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Cecilia Prats Cuthbert

• Herausgeber: LOM Ediciones
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 206

Veröffentlichungsjahr: 2025

Beschreibung

Se trata de un fiel y entrañable testimonio de lucha por la verdad y la justicia, dando cuenta de la incansable lucha de las tres hijas del matrimonio Prats Cuthbert por obtener justicia.

Leseprobe

© LOM ediciones Primera edición, mayo 2024Impreso en 1000 ejemplares ISBN Impreso: 9789560018182 ISBN Digital: 9789560018830 RPI: 2024-A-3683 Fotografía de portada: Archivo familiar, Cecilia Prats Cuthbert Diseño, Edición y Composición LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago. Teléfono: (56-2) 2860 68 [email protected] | www.lom.cl Tipografía: Karmina Impreso en los talleres de Gráfica LOM Miguel de Atero 2888, Quinta Normal Santiago de Chile

A mi marido Jaime de Ferrari Hulaud (QEPD), por su apoyo permanente en los momentos más difíciles vividos, y a mis hijos por amor y compañía.

CPC

La trastienda íntima de un capítulo histórico

Mónica González

Hacía mucho frío esa mañana de invierno en Buenos Aires. El tiempo apremiaba y debía internarme en el barrio Palermo y llegar a la calle Malabia. Con premura caminé, y al llegar a la altura del 3300 me detuve. Recorrí la calle buscando capturar cada detalle de las aceras, paredes, entradas y ventanales de los señoriales edificios de departamentos. Al llegar a Malabia 3359 el frío penetró mis huesos. Intenté rehacer esos minutos antes de la una de la madrugada de ese lunes 30 de septiembre de 1974. La última mirada que Carlos Prats y Sofía Cuthbert se dieron al interior del Fiat 125 cuando el automóvil disminuyó la velocidad al aproximarse al portón de fierro verde. El coche se detiene frente a la cochera. La explosión es ensordecedora. Letal.

Esa madrugada del último día de septiembre de 1974, los fierros retorcidos del vehículo y los cuerpos de sus dos ocupantes quedaron diseminados a varios metros a la redonda. Casi doce años habían transcurrido desde la violenta explosión cuando recogí los testimonios de los primeros testigos. Las esquirlas del atentado terrorista que provocó la muerte del que fuera comandante en jefe del Ejército de Chile y de su esposa, seguían incrustadas en la calle Malabia, y en la piel y retina de sus vecinos, que con cautela entreabrían la ventana de sus recuerdos. Una gruesa capa negra de preguntas sin respuestas seguía allí tan impenetrable como el miedo. Nada se había avanzado en la búsqueda de los culpables. Ni allá y menos en este lado de la Cordillera, donde aún el poder estaba en manos de la dictadura que ordenó sus muertes.

Lo que yo no sabía esa mañana de 1986 es que deberían pasar más de veinte años para que en Chile la justicia decidiera hacer un juicio histórico y asumiera la verdad: que fue el general Augusto Pinochet quien ordenó al jefe de su policía secreta –la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)– el asesinato del brillante general que lo antecedió. Y que en esa operación de terrorismo de Estado participaron destacados oficiales del Ejército de Chile.

Tampoco sabía que, en esos mismos días de 1986, en el Archivo Judicial de Argentina hallaría varias carpetas con los documentos que prueban las operaciones de cacería y exterminio de más de dos centenares de chilenos que acometió la Dina en Chile, Argentina y otros países. En ese archivo de la Dina, que pertenecía al jefe de su red en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel, está descrita sin pudor la máquina de tortura y muerte que se abatió sobre nuestro país. Y los responsables de esa fractura que aún nos interpela. Con dolor. Con vergüenza.

La otra verdad es también dura: de no ser por la excepcional tenacidad, inteligencia y coraje de las tres hijas del matrimonio Prats-Cuthbert, y de sus maridos y sus hijos, es probable que la costra oscura y pétrea de la impunidad seguiría instalada al centro de un doble asesinato, que tuvo como móvil eliminar al general que con su sola presencia les recordaba cada día a los protagonistas del golpe de Estado su traición y cobardía.

Cuando esa noche de 1986 llegué al departamento de la joven chilena Cecilia Suárez («La Chispita»), que solidariamente me recibió en su modesto departamento en los suburbios de Buenos Aires, me costó despojarme del frío. No pude dejar de pensar en cuánta razón habían tenido los generales de Ejército Guillermo Pickering y Mario Sepúlveda en impulsarme con ahínco a que investigara los crímenes del que fuera su jefe en el Ejército: el general Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert.

En 1984 los conocí, días en que los militares no estaban en mi radar ni en mi grupo de referencia. Desde el 11 de septiembre de 1973 su institución se había ido asociando a crímenes brutales de hombres y mujeres a quienes había conocido y querido en una época en que todo bullía al ritmo de los cantos, los cambios y la esperanza.

Y fue en 1984, en mi trabajo en la revista Cauce, que supe que había una parte de la llamada «familia militar» que repudiaba en silencio los asesinatos, la corrupción e incluso despreciaba el arribismo que ahora primaba entre esas familias que antes se sentían orgullosas de ser parte de un todo.

Las fotos de altos oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea –con sus esposas– en los eventos de gala de la nueva elite en el poder, eran la prueba de que ahora eran «aceptados» y sus remuneraciones habían cambiado. Ver en detalle las fotos de la vida social de los diarios y revistas se había convertido en una obligación para el análisis político.

La publicación en revista Cauce (enero de 1984) de la investigación de «La Mansión de Lo Curro», cuya fastuosa construcción fue ordenada por Pinochet y su esposa Lucía Hiriart, fue como abrir un compartimento bajo presión. Irrumpieron críticas y testimonios de actos de corrupción –y también de crímenes– de quienes daban los primeros pasos de distancia. Y estaban aquellos que declaraban que no habían dado un golpe de Estado para enriquecerse con las platas del Estado. Los negocios del yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, a través de su participación en más de quince directorios de empresas estatales, aumentó la indignación (también publicado en revista Cauce). Pero la represión no aflojaba, las expulsiones, relegaciones, la cárcel y las torturas; la muerte que acechaba mantenía el terror en calles y hogares, oficinas, universidades y escuelas.

La publicación también en Cauce de una entrevista al excomandante en jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta Militar hasta 1978, Gustavo Leigh, criticando duramente la mansión de Lo Curro y la residencia que Pinochet y su esposa adquirieron en «El Melocotón» (publicada en Cauce en mayo de 1984) y la corrupción que envolvió la construcción de ambos inmuebles, provocó un remezón en la dictadura. El Ministerio del Interior se querelló contra mí por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Como no quise entregar el registro de mi entrevista al general Leigh, una jueza me envió a la Cárcel de Hombres de San Miguel.

Pero el día anterior logré hacer una entrevista que hacía meses perseguía: al general (R) Guillermo Pickering, comandante de Institutos Militares, el segundo al mando de tropa del país, con el comandante en jefe Carlos Prats. La transcribí durante la noche, y al día siguiente, antes de que miembros de la PDI me condujeran a tribunales, la entregué para su publicación.

Fue el inicio de una amistad que se convirtió en un privilegio. Muy pronto Guillermo Pickering me convidó a tomar onces a su casa junto a su amigo y compañero de armas, el general (R) Mario Sepúlveda, exjefe de la Guarnición de Santiago del Ejército. Ambos renunciaron al Ejército junto al general Carlos Prats el 23 de agosto de 1973. Cuando vieron que era imposible impedir un golpe de Estado, dieron un paso al costado. No estaban dispuestos a mancharse las manos con la sangre de sus compatriotas a quienes habían jurado defender. Fueron ellos los que me enseñaron la profundidad y el significado del juramento militar y por qué la parafernalia de los honores. El ser poseedores del monopolio de las armas en función del bien común es un honor y un gran deber para con la Patria.

Conocí a sus esposas e hijos. Y en esos almuerzos y onces de la familia que habían tejido desde el golpe de Estado, fui conociendo cómo sus amigos de toda una vida militar habían cavado una fosa de distancia para evitar toda represalia a ellos y sus familias. Actuaban como si Pickering y Sepúlveda, y sus familias, tuvieran lepra. Incluso algunos atravesaban la calle para evitar saludarlos o darles una explicación por tanto silencio. El mismo trato experimentaban el general Ervaldo Rodríguez, jefe de la misión militar en la embajada chilena en Washington al momento del golpe y quien también se retiró del Ejército; el coronel José Domingo Ramos, quien renunció diciendo delante de sus compañeros que los soldados debían respetar el juramento hecho ante la Patria.

En esos encuentros entrañables aprendí también lo importante que había sido la figura del general René Schneider Chereau, comandante en jefe del Ejército, asesinado en octubre de 1970 por un comando terrorista para impedir que asumiera la presidencia de la República Salvador Allende. Su asesinato fue organizado y financiado por el gobierno de Estados Unidos (Richard Nixon y Henry Kissinger) y en él participaron el jefe de la Guarnición de Santiago del Ejército, general Camilo Valenzuela; el almirante Hurgo Tirado; el general director de Carabineros, Vicente Huerta Celis (entre 1990 y 1998 fue senador designado); el general (R) Roberto Viaux, y un grupo de civiles de extrema derecha, entre los que se encontraba León Cosmelli, Julio Bouchón, Juan Luis Bulnes, los hermanos Julio y Diego Izquierdo Menéndez y Enrique Arancibia Clavel, excadete de la Armada. Todos recibieron financiamiento de la CIA, como quedó demostrado en los archivos desclasificados de Estados Unidos1.

Los generales Pickering y Sepúlveda me enseñaron los textos donde quedaba claro el destacado rol que había cumplido el general Schneider en la Conferencia de Ejércitos Americanos, desnudando el rol de esa instancia al propiciar la Doctrina de Seguridad Nacional y el derrocamiento de gobiernos democráticos en América Latina. Por ello, no era extraño la llamada «doctrina Schneider», el no aceptar que las Fuerzas Armadas fueran instrumento de nadie para intervenir e impedir la voluntad expresada en las urnas. Por eso su asesinato. La misma doctrina y legado que asumiera el general Carlos Prats, quien lo reemplazó al mando del Ejército el 27 de octubre de 1970. Su primera actividad como comandante en jefe del Ejército fue difundir la circular «Definición de la Doctrina Institucional»: que establece que la función del Ejército es «exclusivamente profesional» y no deliberante frente a alternativas políticas.

Había respeto, sabiduría y convicción en sus relatos. También dolor.

Muy pronto me invitaron a conocer a las «hermanitas Prats». Como Cecilia vivía en La Serena, solo llegaron a la casa de los Pickering, Sofía y Angélica. El encuentro tuvo un cariz que me emocionó. Había entre ellos un férreo lazo tejido por una historia de vida compartida. Y delicadeza y profundo amor en el recuerdo siempre presente de los ausentes. Todos ellos se mantenían al tanto de lo que ocurría en el país y en el poder, los cambios que aceleradamente se habían producido en las instituciones a las que habían dedicado sus vidas. En el caso de las hermanas Prats, el horror había llegado al extremo.

Conformaban un grupo muy cerrado. La muerte, el exilio, la persecución y el acoso los había afectado de distintas maneras. Pero sus historias eran muy privadas, tanto como sus dolores. Bastante habían tenido con las acusaciones falsas de haber sido instrumento del marxismo. Ninguno de ellos lo era. Preservaban su independencia política con la misma fuerza con la que protegían el escudo que habían tejido a su alrededor. Eran soldados y democráticos. Y no querían que nadie los utilizara. Había dignidad en su forma de enfrentar la adversidad y la defensa de sus valores.

No podría describir la impresión que me provocaron las hermanas Prats. Había en ellas dignidad, entereza y determinación, además de calidez. Entendí que se me abría la puerta a un privilegio: palpar y masticar qué significaba servir a la Patria desde las instituciones armadas, defendiendo a cómo diera lugar el derecho a la vida de tus compatriotas y la soberanía.

Muy pronto, con la gran ayuda de los generales Pickering y Sepúlveda, empecé a organizar la investigación del asesinato del general Carlos Prats y su esposa ese último día de septiembre de 1974. Las primeras piezas en el tablero tomaron su lugar.

Los apuntes y notas que escribieron los generales Pickering y Sepúlveda en esos candentes días desde que el general René Schneider fue asesinado en 1970, me fueron desnudando a los personajes de la trama de la conspiración con sello extranjero. Y cuando finalmente se decidieron a mostrarme sus agendas, tuve ante mis ojos el retrato agudo, vivo y cotidiano de la conspiración en marcha, con todas sus miserias y actos de coraje.

En esos años también se hizo más asidua mi relación con las hermanas Prats. Algunas tardes concurría a la casa de Angélica, y muchas veces sus hijos, entonces pequeños, me deleitaban con espectáculos de cantos o pequeñas piezas de teatro. Después, ya solas en una habitación, con Sofía presente, revisábamos los detalles de la máquina de muerte que había puesto en marcha Pinochet y que había cobrado la vida de sus padres. Cuando me iba, nunca dejé de admirar el temple y fortaleza de ambas mujeres para preservar a sus hijos del horror.

Fue así como un día entendí que Augusto Pinochet solo le escribió una carta de respuesta a la misiva que le había enviado el general Prats desde Buenos Aires (debió salir de Chile hacia la Argentina el sábado 15 de septiembre de 1973, con la colaboración de tres de sus subalternos para impedir que lo asesinaran, el ayudante Osvaldo Zabala, el coronel Rigoberto Rubio y el teniente coronel René Escauriaza), cuando pudo firmar como «Presidente de la Junta Militar de Gobierno». La carta, firmada un día de junio de 1974, está impregnada de odio y resentimiento. Años después sabríamos que en esos precisos días Pinochet decidió también su asesinato. Y lo hizo cuando logró torcerle la mano al jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, y hacerse nombrar al mando de la Junta Militar. Ya no era un colectivo. Él tenía el control.

Lo logró con la ayuda del entonces coronel Manuel Contreras, quien fuera su alumno y también estudiante de Inteligencia y tácticas de demolición en la Escuela de Las Américas, donde recibió con otros oficiales latinoamericanos entrenamiento en técnicas de guerra y contrainsurgencia del Ejército de Estados Unidos. A fines de septiembre de 1973, Contreras le ofreció a Pinochet organizar un aparato de inteligencia secreta que solo dependería de él. Augusto Pinochet, el hombre que se plegó solo horas antes del 11 de septiembre de 1973 al golpe de Estado, el advenedizo que no participó de ninguna reunión secreta para derrocar a Salvador Allende, pudo hacerse del poder gracias al terror que desató en todo el país –también al interior de los cuarteles– la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) al mando de Contreras.

El general Carlos Prats fue testigo en primera persona de la «traición» de Pinochet. Lo vio rendirle pleitesía y adhesión al presidente Salvador Allende; también a su ministro de Defensa, José Tohá. Y recibió el juramento de lealtad y obediencia de su subalterno frente al cuerpo de generales en momentos críticos. Cómo olvidar la noche en que debió soportar visiblemente incómodo que Pinochet le instalara en su pecho una banda presidencial cuando fue investido vicepresidente de la República en un viaje al exterior de Allende. Y el último abrazo. Ese que le dio Pinochet ese viernes 29 de junio cuando el jefe del Ejército llegó a pie hasta la puerta sur de La Moneda para enfrentar la sublevación del Regimiento Blindado Nº 2. Los chilenos reteníamos el aliento desde la madrugada, cuando se supo que el teniente coronel Roberto Souper encabezaba una asonada golpista.

Su rostro reflejó la gravedad del momento que vivía el país. También transmitía una serena determinación. Para los periodistas que cubríamos La Moneda en esos días, ese era un sello del comandante en jefe del Ejército, Y se quedó clavado en la retina de miles de chilenos en medio de la vorágine en que nos sumergíamos.

El último domingo de septiembre de 1974 la historia ha dado un giro dramático. El general Carlos Prats vive en Buenos Aires junto a su esposa Sofía Cuthbert en un exilio que le cuesta. Trabaja en una empresa de neumáticos (FATE) para asegurar su subsistencia. Lo siguen autos y personas desconocidas, lo han amenazado diciendo que un comando croata lo busca para matarlo, le han bloqueado su pensión de retiro y no le dan los pasaportes que pide para partir junto a su esposa a Europa, donde universidades le piden conferencias y clases. Es un militar distinguido. Y por eso rechaza el pasaporte argentino que le ofrecen los altos mandos militares de ese país. Y lo hace a sabiendas de que el cerco se estrecha. Pero su sentido del honor y el deber militar es más fuerte.

Esa es la preocupación que les confiesa a sus amigos Ramón Huidobro y a su mujer Francisca Llona la noche del domingo 29 de septiembre de 1974. El exembajador de Chile en Argentina durante el gobierno de Salvador Allende, un diplomático excepcional, y su esposa Francisca, la madre de la escritora Isabel Allende, se han convertido en sus más estrechos amigos en esos meses de agobio. Han visto los cuatro la película italiana Pan y Chocolate y luego, en el departamento de los Huidobro, han hablado con total franqueza de la encrucijada que enfrenta el matrimonio Prats-Cuthbert. Se despiden con cariño y emoción pasada la medianoche. Carlos Prats y Sofía Cuthbert caminan hacia su auto. Desde el ventanal de su departamento en la avenida Figueroa Alcorta, Ramón Huidobro junto a Francisca los ven subirse al vehículo y partir.

El vehículo se acercó, me pasó, se detuvo a la entrada de la cochera… Estábamos sentados allí desde hacía horas… Yo estaba sentado al volante y mi esposa al otro lado y tenía la radio sobre las rodillas… Ella la estaba toqueteando... Cuando ella levantó la radio, el botón estaba del lado derecho, lo tenía en la mano y lo levantó. Pensé que se iba a producir la explosión, pero no sucedió. Era un interruptor que activaba el explosivo… le dije… No, no sé si lo dije…. Simplemente lo tomé… y lo hice explotar.

Así relató años más tarde el estadounidense y agente de la Dina, Michael Townley, el momento en que, junto a su esposa, la chilena Mariana Callejas, hicieron explosionar la bomba que el mismo Townley colocó en una pequeña caja y ató debajo de la barra del Fiat 125 en el que se desplazaba el matrimonio Prats-Cuthbert. Debieron transcurrir 25 años para que Townley finalmente confesara el crimen en Argentina, ante la jueza María Servini de Cubría. Ya no había posibilidad de dar un paso al costado.

Y reveló detalles: «Me presentaron lo del general Prats como el peligro más grande de ese momento, pues era la única persona que podía concitar suficiente apoyo popular dentro de ciertos elementos de las FF. AA. para llevar a cabo un levantamiento localizado o generalizado contra Pinochet y la Junta Militar». Que el general Raúl Eduardo Iturriaga Newman le indicó la dirección exacta donde vivía Prats y en la misma calle una semana antes del atentado terrorista. Que los materiales de la bomba se los dio el coronel Pedro Espinoza, segundo al mando de la Dina. Que la bomba la armó en el hotel con una radio portátil de banda ciudadana como detonador. Y la colocó bajo el auto en la cochera de Malabia el viernes 27 de septiembre por la noche. Que el atentado se preparó en la casa del jefe de la Dina, Manuel Contreras, en Rocas de Santo Domingo. Que el explosivo fue probado en una parcela en el Cajón del Maipo, expropiada a Darío Saint Marie, director hasta el golpe del diario Clarín: «Allí probé el detonador a control remoto con una carga muy pequeña de explosivo y funcionó a la perfección». Y reconoció a algunos altos mandos de la Dina, oficiales del Ejército, con los que se relacionó para este atentado: Christopher Willeke («Werner») y José Zara («Iván»), del Departamento de Operaciones Extranjeras; y Armando Fernández Larios, quien era –dijo– «ayudante del coronel Pedro Espinoza para la muerte del general Prats».

Michael Townley también confesó que regresó a Santiago vía Montevideo. Los chilenos supimos más de treinta años más tarde que, en abril de 1978, cuando Townley fue entregado por la dictadura encabezada por Pinochet al fiscal estadounidense Eugene Propper, para responder por el atentado terrorista que hizo explotar en septiembre de 1976 en Washington el auto en que viajaban el exministro de Defensa de Allende, Orlando Letelier y su asistente Ronnie Moffitt, hubo una condición secreta: que jamás se supiera en qué otro país utilizó Townley el pasaporte falso de Kenneth Enyart. Estados Unidos aceptó. El pacto quedó sellado en un documento.

En los registros de la policía chilena aparece Kenneth Enyart entrando a Chile el 30 de agosto de 1974 procedente de Argentina, y saliendo el 10 de septiembre rumbo a Buenos Aires. Su ingreso a Chile nuevamente fue, esta vez, vía Uruguay, y quedó registrado el 1 de octubre de 1974. El autor confeso del asesinato de los Prats-Cuthbert usó esa falsa identidad para entrar y salir de Argentina en septiembre de 1974. Y con el pacto impuesto por Pinochet la impunidad por el crimen del general Prats y su esposa tuvo otro candado.

El juicio en Argentina no habría tenido lugar si las hermanas Prats no hubieran tomado una decisión inteligente y clave y en completa reserva en el momento preciso. Al viajar a Buenos Aires para empujar el avance de la investigación del crimen de sus padres, constataron que el juicio ni siquiera estaba caratulado como asesinato. Que las declaraciones que hicieron ante la policía argentina Ramón Huidobro y otros testigos del acoso del que era víctima el matrimonio Prats-Cuthbert, no existían en el expediente. Que no había intención de hallar a los culpables. Y decidieron entonces que lo único importante era impedir que lo archivaran: mantenerlo abierto. Haciendo un gran esfuerzo económico le pagaron a un abogado cercano a los militares del vecino país que cumplió su cometido. Con una tenacidad encomiable, durante años alimentaron ese propósito.

En paralelo, y con la misma reserva y eficiencia que han demostrado en más de tres décadas, Sofía, Angélica y Cecilia se desplegaban para allegar documentos y testimonios que permitieran probar quiénes ordenaron el crimen de sus padres en Chile. Y también para cumplir con la que fue su misión más importante y secreta una vez que lograron rescatar, desde una caja de fondos oculta en el departamento de calle Malabia, cientos de páginas escritas a mano: los manuscritos de las memorias que terminaba de escribir el general Carlos Prats en esos días de septiembre de 1974.

A pesar de que el departamento del matrimonio Prats-Cuthbert fue minuciosamente registrado horas después del atentado por la policía y agentes de la Dina, no encontraron sus memorias. Su rescate y traslado a Chile es un capítulo que por momentos adquiere ribetes de novela policial y en el que le cupo un rol protagónico a Cecilia Prats junto a su cuñado, Isidoro Cuadrado, esposo de Sofía Prats, y que Cecilia relata en estas páginas. Así relata la publicación de Memorias. Testimonio de un soldado en Chile y en plena dictadura:

Se tuvieron que tomar muchos resguardos para preparar su presentación y edición. Fue la editorial Pehuén quien trabajó con nosotras en la edición del libro, y debimos confiar en que se mantendría en secreto hasta su publicación. Las invitaciones al lanzamiento se entregaron a última hora del día anterior y la presentación se hizo a las 11:00 de un día de marzo de 1985, en la Librería Manantial, al lado de la Vicaría de la Solidaridad y de la Catedral de Santiago. Luego de 11 años desde que mi padre las terminó, pudimos darlas a conocer a sus compatriotas como él lo había anhelado

Para entonces la dictadura argentina ya había dado paso a la democracia. A otro lado de la cordillera, lentamente, se iniciaba un nuevo capítulo.

A partir de ese momento, y con la misma reserva de antes, el esfuerzo y el aporte de las hermanas Prats se multiplicó. Y nuevamente fueron factor clave en el camino a la justicia. Sin ellas no se habría podido integrar al expediente las declaraciones de Ramón Huidobro, quien hizo la primera constatación de las pistas que llevaban a los responsables del doble homicidio en Chile, lo que incluye dos curiosas fotografías de El Mercurio. Con el transcurrir de los años se convertirían –junto a su mujer «Panchita»–, en estrechos amigos de las hermanas Prats.

Hasta que la investigación en Argentina, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No1, se cerró (no se archivó) por falta de más información. Y fueron las hermanas Prats las que aportaron la pieza determinante para reabrir el juicio. Cecilia relata:

Nuestra tía Ana Lemus, media hermana de mi madre, hoy fallecida, siendo esposa de un exoficial de la Fuerza Aérea, tenía relación con señoras de las Fuerzas Armadas. Y su amiga Eslavia Luksic le contó que, en una ocasión, cuando ella conversó por teléfono con la madre de Enrique Arancibia Clavel, Violeta Clavel, sobre los hechos ocurridos (el crimen del general Prats y su esposa), fueron interrumpidas por una voz de fondo que gritó «así mueren los traidores». De inmediato, al preguntar quién se había pronunciado de esa forma, la señora Clavel le dijo que era su hijo que venía llegando desde Buenos Aires. Conocida era la tendencia política de la familia Arancibia Clavel y la vinculación de Enrique Arancibia con el movimiento Patria y Libertad y su participación en la muerte del general Schneider. Nos llamó la atención y más adelante fue una línea investigativa importante a seguir.