Dignidad y Derechos del Ser Humano en el Planeta Tierra: Política, Derecho y Ciencias Sociales: bien común de la humanidad E-Book

H. Roberto Herrera Cáceres

• Herausgeber: Editora Dialética
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 554

Veröffentlichungsjahr: 2025

Beschreibung

Ciencias políticas, jurídicas y Sociales: BIEN COMÚN DE LA HUMANIDAD DIGNIDAD Y DERECHOS DEL SER HUMANO EN El PLANETA TIERRA Realidad y balance Mundial. La realidad de la vida de la mayoría de los pueblos soberanos en formales Estados democráticos de Derecho evidencia ser contraria a lo previsto en el orden internacional en vigor. El balance de la situación favorece más al mal que al bien común de la humanidad. El Bien Común de la Humanidad debe imperar en el siglo XXI. Los pueblos tienen el derecho, el deber y la necesidad vital e impostergable de poner fin a esa contradicción, haciendo prevalecer el bien común de la humanidad. Levantemos el Estandarte de la Dignidad Humana. Les llamo fraternalmente a que forjemos unidad solidaria para que – en acción colectiva - levantemos juntos el estandarte de la dignidad humana en todo el planeta Tierra por el bienestar y progreso social de todos los pueblos. Viabilidad y efectividad de prioridad suprema de la dignidad y los derechos del ser humano y la salvaguarda del planeta Tierra. Además de precisar causas y responsables de la situación actual: en el presente libro planteo solidariamente la solución posible en la perspectiva de la dignidad y los derechos de cada persona humana y de los pueblos, así como la disponibilidad de medios, instrumentos y recursos para hacerlo, garantizando su viabilidad y efectividad para toda la humanidad. Honduras, Centroamérica, 2024 El Autor Cuenta Usuario X: @‌herreracaceresr

Leseprobe

Siglo XIX

Para el redactor del acta de Independencia de Centro América (1821) las ciencias son útiles porque todas influyen, como un todo, en el Bien Social, contribuyendo todas a la felicidad general… Si un Gobierno injusto tiende a la felicidad de unos y olvida la de otros, comenzará entonces la tiranía y la destrucción. Se acabará la sociedad y las Ciencias se acabarán con ella. Por eso, lo que más interesa en las ciencias es el de desnudarlas del aparato misterioso con que se han presentado, el de hacerlas populares, el de achicarlas y ponerlas al alcance de todos. Exhortó a las personas “dignas de escribir” a que “hagan a la patria el servicio que debe hacer un sabio: presentar sus pensamientos y observaciones, indicar el mal que puede hacer una providencia mal combinada o designar el bien que pueden producir otras medidas”.

José Cecilio del Valle, 1821

Ciudadano hondureño y centroamericano: jurista, político, naturalista y sabio continental americano con dimensión mundial.

GOBIERNOS ANTE EL IMPERIO DEL DERECHO

Siglo XX

La relación entre la Ciencia Política y la Ciencia Jurídica ha sido tema minuciosamente examinado por el gran jurista mundial Charles de Visscher que ha precisado como la doctrina — atrincherada en posiciones formales — ha eludido durante mucho tiempo la confrontación directa entre el Derecho y la Política internacional. A veces simplemente ha ignorado el hecho político; a veces ha trabajado para eliminarlo reduciendo artificialmente incluso los datos más elementales a criterios legales. La insuficiencia de tales métodos se ha vuelto cada vez más evidente a medida que los profundos trastornos en la vida de los pueblos han obligado al profesional del derecho a acercarse más a las realidades. El Derecho tiene mucho que ganar si se disipa poco a poco el peligroso misterio de que se rodea la antítesis de la Política y el Derecho. Hay que reconocer a una parte de la doctrina contemporánea una nueva preocupación por la observación directa, una visión más amplia de los factores de todos los órdenes que presiden la transformación de las relaciones internacionales, una apreciación más exacta de las resistencias que la actual distribución del poder opone a la regulación jurídica…Solo trayendo al Estado a su realidad que es ser organización y medio creado — al servicio de los pueblos soberanos — Es volver al ser humano, llevando la concepción del Estado — organización y medio — a la persona que es su fin, descubriendo — en el proyecto del bien común — la única justificación moral y jurídica de la obligatoriedad del Derecho Internacional”.

Charles de Visscher, 1970

Ciudadano belga, jurista y profesor de Derecho Internacional

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DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS Y PERSONAS EN ESTADO DEMOCRATICO DE DERECHO

La sabiduría de nuestros antecesores y el avance científico político y jurídico enseñan que el bien común o bienestar general de los pueblos posibilita el logro de la opción personal del bien individual, siendo así la suprema meta general que deben cumplir y promover conjuntamente el Estado y la sociedad. Por eso, la dignidad humana con bienestar y progreso social es el fin supremo de las constituciones y, en general, del estado de Derecho, debiéndose asegurar su efectividad con la aplicación debida — con rigor científico — de las regulaciones normativas en perspectiva de ese bien común y su materialización mediante la racional utilización de las disponibilidades y recursos para atender las necesidades de seguridad humana, bienestar general, vida digna y su progresiva mejora de la calidad. En el siglo XXI, no es el principio del poder político del Estado lo que está en entredicho sino el abuso en su ejercicio y la corrupción de gobiernos. Abuso de poder que atenta contra la integridad y efectividad del estado de democracia y del estado de Derecho.

H. Roberto Herrera Cáceres, 2024

INDICE

INTRODUCCIÓN

PRIMERA PARTE REALIDAD MUNDIAL Y EFECTIVIDAD ORDEN INTERNACIONAL

CAPITULO I. REALIDAD MUNDIAL

SECCIÓN 1. Centralidad del ser humano y situación de vida de la mayoría de los pueblos en contraposición al estado de democracia y el estado de Derecho.

SECCIÓN 2. Necesidad del cambio y la transformación en la sociedad y el Estado para hacer efectivos el estado de democracia y el estado de Derecho.

SECCIÓN 3. Los pueblos soberanos pueden y deben impulsar el cambio o transformación para disfrutar de los bienes de la democracia y del estado de Derecho.

CAPÍTULO II. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DEL ORDEN MUNDIAL Y NECESIDAD DE SU RESTRUCTURACIÓN.

SECCIÓN 1. La Paz y Seguridad internacionales: objetivo específico en el bosquejo original de los objetivos del nuevo orden internacional (1945) y su posición en el diseño actual en correspondencia con el desarrollo progresivo del Derecho Internacional y la realidad mundial actual.

SECCIÓN 2. Readecuación y readaptación de la Paz y Seguridad internacionales como objetivo específico en bosquejo original de la estructura del orden internacional y su interdependencia e interacción funcional con otros objetivos específicos intermedios.

SECCIÓN 3. Medios, instrumentos, buenas prácticas, experiencias edificantes e innovaciones para la restructuración funcional y efectividad de resultados del ordem internacional; Migración forzada: mal público y su superación en orden internacional reestructurado.

SECCIÓN 4. Migración Forzada: mal público y su superación en orden internacional reestructurado. Caso de migraciones forzadas de Honduras a los Estados Unidos de América.

SECCIÓN 5. La cumbre y el pacto para el futuro en la ONU. Solidaridad con reivindicación de los pueblos soberanos sobre el comportamiento de los gobiernos en sus estados y en las relaciones internacionales bilaterales y multilaterales.

CAPITULO III. REALIDAD Y ORDEN REGIONAL Y NACIONAL

SECCIÓN 1. Sistema de la integración centroamericana (SICA)

SECCIÓN 2. Realidad y orden nacional. Caso de honduras: antecedentes, evolución histórica, vida y expectativas; Buenas prácticas, desde lo local: Estrategia de Seguridad Humana para el Desarrollo Local Sostenible: Municipios de Bienestar Solidario; Iniciativa de educación en cultura democrática y derechos humanos.

SEGUNDA PARTE SOLIDARIDAD y DIALOGO INTERGENERACIONAL

CAPITULO I. SOLIDARIDAD

SECCIÓN I. Concepto, fuente, fundamento y objetivo.

SECCIÓN 2. Solidaridad internacional — entre gobiernos en la ONU — en defensa y promoción de la dignidad humana y entre los pueblos soberanos de los Estados desde lo local, nacional y regional, así como en el ámbito mundial.

CAPITULO II. DIALOGO DE SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL POR LA PROMOCION Y PROTECCIÓN DE LA DIGNIDAD Y DERECHOS DEL SER HUMANO; Y DEL PLANETA TIERRA.

SECCION 1. Diálogo de solidaridad intergeneracional con el propósito común de asegurar la efectividad de un restructurado orden internacional propuesto para la protección y promoción de la dignidad y derechos del ser humano, y la salvaguarda del planeta Tierra,

SECCIÓN 2. Participacion política para la efectividad del orden internacional restructurado.

CONSIDERACIONES FINALES

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

I − ORDEN MUNDIAL

II. ORDEN REGIONAL (CASO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA – SICA)

III. ORDEN NACIONAL (CASO HONDURAS)

ANEXOS

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

INTRODUCCIÓN

La degradación o el enviciamiento constante del estado de democracia y del estado de Derecho en las sociedades de los Estados y — por la vía de sus relaciones internacionales bilaterales y multilaterales — su consiguiente contagio en las organizaciones regionales y mundiales: evidencian que la protección y promoción de la dignidad y derechos del ser humano y su digna vida en el planeta, no es prioridad mundial, ni regional, ni nacional de los Estados.

Ante esa situación — desde diversos y pluralistas horizontes — se plantean las preguntas siguientes:

1. ¿La actual realidad mundial, regional y local es acorde con la forma de vida jurídicamente objetivada de las sociedades democrática conforme al vigente estado de Derecho?

2. ¿Es la paz el fin supremo de las sociedades o pueblos soberanos de las Naciones Unidas y de los Estados miembros de la ONU?

3. ¿Cómo caracterizar, objetivar y sistematizar con efectividad el orden público que debe prevalecer en el mundo, las regiones y los Estados para la mayor transparencia de la acción legítima y eficaz — en democracia y Estado de Derecho — de los gobiernos de los Estados y organizaciones internacionales?

4. ¿Hay, en los pueblos, voluntad ciudadana y capacidad de ejercer su soberanía y su libre determinación para reivindicar la democracia pluralista auténtica y el efectivo estado de Derecho en nuestros Estados, regiones y el mundo?

Las interrogantes anteriores son aspectos claves que se abordan en este libro desde una perspectiva de superación de los cada vez más graves males que en su existencia confronta la humanidad y el planeta que habita y la sustenta. Su enfoque se centra, en consecuencia, en las interconectadas realidades en los respectivos órdenes mundial, regional y nacional vis a vis el estado de la democracia yel estado de Derecho; y lo concerniente a la gestión — por los gobiernos — del funcionamiento de los Estados, de la conducción de sus relaciones internacionales y participación en organizaciones internacionales, así como a la participación de la ciudadanía en todos esos ámbitos.

Su estudio y análisis se basa objetivamente en textos jurídicos convencionales y políticos, doctrina jurídica, informes de la ONU, instrumentos de reconocimientos de los propios gobiernos; obras jurídico — políticas, así como los conocimientos, la participación y las experiencias propias del autor, como ciudadano profesor e investigador; jurista nacional, centroamericano e internacional y diplomático con participación activa como Embajador en las relaciones bilaterales y multilaterales así como parlamentario centroamericano, primer Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); y escritor de veinte y cuatro libros y centenas de estudios ensayos y artículos sobre aspectos jurídicos, políticos y sociales.

La actual obra busca contribuir a dar a conocer y profundizar la razón crucial de la instancia cívica mundial, divulgada el 10 de diciembre de 2023 — Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos — en la fundamentación de su respuesta a la necesidad de reposicionar la dignidad y los derechos del ser humano como el objetivo superior establecido en las constituciones y, desde 1945, en la Carta de las Naciones Unidas (ONU) e instrumentos normativos posteriores.

La realidad actual es categórica y pone de manifiesto que — como partes de la humanidad — numerosos pueblos han sufrido en el pasado y en el presente y son los más gravemente afectados en su vida cotidiana por el impacto de las crisis internacionales que han sobrevenido, con mayor intensidad y complejidad, a partir de la pandemia y sus efectos; y por la expansión de otros males públicos como la corrupción, el crimen organizado, las autocracias, el terrorismo, las guerras localizadas internas e internacionales y sus repercusiones sobre todos los Estados y el planeta Tierra cuya existencia está también en peligro por fenómenos humanos y naturales.

Es inhumano seguir ignorando, en este siglo XXI, las condiciones indignas de vida de la mayoría de los pueblos y los alarmantes niveles de menosprecio de la dignidad del ser humano y de sus derechos humanos; así como de erosión, degradación o destrucción producidos en el planeta Tierra que nos alberga y posibilita satisfacer nuestras necesidades y bienestar.

Menosprecio y destrucción que tienen su origen en el funcionamiento de nuestra estructura de vida en sociedad y la de los Estados que actúan por medio de los respectivos gobiernos sucesivos; y cuyos responsables somos siempre los seres humanos que estamos contribuyendo — por acción u omisión— a esa nociva y peligrosa situación.

Situación debida al deterioro progresivo del respeto y ejercicio de la democracia y de la efectividad del Estado de Derecho que—a su vezinteraccionan en el orden nacional, regional y mundial — influenciando negativamente o alterando la paz, la seguridad humana, el desarrollo sostenible, la libertad, la igualdad y la justicia social.

Está activado un proceso de degradación y menoscabo de las bases fundamentales de la Democracia y del Estado de Derecho en los Estados y en sus relaciones internacionales, lo que llama a los pueblos soberanos — como titulares del derecho a la democracia — a exigir la desactivación de ese proceso; y a reemplazarlo por el que conduce a la consolidación democrática de los Estados y al imperio del Derecho en el mundo, para garantizar ciertamente la protección de la dignidad y derechos del ser humano y la salvaguarda del planeta Tierra.

En este libro se expone asimismo formas de poner fin a la anomia social y a los hábitos y dependencias que aún perduran en la sociedad del presente, en la que se trata a grandes mayorías de personas como “objetos” al negarles su dignidad individual de seres humanos y su personalidad jurídica como titulares de derechos.

A ese fin se llama al empoderamiento y motivación de fervor común en respuesta solidaria ante la necesidad de acción ciudadana soberana para generar y promover solución consecuente — para el presente y hacia el porvenir — que posibilite salir de la crítica situación actual y de los males públicos que de ella emanan, incluyendo la prevención de los que están gestándose contra la dignidad de los seres humanos y los pueblos, presentes y futuros, en su vida en el planeta Tierra que cohabitamos.

II

El nuevo orden internacional establecido, a partir de 1945 con la constitución y entrada en funcionamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) — se dirige a proteger a la humanidad en su dignidad y el valor de la persona y sus derechos humanos incluyendo la libre determinación de los pueblos, tal como se prevé, reafirma y profundiza en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta Internacional de Derechos Humanos y otros instrumentos complementarios y actos derivados, hasta la fecha.

Se busca así un mejor porvenir y futuro para lo que se precisa de evidencias ciertas o reales y suficientemente documentadas con los antecedentes y la evolución factual y científica correspondiente que pongan de relieve los errores así como experiencias y buenas prácticas logradas hasta el presente; y asimismo se espera se acompañe una propuesta de diseño de la consecuente acción de cambio, transformación e innovación, a partir de la base misma de las estructuras sociales y del funcionamiento de los Estados y de las organizaciones internacionales, adecuándose funcional y eficazmente a los requerimientos y expectativas de digna vida social en democracia y Estado de Derecho.

Es así que ya, desde el 10 de diciembre de 2023 — en condición de ciudadano del mundo y miembro de uno de los pueblos soberanos de la Naciones Unidas— publiqué una instancia cívica dirigida a los pueblos de las Naciones Unidas y al Secretario General de la ONU, sobre la urgencia y trascendencia histórica de reordenar debidamente el orden mundial de vida en sociedades democráticas garantizadas por efectivo Estado de Derecho, en la perspectiva del fin supremo de respeto, protección y promoción del ser humano en su dignidad y vigencia efectiva de sus derechos humanos, objetivados en bienestar general, progreso social de los pueblos y salvaguarda del planeta Tierra.

Previo a la presentación de esa iniciativa en el plano mundial, en expresión de conciencia de identidad centroamericana formulé instancias en el ámbito regional centroamericano — desde el 2014 — a los órganos del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y a los Estados miembros, llamándoseles a asumir una actitud sistémica y sistemática de aplicación del Derecho de la Integración o Derecho Comunitario y de buena gobernanza regional, con enfoque de dignidad humana, para asegurar progresivamente el efectivo bien común de los pueblos centroamericanos.

En el plano nacional, en el caso de Honduras, como ciudadano servidor estatal (2014 – 2020), hicimos consulta social, diseñó y pusimos en vigencia efectiva el Plan de Acción “Vanguardia de la Dignidad Humana”, expresando — como titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en representación de esa institución estatal — el sometimiento completo al Estado democrático de Derecho con finalidad social y su defensa en favor del pueblo; y el ejercicio de las atribuciones y competencias estatales para contribuir a reorientar el funcionamiento del Estado hacia el logro de la meta suprema de garantizar la dignidad humana y los derechos de las personas que es condición constitucional y ética de legitimidad que debe motivar y fundamentar, en democracia real, la acción de gobiernos e institucionalidad del Estado, sociedad civil y sector empresarial.

Se llamó a la unidad solidaria para recuperar plenamente nuestra dignidad nacional que sólo puede lograrse con el respeto efectivo de la dignidad de cada persona que habita en Honduras y de nuestros migrantes; y con políticas y acciones planificadas y sistemáticas contra los males públicos que afectan la vida social interna y también la imagen internacional.

Al final de la gestión estatal como ciudadano Ombudsman (2014 – 2020) hice otro llamado y recomendaciones al pueblo de Honduras y a los funcionarios públicos, lo que volví a hacer como ciudadano instando a perseverar en aplicar y velar por que se aplique la Constitución e innovar y transformar el Estado en correspondencia con el diseño constitucional conducente al fin superior del Estado y de la sociedad que es respetar y proteger a la persona en su dignidad humana y la convivencia social en sociedad democrática. Asimismo, se hizo otras recomendaciones y mensajes hacia Centroamérica y el mundo, en este último caso, con la precitada instancia cívica mundial de 10 de diciembre de 2023.

El desarrollo y la precisión de los fundamentos y objetivo de esa instancia cívica mundial en su alcance de cambio, transformación e innovación: es el propósito de esta obra que reivindica y aboga por un Orden de protección efectiva del ser humano en su dignidad y derechos humanos; y de salvaguarda del planeta Tierra por todos los seres vivientes compartido.

III

Son cada vez más numerosos los pueblos y las personas que han sufrido y continúan experimentando, en el presente, el impacto de las crisis internacionales que han sobrevenido, con mayor intensidad y complejidad, a partir de la pandemia y sus efectos; y de la expansión de otros males públicos como la corrupción, el crimen organizado, las autocracias, el terrorismo, las guerras localizadas internas e internacionales, con sus repercusiones sobre todos los pueblos y el planeta Tierra cuyas existencias están también en peligro por fenómenos humanos y naturales.

El ser humano y el planeta Tierra están inextricablemente vinculados y su interdependencia existencial depende de su relación armónica, por lo que la diferencia entre los seres humanos en función de sistemas políticos y económicos no cambia el efecto conjunto del impacto negativo de sus actividades en el medio ambiente de la humanidad entera.

Mientras el agravio y atentados actuales contra la dignidad humana de las personas y pueblos continúen: está en riesgo vital el futuro de la humanidad y del planeta Tierra, por el indebido irrespeto e incumplimiento, por muchos gobiernos, del Estado Democrático de Derecho y del objetivo superior de los Estados en cuyo nombre actúan.

Para ello, se examina el actual orden mundial, regional y nacional y casos específicos en cada uno de esos planos para discernir el hilo conductor que revele las causas y la manera de superar la referida dicotomía entre lo jurídico y lo social, de manera que — tal como, desde 1945, lo proclama la Carta de la ONU — se reafirme y priorice la dignidad y el valor de la persona humana y sus derechos humanos como el objetivo superior humano supremo que debe continuar existiendo y teniendo vigor a través del tiempo, en los Estados, las sociedades democráticas y organizaciones internacionales.

Entre los fundamentos que se invocan en este libro, se encuentra reconocimientos y compromisos reiterados y codificados — de consensos logrados al más alto nivel por gobiernos de los Estados iberoamericanos, mediante un Código de Buen Gobierno y Cartas Iberoamericanas — que son evidencias acreditadas por documentos y orientaciones calificadas como verdaderas, por los propios gobiernos, sobre lo que debe ser el funcionamiento y gestión legítima de los Estados; y lo atinente a derechos y deberes del Ciudadano y su participación democrática en esa legítima gestión pública.

A recordar que tal como se afirma por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y se reconoce internacionalmente por los Estados:el Código Iberoamericano de Buen Gobierno y las Cartas Iberoamericanas son “documentos doctrinales aprobados por los Gobiernos de los países miembros y que forman un horizonte normativo para que tanto los Gobiernos como las administraciones públicas de Iberoamérica encuentren orientaciones sobre los principales temas a consolidar para superar óptimamente los desafíos de una sociedad del siglo XXI”.

Es debido a ello que se destaca la importancia de esos documentos públicos que — además de lo concerniente a la práctica del Buen Gobierno — dan pautas reales para prevenir y erradicar la corrupción con un sistema de integridad que fortalezca el comportamiento honesto de los servidores públicos y la liberación del abuso de minorías corruptas, así como el papel esencial de la efectividad del cumplimiento de derechos, deberes y participación ciudadana en las elecciones y en la gestión pública del Estado democrático con finalidad social.

En atención a lo que precede, entre esos valiosos y oficiales documentos públicos, se menciona y se adjunta — en los Anexos de este libro — los siguientes instrumentos: Código Iberoamericano de Buen Gobierno; Carta Iberoamericana de Ética e integridad en la Función Pública; Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública; y Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

Sobre esa base, se propone el diseño de un reordenamiento transformador, innovador y funcional que posibilitaría superar las causas y consecuencias de la “policrisis y permacrísis” mundiales actuales o eventuales con la debida atención a la interacción e interdependencia nacional, regional, mundial y viceversa, en sus respectivos contextos reales y normativos de vida.

Con respecto a la viabilidad técnica y la factibilidad política del reordenamiento mundial y de la manera de implementarlo pronta y eficazmente: el diseño transformador e innovador que se propone en este libro incluye también la presentación de experiencias y buenas prácticas e innovaciones que lo hacen posible.

En síntesis, la obra es el resultado de la valoración científica — jurídica, política y social del fin superior o meta general de los Estados, así como del origen y razón de ser que determina el ejercicio y límites del poder público del Gobierno de cada Estado, en el ámbito nacional y en el de las relaciones internacionales; y hace visible la causa y los responsables de la crítica situación que hoy genera incertidumbre y temores para la vida digna de los pueblos y la humanidad en sus Estados, en sus regiones y en el mundo.

Evidencia que visibiliza el interés vital del cambio de comportamientos y de la transformación requerida para asegurar que el Gobierno o los gobiernos de los Estados sean siempre gestores legítimos de sus Estados, conforme a su supremo fin social que es proteger siempre la persona humana en su dignidad inherente y efectivo disfrute de todos sus derechos humanos.

Es así como, en reciente fecha 16 de febrero 2024, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) — por medio de su más alto funcionario administrativo que todas las personas vivirían dignamente y en paz en todo el planeta si los gobiernos cumplieran las obligaciones que — a sus Estados — impone la Carta de la Naciones Unidas. Al no cumplir con ellas millones de personas han sido afectadas en su dignidad y derechos humanos en particular con la pérdida de sus vidas, con desplazamientos forzados internos y migración forzada y otros males.

Ahora convivimos igualmente con gravísimos problemas en el medio ambiente y la biodiversidad y en el clima mundial a causa de la falta de racionalidad en la explotación de los recursos del planeta, así como de control legal y de disciplina inteligente de las actividades humanas que están ocasionando complejos problemas medioambientales y ecológicos. Es una nueva era de la humanidad que tiende a caracterizarse como la “época Antropoceno” en la cual las actividades de los seres humanos están produciendo, cambios biológicos y geofísicos, en todo el planeta Tierra.

El respeto y defensa del ser humano en su dignidad y derechos humanos y la salvaguarda del planeta Tierra es así un derecho y una necesidad vital de las personas y de los pueblos que — por haber sido insuficientemente atendidos en el pasado — emergen imponentemente en el presente como una reivindicación social y un estandarte mundial.

IV

En virtud de lo anterior, se reivindica el derecho a un orden caracterizado por la superior meta general superior de protección del ser humano que, a su vez, es un límite ético y jurídico a la acción del poder político que tienen los gobiernos en su gestión de los Estados conforme al Estado democrático de Derecho.

Límite que trasciende el ámbito nacional de la organización estatal y social, y abarca el regional y mundial, como se corrobora con el consenso universal según el cual la protección del ser humano en su vida, dignidad y derechos humanos es la única justificación moral y jurídica del carácter obligatorio de las respectivas constituciones de los Estados y del Derecho Internacional.

En libros y ensayos previos así como desde el año de 2014 hasta el 2020 en mis informes y planteamientos como ciudadano Ombudsman del pueblo de Honduras; y en el período 2021 − 2024como ciudadano nacional, regional y mundial: por medio de mis artículos y libros e instancias ciudadanas, continúo señalando —entre otros aspectos que se desarrollan en el presente libro — lo apremiante que es despertar y activar solidariamente nuestro poder soberano ciudadano, para hacer prevalecer la protección de la dignidad de las personas y los pueblos en democracia real con justicia social, bienestar general y progreso social; bajo el imperio del Derecho.

La realidad mundial siempre lo ha evidenciado y facilita constatar su persistencia hasta el presente, por la que esta obra parte de evidencias categóricas de gobiernos autocráticos que, en los hechos, imponen las voluntades de quienes lo conforman por encima de la razón de ser y de la meta general del funcionamiento de los Estados que afirman representar. Lo que hacen ilegítimamente vulnerando el Estado de Derecho constituido por su propia Constitución y leyes compatibles, la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos e instrumentos jurídicos complementarios y otra normativa mundial y regional.

A lo anterior se agrega el reconocimiento actual de normas relativas a la dignidad del ser humano y sus derechos que son parte del Derecho Internacional general y ostentan el carácter de normas imperativas (Jus Cogens) que obligan a todos los Estados y no admiten norma en contrario ni modificaciones por algunos de ellos.

En fin, este es un documentado llamado a los ciudadanos nacionales, regionales y mundiales a reivindicar el derecho de las personas, de los pueblos y de la humanidad entera a un orden mundial de democracia real y efectividad del Estado de Derecho orientado ciertamente a la protección del ser humano, con respeto a la dignidad y derechos humanos de las personas y pueblos.

Su respuesta y participación favorable y la de los correspondientes gobiernos democráticos actuales facilitaría — con este propuesto diseño y su construcción — dar concomitante solución a la cuestión aún sin resolver completamente de la unión real y efectiva de los servicios comunes del sistema de las Naciones Unidas y de una gestión e impacto integral más racional de la cooperación internacional integral de la ONU y las instituciones especializadas cuyos objetivos son distintos y tienen su propio entorno social y deben adecuarse a un renovado y más eficaz sistema de coordinación y complementación orientado hacia el único objetivo supremo de los Estados y de las organizaciones internacionales aquí evidenciado.

La finalidad de la presente obra es hacer más patente la causa fundamental de la frustración de la mayoría de los pueblos — y su desconfianza en la institucionalidad nacional e internacional — por la excesivamente prolongada situación de ausencia real en sus vidas del bienestar general y del progreso social como fin social supremo de los Estados para vida digna de las personas y pueblos en sociedades democráticas; y, en consecuencia, abogar conforme al Estado de Derecho vigente y a su desarrollo progresivo, por un efectivo, funcional y socialmente productivo orden mundial, regional y nacional.

Se entiende así contribuir también, en este siglo, a aclarar la esencia de los principales problemas políticos y jurídicos que han ocupado, desde el pasado, al espíritu humano; y a aportar respuestas con soluciones para esos problemas.

En consonancia con lo anterior, en el presente libro, se expone gran parte de la documentación, investigación, análisis, valoraciones y conclusiones que fundamentaron y llevaron a publicar la iniciativa cívica mundial— de 10 de diciembre de 2023 — que se reitera y profundiza con la publicación de esta obra en la que se comparte las bases del diseño transformador de un innovador y sistémico ordenamiento en la perspectiva de esa meta o fin supremo de protección, sin discriminación, del ser humano, tanto en su vida en sociedad democrática como en su sustento en el planeta Tierra de cuya integridad y vitalidad saludable depende la humanidad, en especial, del medio ambiente y diversidad biológica o de los ecosistemas, y de lo que se requiere para evitar los efectos graves del cambio climático y mitigar el calentamiento global.

Ya está por cumplirse un año de la divulgación de dicha instancia ciudadana para información de los pueblos y conocimiento del Sr. Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que se gestione concretamente, impulse y logre la proclamación de un orden internacional de respeto, protección y promoción del ser humano en su dignidad y derechos; y la salvaguarda del planeta Tierra.

Hoy se reitera esa iniciativa y petición que — en este libro — se explican y fundamentan más, con la expectativa de su eventual inclusión en el Pacto para el Futuro que resultará de la Cumbre en la ONU o — en su defecto — que sirva de constancia histórica — en la forma y contenido del presente libro — de la reivindicación iniciada del derecho humano según el cual : “ Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”. Ver Preámbulo y artículo 28 de la DUDH.

Derecho que reivindico — como ser humano — así como como ciudadano nacional y mundial, sobre la base de conocimientos constantemente renovados, observación y experiencias de la estructuración y aplicación del vigente nuevo orden internacional y su efectividad en la vida real de los pueblos y humanidad, en los respectivos planos mundial, regional y nacional.

El análisis realizado ha posibilitado discernir con precisión el orden debido de los objetivos, estructura y medios para lograr el mundo mejor que la humanidad merece y llegar a conclusionescon la contribución delestudio y vivencias inherentes a mi profesión y desempeño como Doctor en Derecho Internacional Público de la Universidad de Derecho, Economía y Ciencias Sociales de París, Francia; ex-Profesor universitario; Embajador; parlamentario regional; primer Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); Ombudsman de Honduras (marzo 2014 – diciembre 2020); y escritor.

Honduras, Centroamérica, 10 de octubre de 2024 H. Roberto Herrera Cáceres

PRIMERA PARTE

REALIDAD MUNDIAL Y EFECTIVIDAD ORDEN INTERNACIONAL

CAPITULO I.REALIDAD MUNDIAL

Sección 1. Centralidad del ser humano y situación de vida de la mayoría de los pueblos en contraposición al estado de democracia y el estado de Derecho.

Sección 2. Necesidad del cambio y la transformación en la sociedad y el Estado para hacer efectivos el estado de democracia y el estado de Derecho.

Sección 3. Los pueblos soberanos pueden y debenimpulsar el cambio o transformación para disfrutar de los bienes de la democracia y del estado de Derecho.

CAPÍTULO II.ORDEN INTERNACIONAL (CARTA DE LA ONU, 1945)

Sección 1. Paz y Seguridad internacionales: Readecuación y readaptación como objetivo específico en bosquejo original de estructura del orden internacional y su interdependencia e interacción funcional con otros objetivos específicos intermedios del orden internacional.

Sección 2. Medios, instrumentos e innovaciones para la restructuración funcional y efectividad de resultados del orden internacional; Migración forzada: mal público y su superación en orden internacional reestructurado.

Sección 3. Cumbre y Pacto para el Futuro de la ONU: reivindicación y expectativas de los pueblos soberanos y solidaridad internacional.

CAPITULO III. REALIDAD Y ORDEN REGIONAL Y NACIONAL

Sección 1. Realidad y Orden Regional:Sistema de la Integración Centroamericana — SICA; Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo: caso del Golfo de Fonseca comobien común centroamericano potencial.

Sección 2. Realidad y Orden Nacional:antecedentes, evolución histórica, vida nacional actual y expectativas;Buenas prácticas, desde lo local: Estrategia de Seguridad Humana para el Desarrollo Local Sostenible: Municipios de Bienestar Solidario; Iniciativa de educación en cultura democrática y derechos humanos

CAPITULO I. REALIDAD MUNDIAL

SECCIÓN 1.Centralidad del ser humano y situación de vida de la mayoría de los pueblosen contraposición al estado de democracia y el estado de Derecho.

La evolución científica y tecnológica facilita un seguimiento constante de los principales hechos que ocurren en la vida de todos los pueblos en el mundo, lo que se corrobora y precisa con los documentados informes que se han elaborado y divulgado sistemáticamente por la ONU sobre la realidad mundial y su compatibilidad con el espíritu, los principios y valores de la Carta de la ONU, la Carta Internacional de Derechos Humanosy otros instrumentos jurídicos y normativa complementaria.

Así, la Organización de la Naciones Unidas, en el informe de síntesis 2014 sobre “El camino hacia la dignidad para 2030: Acabar con la pobreza y transformar vidas protegiendo el planeta”1, precisa que las condiciones imperantes en el mundo actual están muy lejos de la visión de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. “Nuestro mundo globalizado se caracteriza por avances extraordinarios junto con niveles inaceptables e insostenibles de miseria, temor, discriminación, explotación e injusticia y un comportamiento irresponsable respecto del medio ambiente en todos los planos. Sin embargo, también sabemos que estos problemas no son accidentes de la naturaleza, ni son productos de fenómenos ajenos a nuestro control. Son consecuencia de acciones y omisiones de las personas, las instituciones públicas, el sector privado y otros encargados de proteger los derechos humanos y defender la dignidad humana.

Esas acciones y omisiones son “desafíos que trascienden fronteras” y el mundo sigue enfrentándose a graves problemas que ningún Estado Miembro ni organización pueden abordar en solitario, el más peligroso de los cuales es la amenaza que para su existencia supone el cambio climático. Los desastres relacionados con el cambio climático afectan cada año a una media de 350 millones de personas, el calentamiento global destruye a diario los logros del desarrollo que tanto costó alcanzar y exacerba la pobreza, y la pérdida de biodiversidad avanza a un ritmo alarmante”; y advierte sobre el aumento que será necesario, en los años siguientes, en asistencia humanitaria a una población inmensa de alrededor de ciento cincuenta millones personas, teniendo en cuenta asimismo que los conflictos armados y la violencia siguen destruyendo vidas y comunidades, la complejidad y la interrelación de los conflictos van en aumento, y el extremismo violento y el terrorismo siguen desestabilizando regiones y países enteros.

En el 2019, se informó2 sobre la pobreza generalizada y las crecientes desigualdades entre los países, y especialmente dentro de ellos, que también son motivo de gran preocupación, al igual que la inquietante tendencia del espacio democrático y cívico a reducirse, lo que suele afectar primero a quienes defienden los derechos humanos, trabajan en el ámbito sanitario o ejercen el periodismo. En muchas partes del mundo sigue siendo habitual la violencia contra las mujeres y las niñas y se observa una nueva ofensiva contra los derechos de la mujer y la igualdad de género. Factores como estos han contribuido a aumentar los desplazamientos, que exponen a las poblaciones vulnerables a sufrir violaciones de los derechos humanos y crean complejas dificultades en los países de tránsito y destino. La persistencia y proliferación de estos y otros problemas fomentan el temor, la incertidumbre y la frustración, que a su vez van minando la confianza de la opinión pública en las instituciones y el estamento político, y son caldo de cultivo para el discurso de odio, la xenofobia y otros peligrosos relatos que generan disensión.

En relación con la ola de movilizaciones y violencia en distintos países del Medio Oriente, América Latina, el Caribe, Europa, Asia y África, se puntualizó que, no obstante las particularidades de esas situaciones, ellas tienen una fuente detonante común que es la expresión de los problemas reales de la gente que comprenden, entre otros aspectos, la discriminación y el aumento de las desigualdades e inequidades sociales y económicas, un déficit creciente de confianza entre la población y la institucionalidad privada y pública (incluyendo los partidos políticos), la corrupción, y la reivindicación de justicia social y económica3.

En la Memoria sobre la labor de la ONU4 en el 2023, se destaca la persistencia y agravamiento de las múltiples crisis y los males públicos que afectan la vida de la humanidad y se reafirma que sufre la mayor crisis internacional, en varias generaciones, que amenazan su futuro y el destino de nuestro planeta, siendo los pueblos de los países subdesarrollados y en desarrollo, los que están siendo más negativamente impactados en la dignidad de su vida por las violaciones atroces y sistemáticas de los derechos humanos; la impunidad desbocada; la intensificación del discurso de odio, la misoginia, la exclusión y la discriminación; la polarización social; la pérdida de civismo; el ataque entre sí por dirigentes de Estados para obtener beneficios políticos; el deterioro de la confianza entre los ciudadanos y algunos de sus dirigentes; la degradación del medio ambiente; y la desigualdad de acceso a los recursos y las oportunidades.

En reciente fecha 16 de febrero 2024, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) — por medio de su más alto funcionario — reconoció una vez más y enfatizó paladinamente que: “si los países cumplieran las obligaciones que les impone la Carta de la ONU todas las personas del planeta vivirían en paz y dignidad. Sin embargo, los gobiernos hacen caso omiso de estos compromisos y millones de civiles están pagando un precio terrible, con cifras récord de personas obligadas a huir”5.

Esa es la realidad mundial de la vida de la gran mayoría de los pueblos. En este siglo XXI hemos sufrido de esa diversidad de males públicos, con sus efectos adversos y amenazas a la seguridad humana para la vida digna de todos los pueblos en el planeta Tierra que juntos cohabitamos como familia humana.

Esos fenómenos y crisis, con particular énfasis en los últimos años, han estremecido la conciencia de los pueblos en sus ámbitos nacionales de vida y en el de las relaciones internacionales de sus Estados, induciendo a levantar el velo que — en significativa parte de la comunidad nacional, regional e internacional — ha venido encubriendo el incumplimiento de las constituciones, los tratados internacionales y otra normativa aplicable vigente en los Estados.

Incumplimiento que se refleja en ilícitas decisiones y acciones u omisiones porque carecen — en su adopción y aplicación — de sustento jurídico al desviarse del objetivo superior de los Estados hacia el cual los gobiernos están imperativamente obligados a conducirse para lograr los resultados esperados en lo que respecta a la protección de la persona humana y su dignidad y derechos en el planeta. Resultados conducentes que deben favorecer únicamente la mejora progresiva de la calidad de vida y del trabajo en sociedad democrática de los respectivos pueblos y de la humanidad entera, y la salvaguarda del planeta Tierra.

Se ha puesto así — en mayor evidencia — una usual, real y comprobada actitud o comportamiento interno e internacional, de significativo número de ciudadanos (as) que gestionan gobiernos de sus respectivos Estados y que ponen como prioridad sus propios intereses y voluntades personales y de grupos, en menoscabo del fin supremo de sus Estados democráticos y de su respectivo estado de Derecho de asegurar el disfrute real de la dignidad humana, los derechos humanos, el bienestar general y progreso social de los pueblos y la protección de sus territorios y el planeta, para ello.

Toda esa inaudita situación de vulneración del derecho a vivir dignamente en sociedad democrática y de contraposición al Estado de Derecho es usualmente debida al abuso de poder en espacios en los cuales interactúan acciones y omisiones habituales de gran parte de quienes integran y gestionan los gobiernos de Estados y los representan internacionalmente de la misma indebida manera.

Eso también hace más evidente que el vigente orden normativo regulado en el Derecho interno e internacional no se aplica significativamente en la realidad cotidiana de las sociedades de los Estados ni, en la comunidad internacional. La realidad mundial actual de la vida de la mayoría de los pueblos es evidencia que se contrapone, en gran medida, al vigor esperado del estado de democracia6 y estado de Derecho7 en vigor, por la falta notable de aplicación efectiva de las normas queobjetivanuna realidad diferente de vida digna para la humanidad.

Esa situación requiere resolverse vía el cambio, transformación e innovación, atendiendo y cumpliendo lo que el Estado de Derecho obliga imperativamente, tal como se expresa normativamente e imponiéndose sobre la voluntad y conformidad de todas las personas y grupos; y — con mayor razón — sobre los que gestionan ilegítimamente el Gobierno de sus Estados.

Para esa transformación no es suficiente la invocación del estado de Derecho, sino que es determinante el cambio en la actitud y comportamiento de las personas en su vida social y política dentro del Estado y en el orden internacional. Reflexión que conduce a abordar más detalladamente la importancia de la interacción y relación productiva de las personas individuales y las familias como partes de la sociedad o pueblo y su posición dentro del Estado del cual dicho pueblo es soberano y que expresa esa soberanía mediante elecciones libres y auténticas y con su adicional participación política en la gestión gubernamental.

Ese análisis interesa igualmente para el cambio o transformación orientada hacia auténtico Buen Gobierno o buena gobernanza y gobernabilidad que resulte del ejercicio del poder del Estado con sujeción al estado de Derecho — por personas del mismo pueblo seleccionadas, en elecciones de primer y segundo grado, como Gobierno — como expresión de genuina y más responsable soberanía del pueblo.

En efecto, ello es necesario porque,por un lado, se constata la repetida presencia de gobiernos conducidos por personas que vulneran el estado de Derecho al gestionar ilegítimamente sus respectivos Estados, desviándose de la dirección conducente a la realización de los objetivos democráticos del poder público del Estado e imposibilitando la solución o superación de las otras amenazas y males públicos que atentan también contra la seguridad humana y el bienestar individual de las personas y el general de los pueblos.

Por otro lado, se reconoce que somos parte de sociedades nacionales e internacional que — a menudo — patentizan su abulia e incapacidad de proteger al ser humano y a los pueblos, tanto en su vida digna en sociedad democrática como en el planeta Tierra de cuya integridad y vitalidad saludable depende la humanidad, en especial, del medio ambiente y diversidad biológica o de los ecosistemas, y de lo que se requiere para evitar los efectos graves del cambio climático y mitigar el calentamiento global.

Todo ello provoca frustración social permanente por la incapacidad e inhabilidad del Estado y de la sociedad de funcionar con Buen Gobierno o Gobernanza y gobernabilidad y de observar y dar cumplimiento al estado de Derecho — incluyendo al goce del derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos humanos y las libertades fundamentales se hagan plenamente efectivos, tal como lo proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos — paraavanzar progresivamente hacia el objetivo supremo de asegurar el respeto, la protección y promoción de la dignidad de las personas y sus derechos humanos y salvaguardar el planeta Tierra que habitamos.

A esa frustración social contribuye también la distorsión o alteración del significado auténtico o verdadero de los conceptos del razonamiento humano que son la unidad lógica mínima del conocimiento. Razón por la cual se tiene a bien precisar el significado de Gobierno, así como de Política.

El Gobierno— en su acepción democrática, general y extensiva — es instrumentocreado constitucionalmente para dirigir el funcionamiento del Estado mediante la gestión de personas electas auténticamente por el pueblo soberano para ejercer — en delegada representación temporal — el poder político hacia el logro progresivo de la finalidad social suprema constitucional de proteger la dignidad humana y garantizar el disfrute de los derechos humanos por las personas que conforman el pueblo o sociedad; y para conducir sus relaciones internacionales hacia la antes mencionada meta supremaen cooperación solidaria con otros Estados que buscan actuar recíprocamente para materializar el objetivo social supremo de dignidad del ser humano y la efectividad de los derechos en sus pueblos en sus territorios nacionales y en los planos regional y mundial.

La Política es una Ciencia que busca siempre el bien común de las personas y pueblos. Por lo que, la política interna e internacional del Estado — en lo que es la relación entre el pueblo y el Gobierno; y con otros gobiernos — son aspectos que plantean la necesidad de ser previamente aclarados para mejor comprensión de las causas y efectos que explican la situación en la realidad mundial.

En el ámbito nacional, en el lenguaje corriente se utiliza impropiamente el término de “política” para expresar la línea general de conducta que siguen quienes dirigen el Gobierno del Estado para — conforme a sus intereses personales, familiares o de grupo — llevar u obligar a la ciudadanía y al pueblo a plegarse — con sentimiento de impotencia — a sus exigencias incompatibles con el Estado de Derecho.

En el ámbito internacional, en el lenguaje corriente se mal usa también el término de “política” como línea general de conducta que siguen gobiernos de uno o varios Estados contra gobiernos de otros Estados para llevarlos u obligarlos a actuar conforme a sus deseos o a plegarse a sus exigencias en función de sus propios intereses personales o de grupos, sin cumplir tampoco con el Estado de Derecho.

Es ineludible precisar que esa falta de propiedad en el uso de las palabras— en el lenguaje corriente —de tipo de acciones y decisiones indebidas e ilícitas por parte de quienes conducen los gobiernos no tienen nada que ver con la obligación imperativa de los gobiernos de gestionar legítimas políticas de Estado y actuar conforme a ellas para proteger y promover al ser humano en su dignidad y derechos humanos velando por el bien común de los pueblos, en el planeta.

Cuando los que conducen o representan gobiernos actúan y deciden arbitrariamente o a su libre voluntad o capricho lo relativo al Estado que representan: significa que han abandonado ilícitamente la democracia, sustituyéndola por la autocracia e incumplido el estado de Derecho que se dirige siempre al bien común del pueblo: atentando contra la forma de Gobierno y colocándose en el ámbito del delito de corrupción y abuso de poder.

De ahí la necesidad de tener presente y utilizar — en el análisis y el lenguaje — el significado verdadero de la política y de la finalidad superior de protección de las personas, su bienestar general y progreso social, en democracia y estado de Derecho.

SECCIÓN 2. Necesidad del cambio y la transformación en la sociedad y el Estado para hacer efectivos el estado de democracia y el estado de Derecho.

En todo caso, necesitamos superar la etapa negativa de actuaciones no debidas o socialmente improductivas que se realizan con fundamento único en la invocación formalista del Derecho desviándose de su contenido y de su superior finalidad social.

Es menester resurgir — como ciudadanos nacionales y mundiales — solidariamente unificados para encontrar las mejores respuestas o alternativas de solución a las injustas condiciones de indignidad en la vida de grandes mayorías de seres humanos en el planeta que son la falta de certeza y consolidación de la genuina democracia fundada en el ejercicio y goce cierto de los derechos humanos; y en la falta de efectividad en el imperio del Derecho.

En tal sentido, la democracia como derecho humano, para ser cierta y verdaderamente un derecho de goce y disfrute de los pueblos debe promoverse, impulsarse y constantemente perfeccionarse — desde lo local en todo el ámbito nacional y trascender a las relaciones internacionales bilaterales y multilaterales — y solidariamente compartirse y difundirse para fortalecerse con el diálogo, la diplomacia científica, el intercambio de buenas prácticas y la cooperación en el orden internacional.

El análisis de la existencia o vivencia real de la democracia se sustenta en su práctica constante como principio y objetivo que es inseparable de su meta superior de protección y promoción de la dignidad del ser humano y sus derechos, conforme al estado de Derecho — nacional e internacional — que lo garantiza; y en la correlación de la democracia con los otros importantes objetivos específicos — orientados en la misma dirección — como son la paz, la libertad, la igualdad, la seguridad, el desarrollo, la justicia y la solidaridad.

Es a partir de evidencias de la situación de las personas y pueblos en sus realidades sociales — local y nacional; así como regional y mundial y la verificación de la conformidad de su vida con el estado de democracia y el estado de Derecho — que podemos tener elementos más significativos para una opinión responsable, fundada y razonada sobre la legitimidad y diligencia debida en el cumplimiento de los deberes, responsabilidades y obligaciones de los gobiernos y de las sociedades en su actuación política en los planos local, nacional, regional y mundial; y sobre la importancia consecuente del cambio o transformación — en todos ellos — dada su interdependencia e interrelación.

En el pasado siglo XX, se publicó obras científicas para incentivar el análisis de la problemática del mundo y el debate sobre las crisis globales más allá de lo académico o teórico; y para lograr que deviniesen parte del quehacer político — jurídico por medio de acciones en búsqueda de soluciones que asegurasen, con visible contundencia, el bienestar general de la humanidad y su progreso social — en democracia y Estado de Derecho — en un planeta Tierra debidamente protegido.

Ejemplares ciudadanos juristas internacionales que han especialmente estudiado, analizado y divulgado sus reflexiones científicas sobre las transformaciones sobrevenidas en el orden mundial de los acontecimientos y de las ideas, nos han compartido sus valiosas conclusiones y recomendaciones.

Tal es el caso del ilustre profesor Charles de Visscher quien escribió y publicó varias ediciones de su libro sobre el tema de teorías y realidades en el Derecho Internacional Público8 en las cuales — al abordar las cuestiones anteriormente examinadas — hizo visible y puso de relieve el deber científico del jurista internacional de contribuir a proyectar perspectivas de cambio con oportunidades mejores para la solución de los problemas que afronta la humanidad y que promueven el desarrollo progresivo del Derecho Internacional. Esa conclusión está objetivamente comprobada y es también la que inspira la elaboración de este libro.

Ello se hizo ante sucesivas situaciones de crisis y peligros mundialesen las que ya predominaba la expectativa de avivar la esperanza en una familia humana que, al borde del abismo, pretendía recuperarse para construir un futuro mejor sobre la base de la dignificación humana. Debido a lo cual, el jurista internacional Modesto Seara Vázquez, llamó igualmente a analizar y ponderar el valor de responsables planteamientos ciudadanos de personas externas a las organizaciones aún sin ser convocadas por ellas y de evitar debates estériles en las mismas organizaciones sobre soluciones innovadoras que protejan el “sistema social humano” y el “sistema biológico de nuestro planeta”.

Hizo simultáneamente la aún pertinente advertencia siguiente: “Cualquier solución a los ingentes problemas humanos se plantea actualmente desde la perspectiva de las instituciones existentes sin preocuparse de examinar su viabilidad, que se da por supuesta, y entonces la discusión es sobre las fórmulas secundarias, reproduciendo una confrontación del siglo XIX, capitalismo — marxismo, sin pretender transcender el debate estéril, sin darse cuenta del valor del tiempo ante la catástrofe que se aproxima rápidamente“9. Hoy todavía debemos portar firmemente ese estandarte en reivindicación del derecho de los pueblos y las personas al respeto de su dignidad y sus derechos; y a velar porque el planeta siga siendo propicio para ello.

Al igual que otras personas en el mundo, se ha compartido el valor de esos razonamientos científicos que han sido previamente verificados y han guiado investigaciones, actitudes y acciones e inspirado todas mis obras. De ello se ha dejado constancia — para las generaciones que se suceden — en mis libros, ensayos y artículos a lo largo de alrededor de cincuenta años y también lo he advertido o expuesto cívica y constantemente — a la población y a los sucesivos gobiernos — en su momento, durante el desempeño de cargos públicos desde el cargo de ciudadano Embajador ante varios Estados Europeos, así como representante ante la entonces Comunidad Europea y luego Representante Permanente ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), hasta el más reciente de Ombudsman hondureño, en el período 2014 – 2020.

Entre otros señalamientos, se ejemplifica también con algunos otros relativos a la actuación frecuente de los poderes públicos con abuso de poder10 y en perjuicio de la ciudadanía, sociedad o pueblo11; la corrupción; la duplicidad y los dobles estándares en política internacional12; y la inobservancia del Estado de Derecho13.

Se comparte así14, ese posicionamiento científico que contribuye a la fundamentación de nuestra propuesta de restauración para la protección de la dignidad y los derechos del ser humano15 y del planeta Tierra que nos sustenta y posibilita el bienestar general y el progreso social, como objetivo general supremo de los Estados y organizaciones internacionales hacia el cual debe articularse y dirigirse funcionalmente los resultados de la interacción de objetivos específicos intermedios de democracia, paz, seguridad, libertad, igualdad, desarrollo, justicia social y estado de Derecho.

Ello tiene su fuente en normas imperativas del Derecho Constitucional e Internacional que determinan funcionalmente la finalidad y el cauce que deben seguir los gobiernos en la gestión de sus Estados y en su participación en el funcionamiento de las organizaciones, en el orden nacional, regional y mundial; y que evidencian la trascendencia vital de la aplicación del poder de los Estados y organizaciones internacionales para asegurar exclusiva y concretamente el bien público de los seres humanos y su dignificación constante como el fin superior de la organización y del funcionamiento de los Estados y de las organizaciones internacionales. Ese objetivo superior no ha sido tampoco suficientemente evidenciado en el orden regional ni en el nacional.

Ha transcurrido casi ocho décadas de haberse creado — mediante la Carta de la ONU — un nuevo orden mundial y sin haberse aún asumido — por los gobiernos de los Estados — ese superior objetivo; ni haberse cumplido por las sucesivas generaciones de ciudadanía su tarea de pueblos soberanos de contribuir — solidariamente unidos — a ello y a soluciones para superar los males públicos ni las crisis que hoy son mayores, más complejas y diversificadas que, en 1945, año de inicio del actual orden internacional.

La situación de injusta e indigna vida actual de muchos pueblos tiende a persistir de manera incoherente e incompatible con la razón de ser y la finalidad de la sociedad y el Estado de proteger y promover la dignidad del ser humano, su bienestar y felicidad en el planeta que habita. En consecuencia, se reivindica y busca — por medio del cambio y la transformación — valorar la diversidad y utilidad de elementos conducentes y pertinentes para la eficaz solución práctica de esa irregular situación de vida para la gran mayoría de la humanidad.

La observación, la verificación y el análisis que se realiza en este libro aspira a ser útil en la comprensión de la organización jurídica de la sociedad como Estado democrático con la finalidad social de proteger y promover la dignidad y los derechos humanos de las personas que habitan un territorio determinado. Territorio que, para esa finalidad social, debe — a su vez — ser también salvaguardado por el Estado.

Esa comprensión facilita, en democracia pluralista, la constatación tanto del grado de efectividad del estado de Derecho sobre las condiciones de vida de los pueblos o sociedades y personas; como de la obligación mínima de los gobiernos de los Estados de asegurar — por lo menos — con medidas y realizaciones concretas la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos humanos en la vida de las personas y pueblos, teniendo activado un proceso inclusivo de desarrollo sostenible, en libertad, seguridad humana y paz.

Conocimiento importante en el afán de precisar y hacer visible — para todas las personas — el diseño del mundo que necesitamos construir solidariamente y los medios e instrumentos que — vía el cambio, la transformación e innovación — lo harán factible y eficaz.

Ese análisis pone de relieve cierto, claro, patente y sin la menor duda que son seres humanos quienes — por acción u omisión — vulneramos la dignidad de personas y pueblos y hemos provocado la actual situación caótica que requiere de nuestro control y superación; y que somos también los únicos responsables y beneficiarios del cambio y la transformación hacia un mundo mejor para todos los pueblos soberanos de los Estados miembros de las Naciones Unidas.

En la reivindicación de ese derecho mediante el cambio y la transformaciónes preciso ponderar y valorar lo jurídica y políticamente necesario y esencial para que sea posible y funcione correctamente la supremacía efectiva del — hasta ahora invisibilizado — principio y objetivo superior de protección y promoción del ser humano en su dignidad y derechos humanos, y la salvaguarda del planeta.

Razón por la cual amerita profundizar en sus bases jurídico — políticas para destacar su arraigo y alcances en la efectividad del ejercicio y disfrute de todos los derechos humanos en la vida en sociedad y Estados democráticos subordinados al imperio del Derecho.

Para ello, se aborda y enfatiza la utilidad del conocimiento y la valorización de aspectos jurídicos determinantes poco invocados o utilizados, a pesar de su gran relevancia y utilidad en la vida, sobrevivencia o supervivencia y subsistencia de las personas y de los pueblos.

Aspectos de derechos humanos universales concernientes, en especial, a la vida; al reconocimiento de la personalidad jurídica del ser humano16; a la libre determinación de los pueblos17; a un nivel de vida adecuado para cada persona y su respectiva familia — incluidos salud, alimentación, educación, trabajo, vestido y vivienda adecuados — y a una mejora continua de las condiciones de su vida; y a los derechos políticos de los ciudadanos, hombres y mujeres.

El derecho a la vida — a la que es inherente la dignidad humana — es el derecho supremo del ser humano y fundamento de todos los derechos humanos que de ella derivan y que — por tanto — deben materializarse en bienestar individual, familiar y general, así como en progreso social de los pueblos y en salvaguarda del planeta que es hogar y base de sustento de la humanidad o familia humana. Derechos cuyo ejercicio y disfrute son incompatibles con los males públicos que actualmente constituyen el flagelo de la humanidad y las amenazas a su futuro y al del planeta.

Junto al derecho a la vida está el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica del ser humano que ha sido también caracterizado como derecho a tener derechos porque tiene la particularidad de acreditar a cada persona como sujeto de derechos y obligaciones con la capacidad de actuar como tal, limitando así el arbitrario ejercicio del poder político del Estado o de los Estados.

Ese derecho — igual que los principios de igualdad y no discriminación — está indisociablemente unido al derecho a la vida y — por consiguiente — puede considerarse que — en la cadena inseparable de los derechos humanos universales garantizados por el estado de Derecho — esos dos derechos son determinantes del goce y efectividad de los demás, en particular del derecho de libre determinación de los pueblos, del derecho a un nivel de vida adecuado y de los derechos políticos de los ciudadanos (as).

Dicho de otra manera, la personalidad jurídica de la persona humana no está condicionada al asentimiento de los gobiernos que gestionan los Estados ni de ningún Estado u organización. Esa personalidad es propia de la vida y dignidad de cada persona humanaque — como integrante del pueblo — comparte también con las demás personas de su nacionalidad la titularidad originaria de la soberanía del Estadoy del derecho de libre determinación,lo que es condición esencial para la real garantía de la protección y promoción de la dignidad humana y de la efectividad de los derechos humanos.

Por eso el ejercicio y disfrute del derecho humano al reconocimiento de la personalidad jurídica, vitaliza asimismo el del derecho de libre determinación de los pueblos, de conformidad con el contenido del Preámbulo, Propósitos y Principios de la Carta de la ONU; y con el primero de los respectivos artículos y la complementación mutua del resto de los articuladosdel Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Ese idéntico artículo 1, en ambos pactos, cristaliza normativamente el derecho de libre determinación de los pueblos con las obligaciones imperativas correspondientes a los Estadosde garantizarlos, protegerlos y respetarlos — por intermedio de todos los gobiernos.

El derecho de libre determinación expresa la soberanía de los pueblos en los Estados y la dignidad humanade cada persona que es fuente de sus derechos humanos; y fundamenta la concatenación normativa indivisible e interdependiente entre esos derechos — entre ellos los relacionados con el presente análisis — como: el derecho a la democracia y el desarrollo, a la paz, a la seguridad, a la libertad, a la igualdad, a la justicia, al estado de Derecho y a la solidaridad social e internacional.

En ejercicio de esos derechos, el pueblo organiza, pone en funcionamientoy participa en la gestión política del Estado; elige a sus autoridades y da seguimiento a las actuaciones de sus sucesivos gobiernos; realiza dignamente sus propias actividades para su bienestar individual y familiar en armonía con su contribución al proceso de desarrollo sostenible local y nacional en aras del bienestar general y del progreso social del pueblo; y participa — junto a las demás personas o pueblo — en la distribución equitativa de los beneficios que resulten de ese proceso.

En suma, el artículo 1 de ambos pactos internacionales, consagra ese derecho fundamental de libre determinación en su significación según la cual: