciente (en México y muchos otros países) ha concitado un conjunto de estudios desde distintas disciplinas. Diversos acercamientos teóricos se han propuesto para el estudio de la violencia a nivel global, apoyados en metodologías específicas y con análisis particulares a los contextos donde emergen; este conjunto de investigaciones ha ido conformando un campo de estudios sobre la violencia (Zavaleta, 2017). Para el caso específico de las investigaciones realizadas en México los estudios han abarcado desde enfoques vinculados a las reflexiones seguritarias y criminológicas, así como análisis antropológicos y sociológicos que enfatizan la dimensión estructural de la violencia y la acción colectiva como respuesta.

En México una de estas discusiones ha girado en torno a cómo caracterizar esa violencia, considerando su alta letalidad, si es un conflicto interno (Zavaleta, 2018), una guerra civil (Schedler, 2015), o una nueva guerra (Gledhill, 2016). En estas discusiones se han expresado dos lecturas, la primera está referida a estudios de coyuntura, que se preocupan principalmente por entender el comportamiento de los grupos delincuenciales, mientras que la segunda perspectiva privilegia la mirada histórica, que coloca a este periodo como parte de una violencia estructural que genera regulaciones a largo plazo.

A principios de la década del 2010 un conjunto llamativo de investigaciones y reflexiones sobre el estudio de la violencia posicionaron en dicho campo la relevancia de los estudios biopolíticos (Valencia, 2010; Fuentes Díaz, 2012; Chávez, 2012), debido a su importancia para plantear problemáticas y proporcionar herramientas conceptuales que han ayudado a entender la situación. En estas recuperaciones y diálogos han sido relevantes las reflexiones propuestas por Giorgio Agamben y Achille Mbembe sobre la vinculación entre biopolítica y soberanía, así como su implicación con la gestión de la muerte en los ordenamientos políticos modernos, que proveen Estados de excepción. Una producción considerable de estudios basados en estas nociones ha discutido su alcance heurístico mientras que otros han adecuado los aportes de este corpus teórico con enfoques situados, complementado sus alcances con metodologías empíricas y diálogos con otras tradiciones teóricas.

Las reflexiones de Agamben que abordaron la noción de tanatopolítica, colocados en la serie de ensayos conocidos como Homo Sacer, han provisto de los instrumentos que permiten situar la violencia, en el sentido en que la abordó Walter Benjamin (1999), como forma inherente al orden político y al derecho, así como a la muerte como decisión instituyente de la soberanía, al igual que la excepción. Dichos acercamientos han permitido ubicar el papel de la soberanía, como continuidad de la biopolítica, expresada en la decisión soberana de dar muerte a la vida precaria, entendida como aquella que ha perdido valor en un orden político.

En la Academia Mexicana otra noción que ha recibido importante aceptación es la necropolítica que Achille Mbembe (2011) lanzó a partir del debate con las aportaciones de Foucault (2007). Para Mbembe, la noción de biopolítica, tal como ha sido abordada en la propuesta foucaultiana, y después en los estudios de Agamben (2004, 2006), posee una referencia eurocéntrica y un énfasis contemporáneo que soslaya la antigua experimentación en la regulación de las poblaciones que representó la experiencia colonial, donde existió una instrumentalización generalizada de la existencia humana y la destrucción material de cuerpos y poblaciones.

De acuerdo con Mbembe, en este debate el papel tanto de la soberanía como de la biopolítica deben entenderse bajo la impronta colonial y de racialización de la población, para de esta manera pensar la producción de vidas precarias como decisiones biopolíticas y soberanas de largo plazo que han regulado a la considerada como “población excedente” en distintas escalas y bajo la producción de distintas identidades. Estas identidades sirvieron tanto a la constitución de Europa, como centro hegemónico de la Modernidad, como a la construcción propicia de otredades negativas. Acorde con Mbembe, la fase actual de expulsión poblacional racializada de mercados de trabajo formales actualiza procedimientos antiguos que han permitido el establecimiento de vidas entendidas como prescindibles, hecho que se hace extensivo para comprender la población sobrante actual, a la que se le deja en estado de lesión permanente como decisión política, reafirmándose un devenir negro del mundo (Mbembe, 2016).

Como se puede observar, debido al contexto de violencia motivada por la Guerra contra el narcotráfico en México, ambos conceptos —biopolítica y necropolítica— han nutrido las reflexiones y los análisis, lo que ha dado una nueva amplitud a ambas nociones, sustentadas en estudios empíricos y reflexiones críticas desde distintas herramientas conceptuales y metodológicas.

En un primer momento estas categorías han servido para comprender hasta cierto punto la decisión gubernamental sobre las políticas de seguridad que han impulsado la confrontación militarizada contra los grupos vinculados a la delincuencia organizada. Utilizando su alcance para dar cuenta de fenómenos como la producción masiva de muerte, como decisión gubernamental; la desaparición de personas; la proliferación de fosas clandestinas; la identificación de restos humanos. Pero también para entender el entorno de violencia difusa que es producida por actores no estatales con amplia letalidad.

En el caso mexicano podemos destacar el análisis discursivo de la trayectoria de vida de narcotraficantes mexicanos condenados y en prisión, realizado por Karina García (2019). Ella muestra no solo que la mayoría de estos narcotraficantes provienen de grupos sociales con alta marginación y poca educación, sino que también han padecido violencia doméstica y barrial desde su infancia. En sus discursos ellos se señalan a sí mismos como desechables e inútiles para la sociedad, introyectando así el discurso oficial que los señala como “ellos” (los malos, los delincuentes), frente al “nosotros” (los buenos, los socialmente útiles). Saben que algún día la muerte los va a alcanzar por lo que prefieren vivir al máximo las oportunidades que “la vida y el dinero fácil” (el narco) les ofrece. Lo que evidencia la encarnación de la necropolítica en los propios sujetos que se consideran a sí mismos como excedentes.

En este punto consideramos que en muchas investigaciones futuras, tal como lo han hecho principalmente los estudios feministas, es necesario incorporar la perspectiva de género en los estudios sobre la biopolítica, la tanopolítica y la necropolítica para realizar análisis más finos sobre cómo la muerte y la violencia estructural se ejercen de forma distinta sobre mujeres, hombres e identidades alternas. La violencia tiene factores comunes, pero opera con lógicas distintas pues sobre los hombres se practican los homicidios con una lógica de eliminación de la competencia, mientras que sobre las mujeres se practican los feminicidios como lógica de dominación sobre sus cuerpos y sus voluntades. Mientras que en uno es un arma para eliminar competencia y apropiarse de mercados, en el otro se trata de someter a un antiguo mandato de subordinación al orden patriarcal.

Pensamos que la potencia de las categorías para permitir la inteligibilidad de la situación es abierta y dialógica. Los estudios que han utilizado ambas categorías (biopolítica y necropolítica) las sitúan algunas veces en otro orden de arreglo, proponiendo otros ángulos desde dónde entrelazarlas con otras herramientas conceptuales y otros cuerpos teóricos.

La utilización de estas categorías ha dado pie a varias investigaciones locales que leen a través de estos lentes una pluralidad de situaciones, como la expulsión de vastos segmentos poblacionales abandonados a la intemperie política, en casos como la migración internacional irregular, tanto de ciudadanos mexicanos como de centroamericanos hacia los Estados Unidos; la violencia delincuencial y organizada; los estudios sobre prisiones; el sicariato; la desaparición; las fosas clandestinas; el abandono de las coberturas sociales por el Estado; la producción literaria y estética en la necroescritura (Rivera, 2003); indagaciones sobre el gobierno de la vida no humana; la violencia contra las comunidades para explotar sus recursos y ocupar sus territorios; cuestiones sanitarias y etiológicas; el aumento de la letalidad en las políticas de seguridad; y el destrozo del cuerpo en la arena pública.

Este libro se constituye como un esfuerzo de comprensión de estos temas dentro de una serie de tres libros que giran en torno a la reflexión, el análisis y la crítica de la biopolítica y la necropolítica en México y en América Latina, de la Red (Des)territorios (Bio)políticos, enfocados a discurrir sobre las potencialidades de ambos conceptos para ayudarnos a entender las relaciones de poder, la vida y la muerte en nuestro presente político y social.

El libro pretende contribuir a esta comprensión y discusión crítica a partir de una serie de capítulos agrupados en dos secciones. En la primera de ellas: Violencia, biopolítica y necropolítica; se discute la utilización de las categorías necropolítica, biopolítica y tanatopolítica en su relación con el proceso de acumulación capitalista, así como su pertinencia en la comprensión de la violencia actual en México.

En el capítulo “Violencia y extracción. Hacia una necropolítica de la acumulación”, Antonio Fuentes Díaz nos propone entender la violencia como un recurso del que abrevan una multiplicidad de actores, descentrando de esta manera la mirada en el Estado como su organizador fundamental. Este desplazamiento permite analizar los usos que diferentes actores hacen de la violencia con la finalidad de generar y/u obtener recursos mediante mecanismos de despojo. El uso de la violencia y la generación masiva de muertes deben entenderse en el contexto de la precarización del trabajo, donde segmentos de población superflua han sido gestionados seguritariamente a partir de restar valor a sus vidas. El autor propone, para entender esta integración y coordinación de la violencia, la noción de dispositivo de extracción y regulación de la excedencia, al que vincula, desde una línea de lectura distinta, con la noción de necropolítica. En ese sentido Fuentes Díaz sostiene que la categoría necropolítica se robustecería en términos heurísticos si se entiende vinculada a los procesos de acumulación de capital.

En el capítulo “Nuevas guerras, nuevas pérdidas: entre el despojo y la incertidumbre”, Flavio Meléndez Zermeño reflexiona desde la experiencia de la desaparición forzada como consecuencia de la “Guerra contra las drogas”. Para Meléndez Zermeño, estamos en presencia de una nueva forma de la guerra que se plantea como un tipo de gobierno que sirve a la acumulación capitalista, y en ese contexto, replantea las relaciones entre la vida y la muerte como en la desaparición forzada. De acuerdo al autor, la nueva guerra utiliza el real de la carne, en tanto que supone la defenestración de la dignidad ontológica del sujeto. Tanto en la figura del desaparecido como en las fosas clandestinas donde se ubican los restos se pone en juego el reconocimiento de pertenencia a la polis o la exclusión de ella. La desaparición misma parece confirmar la producción de espacios de indistinción e incertidumbre, de dolor sin sitio y dolor sin fin donde se producen interregnos no delimitados topológica y existencialmente.

En “Entre la tanatopolítica y la necropolítica” Hugo César Moreno busca descifrar la diferencia entre ambos términos. Para Moreno, siguiendo a Roberto Esposito, por tanatopolítica hay que entender las relaciones de poder sobre la vida gestionadas desde el Estado que, en su afán de protegerla, fomentan la utilización de la muerte; de esa manera el Estado desciudadaniza para matar. A su vez la necropolítica, nos dice Moreno, debe entenderse como un resultado no esperado, pero a la vez útil, en el que otros actores imponen la muerte para administrar distintos recursos. En el contexto de los Estados neoliberales, el ejercicio de un poder de muerte lo realizan actores privados indirectos. De esta manera el autor vincula la tanatopolítica a un ejercicio soberano estatal en la preservación de la vida a través de la regulación de la muerte, mientras que la necropolítica sería un colateral de la gestión neoliberal en la búsqueda de recursos por parte de actores privados.

Los trabajos de Agamben, Mbembe y Esposito develan un ejercicio de dominio y control que pasa por la reducción de la complejidad de la vida y que posibilita, incluso, una violencia extrema: tanto en la forma de un “dejar morir”, como en el ejercicio de la violencia y la muerte como dispositivo de control. Un espacio característico donde esta reducción de la vida se presenta es en la comunidad, ya sea entendida como prácticas y sentidos culturales o en su forma radical como coexistencia, que es sacrificada para la supervivencia de los individuos o del “pueblo” (entendido como ente colectivo identitario).

En “La reglamentación de la comunidad. Una adaptación de la propuesta de Esposito para problematizar la relación entre la comunidad y el derecho”, Luis Rivero esboza una forma específica en la que el derecho afecta a la comunidad reduciendo la complejidad de la vida. Su propuesta muestra cómo la reglamentacióntiende a convertirse en un fin que “oculta” a la comunidad como coexistencia y cuidado, reduciéndola a un mero conjunto identitario. Si bien, los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales otorgan una protección a las comunidades, ésta normalmente se ha establecido en función a sus atributos identitarios, como una especie de propiedad a salvaguardar, y poco se ha visto sobre la necesidad de preservar las relaciones de cuidado y apertura de posibilidades que estar en comunidad comporta. La experiencia mexicana nos muestra que las comunidades se han conformado como espacios de resistencia ante las violencias descritas en los otros capítulos de la presente obra.

En la segunda sección: Necropolítica y regulación de la vida, se presentan estudios de caso que aplican estas categorías a investigaciones específicas en donde estas nociones ayudan a comprender los fenómenos desplegados en la regulación de poblaciones excedentes.

Emilio Nocedal en el capítulo “La experiencia migratoria centroamericana indocumentada ante el Estado mexicano” aborda, con base en testimonios de migrantes, las consecuencias que la política migratoria tuvo sobre los migrantes indocumentados centroamericanos que durante 2015 atravesaron por el sur de México. El texto proviene de un trabajo de investigación de largo aliento con población migrante y articula tanto reflexiones teóricas como empíricas desde perspectivas bio-y necro políticas para comprender los efectos de la intervención del Estado, pero también de otros actores como la ayuda humanitaria. Los efectos de tales políticas migratorias sobre las “estructuras físicas y subjetivas” de los migrantes se describen con respecto a tres actores con los cuales ellos se relacionan: los funcionarios del Estado, la sociedad civil organizada en actividades de apoyo a los migrantes y las iniciativas solidarias individuales de la gente.

En “Carne de Cañón. Una lectura biopolítica y necropolítica de las juventudes en el encierro”, Ricardo Carlos Ernesto González busca visibilizar la violencia institucional que sufren los jóvenes en los reclusorios —violencia que se constituye en estructural bajo una lógica de abandono—, que de acuerdo al autor se corresponde con una estrategia necropolítica. En ese sentido, al igual que algunos trabajos ya clásicos sobre el tema del Estado penal, el autor sostiene que la reducción a suministros y servicios básicos a la población carcelaria instituye una distancia infranqueable entre autoridades y la juventud recluida, misma que a la vez que es utilizada como carne de cañón para mostrar éxitos políticos en el combate a la inseguridad. Los individuos que han aumentado la población carcelaria en años recientes en México son traducidos en cantidades estadísticas, funcionales a un discurso de legitimación del Estado ante el entorno de violencia.

Jafet Alejandro Guerrero Gutiérrez, en el capítulo “Una hipótesis sobre diabetes, neoliberalismo y muerte”, realiza una interesante reflexión a partir de investigación etnográfica que vincula la proliferación de la diabetes con la implementación del neoliberalismo a escala global. Para el autor, las enfermedades se expresan en escenarios concretos vinculados con el régimen de acumulación, mismo que vincula la muerte, la regulación de la enfermedad y el control de la morbilidad. En ese sentido, las enfermedades epidémicas se deben entender relacionadas con cambios histórico-estructurales, susceptibles de intervenciones biopolíticas o necropolíticas. Visto desde esta perspectiva, la diabetes se expresa bajo limitadas condiciones materiales de existencia, encarnando un ejercicio del poder a través de la desigualdad económica que va produciendo muertes prefiguradas por la enfermedad crónica. El autor pone énfasis en la manera en que se entiende la diabetes por los organismos internacionales de salud, reposando su prevención y cuidado únicamente en la condición individual, responsabilizando así a los sujetos de su propio sufrimiento.

En el capítulo “Medidas extraordinarias en El Salvador: estado de excepción permanente”, Edgar Baltazar Landeros propone un ejercicio de interpretación teórica sobre la administración estatal de la violencia en El Salvador, en particular, a partir de la perspectiva del estado de excepción y el derecho penal del enemigo. Baltazar Landeros señala que en El Salvador es posible observar las características de un estado de excepción, a la luz de la actuación de los agentes policiales en el marco de la estrategia de combate a las pandillas, ocurrido a partir de 2016, denominada “medidas extraordinarias”. De acuerdo con el autor, estas medidas, al identificar a las pandillas como enemigo interno, se han basado en la suspensión del derecho para reivindicar el poder estatal, generando medidas excepcionales en centros penales, detenciones ilegales y asesinatos selectivos contra sus miembros. De esta manera el Estado salvadoreño recurre a la excepción permanente como mecanismo de gobierno para recuperar el control y el monopolio de atribuciones que exige como propias.

Bibliografía

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Chávez Mac Gregor, Helena. (Coord.) (2012). Estética y violencia: necropolítica, militarización y vidas lloradas, México: MUAC.

García, Karina (2019). Violence within: Understanding the use of violent practices among mexican drug traffickers, Justice in Mexico, Working Papers Series, 16 (2), November, University of San Diego, San Diego.

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Mbembe, Achille. (2016). Crítica de la razón negra, Barcelona: Futuro Anterior Ediciones

Rivera Garza, Cristina. (2013). Los muertos indóciles. Necroescrituras y desapropiación, México: Tusquets Editores.

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Zavaleta, Alfredo. (2017). “Elementos para la construcción del concepto campo de la violencia” en Revista Sociológica No. 33, México: UAM

I. Violencia, biopolítica y necropolítica

Violencia y extracción. Hacia una necropolítica de la acumulación

Antonio Fuentes Díaz

Resumen

El capítulo discute la violencia en México durante el periodo de 2006-2018, a partir de pensar su ejercicio como una estrategia para objetivos diversos como el control territorial, la generación de ganancias, el establecimiento de orden y la contestación política. El recurso a la violencia y la generación masiva de muertes deben enmarcarse en el amplio proceso de precarización del trabajo, donde los segmentos superfluos han sido gestionados seguritariamente a partir de restar valor a sus vidas. El capítulo propone que en el recurso a la violencia, no hay un actor central que organice o coordine su ejercicio, sino que múltiples actores abrevan de un amplio espectro de estrategias que legitiman su uso en términos discursivos y materiales a través de un dispositivo de extracción y regulación de la excedencia.

Introducción

El fenómeno de la violencia en México, se visibilizó fundamentalmente durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012), a partir de la política de “Guerra contra el narcotráfico”. Los estudios sobre violencia eran tangenciales hasta entonces, es en fechas recientes que la academia centra la atención en elucidar y dar cuenta de los múltiples rostros, formas y alcances de la actual violencia en México.

Es de mencionar que sobre los estudios de violencia por ahora prevalecen dos grandes comprensiones; por un lado, aquellos enfoques que tratan de explicarla en términos históricos y estructurales, que se orientan a comprenderla en términos de las transformaciones económicas y políticas de largo plazo, en la formación del Estado y en las mediaciones políticas en el periodo de la transición democrática; y otra perspectiva de análisis que la enfoca en términos coyunturales, dirigida en mayor medida a comprender los impactos de la criminalidad organizada a partir de su combate por el Estado.

En este trabajo se entiende que ambos enfoques son necesarios y complementarios para dar cuenta de una comprensión amplia del fenómeno, sosteniendo que aún hace falta mayor investigación y teorización para su comprensión en el escenario local.

Estudios sobre violencia

Una aproximación a la comprensión de la violencia en América Latina fue aquella que, bajo la impronta de la Guerra Fría, enfocó la violencia política producida en el contexto del sostenimiento de gobiernos autoritarios en las dictaduras militares de Centro y Sudamérica en los años setenta y ochenta del siglo XX. Dichos estudios posicionaban al Estado y a los movimientos disidentes como los protagonistas de tal violencia. Aportes significativos se produjeron desde esta perspectiva para documentar la desaparición forzada, la tortura y el terror del Estado, como medios para acceder a información aplicada al desmantelamiento de la oposición política a los regímenes dictatoriales. Sin embargo, la violencia de hoy día parece tener otros componentes. Una diferencia sustancial es que la violencia actual no tiene claramente una motivación política-ideológica, ni se da en el contexto de la confrontación capitalismo vs. comunismo, tampoco se presenta como oposición a un régimen dictatorial. Por ello, conviene abrir la comprensión fenomenológica de la violencia desde otros puntos de partida. En México, es preciso entenderla desde una mirada que dé cuenta que la violencia se encuentra difuminada en lo social, en un sistema político que formalmente funciona como una democracia procedimental y en donde intervienen diferentes actores no estatales que poseen una alta capacidad de uso de la fuerza en su comisión1. La violencia actual en México es expresada por un pluralismo violento (Desmond y Goldstein, 2010).

Un dato del que se tiene que partir es que la violencia en México preexiste a la “Guerra contra el narcotráfico”. Si bien este periodo es el de mayor producción de muerte, la conflictividad violenta estaba presente previamente, favorecida por las políticas de desregulación económica que impactaron fuertemente los escenarios rurales y urbanos hacia la década de los noventa. En dicho lapso, violencias como los feminicidios y los ajusticiamientos se hicieron visibles. En los años noventa cerca de 300 linchamientos ocurrieron en el país, en la mayoría de los casos auspiciados por la impunidad del sistema de impartición de justicia (Fuentes Díaz, 2006).

La novedad que dejaban ver estos fenómenos era la atrocidad en el tratamiento del cuerpo: golpes, lapidaciones, colgamientos e incineraciones, que aparecían dentro de los repertorios de ejecución pública. Esto convocaba a pensar en una aceptación y uso creciente de violencia explícita que se conformaba, entre algunos sectores, en una sensibilidad tolerada y en creciente incorporación, sustentada por la fractura social y en lo que parecía ser la pérdida de valor del cuerpo “inculpado”, del cuerpo del Otro (Tabla 1).

Tabla 1. Modalidad del castigo en los linchamientos en México, 1984-2017.

Castigo

Porcentaje

Golpes

71.4

Lesión con arma punzo cortante o de fuego

5.7

Exhibición pública del inculpado

4.6

Incineración en vida

2.7

Colgamiento

1.4

Lapidaciones

0.3

Otros

0.5

No reportados

13.5

Fuente: Elaboración propia. El porcentaje se obtuvo de una muestra de 1,470 linchamientos consumados e intentos de linchamientos en el lapso señalado.

Sobre esa estructura de sensibilidad (Williams; 1980) y la explosividad contenida por la acumulación de la violencia (Misses, 2008), se echó a andar en la segunda mitad de la década del 2000, la “Guerra contra el narcotráfico”. Dicha implementación adoleció de diagnósticos precisos sobre las configuraciones sociales y territoriales donde se realizaría, haciendo omisión de los estudios sociales sobre la conflictividad y quebranto del tejido social que había sido causado por las transformaciones estructurales de las décadas previas. De esta manera se exacerbó el desgarramiento social que nos condujo hacia ese escenario de violencia difusa de hoy en día.

Guerra contra el narcotráfico

La “Guerra contra el narcotráfico” impulsada a finales del 2006, por el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), se trató de un tipo de política de seguridad en la sintonía con la War on Drugs implementada por el gobierno estadounidense en otras regiones de Latinoamérica. En México, la tesis subyacente consideró que la confrontación militar fragmentaría las organizaciones criminales debilitándolas. Sin embargo, lejos de contener la actividad criminal, generó una escalada de violencia. Como lo ha reconocido el entonces titular del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), Guillermo Valdés, esta política fue puesta en marcha con un escaso diagnóstico sobre las condiciones de conflictividad en las regiones del país donde se implementó (Valdés, 2017). Estudios recientes han documentado que esta política generó el actual escenario de violencia creciente y difusa, en mayor medida que las operaciones criminales mismas (Atuesta y Ponce, 2016; Galindo, et al, 2017).

Ante la falta de estadísticas oficiales sobre los abatimientos producidos durante la “Guerra contra el narcotráfico”, se utilizaron los datos sobre homicidios proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para tener una aproximación de la magnitud del fenómeno. Como es posible observar (Gráfica 1), las tasas de homicidio en México mostraban una tendencia decreciente, que se revirtió a partir del año 2007. El saldo de homicidios producidos durante la administración de Felipe Calderón fue de 132, 065 personas.

De acuerdo a las cifras del INEGI y la Procuraduría General de la República, el año 2011 había sido el de mayor tasa de homicidios, cuando habrían perdido la vida cerca de 22, 000 personas; hasta entonces, la mayor pérdida de vidas humanas en México originada por una política de Estado. La producción de tales muertes estaba prefigurada. En una declaración sorprendente que cobra sentido en la revisión histórica de este periodo y en la teorización de la violencia, Felipe Calderón, al presentar esta política sostuvo que: “… restablecer la seguridad no [sería] fácil, ni rápido, […] [tomaría] mucho tiempo, […] [costaría] mucho dinero, e incluso y por desgracia, vidas humanas” (Redacción, 01/12/2006).

Fuente: Elaborado en base a datos del INEGI, 2019b y Semáforo Delictivo, 2018.

Esta política ha tenido consecuencias trágicas, entre ellas el número de víctimas entre la población joven. La muerte por homicidio en población juvenil aumentó, sólo entre 2007 y 2009, el homicidio de adolescentes entre 15 y 19 años creció en 124%, el de jóvenes entre 20 y 24 años, en 156 %, y el de 25 a 29 años, en 152% (Reguillo, 2012). El homicidio se convirtió en la primera causa de muerte en esas franjas etarias (Azaola, 2013). El incremento del suicido también se ha documentado, de acuerdo al estudio del INEGI (2017), los años 2014 y 2015 han sido los de mayor incidencia, con una tasa de 5.2 por cada 100 mil habitantes, superando en 1.6 unidades la tasa, hasta entonces de mayor incidencia, de 1997.

El cambio de administración en el poder ejecutivo, con la llegada de Enrique Peña Nieto en 2012, no detuvo la inercia generada en la espiral de violencia, sobre todo porque de facto, hubo una continuidad en esa política de seguridad, aunque con mayor discreción en presentar los “triunfos” del combate a través de los medios. Si se observa el número de homicidios durante el periodo de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cantidad suma 137, 088 homicidios, lo cual constituye el sexenio más violento de la historia reciente, en el que los años 2017 y 2018 superaron la tasa de homicidios del lapso más álgido del periodo de la “Guerra contra el narcotráfico” de la administración de Felipe Calderón en el año 2011. Si sumamos las cifras de homicidios en ambas administraciones tenemos que el número total de homicidios entre 2006 y 2018 es de 269, 153 personas asesinadas en un lapso de 12 años (Gráfica 2). El cambio de gobierno con el arribo de Andrés Manuel López Obrador, mantiene una tendencia al alza, con 36, 685 homicidios dolosos durante el 2019 (INEGI, 2019).

Fuente: Elaborado con datos de INEGI, 2017b y Semáforo delictivo, 2018.

En este contexto, fenómenos semejantes a las guerras civiles o a las dictaduras militares latinoamericanas de la segunda mitad del siglo XX comenzaron a presentarse. Uno de ellos ha sido la desaparición de personas. La desaparición actual tiene que ser diferenciada de la desaparición forzada del periodo de la Guerra Fría, porque otras motivaciones la generan y otros agentes la operan. A diferencia de la desaparición forzada, motivada como ofensiva contra los grupos disidentes, hoy en día está vinculada a la violencia organizada de la economía ilegal: a la extorsión y al secuestro con fines de renta y control de territorio, donde operan también agentes del Estado (Zavaleta, 2018; Paley, 2014).

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que durante 2011, año pico de la “Guerra contra el narcotráfico”, desaparecieron 16, 782 personas (Blancas, 2011).

A falta de cifras oficiales confiables y ante la omisión de las autoridades, varias estimaciones has sido realizadas por los propios familiares de los desaparecidos, organizados para la búsqueda y, en su caso, identificación de sus restos. Una serie de organizaciones emergieron en distintos estados del país, entre ellas Paz con Justicia y Dignidad, la organización encabezada por Javier Sicilia; Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos que agrupa a familiares de personas desaparecidas de los estados de Coahuila, Nuevo León, Guanajuato y Estado de México; Ciencia Forense Ciudadana en Tamaulipas, Grupo Vida en Torreón, Coahuila, y los Colectivos Por la Paz y Solecito en Veracruz, entre muchos otros.

Fue hasta 2011, casi al término de la administración de Felipe Calderón, que entró en función el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), órgano dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependencia adscrita a la Secretaria de Gobernación. De acuerdo con esta oficina gubernamental, de 2000 a 2016 se registraron 28, 161 desapariciones (RNPED, 2016); sin embargo, acorde con estimaciones de las organizaciones de familiares de víctimas de desaparición, la cifra podría triplicarse.

El fenómeno de la desaparición ganó notoriedad con el caso de los estudiantes de la Escuela Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014, pero era ya un evento recurrente. Entre 2007 y 2016 se hallaron 1, 075 fosas clandestinas en el territorio nacional con 2, 014 restos humanos (UIA-CMCPDH, 2017). Y en marzo de 2017 se hallaron en Veracruz, dos fosas con la mayor cantidad de restos óseos que se tenga registro (Ureste, 2014). En enero de 2020, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, presentó un informe que dio cifras más próximas a la estimación de los colectivos de búsqueda de desaparecidos. Esta comisión documentó el hallazgo, entre 2006 y 2019, de 3, 631 fosas y 60, 053 personas desaparecidas (CNB, 2019).

Violencia y dispositivo de extracción

Como se ha mencionado, existen múltiples lecturas sobre la violencia en México. A partir de los fenómenos citados, la perspectiva que se quiere proponer es entender la violencia como un dispositivo que sirve para la obtención de beneficios materiales, imposición de orden y/o regulación de la inseguridad. Así, la violencia se convierte en una estrategia directa e indirecta para una serie de fines que pueden ir desde generar entornos aptos para la rentabilidad de actividades ilegales, aprovechar la impunidad estructural del sistema de justicia para cometer actos lesivos que generen un ingreso, ordenar entornos inseguros a nivel local, hasta recuperar territorios para que impere la legalidad.

Con ello se quiere decir que la violencia reflejada en la producción masiva de asesinatos proviene de múltiples actores: estatales, como las fuerzas policiales y militares encargadas de la seguridad; criminales armados, como los grupos organizados para actividades delictivas; no estatales armados, como los grupos de autodefensa o policías comunitarias; así como aquellos procedentes de fuentes más ubicuas y horizontales, como los segmentos de la sociedad civil que se organizan para la regulación de la seguridad, como el caso de los linchamientos o acciones vigilantes de vecinos organizados.

Todos estos actores que operan configuran las acciones violentas en múltiples interrelaciones, en áreas de operación a veces poco diferenciadas, como en las vinculaciones entre fuerzas de seguridad del Estado con actores criminales. Con lo anterior se propone una comprensión amplia y compleja sobre la violencia, que escape a la antinomia de pensar su ejercicio solo en términos de la confrontación Estado y sociedad o Estado y luchas sociales, propia de la violencia política en el contexto de la Guerra Fría.

Perspectivas enfocadas en esta lectura antinómica sostienen una centralidad exclusiva del Estado en la promoción y organización de la violencia actual en México2. Sostengo que colocar la comprensión de la violencia actual en esa cuadrilla de inteligibilidad, abona poco al esclarecimiento de la complejidad del fenómeno y significa mirar con lentes antiguos, situaciones inéditas que reclaman nuevos abordajes.

La perspectiva que se propone convoca a dejar de lado la idea que existe un ente coordinador e integrador de todas esas violencias (el Estado), que activa, como actor único, un ejercicio planificado para controlar y desarticular luchas sociales y oposiciones políticas a un gobierno, en un territorio, a modo de una política de contrainsurgencia. Propone, más bien, que existen múltiples fuentes donde la violencia emana, incluyendo al Estado, que se tejen descoordinada pero eficazmente en la generación de terror. Dicha eficacia radica en que estas fuentes abrevan de una misma lógica: la lógica de extracción.

Con esta propuesta no se difiere la responsabilidad del Estado en la violencia organizada, la responsabilidad de sus agentes de seguridad en las violaciones a derechos humanos, en la represión a grupos políticos que se oponen a proyectos económicos que afectan sus territorios, ni desde luego, en el establecimiento de una dominación; lo que pretende es ubicar su función dentro de una gama de actores que ejercen o permiten la violencia para fines de extracción de renta y control territorial. En este sentido el Estado no sería el eje que coordina la violencia, sino un actor más dentro de un haz de actores que la usan para los fines señalados. Con ello apuntamos a una nueva forma de gubernamentalidad, donde la capacidad de fuerza y regulación que se impone a la población, no proviene exclusiva y necesariamente de los agentes del Estado, sino de una multiplicidad de actores que en la búsqueda de ganancia generan nuevas conflictividades, a partir de su recurrencia al uso de la fuerza. Una nueva gubernamentalidad vinculada a la violencia privada y apropiada que entreteje a diferentes escalas las acciones de violencia, cuyo fin es la extracción.

La noción que permite entender esta trama de relaciones que se establecen entre elementos heterogéneos: actores, instituciones, saberes, gestiones y discursos, cuyo fin es orientar, fomentar o inhibir conductas, modos de pensar y sentir en un momento y en un contexto situado para un fin específico, es la noción de dispositivo.3

En este sentido, se plantea que hay elementos para pensar el despliegue de la violencia actual en términos de un dispositivo que la utiliza como componente central en la generación de beneficios económicos y de regulación social vinculada a ello. La posibilidad material de tal despliegue se sustenta en el trabajo precario, de tal manera que se pueda establecer una conexión de sentido entre la emergencia de la violencia y la precarización del trabajo. La violencia se debe entender como una herramienta útil para la apropiación de rentas en entornos donde el trabajo productivo ha declinado. Esto es a lo que llamaré dispositivo de extracción y regulación de la excedencia.

Componentes de este dispositivo sustentado en la precariedad del trabajo, se pueden observar en la gestión de población superflua al capital a nivel mundial, por ejemplo, se puede rastrear a través de la instauración de políticas seguritarias punitivas, el encarcelamiento masivo, leyes prohibicionistas sobre uso de cultivos ilícitos y la corrupción sistémica. Un elemento fundamental de este dispositivo es la obtención de ganancias a través de medios ilegales. Este entramado es apto para la gestión de población residual y funcional para acondicionar la acumulación.

Abrevando de este dispositivo se encuentran una pluralidad de actores que ven en las actividades ilegales y criminales un componente fundamental para el incremento de sus ganancias. Participan de este marco tanto actores estatales como no estatales, públicos y privados, locales y globales, operando las formas extractivas de la rentabilidad de varias maneras, en escenarios marcados por el trabajo superfluo diferenciado por etnia, género y clase, además utilizado la fuerza para tal fin.

Las lógicas extractivas, como lo señalan Gago y Mezzadra (2017) deben de entenderse como un rasgo importante de las operaciones de acumulación de capital a nivel global en un sentido amplio, que van desde las industrias extractivas de materias primas, la extracción de valor a partir del uso de información de datos —como Facebook o Google—, la financiarización, hasta la extracción de renta de las operaciones criminales. El desplazamiento del trabajo como actividad productiva en la generación de plusvalía hacia el capital financiero, ha implicado el relevo de otras formas en la generación de ganancia y valor, de ahí que la extracción se constituya en uno de los ejes centrales de la valorización, a través de la sobreexplotación del trabajo, o a través de la renta.

Para el caso de la renta obtenida de las actividades criminales en México, se ha documentado en los últimos años una diversificación de trabajos lucrativos más allá del tráfico de enervantes. Esta diversificación incorpora como una tarea central la extorsión —el cobro de piso o cobro por seguridad—, la cual se constituye en la principal extracción de renta. En esta forma de renta se hace necesario el componente violento, propiciando que una serie de actores se involucren en su obtención, porque es allí donde se crea un gran volumen de transferencia de ganancia. La violencia se convierte así, en el componente necesario de la extracción, descarnando al cuerpo.

De esta manera se puede sostener que es la lógica de la acumulación y no únicamente la lógica estatal4, la que marca el funcionamiento de este dispositivo que utiliza la violencia como medio para la extracción de renta; no es la organización unitaria en el poder estatal, como agente racional de la violencia lo que vemos en acción, sino la operación de múltiples actores descentrados en la búsqueda de ganancia, lo que hoy genera la trama del dispositivo de la violencia.

Destrucción corporal y fuerza de trabajo residual

Una característica de la violencia actual, documentada etnográfica y periodísticamente, es su atrocidad y espectacularidad a partir del marcaje y destrucción del cuerpo en los ajusticiamientos populares y en las ejecuciones de los grupos criminales. Esas acciones se pueden concebir como resultantes de una desvalorización del cuerpo que acompaña la producción de la superfluidad en el neoliberalismo.

La violencia precedente a la “Guerra contra el narcotráfico”, así como la fomentada por esta política, hacen posible proponer una explicación a partir de las reflexiones concitadas alrededor de la categoría biopolítica (Foucault, 2007), para pensar la producción de lo social a partir de una particular relación de la vida con la seguridad, la población y las transformaciones estructurales en el neoliberalismo. Este aporte es fundamental retomarlo en la comprensión etnográfica de la violencia en México tomando en consideración la información sobre la producción de muertes.

Desde esta lectura, las incineraciones, colgamientos y lapidaciones presentes en los ajusticiamiento populares (Fuentes Díaz, 2006), así como las decapitaciones, desmembramientos, desollamientos y disoluciones de restos humanos en sustancias químicas, presentes en las ejecuciones de los grupos delictivos, las ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas policiales y militares, refiere a la construcción de un ordenamiento por fuera de la estructura de justicia estatal y de la interiorización de auto-coacciones a la exposición violenta. El flagelo al cuerpo permite observar la erosión de la legitimidad del sistema de justicia estatal y el quebranto de la regulación legal abstracta5, y orienta a plantear una valorización decreciente del cuerpo en ciertos entornos sociales. Esta desvalorización se encuentra en relación con su destrucción espectacular.

El cuerpo se vuelve un lugar central para la imposición de orden y control, en escenarios en donde ha ocurrido un declive de la norma, en donde la legalidad ha perdido vigencia. De ahí la importancia de la visibilidad de los cadáveres ajusticiados o ejecutados, el cuerpo como bastidor (Segato, 2013) que inscribe la instauración de un control, de un nuevo ordenamiento a través de la visibilidad atroz. Un nuevo orden que regule conductas, inhiba o fomente acciones. Por ello, ante el declive de la legalidad estatal, es decir, de la pérdida de su legitimidad, una serie de disputas y regulaciones, por parte de actores no estatales legales e ilegales, públicos y privados, imponen ordenamientos que buscan establecer regulaciones normativas, haciéndolo a través del cuerpo de los enemigos reales o figurados.6

La lesión sobre el cuerpo en los castigos públicos y ejecuciones de la criminalidad, además del retorno de la violencia espectacular (el nuevo orden político paralegal7 necesita inscribirse exhibiendo fuerza) refieren a una asimilación del disvalor de la vida y por tanto del disvalor deltrabajo en el contexto neoliberal. La hipótesis que se plantea, es que el embate al cuerpo, su marcaje, lesión y destrucción, está en relación con el carácter precario del trabajador contemporáneo.

Flexibilidad y vida liminar

Para hilvanar el argumento sobre la relación entre precariedad y disvalor de la vida, es preciso acudir al análisis de la flexibilidad laboral en el régimen neoliberal.

El fordismo implicó una mediación entre el trabajo y el capital a partir de lo que podría considerarse una regulación biopolítica del trabajo (pleno empleo, salario, pensiones, seguridad social); bajo el neoliberalismo esta relación cambió hacia la flexibilización en un entorno dominado por la tendencia hacia la acumulación no productiva de capital —financiarización—, donde el trabajo, en apariencia, pierde la centralidad en la relación que genera plusvalor en el circuito de acumulación.

La pérdida de garantía de derechos laborales y sociales propia de la acumulación flexible, ha permitido que el trabajo se precarice. Esa precariedad del trabajo está produciendo la fragilidad sobre la vida, dado que es sobre la vida del trabajador donde se produce la precariedad. La fragilidad del trabajo respecto al capital, puede ser entendida a partir de cómo se ejerce el gobierno de la población para asegurar la rentabilidad del capital. Este proceso se encuentra en relación con los debates que algunos teóricos han establecido para hablar sobre las decisiones sobre el disvalor de la vida, en términos de soberanía. Una crítica que se puede formular a estas perspectivas es que desligan el ejercicio soberano de la acumulación de capital. No se puede pensar el ejercicio de la soberanía en cuanto a producción de vidas precarias si no se considera la precariedad del trabajo generado en la acumulación flexible. Podemos plantear entonces, que nociones como vida precaria (Butler, 2009), nuda vida (Agamben, 2013) o ataraxia (Mbembe, 2003), se refieren al estatus en el que quedan reducidos numerosos segmentos poblacionales a partir de su incorporación residual a los mercados de trabajo formales, transformándose en vidas no rentables, excedentes al capital, y no exclusivamente en términos de una decisión soberana.

La nueva regulación del trabajo flexibilizado ha implicado un nuevo ejercicio de la gubernamentalidad. De acuerdo con Foucault (1993), el entrenamiento de la fuerza de trabajo en un entorno apto para el trabajo productivo requirió del establecimiento del dispositivo disciplinario. Lo disciplinario regulaba una subjetividad en los marcos adecuados para que lo viviente se expresara en términos del capitalismo. Sobre esta orientación Foucault desplegó la noción de biopolítica. Es en este periodo y contexto en que el cuerpo del viviente se valoriza para la transferencia de plusvalor, siendo la subjetivación disciplinaria fundamental para el desarrollo del capitalismo. De ello que el sufrimiento corporal desapareciera como tendencia del espacio público tal como Foucault (1993) lo muestra.

Lo anterior permite dar contexto para entender que en el cambio del fordismo a la acumulación flexible ya no es indispensable la subjetivación disciplinaria del trabajo y por tanto del cuerpo, porque la extracción de valor se realiza desde la deslocalización de la contención organizada de cuerpos y actividades. En esa nueva configuración que no subjetiviza disciplinariamente, lo que se gobierna es el marco, el entorno más que a los sujetos (Foucault, 2007), por ello hoy en día la gestión de poblaciones se hace a través de la gerencia de riesgos, a través del control (Deleuze, 2006), más que en términos de la rectificación de conciencias, es por ello que la coacción regresa y se articula a través del emplazamiento por la seguridad.8

Dispositivo, Seguridad y Excedencia

Se ha mencionado que la violencia en México no debe entenderse como emanada de una sola fuente (el Estado, aunque este es un actor fundamental en ella), sino que hay que considerar a actores no estales que la ejercen para fines diversos. Estos fines se pueden agrupar a partir de dos rasgos generales: la extracción de renta y la generación de control y orden.

A partir de lo que se ha dicho, se puede entender que este ejercicio de la violencia opera en un entorno de declive del valor del trabajo, de poblaciones superfluas a los mercados de trabajo formales. En ese sentido se puede plantear que las políticas de seguridad a nivel global van dirigidas a gobernar a la población excedente, en un marco que abreva de las condiciones de extracción de valor, en un ambiente de pérdida de significación de la ley y de legitimidad de las instituciones estatales, así como en un contexto de confrontación por la imposición de órdenes y controles territoriales que se disputan o se complementan con el Estado. Todo este entorno, al que se ha entendido como un dispositivo, es atravesado por el disvalor de las vidas excedentes. No es casual que las políticas de seguridad del Estado se anclen también en ese dispositivo, dado que éste es parte de aquel.

Esto permite releer la política de “Guerra contra el narcotráfico”. La declaración realizada por Felipe Calderón en la presentación de esta política, permite entender que la decisión soberana sobre el disvalor de la vida de numerosas personas vinculadas con las actividades ilegales o criminales y sus daños colaterales, forma parte de los esquemas hegemónicos de seguridad a nivel global, que conforman este amplio dispositivo deextracción yregulación de la excedencia. 9 La nueva hegemonía de la seguridad tiene como centro la prescindibilidad de vidas humanas, en tanto son producidas como trabajadores precarios.

Mbembe (2003) propone la categoría necropolítica para entender estas decisiones soberanas sobre la muerte de poblaciones superfluas. Ampliando esta noción con lo que aquí se ha discutido, se puede entender que esas pérdidas pueden constituirse necesarias para el mantenimiento de un orden político; un estatus de seguridad; un control social o una ventaja comercial rentable, exenta de responsabilidades penales; vidas que son representadas como socialmente prescindibles en tanto que son económicamente superfluas. Bajo esta lectura, la muerte decretada por la política de “Guerra contra el narcotráfico”, contra los sectores sociales involucrados en las actividades criminales se ubica en esta sintonía pero también, como se ha señalado, la violencia difusa que genera otros sacrificables de forma atroz en la instauración de regulaciones para la seguridad. A esta estructura de sensibilidad y de emplazamientos sustentados en la prescindibilidad de la vida de sectores juzgados superfluos, refiere el dispositivo de extracción y regulación de la excedencia. Entender esta excedencia que puede ser suprimible, es lo que se intenta plantear a partir del análisis del trabajo precario.

Sobreexplotación y muerte

Una tendencia global que se ha verificado a partir de un régimen extensivo e intensivo de explotación laboral, es aquella que utiliza el excedente laboral constituido por el desempleo estructural, en actividades como el autoempleo, el trabajo asalariado precario y la migración internacional (Pérez y Flores, 2016), y que ha rediseñado las modelos de organización laboral a partir del out sourcing y la rotación,entre otros.

Esta reorganización del trabajo precisa de la gestión de la fuerza de trabajo residual, generando vidas que declinan su valor. Para explicar esto con detalle, voy a referirme a la extracción del valor que organiza la rotación, apoyándome en la investigación que Melisa Wright (2001) realizó sobre el trabajo femenino en maquiladoras de Ciudad Juárez.

Para la autora, la organización del trabajo a partir de la rotación, conforma una mano de obra que pierde su valor en el tiempo. En este caso, la rotación diferenciada por género, coloca en un estatus de corta permanencia a las trabajadoras de la maquila, bajo el argumento que por su condición de género (embarazo, casamiento) no pueden ser fieles a las compañías, razón por la cual no se les capacita, ni se les promueve a trabajos mejor remunerados. Sin embargo, esta rotación no impide que las trabajadoras transfieran valor a las firmas.

“El truco que enfrentan los gerentes de las maquilas es mantener los niveles adecuados de rotación. Una rotación excesiva significa que las mujeres están dejando de proporcionar altas tasas de ganancia para la empresa. Una rotación insuficiente representa un gasto y un exceso de capacidad productiva” (Wright, 2001, p.195).

Lo que se quiere resaltar, es que en ese cálculo, la ausencia de las trabajadoras cuando dejan de trabajar en las compañías antes de ser contratadas de nuevo, también transfiere ganancia. De tal manera que en la rotación tanto la presencia como la ausencia de las trabajadoras genera ganancia a las maquiladoras. La clave para el argumento que aquí se despliega es entender que la ausencia también rentabiliza.

De acuerdo con la autora, el declive de la fuerza de trabajo a partir de la sobreexplotación contenida en el rediseño flexible conforma un tipo de consenso social, más allá del ámbito laboral, sobre que hay vidas que efectivamente pierden su valor. Este consenso social extenso, permite el uso de la violencia sobre estos cuerpos que han sido desvalorizados en el proceso de trabajo, generando un ambiente propicio para su eliminación, al que la autora denomina “muerte por cultura”, en ello radica una de las explicaciones sobre el feminicidio.