El privilegio catalán E-Book

Jesús Laínz

• Herausgeber: Ediciones Encuentro
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: Nuevo Ensayo
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 204

Veröffentlichungsjahr: 2017

Beschreibung

Según la elaboración histórica catalanista, 1714 significó el final de la soberanía catalana y el comienzo de la opresión española. Sin embargo, fue precisamente entonces cuando comenzó la prosperidad de Cataluña, que pronto se destacaría como la región más industrializada de España. La política proteccionista benefició durante dos siglos a una industria catalana que gozó privilegiadamente tanto del mercado nacional como del colonial. Además, Cataluña fue la metrópoli imperial española del siglo XIX, así como la principal beneficiaria del tráfico y tenencia de esclavos. La intransigencia de los industriales catalanes ante las reivindicaciones autonomistas y librecambistas de los cubanos fue la chispa que prendió la guerra independentista. Y, tras el 98, pasaron en un instante del más exaltado patriotismo español al separatismo. En el siglo XX la burguesía catalana, separatista cuando le convino, fue el principal apoyo a la dictadura de Primo de Rivera y protagonista esencial del alzamiento del 18 de julio. Y Cataluña fue la región más beneficiada por la política económica del régimen franquista. De todo esto no suelen hablar los promotores del eslogan "España nos roba".

Leseprobe

Jesús Laínz

El privilegio catalán

300 años de negocio de la burguesía catalana

Prólogo de Josep Ramón Bosch

© El autor y Ediciones Encuentro, S. A., Madrid, 2017

© de la ilustración de cubierta Julen Urrutia, 2017

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Colección Nuevo Ensayo, nº 29

Fotocomposición: Encuentro-Madrid ISBN: 978-84-9055-844-7

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PRÓLOGO DE JOSEP RAMÓN BOSCH

Espanya ens estima

En el verano de 2014 presidía la asociación Societat Civil Catalana, organización transversal que trabaja por la unidad de España en Cataluña, cuando mi buen amigo Jesús Laínz me invitó a Cantabria para explicar mi punto de vista sobre el «Proceso catalán». A partir de aquel momento surgió una profunda amistad entre nosotros, y, por mi parte, una indisimulada admiración hacia este cántabro que emprendió hace ya muchos años su particular cruzada para desmontar los mitos y las falsedades de los nacionalismos separatistas que amenazan con destruir España.

Prologar el libro de Jesús es un honor, y recomiendo al lector disfrutar de cada una de las páginas que siguen a esta breve introducción. Les aseguro que será una dosis de información, de clarificación y desmitificación sobre las múltiples patrañas que se han tejido en torno al proceso. Durante los últimos años, en Cataluña se ha popularizado el «Espanya ens roba» cocinado en las cloacas de la Generalitat. Sin embargo, los saldos de las balanzas fiscales de Cataluña, incluso los calculados por la Generalitat, son plenamente coherentes con las diferencias de renta per cápita existentes entre Cataluña y el resto de España, y son similares a los registrados por las regiones ricas de otros países.

Como explica Jesús Laínz, el siglo XIX fue la época dorada de la economía catalana. Tras la guerra napoleónica, los catalanes expandieron sus actividades a través de los nuevos cambios tecnológicos emanados de la revolución industrial, y que aplicados con diligencia a los nuevos procesos industriales, permitieron un rápido crecimiento económico. La agricultura se renovó, se expandió el olivo, la patata, los frutos secos y la vid; la mejora económica fue debida a las desamortizaciones que emprendieron los sucesivos gobiernos españoles y que permitieron la capitalización y las consiguientes inversiones de una burguesía exitosa. La industrialización empezó con el tratado de Amiens (1802), que puso fin al bloqueo británico en las colonias americanas y permitió el éxito de la industria textil catalana. El gobierno de Cabarrús fomentó la importación de hiladoras y telares mecánicos, y a partir de 1827 la estabilidad de precios ayudó a los industriales catalanes en su expansión, potenciada por el arancel proteccionista y la entrada de capital de las posesiones hispanas de América.

José Bonaplata, con su fábrica El Vapor, representa el renacimiento industrial catalán a partir de 1832 junto al banquero barcelonés afincado en Madrid, Gaspar Remisa, iniciando el despertar de la industria textil algodonera y lanera (El Vapor Viejo, Fabra Coats, España Industrial y las colonias textiles del Llobregat, Sabadell y Terrassa), la expansión de la banca y las cajas, la creación de la industria química moderna, la inicial industria eléctrica (Xifrà y Dalmau, artífice de la Sociedad Española de Electricidad), la expansión de la industria metalúrgica estrechamente ligada a la minera, la industria tapera que Vicens Vives tildó como «el imperialismo corchero catalán», la Bolsa de Barcelona recibía la colocación de acciones de toda España, el ferrocarril y los sistemas de transporte se extendían por todo el territorio, el puerto de Barcelona estrenó el sistema de navegación a vapor, etc. Todo ello gracias al empuje catalán y al compromiso hispánico de sus gentes, sin grandes concentraciones de capital ni inversiones extranjeras.

Cataluña sólo tenía un mercado para vender sus producciones: el resto de España y las menguadas colonias que iban quedando del viejo imperio español. Mientras el resto del país permanecía sin industrialización y sufría un atraso económico evidente (excepto Vizcaya y Asturias), Cataluña crecía y se enriquecía a través de las políticas proteccionistas de los gobiernos españoles. El triunfo de Cataluña era la conquista económica de España. Ninguna región tan pequeña y sin recursos naturales supo sacar tanto provecho del comercio interior. Contradictoriamente, el librecambismo hispánico también estuvo encabezado por un catalán, Laureano Figuerola, introductor de la peseta, y junto a otros catalanes como Bosch y Labrús y al empuje del Fomento del Trabajo Nacional, se conseguiría el liderazgo catalán de la economía española. Los catalanes mandaban en Madrid, el llamado «grupo catalán» constituido por Girona, Güell, Arnús, Ferrer-Vidal, Serra, Estruch, Muntadas, Juncadella, Jover, disponían de un poder casi ilimitado, y sostenían los gobiernos de España, abrían bancos, imponían su voluntad a la Bolsa y hacían y deshacían los partidos políticos. Así fue durante dos centurias y Cataluña ha sido próspera, rica y plena gracias a España. Los catalanes teníamos el poder de una notable presencia y estima, pero no teníamos protagonismo. Ahora en pleno siglo XXI los catalanes tenemos el protagonismo mediático, pero perdimos el poder, la presencia y la estima del resto de España.

Cataluña vive un déficit de calidad democrática, con actuaciones desleales de la Generalitat y de muchas de las entidades locales que vulneran la legalidad; con actuaciones que dañan la seguridad jurídica y limitan los derechos de las personas; con la aprobación de resoluciones declarando a los municipios a favor de los postulados separatistas; con la burda manipulación de la educación de los catalanes incitando al odio hacia el resto de españoles. Cataluña sufre la instrumentalización de las políticas de comunicación al servicio de la denominada construcción nacional de los Países Catalanes, la falta de neutralidad de las instituciones dominadas por el radicalismo y la demonización de los discrepantes provocando una suerte de muerte civil del opositor al régimen corrupto nacido del pujolismo. La burguesía catalana cómplice del nacionalismo está asustada ante la lógica frustración que se expande entre muchos catalanes que creyeron que el proceso separatista sería un divertimento. El oasis catalán es una enorme charca emponzoñada de corrupción y liderada por unos radicales que nos llevan al enfrentamiento civil.

Convergència Democràtica de Catalunya se constituyó en un movimiento nacional y eje vertebrador del panorama político catalán, mediante la técnica de «fer país» superando el discurso izquierda-derecha y centrando su ideario en propagar e imponer la ideología nacionalista y en construir una Arcadia feliz. Fundado en Montserrat en 1974, se disolvió hace unos meses para transformarse en el Partit Demòcrata Catalá con el objetivo de borrar la memoria de la persona que lo fundó y ejercer la centralidad en el mainstream catalán. El legado ideológico de Pujol seguirá siendo dominante en los próximos años ya que generaciones enteras de catalanes han sido sometidas a la eugenesia educativa de nacionalización mental y lingüística mediante un proceso de desconexión del resto de España. Se ha propagado la falsificación histórica, invirtiendo recursos y años en la creación mitológica, y se trabaja para eliminar la lengua común. Un proceso destructivo de España que está siendo letal para la convivencia civil, que provoca la huida de cientos de empresas y que está condicionando de forma grave y preocupante la recuperación política, económica y social.

Pujol trazó una exitosa hoja de ruta para conseguir introducir el nacionalismo en todos los ámbitos, y ese meticuloso plan fue revelado en las páginas de El Periódico el 28 de octubre de 1990, cuando se publicó el llamado Programa 2000, una compleja estrategia diseñada para introducir el nacionalismo en todos los ámbitos, el nation building o reprogramación nacionalista de la que ahora sufrimos sus letales consecuencias en su capítulo final.

Marketing y propaganda, dirigido en primer lugar a potenciar la autoestima autóctona y la divulgación de la «configuración de la personalidad catalana» (más cultos, más modernos, más cívicos, más solidarios, más europeos que el resto de los españoles); un segundo paso de enorme manipulación histórica (Cataluña milenaria o imaginarias guerras contra España); el fomento de fiestas populares impostadas, tradiciones, costumbres y un trasfondo mítico que se expande hasta el último rincón de Cataluña. Un tercer aspecto que quiere potenciar el pilar fundamental del discurso secesionista a través del nuevo concepto de nación dentro del marco europeo: Cataluña (Països Catalans) como nación europea emergente reafirmando el sentimiento europeísta a través de la conexión carolingia y desvinculándola de la Hispania Goda. El descubrimiento del potencial de futuro, es decir los Països Catalans, como centro de gravedad preferente sobre el arco mediterráneo noroccidental y el espacio occitano-catalán, complementado con la propaganda del factor demográfico «sólo avanzan los pueblos que son jóvenes» (bajo la campaña «Som sis milions» o la novedosa de los «Nous catalans»); y aderezado con una larga lista de agravios (Espanya ens roba), propagando hasta la saciedad que Cataluña es una nación discriminada que no puede desarrollar libremente su potencial cultural y económico. La lengua catalana usada como elemento mollar e ideológico, propagando una sociedad civil viva, cohesionada, con conciencia de pertenencia, generadora de riqueza material y espiritual. Todo ello embelesado en el marco final del proceso de autodeterminación sustituido por el eufemismo del llamado Dret a decidir, la exitosa falacia argumental que no existe ni en la práctica internacional ni en el derecho constitucional ni en el lenguaje político comparado, pero que se trata de una maniobra retórica inteligente que traslada el debate nacionalista al terreno democrático.

Ortega y Gasset habló en 1921 de la invertebración de España, una tesis sobre el origen y la formación de la nación española, y emitió un diagnóstico demoledor de la explosiva situación social de nuestro país en el momento en que escribió su libro. Décadas después de su análisis, España ya no es el país socialmente invertebrado que describió, pues las instituciones que configuran el Estado han aprendido a dialogar entre sí. Ni la Iglesia ni el Ejército ni la Judicatura son poderes aislados, ni practican la política del compartimento estanco que denunciaba, pero indiscutiblemente sigue infectada del particularismo nacionalista y la maldita conllevancia orteguiana sigue siendo el centro del debate sobre la cohesión de nuestra patria.

Ortega afirmaba que «la esencia del particularismo es que cada grupo deja de sentirse a sí mismo como parte, y en consecuencia deja de compartir los sentimientos de los demás». Después del pacto constitucional de 1978, los funcionarios gobernantes han sido incapaces de zanjar de una vez por todas la vertebración sentimental de España, cediendo las competencias claves de la educación a los partidarios de la secesión, que con malvada habilidad han ideado un imaginario pedagógico lleno de despropósitos y falsedades. Mientras se creaba un relato inventado sobre el pasado común, se manipuló torticeramente la necesaria normalización del catalán, obligando a una inmersión lingüística que ha supuesto de facto la exclusión del castellano como lengua común. Paralelamente han sido millones los euros invertidos en medios de comunicación, que han provocado el estallido del sentimiento nacionalista entre los catalanes, facilitando la vuelta del particularismo y el triunfo de un relato impostado. En un bando hay funcionarios, en el otro nacionalistas y en el medio ningún patriota.

Las tesis orteguianas de la invertebración española, formuladas hace ya casi cien años, siguen presentes en nuestra sociedad, víctima por un lado del particularismo secesionista del nacionalismo y por otro de la ciega visión que desde el poder central se ha ejercido creyendo que Castilla ha hecho España y desdeñando el proceso incorporativo, en la consideración de la historia como un proceso continuo, en el que unidades territoriales preexistentes se organizan en una estructura nueva y por la que una idea compartida e ilusionante mantiene unida la estructura, entendido como «un proyecto sugestivo de vida en común», para lo cual tiene tanta validez el convencer como el obligar. Sin embargo, lo que se está primando actualmente es un concepto diametralmente opuesto, esto es la desintegración de España, en el que las partes del todo comienzan a vivir como todos aparte, lo que Ortega llamó particularismo. La nación por encima de la patria.

Los separatistas tienen su proyecto. Lo que promueven no es el amor a la patria, sino el odio al resto de pueblos de España, confirmando lo que dijo el general de Gaulle: «El patriotismo es amar a tu país, sin embargo, el nacionalismo es detestar el país de los otros».

Jesús, en un excelente ejercicio histórico, nos desmonta las falacias del nacionalismo y nos muestra el camino para amar a nuestra patria superando el nacionalismo, dejando de odiar a nuestros compatriotas entendiendo que «Espanya ens estima» —España nos quiere—, especialmente a los catalanes.

Que disfruten del libro.

***

INTRODUCCIÓN

España nos roba

España nos roba. Tras varias décadas lavando el cerebro de los catalanes con invasiones españolas, guerras independentistas, genocidios lingüísticos y demás tergiversaciones históricas, el arma final tiene el feo nombre de un pecado capital: la avaricia. Los españoles son unos vagos y su Estado es un parásito que nos chupa la sangre a los laboriosos catalanes. Por eso tenemos que separarnos, para poder ser todo lo ricos que de verdad seríamos si no tuviéramos que cargar con el lastre y el latrocinio español.

Sobre balances, inversiones, impuestos y demás asuntos contables del Estado autonómico se han escrito en los últimos años páginas más que suficientes para desbaratar la manipulación magistralmente esloganizada por los separatistas. Y por lo que se refiere a latrocinios, tanto los institucionalizados —que anulan, ellos solos, la legitimidad del suicida Estado de las Autonomías— como los efectuados en el íntimo círculo familiar —aunque no por ello menos suculentos—, valga como resumen la letra de la jotica cantada por Javier Badules en las fiestas de Graus de 2014:

«Yo os diré lo que les pasa a los independentistas: dicen que España les roba y el ladrón tenían en casa».

Lamentablemente, los catalanes, y el conjunto de los españoles, se han visto obligados a esperar décadas para empezar a conocer en toda su magnitud el secreto a voces del formidable sistema de corrupción construido por los separatistas desde su intangible gobierno autonómico. Pero la tozudez de los hechos acaba imponiéndose y cada día va quedando más claro que las prisas por la independencia de tantos dirigentes nacionalistas no son más que una maniobra para ponerse fuera del alcance de la justicia. Y parapetados tras cientos de miles de estafados inconscientes agitando banderitas en la calle.

Así pues, para no repetir lo innecesario, el objetivo de estas páginas será alejarnos un poco de la actualidad inmediata para poder contemplar la faceta económica del separatismo catalán con la debida perspectiva. Porque el problema no es de hoy, ni arrancó con Franco ni con el Desastre del 98, puesto que hunde sus raíces bastante más atrás: en el siglo XVIII.

Pero antes de detenernos en la centuria en la que la dinastía Borbón comenzó a reinar en España, es necesario atrasar el reloj un par de siglos más y cruzar el charco. Pues en la participación o no participación de los catalanes en la empresa americana entroncan algunos de los problemas más importantes sobre los que trataremos aquí.

EL HEROICO SIGLO XV

El pleito americano

El primer agravio que suelen agitar los separatistas catalanes contra Castilla —es decir, contra España, conceptos que ellos han hecho sinónimos cuando no lo son— es la exclusión de los catalanes de América.

Efectivamente, una serie de datos confusos y contradictorios parecieron sugerir que los súbditos aragoneses —subrayemos: aragoneses, no catalanes— estuvieron excluidos de los asuntos americanos por voluntad de los Reyes Católicos. En primer lugar hay que tener en cuenta que los derechos sobre las tierras recién descubiertas derivaban del Tratado de Alcaçovas (1479) que puso fin a la guerra lusocastellana por la sucesión de Enrique IV, guerra en la que, además de las candidaturas de Isabel y Juana la Beltraneja, también se disputaron el litoral africano y las islas Canarias. Según dicho tratado, quedaban para Portugal las costas africanas al sur del cabo Bojador y para Castilla, «las islas de Canaria ganadas e por ganar». Es decir, las tierras que se descubrieran hacia el oeste. Aragón no era parte ni en el litigio ni en el acuerdo, tanto por no participar en la pugna por el trono como por no tener litoral atlántico. Por lo tanto, del hecho de que sólo la Corona de Castilla tuviera derechos en el Atlántico se derivó la incorporación a ella de las tierras descubiertas por Colón.

Además, y como consecuencia de lo anterior, la cuestión quedó así fijada tanto en el Tratado de Tordesillas como en las previas bulas alejandrinas que otorgaron a la Corona de Castilla el derecho de conquistar las Indias y la obligación de evangelizarlas. Finalmente, si se pretendiese echar sobre el Papa la culpa de la discriminación contra los naturales de la Corona de Aragón, no es pequeño detalle el hecho de que Alejandro VI fue —¡sarcasmos de la historia!— el valenciano Rodrigo de Borja, natural de la Corona de Aragón.

Algunos testimonios, como el de Gonzalo Fernández de Oviedo, refieren la instrucción dada por la reina Isabel en 1498, con motivo del tercer viaje colombino, de que sólo pasaran a las Indias los vasallos de los señoríos de su patrimonio, es decir, los de la Corona de Castilla. Pero el mismo Fernández de Oviedo explicó que, a pesar de esta prohibición, vigente hasta 1504, año del fallecimiento de la reina, pudieron pasar los demás con licencia. En principio, por lo tanto, una exclusión, y no absoluta, de seis años.

Por otro lado, en las instrucciones dadas por Isabel y Fernando a Ovando en 1501, se le ordenó que en las Indias «no haya extranjeros de nuestros reinos y señoríos», con lo que ambos reyes se estaban refiriendo a los no súbditos de las dos Coronas, en concreto al expresamente excluido de la gobernación de Castilla Felipe el Hermoso y su corte de flamencos. Eso explica la confusa cláusula testamentaria de Isabel, de conformidad con su marido, al establecer que «el trato y provecho de ellas se haga y se trate y negocie desde estos mis reinos de Castilla y León, y en ellos y a ellos venga todo lo que de allá se trajere», destinada a prohibir el comercio con y desde puertos de Flandes.

Pero, aparte de estos y otros datos confusos y contradictorios, el hecho fue que desde el primer momento, y hasta que Carlos III eliminó el monopolio de los puertos andaluces en el comercio americano, los súbditos aragoneses participaron por igual en el descubrimiento, conquista, evangelización, poblamiento y gobierno de América.

Por ejemplo, el valenciano Luis de Santángel fue uno de los principales responsables de que el viaje de las tres carabelas pudiera realizarse; el jefe militar del segundo viaje de Colón fue el ampurdanés Pedro de Margarit al frente de doscientos soldados catalanes; el primer vicario apostólico en las nuevas tierras fue Bernardo Boil, benedictino de Montserrat, que derribó en la Isla Española miles de ídolos, fundó las primeras iglesias e instituyó los primeros obispados; en manos del tarraconense Miguel Ballester quedó la fortaleza de la Concepción; Miguel de Pasamonte fue tesorero general; Jaime Rasqui fue uno de los conquistadores del Río de la Plata; Juan Orpí fundó Nueva Barcelona en Venezuela; la primera ciudad venezolana, Coro, la fundó Juan Martín de Ampués; Juan de Grau y Ribó, compañero de Hernán Cortés, se esposó con Xipaguazin, hija de Moctezuma; el valenciano Diego Ramírez de Arellano descubrió las islas australes que llevan su nombre; el leridano Gaspar de Portolá conquistó California... Y muchos catalanes, valencianos y aragoneses fueron gobernadores y virreyes de todos los territorios americanos. Y, por supuesto, en los puertos de Sevilla y Cádiz, desde el mismo descubrimiento, hubo tantos comerciantes aragoneses como castellanos pues no existió discriminación legal alguna para el comercio con las Indias entre los naturales de uno u otro reino.

Además —es necesario insistir— todo el victimismo queda anulado de raíz pues, aun en el caso de que hubiese sido cierta la exclusión, sus destinatarios no habrían sido los catalanes, sino los súbditos de los territorios de la Corona de Aragón. Habríase tratado, pues, de un asunto de naturaleza jurídica en el contexto de la compleja fragmentación de la Europa del Antiguo Régimen, y nunca una medida de carácter nacional, y mucho menos aún dirigida contra los catalanes por el hecho de serlo, como sostiene el discurso eternamente lastimero del nacionalismo.

Por otro lado, la incoherente paranoia nacionalista consiste en condenar el descubrimiento y conquista de América por los castellanos, celebrando, muy ignorantemente, la ausencia de los catalanes, mientras que al mismo tiempo afean a Castilla el haberles impedido participar en ello. Ambos argumentos sirven para lo mismo, arremeter contra Castilla, aunque se anulen entre sí. Y por si esto fuera poco, reprochan a Castilla haber mantenido a los catalanes al margen del comercio americano y después la acusan de ser la responsable del Decreto de Nueva Planta que se lo permitió.

Finalmente, no debe olvidarse que el mayor poder y peso de Castilla durante los siglos imperiales tuvo como contrapartida la mucha mayor presión fiscal y militar que soportó, lo que acabó dejándola exangüe en comparación con los territorios forales, Aragón, Navarra y Vascongadas, como lamentó Quevedo en sus amargos versos:

«En Navarra y Aragón no hay quien tribute un real; Cataluña y Portugal son de la misma opinión; sólo Castilla y León y el noble reino andaluz llevan a cuestas la cruz».

Pero abandonemos la América del siglo XV y acerquémonos a la España del XVIII.

EL NOVEDOSO SIGLO XVIII

Tras 1714

Que no cunda el pánico: no hablaremos aquí de la Guerra de Sucesión ni de Casanova ni del 11 de septiembre. Avasalladores son los ríos de tinta que han fluido sobre ello, así que no contribuiremos a la inundación y nos centraremos en sus consecuencias jurídicas y económicas.

Olvidándonos de las mil y un mentiras, tergiversaciones y ocultaciones que se han sembrado en las últimas décadas sobre la Guerra de Sucesión —en palabras del eminente historiador británico Henry Kamen, «uno no sabe si reír o llorar ante tanta insensatez»—, subrayaremos solamente que no es cierto que Castilla invadiese y se anexionase Cataluña ni que ésta fuese un estado soberano en 1714, sino un territorio con algunas instituciones propias, como en cualquier otro lugar de la Europa del Antiguo Régimen, y parte constituyente de la Corona de Aragón, es decir, de España. No es cierto que se tratase de una guerra entre castellanos y catalanes, sino entre partidarios de dos candidatos al trono de España, sin distinción de regiones. No es cierto que Felipe V suprimiera la soberanía nacional representada en las Cortes catalanas, pues eran estamentales y, por lo tanto, no representaban a soberanía nacional alguna. Y, lo que más importa en relación con el tema de estas páginas, no es cierto que Felipe V incorporara Cataluña a Castilla, sino que uniformizó legislaciones y centralizó el gobierno, fenómeno general en toda la Europa de aquel tiempo, lo que también conllevó grandes cambios en la vieja planta castellana, detalle que no suele recordarse.

Llegada la paz, Cataluña se adentraría en el siglo XVIII entre el dolor por la guerra pasada y la prosperidad que la nueva situación iría facilitando. Y mientras que algunos siguieron lamentando la desaparición de las antiguas estructuras del reino de Aragón, otros alabaron las medidas tomadas por Felipe V.

Entre éstos destacó el futuro presidente de las Cortes gaditanas, Lázaro Dou, que ensalzó a Felipe V por su prudencia en el gobierno, por haber eliminado numerosas reliquias del sistema feudal, por haber promovido la humanidad y la libertad de sus súbditos prohibiendo, por ejemplo, a los señores catalanes aplicar penas corporales, así como por haber impulsado la industria y la enseñanza, razones por las que le otorgó el título de Solón de Cataluña.