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- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Este libro constituye un excelente aporte para el estudio de las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica. Examina sus antecedentes históricos, con un énfasis en los avatares que caracterizaron a los diversos proyectos integracionistas lanzados en la década de los sesenta. Una de las tesis principales de este libro, es que la integración económica y los acuerdos comerciales promocionados por Washington han sido las manifestaciones más visibles y digeribles de un proyecto duro de dominación colonial.
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Seitenzahl: 750
Veröffentlichungsjahr: 2016
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Diseño de colección: Lilia Díaz González
Diseño interior: Yadyra Rodríguez Gómez
Diagramación: Enrique García Martín
© Silvina María Romano2013
© Sobre la presente edición:
Ruth Casa Editorial, 2013
ISBN:978-9962-697-60-2
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Contenido
PRÓLOGO
Este libro, de la joven investigadora argentina Silvina María Romano, constituye un excelente aporte para el estudio de las siempre complejas y sumamente contradictorias relaciones establecidas entre los Estados Unidos y el conjunto de los países que se extienden al sur del Río Bravo. A lo largo de sus páginas se examinan los antecedentes históricos de tan especial relación, con un énfasis en los avatares que caracterizaron los diversos proyectos integracionistas lanzados en la crucial década de los sesenta, cuando las políticas de “contención” aplicadas por la Casa Blanca en el marco de la Guerra Fría tuvieron que ser complementadas con otras más propositivas y que, si bien de una manera marginal, apuntaran a corregir algunos de los más graves déficits en la estructura y el funcionamiento de los capitalismos dependientes de América Latina y el Caribe (ALC). El resultado fue el despliegue de un amplio conjunto de políticas públicas, de las cuales la más notable fue la malograda Alianza para el Progreso (ALPRO), que sintetizaba las aspiraciones máximas de Washington: “contención del comunismo y crecimiento económico bajo la égida de las empresas norteamericanas”, que por esa época ya avanzaban impetuosamente por el sendero de la transnacionalización. Lo interesante del caso, y esta parecería ser sin duda una de las tesis principales de este libro, es que la integración económica y los acuerdos comerciales, sostenidamente promocionados por Washington bajo esa cobertura ideológica, siempre han sido en realidad las manifestaciones más visibles y digeribles de un proyecto duro de dominación colonial que mal podría ser llamado por su nombre sin suscitar fuertes resistencias en los países de la periferia imperial. En su minucioso recorrido histórico Romano demuestra que este fue el caso, sin excepción, en todos los programas de “promoción” del comercio y el desarrollo, desde el Punto IV hasta la actualísima Alianza del Pacífico (AP) promovida por la Casa Blanca a través de sus proxis en México, Colombia, Perú y Chile, pasando por supuesto por la ALPRO y el difunto tratado del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) que ahora se intenta revivir con la AP.
Esta tesis, así como las otras que componen esta obra, se asienta sobre una sólida evidencia documental, producto de un meticuloso trabajo de archivo que permitió a la investigadora acceder a informaciones de primera mano solo parcialmente conocidas hasta ahora y que arrojan potente luz sobre algunos de los aspectos cruciales, y tal vez por eso más cuidadosamente ocultos, de las relaciones hemisféricas. Hay que añadir, además, que el enfoque de Romano se inscribe claramente en una perspectiva transdisciplinaria que supera los reduccionismos con que, por desgracia, suelen enfocarse en nuestra región estos temas en la literatura convencional de la ciencia política y las relaciones internacionales.
Atendiendo a lo arriba mencionado quisiera llamar la atención sobre algunos asuntos que se plantean en la obra y que estoy seguro contribuirán a un mejor conocimiento de la problemática que nos ocupa, y a estimular nuevas investigaciones pormenorizadas sobre estos aspectos. Sin ánimo alguno de exhaustividad señalaría los siguientes.
En primer lugar, la insalvable incoherencia de los programas y acuerdos comerciales promovidos por los Estados Unidos que invariablemente aducen que, gracias a ellos, la inversión directa norteamericana fluirá con generosidad hacia los países signatarios de esos acuerdos o los beneficiados con dichos programas. La experiencia ha demostrado que este no es el caso, y por razones perfectamente racionales: el incentivo de la inversión norteamericana para instalarse en tierras al sur del Río Bravo es sortear las barreras erigidas por los aranceles de protección sobrevivientes —si bien menguados— de la etapa de la industrialización sustitutiva. Si aquellos desaparecen en el marco de los nuevos tratados de libre comercio, no existe razón alguna para que la empresa norteamericana decida invertir y crear fuentes de trabajo al interior de las economías asociadas, tal como ha venido ocurriendo en México. Bajo esas circunstancias la decisión más racional será producir allí donde las condiciones sean mejores por cuestiones de salarios, logística, incentivos —¿China?— y aprovechar la ausencia de trabas comerciales para penetrar en los mercados periféricos con sus productos, sacando también partido de algo que se señala asimismo en el libro: la sistemática falta de regulaciones en lo tocante al flujo internacional de capitales que caracteriza los programas o acuerdos impulsados por Washington, lo que permite que sus empresas puedan remesar sus beneficios a las casas matrices sin ningún tipo de complicación. Romano observa con razón que el desorbitado endeudamiento externo en el que incurrieron la mayoría de los países latinoamericanos fue contraído en el marco de estos convenios de libre comercio, cuya aprobación e implementación coincidió con la sucesiva instauración de dictaduras militares. Lo que parecía —como en el caso de la Alianza para el Progreso— un proyecto de desarrollo económico orientado a asegurar la prosperidad hemisférica terminó siendo lo previsible: un dispositivo para tratar de contener los influjos de la Revolución cubana apelando al despotismo militar que devastó nuestras sociedades y subordinó nuestras economías dejándolas amarradas de pies y manos a la dictadura de las instituciones financieras internacionales, muy especialmente el Fondo Monetario Internacional y a su portavoz regional, el Banco Interamericano de Desarrollo.
Una segunda reflexión se relaciona con el tema del papel que América Latina y el Caribe (ALC) juegan en la agenda de la política exterior de Washington. Se ha vuelto un lugar común subrayar la irrelevancia, o al menos la marginal importancia, de esta parte del mundo para la Casa Blanca. De manera periódica aparece algún alto funcionario del Departamento de Estado, del Pentágono o de la CIA para enumerar las preocupaciones del Presidente de los Estados Unidos y nuestra región aparece en un modesto quinto o sexto lugar detrás de Medio Oriente, Europa, Lejano Oriente, Asia Central y, en algunas ocasiones, África. La realidad, sin embargo, es completamente distinta y ALC son prioridad número uno de Washington, solo que con su pérfida y a la vez refinada experticia diplomática sus operadores mucho se cuidan de valorizar o potenciar la gravitación de sus interlocutores o negociadores regionales. Esto se confirma a plenitud en el libro que estamos prologando cuando su autora cita un informe de un Grupo de Trabajo especialmente convocado para asesorar al presidente John F. Kennedy y en el cual se reafirmaba como una de sus suposiciones fundamentales que ALC eran, y continuarían siendo, “un área de preocupación vital para Estados Unidos”. Investigaciones referidas al periodo actual y utilizadas para apoyar la argumentación sobre la problemática geopolítica de América Latina demuestran la persistencia —es más, la profundización— de la excepcional relevancia de ALC, sobre todo si se tiene en cuenta que, en un contexto global signado por eso que Michael Klare caracteriza como “la cacería de los recursos”, la región mejor dotada del planeta en materia de recursos naturales mal podría suscitar la indiferencia del centro imperial1.
1 Hemos desarrollado este argumento en detalle en nuestro América Latina en la Geopolítica del Imperialismo (Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2012). A él remitimos a quienes estén interesados en conocer los pormenores de este argumento.
Otro asunto que merece ser subrayado en este breve pantallazo inicial de un libro fascinante es el tema de la “ayuda militar”. Está claro que los diversos programas y acuerdos económicos que Washington impulsó desde los años de la Guerra Fría hasta hoy tuvieron un claro trasfondo político-militar. Se trataba de promover, en los años “progresistas” de la Alianza para el Progreso, una “revolución de las clases medias” que frustrara de raíz las perspectivas de una revolución obrera y campesina que pudiera desembocar en lo que Washington denominaba como una “dictadura comunista al estilo de Castro” (Castro-style-communist dictatorship). Por eso no sorprende constatar, como lo hace la autora, que en el núcleo de aquellas propuestas económicas anidaran las concepciones, prejuicios y paranoias propias de la doctrina de seguridad prevaleciente en los Estados Unidos, alimentadas por innumerables documentos, memorandos y publicaciones de la CIA, el Pentágono y todo el complejo militar-industrial, para quien la generalización de una sensación de vulnerabilidad nacional ante la amenaza soviética era una pródiga fuente de jugosos beneficios. La traducción para nuestros países fue la tristemente célebre “doctrina de la seguridad nacional”, siniestro híbrido compuesto por aquellas definiciones estadounidenses en materia de seguridad de finales de los años cuarenta y comienzos de los cincuentas con la doctrina francesa de la contra insurgencia —ferozmente “testeada” en la Guerra de Argelia— y las concepciones alemanas, diríamos que filo-nazis, de la geopolítica. Esta síntesis insalubre y letal fue la que se extendió como un reguero de pólvora por ALC y la que desembocó en los sangrientos años setenta del siglo pasado. De hecho, como se demuestra en este libro, la mayor parte de los fondos engañosamente destinados a promover el “desarrollo”, en la práctica se canalizaron a la ayuda militar, a financiar “la lucha contra el comunismo” y a fortalecer y perfeccionar los aparatos represivos de las burguesías periféricas. Sobreabundan las pruebas que demuestran que todo esto obedecía a un plan fríamente calculado, pero un comunicado de los Jefes de los Estados Mayores Conjuntos de las fuerzas armadas de los Estados Unidos oportunamente citado en este libro ofrece un ejemplo irrefutable: en ese documento se le recomienda a Kennedy aumentar el entrenamiento ofrecido a los jóvenes militares latinoamericanos porque, según sus redactores, “más tarde se transformarán en líderes de sus países”, cosa que efectivamente ocurrió. Líderes como Augusto Pinochet o Jorge R. Videla, por supuesto. No hubo, por lo tanto, sorpresas, errores o excesos en la brutalidad represiva en que se hundió nuestra región desde mediados de los sesenta en adelante. La clase dirigente de los Estados Unidos sabía que esto era lo que debía ocurrir para contener la expansión internacional del comunismo y la influencia de la Revolución cubana. No hubo sorpresas.
Una consideración especial merece al correcto tratamiento que el tema de las tan celebradas empresas “translatinas” encuentra en la obra de nuestra autora. Mucho se ha hablado del tema y, por momentos, el analista tiene la impresión de que se trata del triunfo de una nueva burguesía nacional conquerante que, por fin, sale a competir en las ligas internacionales. Romano arroja un baño de sobriedad ante tan desbordantes excesos, porque demuestra en su libro que a poco que se rasgue la costra superficial de las translatinas lo que aparece es una sólida amalgama entre capitales nacionales (principalmente brasileños y mexicanos) y el gran capital monopólico internacional —industrial y financiero— y en donde la orientación, cuando no la propia gestión empresarial, de estos nuevos conglomerados es fijado por el segundo más que por los primeros, lo que no quita que sus respectivos gobiernos apoyen fuertemente la expansión de tales empresas. ¿Es razonable suponer, como lo hacen algunos gobernantes de la región, que el crecimiento de los negocios de las translatinas tendrá un efecto virtuoso al instaurar un nuevo patrón de desarrollo, liberado ya de las plagas que tradicionalmente caracterizaron al capitalismo latinoamericano? Tal como queda demostrado en este libro, nada en la realidad autoriza a pensar de tal forma2.
2 Un texto imprescindible para el análisis de las translatinas brasileñas lo aporta Virginia Fontes: O Brasil e o capital-imperialismo. Teoria e história (Río de Janeiro: Fiocruz y UFRJ Editoras, 2010).
Por último, como argentino no podía dejar de mencionar una sección del libro dedicada a un breve pero convulsionado tramo de la historia de mi país en la primera mitad de los sesenta. En sus páginas la autora demuestra el nefasto papel jugado por la Alianza para el Progreso y el gobierno de los Estados Unidos en la desestabilización de los gobiernos de Arturo Frondizi (1958-1962) y Arturo U. Illia (1963-1966). Papel, en realidad, que desempeñaron los mayores beneficiarios de aquella propuesta originada en el Norte: los principales monopolios estadounidenses de la industria petrolera, automovilística y farmacéutica, actores fundamentales en la implementación concreta de la ALPRO ayer, y de la Alianza del Pacífico en la actualidad (si bien ahora con algunos nuevas fracciones de la burguesía imperial). En el caso de Frondizi, cuyo gobierno adoptó sin beneficio de inventario las recomendaciones y orientaciones que en materia económica y social estableciera la Alianza, el factor precipitante del abandono del apoyo de Washington a su gobierno fue un hecho eminentemente político, que gravitó con más fuerza que la total entrega de las riquezas petroleras del país a los monopolios norteamericanos: el voto neutral de la Argentina en la reunión de la OEA que culminaría con la expulsión de Cuba del sistema interamericano y la posterior entrevista secreta que el primer mandatario argentino mantuviera con el enviado de la isla a dicha reunión, Ernesto “Che” Guevara en 1962. Si algo hacía falta para demostrar que más allá de su palabrería económica la ALPRO era un proyecto más que nada político, el desenlace del gobierno de Frondizi aporta una prueba irrefutable al respecto. La destitución de este Presidente demostró también los enormes avances realizados por Washington en el control y la manipulación de las fuerzas armadas del continente, ya convertidas en fieles brazos ejecutores de las políticas dictadas por la Casa Blanca.
Siguiendo con el caso argentino, las peripecias y el posterior derrocamiento del gobierno de Arturo U. Illia ratifican ampliamente lo dicho en el párrafo anterior. Ante una opinión pública cada vez más indignada debido a las concesiones que Frondizi hiciera a las petroleras norteamericanas, el nuevo Presidente procedió a anular mediante un decreto los contratos otorgados por su predecesor. A pesar de que rápidamente el gobierno anunció que pagaría las indemnizaciones correspondientes, esta movida provocó, como se demuestra en el libro, la inmediata reacción de Washington, apelando a su tradicional combinación de persuasión y coerción. Dos decisiones posteriores (incidentalmente: Illia era médico de profesión y se había distinguido por su altruista labor en los medios rurales de Córdoba) sellaron su destino: en primer lugar, la promulgación de una nueva Ley de Medicamentos que congelaba sus precios al considerarlos, como un adelantado a su tiempo, como “bienes sociales” que no debían estar sometidos a las oscilaciones de la tasa de ganancia de los monopolios farmacéuticos, mayoritariamente estadounidenses. Decisión esta precipitada, además, por el hecho de que una investigación ordenada por el gobierno puso al descubierto que la mayoría de los medicamentos que se expedían al público o bien no contenían las drogas anunciadas en sus envases o, si las tenían, no lo era en las proporciones indicadas en sus prospectos. Pese a la razonabilidad de la medida, la respuesta del empresariado nacional y extranjero fue de una cerrada oposición, que se articuló con otra, precipitada por la digna negativa del gobierno a enviar tropas argentinas a la República Dominicana para cooperar con la invasión de marines que había lanzado la Casa Blanca a fines de abril de 1965 con el propósito oficialmente declarado de “evitar una segunda Cuba” en las Américas. Illia se negó terminantemente a colaborar con tan siniestra empresa, pero otros países, entre ellos Brasil, ya bajo la férula de la dictadura militar, lo hicieron de forma activa en esa nueva cruzada anticomunista del imperio. Esto provocó un marcado deterioro de la situación militar dentro de la Argentina hasta que, tiempo después, un golpe castrense ponía fin al gobierno de Illia.
Pongo de este modo punto final a este ya demasiado largo prólogo, no sin antes felicitar a la autora de este libro e invitar a las jóvenes generaciones de estudiosos de la problemática de Nuestra América, de sus desafíos y oportunidades, a profundizar en las muchas líneas de investigación que aquí se plantean. Conocer con precisión las características, fortalezas, debilidades y contradicciones del capitalismo latinoamericano es un insumo imprescindible para el éxito de las luchas emancipatorias de nuestro tiempo. Y las lecciones aprendidas de los procesos de integración/anexión (en un sentido martiano) de los años sesentas —verdaderos bancos de prueba de proyectos más ambiciosos, lanzados posteriormente como el ALCA o la AP— deben por eso mismo ser asimiladas para enriquecer nuestra comprensión de la realidad actual de un capitalismo en crisis y de un imperialismo cada vez más virulento. Solo así podremos encontrar, en las complejidades de la coyuntura actual, los caminos que nos conduzcan hacia la segunda y definitiva independencia de Nuestra América.
Atilio Boron
Buenos Aires, 8 de junio de 2013
Capítulo I
¿Por qué volver a la integración latinoamericana en la década de 1960? Integración, capital monopólico y elite del poder
El estudio de la integración latinoamericana en el contexto de las relaciones con los Estados Unidos, intenta cubrir una importante laguna percibida en los trabajos de integración y en las investigaciones sobre política exterior, que en general han analizado por separado los aspectos económicos, políticos y militares, aportando una visión fragmentada de dicho proceso. Asimismo, se entiende que hubo aspectos fundamentales que incidieron en la organización y puesta en práctica de la integración pero no fueron considerados como problemas, o fueron advertidos desde ciertos sectores y por determinados actores pero no alcanzaron un lugar significativo en la agenda de discusiones y acciones en materia de integración regional. No obstante, todas estas cuestiones marcaron un camino particular para los posteriores procesos de integración llevados a cabo en la región. Se considera que estos problemas fueron efectivamente señalados (anticipados) por algunos intelectuales de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)3, los pensadores de la escuela de la dependencia y por los marxistas latinoamericanos4.
3 La CEPAL, organismo creado en el marco de las Naciones Unidas en 1948, concebía la integración regional como uno de los procesos capaces de permitir la superación de la situación de subdesarrollo de América Latina, aspecto que conformaba el núcleo del problema de las sociedades del área. A esto se sumaba la concepción de que la integración económica de los países latinoamericanos resultaría un paso indispensable para ampliar el tamaño de los mercados y aumentar el poder de negociación frente a los países centrales. En este contexto, una de las medidas cruciales era la reforma agraria como único camino para modificar las estructuras socioeconómicas características del subdesarrollo de los países latinoamericanos (CEPAL, 1969; Prebisch, 1949). De este modo, el proyecto de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) se basó, por un lado, en las normativas surgidas de las discusiones entre la CEPAL y funcionarios de los gobiernos interesados en promover la integración. Por otro lado, retomó el modelo de Jacob Viner que constituyó un parámetro esencial en la conformación de la Comunidad Económica Europea, incorporándose a la normativa del sistema económico internacional a través del artículo XXIV del GATT que preveía un determinado tipo de unión entre países.
4 Entre los más destacados se encuentran: Furtado (1971, 1974, 1992), Cardoso y Faletto (1975), Pinto (1973, 2000), Sunkel y Paz (1980), Sunkel (1973, 1975). Los aportes de Dos Santos (1970, 2003), Marini (1969), Gunder Frank (1970), Johnson (1970), Caputo y Pizarro (1975) y Tavares (1973, 1998).
La perspectiva desde la cual se elige analizar la realidad implica en sí misma una elección que nos aproxima de modo fragmentado y parcial a los procesos históricos5, elección que no es ni azarosa ni absolutamente racional, sino fruto de las vivencias, de la memoria colectiva e individual, del modo en que nos construimos como sujetos en una determinada comunidad en un determinado tiempo. En base a esto, es necesario confesar que, formando parte de la periferia (Córdoba, Argentina, América Latina), es sumamente complejo adscribirse a puntos de vista que naturalizan o no tienen en cuenta esta condición. Es por ello que la postura teórica (y, por lo tanto, político ideológica) que subyace a esta investigación no surge en base a “gustos”, sino que obedece a un compromiso con la realidad en que se vive, el proceso histórico al que se contribuye a reproducir en muchas ocasiones y que, a través de este trabajo, se pretende cuestionar más que “resolver”.
5 Los procesos históricos son las rupturas y continuidades que se dan en el marco de una “estructura histórica” que implica una combinación particular de patrones de pensamiento, condiciones materiales e instituciones humanas que mantienen una coherencia entre ellas. Estas estructuras no determinan mecánicamente la acción de las personas pero sí devienen en el contexto en el cual las acciones hallan determinadas presiones, hábitos, expectativas y restricciones (Cox, 1981:135).
Por lo dicho, el análisis toma como punto de partida algunos conceptos clave como los de periferia, dependencia, subdesarrollo e imperialismo. Siguiendo a Sunkel y Paz (1980) se sostiene que la dinámica centro-periferia lleva a la “dependencia” de los espacios periféricos con respecto a los países centrales. La categoría de “dependencia”, en general, alude a una reflexión más crítica que la propuesta por el estructuralismo cepalino, debido que se halla fuertemente vinculada a las nociones de “imperialismo” y “neocolonialismo”.
En este sentido, es importante apartarse (en parte) de dicho pensamiento estructuralista y solo en parte, pues en este escrito (y siguiendo las sugerencias de Beigel, 2006), se rescatarán las continuidades entre los pensadores estructuralistas (de la primera CEPAL y de la CEPAL autocrítica)6 y los de la escuela de la dependencia, sin desmerecer las diferencias entre ambas corrientes. Estas diferencias residen en la forma de percibir la dinámica del desarrollo del sistema capitalista, y especialmente en la “solución” al subdesarrollo ofrecida por ambas perspectivas: los estructuralistas cepalinos no consideraban necesario el cambio total de las estructuras o el fin del sistema capitalista, sino que buscaban alternativas para mejorar el posicionamiento de los países hasta entonces periféricos en el sistema internacional; los dependentistas, en cambio, consideraban que la periferia lograría desarrollarse solo si se reemplazaba al sistema capitalista por un orden socialista. Este planteo se basaba en la premisa de que, mientras existieran los centros, existirían las periferias, porque esta estructura constituye la esencia del desarrollo histórico del capitalismo (Gunder Frank, 1970; Dos Santos, 2003)7.
6 Cuando se hacer referencia al pensamiento de la primera CEPAL, se alude a la corriente estructuralista que se conformó a partir de los aportes de Prebisch, que se centró en la crítica a la economía neoclásica y que allanó el camino para la elaboración de abordajes más críticos al interior de la institución, como lo demuestra la trayectoria de algunos pensadores como Furtado y Sunkel.
7 Aquí es importante recordar que los argumentos de los dependentistas (a pesar de haber elaborado importantes críticas a la visión marxista-leninista sobre la periferia) guardan estrecha relación con los postulados de Lenin acerca del desarrollo del capitalismo en su etapa imperialista, como el siguiente: “El capitalismo es la producción de mercancías en su más alto grado de desarrollo, cuando la misma fuerza de trabajo se convierte en mercancía. El crecimiento del cambio en el orden internacional, es rasgo característico del capitalismo. El desarrollo desigual, a saltos, de las distintas empresas y ramas de la industria y los distintos países, es inevitable bajo el capitalismo […] Es claro que si el capitalismo hubiera podido desarrollar la agricultura, que en todas partes marcha hoy muy a la zaga de la industria; si hubiera podido elevar el nivel de vida de las masas, que, a pesar del asombroso progreso técnico siguen arrastrando, en todas partes, una vida de hambre y miseria, no podría hablarse de un excedente de capital. Este ‘argumento’ es el que esgrimen con frecuencia los críticos pequeñoburgueses del capitalismo. Pero si el capitalismo hiciera esto dejaría de ser capitalismo, pues tanto el desarrollo desigual como el miserable nivel de vida de las masas son condiciones fundamentales e inevitables y constituyen premisas de este modo de producción. Mientras el capitalismo sea lo que es, el excedente de capital será utilizado, no para elevar el nivel de vida de las masas de un país determinado, ya que ello significaría disminuir las ganancias de los capitalistas, sino para acrecentar sus beneficios exportando capitales al extranjero, a los países atrasados” (Lenin, (1972:77-78).
Siguiendo a Dale Johnson (1970), las características esenciales de la dependencia de los países latinoamericanos se anclaban en el deterioro de los términos de intercambio de las materias primas, el déficit crónico de las balanzas de pago, la rigidez en la composición de las exportaciones, la descapitalización progresiva y la dependencia política. Puede notarse que algunos de los aspectos mencionados se vinculan a la noción de subdesarrollo definida por la CEPAL. No obstante, la diferencia es que la dependencia es vista como una situación que la historia del colonialismo ha legado y que el imperialismo contemporáneo crea en países subdesarrollados, de modo que “la dependencia es el imperialismo visto desde la perspectiva del subdesarrollo” (Johnson, 1970:95). A su vez, la dependencia no condiciona solamente lo económico sino la estructura social, por lo tanto, se entiende por “sistema internacional” aquello de lo que dependen los países latinoamericanos, organizado en una estructura de instituciones y de clases de acuerdo al poder, en el seno del cual se da la dinámica del imperialismo. Este último es definido como un sistema institucionalizado de control que sistemáticamente moldea las instituciones y estructuras de países dominados y limita su libertad de acción, si es que han de evitar las sanciones del sistema, ante alternativas definidas por el sistema mismo (Johnson, 1970:114).
De hecho, la definición de Sweezy acerca del modo de operar del imperialismo estadounidense en los países subdesarrollados, es prácticamente una definición de dependencia: “El impacto económico del imperialismo en el país atrasado puede resumirse así: (a) explotación, por parte del capital extranjero, de los recursos naturales del país, a menudo por los más modernos métodos de acción en gran escala pero afectando en forma directa solo a un reducido porcentaje de los habitantes; (b) creación de una red de transporte, pero con miras a conducir las cosas fuera del país, no hacia su propia población; (c) estancamiento de la industria y quiebra de los artesanos; y (d) sostenido deterioro de la agricultura” (Sweezy, 1973:15-16).
Ahora bien, a nivel de la producción teórica y de elaboración de políticas en el plano de las relaciones internacionales durante las primeras décadas de la Guerra Fría, el paradigma predominante en la política exterior estadounidense fue el realismo, que sostenía como idea central que los Estados requieren poder y, por ello, luchan permanentemente por alimentar ese poder. Esto se encuadra en la idea de un orden internacional hobbesiano, en el cual los Estados buscan (o deben buscar) alcanzar y mantener la seguridad del Estado, satisfacer las demandas económicas de sectores políticamente relevantes de la población nacional y potenciar el prestigio internacional del Estado. La necesidad acuciante de seguridad se satisface maximizando la capacidad de poder del Estado (Sanders, 2001:621).
Considerando específicamente la orientación de los gobiernos latinoamericanos del periodo abordado y teniendo en cuenta el impulso a la integración, hubo algunos de ellos que se caracterizaron por su visión realista y por la importancia que brindaron a los factores geopolíticos, aspecto que caló hondo en las fuerzas armadas que se apropiaron de la esfera política formal en varios países de la región al tiempo que se implementaban los mecanismos de integración. Esto se vio reflejado en la adopción de la doctrina de seguridad hemisférica y, luego, de la doctrina de seguridad interna, como ejes articuladores entre las relaciones internas y externas, justificadas por la división bipolar del mundo basada en aspectos estratégico-geográficos e ideológicos entre Occidente y Oriente (Soares de Lima, 1992).
La perspectiva realista sufrió diversas críticas a partir de la crisis relativa de la hegemonía estadounidense visualizada a inicios de la década de 1970, momento en el que se elaboraron explicaciones orientadas a complejizar el Estado y las relaciones entre Estados, destacándose la propuesta de la “interdependencia compleja” de Keohane8 y Nye (1977). Estos autores plantean la conexión entre los factores internos y externos en las relaciones internacionales, las relaciones transgubernamentales, transnacionales e intergubernamentales, los múltiples actores que participan y la necesidad de negociación en busca de un cambio pacífico, a la vez que lo político y lo militar no resultan primordiales en las relaciones internacionales, sino que debía prestarse mayor atención a lo económico. Interesa destacar dos puntos clave de esta perspectiva. Uno es la advertencia realizada por sus mentores acerca de que este corpus teórico no debe aplicarse a los países del Tercer Mundo, en tanto no explica la situación de asimetría que caracteriza la relación entre los países centrales y los periféricos9. El otro punto se refiere a la importancia que otorgan estos autores a los aspectos transnacionales, teniendo en cuenta que el “capital transnacional” constituye una parte medular de nuestra tesis.
8 Debe tenerse en cuenta que Keohane, hacia inicios de los ochenta, retomó los planteos del “neorrealismo” de Waltz, sumándolo a la perspectiva “transnacionalista” a fin de aunar los principales postulados del realismo con los del liberalismo (Salomón, 2001:12), con lo cual queda claro que ni la interdependencia compleja ni el “neorrealismo” se plantean desde una perspectiva crítica, esto es, desde el punto de vista de los paradigmas del conflicto, sino que se remiten a realizar una serie de críticas al realismo (como paradigma dominante durante la Guerra Fría), a la vez que rescatan los aportes de dicha corriente.
9 Esta aclaración se presenta como un obstáculo inicial para aplicar esta teoría a las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina, que tampoco se podría aplicar aún si no existiese esta aclaración porque se basa en el estudio de las relaciones entre “democracias pluralistas”, tal como lo plantean los autores: “Utilizamos el concepto de interdependencia compleja en los ’70, principalmente para describir la relación emergente entre democracias pluralistas. De modo manifiesto, no caracteriza relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ni tipifica las políticas en Medio Oriente, el Este de Asia, África, no tampoco se aplica a partes de América Latina” (Keohane y Nye, 2000:6). Este aspecto es fundamental porque aquí se aborda el Estado desde una perspectiva crítica, que cuestiona a la postura pluralista (Miliband, 1991; Therborn, 1998; Meiksins Wood, 2000; Fernandes, 2008).
El transnacionalismo fue especialmente trabajado por el “neorrealismo” de Waltz (1988), en cuya tesis se plantea la similitud de la relación entre los Estados y las estrategias que caracterizan el accionar de las grandes empresas multinacionales. “Los Estados, especialmente los grandes, son como corporaciones importantes, se hallan limitados por su situación (propia preservación, autoayuda, incertidumbre) y a la vez son capaces de actuar y alterarla […] Los grandes poderes, al igual que las empresas siempre han tenido que estimar las reacciones de los otros” (Waltz, 1988 en Zubelzú, 2001:57). Esta comparación se comprende en tanto es en la década de 1970 el momento en que se retoman los planteos económicos neoclásicos para explicar las relaciones internacionales y adquiere fuerza la postura transnacionalista (Salomón, 2001:10). Esto respondía, en buena medida, al contexto en el cual se elaboran estas teorías, signado por el creciente poder de las empresas multinacionales, el protagonismo que asumen las instituciones financieras internacionales y los organismos internacionales (especialmente los enmarcados en la ONU), la pérdida de “hegemonía relativa” de los Estados Unidos y la emergencia de la concepción de “multipolaridad”.
Más allá del aporte de estas corrientes a los estudios de relaciones internacionales, debe recordarse que el transnacionalismo no es algo particular de la posguerra (aunque fue conceptualizado y sistematizado en dicho periodo), sino que constituyó un aspecto clave del desarrollo del sistema capitalista:
Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía ha dado un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. Con gran sentimiento de los reaccionarios, ha quitado a la industria su base nacional. Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y están destruyéndose continuamente. Son suplantadas por nuevas industrias, cuya introducción se convierte en una cuestión vital para todas las naciones civilizadas, por industrias que ya no emplean materias primas indígenas, sino materias primas venidas de las más lejanas regiones del mundo, y cuyos productos no solo se consumen en el propio país sino en todas las partes del globo. En lugar de las antiguas necesidades, satisfechas con productos nacionales, surgen necesidades nuevas, que reclaman para su satisfacción productos de los países más apartados y de los climas más diversos. En lugar del antiguo aislamiento y la autarquía de las regiones y naciones, se establece un intercambio universal, una interdependencia universal de las naciones (Marx y Engels, 2004:123).
Con respecto a las relaciones asimétricas entre Estados, Lenin sostenía: “No solo existen los dos grupos fundamentales de países —los que poseen colonias y las colonias—, sino también, es característico de la época, las formas variadas de países dependientes que, desde un punto de vista formal, son políticamente independientes, pero que en la realidad se hallan envueltos en las redes de la dependencia económica y diplomática” (Lenin, 1972:105).
Asimismo, es importante aclarar que a pesar de que en esta investigación se parte de la idea del Estado como agente complejo y se retoma la importancia de las instituciones, de los grupos y sujetos (en especial, de las elites), la visión propuesta tampoco es “constructivista”. Esto se debe a que se considera que prevalecen las relaciones de dominación (desiguales) sea a nivel nacional, internacional o transnacional, marcando una distancia con el punto de partida del constructivismo, que se basa en “la mutua constitución de las estructuras sociales y los agentes en las relaciones internacionales” (Wendt, 1987 en Salomón, 2001:32)10. En segundo lugar, en lo relativo a los estudios sobre toma de decisión, si se revisan los postulados de Putnam (1996), se pone de relieve que la política internacional es un juego de dos niveles. A nivel nacional, los grupos domésticos persiguen sus intereses presionando al gobierno para que impulse medidas favorables y los políticos buscan el poder formando coaliciones entre estos grupos. A nivel internacional, los gobiernos nacionales buscan maximizar su propia habilidad para satisfacer las presiones domésticas mientras que minimizan las consecuencias adversas del acontecer externo.
10 Se aclara la distancia con esta corriente porque, en apariencia, nuestro objetivo de analizar la vinculación entre estructura, instituciones y sujetos, y la intención de complejizar el análisis de las relaciones internacionales, puede ser confundida con el constructivismo, en tanto este centra su atención en los individuos, especialmente en las elites, en lugar de tomar al Estado como actor homogéneo. Su tesis central es que el comportamiento del Estado está modelado por las creencias de las elites, las normas colectivas y las identidades sociales, con lo cual el Estado no es un “dato objetivo” sino una institución construida por el hombre (Barletelson, 1998 en Zubelzú, 2001:70).
Sin embargo, parece que la separación entre grupos domésticos y extranjeros no resulta tan clara en el modo en que operan en la realidad, considerando, en cambio, que predomina la articulación (a partir de acuerdos y tensiones) de sus intereses a través de la red de poder. A la vez, se entiende que ambos sectores forman parte de la clase dominante. Por otra parte, en esta investigación se postula que las redes de poder son transnacionales, además de nacionales, y que aquellos que participan en la elaboración de políticas no son solo los funcionarios con cargos importantes, los miembros del Congreso o el Poder Ejecutivo, sino que debe observarse la influencia de los grandes empresarios, los militares de alto rango e, incluso, ciertos núcleos de intelectuales.
Del mismo modo, el presente enfoque se distancia de la perspectiva de Allison11 y de aquellos estudios que analizan la dimensión grupal o individual y su “impacto” en la dinámica de toma de decisión12 (que en parte sigue la propuesta de Allison). Esto se debe a que, si bien interesa la influencia en dicho proceso por parte del estrato más elevado de la clase dominante, no es primordial atender a la toma de decisión en sí misma, sino lo que va implicado en dicha dinámica, como lo planteaba Wright Mills (1978).
11 El trabajo de Allison fue uno de los primeros en sistematizar información acerca del proceso de toma de decisión en sí, con respecto a un conflicto en particular. Realizó una investigación sobre la crisis de los misiles de Cuba, aplicando dos modelos que intentan “superar” al del actor racional en la explicación del proceso de toma de decisión con respecto a Cuba. Estos modelos son el de “proceso organizacional” y el “político gubernamental” (o burocrático) (Allison, 1988:115-116).
12 Por ejemplo, los trabajos de Hermann, Stein, Sundelius y Walter (2001) y de Hermann, Preston, Korany y Shaw (2001).
De esta manera, en esta investigación se retoman aquellas decisiones que afectaron el proceso de integración regional, así como las economías y el devenir político de América Latina, decisiones que no eran “unilaterales”, sino resultado de las negociaciones a través de la red de poder tejida entre las capas más elevadas de la clase dominante.
Por último, hay que destacar que la idea de clase dominante vinculada a la de red de poder implica que, si bien existen tensiones y desacuerdos, predominan los objetivos generales comunes, pero no solo al interior del gobierno sino entre el gobierno y el sector privado estadounidense y los sectores más influyentes de la clase dominante de los países de América Latina. Esta coincidencia de intereses se materializa, en primer lugar, en la implementación de determinadas políticas, así como en la existencia de diferentes instituciones que legalizan y legitiman un determinado orden, lo cual se logra de modo más acabado por medio de la trayectoria de ciertos individuos que pasan de una institución a otra, reforzando determinadas concepciones. En el proceso que se ha investigado esto se percibe, por ejemplo, en las ideas en común con respecto a la seguridad nacional, el comunismo, la “estabilidad”, la apertura del mercado, la integración, el “desarrollo”, la necesidad de integrarse al sistema internacional, etc. Así, el “tira y afloje” entre aquellos que elaboran las políticas está siempre presente, pero, al ser precisamente un “tira-y-afloje” se entiende que lo que prevalece, finalmente, es la negociación en pos de algún objetivo en común, al menos entre los grupos y sujetos que componen la clase dominante.
En este sentido, es clave la relevancia que adquiere la política exterior como parte de las políticas públicas, desde una concepción que entiende al Estado-nación como institución funcional al desarrollo del sistema capitalista de posguerra en tanto reproductor de las desigualdades. Este modelo de institucionalización, según Fernandes (2008) fue retomado por las clases dominantes de América Latina, que reprodujeron el modelo de Estado de Derecho como eje de la organización social, política, económica, militar, etc. Desde esta mirada, se entiende que es necesario complejizar la división “moderna” entre Estado y Sociedad civil (Cox, 1981), motivo por el cual se hace referencia a la idea de red que nos permite exponer de modo más claro la interacción entre la esfera de lo “privado” con la esfera de lo “público”, articulación en la que confluyen intereses y objetivos comunes a pesar de los posibles conflictos en determinadas coyunturas.
Se propone, entonces, una aproximación a las “relaciones internacionales” basada en la idea de clase dominante y de elite del poder en tanto red transnacional tejida entre las minorías privilegiadas del centro y la periferia que supera las relaciones interestatales formales y plantea la vinculación entre lo público y lo privado13 en la elaboración de la política exterior, así como la imbricación de lo nacional con lo internacional en el sistema capitalista. Se analiza la relación de la ALALC con los Estados Unidos desde esta perspectiva debido a que lleva a revisar de modo crítico la categoría de “relaciones internacionales” (particularmente la visión realista de los Estados y sus relaciones) a fin de visualizar aquellas minorías integrantes de las clases dominantes de los países de América Latina que se relacionaban con determinados grupos de la clase dominante estadounidense, de modo directo o indirecto, funcionales o no a las relaciones diplomáticas formales, pero que no contaban con la visibilidad que caracteriza a estas últimas.
13 En esta investigación se retoma la crítica a la clasificación liberal entre sociedad civil y el mercado (ámbito de lo privado) y el Estado (ámbito de lo público), sino que se sostiene que una de las particularidades del sistema capitalista, es que en su seno la “sociedad civil” no solo constituye una relación totalmente nueva entre lo “privado” y “lo público”, sino que de modo más preciso es un ámbito “privado” totalmente nuevo. Representa una red particular de relaciones sociales que no se limita a oponerse a las funciones coercitivas, de “vigilancia” y “administrativas” del Estado, sino que también representa la reubicación de estas funciones. Supone una nueva división del trabajo entre la esfera pública del Estado y la esfera “privada” de la propiedad capitalista y los imperativos del mercado, en donde la apropiación, la explotación y la dominación están separadas de la autoridad pública y la responsabilidad social, mientras que estos nuevos poderes privados dependen del apoyo del Estado por medio de un poder de aplicación legal mucho más concentrado de lo que nunca antes había existido (Meiksins Wood, 2000:295). De hecho, esto había sido advertido claramente por Lenin cuando afirmaba que “la vinculación personal entre el banco y la industria se completa con la ‘vinculación personal’ entre estos y el gobierno” (Lenin, 1972:52).
Es a partir de esta postura que interesa hacer visible la articulación de la estructura (la expansión del sistema capitalista monopolista de posguerra) con las instituciones (los Estados, los gobiernos, los organismos multilaterales), las prácticas de determinados grupos (minorías privilegiadas influyentes en la toma de decisión) y sujetos (personalidades que resultaron determinantes para las trayectorias de los grupos y las instituciones). El análisis se centrará, por tanto, en aquellas relaciones que se establecen entre los grupos y sujetos de la cúpula de la clase dominante, que influyen en determinadas decisiones a nivel gubernamental, en aspectos políticos, económicos y militares, de modo directo o indirecto.
Considerando, entonces, el proceso de integración, se visualiza la vinculación entre lo económico, lo político y lo militar en la articulación entre el capital multinacional y la inversión extranjera directa en la ALALC14. Esta vinculación se condice con las líneas de acción orientadas a la “estabilización” política y económica inscritas en los mecanismos de “seguridad interna”, que atendían tanto a los intereses privados de las grandes empresas, como a los intereses públicos supuestamente encarnados por los gobiernos de turno.
14 Abordar la incidencia del capital financiero en la ALALC, implica adentrarnos en la dimensión política de las relaciones entre gobiernos y los acuerdos y tensiones entre minorías privilegiadas en las negociaciones al respecto. Desde una perspectiva crítica, es imposible desvincular la economía de lo político, como si fueran dos esferas aisladas o susceptibles de ser separadas. La visión liberal y, más aún, la neoliberal, sostienen que la economía es el ámbito de lo neutral, de lo técnico, aquello no “contaminado” por la ideologización que caracteriza al ámbito de lo político. Al “despolitizar” la economía se evitan los cuestionamientos acerca de los conflictos de intereses inherentes a la puesta en práctica de determinado sistema o lineamientos económicos, sesgando el análisis a favor de la descripción de datos cuantitativos desvinculados de los procesos sociales y políticos que les otorgan materialidad y significado. Los aspectos financieros, en este sentido, son los que evidencian de manera más clara el cruzamiento ineludible entre lo económico, lo político y lo social, al dar cuenta de un proceso de toma de decisión que involucra inevitablemente a varios actores políticos y económicos (estén involucrados o no en la esfera política formal).
La imbricación de lo privado y lo público en las “economías nacionales” cobró evidencia a través del avance del capital monopólico, que tendió a generar “Estados dentro del mismo Estado” conduciendo a la acumulación de capital y poder en pocas manos, generando el subconsumo de la masa trabajadora y fortaleciendo el subdesarrollo y la dependencia de las economías latinoamericanas que devenían en espacios periféricos “funcionales” para la expansión del capitalismo (Prado jr., 1957). Este capital monopólico-oligopólico que ingresó a través de la instalación y proliferación de subsidiarias y filiales de empresas multinacionales estadounidenses y europeas, resultó sumamente perjudicial con respecto a la conformación de una “burguesía nacional” capaz de llevar a cabo el proceso de industrialización necesario (Furtado,1971).
Profundizando aún más en la incidencia de este capital en la región, el análisis se centrará en la premisa de que la sola presencia de las empresas multinacionales pone en discusión el criterio de “mercado nacional”, porque estas grandes corporaciones “se caracterizan por operar simultáneamente en varios mercados nacionales, constituyendo un sistema económico internacional que penetraba y desbordaba los sistemas económicos nacionales”, identificados como “conglomerados transnacionales” (Sunkel, 1975:18-19).
De este manera, tanto para el análisis del subdesarrollo, como para el de las relaciones internacionales económicas y políticas de los países latinoamericanos, se considera la dinámica de los conglomerados transnacionales, debido a que constituyen la “unidad básica” del desarrollo del sistema capitalista mundial, y a través de sus acciones en los países subdesarrollados y los efectos que estas producen, generan una mayor dependencia, que es lo que permite profundizar la integración de las economías subdesarrolladas al sistema capitalista mundial (Caputo y Pizarro, 1975:284-285). Es este capital monopólico el que permite visualizar los estrechos vínculos entre la minoría privilegiada de las clases dominantes de la periferia y la cúpula de las clases dominantes de los países centrales, relación política, económica, social y cultural que contribuyó a perpetuar las estructuras desiguales (Johnson, 1970; Fernandes, 1979).
Tal aproximación se hace presente a lo largo de la investigación en el rastreo de las principales empresas, grupos de empresas y sectores del gobierno estadounidense influyentes en la toma de decisión en materia de política exterior (como el caso de la legislación sobre reaseguro de las inversiones, las decisiones con respecto a expropiaciones, el incentivo a determinado tipos de inversión, el apoyo a gobernantes latinoamericanos con ciertas inclinaciones políticas, etc.). A su vez, se exponen los mecanismos mediante los cuales estos sectores se relacionaban con grupos de hombres de negocios, funcionarios de gobierno y militares de alto rango de diferentes países de América Latina.
Es evidente la importancia que adquiere en este escrito la idea de “elite del poder” planteada por Wright Mills, que hace énfasis en las redes implicadas en la toma de decisión, es decir, las relaciones entre sujetos y grupos vinculados a cargos políticos, cargos militares de alto rango y gerentes de grandes empresas. Siguiendo a Wright Mills (1978: 25) “Entendemos por minoría en el poder los círculos políticos, económicos y militares que como un conjunto intrincado de camarillas que se trasladan e imbrican, forman parte en las decisiones que por lo menos tienen consecuencias nacionales. En la medida en que se deciden los acontecimientos nacionales, la elite del poder está constituida por quienes lo deciden” (Mills, 1978: 25)15.
15 La visión de la democracia y el Estado como espacio de la elite del poder sigue en vigencia, pues la idea de elite “abarca no solo las relaciones políticas entre los Estados y las que hay entre estos y las organizaciones internacionales, sino que también alcanza a un amplio abanico de interacciones en el ámbito internacional que van más allá tanto de las sociedades nacionales como de las relaciones entre gobiernos, de forma que calan las estructuras institucionales del mismo Estado” (Evans, 1998:253).
Ahora bien, es probable que llame la atención la propuesta de articular el concepto de clase dominante con el de red de poder de Wright Mills, sabiendo que este último autor dejó de lado la noción de clase, generando una interesante polémica con la visión marxista. De hecho, una de las críticas más agudas al elitismo es la elaborada por Therborn en tanto, desde la perspectiva marxista, “[e]l punto focal primario no está, ni en las relaciones interpersonales de las diferentes ‘elites’ (desde los antecedentes familiares a la interacción social actual), ni en el proceso de toma de decisiones per se (decisiones y no decisiones, así como los problemas condicionados por ellas). Lo que importa de manera crucial son más bien los efectos del Estado en la producción y reproducción de determinados modos de producción, reales o hipotéticos” (Therborn, 1998:171). Asimismo, plantea que: “El carácter de clase de un Estado determinado no se refiere necesariamente a quién mueve las cuerdas entre bastidores, sino al efecto sobre la sociedad de las acciones del Estado, y pone de manifiesto, por consiguiente, quién es la clase dominante en esa sociedad” (Therborn, 1998:155, las cursivas son propias). El énfasis en “necesariamente” se debe a que, para el estudio propuesto en esta investigación, se considera que sí resulta pertinente tener en cuenta “quiénes” eran los que se hallaban detrás de bambalinas, en tanto el paso del tiempo y el predominio de ciertas perspectivas acerca de la historia, contribuyeron a quitar importancia a determinados procesos, instituciones y sujetos de “carne y hueso” que resultaron clave para el desarrollo de los acontecimientos tal cual sucedieron.
Lo importante aquí es que el concepto de red de poder brinda la posibilidad de aproximarse al modo en que operan (por medio de articulaciones y tensiones) las minorías influyentes de la clase dominante en la toma de decisión en un determinado proceso (el de conformación y puesta en práctica de la ALALC en el marco de las relaciones con los Estados Unidos). De esta manera, se indaga en la articulación entre el sistema capitalista monopólico de posguerra con las instituciones que lo sostienen y los grupos que legitiman con sus trayectorias estas instituciones, partiendo de la idea de que “la institucionalización es un medio para estabilizar y perpetuar un orden particular. Las instituciones reflejan las relaciones de poder que le dan origen y tienden, al menos en un principio, a incentivar imágenes colectivas consistentes con estas relaciones de poder” (Cox, 1981:137). Esto permite un acercamiento a los “actores”, a los “sujetos” que forman parte de instituciones como “el Estado” o “el gobierno”, que en las lecturas aparecen como impersonales o dotados de una importante abstracción.
De cualquier modo, si se tiene en cuenta el marco teórico general desde el cual se han abordado y reconstruido los procesos en esta investigación, es necesario aclarar que la intención —a pesar de retomar la concepción de elite del poder de Wright Mills—, no es la de disminuir la importancia de la clase, ni mucho menos la idea de dominación, inherente al proceso de explotación. Es por ello que se recurre a la propuesta de Ralph Miliband (1991:422) que muestra la manera en que se puede retomar la categoría de elite del poder para articularla con la de clase dominante, rescatando la idea de red de poder, pero enmarcada en la perspectiva de la lucha de clases y del conflicto. La elite del poder, para este autor, constituye el estrato más elevado de la clase dominante en estas sociedades, una minoría privilegiada vinculada a la toma de decisión:
En las condiciones del capitalismo contemporáneo, el poder económico —lo que significa en realidad el control del poder de las grandes corporaciones empresariales— y el poder estatal —lo que significa en realidad el control de los medios de la administración y coerción estatal—, están institucionalmente separados, incluso aunque los nexos entre las dos formas de poder son múltiples e íntimos. Como consecuencia de esta separación institucional, lo que (siguiendo a C. Wright Mills) se denominará aquí “elite del poder” de las sociedades capitalistas avanzadas, está constituida por dos elementos distintos. Por un lado existen individuos que controlan los pocos cientos de empresas industriales, financieras y comerciales más grandes del sector privado de la economía, a los que deben añadirse quienes controlan la industria de los medios de comunicación en el sector privado […] Por otra parte, están quienes controlan las posiciones clave de los sistemas estatales —presidentes, jefes de gobierno y sus colaboradores inmediatos, altos funcionarios civiles y militares, altos funcionarios de la policía, el poder legislativo y el poder judicial— y, en este elemento se incluyen también individuos que controlan las empresas estatales o públicas y los medios de comunicación del sector público […] Obviamente, la clase dominante no es en modo alguno homogénea: pero ninguna clase lo es. Existen importantes diferencias y conflictos no solo entre los intereses capitalistas y estatales, sino también dentro de cada uno de estos […] Sin embargo, a pesar de las múltiples diferencias y conflictos existentes en las clases dominantes, por lo general siguen siendo suficientemente compactas para garantizar que sus objetivos comunes sean definidos y progresen efectivamente (Miliband, 1991:424).
La otra parte de la clase dominante, mucho más numerosa que la elite del poder, está conformada, por un lado, por los individuos que poseen y controlan un gran número de empresas medianas, empequeñecidas por la importancia de las grandes empresas; por otro lado, se halla una gran clase profesional constituida por abogados, contadores, científicos, arquitectos, funcionarios y personal militar de grado medio, etc. Este grupo de profesionales y los negociantes normalmente constituyen la burguesía que se diferencia de la elite del poder “porque no tiene nada semejante al poder del que disfruta esta última”. Sin embargo, sus miembros sí pertenecen a la clase dominante porque sus miembros sí ejercen un gran poder e influencia económica, social, política y cultural (Miliband, 1991:424-425).
Es a partir de esta concepción de clase dominante, que se entiende que la noción de red de poder deviene una herramienta para visualizar la forma en que se materializa la estructura de poder en el modo de relacionarse entre los sujetos e instituciones de los estratos más elevados de la clase dominante, a través de lo cual puede observarse las tensiones y los acuerdos entre ellos, el modo en que esta clase ha “operado” en determinados procesos.
Por otra parte, a diferencia de Wright Mills, Miliband (1991) destaca la importancia de la internacionalización de la economía y el rol de las grandes corporaciones, aspecto que de ningún modo diluye la existencia de clases en los países capitalistas. De hecho, hacia fines de los años sesenta, Miliband ([1968] 1970:15) sostenía que el dominio de las grandes empresas en las economías capitalistas tendería a aumentar con los años, debido a que era la propia intervención del Estado la que directa o indirectamente tendería a acelerar dicho proceso. Esta reflexión se basa en la idea de que “la intervención, regulación y el control del Estado en la vida económica, por más importante que sea, no ha afectado a las actividades de las empresas capitalistas del modo como los teóricos poscapitalistas han dicho” (Miliband, 1968:12). Es precisamente en la alta concentración del poder económico privado y su influencia en el Estado, donde reside la importancia política de esta dinámica (Miliband, 1968:15).
A pesar de las importantes diferencias entre las reflexiones de Miliband y otros marxistas como Therborn, se observa una cierta continuidad, si se tiene en cuenta la siguiente afirmación de este último sobre el Estado: “En la actual fase del modo de producción capitalista, el gran capital monopolista disfruta de una posición naturalmente dominante a causa del grado de concentración del capital. En consecuencia, todo Estado que hoy potencie o mantenga las relaciones capitalistas de producción, potencia o mantiene esencialmente, ipso facto, el predominio del capital monopolista” (Therborn, 1998:189). De este modo, la expansión de los ingresos del Estado, en sí misma, no amenaza la reproducción del capitalismo y es por ello que el Estado se complementa con el capital privado (Therborn, 1998:200; Meiksins Wood, 2000). Miliband planteaba que el Estado, como componente esencial del sistema político utilizado por las clases dominantes para sus propios fines, es una institución orientada a “cumplir el mantenimiento de un orden social, orden, por supuesto, fundado en la dominación y explotación de clases” (Miliband, 1991:430-431).
En América Latina, en los casos que abordaremos en la segunda parte de este texto, se notará que a la par del Estado capitalista monopólico existía también una noción y una práctica de Estado diferente, en tanto se inclinaba de hecho a favorecer a las mayorías históricamente postergadas y ello implicó el enfrentamiento con parte de la elite local y extranjera, materializada en última instancia en la creciente militarización de la política y la sociedad.
Lo anterior se combina con las reflexiones de corrientes y escuelas teóricas que permiten analizar la situación particular de América Latina en tanto periferia, pero que a la vez poseen algunos puntos de articulación (que no pretenden desdibujar las posibles tensiones) con la idea de clase dominante de Miliband, como los aportes del neomarxismo impulsado por Baran y los trabajos de Sweezy, Baran y Sweezy, Sweezy y Magdoff, etc. De este modo, las concepciones de capital monopólico, extracción de excedentes y de expansión del capitalismo monopólico hacia la periferia constituyen las nociones clave que aparecerán a lo largo de esta investigación.
Así, buena parte del análisis retoma la perspectiva crítica latinoamericana —que en esta investigación incluye algunos trabajos elaborados en base al estructuralismo de la primera CEPAL, los estudios de la escuela de la dependencia y de sociólogos y economistas marxistas latinoamericanos— que cuestiona las visiones de la economía neoclásica y también (al igual que el neomarxismo) algunas de las premisas del marxismo-leninismo. Esto se debe a que las diversas investigaciones realizadas desde esta postura intentaron comprender las características específicas del capitalismo en la periferia.
