Del pisito a la burbuja inmobiliaria E-Book

José Candela Ochotorena

• Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: Història i Memòria del Franquisme
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2019

Seitenzahl: 539

Beschreibung

La cultura de la vivienda en propiedad se consolidó en la población española durante las dos primeras décadas del franquismo. Las políticas de vivienda franquistas reflejaban los prejuicios patriarcales sobre la familia y la mujer del nacionalcatolicismo, y la creencia falangista en el poder moderador de la propiedad sobre el radicalismo social. El régimen de Franco utilizó la vivienda de protección oficial como elemento central de su propaganda social y para encuadrar a los productores en el sindicalismo vertical. La tenencia en propiedad demostró, vía garantía hipotecaria, que era la mejor opción para los negocios. Solo entonces, la iniciativa privada entró en el campo de la vivienda social y, en pocos años, los terrenos se llenaron de torres de pisos. El presente libro intenta explicar el proceso holístico de creación de una cultura de propiedad relacionada con el mercado de la vivienda, y cómo los falangistas se fueron adaptando a los intereses inmobiliarios que habían intentado moldear.

Leseprobe

DEL PISITOA LA BURBUJA INMOBILIARIA

LA HERENCIA CULTURAL FALANGISTADE LA VIVIENDA EN PROPIEDAD, 1939-1959

HISTÒRIA I MEMÒRIA DEL FRANQUISME / 54

DIRECTORS

Ismael Saz (Universitat de València)Julián Sanz (Universitat de València)

CONSELL EDITORIAL

Paul Preston (London School of Economics)Walter Bernecker (Universität Erlangen, Núremberg)Alfonso Botti (Università di Modena e Reggio Emilia)Mercedes Yusta Rodrigo (Université Paris VIII)Sophie Baby (Université de Bourgogne)Carme Molinero i Ruiz (Universitat Autònoma de Barcelona)Conxita Mir Curcó (Universitat de Lleida)Mónica Moreno Seco (Universidad de Alicante)Javier Tébar Hurtado (Arxiu Històric de Comissions Obreres de Catalunya, UB)Teresa Ma Ortega López (Universidad de Granada)

DEL PISITOA LA BURBUJA INMOBILIARIA

LA HERENCIA CULTURAL FALANGISTADE LA VIVIENDA EN PROPIEDAD, 1939-1959

José Candela Ochotorena

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.

© José Candela Ochotorena, 2019

© Del prólogo: Julián Sanz Hoya, 2019

© De esta edición: Universitat de València, 2019

Publicacions de la Universitat de València http://[email protected]

Coordinación editorial: Juan Pérez Moreno

Ilustración de la cubierta: Vivienda-derribo de chabolas: Madrid 20/08/1957. EFE/YV

Maquetación: Inmaculada Mesa

Corrección: Letras y Píxeles S.L.

ISBN: 978-84-9134-507-7

ÍNDICE

PRÓLOGO

SIGLAS Y ABREVIATURAS

INTRODUCCIÓN

I. POSGUERRA Y CULTURA FRANQUISTA DEL HOGAR FAMILIAR

1. La posguerra. Vencedores y vencidos

2. La vivienda en la política social franquista

3. La doctrina familiar del Movimiento

4. El derecho a la vivienda familiar en propiedad

5. La arcadia falangista: el barrio nacionalsindicalista

II. MIGRACIONES Y SUBURBIO DEL PRIMER FRANQUISMO

1. Del campo a la ciudad

2. Las repúblicas regionales de la inmigración

3. Los suburbios

4. Familia, suburbio y hogar

5. En el barrio de chabolas

6. Emigración, identidad y discriminación

III. RECONSTRUCCIÓN Y POLÍTICAS DE VIVIENDA (1939-1953)

1. Legislación y ejecución de viviendas en la posguerra

2. Las finanzas insostenibles de posguerra

3. La batalla por el suelo de Madrid

4. Desencanto con la OSH

5. Los apoyos de la Iglesia y los empresarios

IV. DE LOS PLANES AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA

1. Del Plan Bidagor al II Plan de la Vivienda

2. La obra sindical del hogar cambia el rumbo y el discurso

3. El II Plan Nacional de la Vivienda

4. Las viviendas de renta limitada

5. Poblados satélite y de absorción, y ley del suelo

6. Economía y finanzas del II Plan Nacional de la Vivienda

7. El suburbio y la asistencia social católica

8. Alarma social, el pequeño burgués y el digno trabajador

9. La clase media, el pisito y el cine

V. EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA (1957-1959)

1. Un ministerio falangista

2. Arrese, auge y caída de un ministro

3. «La vivienda para el que la vive»

VI. EPÍLOGO: Una España de propietarios, no de proletarios

1. Ser propietario en país de pícaros

2. El aprendizaje ciudadano en el conflicto con la OSH

3. Las asociaciones vecinales y la propiedad

RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES

Desenlace económico: la vivienda se financia en el futuro

Conclusiones

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes de la época

Referencias bibliográfícas

PRÓLOGO

El presente de la mayoría de la población española continúa muy marcado por la grave crisis económica iniciada en 2007-2008, que entre otros factores asociamos al pinchazo de la burbuja inmobiliaria generada desde 1997, y por el desmesurado precio de la vivienda, sea en compra o en alquiler, que explica el fuerte endeudamiento de los hogares, con trágicos efectos sociales. Ha sido frecuente contemplar esta situación como una suerte de maldición llegada desde el cielo, como resultado de los arcanos de «la economía», asumiendo que las crisis son tan inevitables como el sistema capitalista neoliberal que las ha provocado. De hecho, no es ya que apenas se haya cuestionado, más allá de algunas promesas iniciales, el marco de (des)regulación financiera orientado a facilitar la especulación que está en el origen de la crisis global, es que ni siquiera se han revisado las políticas de la vivienda, de modo que volvemos a encontrarnos con un alza socialmente intolerable de los precios y con un contexto que parece abocarnos a una nueva crisis, que algunos expertos anuncian ya para fechas cercanas.

Sin embargo, la tendencia de los españoles y las españolas a endeudarse para comprar una vivienda como opción principal no es nueva, ni se puede explicar aludiendo únicamente a los bajos tipos de interés de los últimos años ni a los factores estrictamente económicos. Se trata, por el contrario, de algo que con frecuencia hemos asumido como natural, que hemos visto como el medio habitual de solventar la necesidad de vivienda, en buena medida porque así lo hicieron las generaciones nacidas en la larga posguerra, padres y madres que compraron sus pisos con gran esfuerzo en los años de la dictadura. Es decir, que la aspiración a la compra de una vivienda se relaciona también con un factor cultural heredado, que no cabe buscar en ninguna idiosincrasia natural española, sino que es histórico y se origina a partir de unos procesos históricos concretos, en los que intervienen factores económicos, políticos, sociales y culturales. Este es el punto de partida que dio pie a la investigación que presentamos en este libro.

Corría el año 2011 cuando me correspondió dirigir el trabajo de fin de máster en Historia Contemporánea de José Candela Ochotorena, doctor en Economía con una larga trayectoria profesional y docente, un hombre culto con un permanente interés por leer, por preguntarse, por comprender las claves que explican el funcionamiento del mundo como primer paso para transformarlo. Su planteamiento partía del problema de la vivienda, constatando la anomalía con respecto a buena parte de Europa que suponía la preferencia sistemática de los españoles por comprar una vivienda en propiedad, a despecho del fuerte endeudamiento en que incurrían y las amenazas que comportaba. Como explica en su trabajo, consideraba que el instrumental analítico de la economía era incapaz de explicar de forma convincente esta situación, por lo que se propuso analizar el desarrollo histórico de una cultura de la propiedad de la vivienda en España. Se puso manos a la obra y el resultado de su interés, su intuición y su trabajo fue una excelente tesis doctoral, calificada con sobresaliente cum laude, cuyos resultados se presentan de forma más sintética y accesible en este libro.

Creo que uno de los grandes méritos del autor es su esfuerzo por integrar elementos explicativos diversos. Resulta muy perceptible que conoce bien a los grandes analistas de las sociedades contemporáneas, algo especialmente notable en lo relativo a la tradición marxista y, dentro de esta, a la sensibilidad que atiende a la relevancia de los factores culturales, de Antonio Gramsci a Edward Palmer Thompson. Lejos de una historia en compartimentos estancos, por tanto, se inclina por una historia total, con sus diversas esferas en continua interacción, que integre un análisis multifactorial, poliédrico. Así, incorpora elementos de la teoría y la historia económica (cuyo instrumental conoce bien al ser su campo inicial de especialización), de la historia política renovada (nótese la atención a las culturas políticas, a las ideas y los mitos que configuran marcos de actuación política), de la historia social (la preocupación por los factores de clase, la situación de las clases subalternas y la historia desde abajo) y de la historia cultural (el análisis de la construcción de imaginarios en torno a la vivienda y al orden social). Trata de ensamblar todo ello e integrarlo en un relato explicativo complejo, pero accesible al público interesado.

Para estudiar el origen de la cultura de la vivienda en propiedad en España, José Candela pone su foco en las primeras décadas de la dictadura franquista, atendiendo a los contextos y los procesos que influyeron en la cuestión. Estudia así las concepciones de los vencedores, con especial atención a los imaginarios construidos por católicos y falangistas en torno al hogar y la familia, así como las propuestas para resolver los acuciantes problemas de vivienda y urbanización. Nos presenta la situación miserable de los suburbios que rodeaban las grandes ciudades, donde los inmigrantes procedentes del campo se hacinaban en chabolas levantadas a toda prisa aprovechando la noche. Explica los factores económicos que incidían en el mercado de vivienda, atenazado en la posguerra por la escasez de inversión pública y la falta de incentivos adecuados para la inversión privada, elementos que fueron modificándose en los años cincuenta. Uno de los aspectos más interesantes del trabajo es el análisis de las batallas internas del franquismo en torno al urbanismo y la política de vivienda, con especial atención al caso de Madrid, donde se enfrentaron las aspiraciones de los falangistas con los sectores conservadores más vinculados a los intereses creados. Aunque los primeros, como se verá, fueron con frecuencia derrotados, acabaron por acumular un gran poder como encargados de gestionar la política de vivienda de la dictadura y dirigir la insistente propaganda que exaltaba sus objetivos y sus logros. Por ello, uno de los ejes del trabajo es la política falangista de vivienda, en especial a lo largo de los años cincuenta, con el II Plan Nacional de la Vivienda y el surgimiento del Ministerio de la Vivienda en 1957, premio de consolidación para el arquitecto José Luis de Arrese tras la derrota de la ofensiva del partido único para asegurar su control futuro del régimen.

En todo caso, el análisis más o menos pormenorizado de las políticas franquistas no deja de lado la atención a las clases populares, a los procesos desde la base y a otros sujetos presentes: los procesos migratorios, la situación de los suburbios en las grandes capitales, la acción social católica, las percepciones culturales y los anhelos sociales sobre la vivienda (que con frecuencia se rastrean en la literatura, el cine o los seriales radiofónicos), los problemas que se encontraban los inquilinos de las viviendas sociales o, en el epílogo, las reivindicaciones del naciente movimiento vecinal. A través de todo ello, el autor percibe el modo en que la política falangista orientada a promover la vivienda en propiedad, con el declarado objetivo de anular las tensiones sociales y la lucha de clases, encontró un terreno fértil en una sociedad con graves problemas habitacionales y pudo converger o sumarse al desarrollo de la aspiración social a una estabilidad económica simbolizada por el hogar familiar en propiedad. De esta manera, en los años cincuenta se estaban poniendo las bases de la cultura de la vivienda en propiedad en España, asentada en la década siguiente.

Evidentemente, se trata de una investigación sobre los orígenes de esta cultura o tendencia a la vivienda en propiedad, que José Candela ha caracterizado como una institución cultural de la sociedad española. Pero ello no implica dar un brusco salto al presente, atribuyendo sin más las causas de la situación actual a los procesos desarrollados a mediados del siglo pasado. Esta cultura u obsesión por la propiedad se fue consolidando y generalizando en España en las décadas siguientes, en paralelo al desarrollo de un mercado inmobiliario fuertemente especulativo, que además se reforzó desde mediados de los años ochenta y de nuevo desde finales de los noventa, afirmando y profundizando un modelo protegido y promovido por las políticas públicas. Todo ello ha acabado haciendo de España uno de los países que encabeza los porcentajes de vivienda en propiedad y los precios de la vivienda en Europa, al coste de tener a una gran parte de la ciudadanía atrapada en una onerosa dinámica de endeudamiento y de sufrir reiterados ciclos de burbuja inmobiliaria que culminan en graves estallidos críticos. Y, sin embargo, sin que la reiteración de la secuencia y el malestar por los precios desmedidos de los pisos (sean en alquiler o en propiedad) hayan dado lugar a una modificación significativa de las políticas de vivienda que propician esta desastrosa situación –y, de paso, dé cumplimiento a uno de esos derechos constitucionales convertidos en papel mojado.

No podemos saber si esto cambiará en un futuro, pero desde la historia sí hemos de intentar explicar las causas y los procesos que han ido modelando nuestro presente. El trabajo de José Candela Ochotorena contribuye a esta explicación y hace también una necesaria aportación al mejor conocimiento de las políticas sociales y económicas de la dictadura franquista, sin el cual no resulta posible entender el significado, la duración y las características de aquel régimen; así como el contexto de penuria y de negación de derechos impuesto a sucesivas generaciones de españolas y españoles pertenecientes a las clases populares. Hay algo de homenaje, por tanto, a aquellas gentes trabajadoras que solo con mucho sacrificio, tenacidad y luchas pudieron acceder a su deseado «pisito», sí, pero también se reivindican los derechos civiles, laborales y sociales que se les negaban. Esta sensibilidad social, unida a la consideración intelectual y la buena relación personal, hacen que haya sido una satisfacción el poder contribuir en algo al trabajo y el que Pepe Candela me pidiera escribir el prólogo a este libro.

JULIÁN SANZ HOYAUniversitat de València

SIGLAS Y ABREVIATURAS

AAC

Asociaciones de Amas de Casa

AA. VV.

Asociaciones de Vecinos

AACC

Acción Católica

BHE

Banco Hipotecario de España

CC. OO.

Comisiones Obreras

CNS (OSE)

Central Nacional Sindicalista (Organización Sindical Española)

DGRD

Dirección General de Regiones Devastadas

FET y JONS

Falange Española Tradicionalista y de las JONS

HOAC

Hermandades Obreras de Acción Católica

ICRN

Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional

INE

Instituto Nacional de Estadística

INV

Instituto Nacional de la Vivienda

JOC

Juventudes Obreras Católicas

OSH

Obra Social (Sindical) del Hogar

SEU

Sindicato Español Universitario

INTRODUCCIÓN

It is sometimes remarked of an important research achievement that the hard part was in location the right question; finding the answer to that question then proved to be relatively ease (Nelson y Winter, 1982: 132).

Este libro intenta explicar una mutación cultural. Un cambio que se refleja en la siguiente comparación: en los años cuarenta, la inmensa mayoría de los habitantes de las grandes ciudades españolas, y de un gran número de las capitales de provincia y otras grandes poblaciones vivían en viviendas en alquiler; por el contrario, al inicio del siglo actual solo un 11,5% de las viviendas1 estaban ocupadas en régimen de inquilinato.

Según el censo del INE de 2001, el índice de propietarios de la vivienda familiar en España es del 88,5%. Si lo cotejamos con otros países europeos, la posición más cercana a la española es la del Reino Unido, con un 70%. En Finlandia la cifra es del 66%; en Suecia, 59%; en Francia, 53%; en Países Bajos, 48%, y en Alemania, 43% (García Montalvo, 2004: 7; gráfico 10). Todos ellos muy por encima del índice español.

La posguerra europea había contemplado la construcción de centenares de miles de viviendas sociales en alquiler; empezando por Reino Unido, y Europa no se incorporó a la preferencia por la propiedad de la vivienda social hasta la crisis del petróleo de los años setenta del siglo XX, cuando la ideología dominante de las burocracias públicas comenzó a virar del Estado benefactor al neoliberalismo. Francia fue la primera en cambiar el enfoque en 1977; año en que la Comisión Barre del Parlamento francés recomendó modificar el régimen de subvenciones a la vivienda social, para favorecer el acceso de las clases trabajadoras francesas a la propiedad. El presidente Valéry Giscard d‛Estaing presentó el informe, utilizando palabras que podía haber pronunciado Jose Antonio Girón treinta años antes: vamos a ligar al pueblo al orden establecido por medio del vínculo que supone la propiedad (Bourdieu, 2014: 39). Luego vinieron Margaret Thatcher y, más tarde, con la caída del Muro de Berlín, los países del Este.

Para entender esta anomalía española, es preciso ubicarla en el contexto de posguerra y de las migraciones que se dieron en esos años. En 1950 el Instituto Nacional de Estadística (INE) realizó el primer censo fiable de población y vivienda; según el cual había en España 6.287.000 viviendas, de las cuales estaban ocupadas 5.958.700. Veinte años más tarde, el censo de 1970 recogía un total de 10.655.000 viviendas, de las cuales estaban ocupadas 8.504.300. Esto es, en veinte años el parque de vivienda en España había crecido un 69,4%, pero su ocupación solo lo hizo en un 42,7%. Lo cual es un índice de un parque en proceso de abandono, o de un aumento de colocación de los ahorros en inmuebles vacacionales, o de ambos. La intensidad de las migraciones del periodo estudiado, como veremos, refuerzan la hipótesis del abandono rural.

Por lo que hace a la propiedad, en 1950 se estimaba que la vivienda urbana en propiedad rondaba el 20%, porcentaje que se duplicó en 1960 con un 43% de las viviendas principales propiedad de sus ocupantes, tendencia que alcanzó en 1970 la cifra del 70% (el nivel más alto de Europa en esas fechas). Es decir, en veinte años, el número de viviendas urbanas en propiedad en España se multiplicó por 3,5. Desde 1970 se llegó a las cifras ya vistas de 2001. Un periodo de 30 años durante los cuales España ha sido el país europeo con un porcentaje mayor de ciudadanos que son propietarios de su vivienda.

Estas cifras cobran aún más sentido cuando se comparan con la demografía. Los censos del INE nos informan de que España tenía alrededor de 26 millones de habitantes en 1940, y 28.172.268 en 1950, un 40% de los cuales vivían en los municipios (pueblos) de menos de 5.000 habitantes; más tarde, en 1970, tenía 34.041.531, de los cuales menos del 20% vivían en pueblos. El país no solo había crecido en población, sino que más de seis millones de españoles habían emigrado a municipios más grandes; y tres millones, entre los años 1957 y 1970, lo habían hecho al extranjero. Estas migraciones creaban una necesidad abrumadora de nuevas viviendas y, en parte, dotaron los recursos para edificarlas.

Los tres bloques de datos citados, revelan un comportamiento muy peculiar del mercado inmobiliario español en relación con el contexto europeo. Son cifras que nos presentan una, hasta cierto punto, anomalía que debe ser explicada. Este trabajo de investigación histórica, presentado en octubre de 2017 para mi tesis doctoral,2 está dedicado a buscar una explicación a estas peculiaridades del mercado inmobiliario español. La investigación parte de la convicción de que, para comprender fenómenos como el descrito, es necesario ir más allá de las explicaciones que nos proporciona la caja de herramientas del economista, mediante la incorporación de una perspectiva histórica.

Como economista me ha interesado el fenómeno de la persistencia de pautas idiosincrásicas en el mercado de vivienda español. Desde luego, no es ajena a este interés mi propia experiencia. La sucesión periódica de burbujas y crisis de la construcción fue responsable del cierre de la primera empresa donde tuve un empleo de mi profesión; acontecimiento que me envió al paro en 1979. Paradójicamente, tres años antes, cuando esa inmobiliaria de Madrid donde trabajaba, anunciaba en la prensa del fin de semana una nueva promoción en la Elipa, Chamartín, o Pacífico; el lunes por la mañana a la hora de incorporarnos al trabajo, se había formado una cola de personas en la calle, esperando a que se abrieran las oficinas de venta. Muchos venían con sobres de billetes de mil pesetas, ahorros enviados por algún familiar emigrante; Europa iniciaba la recesión y ellos preparaban la vuelta. Mientras, nuestro país estaba en plena transición a la democracia, subido a una burbuja inflacionaria que llevaría el IPC anual hasta el 25%.

Los economistas analizábamos estas peculiaridades del mercado inmobiliario español, utilizando para ello las herramientas estándar: la estructura de oferta del mercado, la repercusión del valor del suelo, las prácticas de stock de solares de las empresas inmobiliarias, la connivencia de los comisarios públicos para el control urbanístico con los gestores de las sociedades inmobiliarias, las tramas de relaciones entre las instituciones financieras y el negocio de la vivienda, la venta sobre plano de las promociones, la acumulación del suelo y, finalmente, el contexto inflacionario, que devalúa las deudas y convierte las viviendas en activos financieros.

Excepción hecha de la conservación del valor del capital; estos factores explicaban la carestía de la vivienda, pero no podían dar cuenta de la persistencia de esa pulsión de los españoles a endeudarse de por vida para tener una vivienda en propiedad; pulsión que hoy, cada vez más, se desvela como el humus que alimenta la tendencia de la oferta a superar la demanda solvente, creando esa reserva de viviendas vacías que no salen al mercado de alquiler, y compiten por los recursos económicos y financieros con los sectores más intensivos en tecnología (Rodríguez, 2006). Estos hechos chocan con la teoría económica, que prescribe, en este escenario, bajadas de precio y parálisis de la oferta, lo cual nunca había ocurrido hasta que, integrados en el euro, la economía española ya no puede recurrir a la devaluación monetaria y la inflación, para mantener su estructura de oferta en el cambio de coyuntura posterior a 2007.

Nos encontramos, pues, con un panorama social complicado que difícilmente puede explicarse de manera satisfactoria con las herramientas de teoría económica disponibles. Pero tampoco es menos cierto que a lo largo de su historia las disciplinas económicas han tenido que dar respuesta a problemas mucho más complejos. En tales ocasiones esas respuestas se han formulado recurriendo a marcos teóricos construidos en conexión con otras ciencias o disciplinas sociales. Así, la economía política ha recurrido hoy a la historia, para explicar las burbujas de deuda (Hyman, 2011). Pero también a la filosofía, como es el caso de Marx cuando, en el siglo XIX, tuvo que afrontar el tema más controvertido de su época: el del valor del trabajo. De modo similar, al comienzo del último tercio del siglo XX, cuando Europa, en plena luna de miel con las políticas de inclusión social y pleno empleo, entró en crisis; de nuevo los economistas se han sentido incapaces de encontrar en los cuerpos teóricos al uso las herramientas necesarias, no solo para explicar lo que ocurre, sino incluso para formular las preguntas pertinentes. Los economistas que quieren comprender este cambio de siglo, recurren a la historia y la antropología, como el espacio en que los seres humanos construimos la cultura, esto es, unos determinados «sistemas de conocimientos y creencias»3 que pautan el consumo.

Consecuentemente, incluso para un economista, la pregunta: ¿de dónde viene esta inclinación tan arraigada en los españoles por la vivienda en propiedad?, solo puede encontrar respuesta en el proceso histórico de creación de la «preferencia por la propiedad de la vivienda». Si esa pulsión no existía en los españoles de las ciudades republicanas; sí aparece con fuerza a finales de los cincuenta y se consolida en los años sesenta, la explicación de esa presencia hay que buscarla en los procesos culturales que se desplegaron entonces. En algún momento las clases medias y trabajadoras urbanas adquirieron el hábito de preferencia por el disfrute de la vivienda en propiedad frente a la opción del alquiler. Una cultura que ha mantenido toda una actividad económica fuertemente determinante en el desarrollo económico de España, y que ha tenido repercusiones notables en la organización y sostén del poder político local.

Obligados por las circunstancias, como veremos, los españoles tuvimos que aprender «a vivir en las ciudades» y lo hicimos a lo largo de un periodo que podemos iniciar en 1939 y concluir, más o menos, en 1970, si bien los momentos más intensos de ese aprendizaje se vivieron en las décadas de los cincuenta y los sesenta del siglo pasado. Por lo que sabemos,4 en el auge inmobiliario del periodo 1969 a 1977 un porcentaje significativo de las promociones de pisos de las capitales de provincia fue financiado por remesas enviadas por emigrantes, que concentraban en la adquisición de la vivienda una parte muy importante de la inversión de sus ahorros. Este comportamiento es revelador de una «creencia» subyacente, la cual nos indica que entre el desarraigo del medio rural, por una parte, y la decisión de invertir en una vivienda en la ciudad por otra, media un aprendizaje que va desde el oficio conseguido en el lugar de inmigración5 a la certeza de que el proceso de urbanización no tiene vuelta atrás. Si, como hemos visto, las pautas de los países de destino, Francia, Alemania, Suiza, Bélgica, etc., no avalarían la preferencia por la vivienda en propiedad, puede concluirse que la elección de invertir en un piso frente a la de formar un capital para un negocio y optar por vivir en alquiler, implica un hábito desarrollado en los años previos a la emigración.

¿Cuáles fueron los incentivos que fomentaron y dieron como resultado esos comportamientos? Veremos que los gobiernos de posguerra impulsaron la pauta de tenencia en propiedad de la vivienda desde organismos como el Instituto Nacional de la Vivienda y los Patronatos de funcionarios, o la Obra Sindical del Hogar y Regiones Devastadas. Comenzaron por la adjudicación de viviendas a la clase media: ciudades jardín, poblados corporativos y otras modalidades, o con casas para trabajadores, afiliados obligados a los sindicatos, y para agricultores. Luego vinieron los polígonos de vivienda social para familias inmigrantes, que habitaban en barrios de chabolas: Unidades Vecinales de Absorción (UVA), ciudades satélite, etc. Estas iniciativas gubernamentales se acompañaban de la utilización de mecanismos políticos, coercitivos y de inducción cultural, que combinaban el adoctrinamiento propagandístico, la represión de la movilidad, la financiación de hasta cincuenta años del coste, la promulgación de políticas claramente lesivas para el alquiler, la destrucción del patrimonio cultural inmobiliario para liberar suelo, e incentivos fiscales a la construcción de viviendas en propiedad (Betrán, 2002; Naredo y Montiel, 2011). Políticas que estaban dirigidas a una sociedad que, sobre todo, quería estabilidad, olvidar el pasado reciente, crear una familia, salir del agujero del subdesarrollo y la ignorancia, liberarse de las servidumbres de la vida rural, encontrar un lugar donde establecerse y proyectarse en un futuro para sus hijos. Porque, sobre todo, el deseo de los españoles y españolas en aquellos años era casarse y formar una familia, única manera imaginada de construir una vida.6 El conjunto formado por este icono del hogar y por el andamiaje social que lo hizo viable se convirtió en una institución de la sociedad española, con evidentes repercusiones económicas y sociales, aunque no haya merecido la atención de los investigadores hasta la hora presente.7

Ciertamente, otros investigadores han enfocado el tema de la vivienda durante el franquismo desde otras inquietudes científicas. Pero ninguno ha indagado en la cultura de propiedad y sus orígenes. En la tesis doctoral referenciada en páginas previas, se detalla el «Estado de la cuestión» (pp. 13-26) en relación con las investigaciones relevantes para nuestro trabajo, las cuales han sido realizadas por historiadores del franquismo, economistas, arquitectos y sociólogos, en torno a la vivienda durante el «primer franquismo». En nuestro libro se ha suprimido ese apartado, para hacer su lectura más fácil, entre otras cosas, porque la tesis completa está disponible en Internet con acceso libre a todo el texto. En ella, además, se define la metodología aplicada a la investigación (pp. 26-36), especialmente la utilización del concepto de «contingencia cultural», desarrollado por el antropólogo Clifford Geertz en su obra La interpretación de las culturas; así como la dialéctica institucional en las sociedades capitalistas modernas, según la ven Peter Blau (1998), Mary Douglas (1996) o Daron Acemoglu y James Robinson (2008); desde cuya perspectiva analizamos la preferencia por el régimen de propiedad de la vivienda que tienen los españoles; indagando en la cultura franquista de la vivienda, las instituciones con ella relacionadas, y los valores y necesidades ciudadanas que la nutren.

La investigación pretende concretar los hitos del proceso histórico que contribuyeron al nacimiento y consolidación de una cultura de la vivienda en propiedad. Mito cuyo simbolismo transita desde un contexto de cambio de la sociedad rural a la ciudadanía urbana, sometido a las reglas de juego de una dictadura fascista y nacional católica; a otro de consolidación del capitalismo moderno en una sociedad regida por las reglas de juego de la democracia liberal. La tarea recopilatoria de información realizada persigue documentar por qué para los españoles el hogar «propio», concebido como propiedad de una vivienda, se convirtió en un símbolo de la emancipación personal y familiar en un momento concreto de nuestra historia. Lo cual no quiere decir que desaparezca con él, pues el citado icono ha demostrado tener una gran capacidad de supervivencia.

Para el trabajo de análisis y exposición de los procesos históricos concretos (políticos, socioculturales y económicos), hemos tenido que recurrir al estudio del urbanismo y las leyes de vivienda franquistas, pero esas incursiones en disciplinas ajenas se circunscriben a los hechos relevantes para la investigación. No obstante, como la legislación del periodo es muy prolija, se ha recurrido a sintetizarla en cuadros sinópticos, que reflejan las tres fases cronológicas en que hemos dividido la investigación. Además, existen razones de evidente economía investigadora, para que nuestro trabajo se centre especialmente en Madrid y Barcelona, áreas metropolitanas que recibieron el 75% de los flujos migratorios del periodo8 y de la construcción de casas de protección social, especialmente la capital de la nación, cuya importancia simbólica se refleja en que todas las iniciativas políticas de vivienda, entre 1939 y 1959, se iniciaron allí. No obstante, cuando se produjeron acontecimientos relevantes, como el barrio de San Ignacio de Bilbao, las viviendas del Congreso Eucarístico de Barcelona, o la Tómbola diocesana de caridad de Valencia, los resaltamos en su importancia concreta.

El libro está ordenado en tres bloques, teniendo en cuenta, en todo momento, que es necesario un equilibrio en la exposición entre la cronografía de los hechos y la exposición de los procesos institucionales. Los capítulos 1 y 2 comprenden la revisión del contexto del régimen franquista en la posguerra, con especial atención a las persecuciones, el hambre, las migraciones y el suburbio, junto con los símbolos subyacentes al problema que nos ocupa: la familia, la vivienda que la acoge y la propiedad, y la cultura que se creó e implantó en los arrabales ciudadanos. Los capítulos 3, 4 y 5 están dedicados a la revisión de las políticas sociales y económicas de la vivienda, los conflictos internos de la coalición dominante en torno a la política social, y los procesos culturales que desencadenaron en la población, enmarcados por el devenir de los acontecimientos en Europa y las limitaciones económicas. Por último, el capítulo 6 resume los elementos que consiguieron el asentamiento de las pautas de hábitat perseguidas por la política franquista de posguerra, incluida la cultura de protesta de las clases subalternas, y sus conflictos con el poder y, con esta recapitulación, concluye.

Esta investigación se limita al periodo que va de la posguerra al cese de Arrese al frente de la cartera ministerial de vivienda. Aunque consideramos que los hechos posteriores son relevantes, y así lo hacemos notar, porque otros estudios que se han hecho sobre el movimiento vecinal testimonian su contribución a la consolidación de la cultura de vivienda en propiedad;9 pensamos, tal como se desprende de nuestro análisis, que en la fecha de 1959 estaban sentadas las bases de creación de dicha cultura.

Con este trabajo historiográfico pretendemos mostrar la génesis de la cultura de la vivienda en propiedad y su consolidación como una institución de la sociedad española en la segunda mitad del siglo XX. De forma que, para los españoles, tener la vivienda en propiedad es, en primer lugar, lo natural y de sentido común. Los ciudadanos de nuestro país están convencidos de que la vivienda en propiedad les proporciona seguridad frente a ciertos riesgos potenciales, como la pérdida de un ámbito familiar, la marginación, o la merma del patrimonio por devaluación monetaria. Consideran la vivienda en propiedad como algo protegido por un entramado estructural, administrativo y económico, local y nacional, que se adapta a la evolución de la propia institución. Y, por último, para el consumidor español la decisión de tener la vivienda en propiedad es emocional; la preferencia por la vivienda en propiedad va más allá de las expectativas y recompensas del mercado, porque para nosotros es el símbolo de un estilo de vida.10

* * *

Quiero mostrar aquí mi agradecimiento a Julián Sanz, que no solo ha dirigido mi tesis doctoral, origen de este texto, sino que ha tenido la paciencia de corregir mi estilo. También a Ismael Saz, Carme Molinero y Manuel Ortiz, que me animaron a convertir mi tesis en libro, y a los profesores de Historia Contemporánea y colegas que leyeron mi propuesta y me indicaron carencias y posibles rectificaciones. A todos ellos, gracias, aunque la responsabilidad del texto y sus errores es solo mía. Y a Pepa, gracias por el tiempo que me permitió robar para escribirlo.

Valencia, diciembre de 2018

1INE, Censo de viviendas del año 2001. El 88,5% restantes estaban ocupadas por sus propietarios o vacías.

2 José Candela Ochotorena: La política falangista y la creación de una cultura de propiedad de la vivienda en el primer franquismo, 1939-1959. Disponible en TESEO (<https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do>) y RODERIC (<http://roderic.uv.es/handle/10550/62916>).

3 A. Kuper: Cultura, la versión de los antropólogos, Grupo Planeta, 2001.

4 Véase el Informe SEOPAN, 1974.

5 Las habilidades aprendidas, como la mecánica o la cocina, determinaron muchas opciones de negocio de inmigrantes, a su vuelta a España.

6 Véase conversaciones de jóvenes de ambos sexos que acuden los domingos al merendero de El Jarama (en Sánchez Ferlosio, novela homónima).

7 Creemos que, debido a la falta de metodologías investigadoras, que impiden conectar las culturas del consumidor, enfoque micro de marketing, con fenómenos macro, como la especulación inmobiliaria y las burbujas financieras. Véase José Candela Ochotorena: La política falangista y la creación de una cultura de propiedad de la vivienda en el primer franquismo, 1939-1959. Disponible en TESEO (<https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do>) y RODERIC (<http://roderic.uv.es/handle/10550/62916>).

8 Semanas Sociales de España XVIII, Vigo-Santiago (1958: 157).

9 Destacamos: Mario Gaviria (1969) y Manuel Castells (2008).

10 Mary Douglas (1996).

I. POSGUERRA Y CULTURA FRANQUISTADEL HOGAR FAMILIAR

Renovando la Tradición Católica, de justicia social y alto sentido humano que informó la legislación del Imperio, el Estado Nacional [...] es instrumento totalitario al servicio de la integridad patria, y Sindicalista en cuanto representa una reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista («Preámbulo del Fuero del Trabajo» de 1938).

La promesa de una vivienda en propiedad para todos los españoles fue un elemento crítico del arco ideológico falangista, tanto en su componente político-institucional: familia, sindicato y municipio, como por sus instituciones culturales: familia patriarcal; mujer madre y esposa, y valores católicos, o del discurso social: superación de la lucha de clases; igualdad dentro de la jerarquía; interclasismo urbano, justicia y paz social. Aunque utilizara símbolos del patriarcado católico, el discurso social de la vivienda en propiedad fue falangista y previo a la reivindicación popular. Era fruto del imaginario franquista e iba dirigido a los anhelos domésticos de las clases medias y populares.

Vertida sobre una sociedad vencida y desmoralizada por la miseria de posguerra, la propaganda falangista de la vivienda en propiedad buscaba crear una imagen poderosa, un símbolo que definiera los nuevos tiempos y fuera capaz de fijar hábitos y recursos, en y para las gentes; pautas sobre la forma en que los españoles concebirían la vivienda urbana,1 y seguridades que orientaran las conductas y dieran estabilidad al sistema social que se quería perpetuar. Quería consolidar una cultura de la propiedad que no fuera percibida como el derecho económico liberal, sino que se configurara en las mentes populares de acuerdo a unas convicciones de estabilidad familiar.2

En aquella España de antes de finales de los años cincuenta, e incluso antes de mediados de los sesenta, no existía nada parecido a un movimiento popular por la vivienda, como sí habían surgido, poco a poco, reivindicaciones obreras de contenido laboral. Lo que sí trascendía era una tremenda angustia de la mayoría de los españoles ante la escasez y carestía de la vivienda en un país en proceso de rápido cambio demográfico, agobiado. Las amplias migraciones interiores cambiaron un país semirrural por una nueva sociedad urbana. Estas masas desplazadas pondrían al descubierto la falta de previsión y la ineptitud de un gobierno incapaz de proporcionar cobijo a sus ciudadanos, en fragrante contradicción con su discurso legitimador, y provocando conflictos internos entre sus soportes sociales y políticos, en torno a los cambios necesarios en las instituciones que sostenían el urbanismo capitalista en España. Porque en la posguerra el régimen estuvo sumido en la impotencia económica para ordenar la vivienda en una jerarquía conflictiva de necesidades sociales,3 dentro de la cual se desplegaba el juego específico de contradicciones de esa misma política: entre la urgencia de legitimación de Falange y la presión inmobiliaria de los grupos de poder económico adictos al régimen, y entre las aspiraciones totalitarias de los falangistas y la autonomía de la jerarquía católica.

En la lucha interna por la proyección generacional, y por la definición de «lo racional», Franco tuvo la última palabra para precisar lo que era razonable en cada situación concreta. El juego de alianzas y disensiones transcurría en, y en torno a, las instituciones, y el caudillo fue la institución central del régimen; una afirmación cualquiera solo se consideraba correcta si estaba sustentada por él.

Pero las instituciones no se pueden apoyar en una sola persona, su propio desarrollo tiende a impulsar elites, seleccionadas por su habilidad para prescribir los comportamientos útiles (Douglas, 1996). El primer franquismo también se define, igualmente, por la consolidación de una elite social, política y económica procedente del proceso de fascistización de las derechas españolas durante la guerra, impulsado por la intervención ítalo-alemana en la contienda, que facilitó la integración de una derecha antiliberal que buscó su acomodo en FET y JONS (Sanz Hoya, 2010). Falange sufrió varias depuraciones entre mayo de 1941 y agosto de 1942 y, acosada por los militares y la Iglesia, se convirtió en la Falange de Franco (Saz, 2003: 368). Luego, empujada por la deriva de la Segunda Guerra Mundial, fue obligada a enmascarar el fascismo con el catolicismo. El aluvión previo al partido de militantes jóvenes e intelectuales católicos facilitó los cambios en el partido único.4

Hemos de compaginar el principio representativo con la autenticidad y con la realidad social económica, y esta compleja construcción [...] ha de insertarse en la profunda religiosidad y catolicidad del pueblo español. Así el juego y la dinámica política española se asentará sobre la Familia, sobre el Municipio y sobre el Sindicato en una estructuración legal, ya a punto de ultimarse (Arriba, 6-7-1945).

Por su parte, la Iglesia mantuvo una sintonía excelente con Franco desde el principio. Pío XI legitimó el Alzamiento con su discurso del 24 de septiembre de 1936 y con la Carta Colectiva del Episcopado español de 1 de julio de 1937, que reconocía al Gobierno de Burgos. La Iglesia bautizó la rebelión con el nombre de Cruzada, término que convertiría al catolicismo en «elemento constituyente del Régimen», y apoyó el «Alzamiento», la represión y a Franco. Pero los obispos reiteraban su independencia del Movimiento, ofreciendo en sus homilías y pastorales, su adhesión directa al caudillo, «que mantenía la unidad católica de España» (Sánchez Jiménez, 1999: 174-179). El régimen se identificó con el caudillo y, como diría el fiscal y ministro Blas Pérez en 1945, Franco sería «Señor de España por derecho de fundación» (Aróstegui, 2012: 434), consagrado además por la Iglesia «Caudillo de España por la gracia de Dios», divisa que aparecería en las monedas y sellos del reino hasta bien entrados los setenta.

1. LA POSGUERRA. VENCEDORES Y VENCIDOS

La acción insurreccional ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Serán pasados por las armas, en trámite de juicio sumarísimo, cuantos se opongan al triunfo del expresado Movimiento salvador de España, fueren los que fueren los medios empleados a tan perverso fin (instrucciones del general Mola a las fuerzas sublevadas).5

En palabras de Franco, el régimen significaba la «fundación del mito de la unidad» con el «orden» como símbolo. Un orden destinado a estructurar la sociedad como un cuerpo compacto y armónico, organizado piramidalmente en torno a la figura del Caudillo6 y fundado en la Victoria sobre la anti-España, legitimadora de una represión masiva y expeditiva.7 Sin embargo, más allá de las ideologías, el cemento de las fuerzas que apoyaron la rebelión en 1936 fue el temor al cambio de orden social. Y, con el triunfo militar, el reparto del botín del vencedor (Rodrigo, 2010).

La coalición se adaptó desde abajo, construyendo mediante la explotación (Hacienda, estraperlo, etc.) una sociedad de la victoria, que proporcionaba movilidad social vertical para sus adeptos (Aróstegui, 2012: 425). La guerra había aportado al régimen miles de jóvenes oficiales y suboficiales, una gran parte de los cuales acabarían siendo cuadros políticos o militares del nuevo Estado al final de la contienda.8 Los combatientes con galones se vieron licenciados con el carné de Falange en el bolsillo; carné que abría amplias oportunidades de carrera, sancionadas por el Fuero de los Españoles: «XVI-1.- El Estado se compromete a incorporar la juventud combatiente a los puestos de trabajo, honor o de mando, a los que tienen derecho como españoles y que han conquistado como héroes».

La burocracia del nuevo Estado «que se consolidó en la década de los cuarenta, estaba formada por los profesionales, técnicos y burócratas, procedentes de las elites cortejadas por Acción Española, que apoyaron a la España sublevada» y se convirtieron en uno de los pilares decisivos del régimen (Saz, 2003b: 66). Este ingreso de jóvenes funcionarios al nuevo Estado no estuvo exento de tensiones. La Victoria había sido «un verdadero ajuste de cuentas de clase», y los poderes tradicionales locales interpretaban que les otorgaba una posición de privilegio; pensaban que «no se había hecho la guerra para que unos falangistas advenedizos vinieran a mandar» (Canales, 2006: 116). Ante los obstáculos a la incorporación de los nuevos cuadros a sus destinos, el Gobierno puso orden aumentando el poder de los gobernadores civiles, quienes ampararon a los jóvenes excombatientes y falangistas (Sanz Hoya, 2011: 121), y con ellos renovaron las administraciones locales, provinciales y delegaciones ministeriales. Se preparaba el camino para el asalto posterior al poder local, durante los años del desarrollismo, de una nueva clase media enriquecida por el estraperlo y la influencia política (íd., 2010: 21).

1.1Represión, miseria y control social

En cambio, para los vencidos, lo primero que definió al régimen fue la represión. El terror fue usado con eficacia para sofocar cualquier núcleo de resistencia, pero también para anular la memoria de la coyuntura democrática. Más allá de los objetivos de información, la represión pretendía crear un estado generalizado de miedo, sustentado en la percepción de que la arbitrariedad podía decidir el futuro de familias enteras, señaladas como desafectas.

En «una sociedad vigilada, silenciada y convertida casi en espía de sí misma, se produjo una paulatina eliminación de la memoria sociopolítica y se interiorizó una percepción negativa de la política, un mal que desencadenaba la tragedia familiar»; «el rechazo a la política» se convirtió «en una forma de protección».9

En las pequeñas comunidades cerradas en sí mismas fue donde la represión alcanzó las cotas más altas de destrucción física y moral de los vencidos, lo que en la posguerra supuso una fuerte ola de migraciones interiores a las grandes ciudades (Moreno Gómez, 2001). En cuanto a las mujeres republicanas, la represión fue doble: política y de género. Aunque hubo mujeres fusiladas y encarceladas, la mayor parte fueron perseguidas por ser esposas, madres o hijas de quienes habían combatido o habían destacado en el bando republicano (Ortiz, 2006). Lo que han dejado claro los investigadores es que, entre las personas perseguidas, las que más sufrieron fueron las que pertenecían a un estrato sociocultural bajo. Las que venían de un nivel social o cultural medio tuvieron más facilidad para conseguir avales de conocidos con influencias (Alted, 2001: 65). Este contexto relacional creó cadenas locales de lealtades familiares y vecinales (republicanos que debían la vida a familiares y amigos del régimen) que aseguraron un consenso en torno a las fuerzas vivas locales (Hernández y Fuertes, 2015).

Cuando el régimen tuvo la certeza de la derrota del eje, alardeó de magnanimidad y se promovieron conmutaciones masivas de penas, que creaban una idea magnificada del perdón, alentando en muchas familias de represaliados una visión de «la cara indulgente del Caudillo, que era percibido como un líder invicto y magnánimo» (Somoza et al., 2012: 67). En los años cincuenta el cansancio de la población, los apoyos de la «guerra fría» al anticomunismo franquista, el saneamiento de la economía y la exclusión de los disidentes, asentó la pervivencia del régimen (Mir Cucó, 2001: 29).

La posguerra fueron años de hambruna y asistencia social. Las zonas productoras de alimentos básicos estuvieron desde el comienzo de la guerra en manos del ejército franquista. Por lo tanto, la población republicana estaba exhausta en 1939, antes incluso que vencida, y con un gran deseo de recuperar la normalidad, lo que favoreció la implantación del régimen tras la victoria militar; aunque poco duró el espejismo de tranquilidad. A finales de los años cuarenta, las encuestas internas del régimen mostraban un gran descontento social entre los trabajadores por el aumento del paro, la carestía de la vida y la escasez de viviendas, pero también una fuerte y masiva despolitización (Sevillano, 1999: 163). En ese contexto el asistencialismo franquista, canalizado por la Organización Sindical, constituyó un vehículo óptimo de propaganda. Las duras condiciones de vida provocaban que amplias capas de la población valorasen positivamente cualquier pequeña mejora. Además, la mayoría de la población no conocía lo que pasaba fuera del país. Se estaba gestando una nueva clase obrera, formada por cientos de miles de jornaleros y campesinos que, huyendo del hambre, se desplazaban a la ciudad, donde encontraban por primera vez asistencia social (Molinero, 2006: 105). El ambiente de despolitización ayudaba a construir la idea de un estado preocupado por los trabajadores y que proporcionaba protección social; unido a que, como en la mayoría del resto de Europa, la Seguridad Social española es posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Las obras sociales crearon una red asistencial en los barrios, que facilitaba la penetración en los hogares obreros del Frente de Juventudes y la Sección Femenina y de la Acción Católica (Molinero, 2003: 325). Estas instituciones llevaron a los barrios los servicios de puericultura y asistencia sanitaria maternal ambulatoria. Los criterios de actuación indican que las asistentes no eran muy bien recibidas; las voluntarias de la Sección Femenina eran instruidas para acercarse a las familias «evitando despertar recelos y desconfianza entre ellas», utilizando un discurso en torno al mejoramiento de las condiciones de vida (Mateo, 2012: 213). Si atendemos el criterio de la literatura, las voluntarias católicas y falangistas eran vistas como parte de la beneficencia. A veces se las recibía con hostilidad. «Aquí querer no se les quiere». Y a otras como proveedoras: «Lo que pasa es que se les dan coba. Se trata de chupar lo que se pueda, ¿comprende usté? [...]» (Martín Vigil, 1960).

Los servicios de asistencia se utilizaban también para el control social; con el fin de conocer la moralidad de las familias, se rellenaban fichas detalladas donde se anotaban las condiciones higiénicas, empleo y hábitos morales y religiosos de los padres: si viven en pareja, están casados, alcoholismo, enfermedades infecciosas, tipo de lactancia del bebé. Informaban «sobre los niños que hubiera sin bautizar o sin hacer la primera comunión» e indagaban para verificar los matrimonios (Ruiz y Jiménez, 2001: 72).

Junto con el control se ejercía el adoctrinamiento. Se obligaba a las madres a asistir a cursos obligatorios para poder acceder a los cuidados ambulatorios. En esos cursos se daba formación en higiene materno-infantil, cuya importancia se puede alcanzar en el descenso drástico de la mortalidad infantil durante los años cuarenta, a pesar del hambre y la falta de antibióticos; aunque la falta de antibióticos impidió atajar la extensión de la tuberculosis entre la infancia callejera. Jesús Fernández Santos cuenta, en su relato corto Cabeza rapada, las últimas horas en la calle y el ambulatorio social de un niño pobre y tísico; el dolor, la compasión de la gente y la inevitabilidad de la muerte en la miseria, la asistencia de beneficencia y... el corolario de la falta de medicinas sin dinero.

[El chico] sudaba por la fiebre y toda su frente brillaba, brotada de menudas gotas. Yo pensaba: está muy mal. No tiene dinero. No se puede poner bien porque no tiene dinero. Está del pecho. Está tísico. Si pidiera a la gente que pasa, no reuniría ni diez pesetas. Se tiene que morir. No conoce a nadie... Aunque pasara el hombre más caritativo del mundo se moriría (Fernández Santos, 1958).

A pesar de la propaganda que fomentaba la natalidad, el franquismo hizo poco por ayudar con servicios a las madres trabajadoras; cuando la madre tenía que emplearse fuera del hogar, los niños quedaban a cargo de sus hermanos, la solidaridad vecinal, o abandonados a su suerte. Un informe de la Dirección General de Seguridad (DGS) de 16 enero de 1941 comunicaba a la superioridad que era «deprimente» constatar «los niños de las clases humildes que se ven por las calles vagando sin ningún control» (Novelle, 2012: 297). Tanto la Sección Femenina como la Iglesia limitaron la atención a las tareas de cuidado y vigilancia materno-infantil. En la Semana del Suburbio10 el reverendo D. Pedro Tura, de los Misioneros Hijos del Corazón de María, daba instrucciones a los activistas católicos sobre los tipos de asistencia que debían proporcionar a los chabolistas:

Legalizar matrimonios, procurar que todos estén bautizados [...] Velar por la moralidad de las familias y ayudarles en asuntos de orden social y laboral [...] Fundación de Patronatos Escolares Parroquiales, con suficientes escuelas [...] Organización de dispensarios; procurarles servicios médicos (íd., 1957: 40).

Es decir, que los cuidados ambulatorios servidos por la Iglesia también eran utilizados para el control moral de la población de los suburbios y barrios pobres. En la novela La Resaca (1959) de Juan Goytisolo, se cuenta cómo las ayudas de la Iglesia a los habitantes de las barracas del Somorrostro en Barcelona estaban ligadas a la administración de la «comunión» a los niños de las familias chabolistas durante la «Pascua Florida».11

1.2Autarquía, pobreza y mercado negro

Los años de hambre también lo fueron de autarquía, mercado negro y estraperlo. La primera fue un invento del régimen, una criatura fascista que casaba bien con el proteccionismo oligárquico. La autarquía nació con ánimo de convertirse en una alternativa definitiva al modelo de economía liberal-capitalista (Barciela, 1998: 88). Con criterios castrenses, se pretendía decidir qué debía producirse o cultivarse; cuánto debía entregarse a las autoridades para su distribución, y a qué precio (Del Arco, 2010). Una serie de organismos e instituciones se encargaban de centralizar el aprovisionamiento de alimentos y materias primas; otros del comercio exterior para cubrir faltas y recabar divisas; nacieron oficinas para asignar a los sectores las materias primas y suministros necesarios, y otras más que organizaban el transporte y distribución, tanto de las materias como de los alimentos. Cada organismo creó una burocracia agradecida y dispuesta a enriquecerse con las oportunidades del momento. Como dice Sanz Hoya (2010: 22), los entramados del estraperlo ayudan a «conocer mejor las causas que explican la prolongada duración de la dictadura, la configuración de su poder y de sus relaciones con la sociedad». En esos primeros lustros del poder municipal franquista «surgieron las redes de corrupción, aún perceptibles en la turbia realidad local actual»;12 al calor de esa acumulación de riqueza local se crearon los capitales y la cultura de negocio que alimentó la especulación del desarrollismo.

La autarquía trajo el racionamiento y este alentó el mercado negro... ¡Y llegó el hambre! En los comedores de Auxilio Social de los primeros cuarenta se atendió una media diaria de más de un millón de personas (Barranquero y Prieto, 2003: 208). En ese contexto de estancamiento, paro y escasez surgió «el estraperlo» y toda la sociedad participó en el mercado ilegal de artículos de primera necesidad; los de abajo para redondear unos ingresos de hambre, los de arriba para amasar fortunas (Del Arco, 2010: 66). El primer efecto de la escasez fue la creación de una amplia brecha entre el crecimiento de los precios y el estancamiento de los salarios. Un informe del Consejo Económico Nacional decía que los salarios perdieron en los años cuarenta casi un tercio de su poder.13

Los despachos de los diplomáticos acreditados en España narraban una hambruna insoportable (Del Arco, 2006); la coyuntura era tan aguda que los propios servicios provinciales de FET y las JONS hablaban del hambre. La penuria se volvió dramática en 1946, agravada por la ineficacia de Abastos.14 La situación empeoraba por los movimientos migratorios, con su secuela de clandestinidad de domicilio y viviendas ilegales. Los inmigrantes y sus familias, residentes no declarados, no podían acceder a las cartillas de racionamiento, viéndose obligados a acudir al mercado negro de alimentos y productos de primera necesidad. Como consecuencia, las ciudades fueron desbordadas por mendigos, sobre todo niños. La carencia de antibióticos y la avitaminosis extendieron la polio y la tuberculosis por la infancia, y la falta de higiene en los asentamientos ilegales convirtió el tifus en la epidemia mortal de los suburbios.15

Pero la carestía no solo afectaba a los pobres y perdedores de la posguerra. Atacó también los ahorros de las clases medias. Destruyó las rentas fijas y con ellas uno de los sostenes del conservadurismo español. La Iglesia se alarmaba, la inflación estaba convirtiendo en menesterosa una clase media rentista, conservadora y firme sostén del catolicismo, que vio en pocos años esfumarse el valor de sus ahorros.

La depreciación de la moneda y la elevación del coste de la vida (junto a la congelación de los alquileres) arrastraron hacia la ciudad a los pensionistas, y a pequeños rentistas, para ver si podían salvar con algún trabajo (empleo público, cajas de ahorro, etc.) la situación que les había colocado poco menos que en la legión inmensa de los pobres vergonzantes. Las depreciaciones monetarias son siempre una gran calamidad para los pueblos (Joaquinet, 1957: 30).

En un contexto inflacionario, la congelación de los alquileres, decretada en los años cuarenta, condenó a los caseros; una clase cuya preocupación más aguda era «salvar los ahorros contra la inflación y crear rentas duraderas para la vejez; que huía como la peste de los gastos de urbanización y los impuestos; que aprovechaba al máximo el suelo y configuró el Madrid provinciano del siglo XIX » (Juliá, 1994: 268). La ruina de estos «caseros-rentistas» convocaría las voces que desde ABC y otros medios se levantaron contra la Ley de arrendamientos.

A fuerza de predicar constantemente contra la lucha de clases no hemos caído en la cuenta de que hemos organizado otra lucha despiadada, feroz e inicua contra una clase conservadora e insustituible para el equilibrio social, que es la de propietarios de fincas urbanas... (Cort: RNA, 196, 1958: 35).

Pero, como en toda carestía, también hubo ganadores. En la posguerra lo fueron algunos miembros de la burocracia falangista, especialmente de Abastecimientos y Transportes. El control de la distribución nutrió la creación de nuevos ricos con la comercialización fraudulenta del trigo, patatas, aceite y otros alimentos; y con los derivados del petróleo, materiales de construcción y otros bienes escasos y necesarios. Por otro lado, la crisis fiscal municipal, producto de la carestía y el mercado negro, aumentó la importancia de los recaudadores-arrendatarios de tributos, puesto que recayó en los nuevos ricos del partido. El cónsul inglés en Málaga escribía a su embajada sobre el contraste entre la ostentación de los altos funcionarios y la miseria de la población (Del Arco, 2006).

El estraperlo se extendió por el campo con tal virulencia que incluso Franco se vio obligado a reconocerlo y condenar los efectos económicos y morales sobre la población en general (Barciela, 1998: 84), pero también sobre sus bases de apoyo rural, entretenidas en esos años en una actividad ilegal tremendamente lucrativa, y a las cuales lanzó en 1947 la siguiente regañina moralizante al tiempo que paternal:

Con la carestía, (aumenta) el índice de la tuberculosis y el de la mortalidad infantil, pues lo que para unos es exceso de beneficio, para los otros es pauperismo, tuberculosis y miseria (¡Muy bien! ¡Muy bien! Grandes aplausos) [...] Por eso pido al campo español que en todas las medidas [...] colabore para cortar este régimen de carestía; para que ese espíritu de codicia, no entre en el campo español, llevado por la ciudad o por los especuladores; que extirpemos ese afán de codicia, de riqueza rápida, que va contra la fraternidad cristiana, contra el sentido católico de nuestro pueblo, y que, al fin y a la postre, todos han de pagar a la hora de la muerte (Muchos aplausos) (Arriba, 14-12-1947).

La autarquía y el apoyo a los propietarios agrarios eran políticas esenciales del proyecto del Movimiento, pero el estraperlo las había malbaratado claramente a finales de los cuarenta. Esta circunstancia creaba fuertes tensiones internas en Falange y con los sectores católicos vinculados a la beneficencia y la asistencia social. Vicente Tarancón, obispo de Solsona (Lérida), publicó una homilía en la que afirmaba:

Durante estos diez años son muchos los que se han aprovechado de la escasez para hacer grandes negocios. Los que ocupan algún cargo en estos momentos no solamente deben ser dignos y honrados; deben parecerlo también y evitar con cuidado todo aquello que pueda servir de razón o de pretexto para que los demás duden de ellos (Del Arco, 2010: 74).

1.3Inflación y crisis, el fin de la autarquía

Cuando en 1949 el Gobierno de España esperaba ser incluido en el Plan Marshall americano, salir a los mercados de deuda internacional y superar el aislamiento por la vía del «anticomunismo», el ministro de Hacienda era consciente de las limitaciones para todas esas metas que implicaba la autarquía, durante la cual «el índice del coste de la vida había alcanzado el 468% respecto a 1938» (Arriba, 2-7-1949).16 Poner en orden la inflación era la primera cautela para obtener de EE. UU. un crédito de 50 millones de dólares (Sardá, 1970). Se ordenó a los bancos la restricción del crédito con el consiguiente incremento del paro (Arriba, 6-7-1949).

El descontento acabó manifestándose de forma pública, con la primera acción de masas reivindicativa bajo el franquismo: la huelga de tranvías de Barcelona de marzo de 1951, seguida de acciones y huelgas contra la carestía de la vida. Un informe de Carrero Blanco, entonces subsecretario de Presidencia, advertía del deterioro de las condiciones de vida, incluso en la clase media, y de las posibles consecuencias sobre el clima social en un contexto de escasez y racionamiento (Molinero e Ysas, 2003: 280).

En abril, Arriba (8-4-51) dio a luz un informe que mostraba la «preocupación de los académicos de la Universidad Complutense sobre el crédito público, al cual auguraban serios problemas si no se atajaba la inflación»; aparecía junto a un editorial, «Batalla Económica», contra el encarecimiento de la vida, que acompañaba al decreto del Gobierno para la intervención de «los precios del arroz, legumbres, pescado, frutas, verduras y leche», y a un informe alarmante sobre la ínfima calidad de la leche en Madrid (Arriba, 7-4-51). Dos días más tarde, acusaba de la situación directamente al «Estraperlo»: «En la Zona Nacional durante la cruzada no hubo estraperlo, ni especuladores [...]. La situación actual se puede calificar de “pereza” [...]. Pereza es cuando no atajamos allí donde se presenten los actos contrarios al interés público» (Arriba, 10-4-51).

El 19 de julio, Franco nombraba un nuevo Gobierno, y el cambio trajo consigo la vuelta del Movimiento al Gobierno, pero también la elevación a rango ministerial de la secretaría de la Presidencia de Carrero Blanco (Opus). Con el retorno a la política, Falange encontró las posiciones consolidadas de los católicos, que acotaban su margen de actuación; así que construyó un espacio para su futuro con la política social.

En 1952 se terminó oficialmente el racionamiento, pero la salida a la autarquía, aunque necesaria, no iba a ser fácil, a pesar de la firma del «Convenio de Ayuda Económica» de 1953 entre España y Estados Unidos, que abría un nuevo periodo en la evolución financiera del país. En primer lugar, porque los acuerdos no podían conseguir que la balanza exterior española dejara de ser deficitaria. En segundo lugar, el presupuesto público, que no llegaba al 13% del PIB, dedicaba más de la cuarta parte a gastos de defensa, y un 3,5% a los programas de vivienda, y aun así era insuficiente. Los falangistas reclamaban en su periódico un impuesto sobre la renta que ayudara al aumento de los recursos públicos, pero no lo consiguieron, y la financiación de la economía, por tanto, siguió asentada sobre una oferta monetaria que aumentaba un 19% de media anual. La combinación de un presupuesto raquítico y un exceso de dinero en circulación «produjo una elevación del coste de la vida del 50% entre 1953 y final de 1957», y los mercados negros de divisas y mercancías proliferaron por todas partes (Sardá, 1970).