Atlas de la Crisis E-Book

Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle

• Herausgeber: Tirant Lo Blanch
• Kategorie: Fachliteratur
• Sprache: Spanisch

Veröffentlichungsjahr: 2015

Beschreibung

La crisis se ha convertido en escenario inevitable para comprender los profundos cambios experimentados por la economía y la sociedad españolas en los últimos años, con evidentes repercusiones en el ámbito político. Pero la crisis tiene también una dimensión geográfica mucho menos conocida aunque no menos importante, pues se gestó en determinados territorios y su impacto ha resultado muy desigual según la vulnerabilidad mostrada por las diferentes regiones o ciudades. El libro analiza la gravedad de la crisis y el efecto provocado por las políticas de austeridad en las provincias y las ciudades españolas a partir de numerosos indicadores económicos, sociales, demográficos e inmobiliarios. Pero, sobre todo, identifica por qué algunos lugares han sido más vulnerables al promover modelos de crecimiento que se han demostrado insostenibles a largo plazo y propone algunas medidas para que instituciones públicas, empresas y ciudadanos impulsen la resiliencia de los territorios. Supone así una novedad en la bibliografía existente, tanto por la información que aporta como por la importancia concedida al mapa como herramienta para describir y entender mejor lo ocurrido.

Leseprobe

COMITÉ CIENTÍFICO de la editorial tirant humanidades

Manuel Asensi Pérez

Catedrático de Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada

Universitat de València

Ramón Cotarelo

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

Mª Teresa Echenique Elizondo

Catedrática de Lengua Española

Universitat de València

Juan Manuel Fernández Soria

Catedrático de Teoría e Historia de la Educación

Universitat de València

Pablo Oñate Rubalcaba

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración

Universitat de València

Joan Romero

Catedrático de Geografía Humana

Universitat de València

Juan José Tamayo

Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones

Universidad Carlos III de Madrid

Procedimiento de selección de originales, ver página web:

http://www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

ATLAS DE LA CRISIS

Impactos socioeconómicos y territorios vulnerables en España

Ricardo Méndez

Luis D. Abad

Carlos Echaves

Instituto de Economía, Geografía y Demografía CSIC

Valencia, 2015

Copyright ® 2015

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant Humanidades publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com (http://www.tirant.com).

Director de la colección

JOAN ROMERO GONZÁLEZ

Catedrático de Geografía Humana

Universitat de València

© RICARDO MÉNDEZ

LUIS D. ABAD

CARLOS ECHAVES

© tirant humanidades

edita: tirant humanidades

C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia

telfs.: 96/361 00 48 - 50

fax: [phone]

Email:[email protected]

http://www.tirant.com

Librería virtual: http://www.tirant.es

depósito legal: V-196-2015

isbn 978-84-16062-88-1

maqueta:Tink Factoría de Color

Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a:[email protected]. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea enwww.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresanuestroProcedimiento de quejas.

Introducción

Al escribir estas páginas se cumplen exactamente tres décadas desde que la por entonces recién creada Asamblea de Madrid organizó unas jornadas sobre la incidencia de la crisis en la región que dieron luego origen a un libro cuyo título, Metrópolis, territorio y crisis, resulta de plena actualidad. En ellas, Manuel Castells comenzaba su intervención afirmando: “No nos encontramos en estos momentos en una crisis económica, aunque parezca lo contrario. Nos encontramos ya en las políticas de tratamiento para la salida de la crisis económica… En general, ese tratamiento se está dando a partir de políticas de austeridad de tipo conservador… Estamos en la fase de tratamiento de la crisis a través de la reorganización del modelo de crecimiento económico” (Castells, 1985: 39-40).

Salvando la distancia entre ambas situaciones y las indudables diferencias en cuanto al origen y manifestaciones de la actual crisis, mencionar este texto treinta años después puede tener una doble utilidad. Primero, recordar el carácter cíclico con que la lógica inherente al desarrollo capitalista reproduce situaciones de ruptura en su trayectoria que acarrean siempre elevados costes, distribuidos de forma desigual entre actividades económicas, grupos sociales y territorios. También que, aunque en el imaginario colectivo y en buena parte de los estudios recientes sobre esta cuestión se alude de forma general a la persistencia de una situación de crisis, la especial gravedad con que la padecen los países de la periferia europea guarda relación directa con el tipo de respuesta dada a la crisis abierta en 2007-2008, de nuevo dominada por la imposición de políticas de austeridad de inspiración neoliberal y perfil conservador.

Resulta evidente que la sociedad española se ve directamente afectada por los impactos de una crisis que comenzó siendo financiera e inmobiliaria, difundió luego sus efectos al conjunto del sistema económico, para acabar siendo una crisis social y política de especial profundidad. La imposición de un régimen fiscal de austeridad a partir de 2010 no sólo provocó una segunda recesión de la economía y una posterior fase de estancamiento en la que aún estamos, sino que acentuó también la injusta distribución de sus impactos.

La vida cotidiana de los ciudadanos se ha visto, por tanto, afectada de diversas formas por las consecuencias de este doble proceso. En lo inmediato, con un estancamiento de la producción, el consumo y la inversión, la paralización de la actividad inmobiliaria y urbanizadora, junto a una intensa destrucción de empleo. A partir de ahí, con un deterioro de las condiciones de bienestar para buena parte de la población, que ve reducidos sus ingresos, precarizado su empleo y deteriorados algunos servicios públicos esenciales, debiendo enfrentarse a un sentimiento de incertidumbre e, incluso, de miedo al paro, a la pobreza o al desahucio. Todo ello provoca un creciente malestar que hace aflorar tensiones latentes, desprestigia las instituciones y alimenta una creciente movilización social, tanto para resistir y contestar las decisiones impuestas desde los poderes económicos y políticos como para densificar una gran variedad de redes sociales de colaboración en donde poner en marcha diferentes prácticas alternativas al sistema dominante.

Las múltiples dimensiones de la crisis y de esa austeridad mal entendida que hoy se impone permiten abordar su estudio desde múltiples perspectivas y animan a buscar indicadores también variados para aproximarnos a un mejor conocimiento de sus efectos. Entre esas dimensiones hay dos que consideramos relevantes y que, por esa razón, están en el origen de un estudio como el realizado y cuyos resultados se presentan en esta obra: la dimensión espacial y la temporal.

La última crisis capitalista hasta el momento hunde sus raíces en lo que puede identificarse con un proceso de globalización o mundialización regido por principios y prácticas neoliberales, que es fuente de numerosas contradicciones. Es bien sabido que la especial intensidad con que afectó a la economía española se debió a las debilidades de un modelo de crecimiento que se mostró incapaz de sostenerse, además de provocar elevados daños colaterales en los planos social o ambiental. Pero cuando se observa lo ocurrido desde una perspectiva geográfica, salta a la vista la existencia de notables diferencias en la gravedad de sus impactos, que incluso se acentúan cuando utilizamos la lente de aproximación y de las Comunidades Autónomas (NUTS-2 en la delimitación regional de la Unión Europea) descendemos a las provincias (NUTS-3) o las ciudades, e incluso a los barrios que las conforman, aunque esta última escala no se incluya entre nuestros objetivos.

Más allá de esa evidencia, en cierto modo banal, de que la crisis no es igual para todos —tampoco para los territorios—, lo verdaderamente relevante es constatar que esa desigual vulnerabilidad ante sus efectos está sometida a importantes regularidades espaciales, que se hacen visibles una y otra vez aunque los indicadores o la escala de análisis se modifiquen. Comprender por qué los territorios son tan desigualmente vulnerables y en qué medida eso puede relacionarse con herencias de un pasado lejano o, por el contrario, con decisiones y acciones próximas en el tiempo puede ayudar a delimitar responsabilidades sobre lo ocurrido y, a partir de ese aprendizaje, colaborar en la búsqueda de soluciones que eviten en lo posible repetir errores.

Pero ese componente espacial se entremezcla con otro temporal en una doble perspectiva. El estallido de la crisis provocó una brusca ruptura en la tendencia seguida por algunos indicadores y los relativos al mercado inmobiliario o el empleo se encuentran entre los más significativos, aunque el deseo de precisar la verdadera importancia de esa ruptura aconsejó ampliar el tiempo de observación al periodo inmediatamente anterior. Pero en otros casos su influencia sobre los comportamientos individuales y colectivos ha sido más lenta, al exigir un cambio en la percepción de la realidad previo a la decisión, y lo ocurrido con una movilidad migratoria que sólo al cabo de un lustro modifica la dirección de sus flujos puede resultar un buen ejemplo. Por esa razón, frente a algunos informes internacionales publicados con cierta urgencia tras desencadenarse la crisis y que ofrecieron diagnósticos inevitablemente coyunturales, sólo ahora parece haber transcurrido ya un periodo suficiente como para poder observar tendencias consistentes, que en bastantes casos matizan o modifican las interpretaciones iniciales.

A eso se añade la necesidad ya ineludible de distinguir lo que fueron impactos de la crisis financiera e inmobiliaria de aquellos otros provocados por las respuestas dadas a la misma desde las instituciones internacionales y los sucesivos gobiernos. Puede hablarse, por tanto, de una geografía de la crisis y una geografía de la austeridad, que aquí se trasladará al estudio conjunto de un proceso aparentemente continuo que se inició en 2007 y hemos analizado durante los siete años siguientes, pero diferenciando dos fases cuyos efectos sociales y territoriales son a menudo poco coincidentes.

Analizar, por tanto, los impactos de estos procesos en las regiones y las ciudades españolas mediante una revisión de múltiples indicadores estadísticos para alcanzar una imagen final de síntesis sobre su desigual vulnerabilidad resume el objetivo central de este texto y define lo esencial de sus contenidos. Pero a esa elección debió añadirse otra sobre la forma de hacerlo y la manera de representar los resultados obtenidos, lo que también obliga a una explicación complementaria.

Para realizar una aproximación a las consecuencias de la crisis sobre los diferentes territorios se decidió conceder especial protagonismo a un lenguaje como el cartográfico, que al igual que el verbal o el numérico tiene ciertas reglas, posibilidades y limitaciones. Un mapa es una imagen simplificada de la realidad y como tal tiene un valor descriptivo para obtener una imagen sintética de los cambios producidos desde el inicio de la crisis y las regularidades observadas en su distribución territorial. Pero un mapa bien realizado y con información relevante también suscita preguntas y sugiere respuestas sobre posibles causas de que la evolución de territorios próximos haya sido similar o, por el contrario, muy heterogénea según los casos. No obstante, a diferencia de determinados atlas temáticos donde el material gráfico se convierte en elemento casi exclusivo y corresponde al lector interpretarlo, en este caso tanto gráficos como mapas cuentan con un texto que pretende mostrar el significado de cada indicador, su evolución desde comienzos de siglo y el efecto provocado por la crisis, prestando particular atención a su desigual distribución, la posible asociación espacial con otros indicadores y las razones explicativas de ese comportamiento, aspecto esencial para avanzar en una interpretación crítica de lo ocurrido.

Todo mapa es también una representación gráfica altamente selectiva y por ello su elaboración exige múltiples elecciones que influyen sobre el resultado, por lo que debe someterse a ciertas reglas que limiten posibles sesgos que en casos extremos pueden suponer cierta manipulación. En esta obra, la evolución provincial de los indicadores analizados se representó en mapas de superficies o coropletas mediante gamas de color de diferente intensidad en función de la importancia del impacto, utilizando un color de base diferente para cada uno de los tres tipos de componentes investigados (inmobiliario, económico y sociodemográfico). El número de intervalos en que agrupar los datos correspondientes a las diferentes unidades espaciales osciló siempre entre cinco y seis, con valores de referencia relacionados con la distribución de la propia variable. En la comparación realizada entre las dos fases de la crisis, tanto esos intervalos como las gamas de color fueron idénticos en ambos subperiodos para posibilitar la comparación. Finalmente, en el caso de las ciudades todos estos criterios se mantuvieron, pero representando cada uno de los 363 municipios que superaban los 20.000 habitantes al inicio de la crisis mediante un círculo de tamaño también relacionado —al igual que el color— con la intensidad del impacto, para así reforzar la expresividad del mapa.

Con estos planteamientos respecto a contenido y forma, este atlas de la crisis se estructura en un total de ocho capítulos. Los dos primeros abordan una interpretación teórica voluntariamente breve sobre las diferentes causas que desencadenaron la crisis y las razones que pueden ayudarnos a entender la desigual permeabilidad de los territorios ante sus efectos, con una propuesta interpretativa sobre el concepto de vulnerabilidad territorial. Los capítulos tercero a quinto analizan hasta un total de quince indicadores para medir su impacto en las provincias españolas y las dos ciudades autónomas, agrupándolos en tres conjuntos sin duda interrelacionados pero con identidad propia: indicadores inmobiliarios, económicos y laborales, sociales y demográficos. La imposibilidad de disponer de información a escala local para todos ellos aconsejó analizar la diferente vulnerabilidad de las ciudades ante la crisis en el capítulo sexto, utilizando como base un total de ocho indicadores que también combinan esos tres tipos de componentes.

Pero la visión excesivamente fragmentada que ofrece un planteamiento tan analítico necesitaba complementarse con la síntesis planteada en el séptimo capítulo, donde se presenta un índice sintético de vulnerabilidad territorial —tanto a escala provincial como urbana— que, pese a su sencillez técnica, ofrece unos resultados altamente coherentes, permite descubrir una perspectiva de la crisis inédita hasta este momento y, a partir de ahí, sirve de base a una reflexión sobre las claves de las diferentes trayectorias seguidas en estos años y las decisiones que condujeron a incrementar la vulnerabilidad de ciertas áreas o que, por el contrario, han protegido a otras, al menos en términos comparativos. Para finalizar, el capítulo octavo plantea un resumen de las principales ideas que pueden extraerse de todo lo anterior, liberadas ya de cualquier referencia a valores numéricos, y finaliza con una reflexión crítica sobre un concepto hoy bastante utilizado pero controvertido como es el de resiliencia territorial, proponiendo para el debate colectivo algunas ideas relativas a estrategias de recuperación y superación de la crisis que rechazan la posibilidad de cualquier pretendido retorno a situaciones pasadas.

Publicar un libro como este supone contar con apoyos que lo hicieron posible. Por una parte, sus resultados se integran dentro de un proyecto de investigación del Plan Nacional de I+D+i, financiado por el Ministerio Economía y Competitividad titulado Efectos socioterritoriales de la crisis económica en las ciudades españolas: políticas públicas y estrategias de resiliencia (CSO 2012-36170), que cuenta también con otras publicaciones, algunas de ellas mencionadas a lo largo del texto, pues se trata de un proyecto colectivo en el que colaboran profesionales de diferentes universidades y centros de investigación. Pero una obra de estas características es deudora también de la buena acogida mostrada por la editorial Tirant lo Blanch y, en especial, por parte de Juan Romero, responsable de la colección Crónica, a quienes queremos expresar aquí nuestro agradecimiento.

Capítulo 1

LAS RAÍCES DE LA CRISIS

Hace ya más de un lustro que el sistema mundial se enfrentó a una profunda crisis que, iniciada en el sector financiero, se difundió con rapidez al conjunto de la actividad económica. La insolvencia de numerosas entidades financieras y su rescate por el sector público, la reducción del crecimiento económico hasta alcanzar valores interanuales negativos, el cierre de empresas, el aumento del desempleo, o el deterioro de las condiciones sociales resultaron sus efectos más visibles. En casos como el español, donde la liquidez en los mercados de capital se había traducido en un intenso proceso de endeudamiento que permitió alimentar un crecimiento inmobiliario de colosales dimensiones, las restricciones crediticias y el consiguiente hundimiento del mercado agravaron las consecuencias de ese final de ciclo.

A su vez, el elevado endeudamiento público derivado de la caída de ingresos y el aumento de los gastos que acarreó la recesión económica, junto a la aplicación de las viejas recetas neoliberales ahora rebautizadas con el eufemismo depolíticas de austeridad, agravaron los costes del proceso en la Unión Europea, donde la recuperación sigue siendo un objetivo incumplido y la desigualdad una realidad cada vez más evidente. Aunque la situación la afecta en su conjunto, se siente de forma especial en aquellos países periféricos donde los desequilibrios han resultado más acentuados, que redescubren el significado originario de ese calificativo, aplicado a territorios que padecen de nuevo una elevada dependencia externa.

La actual crisis, por tanto, va más allá de lo estrictamente económico para convertirse en una crisis social y política que Susan George (2010) llega a calificar decivilizatoria. Crece por ello la conciencia de que, frente a quienes la interpretan como un problema esencialmente financiero debido a ciertos errores y excesos cometidos, nos enfrentamos a una crisis de carácter sistémico, generadora de cambios profundos que incluyen una dimensión geográfica que merece ser investigada.

Antes de abordar ese aspecto, que constituye la aportación principal de esta obra, parece conveniente recordar algunas claves de lo que nos ocurre, abordadas desde una perspectiva crítica. Para lograrlo, en el primer apartado se propone una interpretación bastante esquemática sobre las causas de una crisis asociada en origen a la globalización neoliberal y a un proceso de financiarización progresivamente descontrolado, que sitúa en el centro del debate la función reguladora del Estado. Por su parte, en el segundo se analizan las políticas de austeridad, su significado, contenidos y efectos, para basar en esos dos pilares la reflexión geográfica posterior.

1.1. SOBRE LAS MÚLTIPLES CAUSAS DE UNA CRISIS SISTÉMICA

Las crisis constituyen acontecimientos recurrentes en la evolución del capitalismo cuya lógica es proclive a una sucesión cíclica de fases de sobreproducción, sobreinversión y sobreendeudamiento. Al mismo tiempo, las grandes crisis constituyen periodos de ruptura y cambio estructural en los que el agotamiento de un determinado modelo de acumulación pone en marcha todo un conjunto de transformaciones que incluyen nuevas formas de organización territorial acordes con las nuevas condiciones emergentes.

En este contexto, laGran Recesióniniciada en 2008 hundió sus raíces originarias en el descontrolado funcionamiento del sistema financiero internacional. Como es sabido, laburbujagenerada en el mercado hipotecario de Estados Unidos y determinados países europeos (Irlanda, Reino Unido, España…), el hundimiento de numerosas entidades financieras, la multiplicación de rescates por parte de los respectivos Estados, las restricciones del crédito y el incremento del déficit público, la consiguiente especulación con la deuda soberana de determinados países, etc., son hechos que sitúan al mundo de las finanzas —y suexuberancia irracionalya denunciada por Keynes— en el centro de atención de los expertos, los medios de comunicación y las respuestas políticas articuladas hasta ahora.

Pero el sistema mundial se enfrenta a una crisis más amplia, de dimensión verdaderamente sistémica, que años antes ya resultaba evidente ante las crecientes contradicciones de un proceso de globalización que genera fuertes desajustes y elevados costes, distribuidos de forma muy desigual. Sin ignorar que vivimos también “una crisis social, que destaca sobre el fondo de una crisis ecológica y geopolítica” (Askenazyet al., 2011: 10), aquí limitaremos la atención a aquellos aspectos más relacionados con los objetivos del texto.

Eso permite destacar, al menos, cuatro dimensiones complementarias: (a) se trata de una crisis de laeconomía financiarizadaque se ha impuesto en las últimas décadas, sometiendo a su lógica a la llamadaeconomía real; (b) esa tendencia es indisociable de unanueva división internacional del trabajoque, más allá del supuesto reequilibrio en los flujos que tejen la economía-mundo, es fuente de intensas contradicciones; (c) algunos países experimentaron también el estallido de unaburbuja inmobiliariaque fue una manifestación directa, en el plano de la economía productiva, del proceso de financiarización; (d) todo lo anterior aparece directamente vinculado al modo de regulación neoliberal, que está en el origen del proceso de crecimiento caótico del sistema financiero, pero que también ha sido la respuesta aplicada en la Unión Europea para enfrentar el endeudamiento, agravando así el efecto de la primera fase de la crisis con una segunda cuyo desenlace sigue siendo incierto.

a) Una crisis del capitalismo financiarizado

Tal como también ocurrió en los comienzos del pasado siglo, la evolución reciente del sistema financiero internacional no habría sido posible sin el proceso de desregulación iniciado hace más de tres décadas, al difundirse una ideología neoliberal que aprovechó el agotamiento del modelofordista-keynesianopara recuperar viejas recetas acordes con los intereses de ciertas élites económicas (Harvey, 2007). Promovida desde las principales instituciones económicas internacionales y aceptada por un creciente número de gobiernos, esa agenda definió una serie de criterios básicos para orientar las políticas económicas que, entre otros aspectos, favorecían una progresiva liberalización de todo tipo de mercados. Se incluía de forma explícita la libre circulación de capitales y de divisas sin apenas control de los bancos centrales, eliminando también las barreras a una mayor concentración oligopólica del capital, cuyo poder cuestiona a menudo el de muchos gobiernos y el propio significado de la democracia representativa.

Aunque existen formas de neoliberalizaciónvariopintas(Brenner, Peck y Theodore, 2010), pues en cada lugar el recetario ideológico tuvo que adaptarse al marco político e institucional existente, ese ambiente ha impregnado de forma progresiva la realidad y los discursos dominantes, sirviendo de soporte a un proceso que supuso una creciente hegemonía del capital y los mercados financieros. Los excedentes acumulados durante un largo periodo de crecimiento de la economía internacional que proporcionaron notable liquidez al sistema, el paralelo desarrollo de las tecnologías de información que permitieron la creación de un mercado continuo de ámbito global, junto a la aprobación de normas liberalizadoras que abrieron las fronteras a un capital progresivamente móvil y permitieron la proliferación deparaísos fiscales, se reforzaron mutuamente para alimentar el proceso.

Si el crecimiento registrado por la economía mundial desde comienzos del siglo actual y hasta 2008 permitió multiplicar el PIB hasta superar los 61 billones de dólares en 2008, las estimaciones sobre transacciones anuales en el mercado global de capitales llegaron a multiplicar hasta por setenta esa cifra, pese a la opacidad que caracteriza a una parte de esos flujos (Bellamy Foster y Magdoff, 2009). La imposición de una lógica financiera a buena parte de las actividades económicas, donde el poder se desplaza progresivamente de los empresarios a los inversores, alumbró uncapitalismo del corto plazopara el que la búsqueda del beneficio inmediato y la inestabilidad son esenciales. Se detrajeron así recursos de la economía productiva para invertirlos en el ámbito de las finanzas, en perjuicio de una lógica competitiva basada en la inversión y la rentabilidad en tiempos más largos, así como en trayectorias laborales más estables, capaces de permitir la acumulación de capital humano.

Buena parte del rápido crecimiento de esos flujos se basó en el desarrollo de unaingeniería financiera,a veces avalada por sofisticados modelos econométricos, que multiplicó la oferta de productos derivados, permitió titulizar la deuda —incluida la hipotecaria— y multiplicar así las consiguientes plusvalías obtenidas en las sucesivas compraventas, al tiempo que se distribuyeron y difundieron los riesgos hasta infectar a buena parte del sistema. A su vez, ganaron protagonismo y poder nuevos intermediarios financieros al margen de las entidades tradicionales, sometidos a una regulación aún menos exigente que éstas. Esa denominadabanca en la sombra, compuesta por fondos de inversión y de pensiones, fondos de cobertura, sociedades de cartera, compañías de seguros,hedge funds, etc. actuó con la colaboración de las agencias de calificación y de unos reguladores institucionales progresivamente ausentes, generando un creciente poder distribuido dentro de esa red de actores, al tiempo que aumentaba la dependencia de unos Estados y unas metrópolis que competían por atraer esecapital migrante(Derudderet al., 2011).

Como reflejo de la irracionalidad inherente a unos mercados de capital donde la sucesión demanías, pánicos y cracsse repite de forma periódica (Kindleberger y Aliber, 2012), las crisis financieras se han multiplicado en las dos últimas décadas, afectando en diferentes momentos a países asiáticos (Japón, Indonesia, Malasia, Filipinas…), latinoamericanos (México, Argentina, Brasil…), a Rusia y, finalmente, al conjunto del sistema mundial, con especial intensidad en Estados Unidos, la Unión Europea o Islandia (Krugman, 2009). En todos los casos, los excesos de los especuladores acabaron propagándose al conjunto de la economía y al empleo, afectando a la vida de los ciudadanos, de forma especialmente grave la de aquellos más frágiles. Si Judt (2010) afirmó que el capitalismo no regulado es el peor enemigo de sí mismo y acaba siendo presa de sus propios excesos, lo ocurrido en estos años parece una nueva demostración y ahonda el “derrumbe moral del capitalismo dirigido desde las finanzas” (Altvater, 2010: 135), que muestra una vez más de forma cruda sus contradicciones, especialmente sentidas ahora por los ciudadanos españoles.

b) Desequilibrios y costes de la nueva división internacional del trabajo

Pero la financiarización de numerosas economías también resulta indisociable de importantes cambios en la actividad productiva derivados del proceso de globalización. La suma de innovaciones tecnológicas y organizativas tuvo su reflejo en nuevas formas de producción flexible, con cadenas de valor segmentadas, así como en una progresiva deslocalización de actividades, productos o tareas hacia territorios con menores costes y controles (laborales, fiscales, ambientales…) o con mercados emergentes, lo que supuso un reforzamiento de la división espacial del trabajo. La competencia entre desiguales que impulsa laOrganización Mundial del Comercio(OMC) aceleró un desplazamiento masivo de la producción industrial hacia algunospaíses en desarrolloque, de representar el 16% del total mundial en 1990, duplicaron con creces esa proporción en poco más de dos décadas. Las grandes diferencias en costes y capacidad reivindicativa de los trabajadores, superiores en bastantes casos a las de productividad, junto a la progresiva eliminación de aranceles proteccionistas y unos precios relativamente bajos del transporte y la logística impulsaron un proceso que culminó con la entrada de China en la OMC y su conversión enfábrica del mundo.

La desindustrialización progresiva a que se han enfrentado muchos países y regiones con tradición manufacturera favoreció en ellos una hipertrofia de las finanzas, los servicios al consumo, el turismo y, en ocasiones, el sector inmobiliario como los nuevos fundamentos del crecimiento económico. Fueron, en cambio, minoría los gobiernos y territorios que propusieron una narrativa en donde la producción de bienes materiales apoyada en un esfuerzo de innovación siguió considerándose estratégica para construir una base económica diversificada y capaz de mejorar su productividad, generar demanda para los servicios a las empresas intensivos en conocimiento y mantener una posición de cierto equilibrio en los mercados internacionales, sin desajustar en exceso su balanza comercial.

En sus primeras etapas, ese desplazamiento afectó a manufacturas de escasa complejidad tecnológica, intensivas en mano de obra o materias primas, que producían bienes de escaso valor. Pero los nuevos países industriales, sobre todo asiáticos, han aumentado de forma constante sus exportaciones de bienes intensivos en capital y tecnología, a menudo desde fábricas ubicadas en ellos de empresas transnacionales o mixtas hacia las que se externalizan cada vez más tareas y productos, por lo que el proceso está lejos de haber alcanzado sus límites.

En una aproximación superficial, ese trasvase de actividad, riqueza y empleo hacia países emergentes podría valorarse positivamente en términos de reequilibrio y apertura de nuevas oportunidades para territorios tradicionalmente excluidos. Pero una mirada más atenta comprueba que los costes del proceso también resultan evidentes, pues la incorporación de unejército de reservade más de 1.500 millones de trabajadores al mercado global ha provocado un profundo desequilibrio en la relación entre trabajo y capital a favor de este último. Esta situación ha presionado a la baja sobre las condiciones laborales y los salarios existentes en los países con mayor calidad del empleo ante la amenaza de las deslocalizaciones, ampliando las fronteras de la precariedad y la dimensión del llamadomercado secundario de trabajo.

En ese sentido, los informes de laOrganización Internacional del Trabajo(OIT) también están lejos de mostrar que los beneficios para los trabajadores de los territorios emergentes sean demasiado evidentes, pues en uno de los últimos se afirma que “al despuntar 2012 el mundo se encuentra ante un grave problema de desempleo y déficits generalizados de trabajo decente” (OIT, 2012: 1). De su exhaustivo análisis destaca la permanencia de unos 1.520 millones detrabajadores vulnerables(bajos salarios, ausencia de derechos laborales, temporalidad o ausencia de contrato…), 140 millones más que en el año 2000 y casi la mitad del total empleado en lospaíses en desarrollo, de los que 900 millones son calificados comotrabajadores pobres, al no alcanzar con su trabajo un ingreso diario mínimo.

En resumen, tres décadas de deslocalizaciones han generado sin duda elevadas plusvalías, tanto para multitud de corporaciones transnacionales que trasladaron una parte de su actividad hacia esas áreas, como para empresas autóctonas que supieron aprovechar el nuevo contexto y reducir labrechatecnológica. Pero, a menudo, una de sus ventajas competitivas esenciales ha sido la pervivencia de una mano de obra sobreexplotada que aún convierte el objetivo de generalizar eltrabajo decenteen prioritario. La conciencia de que es necesaria unaglobalización en sus cabales(Rodrick, 2011) que ponga fin a los excesos del modelo actual gana adeptos, aunque siguen siendo poderosos los intereses favorables a mantener elstatu quo, que continúan dominando las instituciones económicas internacionales y dictando sus estrategias de acción. Lo mismo ocurre con la exigencia de que los Estados mantengan cierta capacidad para definir una política económica e industrial que también evite eldumpingsocial y ambiental que supone la inexistencia de barreras a la libre circulación de mercancías producidas a veces en condiciones de explotación, ausencia de derechos o destrucción de recursos naturales, consideradas inaceptables en los países de destino.

c) De la desregulación financiera a la explosión del desorden inmobiliario

La expansión de laburbuja financieraalimentó en algunos países otra paralela en el sector inmobiliario, tal como ha sido frecuente a lo largo de la historia contemporánea, que ha contemplado con demasiada frecuencia la estrecha interrelación existente entre ambos ciclos de negocios (Daher, 2013).

Al convertir la vivienda en un bien de inversión aparentemente seguro, con una revalorización rápida y financiada mediante préstamos hipotecarios con bajos tipos de interés, se atrajo hacia ella una proporción creciente de capitales especulativos y del ahorro familiar, elevando el endeudamiento privado hasta límites difícilmente soportables. En una primera fase, la oferta se dirigió, sobre todo, hacia los sectores más solventes de la demanda, pero la búsqueda por las entidades de crédito de clientes potenciales con menores recursos incrementó las hipotecas de riesgo que, al titulizarse y fragmentarse luego en los mercados financieros, aceleraron una espiral que estalló cuando el aumento de las tasas de interés de los préstamos y de los impagos inició un movimiento de sentido contrario.

Tal como se abordará con mayor precisión en el capítulo 3, en casos como el español —convertido en uno de los mejores ejemplos internacionales del proceso junto a Irlanda, el Reino Unido o algunas áreas de Estados Unidos— estas condiciones generales se combinaron con un importante apoyo público (Naredo, 2009). Primero, mediante la aprobación de unaLey del Suelo(1998) que convirtió buena parte del territorio enurbanizablesalvo protección explícita, cediendo un creciente protagonismo en su gestión a los agentes urbanizadores privados, apoyados a menudo por unos gobiernos locales que obtenían así buena parte de su financiación. Después, mediante un favorable tratamiento fiscal a la compra de vivienda, destinado a incentivar ese mercado. Por último, mediante grandes inversiones en infraestructura de transporte que mejoraron la accesibilidad de extensas áreas del territorio.

La urbanización acelerada y laartificializaciónde amplias superficies de suelo, componentes destacados de esaexplosión del desordenque ya anunció Fernández Durán (1993) hace ahora dos décadas, se convirtió así en una fuente aparentemente inagotable de acumulación de capital, pese a su insostenibilidad económica, social y ambiental a medio plazo. La destrucción de patrimonio edificado, de paisajes urbanos y entornos naturales, junto a un fuerte incremento de la movilidad forzada fueron algunos de sus costes. Por esa razón, además de un cambio en el modelo productivo, superar esta crisis exigirá también, “una nueva cultura del territorio y de la ordenación del territorio, es decir, creencias y valores que se traduzcan en actitudes, competencias y prácticas cotidianas por parte de la población en general y de los miembros de las comunidades científica, técnica y política con intervención directa en la ordenación del territorio, así como, sobre todo, por parte de los principalesstakeholders” (Ferrão, 2011: 115).

1.2. RESPUESTAS NEOLIBERALES A LA CRISIS DEL NEOLIBERALISMO: LOS COSTES DE UNA ERA DE AUSTERIDAD

La explosión de la crisis financiera internacional en 2008, que difundió el pánico y paralizó temporalmente los mercados de capitales, obligó a que los gobiernos de numerosos países e instituciones internacionales como el G-20 o el Fondo Monetario Internacional tuvieran que enfrentarse a la nueva situación. Tras muchas declaraciones oficiales sobre la necesidad de reordenar las finanzas mundiales, refundar el capitalismo o apoyar estímulos fiscales para recuperar el crecimiento y el empleo, reflejadas apenas en modestas políticas neokeynesianas de aumento del gasto público en servicios e infraestructuras principalmente, la tímida recuperación que se apuntaba en 2010 se vio bruscamente frenada desde mediados de ese año en el ámbito de la Unión Europea.

El rápido aumento del endeudamiento público como resultado de la caída de ingresos fiscales que produjo la recesión económica, los rescates con dinero público de las entidades financieras o la creciente demanda de servicios asistenciales, pretendió justificar como respuesta la aplicación de una política de austeridad y disciplina fiscal destinada a reducir el déficit público como objetivo prioritario. Dos décadas después de presentarse oficialmente el documento conocido comoConsenso de Washington, el Consejo Europeo celebrado en mayo de 2010 aprobó un giro radical a la política económica de la Unión Europea que supuso la aplicación de unacontrarreforma neoliberaldestinada a enfrentar el problema de la especulación con las deudas soberanas de determinados miembros y sus dificultades de financiación.

Ese conjunto de medidas fueron impuestas con especial rigor a aquellos países periféricos más endeudados que necesitaron acudir a un rescate financiero total o parcial (Grecia, Irlanda, Portugal, España, Chipre), sometidos desde ese momento a la supervisión de laTroika(Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional), lo que equivale en la práctica a verse intervenidos y con una soberanía limitada. Se inauguró así una segunda fase en la evolución de la crisis, de perfiles incluso más agudos, que difundió sus negativos efectos a nuevas actividades, colectivos y territorios, tal como sus sociedades han podido comprobar desde ese momento. Por esa razón, antes de analizar sus consecuencias en los diferentes indicadores analizados y su particular geografía, conviene recordar de forma breve lo esencial del discurso justificativo sobre la austeridad, las principales medidas en que se tradujo y algunas de las consecuencias derivadas.

a) Cuando despertamos, el neoliberalismo seguía allí: claves de un discurso justificativo

Con permiso de Augusto Monterroso, el título elegido para este apartado pretende recordar la larga pervivencia de una teoría económica y una ideología política que, a despecho de sus más que discutibles resultados a lo largo de más de tres décadas y su responsabilidad en la progresiva desregulación de los mercados financieros e inmobiliarios que condujeron a esta nueva crisis, aún goza de buena salud entre las élites dirigentes, mostrándose así como unproyecto de clase(Harvey, 2007). Pese a los excesos que apadrina esefundamentalismo de mercadoy que fueron bastante reconocidos en los primeros momentos de la crisis, su práctica sigue siendo hegemónica aunque adaptada a los nuevos tiempos. De este modo, autores como Rolnick (2013) hablan de unneoliberalismo tardíoque acepta la injerencia estatal en los rescates a la banca al tiempo que promueve en Europa una nueva oleada de desregulaciones bajo el eufemismo de lasreformas estructurales.

El discurso que sustenta todo este andamiaje parte de los insostenibles niveles de endeudamiento público y/o privado derivados de un exceso de gasto a veces calificado de despilfarro, un creciente desequilibrio del saldo exterior por la escasa competitividad de las empresas y los elevados costes fiscales o laborales, junto a un sector público ineficiente que reduce la confianza de los mercados. A partir de ese diagnóstico simplista, que evita afrontar las raíces de algunos de esos problemas vinculados al modelo de globalización imperante, los principios en que se propone sustentar la superación de la crisis recurren al conocido recetario neoliberal, aquí sintetizado en cuatro componentes esenciales, que incluye tanto medidas de choque para solucionar a corto plazo problemas de especial urgencia como otras de carácter estructural, destinadas a transformar el marco regulatorio y, en definitiva, las relaciones de poder a medio y largo plazo (Álvarez, Luengo y Uxó, 2013: 194).

En el plano interno, la consolidación fiscal se establece como prioridad para recuperar credibilidad en los mercados financieros a costa de una contracción del gasto público en general y del gasto social en particular, con sus efectos directos sobre la destrucción de empleo público, junto a otros indirectos en forma de caída del consumo que reduce empleo en el sector privado. Como contrapartida a esa aceptación de la austeridad fiscal, la creación de unFondo Europeo de Estabilidad Financieray, desde julio de 2012, unMecanismo Europeo de Estabilidadpara rescatar a economías en riesgo a cambio de la imposición de planes de ajuste y la aprobación periódica de sus programas de reformas.

En el plano exterior, se promueve la mejora de la balanza de pagos mediante unadevaluación internadestinada a reducir costes para las empresas (salariales, fiscales…) como vía para aumentar su competitividad. Ese argumento, que en su día se utilizó para impulsar el modelo exportador en economías muy distintas a las europeas, se mantiene ahora pese a las evidencias de que ese abaratamiento no se traduce necesariamente en los precios sino en aumentos de los beneficios empresariales, o la alternativa que supone mejorar la competitividad mediante un mayor esfuerzo en innovación y formación de los recursos humanos, junto a una mejora de la calidad y diferenciación de los productos.

En tercer lugar, se aborda una reestructuración del sector financiero y una inyección de capital para sanear unos balances lastrados por los créditos al sector inmobiliario que en bastantes casos se entienden comoactivos tóxicosde dudoso cobro, con la creación incluso de entidades como laSociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios Procedentes de la Reestructuración Bancaria(SAREB), destinada a adquirir esos inmuebles y gestionar su salida al mercado. Eso conlleva la consiguiente socialización de pérdidas y la eliminación de aquellas entidades menos solventes, lo que favorece un proceso de mayor concentración del capital.

Finalmente, pero de especial importancia por sus impactos sociales y territoriales, se impulsa una mayor desregulación aún de los mercados —en especial el de trabajo— para superar sus supuestasrigideces institucionales, lo que supone debilitar los sistemas de negociación colectiva, la protección frente al despido improcedente, el salario mínimo, etc. A eso se acompaña una mayor privatización de infraestructuras (puertos, ferrocarriles, aeropuertos, abastecimiento de agua, energía…) y servicios públicos (sanitarios, educativos, asistenciales…) para superar sus supuestas ineficiencias y reducir el gasto.

b) Algunas consecuencias socioeconómicas y territoriales de la austeridad

El proceso de construcción europea debió trabajar sobre una región caracterizada por fuertes desequilibrios internos entre sus diferentes países, herencia de una larga trayectoria histórica en la que el núcleo central de Europa consolidó unas estructuras económicas y sociales bastante diferentes a las de la Europa periférica.

Los países del centro, en torno al Mar del Norte, constituyeron el núcleo originario de la revolución industrial y mantuvieron desde entonces una elevada capacidad competitiva basada en un desarrollo tecnológico acelerado, una destacada presencia de servicios intensivos en conocimiento y capital humano altamente cualificado, lo que les permitió mantener una posición exportadora, tanto de bienes y servicios como de capitales. Por el contrario, los países periféricos —en especial los del sur— conocieron una industrialización más tardía, débil y dependiente, con unos recursos humanos menos cualificados, mayor presencia relativa de servicios al consumo de baja productividad que aún crecieron con la expansión del turismo, junto a unos excedentes laborales que de forma periódica buscaron la emigración como vía de salida. El proceso de integración, con la apertura de mercados, la moneda única y la libre circulación de capitales, vino a reforzar las interrelaciones pero también los contrastes, sin que las inversiones de las empresas del centro o los recursos destinados por la política comunitaria al reequilibrio territorial aportaran otra cosa que un trasvase de capital del centro a la periferia, pero sin afectar su estructura productiva de forma significativa, mientras se acentuaba la desindustrialización.

Ese proceso ha supuesto para las economías centrales europeas “abrir y consolidar un amplio mercado para sus empresas, obteniendo de este modo grandes economías de escala” y, al tiempo, “aumentar su capacidad de ahorro y de préstamo, lo que sitúa a estos países y a sus bancos en posiciones acreedoras”. Algo muy distinto ocurrió con las economías periféricas, pues “la debilidad de sus especializaciones productivas se ha traducido en abultados déficit comerciales, lo que las ha colocado en posiciones deudoras, necesitadas por lo tanto de financiación externa para mantener sus niveles de producción o ingreso” (Luengo, 2013: 43). Esa desigual capacidad para beneficiarse del mercado único, junto al creciente endeudamiento de los países periféricos, hizo notar sus efectos desde el inicio de la crisis al poner en evidencia los desequilibrios acumulados. Pero la situación se agravó considerablemente tras la imposición de unas medidas de ajuste destinadas a reequilibrar sus estructuras económicas y asegurar el pago de la deuda a los inversores institucionales y las entidades acreedoras.

Esa reconfiguración del mapa europeo, que acentúa de forma intensa sus desigualdades internas y pone en cuestión el principio de cohesión territorial que la retórica oficial sigue manteniendo, se hace evidente con sólo considerar la evolución seguida por dos indicadores de uso tan frecuente como el producto interior bruto (PIB) y la tasa de paro desde comienzos de siglo. Para simplificar un análisis que tan sólo pretende apoyar este argumento con alguna evidencia empírica, la comparación se limitó a tres países de la periferia sur (España, Portugal, Grecia) y otros tres del núcleo central europeo (Alemania, Francia, Reino Unido) respecto al promedio de los 28 países de la actual Unión Europea.

Por lo que se refiere al PIB (Figura 1.2.1), en los inicios del siglo actual Europa ya experimentaba bajas tasas de crecimiento (1,3% en 2002), pero los valores algo más elevados de países como Grecia (3,4%) o España (2,7%), que contrastaban con el nulo crecimiento de Alemania o el muy escaso de Francia (0,9%) parecían apuntar hacia cierta convergencia. Esas tasas interanuales se fueron aproximando hasta situarse en torno al 3% en 2007 y también resultó común su desplome en 2008-2009 como resultado de la crisis financiera internacional. Pero fue a partir de 2010 cuando la nueva manifestación de las relaciones disimétricas entre países centrales y periféricos se hizo patente, con trayectorias de sentido muy distinto. De este modo, frente al estancamiento que padece el conjunto de la Unión Europea en 2013 (crecimiento del 0,1%), las pérdidas registradas en Grecia (-3,9%), Portugal (-1,4%) y España (-1,2%) contrastan con la evolución positiva del Reino Unido (1,7%), Alemania (0,4%) y Francia (0,2%), aunque todos ellos bastante por debajo de Estados Unidos (2,2%), que no apostó por la austeridad fiscal estricta como remedio a la crisis y mantiene un nivel de gasto y de inversión pública bastante superior.

Más agudas, si cabe, han sido las diferencias registradas en la evolución de las tasas de paro (Figura 1.2.2). Ya en el año 2002 las que registraban España (11,5%) o Grecia (10,3%) duplicaban las del Reino Unido (5,1%), pero el crecimiento de los países del sur en los años siguientes aproximó las tasas de todos ellos a valores en torno al 7%, que era el promedio de la Unión Europea en 2007 y 2008. Lo ocurrido desde entonces y, sobre todo, desde 2010 vuelve a poner en evidencia la nueva jerarquización del espacio europeo, pues las tasas de paro de Grecia (27,5%) y España (26,1%) en 2013 quintuplican las de Alemania (5,3%), mientras la de Portugal (16,4%) la triplica. Eso convierte el 10,8% de la Unión Europea en simple promedio estadístico ajeno a esa creciente dualización interna que, junto a otras debilidades institucionales y a la falta de una política exterior común, pone en riesgo el futuro del proyecto europeo.

Si al creciente alejamiento de estos valores cuantitativos se añaden las diferencias cualitativas que provoca el recorte que en los países intervenidos padece la inversión pública en materias como la investigación y el desarrollo tecnológico (I+D), la innovación o la educación, el sur de Europa parece asemejarse progresivamente a esabalsa de piedraque se aleja del resto del continente, utilizando la metáfora que Saramago aplicó en su día a la península Ibérica.

Pero si la fractura territorial es una primera consecuencia de esa peculiar forma de austeridad, la fractura social no le va a la zaga. En una Europa “que fue capaz de construir un Estado de Bienestar que garantiza derechos básicos de ciudadanía como en ninguna otra parte”, el progresivodesvanecimientode esa Europa social supone un proceso regresivo que amenaza buena parte de esas conquistas (Romero, 2013). Se trata de una tendencia de largo plazo, que comenzó ya a dibujarse con la deriva neoliberal hace ahora tres décadas y tuvo su reflejo en el Tratado de Maastricht, para acentuar su presencia tras el inicio de la actual crisis. Pero en los cuatro últimos años se ha convertido en protagonista indiscutible de ese pacto por la estabilidad macroeconómica que promueven las instituciones europeas y que prioriza la reducción del déficit a costa de extender los recortes sociales.

Tal como afirma Fontana (2013: 66), “la finalidad de la austeridad es la de aprovechar la crisis, no la de resolverla”, ampliando la distancia entreganadoresyperdedoresal abandonarse de forma progresiva la función redistribuidora del Estado keynesiano con el argumento del equilibrio en las cuentas públicas y en perjuicio de los sectores sociales más vulnerables. De este modo, en el interior de países periféricos como el nuestro los planes de ajuste han acentuado una espiral recesiva marcada por la caída de la actividad económica, la reducción del consumo y el aumento del desempleo, al tiempo que la reducción del gasto social amplía el número de los excluidos, transfiere funciones asistenciales antes asumidas por el Estado a las familias —en especial a las mujeres— y se precariza aún más el empleo existente mediante sucesivas reformas laborales destinadas a eliminar derechos de los trabajadores. En resumen, puede decirse que si la aplicación de la agenda neoliberal está en el origen de muchos de los desequilibrios que desencadenaron la crisis, la solución aplicada en este caso para combatir la enfermedad ha sido aumentar la dosis y, de paso, erosionar las instituciones que aseguraban para la gran mayoría cierto grado de bienestar, sustituido por otro de malestar generalizado (Bosch, 2012).

Al mismo tiempo, los efectos de estas políticas de austeridad sobre regiones y ciudades de estos países son ya visibles de modo directo, pero también muy diverso, lo que permite hablar de una segunda fase al considerar los impactos territoriales de la crisis. En primer lugar, mediante la destrucción de empleo público directo, de especial importancia relativa en aquellos territorios con menor dinamismo económico y ciudades con una mayor dotación de servicios educativos, sanitarios, asistenciales o administrativos, donde ejercieron tradicionalmente efectos multiplicadores sobre su entorno. Al mismo tiempo, los recursos públicos transferidos y las inversiones en equipamientos o infraestructuras fueron durante décadas un mecanismo de solidaridad territorial que, pese a sus imperfecciones, cumplía una función de cohesión que ahora se debilita en perjuicio de los territorios más frágiles. Por último, la reducción del gasto sirve también de argumento justificativo para una recentralización del Estado que reduce competencias y recursos para los gobiernos de proximidad, poniendo en cuestión su capacidad para seguir ejerciendo como actores destacados en las estrategias de desarrollo local, particularmente en aquellas áreas donde la iniciativa privada resulta más débil.

Afirmar, por tanto, el desigual impacto territorial de la crisis parece una conclusión evidente y hasta cierto punto banal. Pero interpretar las claves de esas diferencias con objeto de comprender la desigual capacidad de resistencia de unos y otros tiene mayor utilidad y es un ámbito donde la perspectiva geográfica puede aportar reflexiones y resultados útiles en el diagnóstico y la propuesta de estrategias para la recuperación.

Figura 1.2.1. Evolución interanual del PIB en países de la UE, 2002-2013 (%)

Fuente: Eurostat.

Figura 1.2.2. Evolución interanual de la tasa de paro en países de la UE, 2002-2013 (%)

Fuente: Eurostat.

Capítulo 2

TERRITORIOS EN LA CRISIS: UNA DIMENSIÓN IGNORADA

Las crisis que de forma cíclica sacuden los cimientos del sistema capitalista tienen unas repercusiones económicas, sociales o políticas muy evidentes, que suelen ser objeto de numerosos análisis, interpretaciones y debates. Pese a que todas ellas se gestaron en determinados lugares o concentraron sus efectos más negativos en países y regiones concretos, la dimensión territorial de las crisis resulta a menudo ignorada. Tal como afirma Ferrão (2013: 245), esa perspectiva geográfica “tiende a oscilar entre la invisibilidad e interpretaciones excesivamente simplificadas” y eso mismo puede afirmarse respecto a las publicaciones sobre la crisis española de los últimos años.

Es conocida la profundidad e intensidad de un proceso que interrumpió de forma brusca la trayectoria de crecimiento seguida durante más de una década, multiplicó con rapidez el desempleo, paralizó la actividad inmobiliaria, provocó el rescate de numerosas entidades financieras y frenó el consumo de la población. También el posterior efecto recesivo derivado de la imposición de medidas de austeridad fiscal y sucesivasreformas estructuralesde inspiración neoliberal que debilitaron la acción del Estado en materia de protección social, precarizaron el empleo y facilitaron la polarización de una sociedad enfrentada a desigualdades crecientes. Lo que pretende destacarse ahora es que el impacto de esos procesos está lejos de presentar una distribución territorial homogénea, mostrando por el contrario una selectividad generadora de nuevas asimetrías que se superponen a las preexistentes.

Por esa razón, dibujar el mapa de la crisis y describir los principales contrastes observables a diferentes escalas mediante la utilización de múltiples indicadores resulta un objetivo útil para conocer mejor una realidad que condiciona el presente y el inmediato futuro de la sociedad española. Pero sin duda tiene mayor interés comprender las razones de esa desigualdad y revisar de forma crítica aquellos modelos de crecimiento que se han demostrado particularmente insostenibles a medio plazo y hoy provocan situaciones de especial gravedad en determinadas regiones y ciudades.

Para avanzar en esa dirección se comenzará recordando las claves que explican la heterogénea respuesta de los territorios ante rupturas en su trayectoria como las que suponen las crisis capitalistas. A continuación se abordarán los posibles factores que permiten entender esa diferente capacidad de resistencia de unos y otros, para lo que resulta útil el concepto devulnerabilidad territorial. Se finalizará con una referencia a los distintos tipos de indicadores estadísticos disponibles con información espacialmente desagregada, a utilizar en los siguientes capítulos.

2.1. CRISIS CAPITALISTAS Y NUEVA SOLUCIÓN ESPACIAL

Vivimos un periodo en que la progresiva mundialización de numerosos procesos y la conexión a multitud de redes que permiten la comunicación entre personas y lugares de forma instantánea favorecen una creciente integración que algunos han entendido como homogeneización en cuanto que, como afirma Santos (2000), provoca una convergencia espacio-temporal posibilitada por el desarrollo técnico, junto al sometimiento a una lógica de funcionamiento unificada para el sistema mundial. En palabras de Hardt y Negri (2011: 9), “uno de los principales efectos de la globalización es la creación de un mundo común que, para bien o para mal, todos compartimos, un mundo que no tieneafuera”.

Desde esa perspectiva, los diversos procesos interrelacionados que están en el origen de la actual crisis, así como sus principales consecuencias e incertidumbres de futuro asociadas, afectan de uno u otro modo a todos los territorios. Tal vez sea esa la razón por la que en las respuestas que han predominado en los últimos años, según señala Cohen (2012: 40), “los países industrializados actúan como si subestimaran las dimensiones urbanas y territoriales de sus economías”. Ahora bien, cualquier observación atenta de los procesos en curso permite comprobar que el impacto de la crisis ha sido muy variable en su intensidad y sus manifestaciones no sólo según países, sino también en el interior de un mismo país, una misma región, un sistema urbano y hasta dentro de una misma ciudad.

Así, mientras algunos territorios se muestran particularmente frágiles y padecen sus consecuencias con mayor intensidad, otros parecen dotados de mayor resistencia y sus indicadores de desarrollo socioeconómico se han visto mucho menos afectados, por lo que las cifras que a menudo se manejan para evidenciar los estragos de la crisis no son sino simples promedios con variaciones a veces muy importantes entre sus extremos. Al mismo tiempo, algunos lugares parecen adaptarse mejor a la nueva situación, renovarse y recuperarse en un tiempo más o menos breve, en tanto otros inician un periodo de deterioro o declive prolongado, sin encontrar alternativas para superar tal situación. Por último, mientras las sociedades y gobiernos de ciertos territorios se muestran incapaces de generar medidas que no sean tan sólo reactivas, por lo que cifran sus esperanzas en la ayuda externa, otros logran articular respuestas ciudadanas y/o institucionales para poner en marcha nuevas estrategias y políticas de carácter proactivo que hagan frente a los retos actuales, aunque sus resultados no sean visibles de inmediato o se enfrenten a importantes dificultades para consolidarse.

En consecuencia, del mismo modo que cada fase de desarrollo capitalista se identifica con el predominio de ciertas formas de organización territorial que Harvey (2004) identificó como unasolución espacialcoherente con el régimen de acumulación y el modo de regulación imperantes, todas las grandes crisis del sistema agudizan los procesos deacumulación por desposesión(Harvey, 2012), en los que se multiplica el número de los que pierden su empleo, su vivienda, ven caer el valor de sus activos e hipotecado su futuro. Pero, en paralelo, también provocan la aparición de una nueva generación de países, regiones y ciudades en declive frente a otros que mantienen una trayectoria más estable e, incluso, un tercer grupo de territorios emergentes, que ven mejorar sus condiciones por su mayor adecuación al nuevo contexto. Puede así reivindicarse la existencia de múltiplesgeografías localesde una crisis que tiene dimensión global y resulta omnipresente en la realidad española de los últimos años, pero que muestra intensidades y manifestaciones diversas, unas veces complementarias y otras contradictorias. Eso la convierte en un buen ejemplo deglocalización(Martin, 2011: 592), en tanto unshockmacroeconómico de ámbito global es capaz de transmitir sus efectos de manera tan contrastada según lugares.

El objetivo central de los estudios que en los últimos años abordan la pregunta de por qué existe una específica geografía de la crisis es identificar claves para descubrir posibles pautas de ese desigual comportamiento. Puede afirmarse que el discurso institucional predominante ha fijado su atención en las características propias de cada territorio, concediendo especial importancia a aspectos como el tipo de especialización o el grado de diversificación económica, su dotación en capital humano y cognitivo, o su esfuerzo innovador (Milio dir., 2014).

No puede negarse la incidencia que factores como estos pueden haber tenido sobre la evolución concreta de regiones o ciudades tras desencadenarse la crisis económica. Pero fijar tan sólo la atención en un plano de análisis específico supone un sesgo interpretativo que ignora los contextos en que se producen esas respuestas locales. Por esa razón, para dar pleno sentido a esas tendencias que parecen estar profundizando los procesos de desarrollo geográfico desigual, aquí se propone una interpretación multiescalar algo más compleja, capaz de combinar la influencia que tanto factores externos como internos a cada territorio tienen sobre sus dinámicas concretas en un momento determinado. Esas dinámicas, también visibles en momentos de ruptura como son las crisis, pueden interpretarse a partir de la identificación de tres planos de análisis complementarios e interdependientes (Figura 2.1.1). La transescalaridad inherente a la globalización capitalista (Jessop, Brenner y Jones, 2008), con flujos múltiples —tanto verticales como horizontales— que atraviesan los territorios, no impide distinguir con fines expositivos la influencia de actores que operan de forma habitual en escalas diferenciadas, cuyos intereses y estrategias de acción convergen en ámbitos espacio-temporales concretos.

Figura 2.1.1. Una interpretación multiescalar del desigual impacto territorial de la crisis

Fuente: Elaboración propia.