Volvieron y son millones E-Book

María Lois

• Herausgeber: Ediciones Akal
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: Inter Pares
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 452

Veröffentlichungsjahr: 2023

Beschreibung

"A lo largo de casi catorce años se produjo una profunda transformación de Bolivia, en términos materiales y simbólicos, que afectó no sólo a su institucionalidad más firme, incluida la redacción de una nueva Constitución que establecía un Estado Plurinacional, sino también a sus prácticas políticas, a sus narrativas estructurantes, a la articulación y visibilización de sujetos colectivos, o a las memorias y formas societales, que se actualizaban a través de la construcción de un nuevo horizonte comunitario. Un acercamiento a este proceso es, en sí mismo, complejo y fascinante. En primer lugar, porque supuso una transformación revolucionaria de uno de los países más empobrecidos de América Latina, marcado por su condición estructural de periferia, insertada en la economía-mundo a través del oro y la plata de Potosí; pero también porque está definido por sus mayorías populares, indias, sistemáticamente excluidas de la participación y el reconocimiento político. El proceso de cambio se significa como una reconstrucción de la soberanía desde la reconfiguración de protagonismos sociales y liderazgos políticos que posibilitan un contexto desde el que revertir la Historia y las historias del país. Pero, precisamente por eso, proponer un análisis con una cierta perspectiva de los sentidos de las tensiones que constantemente lo atraviesan y definen, constituye un reto; un desafío necesario para comprender las posibilidades para las transformacionespolíticas en la región y en el mundo contemporáneo. Como señala la autora, el libro «pretende ser una herramienta, un medio, una excusa para la deliberación y la reflexión, desde y en estos lugares». Fruto de una investigación realizada con rigor académico, propone una lectura del proceso de cambio en Bolivia desde afuera, que permite entender cómo los movimientos sociales llevaron a la presidencia del país al primer indígena en su historia."

Leseprobe

Akal / Inter Pares

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© María Lois, 2022

© del prefacio, Álvaro García Linera, 2022

© del posfacio, Raúl García Linera, 2022

© Ediciones Akal, S. A., 2022

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María Lois

Volvieron y son millones. El proceso de cambio en Bolivia (2005-2020)

Prefacio de Álvaro García Linera

Posfacio de Raúl García Linera

A lo largo de casi catorce años se produjo una profunda transformación de Bolivia que afectó no sólo a su institucionalidad más firme –incluida la redacción de una nueva Constitución que establecía un Estado Plurinacional–, sino también a sus prácticas políticas, a sus narrativas estructurantes, a la articulación y visibilización de sujetos colectivos, o a las memorias y formas societales, que se actualizaban a través de la construcción de un nuevo horizonte comunitario.

Un acercamiento a este proceso es, en sí mismo, complejo y fascinante. En primer lugar, porque supuso una transformación revolucionaria de uno de los países más empobrecidos de América Latina, marcado por su condición estructural de periferia, pero también porque está definido por sus mayorías populares, indias, sistemáticamente excluidas de la participación y el reconocimien­to político. El proceso de cambio se significa como una reconstrucción de la soberanía desde la reconfiguración de protagonismos sociales y liderazgos políticos que posibilitan un contexto desde el que revertir la Historia y las historias del país.

Este libro propone una lectura del proceso de cambio desde afuera, pero con un gran conocimiento del mismo. Como señala la autora, «pretende ser una herramienta, un medio, una excusa para la deliberación y la reflexión». En definitiva, permite entender cómo los movimientos sociales hicieron presidente al primer indíge­na en su historia.

María Lois es profesora titular de Geografía Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Es subdirectora de la revista Geopolítica(s) y coordinadora del Comité de Investigación en Geografía Política y Cultural (RC15) de la International Political Science Association (IPSA-AISP). Colaboró con la Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente y el Referéndum Autonómico (REPAC) boliviana y es docente invitada en la Maestría en Geopolítica de los Recursos Naturales de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA, La Paz). Entre sus publicaciones cabe mencionar los libros Estrategias descoloniales en comunidades sin Estado (2020) y Construir Galicia(s): lugar, elecciones y política nacionalista (2015), así como numerosos artículos en revistas académicas internacionales y españolas.

«Son mis voces cantando,

para que no canten ellos […]

los funestos, los dueños del silencio»

Alejandra Pizarnik, Anillos de Ceniza

A Pinto, por el viaje.

Compartimos trayecto en la plaza Murillo celebrando la nacionalización el 1 de mayo de 2006, en la plaza Mayor de Sucre en los previos a la instalación de la Constituyente, entre la Centenario y la España en Santa Cruz, en las Migrañas, en los desvelos en tiempos de golpe y pandemia, en el Sopocachi del 18 de octubre de 2020. Mientras esperábamos las encuestas a pie de urna que anticiparían los resultados electorales, su temor era la vuelta de la represión en ese mismo momento. El mío, que los tiempos oscuros y la imprescindible cautela se hubiesen robado la capacidad de celebrar. Sonaron los petardos. Nos equivocábamos los dos.

También hubo risas, confidencias, desencuentros y silencios; en ocasiones, tremendamente elocuentes. Siempre desde un cariño intenso.

PREFACIO

Álvaro García Linera

El siglo xxi nació en América Latina bajo signo plebeyo. De manera escalonada, millones de trabajadores empobrecidos, de indígenas, campesinos, jóvenes y mujeres se apoderaron de las plazas, las calles y las urnas para proponer una nueva organización del Estado, la economía y la sociedad. Entre 1999 y 2010, de la mano de una explosión de movimientos sociales, ocho gobiernos nacional-populares tiñeron de rojo insurgente el continente iniciando un cambio de curso de la historia que en la siguiente década se extenderá a Europa, África y Estados Unidos.

Fueron los agraviados de 30 años de neoliberalismo económico y de una oligarquización de la democracia que, bajo el eufe­mismo de «consenso de elites», había llevado a un aumento de las personas en situación de pobreza, a un brutal incremento de las desigualdades, a la pérdida de derechos sociales y una galopante corrupción a nombre de la libertad, la eficiencia y el emprendedurismo.

Esta llamada «oleada progresista» latinoamericana de inicios de siglo, con mayor o menor radicalidad según los países y presión de los movimientos sociales, delineó anticipadamente una agenda posneoliberal que hoy se ha apoderado del debate mundial. De esta manera, se inició la narrativa de un nuevo horizonte de época enmarcada en la presencia de un Estado fuerte, regulador del mercado y distribuidor de la riqueza, el fortalecimiento del mercado interno, el incremento sustancial de la inversión pública como dinamizador de la economía, la expansión de los derechos sociales, la ampliación de la democracia por la vía de una gubernamentalidad dual, electoral y callejera, y nuevas formas de coordinación regional emancipadas de EEUU.

Bolivia fue y es protagonista de primera línea de esta oleada de transformación mundial. En los años 2000, 2003 y 2008 se vio conmovida por multitudinarias movilizaciones populares de carácter insurreccional en las que no sólo se condensaba el cúmulo de tensiones sociales históricas que arrastraba la sociedad, sino que además ahí se elaboraron los nuevos cursos de acción revolucionaria posibles de las siguientes dos décadas.

Lo novedoso del caso boliviano respecto a la experiencia progresista de otros países es que, al agotamiento del modelo de acumulación y legitimación neoliberal, se sumaron otras dos crisis de mayor densidad y trayectoria en el tiempo: la crisis de la distribución regional del poder, que se arrastra desde la fundación de la República, y la crisis del orden mono-nacional y racializado de la estructura estatal, heredada desde los tiempos de la colonización del siglo xvi. Así, la frustración ante el incumplimiento de las promesas de bienestar ofertadas por el libre mercado, sumada a los nuevos intentos de privatizar recursos comunales y satisfactores materiales de necesidades básicas como el agua y la tierra, abrieron una fisura en el sistema de dominación por donde emergió la erupción de unas deudas históricas que iban mucho más allá de la mera interpelación al régimen neoliberal. Lo que se puso en antagonismo era también el contenido de la propia organización social; esto es, lo que habría de entenderse como sociedad y nación boliviana.

Ciertamente, a lo largo de la historia de los conflictos sociales es posible distinguir a aquellos que impugnan los regímenes de acumulación (hacendal-oligárquico, desarrollista, neoliberal, etc.) de los de tipo regional en torno a la querella por la administración de los excedentes económicos, y, al mismo tiempo, a estos de las demandas étnico-nacionales por reconocimiento o igualdad de de­rechos. Si nos fijamos atentamente, se trata de tres modalidades discursivas específicas, con efectos de convocatoria diferenciados y densidades de indignación moral de magnitud distinta. Pero las tres están referidas a un único hecho social, a saber, los modos histórico-concretos de constitución de bloques o clases sociales con proyectos y horizontes políticos. La organización económica, la identidad regional, la comunidad nacional, son todas distintas modalidades de cristalización duradera de relaciones, vínculos, jerarquías, luchas, gestión de bienes, entre personas y conglomerados de personas. Ni la economía ni la nación ni la región tienen vida propia al margen de los vínculos reales e imaginados entre grupos sociales y contra grupos sociales. En realidad, son formas específicas de aglutinar esas relaciones sociales. El régimen de acumulación económica es una manera de organizar la propiedad, la producción, la apropiación de la riqueza material, y las luchas por esa propiedad y esa apropiación, entre distintos grupos de una sociedad; la identidad regional es una manera en que una elite local logra cohesionar a otros sectores, y mantener el monopolio de esa cohesión, en torno a la memoria, real e imaginada, de virtudes y agravios hacia una parte de la sociedad territorializada, para, con ese apoyo social, interpelar a las elites dominantes y lograr una nueva distribución de poderes, o al menos un reacomodo al interior de esas elites dominantes. Y una nación es una forma de hegemonía profunda y de largo aliento en la que una clase social, portadora de una cultura específica, monopoliza los parámetros culturales e identitarios «universales» con los que los miembros de otras culturas o clases sociales pueden disputar el acceso a esos monopolios e imaginar el destino compartido con el resto de los miembros de una sociedad.

Esta interdependencia de las conflictividades sociales y la virtud política de visibilizarlas, de politizarlas, permitieron que en Bolivia, a inicios del siglo xxi, las luchas contra el neoliberalismo devengan simultáneamente en luchas regionales y étnico-nacionales. Las elites privilegiadas con el saqueo privatizador del Estado y la extranjerización de la economía habían sido principalmente el empresariado de la región oriental de Santa Cruz. La emergente interpelación al neoliberalismo y a las burguesías favorecidas con ese tipo de economía fue entonces resistida con el discurso político de una afrenta a la «región» y la manipulación de banderas regionalistas para proteger los privilegios de clase. Nació así un neo-regionalismo que reclamaba un «Estado autonómico» como modo de contener el ascenso expansivo de las banderas populares que proponían el fin del neoliberalismo y el inicio de la primera oleada de nacionalizaciones de recursos estratégicos.

Por su parte, entre 2000 y 2003, los sectores más afectados con la segunda fase de privatización de recursos comunes (agua y tierra), los sectores indígena-campesinos, hallaron en el neoliberalismo una nueva fase de la secular ambición de las elites blancoides para apoderarse de los recursos comunales de las naciones indígenas; e inicialmente se lanzaron a rechazarlo. Pero, a medida que comprobaban y producían fuerza de movilización suficiente, apoyo urbano, control territorial, liderazgo político y discurso irradiante, comenzó a generalizarse entre ellos el horizonte inmediato de gobernar, como indios, como aymaras, como quechuas, como mayoría histórica que no necesita esconder su idioma y cultura para ser ciudadano. Así, tiempos históricos distintos, lógicas políticas de civilizaciones diversas, idiomas de naciones diferentes, rompían su abigarramiento para unificarse bajo la forma de voluntad colectiva de nuevas clases dirigentes, de nuevo liderazgo nacional y de un nuevo modelo económico.

El resultado fue una revolución política y social con efecto estatal sin precedentes en la historia de Bolivia, victoriosa en las calles, el sentido común y los votos de 2005, 2008, 2009 y 2014.

En lo económico, el gobierno de Evo y los movimientos sociales indígena-populares, que abarcó desde enero de 2006 hasta noviembre de 2019, logró unos resultados macroeconómicos notables. En promedio, entre los años 2006-2019 se creció a un 5% anual, una cifra superior al mediocre 2,5% del periodo neoliberal (1996-2005), y que hace de este momento nacional-popular el lapso de tiempo de mayor crecimiento continuo en los últimos 100 años en el país. Estas cifras se mantuvieron a pesar de la caída de los precios de las materias primas que se experimentó desde el año 2014. El tamaño de la economía pasó de 9.000 millones de dólares en 2005 a 42.000 millones en 2019, en tanto que el ingreso medio subió de 900 dólares año a 3.500 en 13 años. El sistema bancario se bolivianizó: los ahorros en moneda nacional pasaron del 15% en 2005 al 88% en 2019, lo que no sólo mostraba una confianza social en el nuevo sistema económico, sino, además, la posibilidad de implementar un conjunto de políticas monetarias que permitían controlar la inflación. Entre esos mismos años, esto es, 2005-2019, los ahorros de la gente en la banca pasaron de 3.700 millones de dólares a 26.000, la mayor parte en cuentas individuales de menos de 5.000 dólares, lo que muestra objetivamente el incremento de la capacidad de ahorro de la familia promedio. Estos resultados permitieron echar por tierra el prejuicio de que un gobierno radical de izquierda preocupado por la justicia social tenía como contraparte natural una mala gestión macroeconómica. De hecho, entre los años 2012-2019, Bolivia fue el país de mayor crecimiento económico del continente latinoamericano, incluso por encima de los hasta entonces baluartes de la economía neoliberal, como Chile y Perú.

Tres grandes ejes fueron el sostén de estos resultados: primero, la nacionalización de la extracción de los hidrocarburos, de la producción de energía eléctrica, del abastecimiento de agua potable y de parte de las telecomunicaciones. En la producción de gas y petróleo, junto con la nacionalización de campos gasíferos, ductos y refinerías, se renovaron los contratos con empresas extranjeras estableciendo un porcentaje de impuestos que se movió del 75 al 92% del valor bruto, dependiendo de los tipos de campos gasíferos. En minería, los impuestos llegaron al 55%, y en la banca al 51%, sobre el total ganado. El objetivo fue retener el excedente económico en el país para dinamizar los circuitos internos de producción público-privada, e incrementar sustancialmente la inversión estatal, que, al par de años de las nacionalizaciones, esto es, en 2008, duplicaba el peso porcentual de la inversión privada.

La segunda medida fue dinamizar el mercado interno como un motor tan importante como las exportaciones. Si bien las exportaciones se multiplicaron de 2.800 millones de dólares en 2005 a un poco más de 12.000 en 2014, estabilizándose en 9.000 millones en 2019, el movimiento del mercado interno fue mayor. Las tasas de interés bancario se redujeron del 22% e incluso el 40% anual al 12%, en tanto que las tasas de interés a la producción y la construcción cayeron al 6% anual para favorecer la actividad económica general. Además, se estableció por ley que el 65% del total de los préstamos de las entidades bancarias fueran obligatoriamente destinados a la producción y construcción, para fortalecer el aparato productivo y la generación de empleo. El desempleo pasó así del 9-12% en tiempos neoliberales al 2% y, en los peores momentos, al 3,8%.

La inversión pública, que subió de 600 millones de dólares año a cerca de 7.000, priorizó temas de servicios básicos, carreteras, infraestructuras educativas, empresas públicas productivas, hospitales, seguro universal de salud, etc. Y alrededor de ellas se articuló a la iniciativa privada pequeña y mediana como contratistas del Estado. Igualmente, la distribución de la riqueza, especialmente hacia los sectores más desfavorecidos y que jamás habían recibido nada del Estado –especialmente los sectores indígenas-campesinos–, ahora experimentó una ciudadanía material, con acceso a infraestructura educativa, de salud, carreteras, transporte público, electricidad, telefonía, créditos, transferencia tecnológica en la actividad agrícola, etc. La reducción de la pobreza, además de un hecho de justicia social, amplió demográficamente el espacio del mercado interno, tanto de consumidores como de productores y comercializadores, lo que, a su vez, mejoró el flujo económico en su conjunto.

En lo social, una herida histórica de pobreza y extrema pobreza, especialmente de la mayoritaria población indígena, se redujo drásticamente. La pobreza moderada, que en el año 2005, antes del gobierno de Evo, llegaba al 59% de la población, se redujo al 34%, en tanto que la extrema pobreza, que abarcaba al 36%, se contrajo al 13% en poco más de una década. La desi­gualdad, que había convertido a Bolivia en uno de los países más injustos del mundo, en el que el 10% más rico tenía 140 veces más ingresos que el 10% más pobre, se redujo 39 veces para 2018. Y ello no por la vía de igualar hacia «abajo», sino hacia «arriba». El salario mínimo, que es el ingreso que recibe la mayoría de los trabajadores asalariados, pasó de 53 dólares en el 2005 a 309 dólares en 2019, mejorando notablemente la capacidad de compra y los derechos de los sectores más humildes de la sociedad boliviana. Todo este conjunto de medidas logró que en 13 años el 30% de la población boliviana pasara de la clasificación de ingresos bajos a ingresos medios, dando lugar al proceso de movilidad social ascendente más importante de los últimos 50 años. Ciertamente, aún hay muchas injusticias que superar, pero lo avanzado en los últimos años son pasos históricos gigantescos en este camino.

Y donde se han producido aún mayores cambios es en el ámbito político y democrático. Un gobierno de indígenas en un país de mayoría indígena pero donde centenariamente los indígenas sólo eran considerados aptos para labrar la tierra, servir la comida y ser albañiles, es, sin duda, la transformación social más importante en 500 años. Y es que, desde tiempos del virrey Toledo, pasando por la fundación de la República, la Revolución de 1952 y la recuperación de la democracia, los indios, la mayoría demográfica del país, los más pobres, nunca habían sido reconocidos de hecho como ciudadanos plenos. No importaba cuantas leyes se promulgasen sobre la igualdad de derechos: la ley suprema del sentido común dominante, y, por tanto, también del sentido común dominado, establecía que no eran iguales para sentarse a la mesa de los blancoides, para caminar por la calle en la misma acera de los «señores», para ser reconocidos en la administración pública, para mandar. Podían trabajar, pero no ser ricos. Podían votar, pero no ser elegidos. Podían protestar, pero no reclamar por sus muertos. Eran los «salvajes», los «ignorantes», los «sucios», los «vándalos» y, cuando se movilizaban colectivamente, los «borrachos», las «hordas» de irracionales parlantes. Y, si persistían en molestar, eran los «terroristas» sin nombre, sólo con número y sombra carente de rostro. Eso fue así hasta 2005.

Pero de 2006 a 2019 los marginados de la historia irrumpen en la política con derecho propio; llevan consigo sus estructuras organizativas, comunales y barriales, su color de piel, su idioma, sus rostros, su perseverancia y su apetencia de poder en un mundo que los quiso borrar y que a partir de ahora no va a existir nunca más sin ellos. Nadie los declarará iguales, porque eso sería una nueva dádiva de un superior: se saben iguales y ocupan el mando del Estado como iguales. No son «incluidos» en el reconocimiento, pues eso hacen los patrones con sus súbditos; ellos son los que incluyen y reconocen a los otros porque son ahora soberanos, es decir, poder de Estado. Los «indios en el poder» es la sentencia histórica contra una injusticia de siglos que ahora se desvanece ante la impronta de unos sujetos que entran al Estado para mandar, no sólo para obedecer; para irradiarse, no para ocultarse.

Bajo estos parámetros, la democracia dejará de ser un fosilizado ritual de sumisión refrendada por el voto para devenir una irrupción de igualdad radical en el ejercicio de poder sobre los monopolios de los bienes comunes de la sociedad. Por tanto, democracia ampliada.

Pero la ocupación democrática del Estado por parte de los indios no es sólo un hecho numéricamente verificable en las contundentes victorias con más de la mayoría absoluta en todas las elecciones nacionales que acontecerán desde 2005. Es también la materialización de una cualidad social indígena, que ahora deviene técnica política, institucionalidad de Estado. Claro, lo indígena no es un individuo más sólo que con color de piel o idioma distintos, como esperaba el liberalismo. Es una manera colectiva de ser en la historia y de proyectarse en el porvenir. Cuando la plebe, y los indígenas como parte nuclear de ella, entra en la historia, lo hace montando su historia interior, sus agravios y sus resistencias y, sobre todo, la manera en como han logrado resistir los abusos, las discriminaciones y las masacres. Por eso cuando los indígenas entran a las instalaciones del poder llevan consigo toda una gramática del ser social, sus formas organizativas, su ritualidad, su memoria colectiva, sus técnicas de deliberación... Es decir, entran bajo la forma de comunidad, de sindicato, de otro idioma, de otra estética, de otra temporalidad de las cosas.

Y eso es lo que se ha condensado como Estado Plurinacional. En esta fórmula se resume el reconocimiento de las naciones indígenas como partes constitutivas de la sociedad, con derechos y línea de historia cultural propia; pero, ante todo, como naciones aglutinadoras de la nación-estatal que unifica a indígenas y no indígenas alrededor de un modo de hacer la política, la cultura y la vida, como el sindicato, la comunidad, la asamblea, los rituales, los héroes ancestrales. Por eso la plurinacionalidad no es un eufemismo de los modelos pluriculturales fundados en el «reconocimiento» de naciones minoritarias por parte de una nación estatal incólume y mono-cultural. En la plurinacionalidad, la nación estatal aglutinadora de las otras naciones se transforma de raíz, cambia de núcleo social cultural y políticamente dirigente; en este caso, se indianiza y, a partir de este nuevo eje, se reconoce la identidad y libre determinación de las naciones culturales y del resto de las colectividades culturales.

La indianización del Estado cambia la matriz cultural organizadora de la historia y destino compartido de la sociedad. Las identidades indígenas se valorizan como eje de la nueva bolivianidad, los sindicatos y comunidades se vuelven nuevos mecanismos de reconocimiento social ante las instituciones de gobierno y campesinos, obreros, artesanos, empleadas del hogar, albañiles, profesores… se vuelven gobernantes, ministros, asambleístas, alcaldes, directores de instituciones públicas… Se trata de un nuevo orden clasista y moral de la vida en común.

Inevitablemente todos estos cambios van a modificar el control de un conjunto de bienes, recursos y jerarquías sociales. No se trata sólo de un cambio de elites en el poder, es un cambio en la propia estructura de clases en su conjunto, en el bloque social dirigente y en las técnicas sociales legítimas en el ejercicio del poder de Estado. La modificación más visible en las jerarquías sociales será la del capital étnico.

Es sabido que, en toda sociedad, las diferencias económicas y de poder tienen distintas maneras de verbalizarse o escenificarse. No se trata de meros efectos simbólicos de unas diferencias materiales: son otras tantas diferencias materiales que dan cuerpo identificable a la composición clasista y jerárquica de las sociedades. Por la trayectoria colonial de la modernidad, que produjo culturas e identidades dominadas y dominantes a escala mundial, estas escalas objetivas de mando, poder y recursos quedaron corporalizadas como diferencias culturales, idiomáticas y de pigmentos de piel: blanco, dominante; negro, dominado; y, en medio, una caleidoscópica variedad de tonalidades ordenadas verticalmente de arriba abajo, en un sistema de virtudes distribuidas alrededor de la blanquitud imaginada y ausentes cuanto más se acerque a la negritud. Con el tiempo, estas mismas representaciones corporales quedaron objetivadas como valores materiales en sí mismos, susceptibles de ser acaparados, valuados y transmutados en nuevos bienes materiales o en dificultades en su acceso, dando lugar a una naturalización de las jerarquías sociales impuestas por invasiones y genocidios. Así, la blanquitud/negritud devino, en la Modernidad, en bienes objetivos que componen y refuerzan la condición de clase dominante/dominada, al lado de la propiedad, la ubicación en el sistema económico, los niveles educativos legítimos, los modos de vida, etcétera.

En el caso de Bolivia, esta huella colonial quedó impresa históricamente como la polaridad blanco/indio, equivalente a dominante/dominado, rico/pobre, civilizado/salvaje, preparado/inculto, bueno/malo, apreciable/despreciable. Así, el racismo normado en tiempos coloniales y en la República temprana ha llegado hasta nuestros días como una jerarquía social primordial, ordenadora de los valores más profundos con los que las personas organizan su vida diaria, sus sentimientos, sus emociones, sus expectativas y sentido común en el mundo. Se trata de un sistema de valoraciones y devaluaciones somáticas escalonadas en las que siempre habrá una tonalidad más blanca apetecible y una indianitud más despreciable de la cual huir. En el año del golpe de Estado a Evo Morales, se oyó a la presidenta golpista calificar como «hordas salvajes» a los pobladores aymaras que se oponían a su gobierno; a un ministro afirmar que él «tenía ojos azules» y que, por tanto, no podía ser partidario de Evo. No faltó la presencia de un periodista europeo que señaló que los que votaron por el partido de Evo «no tienen idea de lo que es la civilización», mereciendo el apoyo de colegas locales, que hasta sugirieron que fuese condecorado por la Asociación Nacional de la Prensa.

Pues bien, este orden moral y material racializado del mundo fue el que estalló en mil pedazos desde que Evo Morales asumió el gobierno. Indígenas votaban por primera vez en 180 años por ellos mismos; indígenas se colocaban en el centro de los monopolios de los bienes comunes (el Estado) y abrazaban al resto de la sociedad en un proyecto de hegemonía de largo aliento. Todas las instituciones públicas se llenaban de funcionarios indígenas y populares, campesinos y obreros, hijos de trabajadores, profesionales de tez morena; y la forma comunal y sindical asumía la facultad de garantizar acceso a la ciudadanía legítima. Sobre esta indianización de hecho de la vida pública, el Estado modificó la liturgia del poder, la jerarquía histórica de los héroes que ahora se nucleaban en torno a la épica indígena; se reescribió la historia oficial desde el punto de vista de las luchas populares; el acceso a cargos públicos comenzó a exigir el manejo de un idioma indígena y los nuevos escenarios de cabildeo para optar por altos cargos de la Justicia o el Tribunal Electoral pasaron a las asambleas sindicales, en vez de los country clubs o las cenas en las embajadas.

De manera sistemática y concéntrica, la pigmentocracia colonial comenzó a ser desmantelada, llevando en algunos casos puntuales a invertir parcialmente la polaridad social valorativa: la indianitud como mecanismo de acceso expedito a los resortes del poder, la blanquitud como bien neutro.

No cabe duda de que se trata del proceso de igualación social más importante, imprescindible, pero a la vez más difícil, de la historia de Bolivia, porque está enraizado en la piel y los esquemas de representación mental más profundos y prerreflexivos de las personas. Pero se comenzó a hacerlo. Esto, objetivamente, se tradujo en un rápido y masivo ascenso social indígena, en la formación de unas nuevas clases medias de origen indígena y popular, que compitieron, desplazaron o estarán en mejor posición para acceder a un conjunto de puestos laborales e influencias en el Estado que, anteriormente, eran controlados por las clases medias tradicionales «blancas», o imaginadas a sí mismas como más «blancas».

Todo proceso de igualdad y democratización social ha de engendrar una reacción por parte de quienes ven democratizarse –a la par que devaluarse– sus antiguos privilegios. Más aún si quienes pierden la influencia y los monopolios públicos los habían vivido hasta entonces como un hecho «natural» heredado por abolengo, color de piel o «mérito» de clase, como es el caso de la clase media tradicional. Es como si el mundo conocido y esperado se invirtiera, el orden moral se corrompiera y los valores fundacionales de su ser colectivo fueran objeto de escarnio.

Ante este desmantelamiento de la etnicidad como capital, la respuesta de una parte de la clase media tradicional fue brutal. Se desató un odio visceral incontrolable, un resentimiento feroz contra el movimiento indígena que se había atrevido a igualarse y a mandar. El golpe de Estado de noviembre de 2019 tuvo el sustento de un relato social-darwinista y de acciones fascistoides llamadas a sentar la mano y «colocar en su lugar» a la indiada insumisa. Si en esta tarea la democracia fue un obstáculo, no dudaron en deshacerse de ella a punta de tanquetas de guerra por las calles, quema de estandartes indígenas y sedes sindicales, masacres de campesinos, detenciones ilegales y la sonrisa cómplice de los liberales de centro que, mirando al costado, esperaron que las bandas paramilitares hiciesen el trabajo sucio de «limpieza» social.

Un bloqueo de caminos y los aprestos insurreccionales de agosto de 2020 de los sectores populares forzaron la realización de elecciones generales para elegir autoridades. En octubre de 2020, el Movimiento al Socialismo (MAS), esa coalición flexible de confederaciones indígena-campesinas, obreras y barriales, nuevamente recuperó el poder político, dejando atrás un año infame, pero también el recordatorio de que la lucha por la igualdad puede generar rebeliones conservadoras.

El trabajo de María Lois que tenemos a la mano es un recorrido exhaustivo de todo este complejo proceso de constitución político-estatal del movimiento indígena-popular boliviano. Se trata de una investigación que combina la rigurosidad académica con el conocimiento interno de todo este fascinante y épico cambio social que llevó a los movimientos sociales al poder y al primer presidente indígena al gobierno.

INTRODUCCIÓN

Hablar del proceso de cambio en Bolivia es hablar del periodo comprendido entre las elecciones presidenciales celebradas en diciembre de 2005 –que suponen el inicio en la práctica y la consumación material de un largo camino previo– y el golpe de Estado de 2019, que puso fin a una de las más largas etapas de democracia y progreso de la historia de Bolivia y que se prolongó durante once meses, entre el 10 de noviembre de 2019 y el 18 de octubre de 2020.

A lo largo de casi catorce años, una profunda transformación del país, en términos materiales y simbólicos, afectó no sólo a su institucionalidad más firme –incluida la redacción de una nueva Constitución que establecía un Estado Plurinacional–, sino también a sus prácticas políticas, a sus narrativas estructurantes, a la articulación y visibilización de sujetos colectivos, o a las memorias y formas societales, que se actualizaban a través de la construcción de un nuevo horizonte comunitario que ya nunca sería el mismo.

Un acercamiento a este proceso es, en sí mismo, complejo y fascinante. Por diferentes razones: en primer lugar, porque supuso una transformación revolucionaria de uno de los países más empobrecidos de América Latina, marcado por su condición estructural de periferia, insertada en la economía-mundo a través del oro y la plata de Potosí; pero también porque está definido por sus mayorías populares, indias, sistemáticamente excluidas de la participación y el reconocimiento político. El proceso de cambio se significa como una reconstrucción de la soberanía desde la reconfiguración de protagonismos sociales y liderazgos políticos que posibilitan un contexto desde el que revertir la Historia y las historias del país. Pero, precisamente por eso, supone un reto, un desafío, el proponer un análisis con una cierta perspectiva de los sentidos de las tensiones que constantemente lo atraviesan y definen. Todas ellas fundamentales para el país, pero también, ciertamente, representativas, que permiten comprender las posibilidades para las transformaciones políticas en la región y en el mundo contemporáneo.

Presentamos este libro como un texto comprometido con varias cosas: entre ellas, con proponer una lectura del proceso de cambio en Bolivia desde aquí, desde afuera, y para aquí, para afuera. Mencionar los lugares de enunciación y recepción de esta publicación, sin embargo, no la convierten en una glosa acrítica. De hecho, el texto pretende ser una herramienta, un medio, una excusa para la deliberación y la reflexión, desde y en estos lugares. Y no sólo sobre los múltiples momentos y tensiones creativas del proceso de cambio, sino también sobre tropiezos y limitaciones, como espacios de construcción de teorías y prácticas políticas emancipatorias. Finalmente, el resultado es también reflejo de un intercambio intelectual sostenido con Juan Carlos Pinto, iniciado con el propio proceso, en 2006, y truncado por su muerte, en 2021.

Con la redacción del texto relativamente avanzada, once meses de oscuridad reforzaron el sentido con el que lo habíamos comenzado. En ese tiempo, el libro se convirtió en compañía para tiempos difíciles, en un horizonte donde proyectar espacios de posibilidad para las transformaciones políticas, en general, y para el país, en particular. En ningún momento dejó de ser una matraca para Japawari, a quien agradezco no sólo su impecable labor de edición, sino también, y sobre todo, su confianza en mi capacidad para recordar, para contar, para escribir sobre lo que denomina «mi Bolivia». Gracias. Por todo y por eso. También reconozco a Leticia, a Narda, a Silvya en los espacios narrados, en los tiempos vividos, entre las páginas… en la distancia, intermitentes pero siempre cerca. Y tan cerca... A Carla, Carmiña y Estela las conocí cuando trabajaban con Pinto; se las robé un poco y ahora son parte de mi camino también. Además, hay personas que me ayudaron a mirar el proceso en tiempos y formas diversas –y, en ocasiones, imperceptibles–, como Adolfo, Andrés, Arcil, la Arqui, las señoras de ASOFAMD, Bianca, Bucker, las caseritas de Caserita, Chalo, Chécar, Daniela, David, Denise y Juan de Dios, Edwin, Elmer, Fabiola, familia Galán, Farit, Felipe, Fernando, Fierro, Galoppo, el Gaucho, Gus, Héctor A., Héctor R., Idón, Iván I., Iván L., Jorge, Liliana, Lilu, Lucho, Luis, Macario, Malu, Marco, Marcelo, María Isabel, María Luisa, Mario S., Mario V., Melvy, Milton, Natalia R., Natalia V., Oli, Olivier, el Oso, Pablo C., Pablo T., Pancho, fundación Papa Francisco (Claudia y José), la Pata, Patty, Ramiro, Raúl S., Raúl P., Rebeca, René, Roberto, Roxana, las comadres Salmonas, Sergio, Silver, Tatiana, el Terco, Varinia, Víctor, Vladi, Ximena… sé que olvido muchos nombres. Y, finalmente, mis queridos jóvenes intrépidos, Fran, Javito, Jose y la Mish.

Este libro, entonces, es una mirada sobre el proceso de cambio en Bolivia. Lo hemos organizado a partir de una división temporal que coincide con los procesos electorales generales que lo refrendaron entre 2005 y 2019, y desde donde nos acercaremos a logros, acuerdos, dificultades y aprendizajes para profundizar así en su carácter transformador y revolucionario. Y no sólo como una cuestión normativa, sino también como una preocupación sobre su reverso, sobre esas miradas hostiles, disconformes e incómodas con el igualamiento social que fueron determinantes para su finalización. Momentánea, claro. Porque, después de aquellos once meses, la rearticulación creativa de las luchas diversas abría, en octubre de 2020, un nuevo periodo de cambio. Porque volvieron, y son millones.

CAPÍTULO 1

Bolivia, país plurinacional

El 6 de agosto de 2006 comenzaba el periodo de sesiones en Sucre, la capital del país, la Asamblea Constituyente. Esto formaba parte de las demandas de los movimientos sociales y organizaciones indígenas bolivianos, como elemento de refundación del Estado, que el presidente elegido en enero de ese mismo año, Evo Morales Ayma, había establecido como primer paso de un proceso de refundación de Bolivia. La elección de Sucre no era casual: allí fue donde Bolívar había convocado a un Congreso Constituyente en 1825, que comenzaba sus trabajos en mayo de 1826, siendo este el acto fundacional y originario del Estado boliviano.

En este capítulo, nuestro objetivo es presentar un relato sobre la reconstrucción del contexto previo al denominado proceso de cambio en Bolivia. En este relato de los antecedentes, proponemos dos recorridos para enmarcar el surgimiento del sujeto político del cambio en Bolivia, que recogen la distinción establecida por Rivera Cusicanqui (2010a) respecto a la existencia de diferentes narrativas en la construcción de los horizontes políticos de los sujetos colectivos en Bolivia. Serían las llamadas memoria corta y memoria larga, horizontes narrativos que recogerían la multitemporalidad de la memoria colectiva boliviana y de las tradiciones de esos sujetos colectivos diversos. Mientras la memoria corta sería un sustrato de más reciente constitución, la memoria larga –atendiendo al caso latinoamericano, pero también a otros escenarios poscoloniales– se encontraría conformada por una duración más extensa que entroncaría con momentos y prácticas de resistencia a la colonización. Estos dos recorridos no son excluyentes entre sí, y en la práctica se conformarían como memorias superpuestas, con repertorios de acción y sujetos colectivos, frecuentemente comunes. Pero recuperamos la existencia de (al menos) estos dos referentes para marcar no sólo la hegemonía en la Historia de una sobre la otra (Rivera Cusicanqui, 2010a: 79), sino también la pluralidad y diversidad de espacios, tiempos, situaciones y agencias que forman parte de la sociedad boliviana.

En estos antecedentes, el recurso a lo mítico, lo ideológico, lo histórico y lo espacial se convertirá en excusa para reconstruir los llamados pasados sociales formalizados (Hobsbawm, 1972). Nuestro reto es volver sobre momentos de significación específicos como referentes comunes, como arquetipos espaciales y temporales desde los que retomar esos pasados sociales significativos en el caso boliviano. Por otro lado, esas dos referencias, serán los itinerarios para aterrizar en otra decisión analítica: la de considerar, siguiendo a Zavaleta Mercado (1990: 180-181), la Revolución de 1952 como uno de los momentos constitutivos del Estado boliviano, en el sentido de retomar ese momento como el inicio de los escenarios posibles para la institucionalización política de lo diverso, más allá del espacio insurreccional, tradicionalmente relegado a lo indio. Si entendemos que «hay un momento en que las cosas comienzan a ser lo que son […] (son) las razones originarias y es a eso a lo que llamamos el momento constitutivo» (Zavaleta Mercado, 1984: 68), entendemos que es la conformación de ese Estado revolucionario un momento clave en la configuración de las alianzas, luchas, resistencias, actores y procesos de los siguientes cincuenta años en Bolivia. El Estado, su institucionalidad criolla y republicana, se abre a ser escenario político de lo posible, de reformulación política, de irrupción de horizontes de institucionalidad y encuentros y desencuentros para las múltiples colectividades bolivianas. En otras palabras, lo consideraremos como contexto histórico procesual desde el que abordaremos la politización y repolitización de los sujetos colectivos desde las que leeremos el proceso de cambio. Porque las propias contradicciones y tensiones constitutivas que se regeneran en esa estatalidad del 52 nos ayudarán a interpretar lo que viene después.

Así, lo marcaremos como referencia para la actualización y presencia de la memoria larga, esto es, de las tramas sociales comunitarias construidas desde las luchas, alianzas y resistencias indias, que salen del espacio que les estaba permitido, del espacio de lo insurreccional, y se convierten en espacios posibles y de confluencia de luchas con aquellas de las memorias más cortas, más cercanas en el tiempo, más ligadas a la contestación al Estado reciente y a la deriva que va tomando esta propia estatalidad.

1.1. Antecedentes

1.1.1. Los indios y la memoria larga como horizonte de luchas, alianzas y resistencias

Según el Censo de 2012, un 40,6% de los bolivianos se autoidentifican como parte de un pueblo o nación indígena[1]. Respecto al censo anterior, de 2001, donde el 62% de la población se definía como tal, hay un descenso considerable en esta identificación, cuyas posibles razones abordaremos con algo más profundidad en el Capítulo 3. En todo caso, un 40% de autoidentificación es una cifra que refleja de forma contundente la diversidad identitaria estructural de la población, que, sin embargo, no se habría visibilizado en los espacios y las prácticas políticas institucionales. Precisamente por eso, esa diversidad se ha convertido en un factor estructurante del país, configurado desde la multiplicidad de sujetos colectivos y, en varios momentos, políticos, aunque no soberanos.

Al contrario, es precisamente en la memoria de las luchas, resistencias, articulaciones y alianzas ligadas a subvertir las condiciones de subalternidad de uno de esos sujetos, el indio, donde encontramos el camino de la memoria larga. Desde la época colonial, los momentos insurreccionales, los repertorios de acción colectiva, pero también las coyunturas cooperativas serán elementos clave en la conformación posterior de una memoria colectiva. En esa lógica, resaltaríamos tres momentos que formarían parte de esa memoria larga, del relato de resistencias, luchas y conformación de sujetos colectivos indios en Bolivia. Por un lado, las figuras de Túpac Katari y Bartolina Sisa, claves en las rebeliones coloniales panandinas de 1781. Sisa y Katari cercaron dos veces la ciudad de La Paz; la primera, en 1781, estableciendo en la contigua ciudad de El Alto la base de su bloqueo a la ciudad[2]. A un segundo cerco se uniría un descendiente de Túpac Amaru, líder de una insurrección que habría comenzado en Cuzco (hoy, Perú), pero que habría alcanzado desde Nueva Granada (hoy Colombia) hasta Tucumán (hoy Argentina). Y siendo Julián Apaza el primer nombre de Túpac Katari, este se forja un nuevo nombre sumando el de Túpac Amaru con el de Tomás Katari de Chayanta (cacique del norte de Potosí, hoy Bolivia). Estas cuestiones serían, al menos simbólicamente, referentes de una imaginación colectiva y claramente espacializada de la insurreccionalidad anticolonial[3]. En todo caso, la narrativa hegemónica refiere que, antes de ser ejecutado, pronunció la sentencia «A mí sólo me matan, pero volveré y seré millones», que forma parte del patrimonio político-social boliviano[4]. Pero, además, el repertorio de acción colectiva que se moviliza en torno a Katari es el del cerco, el bloqueo sostenido de las vías de acceso a la ciudad de La Paz para bloquear el abastecimiento, una constante central en las prácticas y movilizaciones colectivas del país, como veremos.

Un segundo momento que consideramos referencial en la sedimentación de una temporalidad ligada al sujeto colectivo indio sería la rebelión de Zárate Willka, que se produjo en 1899, en el contexto de lo que se considera la guerra civil o la guerra federal en Bolivia (1898-1899). En palabras de Mendieta (2007: 6), la guerra federal mostraría la acumulación histórica de contradicciones políticas, regionales, económicas y raciales del país. Y esas contradicciones sostenían la institucionalidad criolla, esto es, un Estado independiente y una Constitución.

Sin embargo, en el conflicto, las partes se identificarían con un norte liberal y defensor de un Estado federal y de una nueva capital para el país, y un sur conservador y partidario del Estado unitario y de mantener la capital en Sucre, otra de las constantes estructurantes de la estatalidad boliviana. El alzamiento liderado por Zárate Willka, que surge de una alianza con el Partido Liberal, se convertirá en confrontación abierta (Mendieta, 2007), al insertar el comunitarismo, el reconocimiento a la nación aymara y la subversión del orden latifundista en sus demandas, que terminarán siendo consideradas como sediciosas.

Aunque existen posiciones distintas en torno al carácter indígena de la rebelión de Willka[5], el cuestionamiento a las estructuras de la dominación es algo común con el cerco de Túpac Katari y, en general, con las rebeliones pan-andinas. Pero, además, las alianzas y confrontaciones de Zárate Willka y su presencia en un conflicto con tanta relevancia apuntan a la participación de las comunidades indias en la política estatal, con oportunidades, rupturas y apoyos desde los que comprender su configuración no como cuestiones aisladas, sino como parte de las historias de las subalternidades y elemento clave de visibilización de las tramas comunitarias en la construcción del país. Si entendemos esas tramas como una «constelación de relaciones sociales de compartencia –nunca armoniosas o idílicas, sino atravesadas por tensiones y contradicciones– que operan en el tiempo de un modo coordinado y cooperativo que resulta más o menos estable» (Gutiérrez y Salazar, 2015: 22), referirse a Katari y a Willka es conjugar no sólo memorias complejas de construcciones históricas de sujetos colectivos saturadas de diversas alianzas y desencuentros, sino también repertorios de acción colectiva, con esas mismas contradicciones y tensiones. Y, por último, implica poner en perspectiva cuestiones claves que continúan atravesando la geografía política del Estado boliviano, como son la capitalidad y la forma de organización territorial estatal, y desde dónde se resignifican constantemente tanto los horizontes de la estatalidad como los significados sociales amplios. Sobre esto último volveremos más adelante en el Capítulo 2.

Por último, nos interesaría hacer referencia a otro momento importante en la memoria de la construcción del sujeto colectivo previa a 1952, y es la celebración del Primer Congreso Indigenal en el país, en la ciudad de La Paz, en 1945. En este caso, no hacemos referencia a una insurrección, sino a momentos explícitos de construcción deliberada y participada tanto de una forma de representación como de temáticas consideradas primordiales para los pueblos indígenas. El Congreso tuvo dos antecedentes, en 1941 y 1943, en dos reuniones regionales celebradas en Sucre donde, entre otras cuestiones, se acordó pactar con el movimiento obrero urbano para la conformación de una alianza insurgente (Quispe Colque, 2010). El Congreso y sus antecedentes muestran la amplitud temporal y las prácticas propias de la politización del sujeto colectivo indígena a partir del horizonte de condiciones y oportunidades que representaba el propio evento.

La inauguración del Congreso contó con la participación del presidente de la República en ese momento, Gualberto Villaroel. También asistieron diferentes representantes del cuerpo diplomático, entre ellos el embajador de México, como símbolo de la Revolución mexicana y quizá del apoyo oficial al indigenismo. Es de destacar la interseccionalidad de las escalas local, estatal y regional del evento. En todo caso, las medidas adoptadas se enfocan hacia el reconocimiento de lo indígena como parte de la construcción del Estado-nación boliviano. Los decretos presidenciales allí aprobados, surgidos tanto del trabajo previo al Congreso como de las cuatro comisiones delegadas que allí sesionaron, abolían el pongueaje, el mitanaje y, en general, las formas de servidumbre indígena propias de la época colonial mantenidas por la institucionalidad criolla. Igualmente, se abría la posibilidad de escolarización en el rural y la de titular tierras para indígenas, lo cual probablemente sea uno de los motivos que propicia el fin del gobierno. Es importante destacar el Congreso como experiencia organizativa, como muestra de alianzas y pactos con otros sujetos colectivos en la politización de lo indígena, y también como momento importante de negociación de la ciudadanía indígena, de la entrada de lo indígena en el Estado, y de lo que ello supone en términos políticos. Además de resistencias organizadas desde lo insurreccional, la agencia de los dominados irrumpe en el dominio discursivo generando otros sentidos comunes posibles.

Los tres momentos mencionados (el cerco de Túpac Katari, la rebelión de Zárate Willka y el Primer Congreso Indigenal) son de alguna manera una excusa para subrayar la heterogeneidad y amplitud de la cultura política india. La memoria larga de la imaginación política india exhibe un repertorio de insurrecciones, bloqueos y cercos, pero también de alianzas, negociaciones y, en general, una agencia amplia con diversos registros orientada a la construcción histórica de un sujeto colectivo y su politización. En esos registros, el indio no es un sujeto ahistórico, sino que muestra agencia, en condiciones de posibilidad variable, en una subalternidad cambiante desde la que se proyecta y actualiza, precisamente, esa memoria larga y las posibilidades de acción colectiva. Como veremos más adelante, la conformación de un sujeto de soberanía «indígena originario campesino» remitirá, precisamente, a esta imaginación.

1.1.2. Bolívar, la República, los criollos y la Revolución del 52: los horizontes del Estado republicano

Mi desesperación aumenta al contemplar la inmensidad de vuestro premio, porque después de haber agotado los talentos, las virtudes, el genio mismo del más grande de los héroes, todavía sería yo indigno de merecer el nombre que habéis querido daros, ¡el mío!!! […] ¿Qué quiere decir Bolivia? Un amor desenfrenado de libertad, que, al recibirla vuestro arrobo, no vio nada que fuera igual a su valor. […] Tal rasgo mostrará a los tiempos que están en el pensamiento del Eterno, lo que anhelabais la posesión de vuestros derechos, que es la posesión de ejercer las virtudes políticas, de adquirir los talentos luminosos, y el goce de ser hombres. Este rasgo, repito, probará que vosotros erais acreedores a obtener la gran bendición del Cielo –la Soberanía del Pueblo– única autoridad legítima de las Naciones (Bolívar, 2012: 35).

Bolivia fue creada como Estado el 6 de agosto de 1825, con el nombre de República de Bolívar, como cierre a una serie de sublevaciones que venían desde 1809 (Chuquisaca y La Paz) y que precipitarían más tarde los procesos de independencia en la región[6]. Un año después, en 1826, se aprueba su primera Constitución en el Congreso de Chuquisaca (hoy, ciudad de Sucre), que continúa siendo la capital constitucional del país y sede del poder judicial, aunque la sede de los órganos ejecutivo, legislativo y electoral esté localizada en la ciudad de La Paz.

Además de este momento fundacional, señalaremos al menos otros dos momentos clave en la construcción del Estado boliviano: la guerra del Pacífico y la guerra del Chaco. En la primera, entre 1879 y 1883, la confrontación implicó a Bolivia, Chile y Perú, y como resultado de ella Bolivia perdió a favor de Chile su departamento marítimo[7]. La recuperación del litoral costero del país sigue siendo, como veremos más adelante, uno de los referentes de la identidad nacional boliviana. En el caso de la guerra del Chaco (1932-1935), la disputa territorial es entre Bolivia y Paraguay por el control del Chaco Boreal, y será otro momento clave en la institucionalización de la estatalidad del país y de la construcción de la identidad político-territorial nacional, por varios factores. Por un lado, por el coste humano de un conflicto en torno a la explotación de recursos naturales; por otro, como hemos mencionado, por la visibilización de los indios en un horizonte estatal, que los muestra como actores clave en la conformación del Ejército boliviano, y, por último, porque el desenlace es un factor clave para comprender la conformación de una ola nacionalista en Bolivia, esencial para el inicio de una configuración de actores colectivos claves para la posterior Revolución de 1952.

De hecho, además de la independencia y de las disputas territoriales bélicas, que hemos enunciado previamente, la Revolución de 1952 sería otro antecedente, a la vez que momento constitutivo, para comprender la conformación de mayorías sociales, las luchas obreras y, en general, los procesos de movilización de masas en el contexto del Estado boliviano. Este proceso revolucionario es considerado como una de las revoluciones latinoamericanas más importantes, junto con la cubana y la mexicana, precisamente por su capacidad de construcción de un nuevo Estado, el llamado «Estado del 52» (Zavaleta Mercado, 1986).

Sería complicado contextualizar la Revolución de 1952 sin recurrir precisamente a la guerra del Chaco, como momento a partir del que se comienzan a consolidar sujetos políticos que posteriormente desplazarán del protagonismo político-institucional a la oligarquía minera y sus círculos de apoyo, los denominados barones del estaño o rosca minera, que en la práctica se configuraba en torno a tres familias dueñas de los recursos y que tomaban las decisiones políticas importantes. Es ese nuevo actor colectivo, que se gesta desde entonces, con una posición ideológica y de clase muy diferente, y conformado por una alianza entre obreros (mineros, principalmente) y una contra-elite militar y civil, el que marcará posteriormente el carácter nacional-popular del Estado del 52 (Lavaud, 1998: 27 ss.). De hecho, entre 1936 y 1952 los diversos gobiernos bolivianos serían básicamente una alternancia entre la elite oligárquica minera y esa contra-elite, hasta que el 9 de abril de 1952 el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) derroca en la Ciudad de La Paz a una junta militar instaurada para poder frenar precisamente al candidato que había ganado las elecciones presidenciales, Víctor Paz Estenssoro, uno de los fundadores del MNR y combatiente de la guerra del Chaco[8], que se convierte en presidente y lidera una transformación social fundamental para comprender el país.

Esta transformación, este Estado del 52, es clave en varias dimensiones. Por un lado, por las diferentes medidas desde las que se conformaba el horizonte revolucionario de devolución de las tierras al indio y de las minas al Estado. Así se inicia un proceso de reforma agraria en todo el territorio boliviano y de la nacionalización (con compensación) del complejo minero privado. Estos dos procesos, junto con la aprobación del sufragio universal, la reforma educativa, la resolución del diferendo marítimo con Chile y la reforma del Ejército –en un primer momento con el reconocimiento de milicias mineras y campesinas y, posteriormente, desde una reconstitución interna– fueron claves en la conformación de una memoria ligada a un Estado modernizador, progresista, republicano y criollo, donde la importancia material y simbólica de la minería y de la distribución de la tierra son elementos centrales de esa estatalidad.

Por otro lado, como decíamos anteriormente, la Revolución del 52 es el momento imprescindible para la consolidación del protagonismo político de un movimiento de masas, conformado por la alianza entre campesinos, indios, mineros, artesanos, otros sectores populares, estudiantes y un Ejército reformado, que participa de forma central en el proceso revolucionario en torno al referente indígena-campesino articulado en el sindicalismo campesino como instrumento político. Parafraseando a Gotkowitz (2011), cuando la revolución urbana triunfaba en 1952, otra revolución, una revolución rural, estaba en marcha; de alguna manera, las luchas diversas se acercaban a las instituciones y abrían horizontes de posibilidad de un Estado diferente. Es, precisamente, desde lo que sucede a partir de entonces –desde la campesinización de lo indio hasta los desencuentros entre las diversidades, el desarrollo de las izquierdas y del sindicalismo, la movilización de masas y la presencia de lo rural en el Estado– y de las contradicciones y tensiones que ello genera, donde querríamos situar la apertura de un contexto de politización de sujetos colectivos que se van articulando como sujetos de soberanía, en una actualización y presencia de la memoria larga, esto es, de las tramas sociales comunitarias construidas desde las luchas, alianzas y resistencias indias, que se convierten en espacios posibles de confluencia con otras resistencias más cortas, con nuevos referentes semánticos, generados también por la propia dinámica estatal. En otras palabras, lo identificamos como el contexto histórico donde se producen las demandas de transformación política para las mayorías sociales desde una construcción de sujetos colectivos y una reconstrucción de memoria histórica que comienzan a adquirir sentido en lo institucional.

A partir de aquí, proponemos una breve visita a diversos referentes comunes que, entre 1952 y 2005, representan memorias y prácticas políticas que consideraremos como catalizadores del proceso de cambio; en otras palabras, actores y acontecimientos varios que señalaremos como hilos argumentales para la construcción de un escenario complejo.

1.2. Vanguardias, organizaciones de clase, resistencias, movimientos sociales… Los sujetos políticos colectivos

Quizá en un libro al uso esta sección se abriese refiriéndose a diferentes pensadores bolivianos, desde los que comprender las organizaciones de clase en Bolivia como parte sustancial de las resistencias organizadas que se van forjando a partir del Estado del 52. Sin embargo, y para comprender las formas de politización claves para enmarcar el proceso de cambio y sus raíces teórico-políticas, encontramos absolutamente necesario referirnos a José Carlos Mariátegui, escritor, periodista y filósofo político peruano, que vivió entre 1894 y 1930. Fue uno de los fundadores del Partido Socialista Peruano, que, tras la constitución del Buró Sudamericano de la Tercera Internacional, decidió cambiar el nombre por el de Partido Comunista Peruano. Podríamos decir que con Mariátegui hay por primera vez un marxismo desde América Latina, en el sentido de abrir las puertas a una vertiente nueva por la que el marxismo queda descentrado, liberado del eurocentrismo, de la copia del socialismo europeo, de la sucursalidad. A nuestro entender, Mariátegui sería el principal exponente latinoamericano de lo que algunos autores denominan «marxismo creativo» (Saint-Úpery, 2015), es decir, una forma de comprender el marxismo desde la constante dialéctica entre teoría y práctica, más allá del etapismo y la receta, más centrado en su renovación y constante rehistorización. Este cambio en la filosofía de la práctica podría resumirse en sus propias palabras: