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- Herausgeber: Cangrejo Editores
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Un análisis implacable del estado en que se encuentra Colombia cinco años después de la firma del «proceso de paz» entre las FARC y el presidente JM Santos, pacto que la ciudadanía rechazó en el referendo de 2016. Los artículos aquí recopilados examinan las amenazas que penden sobre el régimen democrático-republicano, en vísperas de una crucial elección presidencial en 2022. Estos textos, que exploran con rigor e independencia lo que ocurre hoy, no hacen parte del pasado y juzgan, por el contrario, ciertos eventos de la vida internacional que impactan la realidad colombiana.
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Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2021
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Mackenzie, Eduardo
Colombia : el terror nunca fue romántico / Eduardo Mackenzie. -- 1a ed. -- Bogotá : Cangrejo Editores ; Buenos Aires : Ediciones Gato Azul, 2021.
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PRIMERA EDICIÓN: AGOSTO 2021
© Eduardo Mackenzie
© Cangrejo Editores, 2021
Transversal 93 núm. 63-76 Int. 16, Bogotá, D.C., Colombia
Telefax: (571) 276 6440 - 541 0592
www.cangrejoeditores.com
© Ediciones Gato Azul, 2021
Buenos Aires, Argentina
ISBN: 978-958-5532-35-9
DIRECCIÓN EDITORIAL:
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PRODUCCIÓN EDITORIAL:
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Diseño epub:
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CONTENIDO
Prefacio
Impostura: las Farc piden a gobernadores y alcaldes satisfacer sus exigencias
¿Colombia debe volver a la seguridad democrática?
Claudia lópez pretende exponer grupos de civiles a la violencia de los vándalos
¿A quién le sirve Claudia López?
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Colombia: saludable repudio a la injerencia abusiva de la ONU
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¿El «derecho a la protesta» es una herramienta subversiva?
¿Cómo luchar por la abolición de la JEP?
Los mamertos quieren sepultar la verdad sobre las Farc
Mis críticas al texto de Pedro Aja Castaño sobre coronavirus y el Evento 201
Antiamericanismo y complotismo
Lo que hay detrás de la frase «apagar la economía»
Colombia: la subversión llama a abandonar la lucha contra el Covid-19
Lucha humanitaria y resistencia contra el Covid-19
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Colombia: ¿espías v/s periodistas?
La JEP quiere echarle mano a la memoria histórica
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Francia en medio de la pandemia de la Covid-19
El caso Burchett
¿Uribe sospechoso de espionaje?
La denuncia anónima en el derecho francés
Novedad: los archivos del CNMH son consultables por teléfono y computador
Matanza en el Centro Andino: ¿también terminará impune?
¿Quién mueve los hilos de la detención de los investigadores de la SIJIN?
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Sobre la detención domiciliaria dictada contra el expresidente Uribe
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El desafío del marxismo
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Proteger la constitución: lo que falta en Colombia
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Una nueva guerrilla urbana golpea a Colombia
No a la «transformación» de la Policía Nacional
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Petro y su bastón de mando
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No, esta elección no es un referendo pro o anti Trump
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Proceso o espejismo de paz
No es un proceso de paz
La JEP reivindica ser el máximo tribunal de la justicia de Colombia
Colombia debe ganar la guerra de la memoria
Una siniestra condecoración
Un Black Lives Matter hace de las suyas en Cartagena
Los ataques intempestivos de un presidente
Sobre la epidemia del coronavirus en europa
El mendigo de las vacunas
El candor de Duque está matando a Colombia
¿Colombia Humana? No. Colombia bestial
¿Bloqueos ilegales? No. Ahora son «espacios de discusión»
¿Le cambiarán el nombre a Colombia?
¿Ingrid Betancourt contra las Farc?
Sin un gesto de compasión
Notas al pie
PREFACIO
COLOMBIA ES UN PAÍS EN PELIGRO. Es un país que podría morir. Las instituciones liberales-conservadoras que sus líderes y ciudadanos edificaron durante más de 200 años, con tantos sacrificios, tras la independencia de España, están siendo demolidas. Fuerzas totalitarias quieren transformar a Colombia en un satélite miserable de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Durante más de 70 años, sin interrupción, Colombia sufrió los ataques de cinco aparatos armados comunistas, organizados por Moscú, Pekín y La Habana. A pesar de las masivas atrocidades y devastaciones que cometieron, esas guerrillas y sus partidos legales no lograron que Colombia, para defenderse, renunciara a sus fundamentos democráticos.
Como no triunfó, la subversión logró al menos penetrar y controlar parcelas del Estado y de la sociedad. El poder judicial, el aparato escolar-universitario, el movimiento sindical están hoy, entre otros, bajo esa nefasta influencia. Y lo que es peor: en 2010 lograron que un sector de la élite de gobierno ayudara a tal demolición. La «negociación de paz» que un presidente de la República, Juan Manuel Santos, abrió con las Farc fue una obra maestra de revolución palaciega obtenida por las vías de hecho: condujo a la capitulación en regla del Estado democrático ante las ambiciones del narco-comunismo. Negociado en La Habana e implementado durante ocho años por Santos, el pacto de éste con las Farc fue rechazado por los colombianos en el referendo del 2 de octubre de 2016.
Santos pasó por encima de la voluntad popular. Obligó a las fuerzas militares a reducir su estrategia anti Farc y el desastre político, económico, moral e institucional se hizo visible: la guerra híbrida continuó, el narcotráfico se triplicó y la justicia politizada estuvo a punto de declarar la muerte civil de Álvaro Uribe, el principal enemigo de los pactos en Cuba, el popular expresidente que en sus ocho años de gobierno derrotó a las Farc e impidió que Hugo Chávez se apoderara de Colombia. En el periodo de Santos, el Centro Democrático, partido uribista, fue objeto de violentos ataques de las bandas armadas y del poder central. Las Fuerzas Armadas fueron paralizadas y las Farc recuperaron el terreno que habían perdido. Los «acuerdos» firmados en La Habana, un texto de 310 páginas, fueron elevados por el gobierno Santos al rango de adiciones «irreversibles» de la Constitución. «Señores hemos perdido la patria», declaró el exministro y periodista Fernando Londoño cuando JM Santos obligó al Congreso a validar, mediante un procedimiento inconstitucional, los arreglos de La Habana, el 5 de diciembre, que el país había rechazado en el referendo dos meses antes.
Las Farc burlaron los acuerdos: no entregaron sus armas ni los niños que estaban en sus filas y las centenas de miles de víctimas causadas por la aventura revolucionaria, no fueron indemnizadas. Las Farc ganaron en todos los terrenos. Hasta pudieron crear un tribunal «especial», la JEP, dedicado a absolverlos penalmente. Y, nota cumbre, 10 de sus jefes más crueles llegaron al Congreso de la República sin ser elegidos por nadie. Y para llevar a la incandescencia la humillación de los colombianos, JM Santos obtuvo el Premio Nobel de la Paz.
¿Colombia terminará gobernada por émulos de Hugo Chávez? El gobierno de Santos abrió las puertas a eso: eliminó la fumigación aérea de los cultivos ilícitos y declaró esa nefasta actividad como «delito político». Así, algunos «desmovilizados» y los «disidentes» de las Farc pudieron continuar en ese negocio. En 2022, el candidato de esa corriente podría ganar la elección presidencial, según algunos sondeos de opinión.
Los artículos que el lector tiene en sus manos describen estos problemas. Hacen parte y estimulan el debate de ideas que conoce Colombia e intentan decodificar las supercherías de los actores armados y examinar las amenazas que penden sobre la continuidad del régimen democrático-republicano.
La destrucción del lenguaje es otro tema que el libro aborda. No hay proyecto «revolucionario» que no intente manipular o incluso abolir el lenguaje corriente de la sociedad atacada. El objetivo es substituir el sentido habitual de las palabras por términos y razonamientos desprovistos de sentido, o deslizar el sentido de las palabras hacia su contrario: la noche es día, el caos es orden, el mal es bien, etc. El objetivo de esa maniobra es paralizar el pensamiento crítico, tan peligroso para las ideologías totalitarias, y crear la «estupidez protectora», definida por George Orwell en su famosa novela 1984.
En Colombia conocemos bien el caso de la palabra «secuestro», permutada por los agresores en «retención». La propaganda izquierdista perjudicó nuestra lengua sin que el fenómeno haya sido estudiado. Lo hizo para extraviar la justicia, dormir los espíritus y cambiar el pasado. Así, la revuelta violenta e incendiaria fue transformada en «paro cívico». La más reciente maniobra lexical es quizás esta: el bloqueo de autopistas, calles y barrios enteros, con balaceras y emboscadas mortíferas contra civiles y policías, es presentado ahora como «marchas pacíficas» y «protestas sociales».
Estos textos fueron publicados tal cual a lo largo de 2020 y de los primeros seis meses de 2021 en periódicos, noticieros radiales y revistas electrónicas de Colombia como El Mundo e IFM Noticias, ambos de Medellín, en La Hora de la Verdad, de Bogotá, Dreuz Info, de New York, Costa Noticias, de Barranquilla, así como en los portales web La Linterna Azul, Contexto Ganadero, El Expediente y el Periódico Debate, todos de Bogotá(1).
Pero ninguno de estos artículos pertenece al pasado. Todos se abren y exploran los temas que ocupan la candente actualidad política colombiana.
IMPOSTURA: LAS FARC PIDEN A GOBERNADORES Y ALCALDES SATISFACER SUS EXIGENCIAS
8 de enero de 2020
EL GRUPÚSCULO «DEFENDAMOS LA PAZ», QUE muchos llaman «Defendamos las Farc», tuvo el cinismo de enviarle este miércoles una carta a los gobernadores y alcaldes de Colombia para notificarlos de que de ahora en adelante, palabras más, palabras menos, tendrán que seguir las instrucciones de ese grupo privado. Les piden a los mandatarios regionales «desarrollar políticas» relacionadas con la «implementación del acuerdo con las Farc», es decir, plegarse a un texto impopular e ilegal que fue rechazado por los colombianos en el plebiscito de 2016.
La carta de los amigos de las Farc constituye un intento de confundir a la opinión pública y a los mandatarios regionales arrogándole arbitrariamente poderes gubernamentales a un micro grupo político. En su carta(2), Defendamos la Paz dice que el «acuerdo final» otorga unas «responsabilidades particulares a las autoridades territoriales», para que a través de sus programas de gobierno «definan la paz como un norte». Olvidan decir que ese enfoque es inconstitucional. Las «responsabilidades particulares» de los mandatarios regionales son fijados por la Constitución Nacional. La suprema autoridad administrativa en Colombia es, además, el presidente de la República. Ese poder no puede ser compartido o delegado a organismos locales ni a grupos de particulares que pretenden impulsar unas políticas que no han sido refrendadas por el pueblo en elección popular alguna. Habría que recordarles a esas eminencias un hecho: las Farc y sus aliados perdieron la elección presidencial en 2018.
Las Farc no han recibido mandato alguno para presentar líneas de actuación y gobierno a los gobernadores y alcaldes de Colombia. Sin embargo, ellas insisten en lo contrario. Afirman que «los planes de desarrollo con enfoque territorial, impulso a los programas de sustitución de cultivos, a la inclusión del enfoque de género, el trabajo conjunto con los consejos departamentales y municipales de paz y reconciliación y la cooperación con las instancias e instituciones locales y nacionales» son de obligado cumplimiento pues así lo dice el acuerdo Farc-Santos.
Olvidan decir esos activistas que los «planes de desarrollo» y los «programas» de lucha contra el tráfico de drogas y contra los narco-cultivos dependen exclusivamente de las decisiones del gobierno nacional, la única autoridad elegida por los colombianos para orientar los destinos del país. Las Farc pretenden darse, por la vía de esa superchería, una personería jurídica, en sectores estratégicos, que nadie les ha dado.
También indican en la misiva que «los asesinatos de líderes y lideresas sociales (sic), defensores y defensoras de Derechos Humanos y excombatientes en proceso de reincorporación, ponen de manifiesto la urgencia de defender la vida y la necesidad de avanzar desde los territorios». Esa carta olvida decir que los autores de asesinatos de activistas sociales y de excombatientes de las Farc son las mismas guerrillas castristas (Eln y las Farc-disidencias) en su lucha por apoderarse de regiones y recursos propicios a sus tráficos ilegales. Para resumir, la delincuencia común, los carteles de la droga y los escuadrones de la muerte, buscan crearse espacios, mediante la violencia y el asesinato de personas que no encajan en sus planes. La defensa de la vida, de la propiedad privada y de la paz, y por ende la represión del entramado de criminalidad complejo de Colombia, no puede «avanzar desde los territorios», como insinúa ladinamente la carta de los amigos de las Farc. Esa misión superior recae exclusivamente sobre la fuerza pública y las fuerzas armadas de la República, la cual actúa bajo órdenes de su comandante, el jefe de Estado colombiano.
La carta es firmada por «miembros negociadores del Gobierno y de las Farc que estuvieron en La Habana», según la prensa, así como por «facilitadores del proceso de paz, negociadores del fallido diálogo con el Eln, entre otros». Olvidaron decir que los negociadores de la época de Santos, así como los presuntos «facilitadores», no tienen derecho para imponer ni sugerir líneas de gobierno a nadie y mucho menos a las autoridades regionales. Ellos nunca dejaron de ser civiles sin atribuciones oficiales. Ellos carecen de mandato popular y no son miembros de organismos de control. No pueden pretender substituir al gobierno nacional ni a las autoridades electas.
¿COLOMBIA DEBE VOLVER A LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA?
16 de enero de 2020
ESTA VEZ NO SÓLO PRETENDEN ENLODAR al expresidente Álvaro Uribe y a altos mandos del Ejército, sino también a Rafael Nieto, un abogado, exviceministro de Justicia y excandidato presidencial del Centro Democrático. La tortuosa maniobra no prospera, pero muestra que los extremistas están urgidos y se saben perdedores.
De manera desesperada aplican la cobarde táctica de la calumnia preventiva, contra unos y otros, utilizando operadores judiciales bajo influencia y las páginas de una revista que acepta jugar un papel abyecto.
Un fiscal ordena investigar a un general (r.) de Colombia porque un semanario clama, sin aportar pruebas, que ese alto militar cometió un delito. Un fiscal que baila al son que le dicta una revista debería regresar a la facultad de Derecho.
La apertura de una investigación penal debe ser motivada factualmente. Sin embargo, el fiscal (e) Fabio Espitia ordenó indagar al general Nicasio Martínez, excomandante del Ejército, pues un semanario, conocido por su enfermizo antimilitarismo, lo acusa, sin pruebas, de estar involucrado en un caso de intercepción de teléfonos. El general Martínez, quien durante su carrera militar no había sido acusado de nada, refuta la acusación. El ministro de Defensa rechaza a su vez las insinuaciones de la revista.
Sin sentirse aludido, Espitia anuncia que «pedirá la información» que no tiene todavía para ver qué aparece. En otras palabras, el expediente está vacío pero él espera que alguien lo llene. El gesto de disparar primero y preguntar después es criminal.
Obviamente, el objetivo central de esa campaña es el linchamiento del expresidente Uribe. ¿Por qué? Porque la venganza de los comunistas contra él no ha llegado a término. Durante sus dos mandatos, Uribe puso fin al desarrollo orgánico de las Farc, les destruyó sus cabezas «históricas» y los dejó, en 2008, sin sus 15 «rehenes políticos» con lo que estaban exigiendo, de nuevo, la desmilitarización de una sección del territorio nacional.
Uribe obligó a esos criminales a replegarse en las selvas de Colombia y Ecuador y en los llanos de Venezuela y demostró que su política de seguridad democrática era la única exitosa. Las Farc temen ahora que Uribe y su partido, el Centro Democrático, convenzan de nuevo a las mayorías de que esa orientación puede volver a salvar a Colombia en 2020.
En un momento dado el gobierno de Iván Duque tendrá que ver si adopta por fin esa política, abandonada por Juan Manuel Santos, antes de que el país colapse de nuevo en manos de la narco-subversión rampante, como en 2002.
La política que aplicó Álvaro Uribe entre 2002 y 2010 demostró algo muy importante: que la acción militar le había ganado la mano a la pretendida «negociación política» y a la acción diplomática. Esta última se esforzaba por orientar a su manera la acción oficial contra la violencia de las narco-guerrillas, sin lograr nada, salvo mejorar las condiciones de la subversión, fuera y dentro del país y ante la prensa internacional.
Nadie puede ignorar que la víspera de la liberación de Ingrid Betancourt y de los otros 14 rehenes «políticos»(3), la ONU y una docena de gobiernos y de líderes extranjeros y una docena de ONG del primer mundo ejercían presión a diario sobre el gobierno para que cediera ante las Farc y optara por la impotencia ante la ola de atrocidades que cometía esa organización.
La Operación Jaque Mate, una acción militar no letal contra varios centros operativos de las Farc, preparada durante cuatro meses y ejecutada por 200 soldados, dejó a esas personalidades, gobiernos y organismos foráneos descolocados y sin voz, y puso fin a la gangrena de los inútiles «mediadores» que sólo habían prolongado el martirio de los rehenes.
Esa vía había hecho que horribles gobiernos, como los de Chávez, Correa, Lula y Kirchner, abogados todos del «intercambio humanitario», metieran sus narices en Colombia. Las Farc lograron atraer a ese tinglado un presidente francés, Sarkozy, tan mal asesorado que, en su afán por obtener la liberación de Betancourt, agenció, paradójicamente, la excarcelación de un importante jefe de las Farc, quien huyó inmediatamente a Cuba.
La confusión y el absurdo reinaban en ese periodo. Hasta cuando ocurrió lo del 2 de julio de 2008 en el Guaviare. Ese día el mundo vió que las Farc eran vulnerables y que Uribe y los militares eran capaces de obtener lo que la diplomacia no había alcanzado. Constató, además, que las armas de la República podían dar golpes demoledores y derrumbar la moral de su mayor enemigo, si había voluntad política. Las Farc trataron de reorganizarse, pero no lo consiguieron. Sólo la traición de Juan Manuel Santos a la Constitución colombiana las salvó de su colapso definitivo. A pesar de las concesiones pactadas en La Habana, las Farc no han podido superar su desarticulación interna y siguen en el impase en que los dejó la seguridad democrática.
Colombia lo ha olvidado, pero lo hecho por Uribe y las Fuerzas Armadas en 2008 fue de importancia hemisférica: arruinaron el eje continental bolivariano impulsado por Chávez, quien «quería cabalgar sobre una victoria de las Farc», como escribió en esos días Joaquín Ibarz, un periodista español. «El presidente Álvaro Uribe escaló el Everest al superar las marcas mundiales de popularidad: 91,4% de aprobación en la última encuesta», observó antes de decir: «El rescate de rehenes lo coloca como referente para todo el continente». Américo Martín, un analista venezolano, estimó por su parte que ese acto «se produjo en un instante crítico y derrumbó el engranaje montado para asfixiar a Colombia»(4).
Álvaro Uribe es la personalidad política más investigada de la historia de Colombia. Ninguna de sus actuaciones como hombre público ha sido pasada por alto desde 1980, cuando era director de la Aeronáutica Civil, hasta hoy. En 2001, cuando una oficina fariana de propaganda, la Agencia de Prensa Nueva Colombia (Anncol), vió que la candidatura presidencial de Uribe era imparable, financió la redacción de una «biografía no autorizada» para matar políticamente a su víctima. Allí la técnica del «se dice que», «se murmura que» fue empleada a fondo. Todo fue en vano. La DEA y la prensa americana y colombiana investigaron a fondo durante años y no encontraron nada, salvo las iracundas amalgamas sin valor de los extremistas.
El senador Uribe —quien acaba de lanzar una frase clave: «el país no se lo vamos a entregar a la izquierda extrema»—, parece más combativo que nunca, tras 46 años de vida política. El actual contexto mundial y latinoamericano favorece un regreso a una forma de seguridad democrática. El derrumbe de bastiones castro-chavistas (Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina), la crisis de los regímenes venezolano y cubano, y la firme posición de Washington contra esas dictaduras, han generado ataques castristas brutales contra democracias como la chilena que, aunque prósperas, no saben cómo defenderse. Un derrumbe de las defensas de seguridad como en Chile podría ocurrir también en Colombia, si el Estado y la sociedad no se levantan contra eso. ¿Cómo impedir ese colapso? ¿Con gestos entreguistas como los de Sebastián Piñera? ¿Con reculadas ante los vándalos y los «comités del paro cívico»? ¿Asumiendo con valentía los valores que salvaron a Colombia en 2008?
La más que factible reelección de Donald Trump en noviembre de este año, por sus éxitos económicos en el frente interno y sus victorias ante China e Irán(5) impedirán que Colombia se sienta sola ante sus enormes desafíos. Proteger al expresidente Álvaro Uribe, consolidar la fuerza pública, castigar a los calumniadores profesionales y defenestrar a los magistrados corrompidos son tareas de primer plano para impedir que el país sea de nuevo víctima del Foro de Sao Paulo.
CLAUDIA LÓPEZ PRETENDE EXPONER GRUPOS DE CIVILES A LA VIOLENCIA DE LOS VÁNDALOS
21 de enero de 2020
LA ALCALDESA CLAUDIA LÓPEZ ES LA máxima autoridad y jefe de la policía en Bogotá. Ello es así pues en Colombia los alcaldes tienen, en principio, esa atribución. Deberíamos saber que darles ese enorme poder a los alcaldes no es una marca de democracia. Hay repúblicas muy civilizadas donde los alcaldes no tienen ese derecho. El orden público de las grandes ciudades es algo tan complicado hoy en día que no se puede dejar en manos de un solo funcionario pues entre los alcaldes, ungidos por el voto ciudadano, pueden haber politiqueros inexperimentados, cuando no demagogos irresponsables y hasta extremistas con agenda secreta.
Un ejemplo: el alcalde de París tiene muy pocos poderes de policía. Quien dispone de esos poderes es el Prefecto de París y su región. Este es nombrado por el gobierno y es el único representante del Estado. El alcalde se encarga de los servicios para los habitantes de la capital. En Francia hubo y hay tantas revueltas urbanas, que a veces se transforman en revoluciones, que la contención de multitudes agresivas no es dejada en manos del alcalde.
Lo que acaba de hacer Claudia López respecto del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), una fuerza antimotines de la Policía Nacional, es absurdo, irresponsable y peligroso. Ello debe ser objeto de reflexión. Una primera conclusión podría ser: en Colombia deberíamos modificar la Constitución para retirarle al alcalde de Bogotá esa enorme responsabilidad.
El estatuto de los alcaldes en Colombia es ambiguo. No se sabe bien hasta dónde van sus facultades en materia de orden público. La legislación es defectuosa pues la conservación y restablecimiento del orden público es asunto del presidente de la República pero en esa labor pueden intervenir también los gobernadores y los alcaldes (artículos 296, 303 y 315 de la CN) y eso se presta a malentendidos, abusos y errores.
Claudia López con su injusta hostilidad contra el ESMAD está dispuesta a jugar con la vida de los bogotanos. El transporte urbano, los edificios públicos y privados, los comercios y viviendas de la capital también están en peligro si los prejuicios anti policía y anti represión de la alcaldesa llegan a imponerse. Ella decidió, por ejemplo, que su administración no admitirá el uso de las escopetas calibre 12 mm y que el ESMAD no «hará presencia en las calles» a menos de que sea necesario «por un disturbio de importancia» y que «en caso de ser necesario intervendrá la Fuerza Disponible de la Policía, no el ESMAD». Ella reitera que éste, «no volverá a salir como recurso de primera instancia durante movilizaciones». ¿Qué tiene que decir al respecto el presidente de la República? ¿Él está de acuerdo con eso?
El amateurismo de la alcaldesa es evidente: no intervenir, o intervenir mal y tarde o en «segunda instancia», como quiere ella, contra incursiones masivas, violentas y coordinadas, como las que vimos en 2019, es cooperar con los vándalos y llevar al sacrificio inútil a los miembros de la fuerza pública y a los civiles.
El ESMAD es injustamente acusado por la alcaldesa. Sin embargo, esa fuerza es la que ha impedido hasta ahora que los devastadores consigan destruir a Bogotá como lo hicieron sus émulos pro chavistas en Santiago de Chile. ¿Quiere alguien a estas alturas que haya un nuevo Bogotazo como el del 9 de abril de 1948?
Claudia López no admite que lo ocurrido en 2019 encierra un peligro para el país. Ella utiliza un lenguaje especial para disimular el potencial negativo de las acciones destructoras. No ve lo que está en juego. ¿Esa actitud de dónde viene? ¿Es signo de ineptitud o de obsesión ideológica? Por ahora lo que cuenta son sus increíbles planes para hacerle frente a los desmanes en la capital del país.
La alcaldesa está inventando una táctica de combate antidisturbios inédita y ridícula: contener a manifestantes violentos con grupos de civiles desarmados. Ella advirtió que la «primera línea de defensa» contra los desbordamientos populares serán «los gestores de paz de la alcaldía»; que, en segundo lugar, estará el grupo de las «madres gestoras de paz», y las «mamás de los estudiantes de universidades públicas». En última instancia, ella enviará «los policías de la Fuerza Disponible con casco y escudo, pero no el ESMAD».
Eso de constituir grupos de madres de familia para disolver o frenar las acciones de gente brutal y, en muchos casos, drogada, es totalmente inhumano e ilegal. Sería bueno saber qué otras ciudades utilizan grupos de madres de familia en tales circunstancias. ¿Qué tiene que decir de todo eso el presidente de la República? ¿Iván Duque está de acuerdo con ese invento? Y no solo el Presidente. El Procurador General que tiene por misión, entre otras, la defensa de los intereses de la sociedad y proteger los derechos humanos, no puede seguir silencioso ante ese proyecto de Claudia López.
¿Claudia López vive fuera de la realidad? Ella ve, en todo caso, esas cosas a través de un filtro extraño. Habla de simples «movilizaciones» y de «marchas» angelicales. López pretende que olvidemos lo que ocurrió, al decir: «Una marcha no es un problema de orden público. Hacer grafitis no atenta contra la vida». Lo que hubo en Bogotá y otras ciudades fue mucho más que eso. Hubo disturbios estructurados donde agresores políticamente motivados emplearon gasolina, explosivos y todo tipo de armas contra la fuerza pública y contra civiles, razón por la cual el ESMAD tuvo que intervenir. Ello dejó decenas de heridos, entre miembros de la fuerza pública y «manifestantes». Y hubo hasta muertos, y no solo por culpa del ESMAD. Contra esa cruzada de brutalidades que hubo, y que van a seguir, la alcaldesa pretende anteponer y sacrificar grupos de civiles desprotegidos y sin experiencia, sobre todo mujeres, contra vándalos y energúmenos. ¿No sabe acaso ella en qué consiste «la brisita» que el dúo Maduro-Cabello quieren reanudar en 2020? Todo eso es locura furiosa.
En lugar de pedirle a Iván Duque que se entienda y se mantenga «alineado con los gobiernos municipales» y viceversa, como sugería un columnista de El Tiempo en estos días(6), habría que pedirle al jefe de Estado que trace una orientación clara sobre la política destinada a desarticular a tiempo la ola de manifestaciones teledirigidas por dictaduras enemigas de Colombia.
Se equivocan quienes pretenden que las protestas que se avizoran no conciernen al país sino que «pertenecen a cada una de las ciudades» y que según eso «los alcaldes [son] los principales responsables de contener brotes de violencia y tramitar inteligentemente esas movilizaciones». En otras palabras, la línea es dejar en manos de madres de estudiantes la contención de los vándalos. Ello equivale a cruzarse de brazos y abrirle avenidas a la violencia «de masas» como dicen los mamertos. Hay que dejar de ser tontos ante los enemigos bestiales. Después de la tragedia veremos a esos columnistas llorar ante la leche derramada. Lo que nunca ha servido de nada.
¿A QUIÉN LE SIRVE CLAUDIA LÓPEZ?
26 de enero de 2020
LOS BOGOTANOS ESTÁN COMO LOS ARGENTINOS: eligen a los más ineptos y corruptos y después se quejan de las barbaridades que comete esa gente. Después de haber elegido alcaldes como Antanas Mockus, Luis Eduardo Garzón, Samuel Moreno Rojas y Gustavo Petro, los bogotanos volvieron a dejar que este último, el señor de los talegos, accediera de nuevo a la alcaldía, a través de otra persona. Claudia López no es un clon de Petro pero es la continuidad de Petro, ideológicamente hablando. Ella viene para lo mismo: no a servirle a la ciudad sino a imponerle un programa no enunciado. La barbarie de la lucha de clases, la creencia de que la revuelta anticapitalista y la ecología irracional harán feliz al pueblo. Es lo que ella llama hacer «el cambio de historia».
Por más de que esos dos hayan protagonizado una comedia para exhibirse como adversarios, ellos tienen la misma agenda. Ambos están convencidos de que hay que cambiar la democracia. Claudia López desliza eso en su frase enigmática sobre la «democracia inclusiva». La democracia a secas, la auténtica, según ella, es «excluyente». Es lo que proponía Marx. Los derechos humanos y la democracia deben ser abolidos pues protegen el individualismo, el egoísmo y la sociedad civil. La democracia totalitaria, en cambio, es la única que alcanza el control de la voluntad colectiva sobre la voluntad de los individuos. Tal es el núcleo secreto de esos dos activistas. Según ellos, hay que ir hacia el socialismo que «incluirá a todos». En realidad, ello conduce al Terror como sistema, algo que esas eminencias se empeñan en ocultar.
Lo ocurrido el pasado 21 de enero fue la primera muestra de la contradicción que hay entre lo que dice y hace la alcaldesa.
Hay un esfuerzo tenaz para golpear y humillar a la policía de la capital. Para desestabilizarla y acabarla, para dejar a Bogotá sin seguridad. Esa estrategia abrió una fase nueva el 17 de enero de 2019, cuando un elemento del Eln le quitó la vida a 22 jóvenes cadetes de la Escuela de Policía General Santander al detonar una bomba de 80 kilos de pentolita.
La opinión pública olvida que la destrucción de la Policía Nacional fue teorizada por un miembro de la dirección del PCC, en septiembre de 2010, luego de la muerte del jefe militar de las Farc, Víctor Julio Suárez Rojas, alias «Jorge Briceño Suárez», alias «Mono Jojoy». Ese directivo decidió que la inteligencia de la Policía había descubierto el lugar donde se escondía ese verdugo, lo que habría facilitado el ataque aéreo de las fuerzas militares, la Operación Sodoma, contra el búnker y los túneles de «Jojoy», en la zona «la Escalera» de La Macarena, Meta.
Es obvio que esa campaña sigue y se oculta detrás de diferentes formas para desgastar, desacreditar y apartar a la policía de los asuntos de la seguridad urbana. La decisión de Claudia López de estigmatizar y marginalizar al ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) emerge en un contexto muy curioso.
La política de terror directo está siendo combinada con otras técnicas de terror de baja intensidad. La aparición de «marchas de protesta» sobre todo desde 2018, que se dicen «pacíficas» pero que culminan en orgías de destrucción contra la sociedad civil y contra la fuerza pública, encajan, quiéranlo o no los miembros del «comité del paro cívico», en esa estrategia de tensión.
Aunque no representa nada, ni fue elegido por nadie, ese «comité», donde hay agentes de las Farc y de los sindicatos FECODE y CUT, lanza cuando quiere, en medio de la indiferencia del gobierno de Iván Duque, marchas ruidosas pero poco nutridas. Y los encapuchados que emergen de la masa son los que dirigen el baile: hieren brutalmente a los uniformados, incendian, destruyen lo que pueden, siembran el pánico, roban y destruyen buses y estaciones de transporte, agreden a los usuarios, saquean tiendas y supermercados y degradan edificios públicos y privados. El 21 de noviembre pasado, los vándalos golpearon, en especial, en diez ciudades: Bogotá, Cali, Neiva, Medellín, Manizales, Popayán, Pamplona, Bucaramanga, Cartagena y Santa Marta. Ese día fueron heridos 37 policías y 42 civiles. 420 amotinados fueron detenidos. Sumando las marchas anteriores, hasta ese día los civiles heridos por los brotes de violencia subieron a 177 y a 271 policías (26 de ellas mujeres) y dos militares heridos(7). Julián Andrés Orrego, un encapuchado, murió en Medellín, el 2 de diciembre, al estallar los explosivos que llevaba.
En noviembre de 2018, un manifestante arrojó una bomba incendiaria que causó quemaduras graves a los policías que custodiaban la sede de RCN Radio, en Bogotá. Todo eso justificado con la mentira de un supuesto «derecho a la protesta». Ese «comité» llega al cinismo de incluir en su programa los gritos de guerra de la banda que ordenó el atentado contra los cadetes de la Policía. Ese «comité» dice tener una meta a corto plazo: obtener que el gobierno de Duque realice la totalidad de las concesiones hechas por Santos a las Farc. Ello equivaldría a completar la infiltración de las Farc en las instituciones y a poner a la subversión narco-comunista a las puertas del poder.
El 21 de enero vimos lo que buscaba Claudia López: hacer el simulacro de contener a los violentos mediante grupos de uniformados aislados y protegidos con láminas de plástico. Ella quería ver en acción su gran invento: las «madres gestoras de paz». El resultado no pudo ser más patético: tuvo que admitir la intervención del ESMAD en cuatro puntos de la ciudad y aún así once policías fueron heridos, 37 buses y 15 estaciones de Transmilenio fueron averiados. Sólo dos vándalos fueron acusados por un fiscal.
La orden irresponsable de la señora López de marginalizar al ESMAD no es un error de cálculo. Es un acto consciente destinado a debilitar a la policía de la capital, aunque en sus discursos ella promete «construir una ciudad cuidadora» (sic).
¿Cómo puede ella afirmar eso si su plan para reprimir a los violentos es substituir la policía profesional por grupos de madres de familia? Ese modelo demente es, además, inconstitucional. Si tuviéramos una Corte Constitucional ésta ya se habría pronunciado contra eso. Pero no. No hay nada de eso.
Mucha razón tuvo la Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, al denunciar las graves fallas del protocolo de intervención de la policía inventado, sin consulta alguna, por Claudia López. A su vez, Alberto Brunori, representante en Bogotá de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, mostró su asombro por lo ocurrido el 21 de enero: «Veo con preocupación que algunos individuos, afortunadamente una minoría, atacaron violentamente y hostigaron a miembros de la Policía Nacional», además de atacar a «manifestantes e infraestructura pública y privada».
La alcaldesa envió piquetes de policías inexpertos para que fueran cercados y salvajemente lapidados. Es un milagro que ninguno de ellos haya muerto en la emboscada de Suba. López justifica el retiro del ESMAD diciendo que la muerte de Dylan Cruz se debe exclusivamente al ESMAD, descartando la responsabilidad del «comité» que lanzó la violenta «protesta». Claudia López no cesa de acusar al ESMAD de practicar el «abuso de autoridad» y de ir «contra la legítima expresión ciudadana».
Los vándalos no son manifestantes, ni son una «expresión ciudadana». Ni son la punta de un movimiento social. Son antisociales. Sus desmanes son de tipo criminal. La policía le incautó a uno de ellos una libreta con notas y dibujos. Ese documento revela que la subversión intoxica con mentiras a sus tropas y les dice cómo armar bombas Molotov y otros elementos letales. Les dice, además, qué atuendos llevar a los ataques y cómo formar líneas de defensa y repliegue. ¿Ese adiestramiento en técnicas del combate urbano indica que hay una guerrilla en formación?
Claudia López trata de esquivar lo que ocurrió el 21 de enero. ¿Lo logrará? Algunos juristas han hecho un llamado de atención. Uno de ellos, Francisco Bernate, experto en derecho penal, definió como «intento de homicidio agravado» los actos de los encapuchados en sus ataques contra la policía. El vio en eso no unos actos de «protesta» sino intentos de matar seres humanos. «No son vándalos, son asesinos», remató Bernate. Esos hechos deben ser investigados. Realmente investigados. Sin embargo, la alcaldesa se abstiene de dar instrucciones al respecto, y la Fiscalía, organismo llamado a hacer eso de oficio, sigue acéfala pues la Corte Suprema ha sido incapaz de designar un nuevo fiscal general.
En las redes sociales muchos están pidiendo la destitución de la alcaldesa de Bogotá por lo ocurrido el 21 de enero. Dicen que no se puede tolerar que sigan esas «marchas de protestas». La Casa de Nariño y los servicios del Estado deben parar la dinámica de desestabilización recurrente. La seguridad de Bogotá y de Colombia está en juego. A las alcaldías de las grandes ciudades, comenzando por Bogotá, hay que retirarles los poderes de policía. En los tiempos que corren esa alta tarea debe recaer en manos del Jefe de Estado y de los organismos especializados.
El papel del «comité de paro» en los disturbios sangrientos es cada vez más obscuro. Dice condenar la acción vandálica pero no hace nada para retirarle el piso a los violentos y las «marchas de protesta» siguen generando revueltas. Ese «comité» debe ser disuelto.
Bogotá ha sido víctima en años recientes de atentados monstruosos. La capital no puede habituarse ahora a una ola de violencias de nuevo tipo con el pretexto de que hay un «derecho a la protesta». Ese derecho no existe, si la protesta consiste en utilizar la fuerza contra las personas y los bienes públicos. Esas marchas deben ser prohibidas. La opinión sabe que esas destrucciones responden a dictados de Nicolas Maduro quien intenta castigar a Colombia por recibir la emigración venezolana y por ayudar diplomáticamente al pueblo venezolano a liberarse de esa abyecta dictadura.
EL LENGUAJE MAMERTO
31 de enero de 2020
ESTAMOS EN MORA DE HACER UN diccionario del lenguaje comunista. Son tantas las palabras de nuestra bella lengua española que los mamertos han pervertido para disfrazar sus mentiras y embellecer sus acciones, que podríamos hacer no solo un lexicón sino un abultado volumen de consulta para que el público en general, pero sobre todo para que las nuevas generaciones y algunos periodistas puedan reapropiarse el significado auténtico de miles de palabras que fueron desfiguradas y alteradas por los propagandistas de esas bandas criminales.
El trabajo debería extenderse a ciertas fórmulas, sintagmas, dichos y maneras de hablar de los mamertos que la opinión, a fuerza de tanto oírlas, termina por aceptarlas como si su sentido fuera justo y reflejara la realidad.
Veamos, por ejemplo, un sintagma muy conocido y utilizado por ellos en estos momentos: «paro cívico».
Ese término fue inventado por los marxistas criollos para darle una connotación positiva a una de sus «formas de lucha» más vengativas y destructoras.
La frase «Paro cívico» es, en realidad, un oxímoro, es decir una figura de estilo que acerca sintácticamente dos términos que se oponen en circunstancias normales. Por ejemplo, la frase «la soledad sonora» (de San Juan de la Cruz) es el más bello oxímoro de la lengua española. También son oximoros frases como «docta ignorancia», o «hielo abrazador», «el sol de medianoche». Incluso la frase «ciencias ocultas» es un oxímoro.
«Paro cívico» es, también, un oxímoro. Es una expresión que encierra una contradicción fundamental, pues «paro» y «cívico» son dos términos antagónicos. Un «paro» nada tiene de «cívico». Un paro no puede ser cívico. Cívico quiere decir de ciudadanos, de gente educada y civilizada. En un paro la violencia está siempre presente, luego un «paro» no merece el calificativo de «cívico».
En el hablar colombiano, un paro es una huelga intempestiva y hasta ilegal. En castellano un paro es otra cosa: es «una interrupción o cese de una actividad laboral, particularmente la realizada por los patronos, en contraposición a la huelga de los empleados» (Santillana).
En Colombia la izquierda logró convertir la palabra «paro» en sinónimo de huelga, es decir, en un acto que puede ser legítimo y legal (si la huelga no es violenta), en un derecho obtenido por el mundo sindical y por los trabajadores. En cambio, en la acepción colombiana de «paro» está presente la noción de suspensión violenta de las actividades de una sociedad, o de una ciudad, o de una región. Peor: se supone que en un «paro» deben participar, voluntariamente o por la fuerza, todas las capas y clases de la sociedad, no solo los obreros y los trabajadores.
El invento de la fórmula «paro cívico» fue muy hábil. Un paro, es decir una huelga ilegal, nunca puede ser «cívica». Es un acto contrario al derecho y repudiable. Sin embargo, en la fórmula «paro cívico» esa connotación negativa desaparece o es neutralizada. Es más, aparece como una acción justificada, necesaria, disculpable y legítima. El alcance desinformador de esa fórmula es vastísimo.
Recordemos el paro cívico del 14 de septiembre de 1977. Los aparatos de entrismo del PCC en el mundo sindical lograron arrastrar a esa aventura sangrienta a las otras centrales sindicales. Ese paro dejó un saldo de 23 muertos, un número indeterminado de heridos y 400 detenidos. Los desórdenes en varias ciudades duraron dos días. Pero ahí no terminó en tal paro cívico: un año después, el 12 de septiembre de 1978, un comando comunista asesinó a balazos al exministro del Gobierno que le había hecho frente al paro insurreccional, Rafael Pardo Buelvas, en su propio domicilio, delante de su esposa. Ese fue el fin del paro cívico de 1997.
Luego los «paros cívicos» no tienen nada de «cívicos»: son, por el contrario, una pavorosa arma criminal de la subversión comunista.
Los «paros cívicos» que decretan y dirigen hoy los jefes de las Farc-partido, junto con los caciques de FECODE y de la CUT contra el gobierno, son de la misma naturaleza de aquel paro de 1977: producen muertos, heridos, detenidos y destrucciones de todo tipo. No ha acarreado el asesinato de un ministro, pero el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha sido amenazado de muerte por una banda narco-terrorista. Esos elementos, apartemente inconexos, hacen parte de un mismo proyecto. ¿Cómo es posible que sigamos creyendo que en esas revueltas sangrientas hay algo de «cívico»?
Orwell decía que es ilusorio creer que bajo un gobierno totalitario (comunista o fascista) se podría permanecer interiormente libre, que en sus buhardillas los enemigos clandestinos de ese régimen podrían anotar sus pensamientos. Parafraseando a Orwell podríamos decir que en Colombia sería ilusorio creer que bajo la cascada diaria de propaganda permanente comunista, vertida de manera directa o indirecta, e inconsciente a veces, por la prensa y por los demás medios de comunicación, podríamos seguir, en el fondo de nosotros mismos, seguir pensando como hombres libres.
Para serlo debemos repudiar y denunciar el uso del lenguaje totalitario que le roba a las palabras su relación íntima con las cosas y que es explotado para disimular el verdadero carácter de las atrocidades.
ENEMIGOS DE LA HISTORIA
14 de febrero de 2020
LOS ÚNICOS QUE OBJETAN LA IMPORTANTE labor del profesor Darío Acevedo Carmona al frente del Centro Nacional de Memoria Histórica, desde febrero de 2019, es el grupúsculo sectario de siempre, el mismo que controló a sus anchas, durante ocho años y en la más grande opacidad, esa dependencia administrativa.
Ese equipo estaba empeñado en cumplir una sola tarea: que todos los recursos intelectuales y financieros del CNMH fueran canalizados para imponer como verdad revelada un embuchado narrativo que avergüenza a todo historiador que se respete(8).
Pretendían (y los viudos del poder siguen gritando lo mismo desde los techos) que la violencia de las Farc, y de las otras narco-guerrillas comunistas, sólo fue «un elemento discursivo desde el marxismo» de un «actor político» aunque éste haya «trasgredido el orden jurídico constituido»(9).
Cincuenta años de atrocidades, manipulaciones y mentiras de todo calibre, cometidas por implacables bandas criminales, son ocultados y convertidos en un mero «discurso» de un actor no armado pues únicamente «político».
Lo hecho en Inzá, Bojayá, El Nogal, Machuca, la Escuela General Santander, para escoger solo cinco matanzas entre tantas otras, fueron «elementos discursivos» de las Farc y del Eln.
La montaña de asaltos sangrientos contra colombianos inermes de todas las clases y categorías sociales, y contra las fuerzas armadas y de policía de un Estado democrático, es glorificada por la clique que inspira a quienes pretendían seguir controlando el CNMH tras el fin del periodo del presidente JM Santos.
Son ellos los que insisten en que las Farc, como lo escribe con gran cinismo Francisco Toloza, acudieron a la violencia en calidad de «actor político» y que esa violencia masiva era impartida en defensa de «los intereses de unas clases» y, sobre todo, siendo «fiel a la tradición extra-parlamentaria propia del acervo de los partidos comunistas».
Si retiramos ese maquillaje retórico, esto quiere decir, en lenguaje corriente, que el empleo de la violencia por parte de las Farc fue, en realidad, un gesto político «tradicional» de justicia de clase, plenamente conforme al derecho, y no solo al derecho colombiano sino a un derecho más vasto y superior: el de «los partidos comunistas».
Con tales adulteraciones quieren imponerle al país la falsa visión apocalíptica de que, en Colombia, unas clases sociales, dirigidas por el partido comunista, se levantaron en armas contra otras clases sociales. Y que en ese supuesto levantamiento masivo jamás hubo participación del bloque comunista internacional.
Tal es la razón de la lucha desesperada de ellos para aplicar a rajatabla la fórmula «conflicto armado interno» y descarar el concepto de agresión terrorista de largo alcance.
Adoptar una u otra terminología tiene consecuencias. Si aceptamos la del «conflicto armado interno» tendremos que tragar otro mito: que la actual violencia narco-comunista (de las Farc-Segunda Marquetalia, del Eln, etc.), debe seguir su curso pues todo lo que ocurre en materia de lucha social, política y cultural es el reflejo de una guerra de clase contra clase en el que el comunismo dirige «la pugna por el poder del Estado». Conclusión: no habrá paz hasta que el comunismo tome el poder.
Eso es lo que está en juego y lo que explica las intrigas contra la dirección actual del CNMH.
Los fanáticos que exigen que un marxista regrese a la dirección del CNMH no hacen más que cumplir el legado de Luis Morantes, mejor conocido como «Jacobo Arenas», un sanguinario que pretendía ser el mayor «ideólogo» de las Farc hasta su muerte en 1990. Él decía eso mismo aunque en el lenguaje brutal propio de su rango.
Es evidente que la Historia fue proscrita en la etapa inicial del CNMH. Si quieren sacar al profesor Darío Acevedo es porque quieren expulsar de nuevo la Historia del CNMH. El objetivo mamerto es hundir la Historia del país bajo una capa de memoria arreglada.
Incluso acudieron a una secta internacional rarísima que vive gracias al dinero de George Soros. Esta gesticula desde Nueva York y pide la cabeza de Darío Acevedo. Otra reciente muestra de esa ofensiva es el iracundo comentario de un columnista del diario antioqueño El Colombiano que acusa al presidente Iván Duque de «torpedear los acuerdos» Farc/Santos y le exige, al mismo tiempo, destituir al profesor Acevedo(10).
Es verdad que los leninistas prefieren la Memoria y desconfían de la Historia. Saben bien que la Memoria reposa sobre el recuerdo, la imaginación, la divagación, la conjetura, y hasta en el falso rumor. Por eso ella es el mejor aliado de la propaganda. La Historia, en cambio, es un instrumento exigente. Basado en el examen detallado y contradictorio de archivos, documentos, periódicos, testimonios y otras pruebas incontestables, el trabajo del historiador es un mejor instrumento para conocer el pasado y comprender el presente.
Los comunistas no aceptan que un historiador ocupe ese cargo y no un marxólogo disciplinado dispuesto a «recoger la memoria» (como dicen ellos) para engordar una leyenda.
¿Por qué ahora? Porque quieren que el Museo de la Memoria también sirva ese plato.
La Historia es, pues, evacuada para que reine la Memoria. Pero hay otros cambalaches. Un grupo pretende que «hay conflicto armado interno» porque lo dice la ley 1448 de 2011(11). ¿Desde cuándo una evaluación político-social es decidida por una ley? La ley no puede dictarle conclusiones al historiador, ni al sociólogo, ni al economista, ni al demógrafo.
Otros dicen que «hay conflicto armado interno» porque una universidad sueca lo dijo. El defensor de esa cursilería agrega que una universidad americana fijó un criterio: hay «conflicto armado interno» si la violencia es «intensa», «organizada» y genera «combates». Dudo que una universidad americana maneje hipótesis tan simplistas. Habría entonces que clasificar de esa manera una cantidad de ofensivas terroristas donde esos criterios aparecieron: en Estados Unidos contra los Weathermen, el SLA y Al Qaida; en Israel contra las facciones terroristas palestinas; en España contra ETA; en Italia contra las Brigadas Rojas; en Francia contra Acción Directa y el terrorismo islámico; en Alemania contra la Banda Baader; en Uruguay contra los Tupamaros; en Argentina contra los Montoneros y el ERP; en Perú contra Sendero Luminoso; en Turquía contra el PKK. La lista es larguísima. Ninguno de esos desafíos es clasificado de esa manera.
Otro grupo cree ver en Colombia un «conflicto armado interno» porque el Derecho Internacional Humanitario lo dice. Estos últimos quieren preservar un curioso arsenal normativo que, en ciertos casos, crea más problemas que soluciones. Esa legislación dificulta, e impide en algunos momentos, la defensa del Estado democrático contra la agresión terrorista, con el pretexto de la preservación de los derechos humanos. ¿Preservación para quién? ¿Se imagina lo que habría sido la lucha contra Al Qaida y contra el Estado Islámico si Estados Unidos se hubiera sometido a esas reglas? Ben Laden estaría de primer ministro en Pakistán y Abu Bakr al-Baghdadi sería el presidente de Irak.
Atornillar esa teoría en el CNMH le conviene a muchos, sobre todo al principal logro de los pactos Santos/Farc: la JEP. La justicia «especial» consiste en disculpar los crímenes de las Farc pues estos son, según el PCC, «actores políticos» que participan en una «pugna por el poder del Estado».
Luego la impunidad para los miembros del Secretariado y los otros verdugos de esa organización es un efecto lógico. Sin memoria amañada no hay justicia «especial». George Orwell escribió: «Quien controla el pasado controlará el futuro». En consecuencia, el Museo de la Memoria terminaría también siendo desviado y convertido en un monumento pro Farc.
Quien agita lo del «conflicto armado interno» trabaja, quiéralo o no, para implementar el pacto Santos/Farc, rechazado por los colombianos en el referendo de 2016, y para desmovilizar a Colombia ante la violencia de las Farc Segunda Marquetalia, y de su cómplice el Eln.
LA JEP Y SUS PESCAS MILAGROSAS
17 de febrero de 2020
EL ESPECTADORY OTROS MEDIOS HAN tratado de arreglar una historia de lo que ocurrió, según ellos, la semana pasada, durante las dos audiencias en las que el general (r) Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército de Colombia, habló en «versión voluntaria» ante la JEP.
Las «fuentes consultadas» que mencionan esos diarios no son creíbles: son los abogados de tres oficiales involucrados en el caso de falsos positivos de Soacha, ya juzgado, y en el que nunca estuvo involucrado el general Montoya. Es decir, son actores interesados. Luego ellos no pueden ser objetivos.
Peor: las «fuentes» de El Espectador pueden ser los mismos magistrados de la JEP que condujeron las audiencias del miércoles y jueves. ¿Violaron ellos el secreto judicial? No lo sabemos por el momento. Pero la investigación sigue.
Por ahora hay un hecho: ningún medio tuvo un periodista en esa audiencia, pues ésta era «reservada». Luego lo que dicen algunos matutinos bogotanos hay que tomarlo con cautela: es la interpretación de personas que pueden haber tratado de hacer pasar sus opiniones por hechos.
Hasta la televisión chavista trató de enredar las cosas. Hernán Tovar, de Telesur, a pesar de que no estuvo en la audiencia, gesticuló que el general Montoya «calló (pero pronunció cayó) sobre los falsos positivos». Y llegó al extremo de decir que si él no está dispuesto a auto inculparse «no debería estar asumiendo esta justicia especial para la paz». Increíble. Ese es el «periodismo» madurista que está tratando de implantarse en Colombia.
La JEP hizo su propia grabación de las audiencias. Pero de éstas no salió documento oficial alguno. No hay un acta, un auto, un documento sonoro, visual o escrito, que recoja con exactitud las declaraciones del general Montoya y lo que expresaron los magistrados. Empero, el 13 de febrero, El Tiempo tituló así: «audiencia contra general Montoya en la JEP». Ha debido escribir: «audiencia del general Montoya».
¿La JEP respetó la confidencialidad de esas audiencias? Existen dudas. «Sin que se hubiese terminado la primera audiencia del miércoles ya todos los medios de comunicación tenían conocimiento de lo expresado por mí. La información que suministré fue filtrada a los medios», reveló el general Montoya(12).
A esa audiencia la JEP no dejó ingresar teléfonos celulares. Sin embargo, los abogados tenían equipos informáticos. ¿La audiencia era realmente «reservada»? En febrero de 2019, tras la «versión voluntaria» de alias «Timochenko», jefe de las Farc, sobre los secuestros cometidos por esa guerrilla, pero sin presencia de las víctimas, la prensa no dijo nada substancial. ¿La reserva de esas audiencias es para las Farc y no para los militares?
La prensa no presentó una versión equilibrada de lo ocurrido la semana pasada. Mucho menos puede justificar la pertinencia de la palabra «indolencia» con la que unos medios creyeron útil condimentar sus artículos. Estos le reprochan al general Montoya haber sido «indolente con las víctimas». También le atribuyen una «falta de respeto». ¿A quién? ¿Cómo? Los medios no responden. Deslizaron esos vocablos y escondieron la mano.
Esos calificativos oprobiosos fueron sacados del cubilete del mago para afectar el buen nombre del general Montoya, en vista de que no tenían nada más para endilgarle.
Veamos más de cerca la cuestión. Vamos al punto central.
Desde agosto de 2015, el general Montoya ha estado dando explicaciones. El fiscal general Eduardo Montealegre, que proclamaba que iba a encarcelar al general, no lo hizo. No lo pudo hacer. No porque no quisiera (su odio antimilitarista de exmiembro de la JUCO es bien conocido) sino porque no encontró prueba alguna. Después, otro fiscal, Jaime Camacho, prometió lo mismo. No lo hizo.
Durante el periodo de Néstor Humberto Martínez la Fiscalía tampoco inculpó al general Montoya. La Fiscalía informó que entre febrero de 2006 y noviembre de 2008 se reportaron 6 699 muertes en combate contra la subversión, y que de ese universo ella estaba investigando si en 2 429 casos se trató de asesinatos de civiles. Esa investigación no ha terminado. Luego no hay claridad siquiera sobre la cifra exacta de los llamados «falsos positivos».
En la audiencia del miércoles, el general Montoya afirmó una vez más que nunca dio una instrucción que fuera contra la Constitución, que no dio órdenes de matar civiles, ni de matar a nadie fuera de combate.
La posición de él no ha cambiado. El 10 de agosto de 2015, declaró ante la Fiscalía: «Yo estuve de comandante del Ejército de febrero de 2006 a octubre de 2008, eso da un total de 32 meses o 128 semanas. Y en esas 128 semanas, de acuerdo con el libro de programas del comandante del Ejército, en 92 oportunidades hice alusión al respeto por los derechos humanos, a la transparencia y a limpieza de las operaciones. Hasta la saciedad les dije: ‘Que se muera un inocente y no lo reconozcamos es un gran error, pero que se muera un inocente y lo hagamos pasar por bandido es un acto de cobardía’».
Sin embargo, el modelo de texto deliberadamente obscuro que adopta en estos días cierta prensa sobre este tema, quizá por hostilidad o por simple incapacidad para examinar los hechos con exactitud, es este: «La JEP ordenó la comparecencia del general (r) Montoya, ya que ha sido comprometido en varios informes allegados a la JEP y en, por lo menos, 11 versiones rendidas por miembros de la fuerza pública dentro del Caso 003, conocido como ejecuciones extrajudiciales».(13)
Ese párrafo es un perverso juego semántico que calla detalles esenciales para ofrecerle a la opinión un saco de nudos incomprensible.
1. Nadie puede ser «comprometido» por simples «informes» de terceros. La única forma de «comprometer» a alguien en un proceso penal es que las autoridades judiciales hayan establecido plenamente que existen pruebas (no simples dichos) contra una persona.
2. La frase «versiones rendidas por miembros de la fuerza pública dentro del Caso 003, conocido como ‘ejecuciones extrajudiciales’», omite un elemento central: ninguno de esos miembros de la fuerza pública afirma haber recibido órdenes del general Montoya de masacrar a civiles. Lo que ellos dicen es que el comandante del Ejército «pedía resultados» a sus tropas.
¿Pedir resultados, e incluso presionar para que se obtengan resultados, es un delito?
«Obtener resultados» no es solo un derecho sino un deber de todo comandante militar, en Colombia y en cualquier otro país. No hacerlo es incumplir sus obligaciones. Colombia vive una guerra subversiva, despiadada, asimétrica, narco-terrorista. El deber de los mandos de la fuerza pública, altos y bajos, es combatir y ganar esa guerra. Los resultados pedidos por los altos mandos colombianos, tienen que ver con acciones militares y de policía, perfectamente reglamentadas, destinadas a proteger la población, a reprimir las bandas criminales, a restablecer el orden público, a hacer respetar la soberanía nacional y a fomentar la concordia cívico-militar.
Empero, la sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP quiere escuchar una canción diferente. Quiere que los altos mandos, como el general Montoya, se auto inculpen. Como el general Montoya se acogió voluntariamente, la JEP cree que el deber de él es reconocer que cometió delitos. Por no reconocer eso la JEP le recrimina que no está «colaborando». Y le hace saber a los medios que él «no está diciendo la verdad». Esa actuación es cobarde e ilegal.
¿Cómo no ver en esto un intento de manipulación del público? Deliberadamente insinúan que Montoya miente. La JEP no está lejos de cometer una difamación.
