Don Vito E-Book

Cristina Fanjul

• Herausgeber: Ediciones Akal
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: Invenstigación
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 948

Veröffentlichungsjahr: 2024

Beschreibung

"El plan para poner fin a la minería del carbón, uno de los sectores industriales más importantes del pasado no tan lejano, no fue una desamortización. Ni siquiera una reconversión. El protocolo para descarbonizar la economía que se proyectó a finales de los años ochenta significaba en realidad desmantelar las cuencas y uno de los gremios más reivindicativos del movimiento obrero. La España productiva comenzó a desmontarse para poner los cimientos de un edificio ligado con la argamasa del neoliberalismo, el nepotismo y la corrupción. De todo aquello, hoy sólo queda el hierro oxidado de los castilletes, un océano de galerías sumergidas y ruinas de todo tipo, en un territorio de paraísos naturales devastados, una despoblación imparable y una descomposición social sin precedentes. Por el camino, sin embargo, se quedaron miles de millones de euros de dinero público en el reparto de todo tipo de ayudas a las empresas y los planes del carbón. El gran protagonista de la historia, que aún está por contar, es Victorino Alonso, del que casi nadie se atreve a hablar. Tal es la ley de la omertá que en los últimos treinta años se impuso sobre todo lo que le ha rodeado. Este libro desvela cómo se fraguó el imperio de alguien que, a día de hoy, es el gran desconocido del país, pese a figurar en el olimpo de los grandes nombres empresariales de obra civil, cotos de caza y otros variopintos negocios tanto a nivel nacional como internacional. Sus páginas narran la historia cruda del carbón, sin el sirope de la nostalgia con el que se ha ocultado la verdad y, por supuesto, con todo el conjunto de ilegalidades que, con la cooperación necesaria de políticos, sindicalistas y otros allegados al poder, llevó a la ruina de toda una sociedad."

Leseprobe

foca investigación

196

Diseño interior y cubierta: RAG

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Nota a la edición digital:

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© Cristina Fanjul y Víctor del Reguero, 2024

© Ediciones Akal, S.A., 2024

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

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ISBN: 978-84-16842-95-7

Cristina Fanjul y Víctor del Reguero

DON VITO

Una historia de mafia, política y carbón

El plan para poner fin a la minería del carbón, uno de los sectores industriales más importantes del pasado no tan lejano, no fue una desamortización. Ni siquiera una reconversión. El protocolo para descarbonizar la economía que se proyectó a finales de los años ochenta significaba en realidad desmantelar las cuencas y uno de los gremios más reivindicativos del movimiento obrero. La España productiva comenzó a desmontarse para poner los cimientos de un edificio ligado con la argamasa del neoliberalismo, el nepotismo y la corrupción. De todo aquello, hoy sólo queda el hierro oxidado de los castilletes, un océano de galerías sumergidas y ruinas de todo tipo, en un territorio de paraísos naturales devastados, una despoblación imparable y una descomposición social sin pre­cedentes. Por el camino, sin embargo, se quedaron miles de millones de euros de dinero público en el reparto de todo tipo de ayudas a las empresas y los planes del carbón.

El gran protagonista de la historia, que aún está por contar, es Victorino Alonso, del que casi nadie se atreve a hablar. Tal es la ley de la omertá que en los últimos treinta años se impuso sobre todo lo que le ha rodeado. Este libro desvela cómo se fraguó el imperio de alguien que, a día de hoy, es el gran desconocido del país, pese a figurar en el olimpo de los grandes nombres empresariales de obra civil, cotos de caza y otros variopintos negocios tanto a nivel nacional como internacional. Sus páginas narran la historia cruda del carbón, sin el sirope de la nostalgia con el que se ha ocultado la verdad y, por supuesto, con todo el conjunto de ilegalidades que, con la cooperación necesaria de políticos, sindicalistas y otros allegados al poder, llevó a la ruina de toda una sociedad.

Cristina Fanjul,natural de León, es periodista y ha desarrollado toda su carrera profesional en Diario de León.

Víctor del Reguero, natural de la localidad leonesa de Villablino, es autor de distintos libros de historia contemporánea, entre otras temáticas, sobre la minería del carbón.

Fiscal: ¿Por qué cree que al grupo Victorino Alonso lo llaman así?

Victorino Alonso: Por los periódicos y los bares.

Juicio de El Feixolín,

Audiencia Provincial de León, 2019

Introducción

Taller de memoria

A medida que la mente envejece, la película de los recuerdos se difumina y la nostalgia colorea las escenas borradas. Es por esa razón que las vivencias se dulcifican para, en ocasiones, perder cualquier atisbo de realidad. La memoria no es más que el juego de luces con el que iluminamos o apagamos nuestra historia vital. Este garaje que nuestras neuronas abren cada día consigue que la mirada cambie, que todos modifiquemos de manera perpetua la concepción que tenemos de nosotros mismos y de lo que nos rodea, que convirtamos en épica cualquier cosa que nos humille y no podamos borrar, que creamos que la epopeya es más creíble que el esperpento.

Las sociedades también tienen su particular taller de memoria. Se fragua con los titulares que cada día manipulan el ideario colectivo con medias verdades, arengas esparcidas desde los brazos mediáticos de la política y el dinero, silencios y palabras cómplices con el poder, nuestro propio autoengaño colectivo. Las palabras en formación se convierten en un ejército dedicado a lograr los fines de quien paga. No es necesario cambiar la realidad. Sería demasiado obvio. La opinión pública se genera mediante el uso de metáforas que reducen un problema complejo a una imagen hiperbolizada.

La minería del carbón es un perfecto ejemplo de cómo utilizar la memoria interesada para sacar de escena intereses que perjudican a los beneficiados por esta industria. Desde Zola pasando por César Vallejo y George Orwell hasta el chileno Baldomero Lillo, el inconsciente literario siempre se ha basado en el valor moral del minero, en el sacrificio de una clase de hombres que se arrastraban debajo de la tierra para alumbrar a los que estaban fuera a costa de su propia vida. Y ese valor fue verdad, pero es una historia antigua.

Con la llegada de la publicidad, este compromiso con el padecimiento humano se convirtió en carne de cañón para los modernos Gregories. Sin empacho, nuevos negreros se auparon sobre la miseria para enriquecerse, utilizando las estelas de la mitología de los trabajadores para mantener una corrupción de la que se ha hablado mucho pero no se ha contado casi nada y en la que la minería privada y pública no fueron muy diferentes. Tras la fiesta, las cuencas mineras han quedado arrasadas, su economía, podrida, y el futuro, quebrado por una sociedad dopada por la vida de las últimas generaciones en la irrealidad de un espejismo.

Todos colaboraron en este bucle melancólico. Mientras las minas de interior cerraban, las explotaciones a cielo abierto –pura voracidad y un daño medioambiental irreparable– se extendían hasta quedar como única actividad. Y el carbón de importación sobrepasaba la producción nacional, dando lugar a un negocio paralelo basado en la trampa y la estafa. Un negocio que no era tal: los viejos patronos del carbón no sabían qué era el cash flow y los que quedaron hasta el final practicaron auténtica ingeniería financiera a base de subvenciones y desvío de fondos a empresas propias y los confines del mundo. Todo eso sirvió a todos para perpetuar el privilegio.

Así fue para él, el señor, el capo: don vito[1].

No tiene en sus manos una historia general, económica o social de la minería del carbón, sino un libro sobre una persona que se convirtió en personaje. El contexto y la evolución de la política, la economía y la sociedad son fundamentales para entender su surgimiento, desarrollo y caída.

Durante tres años, hemos hecho muchas preguntas a distintas personas, documentos, hemerotecas y también a las propias cuencas mineras, para escribir este libro que es una historia del presente pero tiene muchas tramas: thriller político, conflicto social, devastación económica, catástrofe ecológica, impunidad judicial, complicidad institucional y un símbolo más del peor perfil del empresariado español, un personaje y un círculo de empresas que muestran en su trayectoria códigos de mafia, arquetipo de un sistema compartido: una alianza irracional, de clase, entre los estratos superiores y los más bajos, en la que todos se cubren y se benefician del maná. Es un libro coral, con muchas voces, que desmonta una gran mentira o unas cuantas que la construyeron, y que inevitablemente tendrá dos lecturas: la de quienes conocen los lugares, los intervinientes y los hechos (o creen conocerlos) y la de quienes no. Si a unos les abre los ojos y a otros les hace descubrir cosas, habremos acertado.

No es una historia condescendiente para el taller de memoria de la épica. Los empresarios se hicieron ricos, los sindicatos sacaron réditos inconfesables, los políticos se olvidaron de crear economía real, los pueblos se acostumbraron a la abundancia, los mineros acudieron al pensamiento egoísta de agarrarse al salvavidas de la prejubilación y the end.

Tal vez por ello, habría sido mucho mejor que en la invención de la memoria minera, todos hubieran escuchado menos a Víctor Manuel y más a Dixebra, el grupo asturiano de rock que diseccionó en dos estrofas la mentira del carbón: «Don Vito ye un artista que vive de subvenciones / el rey de los chamizos y los parques de carbones / don Vito ilusionista tiene una chistera / mete una montaña y saca una escombrera...».

En este libro, la épica termina con esta frase.

[1] Con estos apelativos, por la analogía entre el nombre de pila de nuestro personaje y el protagonista de El Padrino, se le ha conocido popularmente en las cuencas mineras, como «Don Vito» o «El Capo». Las referencias que a lo largo del libro se hacen a él deben ser muchas veces interpretadas en genérico tanto para su persona como para sus empresas.

Capítulo I

El Jaguar carmesí

Las citas nunca se celebraban antes de que a la ciudad se la comiera la noche. Ni siquiera entonces, el juez parecía sentirse a salvo de curiosos. En una pequeña población, un magistrado nunca es invisible. Por eso, el lugar para los encuentros estaba en medio de la nada, un polígono industrial que apenas había comenzado a desarrollarse, a desmano de cualquiera que, a pesar de las horas, se atreviera a dar un paseo. Al juez le quedaba un poco más cerca. Además, podía salir de la urbanización en la que vivía sin llegar a la carretera principal, al abrigo de miradas inconvenientes. Dos minutos más tarde, estaría en el aparcamiento de Diario de León.

Ireneo García Brugos conducía un Jaguar Daimler de color rojo, entre púrpura y carmesí. Recuerda Francisco Martínez Carrión, por entonces director de Diario de León, que sus contactos comenzaron con una llamada de teléfono en la que el magistrado le informaba de su disposición a convertirse en el «garganta profunda» de los asuntos judiciales de el señor.

—Yo tenía un Renault 11. Llegaba al camino y permanecía allí hasta que llegaba él y me hacía señales con las luces de su coche para que me acercara. Abría un maletín, me daba las fotocopias de los documentos oficiales y se iba –rememora tres décadas después–. Era como una película.

El juez Ireneo García Brugos siguió proporcionando información a Diario de León durante todo el tiempo que duró la disputa por la gran empresa minera venida a menos.

—Ahí me di cuenta de que la minería se había acabado, de que lo que había comenzado era una carrera por enriquecerse con su cierre. Fue en ese momento que MSP dejó de ser una empresa y comenzó a ser un chiringuito, una máquina de hacer dinero.

Mientras, el otro periódico de la provincia, La Crónica de León, se decantaba del lado de el señor. Fue una guerra sin cuartel en la que uno y otro se disputaron la ruina del negocio, una guerra que sólo terminó cuando uno de los dos protagonistas murió.

—Ireneo era un hombre sin escrúpulos, como denotaba lo que estaba haciendo. La justicia le interesaba poco. Era una pieza de su familia para que su hermano controlara MSP. Querían especular con la empresa porque en aquel momento comenzaba el principio del fin de la minería, el desmantelamiento, y fue cuando comenzaron a llegar las subvenciones y las ayudas europeas.

Ese era el León de 1994. El capo era un fantasma, un desconocido del que no había siquiera fotografías, y se convirtió en el cisne negro del carbón.

—León siempre ha sido un lugar muy clasista y los propios empresarios mineros no le reconocían como uno de los suyos. Había mucha desconfianza –destaca Carrión, para quien el personaje tiene muchos puntos en común con el Mario Conde que desembarcó en Antibióticos, la farmacéutica leonesa con cuya venta, un auténtico pelotazo, aquel desconocido dio el salto a la presidencia de Banesto y se convirtió en el símbolo, para bien y para mal, de toda una época.

—Generó siempre mucha desconfianza. Nunca cuajó en la sociedad. En las patronales no le tenían en cuenta. Era un tipo extraño –remacha antes de reflexionar por un momento y concluir con un retrato en el que muchos coincidirán–: No les interesa ni el territorio, ni crear riqueza, ni, por supuesto, los trabajadores. Era el negocio por el negocio.

Capítulo II

El cisne negro

Soy un ingeniero de minas que trabaja 14 horas diarias y que se dedica a la actividad del carbón, que es lo único que conozco. Me interesa sacar León adelante porque soy de aquí.

Victorino Alonso, 1997

La teoría del cisne negro

Los europeos siempre habían pensado que la mayor cualidad del cisne era la pureza del blanco. Sin embargo, la irrupción de Australia en el mapa occidental acabó con esta creencia y descubrieron con perplejidad que también podía vestirse con plumaje negro. Esa misma sorpresa fue la que él utilizó al modificar el desarrollo de la historia económica española.

La tesis del cisne negro defiende que de vez en cuando la economía se ve sacudida por acontecimientos singulares, totalmente inesperados y con un enorme impacto global. El vuelo de el señor se inició –a ojos de la mayoría– con el lastre de una empresa en quiebra y un país en crisis. En 1982, Felipe González y su equipo tenían la tarea de adaptar los costes energéticos a la realidad, una solución imprescindible para colocar a España en los raíles del progreso y abandonar las políticas proteccionistas que se habían sucedido desde hacía casi un siglo.

La reconversión se llevó a cabo con mayor o menor resistencia social en los centros de la economía industrial española, con la única excepción del monocultivo de carbón en León y Asturias. A la altura de 1994, con el PSOE corroído por el paro y la corrupción, el capo decidió realizar su gran aparición en escena para convertir en realidad lo que hasta entonces había sido altamente improbable. Fue el cisne negro de la generación energética, aunque por entonces fueron pocos los que se percataron de lo que eso supondría en adelante.

Y es que puede que él no hubiera oído hablar de la teoría de Nassim Taleb, pero irrumpió en el escenario carbonero con el único objetivo de secuestrar la economía y generar con ello un imperio que consolidó la agonía de las cuencas y multiplicó las consecuencias que tuvo para el hundimiento y la perversión de toda una sociedad. La pregunta que hay que hacer al cabo de treinta años no es si todo lo que ocurrió podría haberse previsto, sino si los protagonistas de la historia sabían que el proceso iniciado aquel 28 de septiembre de 1994 en León se cerraría con el derrabe de una provincia entera.

Ha nacido el capo

Teóricamente, fue una operación económica, en parte judicial, pero puramente política. Pocas hay de este tipo que no lo sean, pero nadie se molestó tampoco en ocultarlo. Aquel 28 de septiembre de 1994 se consumó el final de una partida y el principio de otra. La última. ¿O la penúltima?

Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) era la mayor empresa privada del carbón de España. Como tal, había tenido un trato privilegiado del Ministerio de Industria, una suerte de respiración asistida en la que un ministro pasaba el testigo al siguiente, que tomó mayor resonancia en esos años. La secuencia se resume en la Marcha Negra que protagonizaron sus trabajadores en 1992, la declaración judicial de quiebra de la empresa en 1993 y el levantamiento de esa quiebra en 1994. Como por arte de magia, pero de la ley a la ley, el debe se fio al habrá. Una quiebra se declara usualmente para liquidar una sociedad y saldar con sus activos las deudas con los acreedores. Pero en este caso se declaró con continuidad, para, con importantes quitas de deuda y un buen paquete de subvenciones públicas, consumar la supervivencia. Como piedra angular de la operación, una ampliación de capital de 2.000 millones de pesetas que tendría que poner quien quisiera ser su nuevo dueño.

Caja España asumió un papel protagonista en toda la operación. Controlada por el PSOE, era su presidente desde 1992 Ángel Villalba, un personaje al que volveremos. Cuando hablamos del PSOE nos referimos en este caso al PSOE de León, cuyo secretario general era desde hacía casi una década José Luis Rodríguez Zapatero, quien tenía en Ángel Villalba a uno de sus más estrechos socios.

Durante mucho tiempo, Manuel Lamelas Viloria fue visto y vendido como el «salvador» de MSP. Industrial del carbón con lo que se dice un perfil amable –muchos verán en esta frase un oxímoron–, todo parecía conducir a él. Pero su opción decayó mientras otras de las que se habló fueron aves de paso, y al final cobró cada vez más fuerza la de el señor.

No fue una sorpresa. Si había acaparado en los años anteriores todas las empresas mineras que había podido, varias habían sido ya sus tentativas de echar mano a la mayor. Unas veces con trascendencia pública y otras entre bambalinas. Para sus ambiciones necesitaban una empresa grande, grande de verdad, y, perdido el tren de La Camocha y tan lejos el ensueño de la Hullera Vasco-Leonesa, sólo le quedaba MSP.

Las semanas previas a aquel 28 de septiembre fueron una ceremonia de la confusión. Ángel Villalba, que había escenificado por demás su apuesta por Manuel Lamelas Viloria, echaba balones fuera diciendo que la decisión correspondía a la Administración. Y esta –es decir, el Ministerio de Industria– presionaba para posponerla unas semanas y ganar tiempo en la preparación de una alternativa. Era un secreto a voces que él iba en cabeza. Tras esa posición, se dijo, estaban las eléctricas, cada vez más recelosas de que el señor acaparara más suministro de carbón térmico del que ya tenía, que no era poco.

Con ellas andaba en líos. Durante todo el verano, había protagonizado una cruenta guerra con Unión Fenosa, que le acusaba de estafa por venderle carbón adulterado con cenizas y estériles, lo que corroboró el Tribunal Supremo en sentencia años después. Pero también con su vida personal. El mismo día de la gran decisión, la prensa publicó que no se había presentado a un juicio que tenía pendiente por abandono de familia, denunciado por su exmujer. Llevaba más de una década sin abonar la pensión de sus dos hijas menores. El juez le dio un ultimátum: si no se presentaba, ordenaría su ingreso en prisión. También por esa conducta con sus propias hijas sería condenado. Quien para el fisco era un insolvente y para la opinión pública todo lo contrario, dijo que eran maniobras para desprestigiarle en su carrera, incluyendo los asuntos privados, según él fruto de una guerra oculta desatada por empresarios opositores. Lo dijo en una entrevista publicada en Diario de León días antes de la gran decisión, en la que la única condición que puso fue no ser fotografiado[1].

Ese fantasma sin rostro se convirtió aquel 28 de septiembre de 1994 en el cisne negro del carbón. Ángel Villalba explicó, al hacer pública la decisión, que Caja España se había basado nada más que en los criterios económicos. Arguyó además que no se podía arrastrar más tiempo la incertidumbre, ni para la empresa minera, que aumentaba cada día sus deudas, ni para la entidad financiera, que además del importante dinero en juego se arriesgaba a perder el negocio vinculado a ella. Pero, como hemos dicho, no fue una operación económica, no. Fue una operación política. Larga, compleja y con muchas aristas, como veremos.

Para muestra los titulares de los dos periódicos de la provincia abriendo sus portadas el día siguiente. La Crónica 16 de León: «Victorino Alonso gana la carrera por la MSP y se convierte en líder absoluto de la minería privada». Y Diario de León: «Caja España convierte a Alonso en el mayor empresario minero de Europa al cederle MSP». Y un llamativo detalle: mientras La Crónica titulaba, ya en su interior, que la entidad financiera había esquivado las presiones del Ministerio de Industria, no hizo la más mínima referencia a la reacción de este, llegando a decir que desde hacía tres días «reina un silencio total». No era verdad. De hecho, su competidor publicó en portada que había lanzado un inusual comunicado al enterarse de la decisión por los medios. No se había respetado lo acordado para estudiar de forma conjunta las ofertas, ni se había dispuesto de un periodo mínimo de reflexión para tomar una decisión de esa trascendencia. Palabra de gabinete ministerial. «Por tanto, las implicaciones y consecuencias de esta decisión no vinculan al Ministerio de Industria y Energía». Fin de la cita. La prensa color salmón también puso el foco en que la decisión se tomaba sin el beneplácito del Gobierno.

¿Realidad o teatro?

Había nacido el capo.

[1]Diario de León, 24 de septiembre de 1994.

Capítulo III

La Marcha Negra

Como empresa no tenemos nada que ver con la cuestión social de un valle como Laciana. La finalidad de una empresa es la viabilidad.

Alfonso García-Argüelles, 1992

La Marcha Negra

Entre Germinal, la novela en la que Émile Zola radiografía un pueblo francés donde todo gira en torno al carbón, y el final de la minería en España median casi ciento cincuenta años. El siglo y medio en que el carbón fue explotado a gran escala en distintos puntos de nuestro país, los más importantes Asturias y León.

La utopía de los mineros esclavos de la literatura de Zola tuvo sus ecos en el devenir de la minería española, aunque esos ecos se atenuaron con el tiempo hasta la sordina del epitafio. Un final patético en comparación con el que a la par se vivió en Alemania, donde el presidente de la República Federal recibió de manos de un grupo de mineros la última piedra extraída en la cuenca del Ruhr, institucionalizando en una sencilla ceremonia el sello del adiós a lo que para generaciones y pueblos había sido todo. En España, silencio e indiferencia.

Una forma de vida, una cultura, una identidad, que han quedado ya como melancolía compartida, icono de souvenirs, ruinas abandonadas y, en el mejor de los casos, objeto de museo. A decir de Albert Camus, el minero ha sido el paradigma del proletariado porque toda su vida giraba en torno a su trabajo. Su papel preponderante en el surgimiento del movimiento obrero y otros pasajes de nuestra historia, como la revolución de 1934 o la huelga de 1962, que puso al franquismo ante el espejo internacional, convirtieron a los hombres que arrancaban el carbón en una suerte de héroes de la mitología contemporánea. «La épica minera», como la denomina Noemí Sabugal en Hijos del carbón, tuvo su último episodio memorable en la Marcha Negra de 1992[1].

Con permiso de Comisiones Obreras, que debe su nacimiento a los mineros y ha tenido un gran peso histórico en sus reivindicaciones, las organizaciones de UGT en las cuencas supieron brindar al PSOE uno de sus principales sostenes. Un granero de votos siempre a su favor. Fue indiscutible el apoyo masivo a Felipe González, aunque su estancia en el poder trajo el ingreso en Europa y, con él, un plan de cierre a medio plazo para una industria en fase terminal.

Ahí tuvo lugar la Marcha Negra, con la que los mineros de Laciana mostraron la otra cara de los fastos de la España de 1992. Con Minero Siderúrgica de Ponferrada al borde de la suspensión de pagos, la empresa propuso, entre otras medidas, el cierre del pozo María –su mina más emblemática– y un recorte de empleo y producción como única opción de continuidad. Enfrente se encontró una huelga de casi dos meses, iniciada con el encierro de ocho sindicalistas en el pozo Calderón que se iba a prolongar durante 52 días. El paro evolucionó en distintas manifestaciones y cortes de carretera –en los que se vivieron duros enfrentamientos con los antidisturbios– y desembocó en una larga caminata a pie a Madrid. A lo largo de dieciocho días, 460 mineros cubrieron el medio millar de kilómetros que separaba Villablino, núcleo de la movilización, del Ministerio de Industria. Lo hicieron con el apoyo masivo de la cuenca: con una dependencia total de esa actividad, no es de extrañar que la huelga de una empresa se convirtiera en una movilización general. En la memoria popular están las escenas de los mineros ataviados con funda y casco en las carreteras y las que simbolizan el apoyo popular que cosecharon a su paso: puños en alto y aplausos de manos bregadas por el trabajo en los campos de Castilla, cláxones de coches y camiones atronando a modo de saludo, multitudinarios recibimientos no sólo en el mundo rural, también en Valladolid y Madrid. Al son de «Santa Bárbara bendita», el himno tecleado al acordeón y coreado por las voces de aquellos hombres, fue la última gran gesta de la épica minera, en la que los mineros de Laciana recogían el testigo de Germinal.

La caminata de los trabajadores es la foto icónica que ha quedado en la memoria colectiva, pero la movilización, sus antecedentes y sus consecuencias, fueron mucho más que eso.

La gesta no pudo repetirse en los dos intentos sobrevenidos en 2010 y 2012. La descomposición había hecho ya mella hasta en la propia épica, la conciencia obrera era retórica de argumentario y las prejubilaciones pasaron a ser punto de destino. Tal vez esa diferencia entre una movilización que en 1992 reclamaba el mantenimiento de una empresa para poder seguir trabajando, frente al fin de alcanzar las prejubilaciones en el que se enmascararon las últimas acciones, marcó sus tan distintos resultados (amén del contexto social de uno y otro momento). Trabajo y prejubilación son conceptos vehiculares, pero no es lo mismo reclamar apoyo social para trabajar –aspiración legítima tanto desde el punto de vista personal como desde el colectivo– que hacerlo para conseguir una prejubilación, ambición legítima también, pero con un inequívoco interés individual. Y si veinte años son nada en un tango, en la minería y en España habían sido mucho. En 2010 y 2012 se vivían los peores años de la crisis económica, con una alta tasa de paro, recortes, cierre masivo de empresas, destrucción de empleo, desahucios, suicidios, múltiples manifestaciones a diario y un largo etcétera. Las lámparas de los mineros flameando en la oscuridad de las calles de León y Madrid terminaron siendo, tristemente, algo más parecido a una romería que a una movilización obrera.

Sin embargo, la España de 1992 fue el mejor escaparate para su reivindicación. Ilustrativa es una escena chusca que pinta la irrupción de un coche de alta gama entre la fila de mineros caminantes, con un maletín lleno de billetes para aquellos «fenómenos» de parte de Jesús Gil. Un detalle del presidente del Atlético de Madrid y alcalde de Marbella. Flamante y oportunista, reflejo de una España en la que valía todo, en esas pelas está su esencia de populista excéntrico. Era el año de los Juegos Olímpicos, la Expo de Sevilla, el primer AVE. El trampantojo del pelotazo. La Marcha Negra apareció cada día en televisiones, emisoras de radio y toda la prensa. La superación de las fronteras provinciales y las simpatías despertadas a su paso por los mineros dieron trascendencia a su problema, por más que incomodara al Gobierno del PSOE. La incidencia en la opinión pública contribuyó a forzar el rescate y alargaría dos décadas la existencia de la que había sido, era y quería seguir siendo la empresa privada más importante de la minería del carbón en España.

El éxito de una batalla perdida

—La marcha no fue todo lo idílico que se cuenta.

Javier Rubio se amamantó en la cuna de la lucha obrera. Desde su incorporación como trabajador a MSP hizo sus pinitos en Comisiones Obreras, aún en la clandestinidad. A la altura de 1992, era uno de los delegados del comité de empresa, donde el sindicato se hizo hegemónico desde las primeras elecciones. Su pequeña figura se hacía grande en cada una de las paradas de la Marcha Negra, cuando desde el micrófono su voz se convertía en la de todos sus compañeros. También en la última, ya en Madrid, a las puertas del Ministerio de Industria, donde puso palabras a la rabia por el desprecio del ministro que se negó a recibirles y a la satisfacción por los acuerdos que se habían conseguido.

Nunca se ha hecho público, pero la idea fue suya. En una de las asambleas que a primera hora se celebraban cada día en la sede de Comisiones Obreras en Villablino, fue Javier Rubio quien propuso hacer una marcha a pie. Y encontró respuesta inmediata en Gonzalo Díaz, también delegado y entonces secretario regional del sindicato minero, que dijo que, de hacerse, tenía que llegar a Madrid. Un mes de huelga, ocho dirigentes sindicales encerrados, manifestaciones y cortes de carretera sólo habían servido para violentos enfrentamientos con las fuerzas del orden público.

—Hubo un momento en que la gente creía que nuestro objetivo fundamental era darnos hostias con los antidisturbios. Parecía que el plan de futuro para MSP había quedado en segundo plano. Nosotros teníamos claro que un problema del que no se habla no se ve, es un problema que no existe. Por lo tanto, había que hacerlo visible. Los enfrentamientos fueron tan brutales, con los helicópteros lanzando gases lacrimógenos y los antidisturbios destrozando nuestros coches en el pantano de Luna... Cambiamos el escenario y nos fuimos al Bierzo, a la zona de Bembibre. El método que utilizaron fue multarnos cuando íbamos de camino. La gente se cabreó, se fue hacia uno de los Patrol de la Guardia Civil y se empieza a zarandear. Allí empezaron a decir que llevábamos dinamita, la gente por el monte... aquello fue terrible. Iba a terminar habiendo algún muerto y, más allá de la desgracia, sabíamos que significaba unos días de luto y volver al trabajo. Había que encontrar el método para hacer algo distinto.

Con la idea de la marcha, todo comenzó a rodar: la asunción de la propuesta por todos los sindicatos, el presupuesto, el itinerario, los participantes y la intendencia. En cinco días se organizó todo. La procesión laica de esa larga fila de mineros con monos y casco de trabajo venció sus primeras dudas cuando salió de las cuencas bercianas y recibió en cada pueblo mayor adhesión popular y apoyo mediático, si bien no faltaron los intentos de sabotearla desde dentro.

—Cuando, a partir de Benavente, se vio que podía tener éxito, no en cuanto a que podíamos conseguir lo que planteábamos, sino a nivel de movilización, se produjeron los problemas reales. Todos aquellos que habían creído que la marcha iba a fracasar, querían estar allí. Y hubo gente que, desde que salimos, vino con idea de destruirla.

A esas tensiones se sumaba la incertidumbre sobre la solución al problema, una incertidumbre que se mantuvo hasta el final.

—Quienes estábamos en la dirección de la marcha y en las negociaciones sabíamos que cada paso que dábamos era un paso menos hacia el objetivo, pero también para alcanzar un acuerdo. Se nos acercaba el día de llegar a Madrid, y eso te acojonaba porque no se veían perspectivas de que las cosas se fueran a resolver. La noche anterior, de madrugada, no sabíamos qué iba a pasar porque la reunión no había terminado. Recuerdo que estábamos hablando con un periodista sobre qué íbamos a hacer en el supuesto de que no se hubiera conseguido nada, y yo no tenía claro qué íbamos a poder hacer, pero desde luego para casa no íbamos a irnos. Éramos conscientes de la repercusión que daban la Expo y las Olimpiadas, así que saldríamos hacia Bruselas, camino de Barcelona… o algo así.

El acuerdo llegó y Madrid se volcó aplaudiendo en cada acera y cada balcón a aquellos mineros que, sin ser conscientes, consiguieron que la sociedad cambiara los ojos con que hasta entonces los miraba. Uno de ellos, Pablo de Anta, declaraba la víspera ante las cámaras de TVE: «Ya no somos aquellos obreros brutos, incivilizados, y creo que eso ya es positivo». La Marcha Negra fue paradójicamente el éxito de una batalla perdida de antemano y asimismo el nuevo punto de partida de lo que estaba por venir, como reconoce Javier Rubio.

—En todas las movilizaciones, también las que se hicieron antes de nosotros, sabíamos que había que luchar para conseguir algo. Nunca se dio nada porque sí. Pero hasta entonces se sabía que, una vez alcanzados, los acuerdos se cumplían, y a partir del 92 supimos que, además de alcanzar los acuerdos luchando, había que seguir luchando para defenderlos.

[1] N. Sabugal, Hijos del carbón, Madrid, Alfaguara, 2020.

Capítulo IV

El cadáver exquisito

José Ángel Fernández Villa fue y es una pieza clave del futuro de Asturias. Si no es por él la mitad de Hunosa estaría cerrada. En su día, y soy testigo, fue una lucha del partido y el sindicato en todos los frentes de la Administración central. Villa desplegó en defensa de la región una astucia y una habilidad que nunca se le reconocerán lo suficiente.

Ángel Fernández Noriega, 1989

La destrucción de Asturias

Juan Luis Rodríguez-Vigil no siente nostalgia y habla con desprecio de quienes se apoderaron de una industria y todo el significado que tenía en la memoria colectiva.

Conocedor del brillo y la miseria del carbón, el que fuera presidente del Principado de Asturias entre 1991 y 1993 centrifuga cualquier atisbo de melancolía con la que hasta ahora se ha teñido el periplo de la economía negra. Ni siquiera tiene empacho en variar las coordenadas del relato que, a su modo de ver, ha destrozado a la sociedad desde el punto de vista cultural, moral y económico, tanto de Asturias como de León.

El expresidente, que comenzó su carrera como abogado laboralista desde uno de los despachos en los que se construyeron las primeras bases del PSOE en los estertores de la dictadura, denuncia que todo ha sido una gran mentira y que lo único cierto es que las llaves para cerrar la minería se repartieron entre «auténticos gánsteres». «Esa fue la desgracia», asume. Y es que le tocó bailar con la más fea, una estructura sinuosa y corrupta que no se limita al que fuera todopoderoso secretario del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa.

Llegó a la presidencia de Asturias cuando todos sabían que el final de la minería ya era un hecho, que la explotación del carbón no era rentable, que lo que se explotaba no era más que un cadáver cuyo hedor camuflábase con subvenciones y propaganda. Revela que la reconversión fue la peor que pudo hacerse y que al final todo se basó en un simple manejo de intereses. «Aquí se quiso alargar el final por razones electorales y de poder. Eso es todo».

Esa concepción, cuyo mecano fue obra de José Ángel Fernández Villa, chocó desde el principio con los planes que el ministro Carlos Solchaga y su equipo habían diseñado para las cuencas mineras. «Cada día estoy más convencido de que el plan del Gobierno era el más razonable».

—Nunca se habló de que hubiera un plan alternativo –le preguntamos.

—No. Nunca se ha contado porque venía muy bien esa castaña, que supuso el destrozo de la región con la complicidad de todo el mundo.

El «yo acuso» del expresidente se extiende a toda la sociedad y pone en evidencia que el narcótico de las subvenciones hizo que nadie se atreviera a quebrar la omertá. «Fuimos cómplices y quien no supo fue porque no le dio la gana», denuncia. De hecho, recuerda cómo Belarmino García Noval, uno de los hombres de máxima confianza de Villa en el sindicato, le admitió que todos sabían que la minería ya no tenía recorrido.

Entre 1983 y 1984, Carlos Solchaga ideó un cierre pausado del negocio –palabra con la que Fernández Villa se refería a la industria del carbón– que implicaba una oferta financiera «increíblemente generosa» y un plan de reindustrialización serio, que tutelaba un cambio en el proceso económico de la zona. Su desarrollo habría coincidido con el ingreso de España en la Comunidad Europea, una ocasión perfecta con la lluvia fina de fondos comunitarios. «Su objetivo –revela– era la regeneración del tejido productivo, pero el PSOE y la UGT del Principado se negaron en banda y aquello se convirtió en un combate. Fernández Villa creó una red clientelar que dominaba la sociedad y el partido. Todo comenzaba y terminaba en él y era él quien tomaba las decisiones».

—¿Dobló Villa el brazo a Felipe González y Solchaga?

—Pues sí. Villa tenía fortísimos apoyos dentro del PSOE: Alfonso Guerra, Txiki Benegas... la estructura. Felipe González se dio cuenta de que había un sindicato que articulaba todo el partido en función de sus intereses, y el presidente, que era un hombre con criterio de político europeo, se hartó. Tras el pulso, desde Madrid me dijeron que lo único que querían es que la minería no les costara demasiado y la orden gubernamental fue atornillar y convertir el sector en una sociedad de beneficencia.

La estructura del partido fue coaptada por el SOMA-UGT de José Ángel Fernández Villa y de ahí se dio el gran salto para secuestrar el resto de las instituciones asturianas.

—El escándalo de los ERE de Andalucía, de risa al lado de esto. Es indemostrable, porque además todo ha prescrito, pero el problema a mi juicio es que han aniquilado culturalmente esta región. Aquí el enchufismo, la demagogia y el control ideológico han sido terribles. La espiral de destrozo cultural y moral de la sociedad, a la que se quitó toda la capacidad de iniciativa, de crítica valiosa, no tiene parangón y la minería alimentó un discurso infantil que nos destrozó. Todo el mundo lo sabía y todo el mundo colaboró.

—¿Y en León?

—En León pasó igual, pero el lugar de Villa lo ocupó Victorino Alonso.

—¿Por qué se rindió?

—A mí me pasó como a Periquito, el protagonista de la novela de Allan Sillitoe La soledad del corredor de fondo, que perdí las ganas de ganar.

Un negocio ruinoso

¿Qué es el carbón? En la memoria de cualquier niño, el miedo de que los Reyes Magos lo dejaran en el lugar de los regalos. Para las personas de cierta edad, las piedras negras brillantes que ardían en el seno de las cocinas dando calor a la casa o haciendo la comida. Para la geología, restos vegetales descompuestos y sedimentados hasta petrificarse durante millones de años. Para la historia, es el elemento que propició que la Revolución industrial cambiara el curso de la humanidad: barcos, trenes, fábricas y cocinas dependían completamente de él. Para la economía, un combustible fósil –el único que existe en España– de cuya importancia da fe el hecho de que la Comunidad Económica Europea deba a él y al acero su propia creación. Para ciertos pueblos y comarcas, el carbón fue todo: dicha y desgracia, sustento y condena, un modo de vida, una cultura, casi una religión. Hoy, sólo melancolía.

Durante la mayor parte de su existencia, la minería del carbón ha subsistido a costa del dinero público. Mientras las pérdidas las hemos pagado todos, los beneficios se los han llevado unos pocos. Se los repartieron las elites del mundo financiero que controlaban las grandes empresas mineras como filiales de sus bancos y las compañías eléctricas, cliente único en un mercado artificial en el que el Estado pagaba parte de la factura del carbón que les obligaba a quemar en sus centrales y ellas convertían en kilovatios y ceros infinitos de ganancia. Aunque a ojos del público fueron la esencia del gremio, los pequeños explotadores de minas no pasaron nunca de ser peones en esa gran partida de ajedrez, la letra pequeña del negocio.

Porque el carbón ha sido un gran negocio, que brindó décadas de beneficios a mansalva. Como el petróleo. Según el dicho popular, el primer mejor negocio del mundo es una petrolera bien gestionada y el segundo, una petrolera mal gestionada. ¿Y el tercero? ¿Una minera de carbón? Pudo ser. Si a lo largo de los años la gran pregunta era cuándo se acabarían las reservas de crudo, en los bailes de peonza del destino se da por asumido que su final no va a llegar por agotamiento, sino que infinitos barriles dormirán bajo la tierra por los siglos de los siglos. También lo harán millones de toneladas de carbón.

Cuando, en el ecuador del siglo xx, los gigantes europeos unieron sus intereses en torno al acero y el carbón, este se beneficiaba en España de la autarquía de la dictadura franquista. Amparado siempre por el proteccionismo del sistema, en los sesenta aportaba la mitad de la energía primaria que se consumía en nuestro país. El carbón había sido y seguía siendo la primera fuente energética; pero no tardaría en ser relegado en detrimento del petróleo. Extinguidas las viejas locomotoras de vapor, su principal destino en el pasado, y modernizada la industria que alimentaba con él sus fábricas, al carbón sólo le iban a quedar como grandes receptoras las centrales térmicas que –Endesa, Fenosa, Iberdrola y etcétera mediante– engordaron a un oligopolio que hoy las ha hecho desaparecer para continuar, en su lugar, con el mismo negocio.

Las dos regiones carboneras más importantes de España han sido Asturias y León. La minería asturiana fue siempre por delante de la leonesa, ya que, cuando esta se iniciaba a finales del siglo xix, aquella estaba a pleno rendimiento. La existencia de una no se entiende sin la otra, aun con todas sus diferencias y desigualdades históricas, que con el tiempo fueron cada vez más acusadas.

Luis Aurelio González Prieto es autor de un libro de título revelador: Oro negro, dinero sucio[1]. Es una historia de los albores de la minería asturiana en la que cuenta un sistema organizado de especulación y corrupción del que participaban tanto los dueños de minas –capitalistas franceses e ingleses en su mayoría– como todos los escalafones de la Administración, al que se apuntaron las fuerzas vivas de cada zona. Sorprende que buena parte de los abusos no sólo pervivieran, sino que fueran a más: desde burlar los controles para dar el cambiazo con carbón de importación, hasta la subcontratación del trabajo en las minas a pequeñas cuadrillas de obreros.

Salvo en momentos muy puntuales (la Primera Guerra Mundial, la autarquía franquista, la crisis del petróleo de los setenta), el carbón nunca ha sido rentable en España. Para muchos, la escasa potencia –en el argot minero, la anchura– de las capas y su irregularidad lastran de siempre la productividad. Otros sostienen que el carbón español no es más caro ni más barato que otros.

¿Cómo es posible que un negocio ruinoso sobreviva durante más de un siglo? En primer lugar, gracias a la explotación abusiva de la mano de obra: miles de trabajadores que en aquellos primeros tiempos tuvieron salarios de miseria. Su sobreesfuerzo a costa de su salud y su vida agrandó cuentas de resultados y dividendos. Y, en segundo lugar, gracias al proteccionismo del sistema. El proteccionismo puede ser una medida temporal para preservar una industria que nace, que atraviesa una coyuntura de dificultades o que se considera esencial en determinadas circunstancias. Pero, en lo que al carbón se refiere, ha sido el modo de mantener artificialmente las pingües rentas continuas que recibían unas elites cuyo objetivo no fue nunca competir en el mercado, sino conservar ese statu quo. Los sucesivos modelos de Estado no hicieron sino aprobar medidas de protección rayanas en la intervención. Unas veces por mera inercia y otras, las más, porque el lobby carbonero ganaba la partida mostrando la cruz de sus monedas: un ejército cada vez más poderoso, los miles de trabajadores que tenían en las minas su sustento y que, primero como sórdida posibilidad de paro masivo y después como ruidosa movilización, fueron utilizados como amenaza desestabilizadora hacia el poder.

En torno a 50.000 mineros había en España en 1959, cuando los tecnócratas del Opus Dei hicieron a Franco levantar el telón de las fronteras tras dos décadas de sombra y miseria. Los campesinos emigraron a las ciudades para trabajar en las nuevas industrias y la construcción, muchos españoles buscaron suerte en la emigración europea y las playas se llenaron de turistas extranjeros. En la España del desarrollismo, el carbón perdía su posición de privilegio y, con ella, los beneficios fáciles y seguros. La apertura de las aduanas abrió las importaciones de un combustible cada vez más desplazado por el petróleo y el gas, al que sólo iban a quedar las bazas de las centrales térmicas y las plantas siderúrgicas.

En León, no pocas minas cerraron o fueron absorbidas por las mayores empresas, que se mantuvieron gracias a que el Estado, vía Endesa, garantizó la compra de sus carbones para la generación de electricidad. En Asturias, la inyección de dinero público y la compra de combustible para la siderometalúrgica pública Ensidesa fueron remedios insuficientes. Las empresas estaban en su mayoría descapitalizadas, en pérdidas continuas y con las ventas en retroceso. En 1967, el Estado creó Hulleras del Norte (Hunosa). Constituida inicialmente con diecisiete sociedades a las que más tarde se incorporaron otras diez, iba a ser la gran empresa pública de la minería asturiana. Fue una operación de cuyas entretelas se conoce muy poco, pero en la que salieron ganando los mismos: los grandes bancos que, con participación en las empresas que se nacionalizaron, sacaron rédito de las condiciones ventajosas de esa venta y del cobro de los créditos que se habían concedido a sí mismos.

La operación se explica desde una doble vertiente social y económica. Cuál de las dos inclinó más la balanza o si la primera se utilizó en favor de la segunda para condicionar la decisión son cuestiones que, según quién lo cuente, toman una u otra posición. En palabras del economista Manuel Jesús González, asumiendo un tributo de pérdidas a perpetuidad, el franquismo «compró imagen pública y paz social». Y lo hizo en una época en que los mineros, ahogados por la inflación y hartos de ser esclavos, reivindicaban mejores condiciones en las primeras huelgas contra la dictadura, con las que despertaron los fantasmas revolucionarios del pasado. Si esa fue la vertiente social, la económica nos lleva hasta grandes intereses: la banca y las eléctricas. La «socialización de las pérdidas» hizo pasar al Estado las cargas cuando el negocio ya no era rentable. Y a buen precio. Escrito está que Carlos Ferrer Salat, primer presidente de la CEOE, dijo que algunos dueños que vendieron sus minas le dijeron «más o menos confidencialmente» que, si hubiesen sabido lo que el Estado les iba a pagar, habrían comprado antes muchas más. El fraude de Hunosa, un libro editado por la Federación Estatal de Mineros de UGT en 1981, va más allá refiriendo presiones de las elites económicas que se habían desprendido de sus minas, para que los carbones de la gran empresa pública se mantuvieran a precios bajos, y así comprar ellas mismas una materia prima barata con la que alimentaban los negocios de la siderurgia y la electricidad que mantenían.

Poco iban a cambiar las cosas en la naciente democracia. Las elites económicas fueron reemplazadas por un nuevo grupo de presión, el dueño de facto de Hunosa, que es lo mismo que decir de la minería asturiana. Su núcleo fue el cuerpo sindical, especialmente el SOMA-UGT, liderado por José Ángel Fernández Villa, quien aprovechó su control sobre la gran empresa pública para tejer una red de intereses e influencias que la trascendió. Hombre fuerte del PSOE en Asturias –durante años único asturiano en la Comisión Ejecutiva Federal–, aprovechó su fuerza para colocar a los liberados de Hunosa con doble militancia, sindicato y partido, en todas las agrupaciones socialistas de la región. Desde estas se decidían las candidaturas, se nombraban y quitaban cargos, y se marcaba el paso a los que ya los tenían. En la hemeroteca hay infinitos rastros de que pocas cosas escaparon a su control. «Algún día habrá que analizar cómo un sindicato ha podido alcanzar cotas políticas tan importantes que le permiten una decisiva influencia en la marcha de su partido hermano: el PSOE», escribía José Luis Fernández en La Nueva España en una fecha tan temprana como 1983[2]. Pedro de Silva, quien nunca tuvo feeling con Felipe González, acababa de ganar las elecciones y se convertía en primer presidente del Principado de Asturias. El padrinazgo de Fernández Villa fue, más que influyente, decisivo, y en adelante el marcaje del valedor sobre el valido fue constante y visible. El líder del SOMA alardeaba de tener mano y alimentaba su leyenda, con una presencia continua en los medios de comunicación, adornado con el mono de minero cuando tocaba o fumando puros codeándose en el palco de honor del fútbol con el empresariado más rancio de Oviedo.

Nadie ignoraba que la minería estaba condenada a acabarse, que el carbón era un negocio ruinoso, pero todo el mundo trabajó por alargar su final. Y, como en la «socialización de las pérdidas» del franquismo, la vertiente social fue de nuevo el mejor subterfugio. Todo ello se fraguó con una diferencia sustancial respecto al pasado: ahora no se beneficiaba a aquellas elites del capitalismo, sino a oportunistas que vieron en la ruina un auténtico negocio. Porque la minería no era ya una historia de ricos y pobres, empresarios depredadores y trabajadores explotados. No era una historia de buenos y malos. Todo se fio a una red de nepotismo, corrupción y abuso de la que los mineros tuvieron mayor o menor consciencia y de la que aceptaron ser parte, en una degradación de valores sin igual, de la que hoy dicen más los silencios que las palabras.

La forja de un villano

José Ángel Fernández Villa fue cocinero antes que fraile, pero los fuegos que el ángel caído de UGT encendía en su época de pinche crepitaban con chispas de color azul oscuro, casi negro. Lo cuenta Gómez-Fouz en su libro Clandestinos, donde revela las labores de confidente que el sindicalista realizaba en plena dictadura para Claudio Ramos Tejedor, jefe de la Brigada Político-Social y bestia negra de los mineros asturianos[3]. Han pasado más de veinte años de su publicación y nadie ha denunciado una supuesta falsedad ni exigido una rectificación de las palabras con las que el autor revela los informes manuscritos en los que el otrora valido del carbón asturiano vendía al régimen las vidas de sus compañeros.

No es el único que le acusa. También Antón Saavedra, el que fuera secretario general de la Federación Estatal de Mineros de UGT, destaca que Fernández Villa delataba a quienes, a través del FUSOA (el Fondo Unitario de Solidaridad Obrera de Asturias), recaudaban dinero entre los mineros para ayudar a las mujeres de cuantos permanecían en las cárceles de la dictadura. Lo había hecho también Rafael Fernández, el presidente de la construcción autonómica asturiana, que dio cuenta de las mañas del sindicalista y sus ansias de poder en un libro que fue secuestrado[4].

El puzle de una biografía no se resuelve sólo con las fichas escogidas al principio, pero las elecciones que hacemos reducen las posibilidades de modificar el futuro, y para Villa llegó un momento en el que el poder atesorado fue demasiado grande como para no usarlo en contra de lo que se ufanaba en defender. José Ángel Fernández Villa trepó hacia el éxito mediante una ética «del más viejo caciquismo español, clientelar, prepotente y amigo de retorcer o burlar la ley». Quien defiende todos estos calificativos no es otro que el expresidente del Principado Juan Luis Rodríguez-Vigil, uno de los socialistas que mejor le conoció. Testigo de sus comienzos –sus primeros contactos tuvieron lugar al final del franquismo–, mantuvo con él relaciones que tacha de «cordiales» y «amigables», pero que se fueron enrareciendo a medida que se sacudió la piel de defensor de los trabajadores.

Medio siglo después llegaría Cristóbal Montoro y su polémica amnistía para perdonar a los evasores fiscales de un país que necesitaba recaudar euros para tapar el gran agujero de la crisis. Uno de ellos fue el por entonces venerado líder del SOMA, que regularizó un millón de euros, producto –según su abogada– de la herencia materna. La misma justificación utilizó su némesis ideológica, Jordi Pujol. Desde la exclusiva en portada de El País, la noticia generó una galerna mediática y política marcada en gran medida por la hipocresía, y un edificio de excusas que desembocó en la reclusión doméstica que José Ángel Fernández Villa guarda desde entonces.

Hay innumerables ejemplos que revelan su ambición de poder. Su papel de muñidor del Montepío de la Minería, así como su empeño en controlar cuantos entes y organismos se pusieron en marcha para la reindustrialización de las cuencas, dan fe de su capacidad para jugar al cacique con una mano mientras con la otra defendía la solidaridad obrera. Tuvo influencia en todos los niveles del poder: desde el municipal hasta el autonómico nada se le puso por delante y se sirvió de todos los resortes de la empresa pública Hunosa, los fondos mineros y las subvenciones para crear un entramado de clientelismo que le convirtió en un demiurgo, un oráculo al que todos debían rendir pleitesía si su propósito era medrar.

Juan Luis Rodríguez-Vigil explica que, al margen de los fondos mineros invertidos en obra pública, donde Villa sólo tuvo capacidad para decidir obras, aunque no en su contratación, en el terreno laboral se utilizaron decenas de millones de euros para la creación de empresas encaminadas a la generación de empleo alternativo a la minería. Así, destaca que la influencia de Villa en la concesión de subvenciones a empresas o emprendedores en las cuencas fue determinante. Lo hizo bajo figuras como Sodeco, entidad promocional dirigida por Luis Gómez, el Chino, a quien luego colocó como hombre de confianza de Gabino de Lorenzo, el populista alcalde de Oviedo, hasta su caída en desgracia relacionada con un caso de comisiones ilegales[5]. Eran los años del «Pacto del Duernu», ingenioso nombre –el duernu es el recipiente en el que comen animales domésticos como cerdos o vacas– con el que se bautizó el reparto de poder y negocios que hicieron entre sí los aparatos asturianos de PP y PSOE.

«Pero donde el régimen caciquil instaurado por Villa llegó a su punto máximo, con manifestaciones de clara discriminación y descaro en favor de sus recomendados, fue con ocasión de las nuevas afiliaciones de trabajadores en Hunosa, que eran el producto de la implantación del sistema “mete-saca”, un procedimiento en virtud del cual por cada prejubilación se creaba un número proporcionalmente menor de empleos». José Ángel Fernández Villa había arrancado esta y otras prebendas cuando el felipismo asumió que el socialismo asturiano era su voluntad, y lo consagró tras su encierro en el pozo Barredo, un logro que le garantizaría el mantenimiento del statu quo en Hunosa durante años. «En definitiva, la adopción del enchufismo, descarado unas veces, enmascarado otras, pero siempre utilizado como práctica común, estuvo a la orden del día en sus áreas de influencia, aunque para ello hubiera que hacer mangas capirotes de los principios legales de igualdad e imparcialidad y de cualquier valoración objetiva del mérito», explica Rodríguez-Vigil.

El ascenso al poder del hijo de los chigreros de Tuilla se fraguó mediante la eliminación de cualquier atisbo, no ya de disensión, sino de criterio propio. La heterodoxia fue aniquilada y la sumisión ocupó su lugar en una sociedad a la que el miedo y las dádivas dejaron sin voz. «La selección de los liberados se empezó a realizar al gusto libérrimo de Villa, estableciéndose con tal motivo unas situaciones de dependencia total entre este y las personas que liberaba, en las que el miedo a volver a trabajar en el fondo de los pozos anulaba cualquier posibilidad de crítica», destaca el que fuera presidente del Principado. El secretario general del SOMA logró fortalecer toda una estructura política y sindical dentro de Hunosa gracias a lo que se conocía como la chequera, las horas dispensadas de trabajo para realizar actividad sindical. «Así ganó toda la operatividad, profesionalizando a algunos de sus afiliados para el SOMA o el PSOE», destacaban en las páginas de La Nueva España hace más de un cuarto siglo Javier Cuervo y José Manuel Piñeiro[6].

No hay demasiado espacio moral ni personal entre la historia de Villa y la de el señor. Con las características propias que la minería adoptó en cada uno de los territorios, la que se conoció como reconversión minera no fue más que el opio con el que, a cambio de poder en un caso y subvenciones en el otro, el sistema mantuvo a la sociedad narcotizada hasta el cierre definitivo.

La memoria del elefante

—No se engañen. Si los sindicatos hubiéramos querido, nos habríamos llevado por delante la Transición.

Quien habla hace esta declaración sin darle demasiada importancia, mientras termina de un trago el café y espera con meditada tranquilidad que digiramos la carga de profundidad que posee esa afirmación. José Luis Corcuera fue uno de los herreros que forjó el yunque de la modernización económica y política en España. Y lo hizo cuando era líder de la poderosa Federación Siderometalúrgica de UGT –420.000 afiliados– y hombre fuerte del sindicato, antes de ser nombrado ministro del Interior. Fue durante la década más complicada de la regeneración democrática, cuando toda la estructura del Estado se construía para que España dejara atrás la dictadura.

La Transición no fue un cambio natural como tantas veces nos han hecho creer en el relato edulcorado del abrazo colectivo. Tuvo violencia, muertos, cargas policiales durísimas, grandes tensiones y mucha incertidumbre. Los sindicatos, que en el pasado más inmediato habían catalizado la conquista de las libertades desde el marco de sus reivindicaciones laborales, se iban a ver pronto inmersos en una nueva batalla: la lucha por la pervivencia de las fábricas, las empresas y las industrias, en pocas palabras, el mantenimiento de los puestos de trabajo.

España llegaba tarde en su equiparación europea. Superado el asentamiento democrático, la reconversión industrial entró en la agenda política y se hizo inaplazable. El PSOE heredó en 1982 un país lastrado por el paro y la inflación. Fueron años duros: barricadas de neumáticos ardiendo en las carreteras, disturbios callejeros, grandes manifestaciones, largas huelgas, choque de fuerzas.

José Luis Corcuera reconoce que los grandes sectores industriales fueron reconvertidos con una serie de privilegios de los que carecieron el resto de los trabajadores de España, y lo explica en la fuerza que tenía el mundo sindical procedente de la clandestinidad. Era el caso de Ensidesa, de Hunosa, de los Altos Hornos de Vizcaya o la Naval de Sestao. «Yo provengo de Altos Hornos y en época de Franco hacíamos asambleas dentro de la fábrica de 9.000 trabajadores. UGT tenía allí 3.000 afiliados en el año 1976 y fue precisamente esa fuerza sindical la que permitió hacer la transición política española, porque se hizo en un momento de crisis económica seria», defiende. Para el exministro, si los sindicatos hubieran protagonizado disturbios con la capacidad que tenían entonces, el camino hacia la democracia habría sido mucho más difícil y escenarios como los Pactos de la Moncloa irrealizables. «Para llegar a esos acuerdos, tuvimos que convencer a los trabajadores, por ejemplo, de que a partir de entonces los convenios se negociarían con la previsión de inflación futura, con la consiguiente pérdida adquisitiva. Pero lo hicimos y eso fue una revolución».

El ascendente con el que el PSOE llegó al poder y el hecho de que lo hiciera un año después del golpe de Estado le permitieron poner en marcha medidas que la UCD no podría haber siquiera imaginado. La filosofía era racionalizarla y modernizarla para hacerla más competitiva en el mercado mundial. En la práctica, los efectos de la reconversión fueron el recorte de plantillas y el cierre de gran parte de las fábricas. Para muchos, más que una reconversión, el proceso fue una desindustrialización, el desmantelamiento de un tejido productivo y de un modelo de sociedad. El peaje europeo.

Todo ello queda fielmente recogido en los diarios de Carlos Solchaga Las cosas como son, en los que describe las principales escenas de su paso por el Gobierno de España entre 1980 y 1994[7]