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- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La verdadera política de lucha contra incendios no solo persigue detectarlos y apagarlos de forma temprana, sino sobre todo evitar que se produzcan, recomienda mejorar los accesos, pistas y caminos forestales en mal estado, limpiar la cubierta vegetal sobre la que trascurren tendidos eléctricos o las quemas prescritas para poner barreras a la propagación del fuego.
Estafar a la aseguradora supone la rescisión inmediata de la póliza, perder el derecho a la indemnización y, en los casos más graves, enfrentarse a penas de cárcel
. Este tipo de estafa consiste en "realizar actos u omisiones conscientes que persiguen el engaño para obtener un beneficio económico de un tercero".Las aseguradoras destinan bastantes recursos a la investigación de estos casos, que les hacen ahorrar mucho dinero. A veces, los asegurados tratan de agravar los daños o lesiones corporales producidos en un accidente. La explicación del auge de este fraude se encuentra en que las
indemnizaciones
por esta causa son importantes. Y los ramos de seguro de vida y el de hogar tampoco se libran: en este apartado se intentan "colar" daños extra en los casos de un accidente eléctrico, si hay daños por agua o los derivados de un robo.
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Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Tabla de contenidos
Los daños del un incendio de un coche estacionado no los cubre el seguro obligatorio
Incendios en ropa y pelo:
No bajar la guardia:
Extreme las precauciones con el gas y la electricidad:
Qué hacer en caso de incendio:
0.1. Detectores de humo
Cómo actuar ante un incendio:
Causas e ignición:
Sustancias peligrosas que provocan incendios y explosiones
Cuáles son los peligros
Qué debería hacer el empleador
Puntos fundamentales que es preciso recordar
En un combustible líquido hay
Significado
Lista de las cinco clases
Ejemplos comunes
Clase miscelánea
Curiosidades:
QUEMADURAS
Diferenciar los tipos de quemaduras
ARSON
ARSON
Hay cosas que no cambian: cada día amanece, cada semana juega nuestro equipo de fútbol y cada otoño caen las hojas de los árboles y comienza la temporada de recogida de setas. Pero también ocurren otras cosas: cada semana las calles contemplan asombradas cómo algún pardillo es víctima de un timo más popular que la paella mixta. Sí, timos, porque aún hoy se dan, tantos años después de su edad de oro. Fueron los años sesenta y setenta, en los que la estafa de la estampita y el tocomocho formaban parte del acervo cultural, en grotesca manifestación de la picaresca que tanto predicamento tuvo en nuestro país (y retuvo: la sección de noticias lo confirma a diario), a modo de dique de contención de la modernidad. Lo cierto es que, con mayor o menor grado de elaboración en las artes del engaño, el objetivo de los timos y estafas casi siempre ha sido el mismo: engatusar y engañar a incautos que, en una situación propicia, no pueden reprimir el muy humano sueño de convertirse, de repente y sin esfuerzo, en una persona rica. Bien lo saben los promotores de loterías, quinielas, primitivas, cuponazos y otros sistemas de juego cuyo principal atractivo y gancho argumentativo es la enorme cuantía del premio, su capacidad de alterar -de golpe- la vida del afortunado, de cambiar los cotidianos problemas económicos por un futuro que destierra para siempre los números rojos a fin de mes: “efectivamente, hay pocas posibilidades, pero ¿y si toca?”
La demanda de servicios de investigación privada es cada vez más habitual ante las nuevas necesidades de empresas y particulares. El desconocimiento sobre la labor del investigador privado, o al menos su encasillamiento en determinados patrones, va atenuándose. La imagen del detective actual poco tiene que ver con la del hombre misterioso envuelto en una gabardina, que usa sombrero y esconde su rostro tras un periódico mientras finge estar leyendo. La idea holmesiana del investigador privado, heredada de los relatos de Conan Doyle, va quedando atrás.
Por otra parte, en la actualidad, las nuevas tecnologías, en constante evolución, brindan al detective una inestimable ayuda en su trabajo y le permiten alcanzar mejores y más rápidos resultados, a la vez que amplían sus horizontes y las características de la demanda de sus servicios.
A pesar de haber menguado este desconocimiento en la sociedad, el ciudadano de a pie no suele tener una idea clara sobre a qué se dedica exactamente. En consecuencia, los profesionales de la investigación privada se encuentran, en ocasiones, ante peticiones curiosas, cuando no extravagantes, por parte de clientes desorientados o, quizás, con ganas de broma. Algunos clientes los confunden con gestores de cobro a morosos.
Por amplio que sea el espectro de actuación, ni todo se puede investigar, ni todos los métodos son admisibles, ni tan siquiera cualquiera puede encargar investigar a otra persona. En primer lugar, la legislación vigente atribuye a las agencias la libertad de aceptar o no el encargo de una investigación. En este sentido, cuando un cliente llega al despacho de un detective privado o a una agencia para contratar un servicio, debe demostrar que tiene un vínculo con la persona a la que desea investigar, que su objetivo tiene una razón de ser y que ésta es legítima. De lo contrario, su petición sería denegada. Si alguien, por ejemplo, pretende que se investigue a un vecino sin una razón aparente o justificada, se le harán una serie de preguntas con las que averiguar su intención, porque muchas veces lo que se pretende es sacar algún trapo sucio para utilizarlo con objetivos no del todo lícitos. Este tipo de encargos están perseguidos por la ley.
En esta profesión, tal como subrayan los expertos, se pueden dar situaciones macabras y peligrosas. La agencia de investigación no es, obviamente, responsable, pero debe abstenerse de contribuir a ellas si las detecta desde un principio. Se han dado casos como el que detalla Cerceda sobre unos clientes que querían localizar a una persona con un fin que no estaba del todo claro. “Finalmente, tirando del hilo, descubrimos que pretendían secuestrarle para después pedir un rescate. “.
En lo que se refiere al límite al que se puede llegar en una investigación, la Ley es clara al respecto, y lo establece en el respeto al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen y al secreto de las comunicaciones. Es decir, se pueden, por ejemplo, obtener fotografías o colocar micrófonos en lugares públicos, pero jamás irrumpir en la esfera privada de quien es investigado o intervenir un teléfono. Esto último es algo muy demandado, sobre todo “pinchar el propio teléfono de casa para escuchar conversaciones de algún otro miembro de la familia. Es algo que se pide constantemente”.
Los detectives privados tampoco pueden investigar delitos perseguibles de oficio y están, además, obligados a alertar a las autoridades cuando descubren cualquier tipo de delito mientras realizan su trabajo, y facilitar a éstas toda la información que hayan obtenido al respecto.
Contratar los servicios de un detective o de una agencia de investigación privada no es barato. Con todo, hablar de unos precios medios para este tipo de prestaciones no es cosa fácil, ya que el presupuesto depende mucho de la política de la agencia a la que se acuda, de las características y dificultades que entrañe cada caso particular, y del material que el cliente desee obtener o los servicios adicionales con los que quiera contar.
Como norma general, cuando el cliente expone su caso, la agencia le asesora sobre lo que pueda necesitar y acuerda con él un presupuesto inicial por escrito. En este presupuesto se tienen en cuenta el tiempo por el que se contrata el servicio, las características del mismo y los materiales adicionales (fotografías, vídeos…) al consabido informe escrito donde se detallan las gestiones practicadas y los resultados obtenidos que el cliente desee que se le faciliten. Sin embargo, una investigación que en un principio parece sencilla puede complicarse durante su transcurso y alargarse si el cliente decide continuar con el consecuente incremento de la suma a abonar. Aunque no es la práctica habitual, hay agencias que trabajan con un presupuesto cerrado por caso, independientemente de lo que ésta finalmente llegue a durar.
La Asociación Profesional de Detectives Privados de España que a través de sus agencias asociadas agrupa a más del 75% de profesionales del país establece una lista de aranceles profesionales. En la práctica sufren modificaciones, dependiendo de la política de cada agencia. Según los aranceles prescritos por la APDP hace años, , la consulta en el despacho se cobraría a 70 euros cuando no se contrata ningún servicio. Los honorarios para los servicios de vigilancia y control de comportamientos en general, y los de búsquedas y localizaciones, rondan los 70 euros la hora. Estas tarifas se incrementarían en un 50% si se trabaja de noche o en días festivos. A esto habría que añadir, en su caso, los gastos derivados de desplazamientos, hospedajes y dietas, alquiler de vehículos o material gráfico (fotografías y vídeos), entre otros. Y por supuesto, el IVA. En los casos de investigaciones que entrañen una especial dificultad, es habitual que las partes acuerden otras tarifas de mutuo acuerdo.
El precio de otro tipo de prestaciones, como la elaboración de informes prelaborales, financieros (sobre solvencia, localización de bienes…), o de arrendamientos (duplicidad de domicilios, dedicación del inmueble…) se establece a partir de los 800 euros. El importe se incrementa hasta los 1.000 euros si se trata de informes personales. Servicios más sofisticados, como los relacionados con la seguridad electrónica, no bajan de los 1.500 euros. Se trata, en estos casos, de detectar escuchas clandestinas, ambientales o telefónicas, u otro tipo de dispositivos de observación y control. Es habitual que un detective acuda a un juicio para ratificarse o testificar, ya que sus informes son oficialmente considerados periciales y los propios investigadores privados, testigos, debido a su labor directa, en primera persona, a la hora de obtener los resultados y hacer la peritación. Hay que tener en cuenta que en el 90% de los casos, las pruebas de las investigaciones se presentan en un juicio. Los honorarios son, en este caso, de 180 euros por detective sin IVA.
Las anteriores no son más que tarifas orientativas que las agencias pueden tratar de mejorar para ofrecer opciones más competitivas, siendo ésta la práctica habitual. Por ejemplo, se puede ofertar un 2×1. Es habitual vender un servicio de investigación como si lo estuviera haciendo una persona, aunque en realidad la lleven a cabo dos, o realizar contraofertas que mejoren las condiciones de la competencia.
En el caso de clientes particulares, el pago de los servicios se hace, en su mayor parte, por adelantado. Se les pide una provisión de fondos inicial de entre el 50% y el 75% del total, según el caso. Esta práctica se explica por el creciente nivel de morosidad en nuestro país. En el caso de empresas, cuando los servicios prestados son más habituales y continuados, el funcionamiento es diferente. Se suele trabajar con convenios por los que la entidad contratante se compromete a abonar cada cierto tiempo (por ejemplo, a final de cada mes) las gestiones realizadas en ese período. Por lo tanto, como norma general, pagan a trabajo vencido.
Los fraudes en los seguros son las actividades ilícitas que llevan a cabo los asegurados para apropiarse de beneficios o indemnizaciones que no les corresponden. Por ejemplo, se han dado casos de intentos de fraude en los que el asegurado ha querido demostrar que el siniestro le ha causado más daños personales de los que realmente había sufrido. O casos en los que alguien quiere aprovechar un pequeño golpe con el coche para recibir una indemnización que le permita cambiar alguna pieza o pintarlo por completo.
Por el otro lado, también se han detectado casos de fraude por parte de mediadores de seguros o de sus familiares y conocidos, que aprovechan su condición de empleado del sector asegurador para obtener beneficios o justificar siniestros de un cliente.
En otras ocasiones, también se han demostrado la implicación de terceras personas o empresas que contribuyen a defraudar a la aseguradora, como despachos de abogados, talleres mecánicos o clínicas de salud que falsifican informes, facturas o mienten sobre sus intervenciones. Se trata de casos bastante comunes en los que la connivencia de empresas contribuye a crear una red de fraude que, generalmente, acaba por destaparse.
Caso real:
