Vivienda E-Book

Lisa Adkins

• Herausgeber: Lengua de Trapo
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: Ensayo
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 243

Veröffentlichungsjahr: 2025

Beschreibung

El aumento de la desigualdad se ha convertido ya en el rasgo definitorio de nuestra era. La crisis del petróleo de 1970, la financiera de 2008 y la pandemia del Covid-19, entre otras, han ido transformando esa desigualdad; y, sin embargo, las herramientas con las que intentamos entenderla son las mismas desde hace demasiado tiempo. En este iluminador ensayo, Lisa Adkins, Melinda Cooper y Martijn Konings exponen que en una economía de activos como la que vivimos, el conflicto social ya no es patrón y trabajador, sino entre propietario e inquilino. trabajo ha dejado de ser el valor fundamental para definir la clase social; su lugar lo ha ocupado el ser o no propietario de una o más propiedades inmobiliarias. El libro empieza con un breve recorrido histórico que empieza con la promesa a la generación del baby boom del ascenso social a través de la vivienda, y termina con la constatación millennial de lo contrario: que esta propiedad se ha convertido en un segregador social que canaliza las rentas de la mayoría social hacia una minoría. A continuación, se exploran fenómenos ampliamente debatidos pero poco comprendidos, como la dinámica de la inflación inmobiliaria urbana, los cambios en la política monetaria y la responsabilidad de los políticos de la tercera vía en estos cambios o el papel de los «fondos buitre». Esta edición se completa con «Un país salvaje», un ensayo introductorio de Javier Gil que adapta las propuestas del libro al contexto español y lo conecta con las tensiones sociales recientes para avanzar una hipótesis, que es a la vez una oportunidad: la forma en la que se articule la sociedad en torno a la vivienda definirá el conflicto de clase de las próximas décadas.

Leseprobe

Vivienda

La nueva desigualdad de clase

Lisa Adkins, Melinda Cooper y Martijn Konings

Ensayo introductorio de Javier Gil

Título original The Asset Economy. Property Ownership and The Logic

of Inequality. © 2020 Polity Press Ltd., Cambridge. Esta edición ha sido posible gracias al acuerdo con Polity Press Ltd., Cambridge.

Primera edición en español, diciembre de 2024.

© de la traducción: Jorge Lago

© del prólogo: Javier Gil

© de la edición, Lengua de Trapo y Círculo de Bellas Artes

Calle Alcalá, 42

28014 Madrid

Colección Ensayo

Diseño de colección: Alejandro Cerezo

Diseño de cubierta: Ana Nuño

Maquetación: Elena Iglesias Serna

www.lenguadetrapo.com

www.circulobellasartes.com

ISBN: 978-84-8381-758-2

Texto publicado bajo licencia Creative Commons. Reconocimiento —no comercial—. Sin obra derivada 2.5. Se permite copiar, distribuir y comunicar públicamente por cualquier medio, siempre que sea de forma literal, citando autoría y fuente y sin fines comerciales.

Vivienda

La nueva desigualdad de clase

Lisa Adkins, Melinda Cooper y Martijn Konings

Ensayo introductorio de Javier Gil

Ensayo introductorio Un país salvaje. Lucha de clases en torno al alquiler

Javier Gil

El 13 de octubre de 2024, más de 100 000 personas se manifestaron en Madrid exigiendo la bajada de los precios de los alquileres y el derecho a una vivienda digna. Unos días después, cuando se comentaba la noticia en el programa televisivo El Hormiguero, una de sus tertulianas, Rosa Belmonte, hizo unas declaraciones que rápidamente generaron polémica: «Se han montado una especie de lucha de clases moderna, que ahora la lucha de clases es el casero y el inquilino, y se ha montado la dictadura del inquilinato. Entonces primero hacen un sindicato de inquilinas […] luego hacen una manifestación […] y ahora están proponiendo hacer huelga de alquileres, o sea, no pagar el alquiler... ¡¿Pero qué país salvaje es este?!».

Aunque desde una óptica sensiblemente diferente, Belmonte capturaba así uno de los aspectos centrales del problema de los alquileres al plantearlo como un conflicto político entre clases. Este, a diferencia del que oponía empresarios a trabajadores, enfrenta a caseros e inquilinos, y en lugar de una dictadura del proletariado, habla de que podría surgir una «dictadura del inquilinato». Para que esta lucha cobre fuerza, se constituye un sindicato que organiza a los inquilinos, convoca manifestaciones y plantea incluso la posibilidad de una huelga de alquileres. En cierto sentido, Belmonte describe inmejorablemente los nuevos procesos de formación y lucha de clases, trasladando el eje de conflicto de la fábrica al hogar, del empresario al casero, del proletario al inquilino. Sin embargo, cabe preguntarse si realmente es posible este tipo de traslado y si pueden surgir formas de lucha de clases en torno al alquiler. O, de otro modo, ¿están fundados los temores de Belmonte?

Para intentar entenderlo, vamos a remontarnos a marzo de 2020, cuando a causa de la pandemia los países de todo el mundo comenzaron a decretar confinamientos. Las economías se paralizaron, la población no podía trabajar y el fantasma de una crisis económica recorrió el mundo. Ante el riesgo de una recesión global, los Estados se apresuraron a anunciar medidas de apoyo sin precedentes. En España y Europa, donde el recuerdo de las políticas de austeridad aún estaba fresco, se percibió una voluntad de reinvención, y se desplegaron amplios programas de ayudas públicas para mitigar el impacto de la crisis sobre la población. Esta respuesta generó una sensación de cambio de paradigma, que hizo que algunos llegaran a pronosticar, incluso, el fin del neoliberalismo.

Los bancos centrales fueron los pilares fundamentales de esta respuesta. Instituciones como la Reserva Federal y el Banco Central Europeo comenzaron a inundar los mercados de dinero mediante vastos programas de expansión cuantitativa. No era solo una simple transferencia de fondos al sector privado; era, sobre todo, una estrategia de gobierno: se enviaba un mensaje inequívoco de que los Estados harían todo lo necesario para rescatar a los mercados, incluso si esto implicaba medidas poco ortodoxas o contrarias a sus propios principios.

¿Pero qué efectos tuvieron estas medidas y quiénes fueron los beneficiados? En medio de la crisis, la cantidad de dinero disponible alcanzó niveles sin precedentes. La respuesta de los mercados fue inmediata: los precios de los activos comenzaron a dispararse, creando nuevas burbujas de precios. El S&P500, el principal índice bursátil de Wall Street, tras una caída de más del 30 % en marzo de 2020, inició una fase de crecimiento vertiginoso. Solo unos meses después, ese verano, el índice superaba su máximo histórico. Hacía tiempo que el valor de las acciones no crecía a tal velocidad. Otros activos, como la vivienda, también entraron en un ciclo de rápida apreciación, impulsados por el exceso de capital y la búsqueda de inversiones seguras en tiempos de incertidumbre.

A pesar del supuesto cambio de paradigma, las élites globales fueron de nuevo, en esta crisis, quienes salieron ganando. La estructura de propiedad de activos es profundamente desigual, ya que un pequeño grupo de actores —como fondos de inversión, instituciones financieras, fondos soberanos, corporaciones multinacionales y personas con altos patrimonios— concentra una gran parte de estos recursos. La mayor parte de los activos financieros y físicos (como bienes raíces y acciones) están en manos de una minoría, mientras que una gran proporción de la población tiene acceso limitado o nulo a ellos. En 2022, Oxfam publicó un informe que analizaba cómo la pandemia había intensificado las desigualdades (2022). Según el informe, durante este periodo la riqueza de los milmillonarios aumentó a un ritmo sin precedentes, marcando el mayor incremento desde que se tiene registro. Solo durante la pandemia, su riqueza creció más que en los catorce años previos combinados.

«A medida que la pandemia de Covid-19 se extendía por el mundo, los bancos centrales inyectaban billones de dólares en las economías de los países para mantener a flote la economía mundial. Buena parte de este estímulo económico ha ido a parar a los mercados financieros, y de ahí al patrimonio neto de los milmillonarios» (18). Según este informe de Oxfam, los Gobiernos habrían inyectado 16 billones de dólares en la economía global, lo que contribuyó a que la riqueza de los milmillonarios aumentara en cinco billones de dólares, pasando de 8,6 billones a 13,8 billones de dólares. Esto se debe a que «la intervención de los Gobiernos ha provocado una escalada de precios en los mercados bursátiles» (18). Oxfam advierte que estamos presenciando «una situación en la que la riqueza actual de las personas extremadamente ricas y el ritmo al que están acumulando riqueza no tienen precedente en la historia de la humanidad. En Estados Unidos, la concentración de riqueza en manos de las élites sobrepasa el punto álgido de la Edad Dorada de finales del siglo xix» (19).

Mientras que en países como Estados Unidos, el desempleo se disparaba, los inquilinos no podían pagar sus alquileres y los pequeños comercios comenzaban a cerrar; mientras que analistas y medios de comunicación se preguntaban constantemente cuánto tiempo tardaría la economía en recuperarse; y mientras que muchos se veían en apuros para cubrir sus necesidades más básicas, otros se estaban lucrando como nunca antes habían podido hacerlo. ¿Cómo era posible que se produjeran fenómenos tan opuestos? ¿Cómo podía ser que, mientras las economías estaban paralizadas, los comercios cerraban y la población se asomaba al abismo, Wall Street estuviera de celebración?

«Economía de activos» es el concepto clave para responder a estas preguntas. A diferencia de la economía tradicional, esta opera en un régimen donde la forma dominante no es la mercancía, sino el activo. En este modelo, el objetivo no es producir valor y riqueza a través de bienes o servicios consumidos por terceros, sino poseer y controlar activos que generen rentas. En la economía de activos, los ingresos se basan más en la extracción que en la creación de valor. Así, la revalorización de activos y la acumulación de rentas mediante el control de estos se han convertido en rasgos centrales del capitalismo contemporáneo. De hecho, como señalan Lisa Adkins, Melinda Cooper y Martijn Konings en este libro, la propiedad de activos pasa a ser más importante que el empleo o los salarios como determinante de la posición de clase, y las posiciones de clase se basan en los activos. Este régimen de acumulación se articula y estabiliza principalmente a través de la inflación de los precios de los activos, configurando un sistema donde la riqueza y el poder están cada vez más vinculados a la propiedad de activos y menos al trabajo productivo.

Para encontrar el origen de la economía de activos tenemos que dar otro salto hacia atrás, a la crisis de sobreacumulación de la década de 1970. Tras un periodo de fuerte crecimiento económico, expansión industrial y bonanza para el proletariado, el capital comenzó a enfrentar problemas de acumulación. Principalmente, la caída de la tasa de beneficio —derivada de la saturación de mercados, el exceso de capacidad industrial y el incremento continuo de los costes laborales debido al poder de negociación de los sindicatos— hizo que el capital tuviera cada vez más dificultades para encontrar oportunidades de inversión rentables, enfrentando una situación cada vez más intensa de estancamiento. Esto condujo inevitablemente a una crisis que empujó al capital a buscar una reestructuración profunda, orientada a sortear estas limitaciones y reorientarse hacia nuevas formas de acumulación.

Las crisis en el capitalismo son fundamentales para corregir sus desequilibrios y relanzar una versión «mejorada» de sí mismo. El trabajo del geógrafo marxista David Harvey es clave para entender estos procesos, y su concepto de «arreglo espacial» destaca cómo el capital desplaza sus crisis en el tiempo y el espacio de forma temporal. Harvey sitúa la reestructuración espacial y el desarrollo urbano como ejes centrales en la resolución de las crisis capitalistas. Cuando el capital enfrenta crisis de sobreacumulación —es decir, cuando existe un exceso de capital que no encuentra oportunidades de inversión rentables y se enfrenta a una posible devaluación—, este se expande hacia nuevos territorios o reconfigura el uso del espacio existente. Esta búsqueda se traduce en la expansión y transformación del entorno urbano, con el objetivo de que este espacio sea capaz de absorber el excedente. Como señala Harvey, «la creación de configuraciones espaciales y la circulación de capital en el entorno construido es un momento sumamente activo en los procesos generales de formación y resolución de las crisis» (Harvey, 2024: 509). Harvey también advierte que estos arreglos son siempre temporales y que las crisis tienden a reaparecer, aunque en nuevas formas y en diferentes contextos espaciales. Los arreglos espaciales pueden aliviar tensiones a corto plazo, pero no eliminan las contradicciones inherentes al sistema capitalista, que, tarde o temprano, vuelven a manifestarse.

La crisis de la década de 1970 desencadenó un proceso de reestructuración a gran escala, comúnmente identificado bajo los conceptos de neoliberalismo, globalización y financiarización. En este contexto, el urbanismo desempeñó un papel central en la resolución de la crisis y en el impulso del nuevo modelo de acumulación, ya que el capital comenzó a desplazarse de manera creciente hacia los sistemas inmobiliarios y el entorno construido. Con el tiempo, estos sectores llegarían a absorber cantidades cada vez mayores de capital, convirtiéndose en una vía fundamental para canalizar el excedente y sostener la acumulación.

Este proceso no ocurrió de manera espontánea. Los estados desempeñaron un papel fundamental en su desarrollo, actuando como reguladores de los mercados de suelo, crédito, hipotecas y financieros, y acompañando estas intervenciones con políticas de privatización y recortes en el gasto social para facilitar el proceso. Así, la intervención estatal fue crucial para eliminar barreras y fomentar el desplazamiento del capital hacia el sector inmobiliario. Desde entonces, la gobernanza neoliberal ha tenido entre sus principales objetivos crear las condiciones propicias para la acumulación urbana y la financiarización de la sociedad.

Naciones Unidas define la financiarización de la vivienda como «los cambios estructurales en los mercados de la vivienda y financieros y en la inversión mundial que han dado lugar a que la vivienda se considere una mercancía, una forma de acumulación de riqueza y a menudo una garantía de los instrumentos financieros que se comercializan y venden en los mercados mundiales» (Farha 2017, 4). Este proceso desvincula progresivamente a la vivienda de su función social como espacio seguro y digno para vivir, debilitando así la efectividad del derecho a la vivienda como un derecho humano, y refleja cómo estos mercados han pasado a desentenderse de las personas y comunidades, ignorando la función de la vivienda en su bienestar. De este modo, «Los mercados de la vivienda e inmobiliario han sido transformados por el sector financiero corporativo, como los bancos, los seguros y los fondos de pensiones, los fondos de cobertura, las empresas de capital riesgo y otros tipos de intermediarios financieros con enormes cantidades de capital y exceso de liquidez» (4). La financiarización de la vivienda ha fortalecido su función económica como activo financiero a expensas de su función social como hogar. Cada vez más, la vivienda se percibe como un medio para generar rentas —estrechamente vinculado a los mercados de capital— y menos como un lugar para vivir. Es un antagonismo irreconciliable, forjado de manera deliberada y con consecuencias dramáticas.

Hay que señalar el carácter profundamente ideológico de este proceso, orientado a establecer un nuevo pacto social basado en el bienestar derivado de la posesión de activos (asset-based welfare), facilitando además la desproletarización de la población y legitimando los ataques tanto a los sindicatos como al estado de bienestar (López y Rodríguez, 2010). La ideología subyacente promovía la noción de que los propietarios ya no necesitaban sindicatos que lucharan por sus condiciones laborales ni un Estado que interviniera para asegurar su bienestar. Lo único necesario era convertirse en propietarios y confiar en que el precio de la vivienda seguiría subiendo. Así, el patrimonio de los propietarios aumentaba independientemente de su trabajo, y su consumo y bienestar quedaban subordinados a la constante revalorización. Este modelo desmanteló las estructuras de aprovisionamiento colectivo, como los sistemas de protección social, y dejó el futuro de las familias a merced de las burbujas de precios. Durante esta fase, la vivienda en propiedad no solo se consolidó como un eje de acumulación, sino también como un dispositivo de integración ideológica, legitimando la reestructuración neoliberal y convirtiéndose en un pilar central del nuevo pacto social.

Pero en 2008 este modelo saltó por los aires. La Gran Recesión sacudió el modelo de acumulación global, provocando impagos generalizados, quiebras bancarias, desplome de los precios de la vivienda y una agitación económica y financiera sin precedentes. Inmediatamente, los gobiernos, bancos centrales y demás instituciones públicas intervinieron de múltiples formas, algunas de ellas inéditas. El objetivo era claro: reestructurar los sectores financieros e inmobiliarios para frenar la caída de los precios de la vivienda, restaurar el beneficio financiero y estabilizar la economía cuanto antes. Sin embargo, no era suficiente con contener los efectos de la crisis; era necesario transformar la situación en un nuevo ciclo de acumulación, y la vivienda, una vez más, estaba destinada a desempeñar un rol central.

2008 abrió un escenario sin precedentes. La política de los bancos centrales actuó como un rescate encubierto de los mercados financieros, generando una situación de exceso de liquidez a nivel internacional, lo que también representaba una amenaza de devaluación para el capital inmovilizado. Paralelamente, la crisis desencadenó un ciclo de devaluación de los activos inmobiliarios, lo cual abría nuevas oportunidades de inversión. A medida que avanzaba la crisis, se fue delineando una nueva geografía para la acumulación urbana, basada en el uso estratégico de los mercados inmobiliarios, destinada a sostener la reestructuración del capitalismo global.

En este modelo de acumulación postcrisis financiera, los bancos han pasado a un segundo plano mientras los gestores de activos —conocidos como fondos de inversión o «fondos buitre»— han aprovechado para adquirir grandes carteras de viviendas y acumular activos, consolidándose como actores centrales del nuevo ciclo (Christophers, 2023). La función de estos fondos es doble: explotar el exceso de capital mediante la captación de grandes masas de dinero (provenientes de fondos de pensiones, aseguradoras o fondos soberanos), apalancar este capital y multiplicar significativamente su capacidad de inversión en activos como vivienda, infraestructuras o acciones, generando efectos multiplicadores gracias a la magnitud de sus inversiones. Desde 2008, la actividad de estos gestores ha aumentado exponencialmente, permitiéndoles obtener un control sustancial sobre los activos globales. Actualmente, se estima que su participación promedio en las empresas del S&P 500 oscila entre el 30 % y el 40 %. Este nivel de control de activos les otorga un poder político considerable, ya que sus inversiones no solo les aseguran asientos en los consejos de administración de las principales empresas, sino también dominio sobre activos estratégicos en distintos estados, ampliando su influencia en la toma de decisiones a escala global.

Estos procesos han impulsado transformaciones tectónicas en el modelo de acumulación, habiendo entrado en una nueva fase que podemos denominar «capitalismo de activos» o «capitalismo rentista».1 Ambos conceptos, en última instancia, hacen referencia a cómo el control de activos y la extracción de rentas de los activos se han convertido en elementos determinantes de la organización social. Estas transformaciones en el modelo de acumulación no han surgido de forma natural, sino que son el resultado de una forma de gobernar la crisis y el nuevo giro del neoliberalismo, que Dylan Riley y Robert Brenner han denominado «capitalismo político» (Riley y Brenner 2023). En el capitalismo político, lo que determina la tasa de rentabilidad es «el poder político puro, y no la inversión productiva» (8). Esta forma de acumulación está asociada a una serie de nuevos mecanismos de fraude políticamente constituido (8), como «las exenciones fiscales, la privatización de activos públicos a precios de saldo, la flexibilización cuantitativa y los tipos de interés ultrabajos para promover la especulación bursátil y, sobre todo, el gasto público masivo dirigido directamente a la industria privada y dotado de efectos de puro goteo para el conjunto de la población» (9). En el capitalismo político, «la totalidad de estos instrumentos de extracción de excedente son abierta y obviamente políticos» (9), lo que permite obtener beneficios no mediante la inversión productiva para producir valores de uso, sino mediante inversiones en política, lo que permite que «la tasa de rentabilidad del capital supera ahora a la tasa de crecimiento» (9). En el capitalismo político, la estructura de clase se transforma, ya que se articula principalmente «en torno a relaciones de “redistribución políticamente diseñada hacia quien ya dispone de mayor renta y riqueza”» (11).

El ensayo The Asset Economy, titulado en castellano Vivienda. La nueva división de clase, ha sido uno de los primeros en abordar estos procesos, convirtiéndose en un texto fundamental para comprender el funcionamiento del capitalismo contemporáneo y las desigualdades que genera. El trabajo de Adkins, Cooper y Konings es ya un referente en la literatura especializada. Junto a autores como Brett Christophers o Benjamin Braun, se han convertido en figuras clave de un campo de estudio reciente y en plena expansión. Lo que distingue el enfoque de Adkins, Cooper y Konings es que ha sido capaz de superar los modelos tradicionales para analizar y describir las clases sociales, asumiendo la propiedad de la vivienda como nuevo elemento diferenciador fundamental, es decir, situándola en el corazón de la desigualdad. El salto cualitativo en el análisis que aporta este ensayo tiene un potencial incalculable como herramienta transformadora, pues difícilmente se puede combatir aquello que no se ha sabido definir.

Estructura de clase en la economía de activos

Una de las principales aportaciones de Vivienda, como decía, es que la economía de activos está transformando la manera en que se aborda la cuestión de la clase, la desigualdad y la estratificación social. Las autoras exponen que los análisis de clase tradicionales siguen centrándose en una visión limitada de la desigualdad, sin captar la complejidad que introduce la economía de activos. Critican que, al no reconocer plenamente cómo la propiedad de activos, en particular la vivienda, está reconfigurando las dinámicas de clase y estratificación, dichos enfoques no logran explicar adecuadamente las nuevas formas de desigualdad que afectan a las mayorías sociales.

Primero, las autoras le reprochan a los modelos marxistas tradicionales que se hayan centrado exclusivamente en la relación antagónica entre capital y trabajo. Al enfocar el análisis en el trabajo y la ocupación, estos modelos no logran captar el creciente peso estratificador de los activos. Además, critican aquellos enfoques que, aunque han comenzado a incorporar el impacto de los activos, siguen subordinándolos a los factores laborales. Finalmente, extienden su crítica a perspectivas más recientes e innovadoras, como las de Guy Standing y Thomas Piketty. Aunque estos autores reconocen la importancia de los activos en la configuración de clases, su análisis se enfoca principalmente en las élites y clases rentistas que poseen más activos y riqueza. Estos enfoques pasarían por alto un elemento clave de la economía de activos: no es solo un proyecto de las élites, ya que las mayorías sociales también participan, principalmente a través de la propiedad inmobiliaria. Este aspecto es central en este ensayo, ya que las autoras sostienen que la economía de activos no solo divide a la sociedad entre élites que se enriquecen gracias a los activos y el resto de la población, sino que dentro de este último grupo también están surgiendo nuevas desigualdades. Es decir, no solo aumenta la desigualdad entre el 1 % más rico y el 99 % restante, sino que también se incrementa la desigualdad dentro de ese 99 %.

Este nuevo análisis de clase, aunque parte de un marco análogo a los modelos marxista y weberiano, identifica «la propiedad de activos como el principal distribuidor e impulsor de las oportunidades de vida» (116). Su modelo distingue cinco grupos en función de su relación con la propiedad de activos, siendo la propiedad inmobiliaria el activo central. La línea divisoria fundamental se traza entre quienes poseen activos inmobiliarios y quienes no. En este esquema, la nueva división de clase se estructura principalmente en torno a estos dos grandes grupos. El primer grupo incluye tres clases: los inversores, los propietarios directos y los propietarios con hipoteca, cada uno de ellos atravesado por factores como los ingresos salariales o la posesión de otras propiedades de inversión. El segundo grupo lo componen los inquilinos y las personas sin hogar. De este modo, destacan cómo la propiedad inmobiliaria se ha convertido en el eje principal de las nuevas dinámicas de estratificación social.

La propuesta permite captar los efectos estratificadores tanto de la propiedad de activos como de la inflación inmobiliaria. Así, y sin dejar de reconocer que las clases existen unas en relación a las otras, «hace explícitas todas las implicaciones que genera la economía de activos en la transformación de la estructura social» (118). Esto les permite distanciarse de modelos que consideran simplistas por reducir la estructura de clases a una división binaria entre rentistas e inquilinos o entre acreedores y deudores. Su modelo busca complejizar la relación de clase al integrar a toda la población (ya sean propietarios de activos, propietarios endeudados o personas sin activos) y demostrar que «las posiciones dentro de la jerarquía de la propiedad de activos condicionan sobremanera la relación salarial». Aun así, aunque los inquilinos dependen de los ingresos salariales para subsistir, es probable que estén, en efecto, pagando la hipoteca de sus caseros, «proporcionando las condiciones de posibilidad para que los inversores aumenten su posesión de activos y las ganancias de capital derivadas de ellos».

La economía de activos estaría dando lugar a un nuevo modelo de hogar, denominado el «hogar minskyano». Este concepto se refiere a cómo las personas viven, gestionan y planifican sus vidas cada vez más en función de sus activos, estructurando decisiones vitales según la lógica especulativa de su revalorización. Para sobrevivir en esta economía, y especialmente para conservar activos que generen rendimientos a largo plazo, es necesaria una gestión activa del patrimonio. Sin embargo, las autoras puntualizan que, en su análisis, los ingresos salariales no han dejado de ser importantes, particularmente para aquellos que carecen de activos. Aun así, los ingresos provenientes del empleo son cada vez menos determinantes para acceder al estilo de vida de la clase media. Desde su perspectiva, las formas tradicionales de desigualdad están siendo progresivamente absorbidas y transformadas por la lógica de la economía basada en activos. En este sentido, «las posiciones de clase han pasado a depender de los activos, el hogar minskyano ha sustituido al hogar fordista, y estas tendencias han dado lugar a la aparición de vidas basadas en los activos, profundamente moldeadas por la dinámica de revalorización y depreciación, así como por la lucha por la liquidez» (132).

Centrar la atención en los activos como causa principal de la desigualdad parece acertado en las sociedades contemporáneas, donde la economía de activos tiende a convertirse en la forma predominante de organización social. Sin embargo, ¿son los activos el elemento central que determina la clase? En este texto partimos de la perspectiva de que la clase no se define únicamente por la posición socioeconómica o la posesión de activos, aunque estos factores sean influyentes. Más bien, sostenemos que las nuevas formas de estratificación generadas por el capitalismo rentista producen procesos de desposesión y desigualdad, que a su vez impulsan resistencias, conflictos y movilizaciones, y que promueven la construcción de organizaciones políticas y sindicales. Es a partir de estas experiencias compartidas de explotación y resistencia que surgen identidades y subjetividades políticas, configurándose sujetos que encuentran en estas experiencias un sentido de clase común (Thompson, 2012). Por tanto, la cuestión radica en cómo las relaciones de desposesión y desigualdad inherentes al capitalismo rentista generan nuevas experiencias que pueden derivar en procesos de formación y lucha de clase.

Así, en este nuevo escenario, lo que determina la clase no es simplemente la estratificación social resultante de la propiedad de activos, sino la construcción política que se genera a partir de los conflictos emergentes de esa misma estratificación. Esta distinción es crucial porque, como propondré a modo de hipótesis, las nuevas luchas de clase que puedan surgir de las desigualdades generadas por la economía de activos no serán necesariamente enfrentamientos entre quienes poseen propiedades y quienes no. Estas luchas se articularán en torno a los conflictos específicos y las alianzas que se formen a partir de las tensiones en torno a la estructura inmobiliaria, revelando una dinámica más compleja y multifacética.

En el resto del texto analizaré brevemente los factores políticos que, tras la crisis de 2008, han impulsado la financiarización de la vivienda y su transformación en activos en España. Veremos cómo estos procesos están desmantelando la sociedad de propietarios, creando nuevas formas de estratificación social basadas en la propiedad inmobiliaria, lo que a su vez está incrementando la desigualdad y extendiendo las situaciones de precariedad y empobrecimiento. En este contexto, están surgiendo nuevos actores y conflictos relacionados con el ámbito de la vivienda, los cuales podrían llegar a representar nuevas formas de lucha de clase en el capitalismo rentista, como las que tan acertadamente describía Belmonte.

El arreglo político-financiero español

La crisis de 2008 afectó a España de manera más profunda que a otros Estados, en gran parte por la fuerte dependencia de su economía del sector inmobiliario y por la burbuja que fue creciendo entre 1995 y 2008. Apenas quince años después, los precios de la vivienda y los alquileres han superado sus máximos históricos, mientras los principales bancos del país registran beneficios récord. Este fenómeno no ha ocurrido de manera espontánea; ha sido el resultado de una intervención política significativa, tanto por parte del Estado español como de la Unión Europea, que podemos denominar como el «arreglo político-financiero español». El objetivo principal era que los bancos pudieran deshacerse de sus activos tóxicos y que se reestructurara el sector financiero, restaurando tanto la rentabilidad como la estabilidad financiera, y recuperando el valor del patrimonio inmobiliario que se había devaluado durante la crisis. Sin embargo, esto se lograría a costa de la población, que, aunque seguía padeciendo los efectos inmediatos de la crisis, empezaría también a sufrir las consecuencias de este proceso de reestructuración. Por ello, el objetivo del acuerdo fue transformar la crisis en un nuevo ciclo de acumulación por desposesión.

En 2010, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) aprobó el Acuerdo de Basilea III, impulsado por el G20 y el Foro de Estabilidad Financiera. Este conjunto de normas tiene como objetivo regular y supervisar la gestión del riesgo en los bancos. Para evitar que se repitiera una crisis similar a la de 2008, se estableció que los bancos debían aumentar sus reservas de capital en proporción a sus activos de riesgo y garantizar mayores niveles de liquidez.

Para los bancos españoles, cumplir con los requisitos de Basilea III parecía casi imposible. Debían deshacerse de una gran parte de sus activos inmobiliarios (viviendas, locales, terrenos, etcétera) antes de 2020, pero en lugar de ir reduciéndolos, marchaban en sentido opuesto. Aún enfrentaban altos niveles de impagos por parte de hogares hipotecados, empresas constructoras y promotores inmobiliarios. En vez de incrementar su liquidez, los bancos acumulaban cada vez más activos tóxicos en proceso de devaluación, junto con préstamos morosos de difícil o imposible cobro. Este escenario se daba en un contexto en el que los préstamos hipotecarios a los hogares se habían paralizado tras la crisis, lo que impedía la transferencia de esas propiedades a nuevos compradores (los hogares más jóvenes que se formaban tras la crisis).

Las consecuencias de que la banca española pudiera incumplir los requisitos eran inimaginables. Es probable que se hubiera restringido el acceso de los bancos españoles a los préstamos interbancarios, lo que habría desencadenado una cadena de quiebras, que afectarían gravemente a la economía española. Pero, más allá de eso, también habría arrastrado al sistema financiero europeo en su conjunto, además de que gran parte de las deudas de los bancos españoles era con bancos alemanes, y en menor medida, franceses. En otras palabras, la crisis inmobiliaria en España podría haber desestabilizado a toda Europa, con un impacto notable en el sistema financiero global. Ante este panorama, la respuesta del Estado español y la Troika fue contundente: utilizar todos los medios a su alcance para evitar ese escenario.

La respuesta del Gobierno, diseñada y financiada desde Europa, tenía el reto de transformar la profunda crisis hipotecaria, financiera y de vivienda que España sufría desde 2008 en un nuevo ciclo de acumulación inmobiliaria. Para lograrlo, era necesario establecer nuevos marcos regulatorios que crearan entornos favorables y restauraran, de manera forzada, las condiciones propicias para seguir acumulando. La regulación debía facilitar la circulación del capital en el entorno construido, acelerando los tiempos de rotación. Esto implicaba reducir las barreras al movimiento del capital a través del espacio, promoviendo la conversión de las propiedades en activos líquidos; se trataba de regular el mercado para intensificar el papel de la vivienda como activo, haciendo