El acertijo de la legitimidad E-Book

Luis Rubio

• Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 267

Veröffentlichungsjahr: 2015

Beschreibung

Los autores proponen que para restablecer el orden y la seguridad el gobierno debe utilizar sus prerrogativas en el "monopolio de la violencia" y la sociedad tiene que emprender la reconstrucción institucional.

Leseprobe

SECCIÓN DE OBRAS DEPOLÍTICA Y DERECHO

EL ACERTIJO DE LA LEGITIMIDAD

LUIS RUBIO • EDNA JAIME

EL ACERTIJODE LA LEGITIMIDAD

Por una democracia eficazen un entorno de legalidad y desarrollo

FONDO DE CULTURA ECONÓMICACENTRO DE INVESTIGACIÓNPARA EL DESARROLLO, A. C.

Primera edición, 2007Primera edición electrónica, 2015

Diseño de forro: Pablo Rulfo

D. R. © 2007, CCentro de Invesigación para el Desarrollo, A. C.Jaime Balmes, 11, Edif. D, 2º piso, Col. Los Morales, Polanco,11510 México, D. F.www.cidac.org

D. R. © 2007, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008

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ISBN 978-607-16-3240-1 (ePub)

Hecho en México - Made in Mexico

ÍNDICE

Presentación

Introducción

I. La disputa por el poder sin reglas ni límites

Lo viejo y lo nuevo

Y luego de la era priista ¿qué?

El fin de la paz priista

II. Un mundo de ilegalidad

El corporativismo de origen

La descomposición del viejo sistema

El cambio en la lógica del control

Dos pistas

El dilema

¿Hacia dónde?

III. La ilegalidad y el Estado de derecho

Las formas y la historia

Alternancia sin cambio de régimen

El ciudadano y la ley

IV. ¿Qué hubiera dicho Rousseau sobre el México de hoy?

V. Coordenadas para la reforma institucional

Si los hombres fueran ángeles...

Las instituciones cuentan

Las instituciones como equilibrios políticos

VI. Instituciones, legitimidad y desarrollo

Desarrollo vs. subdesarrollo

Los teóricos

Instituciones y legitimidad

VII. El qué del problema político en México

Hacia un diagnóstico

El problema de la legitimidad

El problema de la disputa por el poder

Legitimidad o gobernabilidad

VIII. El cómo del problema político en México: método y sustancia

La democracia como método

Enfrentando al México real

¿Cómo se puede avanzar en esta dirección?

¿Hacia dónde?

Conclusión

IX. Los problemas de México no son técnicos: se pueden resolver. El tema clave no es “qué” sino “cómo”

Colofón

Bibliografía

No hay nada más difícil de llevar a cabo, ni nada de más dudoso éxito, ni más difícil de conducir, que iniciar un nuevo orden de cosas. Porque el reformador tiene enemigos en todos aquellos que sacan provecho del antiguo orden y sólo distantes defensores en aquellos que se benefician del nuevo orden. Este distanciamiento proviene en parte del miedo a los adversarios, los cuales tienen la ley de su lado, y en parte de la incredulidad de la humanidad, que nunca cree realmente en algo nuevo hasta que no lo experimenta de verdad.

NICOLÁS MAQUIAVELO, El príncipe (1513)

PRESENTACIÓN

México es un país en efervescencia, un país que aspira a su transformación. Sin embargo, a veces pareciera congelado en el tiempo, padeciendo los mismos problemas de siempre. La contienda electoral de 2006 nos despertó de golpe del ensueño democrático en que nos sumergimos de manera falaz. La elección reciente hizo patente que seguimos sin resolver los problemas del poder.

La disputa por el poder en México no reconoce límites y su ejercicio no ha encontrado los cauces institucionales idóneos para transformarse en eficacia gubernamental. Más grave aún, segmentos importantes de la sociedad mexicana desconocen las reglas del juego, no les otorgan legitimidad (y por tanto obediencia). Sobran razones para explicar el desdén del mexicano por la legalidad: desde el abuso del que es objeto de manera cotidiana hasta la manera caprichosa en que está se aplica, siempre sujeta a la lógica del poder. La ausencia del binomio que conforman legitimidad y legalidad nos tiene atorados, congelados en el subdesarrollo.

Éste es el tema del libro. Responde a la imperiosa necesidad de reconstruir nuestras instituciones y dar forma a un orden político y legal que goce de legitimidad, a la vez que promueva el despliegue del potencial con que la nación cuenta, así como el de sus habitantes. Es fácil plantear el problema, pero como la propia historia demuestra, no es fácil delimitarlo y menos resolverlo. Este libro busca definir el problema, rastrear sus orígenes. No propone recetas implacables, sino traza caminos y sugiere contenidos. Más importante: reconoce las motivaciones de la naturaleza humana y, por tanto, plantea las directrices de una construcción institucional que las incorpore y no las ignore. En suma, éste es un libro que de manera franca aborda el tema más importante para el México de hoy: cómo construir instituciones que resuelvan el acertijo de la legitimidad.

Como todo trabajo de CIDAC (Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C.), con este libro pretendemos buscar salidas a los problemas que nos agobian. De manera particular, esta obra pretende aportar argumentos, análisis y propuestas al debate en marcha sobre la reforma de nuestras instituciones políticas. Esperamos que los argumentos que este libro contiene aporten al debate y ayuden a delimitar y dar forma a los cambios que el país necesita para asentar la democracia, la legalidad y el desarrollo. Esperamos cumplir con este cometido.

El CIDAC es una institución dedicada al pensamiento, al estudio de la realidad mexicana actual y sus problemas más apremiantes. Su objetivo es presentar ideas en el debate público, plantear opciones viables que promuevan el desarrollo del país, entendiendo el entorno mundial y las tendencias en que el país está inserto. Es también objetivo primordial de CIDAC proveer análisis, información y propuestas concretas de política pública para la toma de decisiones.

El CIDAC cuenta con un patronato que es responsable de la supervisión de la administración del centro y de la aprobación de las áreas generales de estudio. Sin embargo, las conclusiones de los diversos estudios, así como su publicación, son responsabilidad exclusiva de los profesionales de la institución. Los estatutos del centro establecen que:

El patronato tiene como función primordial la de hacer posible la consecución del objetivo social, bajo las condiciones más favorables, salvaguardando en todo momento la independencia de criterio de los profesionales y de sus actividades de investigación y docencia, así como la de sus publicaciones. El patronato conocerá y opinará sobre los proyectos de investigación que hayan concluido los profesionales del centro, pero en ningún caso será su función la de determinar, controlar o influenciar el desarrollo ni el contenido de los proyectos de investigación o las conclusiones a que éstos lleguen.

EDNA JAIME

Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C.

INTRODUCCIÓN

No es necesario cambiar... la supervivencia no es obligatoria.

EDWARD DEMMING

El saldo de la reciente contienda electoral resultó uno de los peores posibles, pues puso en evidencia el abismo institucional que enfrenta el país. Lo más grave del movimiento de protesta encabezado por Andrés Manuel López Obrador no reside en la protesta en sí, en los plantones o en la interrupción de las vías de comunicación, sino en la percepción de una parte importante de la sociedad mexicana de que se trata de una estrategia legítima de lucha política. La noción de que las urnas son el medio a través del cual se determina el ganador de una contienda electoral quedó sumida en el lodo de esta disputa por el poder.

La disputa por el poder fue el eje rector de la política mexicana durante todo el siglo que siguió a la caída de Porfirio Díaz. Plutarco Elías Calles ideó un medio (en la forma del Partido Nacional Revolucionario [PNR]) para institucionalizar la disputa por el poder entre las facciones y grupos revolucionarios triunfantes, proceso que, con altibajos, fue extraordinariamente exitoso en el curso de las siguientes décadas. Si bien la institucionalización política no resolvió los dilemas fundamentales de la disputa por el poder, sí permitió la pacificación del país, la creación de un contexto propicio para el crecimiento de la economía y el desarrollo gradual de la sociedad mexicana.

El mecanismo ideado por Calles tuvo el beneficio de forzar a los políticos a disputarse el poder dentro de las instituciones, en lugar de recurrir a la violencia y el asesinato como medio legítimo y normal de ascenso político. Aunque hubo momentos de violencia en las décadas en que el mecanismo de sucesión funcionó, no cabe la menor duda de que el país gozó de años de paz y estabilidad. Desafortunadamente, el mecanismo inherente al PNR (y sus sucesivas derivaciones, el Partido de la Revolución Mexicana [PRM] primero y el Partido Revolucionario Institucional [PRI] después) no resolvió en definitiva el tema subyacente: se institucionalizó la lucha por el poder, pero no se logró la legitimidad del proceso. Es decir, los políticos aceptaron la disciplina porque ésta se hacía cumplir con cualquier recurso que fuera necesario, incluyendo la “eliminación” del disidente o un “cañonazo” de dinero de corte obregonista, y no porque, en su fuero interno, estuvieran dispuestos a someterse a las reglas inherentes al proceso.

Las reglas “no escritas” de la vida política mexicana eran tajantes. Según el relato de Antonio Velasco Piña,1 esas reglas no sólo fueron escritas, aunque permanecieran secretas, sino que su cumplimiento era draconiano. Pero hasta la reciente publicación de ese relato, todo el sistema político priista operó bajo el principio de que se trataba de reglas implícitas y, más importante, que todo el andamiaje legal del país –desde la Constitución hasta la última ley reglamentaria– no era más que una mera formalidad que se podía violar a voluntad. Resulta evidente que es imposible construir y fortalecer la legitimidad de un sistema, incluyendo la aceptación de las reglas de la sucesión, cuando la institucionalidad de un sistema político se sustenta en no más que reglas no escritas y un sistema legal que resulta una mera formalidad para los actores involucrados.

Más allá de las revueltas (mayores o menores) que se suscitaron dentro de la era del partido todopoderoso, como la de Saturnino Cedillo o la del general Miguel Henríquez Guzmán, el proceso de sucesión funcionó porque el presidente contaba con los recursos e instrumentos para hacerlo funcionar. Una vez que ese poder comenzó a resquebrajarse, la disidencia no se hizo esperar. Hay indicios que sugieren que Luis Echeverría logró superar un intento presidencial por descarrilar su candidatura. Y resultó evidente el rompimiento del PRI cuando, en el contexto de la nominación de Carlos Salinas a la presidencia de la República, se escinde la llamada Corriente Democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas. Una vez resquebrajado, el sistema comenzó a “hacer agua” (notoriamente en la sucesión de Carlos Salinas), lo que tuvo como lamentable consecuencia el retorno de la violencia como medio de lucha por el poder.

En la medida en que la disputa por el poder rebasó el esquema del partido hegemónico al constituirse otros partidos y agrupaciones políticas y, paulatinamente, convertirse éstos en contendientes fuertes, creíbles y efectivos en los procesos electorales, los viejos mecanismos dejaron de ser operantes. No es sólo que de pronto se presentaran retos creíbles a las candidaturas priistas, sino que el propio mecanismo de nominación del PRI, el llamado “dedazo”, dejó de gozar de legitimidad, incluso dentro del propio partido. De esta forma la ilegitimidad del sistema se hizo evidente en todos sus frentes. Y las reacciones ante esto no se hicieron esperar. Por ejemplo, todas las elecciones comenzaron a ser impugnadas, al punto en que los partidos de oposición tendían a dedicar una parte importante de su presupuesto no a ganar el voto ciudadano, sino a alimentar los conflictos postelectorales. Así nacieron las llamadas “concertacesiones”, que no eran otra cosa que un intento malogrado por salvar un proceso electoral fraudulento y corrupto. Las concertacesiones terminaron por convertirse en el método para concluir, de manera individual, las disputas electorales, pero no resolvieron el problema de la competencia política ni mucho menos la legitimidad del proceso. En retrospectiva, esas negociaciones no hicieron sino agudizar la ilegitimidad de la política mexicana y fomentar el cinismo que caracteriza tanto a los políticos como a la población en general en esta materia, lo que en nada contribuye a lograr la paz política o a la resolución pacífica de conflictos.

Pero el tema importante es que las viejas reglas del sistema priista dejaron de ser operantes. Dada la creciente erosión de los controles dentro del PRI, las fisuras internas (característica de origen del partido), adquirieron preeminencia, al grado de que no sólo se dieron rompimientos como el de la ya mencionada Corriente Democrática, sino manifestaciones de indisciplina por parte de los perdedores que hubieran sido inconcebibles décadas atrás. Por su parte, en la medida en que a la disputa por el poder se incorporaron otros partidos políticos (actuando éstos, por supuesto, fuera de las reglas del PRI), dejó de ser relevante el viejo mecanismo de disciplina priista constituido alrededor de la figura de los llamados “candidatos de unidad” a los que se sumaban todos los grupos del partido, cada uno negociando sus intereses a lo largo del propio proceso electoral.

A partir del año 1988 y, sin duda, de 1994, el proceso electoral adquirió características novedosas. Aunque el proceso tradicional de nominación del candidato del PRI siguió sus mecanismos tradicionales, la contienda relevante dejó de concentrarse al interior del PRI y pasó a estarlo en la competencia de éste con los otros partidos. Durante esos años se elevó el número de gobernadores provenientes de partidos distintos al PRI y los contingentes, tanto del Partido Acción Nacional (PAN) como del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el poder legislativo crecieron de manera sostenida. En este contexto, el aumento sistemático de conflictos postelectorales obligó a llevar a cabo una reforma de las leyes electorales, proceso que estuvo orientado a crear una cancha competitiva en la cual ningún candidato o partido gozara de ventajas en la contienda electoral.

Así las cosas, el entonces presidente Zedillo optó por una reforma electoral que fuera aceptable para los partidos de oposición y logró que su aprobación fuera por unanimidad. No obstante, la reforma que llevaría a la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) que hoy conocemos no fue un aliciente suficiente para que el propio Zedillo se abstuviera de conducir (o al menos mantener su poder de veto) en el proceso de nominación del candidato presidencial de su partido. Esa reforma electoral sufrió su primera prueba en las elecciones de 2000, comicios en los que triunfó el candidato del PAN. Dado ese resultado, es imposible saber a ciencia cierta cuál hubiera sido el devenir de esa elección de haberla ganado el PRI. El hecho de que este partido fuera derrotado, legitimó tanto a la elección como al IFE, así como a toda la estructura y legislación detrás de éste.

Las reformas electorales de los noventa habrían de subsanar las deficiencias inherentes a la vieja estructura de administración de los procesos electorales. Para comenzar, la activa participación de los partidos de oposición en la conformación de la nueva legislación ofrecía una garantía de imparcialidad; a lo anterior se sumó la integración de un consejo ciudadano para encabezar al IFE, el cual, gracias a su independencia y autonomía, le confería garantías a todos los contendientes. En una palabra, el conjunto de reformas electorales que culminaron con la de 1996 lograron lo que apenas unos cuantos años antes parecía imposible: quitarle el control de los comicios al gobierno y su partido.

Sin embargo, lo que hoy resulta evidente para cualquier espectador es que ninguna reforma electoral podía, por sí misma, cambiar la naturaleza de la política mexicana. Lo que esas reformas lograron fue la creación de nuevas reglas de competencia equitativa para todos los partidos políticos, pero no cambiaron la percepción de ilegitimidad que caracteriza a todo el concepto de legalidad en el país. Es decir, el hecho de que se hayan aprobado nuevas reglas (escritas) de competencia política no alteró el ancestral rechazo a la noción de que los hombres deben supeditar sus impulsos a las reglas del juego. Es posible que, de no haber ganado un partido distinto al PRI en 2000 (o de no haber reconocido el PRI su derrota), esa falla se hubiera hecho evidente desde entonces, tal y como finalmente quedó al descubierto en 2006.

La derrota del PRI en el año 2000 cambió el partido en el gobierno, pero no alteró la irrelevancia del sistema legal en la mente de los actores políticos. Aunque la retórica en la política mexicana es rica en menciones a la legalidad, la Constitución y el Estado de derecho, la realidad plausible es claramente distinta. Además, aunque el “divorcio” entre el PRI y la presidencia terminó por enterrar las reglas “no escritas” que habían conducido la política y el control al interior de ese partido, el primer gobierno no priista de la era moderna de México se rehusó a llevar a cabo una transformación institucional que, presumiblemente, podría haber incluido un amplio acuerdo político en torno a las nuevas reglas que regirían sobre el comportamiento tanto de partidos como de políticos.

Ahora, México debe enfrentar la dura realidad: cómo salir del atolladero en que se encuentra. Aunque el conflicto postelectoral de 2006 ha amainado, es evidente que un país que aspira a un desarrollo integral y equitativo dentro de un esquema de modernidad no puede funcionar en ausencia de un marco legal que efectivamente rija sobre la ciudadanía y los procesos políticos. Y no sólo porque el gobierno cuente con la capacidad y disposición de hacerlo cumplir, sino porque per se goce de amplia legitimidad entre la población y los políticos. En otras palabras, el gran reto de México en la actualidad es el de llevar a cabo una reconstrucción institucional cuyo objetivo medular debe ser el de definir de manera consensual un conjunto de reglas que, a partir de ese momento, se conviertan en el marco legal con carácter obligatorio para toda la ciudadanía, en todo espacio de interacción.

El propósito de este libro es el de analizar esta problemática, situarla en su correcta dimensión y contexto y plantear líneas de acción que podrían contribuir a hacer avanzar esa reconstrucción institucional.

I. LA DISPUTA POR EL PODER SIN REGLAS NI LÍMITES

México aguanta un piano, pero quizá no dos.

Dicho popular

LA DISPUTA por el poder es un componente inherente a la naturaleza humana. Los hombres compiten por el poder como parte natural de su integración en una sociedad. El gran tema es qué lleva a que los hombres se organicen e introduzcan reglas para la vida en sociedad y, como parte integral de ésta, para acceder al poder.

El pensador inglés Thomas Hobbes fue posiblemente el primer estudioso de la naturaleza humana que identificó las motivaciones más fundamentales del comportamiento de los hombres y propuso una explicación de aquellos factores que llevan a los seres humanos a organizarse y actuar en un marco de reglas que les permita tanto convivir como lograr su sobrevivencia.

Para Hobbes, la cuestión más importante que debe resolverse es cómo puede el hombre salir de la violencia, la cual resulta inherente a la vida en el estado de naturaleza. De acuerdo con la visión que este autor desarrolla, el hombre natural vive en un entorno de violencia que impide la vida en sociedad. En función de lo anterior, el objetivo fundamental para Hobbes es evitar la violencia característica del mundo salvaje. En este sentido el contrato social que concibe este pensador no tiene mayor propósito que el de poner fin a la inseguridad que genera el estado de guerra que priva en el mundo de naturaleza. Es decir, los hombres se ponen de acuerdo para acabar con la inseguridad y construir un entorno en el que sea posible la convivencia humana.1

Nada de esto era obvio antes de Hobbes. Aunque es evidente que el filósofo de Malmesbury no inventó en modo alguno la realidad, su contribución al desarrollo de los arreglos políticos resulta monumental. La regla que normaba el comportamiento del hombre salvaje en Hobbes era la de la violencia. La población vivía en un entorno de permanente miedo, sufría los estragos de un mundo en el que la violencia era la única regla del comportamiento humano. No había regla que valiera ni límite a la violencia que unos hombres pudieran infligirle a otros como parte de su paso por los espacios humanos.

Hobbes y otros pensadores y tratadistas del contrato social2 tienen mucho que aportarle al México de hoy. En el capítulo IV se discutirá precisamente qué es lo que Rousseau y otros tratadistas nos pueden aportar a los mexicanos tanto para comprender mejor nuestros dilemas como para evaluar los cursos de acción que podrían facilitar la construcción de un nuevo orden político. Baste por ahora plantear el punto de partida: existe una amplia base teórica e histórica que sustenta un análisis del tipo de problemas y dilemas que enfrentamos hoy los mexicanos y que puede servir como fuente de comparación y discusión sobre las alternativas que tenemos frente a nosotros.

No resulta exagerado decir que la vida política actual en México en ocasiones se asemeja al mundo hobbesiano. Los hombres, en este caso los políticos, se disputan el poder sin más límite que el del poder mismo. La elección que acabamos de sortear constituyó un fiel reflejo del dilema de poder que existe en el país. Los contendientes entran al proceso electoral bajo las reglas existentes, pero sólo las respetan en la medida en que éstas sirven a sus propósitos. Es decir, punto por punto lo contrario a la intención expresa de un régimen fundamentado en reglas consensuadas con anterioridad. El propósito de un régimen legal es precisamente el de normar las relaciones entre la ciudadanía; cuando un actor social desconoce las reglas implícitas en el régimen legal, todo el régimen resulta endeble.

Lo que hizo evidente el proceso de sucesión presidencial reciente es que muchos actores políticos, así como una porción significativa de la sociedad, ven el marco legal no como norma de comportamiento sino como un instrumento moldeable a los objetivos del caso. Es decir, la ley como instrumento y aspiración y no como marco normativo de cumplimiento obligatorio y sancionable. Éste es el tema del presente libro y quizá el asunto público y político más álgido del país. El gran tema es cómo pasar de la situación en que estamos —muchas leyes sin su cumplimiento— a una de legalidad. El paso es complejo no sólo por el hecho mismo de que adoptar un marco normativo de carácter obligatorio y sancionable entraña una transformación radical de la naturaleza de una sociedad, sino además porque nuestro peculiar sistema político y su parafernalia retórica han construido la imagen de legalidad, las formas, como dicen los políticos, sin que de hecho ésta exista. Es decir, el desafío no sólo consiste en pasar de la ilegalidad a la legalidad, sino en cambiar percepciones profundamente arraigadas en la sociedad.

En esta perspectiva, Hobbes la “tenía fácil” como se dice coloquialmente: a final de cuentas, su hombre salvaje no pretendía vivir en un mundo de legalidad. El hombre primitivo hobbesiano vivía en la inseguridad y no existía marco normativo alguno. En México, el problema es, pues, doble: de realidad y de percepción. Como pudimos observar recientemente, la urgencia de atender el problema es evidente; la elección presidencial de 2006 evidenció no sólo las tensiones naturales de un proceso de esa naturaleza, sino los vicios y carencias que de por sí caracterizan a la sociedad mexicana y que complican una transición hacia la legalidad.

Quizá no existe proceso más complejo y difícil en cualquier sociedad que el de la sucesión política. Se trata del momento más delicado de la vida política de las sociedades, pues es el momento en el que se confrontan personas, ideas, proyectos y conceptos, además de intereses. Un proceso de sucesión política somete a cualquier sistema político a presiones tanto institucionales como de los actores involucrados. Por el lado institucional, el mero hecho de transferir la estafeta constituye una prueba de continuidad, de respeto, y da cuenta de la existencia de normas y procedimientos que hacen posible esa continuidad. Por el lado de las personas existen intereses, expectativas y una propensión a mezclarlos con sus responsabilidades institucionales. Si estas tensiones son palpables en sistemas políticos consolidados, es natural que sean mucho más importantes y trascendentes en sistemas que aún no han logrado consolidarse.

En las sociedades organizadas y estructuradas existen leyes y reglas que dan forma y establecen límites a los procesos de disputa por el poder y sucesión política, y todos los participantes las acatan. El ejemplo histórico de Al Gore en Estados Unidos (que, tras perder una elección disputada, acató inmediatamente el fallo de la Suprema Corte una vez que éste fue emitido) es sugerente no sólo de la entereza de la persona, sino de la fortaleza de las instituciones. Es decir, a Gore jamás se le ocurrió disputar el fallo y, de haberlo hecho, se habría quedado solo.

Lo que México ha vivido recientemente muestra que no existe ese mismo grado de institucionalización. La disputa por el poder no se limita a los canales y conductos que establecen las normas legales, sino que la contienda electoral es concebida como uno de varios posibles medios para acceder al poder. Otros medios, como marchas, plantones y protestas son vistos como medios legítimos de disputa por el poder. Esto puede parecer paradójico en una sociedad en la que hace apenas una década se acordó y aprobó una legislación electoral por unanimidad, pero no deja de ser la realidad política que vivimos.

Pero el ejemplo de la reciente transición política es meramente una ventana que nos permite observar un fenómeno mucho más grande y trascendente: el de la ausencia de legalidad, la propensión a desafiar o romper con los marcos institucionales y la inexistencia de sanciones sociales para este tipo de comportamientos. El hecho tangible es que la sociedad mexicana no vive en un marco de legalidad, entendida ésta como un cuerpo de leyes que todo mundo acepta como legítimo y que es aplicado sin miramientos por el gobierno. La suma de estas ausencias —la legitimidad del marco normativo y la capacidad y disposición del gobierno de hacerlo cumplir porque ésa es su función y así está legitimada por la sociedad— resume el desafío que tiene el país frente a sí.

LO VIEJO Y LO NUEVO

La historia de la disputa por el poder en México es larga y abultada. A lo largo del siglo XIX, la lucha por el poder fue permanente. El país vivió una sucesión de luchas, golpes, levantamientos, revoluciones y tomas de poder que respondían a la realidad de una sociedad no institucionalizada en la que la manera de acceder al poder, con excepción de algunos periodos cortos, no fue la de las elecciones. Aunque el país adoptó constituciones y contaba con un marco normativo formal, a lo largo de todo ese periodo no hubo capacidad alguna de establecer reglas efectivas para regular el comportamiento social. Gobiernos subían y gobiernos caían, pero por muchas décadas prácticamente ninguno fue capaz de establecer un basamento de estabilidad que garantizara la paz social y política en un entorno de reglas de comportamiento predecible.

Fue hasta el advenimiento de lo que luego se conocería como los “hombres fuertes” (o “caudillos”) cuando el país experimentó un primer periodo de pacificación. En ausencia de un marco legal que fuera conocido, aceptado y reconocido como válido por toda la población, la pacificación del país (proceso que ocurrió en diversos momentos a lo largo del primer siglo de vida independiente) dependía de la capacidad del gobierno para mantener el control físico y político del país. Es decir, desde un principio, el país vivió temporadas de paz seguidas de periodos de inestabilidad y viceversa; todo ello dependiendo de la naturaleza y calidad de los líderes políticos y militares en turno. Fue la era de Antonio López de Santa Anna y de Benito Juárez, seguida por la dictadura de Porfirio Díaz. Aunque hubo una gradual construcción de un bagaje legal y de una estructura jurídica integral, el país nunca logró establecer los fundamentos de un gobierno de leyes sólidamente anclado en una plataforma de legitimidad y funcionalidad derivada de ese marco normativo. Hubo gobiernos legítimos (los menos) y gobiernos funcionales (los más), pero una combinación de ambos atributos fue poco frecuente.

Porfirio Díaz fue el primer presidente que logró establecer un largo periodo de estabilidad política, mismo que se reflejó en el desarrollo económico del país. A diferencia de otros gobiernos precedentes, notablemente el de Benito Juárez y el de Sebastián Lerdo de Tejada, el gobierno de Díaz logró su legitimidad no en las urnas sino en la práctica cotidiana: en su capacidad para pacificar al país e imponer orden en todo el territorio. Díaz estableció reglas de interacción política y mantuvo un férreo control que le permitió lograr décadas de paz social y la primera etapa de crecimiento económico sostenido en toda la era independiente del país. Visto en retrospectiva, resultan interesantes los paralelismos entre aquella era y los tiempos actuales. Con todos sus contrastes, no fue del todo distinta la forma en que Porfirio Díaz asumió el poder: impuso lo que se llamó la paz porfiriana y luego acabó colocando al país en la antesala de una guerra civil.

La era de Díaz ilustra fehacientemente los dilemas institucionales que enfrenta el país. Al igual que en la era priista que le sucedió, México experimentó años o décadas de estabilidad política y paz social, pero no de un marco de legalidad que fuera percibido como legítimo por la población. Una vez que el natural e indeclinable transcurso del tiempo acabó con el porfiriato o que las contradicciones y limitaciones del sistema priista dieron de sí, el país se quedó sin instituciones confiables y sin un sistema legal aceptado como legítimo y al que toda la sociedad se sometiera.

Díaz pacificó el país, trajo una era de prosperidad inusitada y sentó las bases de lo que hoy podríamos denominar la primera era de modernización. Pero el régimen porfirista, como los que habrían de seguirle hasta nuestros días, nunca logró sedimentar un arreglo político capaz de darle coherencia y consistencia al desarrollo del país. Cierto: Díaz pacificó a México pero la certidumbre que logró se limitaba al actuar de su propio gobierno y, por lo tanto, fue una legitimidad pasajera, atada a la persona y su desempeño y no a una institución perdurable.

A lo largo de sus primeros cien años de vida independiente, el país experimentó todo tipo de gobiernos y revueltas, gobiernos buenos y malos, pero ningún ejercicio exitoso de construcción de un basamento legal que toda la población aceptara como legítimo. Ese legado de sombras nos sigue persiguiendo hasta la fecha.

Como ilustra Roger Hansen en el libro que lo hizo famoso como estudioso de la historia política mexicana3, en una perspectiva un tanto cínica, pero realista, de nuestra historia, el gran éxito de los regímenes posrevolucionarios residió no en su democracia o legitimidad apuntalada en las urnas o en las leyes, sino en el hecho de que se replicó el modelo de desarrollo que había inventado e instaurado Porfirio Díaz, pero de una manera institucional. En esta visión, la creación del PRI y sus predecesores (el Partido Nacional Revolucionario y el Partido de la Revolución Mexicana) no fue otra cosa que la institucionalización de la estrategia porfiriana de control político. En lugar del sistema porfirista unipersonal, para Hansen el éxito del régimen priista residió en la habilidad para construir un sistema político igual de unipersonal pero limitado en el tiempo. Es decir, el gran éxito del PRI consistió en que construyó una plataforma institucional de gobierno (la “monarquía sexenal no hereditaria”, el inmortal término de Daniel Cosío Villegas), cuya genialidad residía en el límite absoluto del tiempo en el poder. El presidente priista gozaba de vastos poderes, pero su límite absoluto era el del régimen sexenal.

Los regímenes priistas se distinguieron por la paz social que lograron, la institucionalización del conflicto y el desarrollo de la economía. En franco contraste con otras naciones del hemisferio en ese mismo periodo, el éxito de la era del PRI se puede apreciar tanto en las tasas de crecimiento económico que experimentó el país, como en sus implicaciones sociales (comenzando por el crecimiento de una sociedad urbana de clase media), y en el hecho de que la pacificación del país fue efectiva y exitosa, lo que evitó escenas violentas y golpes de Estado como los que por décadas proliferaron en el sur del continente.

Y LUEGO DE LA ERA PRIISTA ¿QUÉ?