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- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Con este libro el autor da continuidad al a otro de su autoría: Madre América: un siglo de violencia y dolor. Ahora presenta de manera cronológica algunos de los artículos que en la más reciente década ha publicado en diferentes libros, revistas o medios digitales, donde aborda las agudas confrontaciones producidas entre los pueblos, las naciones y algunos gobiernos de América Latina y el Caribe con los grupos dominantes de los Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama. Nos brinda además una documentada y sintética aproximación a los diversos objetivos, éxitos y fracasos de las estrategias inteligentes desplegadas por esa Administración.
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Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2018
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Primera edición, 2017
Edición digital, 2017
Edición: Gladys Estrada
Diseño de cubierta: Seidel González Vázquez
Diseño interior: Madeline Martí del Sol
Corrección: Aida Elena Rodríguez
Composición digitalizada: Yaneris Guerra Turró
Composición de e-book: Oneida L. Hernández Guerra
© Luis Armando Suárez Salazar, 2017
© Sobre la presente edición,
Editorial de Ciencias Sociales, 2017
ISBN 978-959-06-1958-8
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RUTH CASA EDITORIAL
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INTRODUCCIÓN
Este volumen tiene el propósito de someter al análisis crítico de las lectoras y los lectores cubanos y, en particular, de quienes no tienen acceso sistemático a los medios digitales,1 una selección de los artículos y ensayos que he publicado, de manera separada, en diversos países del continente americano después de la segunda edición, en 2006, por la Editorial de Ciencias Sociales del libro Madre América: Un siglo de violencia y dolor (1898-1998) y de la primera edición de Un siglo de terror en América Latina: crónica de crímenes de Estados Unidos contra la humanidad publicado ese mismo año por la editorial Ocean Press-Ocean Sur.
1 Aunque reconozco la importancia de asumir la diferenciación de género, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, en aras de la síntesis, en lo adelante, utilizaré el “género no marcado” (masculino) que incluye por igual a las mujeres y los hombres. Por otra parte, salvo que expresamente se indique lo contrario, todas las notas teórico-conceptuales o informativas que aparecen a continuación fueronelaboradas por el autor.
Como su título indica, para dar continuidad a los temas abordados en esas obras, en la mayoría de los escritos que aparecen en esta compilación se analizan y sintetizan las multifacéticas “estrategias inteligentes” contra las naciones, los pueblos y algunos Gobiernos de América Latina y el Caribe (o si se prefiere, del “continente delAbya Yala”)2desplegadas porel Gobierno permanentey por los dos sucesivos Gobiernos temporalespresididos por Barack Obama (20 de enero de 2009-19 de enero de 2017).
2Esa es la manera en que la mayoría de los pueblos y naciones originarias identifican al continente americano. Por consiguiente, rechazan el topónimo América Latina, en tanto ninguno de los idiomas y dialectos que han hablado esos pueblos y naciones son de origen latino. Por consiguiente, quienes introdujeron, a sangre y fuego, la llamada “cultura occidental y cristiana” y, dentro de ella, la latina, fueron los colonizadores europeos y las oligarquías “nacionales”que explotaron, aniquilaron, marginaron y discriminaron a los pueblos y a las naciones autóctonas del continente, al igual que a los descendientes de los esclavos africanos y asiáticos que mediante diversos procesos de aculturación y transculturización, más o menos compulsivos, y de sucesivos mestizajes aún conforman la mayor parte de la población “latinoamericana” y caribeña.
Sin embargo, para una mejor comprensión lógico-histórica de las estrategias hacia el continente americano desplegadas durante esas administraciones del Partido Demócratadecidí incluir el ensayo titulado “Crisis y recomposicióndel sistema de dominación ‘global’ de Estados Unidos: el ‘nuevo orden panamericano’” (publicado por primera vez en 2007) donde se abordan las continuidades y los cambios registrados en esas políticas durante las Administraciones de George H. Bush (1989-1993), William Clinton (1993-2001) y George W. Bush (2001-2009). A pesar de las diferencias existentes entre una y otra, esas tres Administraciones demócratas o republicanas se plantearon como uno de sus principales objetivos la institucionalizaciónde “un nuevo orden mundial” durante la llamada “posguerra fría”;3entendida como tal la inconclusa y compleja etapade las relaciones internacionales iniciada en 1989 conel derrumbe delos falsos socialismos europeosy la concomitante “implosión” de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (González Gómez, 2003).4
3 En la literatura marxista, se han diferenciado siempre los términos Estado y Gobierno. Desde el reconocimiento del carácter socioclasista de cualquier Estado, el primero alude a lo que se denomina “la maquinaria burocrático-militar” y los diferentes aparatos ideológico-culturales que de manera permanente garantizan la reproducción del sistema de dominación. Mientras que el Gobierno alude a los representantes políticos de las clases dominantes o de sectores de estas que se alternan en la conducción de la política interna y externa de ese Estado. Curiosamente la diferenciación entre los “gobiernos permanentes y temporales” fue retomada por los redactores del famoso documento Santa Fe I. Con los primeros se referían a lo que en ese texto llamaban “grupos de poder y poderes fácticos”, mientras que los segundos aludían a los gobiernos surgidos de los diversos ciclos electorales u otros cambios no democráticos que se producen en diferentes países del mundo. De ahí la validez de emplear el término “gobierno temporal” para referirnos a las diferentes administraciones demócratas o republicanas que se han alternado en la Casa Blanca en el lapso que abarca esta compilación.
4La expresión “falsos socialismos europeos” fue acuñada por el prestigioso intelectual y estadista cubano, doctor Carlos Rafael Rodríguez, en el discurso de apertura del XVIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), efectuado en La Habana, en mayo de 1991. Los interesados en conocer el texto íntegro de ese discurso pueden consultar: ALAS-CEA:Estado, nuevo orden económico y democracia en América Latina, Nueva Sociedad, Caracas, 1991.
Comoquiera que esas estrategias, más o menos “inteligentes”, según el caso, han tenido una innegable interrelacióncon la que he denominado “dinámica entre la revolución, la reforma, el reformismo (de diferente signo), la contrarreforma y la contrarrevolución” que, al menos desde finales del sigloxviii, ha caracterizado el devenir de Nuestra América y, enespecial, con las dos etapas dediferentes tonalidadesque, como resultante común (ver anexos 1 y 2) se han configurado desde 1989 hasta la actualidad (Suárez, 2011).5
5 En ese ensayo planteo la hipótesis de que, al menos, en los más recientes doscientos años, en el devenir de Nuestra América se han configurado siete “ciclos largos”, de alcance continental, de diferente durabilidad y tonalidad. Cuatro de esos ciclos han tenido una tonalidad predominantemente reformista-reformadora-revolucionaria. Y,en ese movimiento en espiral (y, por tanto, sin retorno a los puntos originales) que caracteriza a la historia de la humanidad, tres han tenido una tonalidad más bien reformista contra insurgente-contrarreformista-contrarreformadora-contrarrevolucionaria. A su vez, dentro de cada uno de esos ciclos, pueden identificarse diversas “etapas” o “ciclos cortos” de igual tonalidad. Así ha ocurrido en el inconcluso “ciclo largo” de tonalidad predominantemente reformista-reformadora-revolucionaria abierto por la Revolución Cubana. Dentro de este identifico dos etapas de tonalidad en su mayor parte reformista contra insurgente-contrarreformadora-contrarrevolucionaria y tres etapas de tonalidad enalto grado reformista-reformadora-revolucionaria. La última de esas etapas (aún en evolución) se inició con la victoria electoral en 1998 de Hugo Chávez y la aprobación plebiscitaria, un año después, de laConstitución en la desde entonces llamada: República Bolivariana de Venezuela. Después de ese acontecimiento se han instalado en América Latina y el Caribe diversos Gobiernos reformistas, reformadores y revolucionarios, según el caso. Los más recientes de estos últimos fueron los instalados en 2014 en Costa Rica y El Salvador, bajo las presidencias de Guillermo Solís y del líder del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Salvador Sánchez Cerén, respectivamente.
En esta compilación también he incluido algunasaproximaciones a las multiformes resistencias al multifacético sistema de dominación —hegemonía, acorazadacon la fuerza— instaurado por los representantes políticos, económicos, militares, ideológico-culturales y mediáticosde los sectores hegemónicos de las clases dominantesestadounidenses mediante sus diversasalianzas asimétricascon sus correspondientes contrapartes de la mayoría de los34 estados independientes, formalmente independientes o semindependientes del mal llamado hemisferio occidental.6En algunos de esos escritos también menciono —aunque sin profundizar— la problemática de los 18 territorios de ese hemisferio sometidos a diferentes formas de dominación colonial por Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Holanda.7
6El concepto “Estados semindependientes” fue acuñado por Vladimir Ilich Lenin en su célebre obraEl imperialismo: fase superior del capitalismo.Con ese término se refería a los Estados nacionales o plurinacionales que, luego de haber obtenido su independencia política y, en algunos casos, económica, en las condiciones del “capitalismo monopolista” volvieron a caer bajo la férula de la oligarquía financiera: sujeto socioconómico dominante en las principales potencias imperialistas. Por otra parte, indico “mal llamado hemisferio occidental” porque, en términos geográficos, el meridiano 0 se extiende hasta importantes naciones de la costa occidental y oriental de los continentes africano y euroasiático, respectivamente. Sin embargo, en el lenguaje político, académico y mediático dominante la definición de ese hemisferio solo abarca el continente americano. No obstante, lo utilizaré para referirme a todos los estados y territorios del continente americano, incluido Canadá y Estados Unidos. Cuando emplee el término “continente”, será para referirme solamente a los Estados y territorios de la ahora llamada América Latina y el Caribe.
7Másde cincuenta años después que la Asamblea General delas Naciones Unidas convocara a erradicar el colonialismo, todavía siguen sometidos a diversas formas de dominación colonial 18 islas o territorios latinoamericanos y caribeños; estos son: Cayena, Martinica y Guadalupe (bajo control de Francia); Aruba, Bonaire, Curazao, Saba y San Eustaquio (sometidos a la dominación de Holanda); Saint Martin (bajo control compartido de Francia y Holanda); Islas Vírgenes y Puerto Rico (colonizados por Estados Unidos); Anguila, Bermudas, Islas Vírgenes británicas, Islas Caimán, Montserrat e Islas Turcas, bajo el control de Gran Bretaña. Desde 1833, esta última potencia imperialista mantiene su ilegal dominio sobre las Islas Malvinas, archipiélago, previamente, bajo la jurisdicción de las entonces llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata y, en particular, de la actual República Argentina.
Comoquiera que este volumen seguramente llegará a las manos de los lectores cuando ya hayan transcurrido varios meses de la plutocrática Administración republicana inaugurada el 20 de enero de 2017, decidí terminar el texto con una actualización del ensayo “El Gobierno temporal de Donald Trump: Una redoblada amenaza para Nuestra América” publicado, por primera vez, el 21 de enero del propio año. En ese escrito, luego de realizar una síntesis de los objetivos estratégicos, generales y en algunos casos específicos de las diversas estrategias desplegadas durante las dos Administraciones de Barack Obama, expreso mis criterios acerca delescenario más probablede la política hemisférica que desplegarán los poderes fácticos y los principales grupos de poder estadounidenses, al menos durante los dos primeros años de la actual Administración.
Como se verá en las notas que aparecen en la primera página de cada uno de los artículos y ensayos, he conservado el orden cronológico en que estos fueron escritos o actualizados con independencia de fecha de su publicación, para que los lectores puedan seguir el cambiante curso de los acontecimientos. Soy consciente que la preservación de ese orden trae consigo ciertas repeticiones de los presupuestos teórico-metodológicos, de algunos elementos empíricos y de la bibliografía.
Comoquiera que algunas de esas reiteraciones son casi imposibles de evitar en una compilación de textos publicados de manera separada por cualquier autor, he realizado algunos arreglos editoriales; pero, sobre todo, he concentrado mis esfuerzos en suprimir las repeticiones de las definiciones teórico-conceptuales y de las informaciones aparecidas en las notas a pie de página incluidas en cada uno de ellos; estas definiciones operacionales o informaciones complementarias, solo se colocarán al pie de la página cuando se mencionen por primera vez.
Para erradicar la constante repetición de las referencias bibliográficas he empleado el sistema de referencias anglosajón, que consiste en colocar entre paréntesis el o los apellidos del autor o los autores, seguidos por el año de supublicación; si aparece otra cifra entre corchetes, indica el año de su primera edición. Si algún autor publicó más de un trabajo en la misma fecha, se diferenciarán entre sí con una letra después del año. Si después de esos guarismos aparecen dos puntos y seguido y algún número ordinal, indican la página donde se encuentra la cita textual.
Adicionalmente, y a diferencia de las notas teórico-conceptuales o informativas, las referencias bibliográficas aparecen al final del volumen, siguiendo el orden alfabético de los primeros apellidos de cada autor y, en los casos necesarios, el orden ascendente del año de su publicación. Pese a las molestias que esto pudiera causarle a algunos lectores, en especial a quienes —como es mi caso— prefieren que todas las notas bibliográficas aparezcan a pie de página, confío en que los artículos y ensayos les servirán para ampliar, sistematizar o profundizar sus conocimientos sobre los temas abordados. Y, sobre todo, para confirmar la profundidad y vigencia de las siguientes previsiones y alegorías de José Martí ([1891], 1974: 26):
Con los oprimidos había que hacer causa común, para afianzar el sistema opuesto a los intereses y hábitos de mando de los opresores. El tigre, espantado del fogonazo, vuelve de noche al lugar de la presa. […] No se le oye venir, sino que viene con zarpas de terciopelo. Cuando la presa despierta, tiene el tigre encima. La colonia continuó viviendo en la república y nuestra América se está salvando de sus yerros […], por la virtud superior, abonada con sangre necesaria, de la república que lucha contra la colonia. El tigre espera, detrás de cada árbol, acurrucado en cada esquina. Morirá, con las zarpas al aire, echando llamas por los ojos.
28 de febrero de 2017
Capítulo I
CRISIS Y RECOMPOSICIÓN DEL SISTEMA DE DOMINACIÓN “GLOBAL” DE ESTADOS UNIDOS: EL “NUEVO ORDEN PANAMERICANO1
1Este ensayo fue publicado por primera vez en Marco A. Gandásegui, (comp.):Crisis de hegemonía de Estados Unidos, pp. 213-231, CLACSO-Sigloxxieditores, México, 2007. Una versión en inglés fue publicada enLatin American Perpectives, enero de 2007 y una traducción al portugués apareció en Outubre, Instituto de Estudios Socialistas, Sâo Paolo, no. 18, I semestre de 2009. En 2011 fue reproducido enCuadernos de Textos: Historia política y económica de América Latina, Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social de la República Bolivariana de Venezuela.
Introducción
Ya es un lugar común en los círculos políticos y académicos el reconocimiento de que, en la década de los setenta,el sistema de dominación —hegemonía, acorazada con la fuerza— instaurado, después de la Segunda Guerra Mundial, por los grupos de poder de Estados Unidos sobre buena parte de las naciones del mundo, entró en una profunda crisis a causa de diversos factores políticos, económicos, tecnológicos, estratégico-militares, éticos, ideológicos, internos, hemisféricos e internacionales.
También se ha reconocido que, dada “la incapacidad” de la Administración de James Carter (1977-1981) para “superar” esa situación, los sectores más reaccionarios de las clases dominantes y de la sociedad norteamericana —aglutinados en la “nueva derecha” y liderados por el presidente Ronald Reagan— emprendieron una multifacética ofensiva dirigida a recomponer su sistema de dominación “global” y hemisférica.
Esa “gran estrategia” continuó durante la presidencia de George H. Bush, en especial, después del derrumbe de los “falsos socialismos europeos” y de la “implosión” de la Unión Soviética: acontecimientos que —junto a la “victoria” estadounidense en la primera guerra del golfo Arábigo-Pérsico (1991)— impulsaron a ese mandatario a proclamar el advenimiento de “un nuevo orden mundial” encabezado por Estados Unidos (Bush, 1992; González, 1995).
A pesar de las debilidades que ha tenido la socioeconomía estadounidense y las demostradas dificultades de esapotencia imperialista para “gobernar el mundo”, diversos especialistas también consignaron que esa pretensiónse mantuvo durante los dos períodos presidenciales deWilliam Clinton. De igual manera —sobre la base de un militarizado proyecto “neoimperial”— ese propósito recibió un formidable impulso durante la primera etapa (2001-2005) de la presidencia de George W. Bush (Acosta, 2005). Sobre todo, después de los atentados terroristas contra el Pentágono y las Torres Gemelas de Nueva York (11 de septiembre de 2001), de la ocupación militar de Afganistán y de las acciones dirigidas a implementar la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos difundida en septiembre de 2002 (Suárez, 2003a). Entre ellas, la cruenta ocupación militar de Irak.
Sin embargo, a causa de las diferencias existentes en la retórica y la praxis de esas tres últimas administraciones, no abundan —ni siquiera en el pensamiento crítico latinoamericano y caribeño— textos que realicen una síntesis lógico-histórica de las diversas estrategias emprendidas entre 1989 y 2005 contra América Latina y el Caribe por el “unipartidista”establishmentde la política exterior, de defensa y de seguridad estadounidense.
Por ello, para dar continuidad a mis reflexiones anteriores, en las páginas que siguen sintetizaré la esencia y los diferentes componentes de lo que denomino “nuevo orden panamericano”, impulsado por los tres últimos mandatarios de Estados Unidos como parte de sus complejas interacciones de dominación, cooperación, competencia y conflicto con las clases dominantes, los poderes fácticos y los Gobiernos temporales de Canadá, de diversos estados de América Latina y el Caribe, así como por las otras potencias integrantes de la “tríada” o “pentarquía” del poder mundial: la Unión Europea (UE), Japón, Rusia y la República Popular China.
Comoquiera que en los últimos años se han agudizado ciertas contradicciones entre algunos de esos y otros estados (incluidas las existentes entre la UE y Estados Unidos), al igual que las multiformes resistencias estatales y no estatales a las doctrinas y prácticas “globales” de esa última potencia, este ensayo finaliza con algunas reflexiones sobre la dinámica entre la reforma, la contrarreforma, el reformismo (de diferente signo), la revolución y la contrarrevolución existente en América Latina y el Caribe (Suárez, 2006 y 2006a).
Igualmente, incluye las estrategias emprendidas por “la elite” estadounidense —y en particular, por la Administración de George W. Bush— con vistas a evitar un nuevo resquebrajamiento de su sistema de dominación sobre el hemisferio occidental; pues muchos de sus integrantes miran a las demás naciones de ese continentecomo “el escudo de la seguridad del Nuevo Mundo” y la “espada de la proyección del poder global de Estados Unidos” (Comité de Santa Fe [1980], 1981).
Esencia y componentes del “nuevo orden panamericano”
Este nuevo orden incluye además, otros elementos ideológicos —la Doctrina Monroe y sus diferentes corolarios, el Destino Manifiesto—, las sistemáticas y multifacéticas estrategias expansionistas, contrarrevolucionarias y contrarreformistas emprendidas desde finales del sigloxixpor el imperialismo estadounidense con vistas a consolidar su sistema de dominación sobre los estados y territorios ubicados al sur del río Bravo y de la península de Florida.
Funcional a ese propósito fue la progresiva institucionalización del sistema interamericano (cuyo origen se remonta a 1890), la fundación en 1942 de la Junta Interamericana de Defensa (JID), la suscripción en 1947 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y, un año después, la fundación de la Organización de Estados Americanos (OEA) (Conell-Smith, 1976). Con la ayuda de esa institución y de sus “incestuosas relaciones” con innumerables dictadores latinoamericanos y caribeños (Schlesinger Jr., 1979), las Administraciones de Harry Truman (1945-1953) y Dwight Eisenhower (1953-1961) de manera transitoria consolidaron suPax Americana(Suárez, 2003 y 2006).
Pero esta “paz americana” comenzó a resquebrajarse desde el triunfo de Revolución Cubana (1959). Este acontecimiento abrió en el hemisferio occidental el inconcluso “ciclo largo” de tonalidad predominantemente reformista, reformadora y revolucionaria y la etapa de igual tonalidad iniciada por las revoluciones granadinas y sandinistas (ambas en 1979) y cerrada con la intervención militar estadounidense en Panamá (1989) y con la derrota político-electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua (1990).En el ínterin, entró en una profunda crisis el “orden neo-panamericano” fundado al calor de la Guerra Fría.2
2 La expresión “neo-panamericanismo” fue acuñada por Guillermo Torriello, canciller del gobierno nacionalista de Jacobo Árbenz, durante su discurso en la X Conferencia Internacional de Estados Americanos efectuada en Caracas en 1954. Con ella, Torriello diferenció el sistema interamericano surgido después de la Segunda Guerra Mundial de las diversas instituciones panamericanas formadas entre la Primera Conferencia Internacional de Estados Americanos (1890-1891) y la fundación de la OEA (1948).
En consecuencia, a partir de su proclamada “victoria” en esa contienda (Bush, 1992), sucesivas administraciones estadounidense reemprendieron diversas estratagemas dirigidas al derrocamiento(roll back)del socialismo cubano. Así, con la expresa anuencia del entonces candidato presidencial William Clinton, en1992, George H. Bush promulgó la enmienda Torricelli dirigida a fortalecer el carácter “extraterritorial” de las “leyes del embargo” contra Cuba aprobadas en Estados Unidos desde treinta años antes (Franklin, 1997). Según algunos de sus artífices, con ella se pretendía acelerar la “transición pacífica” del régimen cubano hacia una “democracia de libre mercado” (Nuccio, 1995).
A pesar del extendido rechazo internacional a esa “enmienda”, esa pretensión se profundizó durante las presidencias de William Clinton y George W. Bush; particularmente, después de la promulgación de la Ley Helms-Burton (1996) por el primero, y de la toma de posesión del segundo, con la aplicación de algunas de las “recomendaciones” de la Comisión para la Ayuda auna Cuba Libre, encabezada por el entonces secretario de Estado, Collin Powel (IPS, 2005).
Esa continuidad también se registró en sus correspondientes proyecciones hemisféricas.3 En efecto, sin negar las diferencias entre esas administraciones, todas ellas trabajaron para revitalizar su sistema de dominación. Con tal fin George H. Bush continuó en su desempeño por ganar los “conflictos de baja intensidad” que entonces se desarrollaban en Colombia, El Salvador, Guatemala y Perú, y frente a la falsa “guerra contra el narcotráfico” iniciada por Ronald Reagan. También proclamó su Iniciativa para las Américas (dirigida a “crear una zona de libre comercio desde Alaska hasta la Tierra de Fuego”), impulsó el Acuerdo de Libre Comercio con Canadá yMéxico (NAFTA, por sus siglas en inglés) y el Compromiso de Santiago de Chile con la Democracia Representativa y la Modernización de la OEA, aprobado por esa organización en 1991.
3 Utilizo el término “proyección hemisférica” en vez de “política hemisférica” para incluir lo que Abraham Lowenthal ha denominado “los problemas intermésticos” (internacionales y domésticos) que afectan las relaciones entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe, tales como: el problema de las drogas y otros delitos conexos, la agenda migratoria, “el terrorismo” y otros componentes de la “seguridad de la patria” homeland security.
Todas esas estrategias fueron ratificadas por William Clinton, quien tuvo “el mérito” de lograr la institucionalización (sin la presencia de Cuba) de las Cumbres delas Américas. La importancia adquirida por esas reuniones presidenciales se evidencia cuando se observa (además de su periodicidad) que, previo a la Cumbre de Miami (1994), solo se habían realizado dos cónclaves similares: los convocados en Panamá por Dwight Eisenhower en 1956 y por Lyndon B. Johnson en 1967. Esta última se efectuó en Uruguay (Connell-Smith, 1976).
Pero, en ninguno de ellos, habían participado los jefes de Estado y Gobierno de 34 de los 35 países independientes, formalmente independientes o semindependientesdelhemisferio occidental. Tampoco se habían definido—comose hizo en la Cumbre de Santiago de Chile (1998)— mecanismos de seguimiento de sus resoluciones, ni habían sido acompañados por incontables reuniones de ministros, secretarios y otros altos funcionarios vinculados a todas las esferas de la actividad gubernamental, incluidas la seguridad y defensa (Ruiz, 2003).
Como se verá en el cuadro 1, como resultado de esas y otras citas, se protocolizaron varias “reformas” (protocolos) a la Carta de la OEA, al igual que múltiples Convenciones Interamericanas —entre ellas la asistencia mutua en materia penal, contra la corrupción, contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, además, contra “el terrorismo”— que comprometieron la cooperación militar, policial, de inteligencia y judicial entre todos los estados miembros (García Collada, 2005).
Cuadro 1
Principales instrumentos político-jurídicos aprobados por los estados miembros de la OEA (1990 y 2002)
Título oficial
1990
Protocolo a la Convención Americana sobre derechos humanos relativos a la abolición de la pena de muerte
1992
Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua Penal
1992
Protocolo de Reforma a la Carta de la OEA: Protocolo de Washington
1993
Protocolo Facultativo relativo a la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua Penal
1993
Protocolo de Reforma a la Carta de la OEA:
Protocolo de Managua
1993
Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero
1994
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
1994
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
1994
Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores
1996
Convención Interamericana contra la Corrupción
1997
Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados
1999
Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales
1999
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad
2001
Carta Democrática Interamericana
2002
Convención Interamericana contra el Terrorismo
Fuente: Confeccionado por Luis Suárez Salazar sobre la base de la información que aparece en García Collada, 2005.
Para tratar de unificar esos acuerdos se efectuó en México (2003) una conferencia especial orientada a definir nociones comunes acerca de los “nuevos enemigos de la seguridad interamericana”. No obstante —como sedemostró en esa reunión y en la Cumbre de ministros de Defensa efectuada en Ecuador a comienzos de 2005— subsisten diversas discrepancias entre los gobiernos de Canadá, Estados Unidos, América Latina y el Caribe, en esos cónclaves se evidenció la persistente intención de la diplomacia político-militar estadounidense de obtener nuevos compromisos entre todos los estados integrantes de la OEA; incluso aquellos (como Canadá y los estados caribeños) que no son signatarios o los que, por su inadecuación al nuevo escenario estratégico, han denunciado el TIAR, como es el caso de México (Bermúdez, 2003).4
4Esa intención se reiteró de manera inmediata después que en, marzo de 2006, la XXXII Asamblea General Extraordinaria de la OEA aprobara el Estatuto por medio del cual la Junta Interamericana de Defensa (JID) y el Colegio Interamericano de Defensa (CID) quedaron formalmente subordinados al organismo hemisférico. Después de esa decisión, el embajador estadounidense John Maisto instó a todos los estados miembros a unirse a la JID y a enviar cada año por lo menos un candidato al CID. Agregó que los estados miembros de la OEA deben también esforzarse por enviar a la JID y al CID a sus mejores oficiales civiles y militares, y proporcionar a la JID los recursos que necesita para tener éxito.
Paralelamente a esas gestiones, desde la década de los noventa, el Pentágono ha redefinido las misiones, estructuras y dislocación de sus fuerzas armadas (y de seguridad) en el hemisferio occidental; en particular, las del SOUTHCOM —máximo responsable de la seguridad “tradicional” y “no tradicional” en Centro y Suramérica, así como en la mayor parte del Caribe (García y Beruff, 1999)— y las del recién constituido Comando Norte (NORTHCOM), encargado de “la defensa” de Canadá, Estados Unidos, México y Bahamas (García Cuñarro, 2003).
Con el pretexto de la “guerra contra el narcotráfico” y, luego, de la “guerra contra el terrorismo”, esa reconfiguración fue acompañada por los diversos acuerdos militares y de seguridad signados entre la Casa Blanca y varios gobiernos latinoamericanos y caribeños; así como por el despliegue de nuevos Centros Operativos de Avanzada (FOL, por sus siglas en inglés) en El Salvador, Honduras, Colombia, Ecuador y Perú. Estos centros se suman a las bases militares que perduran en Cuba y Puerto Rico, así como a aquellos instalados —con la anuencia de la monarquía constitucional holandesa— en Aruba y Curazao (Ronchen, 2004).
A esto se unen además, los cónclaves y maniobras castrenses impulsados por la JID y la abultada “ayuda” militar y el entrenamiento de los principales cuadros castrenses y policiales latinoamericanos y caribeños en Estados Unidos (Isaacson, Olsony Hangaard,2005). También, se añade la creciente presencia de sus órganos de seguridad einteligencia en diversos países del hemisferio —incluido Canadá, México y la “triple frontera” argentino-brasileña-paraguaya— y de tropas estadounidenses en ese último país suramericano (Alisconi, 2005), y las reiteradas injerencias “diplomáticas” y ocupaciones militares de Haití, como la realizada en 2004 que finalizó con la ilegal captura y deportación del debilitado presidente constitucional Jean-Bertrand Aristide (Bellegarde-Smith, 2004).
Todo esto ha creado un fortalecido dispositivo político-militar que subordina a muchos países del hemisferio a las exigencias estratégico-militares, geopolíticas y geoeconómicas de Estados Unidos. A tal grado que, según algunos especialistas, el Pentágono es el que conduce las principales interacciones gubernamentales con América Latina y el Caribe (Isaacson, Olson y Hangaard, 2005). Se ha robustecido además, la impunidad con que actúan las fuerzas militares y de seguridad estadounidenses en los países del hemisferio, sobre todo, porque el Departamento de Estado coaccionó a varios gobiernos de ese continentepara que firmaran Acuerdos Bilaterales de Inmunidad(BIA, por sus siglas en inglés) dirigidos a lograr quelos crímenes(incluso, de lesa humanidad) que cometan los funcionarios militares y civiles estadounidenses no sean juzgados por la Corte Penal Internacional, ni por los tribunales de los estados donde actúan (García Rivera, 2003; CFR, 2004).
A todo lo antes mencionado hay que sumar “la modernización” de la OEA. Aunque esa institución ha sido considerada siempre un simple instrumento de su política hacia América Latina y el Caribe, no hay dudas de que, a partir de 1991, la Casa Blanca ha impulsado la “actualización” de todos los órganos y comisiones de ese organismo hemisférico y ha llevado a cabo una constante ampliación de sus ámbitos de competencia; entre ellos, “la seguridad” y otros asuntos—como los procesos electorales y las “crisis de gobernabilidad”— previamente reservados a la jurisdicción interna de sus estados miembros.
Así, sobre la base del Compromiso de Santiago de Chile con la Democracia Representativa y del Protocolo de Washington de 1992 (ratificado en 1997), la OEA reforzó sus compromisos con esas “poliarquías”. Con independencia de los enunciados de su Carta fundacional, por primera vez en la bicentenaria historia de las relaciones interamericanas,5en la Cumbre de las Américas efectuada en Canadá (2001), esa noción restringida de “democracia” adquirió carácter condicionante del orden político-jurídico interno de sus estados miembros y de su participación en el Sistema Interamericano.
5 Asumo como fecha de inicio de las relaciones interamericanas, la fundación de la República de Haití en 1804. Hasta 1824 —cuando se consolida la independencia de la ahora llamada América Latina frente a los colonialismos ibéricos— Haití y Estados Unidos fueron los dos únicos estados-nacionales independientes en el hemisferio occidental.
Tal decisión se fortaleció con la aprobación, el propioaño, de la Carta Democrática Interamericana (OEA,2001). No obstante las diversas interpretaciones de sus enunciados, como resultado, la OEA ensanchó sus capacidades para emprender “intervenciones democráticas colectivas”en los países del sur del continente; incluso si, en el futuro, alguno de sus gobiernos fuera separado de las labores de esa organización. Esto anuló el “principio delpluralismo político-ideológico” aceptado, en 1975, en su Protocolo de San José. Esa reforma de la Carta de la OEA fue aceptada por la administración de Richard Nixon (1969-1977) y ratificada por la de James Carter, luego de recibir fuertes presiones de un importante grupo de gobiernos latinoamericanos y caribeños (Suárez, 2003).
Sin embargo, este principio de pluralismo nunca entróen vigor debido a los éxitos obtenidos por los grupos “neoconservadores” estadounidenses en la definición de la agenda política e ideológico-cultural de la mayor parte de los países del continente, en la “contención” de la insurgencia popular y, por ende, en la instauración “pactada” de las “democracias restringidas” o “contrainsurgentes” sucesoras de las dictaduras de “seguridad nacional” que enlutaron Suramérica, Centroamérica y algunas naciones caribeñas entre 1964 y 1990 (González Casanova, 1991; Torres Rivas, 1991).
So pretexto de “la globalización”, esas “democracias tuteladas por los poderes fácticos” favorecieron que las agencias especializadas —incluida la CIA— del Gobiernoo del Congreso estadounidense, sus grandes medios de comunicación y sus poderosas industrias culturales lograran nuevos canales —por ejemplo, Internet y otros circuitos de la “cultura a domicilio” (García Canclini,1996)— para difundir entre las elites y las “clases medias” latinoamericanas y caribeñas un “imaginario transnacional”vinculado a las supuestas superioridades del “modo de vida”,de “la cultura” y del sistema político norteamericano (Roncagliolo, 1995).
Como se ha denunciado (Columbres, 2001), ese imaginario arremete contra los valores culturales de América Latina y el Caribe e influye de manera negativa en la construcción de las nuevas identidades necesarias para avanzar en su genuina “integración multinacional” (Magariños, 2000). En especial, porque desde comienzo dela década de los noventa, la propaganda oficial estadounidense, sus “grandes comunicadores planetarios” y los monopolizados medios privados de difusión latinoamericanos y caribeños han difundido un “pensamiento único” (Ramonet, 1998), y la supuestaexistencia de una “interdependencia simétrica” y de “intereses similares entre las dos Américas” (Chistopher, 1994).
La difusión de esos engañosos mensajes se hubiera multiplicado si finalmente hubiera sido aprobado elÁrea de Libre Comercio de las Américas (ALCA) u otros Tratados de Libre Comercio (TLC) similares impulsados por los tres últimos mandatarios estadounidenses; en tantola “libre” circulación de mercancías, servicios y capitales previstos en esos leoninos acuerdos también incluyen el sector educativo y los bienes y servicios culturales. Sobre todo si —como ha logrado el Gobierno estadounidense ensus tratados de “libre comercio” con Chile, RepúblicaDominicana y Centroamérica (CAFTA-RD, por sus siglas en inglés)— se adoptan las cláusulas OMC plus;es decir, las tratativas relacionadas con los “derechos de propiedad intelectual vinculados al comercio” y las prescripciones del Acuerdo Multilateral de Inversiones que no han sido aprobadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Pero —como se ha denunciado— aun en caso de que esto no ocurra, la sola aceptación de las nociones del “libre comercio” y de la presunta “reciprocidad” entre estados con tal asimetría de poderes, determinará que los gobiernos de América Latina y el Caribe pierdan —como ya ha ocurrido con el NAFTA— sus reducidas capacidades para definir su agenda de desarrollo; incluidas sus relaciones con el capital transnacional de origen estadounidense y sus políticas comercial, financiera, monetaria, industrial, ecológica, social y cultural con este (Benjamín y Tavares, 2004).
Mucho más porque al ALCA (o a algunas de sus modalidades plurilaterales o bilaterales) se ha llegado o eventualmente se llegaría después del terrible impacto que ha tenido sobre lamayor parte de los países del hemisferio occidental los Programas de Ajuste Estructural (PAE)“neoliberales” impulsados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobre la base del bipartidista Consenso de Washington de 1990 (Stiglitz, 2002).
Como demuestran múltiples evidencias empíricas, esos programas —junto a su pareja, “la deuda eterna”—han limitado la soberanía de aquellos gobiernos que lo han aplicado, ensanchado “la brecha social”, agravado los desastresecológico-ambientales, así como multiplicado los “crímenes del neoliberalismo” y profundizado la “crisis dentro de la democracia” que viven los sistemas políticosliberal-burgueses instaurados en la mayor parte de Latinoamérica y el Caribe (Suárez, 2003). Por consiguiente, han condicionado sus “modelos de desarrollo hacia afuera”, “abierto” de manera unilateral sus economías a los bienes, servicios y capitales (incluso especulativos) provenientes del exterior; subastado, privatizado y desnacionalizado importantes riquezas nacionales —incluida el agua y la biodiversidad—, al igual que fortalecido su multiforme dependencia estructural y funcional hacia Estados Unidos(Dos Santos, 2002).
Dinámica reforma, contrarreforma, revolución y contrarrevolución
Lo antes dicho contribuye a explicar lo que defino como “una nueva etapa” de la dinámica entre la reforma, la contrarreforma, el reformismo, la revolución y la contrarrevolución que caracteriza el devenir de América Latina y el Caribe. Esa dinámica está determinada por la agudización de las contradicciones sociales, políticas y económicas, internas y externas, vinculadas al agotamiento sociopolítico del “ciclo neoliberal” en lo económico y “neoconservador” enlo político, generalizado en la década de los noventa (Petras, 1997). De igual manera se caracteriza, por el cuestionamiento cada vez más extendido a las “democracias restringidas, corruptas y represivas” de vieja data (Colombia, Costa Rica, México) o surgidas en la segunda mitad del decenio de 1980 (PNUD, 2004), y, también, por las multiformes resistencias estatales y no estatales al “nuevo orden mundial y panamericano”, y a las políticas estadounidenses hacia diversos países de ese hemisferio.
Sin negar la importancia de lo que ocurre en otraspartes del continente, el epicentro de esos procesos se localiza en los países andinos y en el Caribe insular (Suárez, 2006a). Así lo demuestran, los avances de la Revolución Cubana pese a los “remozados” planes para destruirla elaborados por sucesivos ocupantes de la Casa Blanca, y el fracaso de todos los empeños (incluido un golpe de Estado “fascista”) desplegados por la “oligarquía venezolana” y la administración de George W. Bush para derrotar a la Revolución Bolivariana (Golinger, 2005).
No obstante los problemas que perduran, esas derrotasle posibilitaron al gobierno de Venezuela la utilización de su renta petrolera para saldar la “deuda social”, emprender trasformaciones estructurales, fracturar su dependencia de Estados Unidos, así como impulsar diversas iniciativas de política exterior y entre ellas, la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), cuyos “principios” y “bases cardinales” quedaron definidos en la Declaración Conjunta firmada en La Habana el 14 de diciembre de 2004 por los presidentes de Cuba y de la República Bolivariana de Venezuela (RBV), Fidel Castro y Hugo Chávez, respectivamente (Granma, 2004).
Además de su importancia para el proyecto democrático-participativo, independiente, sustentable y sostenible —identificado por el antes mencionado mandatario venezolano con “el socialismo del sigloxxi”— que de manera solidaria desarrollan ambos países, esas convergencias posibilitaron el inicio de varios proyectos continentales de educación, salud, información y cultura —como Telesur y el Fondo Editorial ALBA— y la suscripción del Acuerdo de Cooperación Energética entre Venezuela, Cuba, República Dominicana y once estados integrantes de la Comunidad del Caribe (Caricom), ratificado con posterioridad por sus mandatarios en la II Cumbre Energéticadel Caribe realizada en Jamaica en septiembre de 2005.6
6Los únicos Gobiernos integrantes de CARICOM que no han firmado ese acuerdo son Barbados, Haití (ocupado militarmente) y Trinidad y Tobago. El Gobierno de este último país ha expresado temores respecto a la competencia en sus exportaciones petroleras con la creación de que podría crearle PETROCARIBE.
En consecuencia, para avanzar en la iniciativa de Venezuela de formación de la empresa multinacional latinoamericana PETROAMÉRICA, se institucionaliza PETROCARIBE y, y en contravención con el “recetario neoliberal”, se crea el Fondo ALBA-Caribe destinado a financiar programas sociales y económicos, al igual que otros fondos estatales dirigidos a fomentar el empleo, las actividades productivas y de servicios, así como a mejorar la cultura, el deporte, la educación y la salud pública Las Antillas (López, 2005).
A pesar de que esos acuerdos dependen de la voluntadpolítica de los gobiernos, de la evolución de la situación política venezolana y, por consiguiente, de los éxitos o fracasos de la política agresiva delestablishmentestadounidense,lo dicho permite aquilatar las positivas diferencias existentes entre el ALBA y los proyectos de “integración desde arriba y hacia afuera” que prevalecen en América Latina y el Caribe (Suárez, 2005a), y de igual manera entre el ALBA y el NAFTA, CAFTA-RD y el TLC firmado entre Estados Unidos y Chile.
Por consiguiente —como demuestran los acuerdos bilaterales o plurilaterales firmados entre Venezuela, Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay y, luego con el Gobierno bolivianopresidido por Evo Morales—, el ALBA abre oportunidadespara los actuales o futuros gobiernos latinoamericanos y caribeños que utilicen sus prerrogativas para impulsar programas favorables a los intereses populares, así como para contrarrestar las estrategias contrarreformistasy contrarrevolucionarias —incluidos los programasde ajuste de factura “neoliberal”— de las clases dominanteslocales aliadas con las principales potencias imperialistas y, en particular, con Estados Unidos(Suárez, 2005b).
Esas políticas antimperialistas podrían agregar novedosos ingredientes a los proyectos de concertación política, cooperación e integración “económica” que se desenvuelven en América Latina y el Caribe, sobre todo, en la medida que —como ha hecho Venezuela en la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), en la Comunidad Suramericana de Naciones y,junto a Cuba, en la CARICOMy la Asociación de Estados del Caribe (AEC)— todos o algunos de sus estados miembros impulsen nuevos paradigmas de desarrollo sustentable y sostenible, al igual queuna genuina “integración multinacional”; que cuestione el sistema de dominación establecido por los grupos de poder estadounidenses y por sus “aliados” regionales o extrarregionales (Suárez Salazar, 2006c). Así se demostró en la negativa de varios gobiernos suramericanos al impulso de las negociaciones del ALCA en la Cumbre de las Américas, efectuada en Argentina a finales de 2005.
Como reconocen en su lenguaje los principalesthink tanksdelestablishmentde la política exterior y de seguridad de Estados Unidos —entre ellos, el bipartidista Council on Foreign Relations (CFR)—, esas resistencias alstatu quopudieran ampliarse si se consolidan salidaspopulares a las “crisis de gobernabilidad” que en los últimos años han vivido Bolivia, Ecuador y Perú. Ello —junto a la persistencia de la multiforme insurgencia popular colombiana— determina que la región andino-amazónica sea percibida por la Casa Blanca y el Pentágono como la amenaza más importante para su “seguridad nacional” y “la estabilidad del hemisferio occidental” (CFR, 2004).
Esto explica —so pretexto de “la guerra contra el narcoterrorismo” de las demandas del SOUTHCOM y del Gobierno colombiano— la elaboración de diversos proyectos político-militares dirigidos a darle continuidad al ya finiquitado (y fracasado) Plan Colombia diseñado por la Administración de William Clinton y su complemento: la Iniciativa Antinarcóticos Andina (conocida como Iniciativa Regional Andina) impulsada —siguiendo los pasos de su padre— por George W. Bush (Popa, 2005).
Entre esos proyectos se incluyen el incremento de la presencia militar estadounidense en Colombia y en otros países andinos; la coordinación de acciones entre el SOUTHCOM y las fuerzas militares de esa región; la “internacionalización” del conflicto colombiano y la formación —bajo los auspicios de la OEA— de nuevas estructuras represivas (denominadas “Americapol” y “Américajus”) y de una “fuerza multinacional” capacitada para actuar ante “crisis humanitarias y de seguridad que surjan como resultado de desastres naturales y conflictos civiles” (CFR, 2004: 123).
A todo lo anterior se une la posibilidad de que el Congreso estadounidense prorrogue la ley de Preferencia ComercialAndina y Erradicación de Drogas (ATPDEA, por sus siglasen inglés) promulgada por las administraciones precedenteshasta la firma del Acuerdo Andino de Libre Comercio que, desde hace dos años, negocia laCasa Blanca con los Gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú.7En el interín, se utilizará la ATPDEA como medio de presión para lograr que estos o sus sucesores asuman la “agenda de seguridad y libre comercio” impulsada por los tres últimos mandatarios estadounidenses.
7Al momento de culminar este artículo (abril de 2006), ya el Gobierno de Estados Unidos había firmado un Acuerdo de Libre Comercio con Colombia y Perú; pero ninguno de esos acuerdos habían sido ratificados por los correspondientes congresos de esos países, tampoco por el Congreso estadounidense. Por su parte, la firma del TLC entre Estados Unidos y Ecuador se había paralizado en razón de las grandes movilizaciones populares contra ese acuerdo que se produjeron en ese país andino.
El despliegue de esa agenda —ahora unificada en la “guerra contra el terrorismo”— ha tenido sus principales avances en sus relaciones bilaterales con los Gobiernos de Canadá, México y los signatarios del CAFTA-RD. A cambio de ese engendro, los mandatarios dominicanos aceptaron la presencia “ocasional” de tropas estadounidenses en su territorio y, ante la renuncia de Costa Rica, el reaccionario Gobierno de El Salvador asumió la instalación de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés) filial de la Academia Internacional de Policías y de otras agencias represivas con sede en Washington.
Asimismo —bajo la tutela del subsecretario para el hemisferio occidental del Departamento de Estado, Dan Fisk, y con el desconocimiento del Tratado Marco deSeguridad Democrática de 1995—, la XXVI Cumbre deJefes de Estado y de Gobierno del Sistema de IntegraciónCentroamericano (SICA), realizada en Honduras en 2005, decidió la unificación de sus esfuerzos policiales ymilitares con Estados Unidos para integrar una Fuerza de Respuesta Rápida (FRR)dirigida a controlar “el terrorismo,el narcotráfico, el crimen organizado y las pandillas juveniles” (CEG, 2005).
En violación de los Acuerdos de Paz que posibilitaron el fin de la guerra civil en El Salvador (1992) y Guatemala (1996), la fuerza de respuesta rápida —al igualque los Centros Operativos de Avanzada instalados en Honduras y El Salvador, así como las maniobras bélicas efectuadas en Panamá, en la frontera entre Guatemala y México, y en el Mar Caribe— incrementa la presencia militar estadounidense en Centroamérica. Esto facilita la represión a lo que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general James T. Hill, calificó como “las amenazas emergentes” a la “seguridad nacional” de Estados Unidos provenientes del “populismo radical” presuntamente impulsado por la Revolución Bolivariana (Cason y Brooks, 2004), lo cual apunta contra las renovadas posibilidades electorales del FSLN en Nicaragua y también, contra la significativa influencia político-social del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador.
Por otra lado, la presencia de los presidentes de México y Colombia, Vicente Fox y Álvaro Uribe, respectivamente, en la Cumbre del SICA demuestran la intención de laCasa Blanca y del Pentágono de articular la fuerzade respuesta rápida con las unidades policiales-militares de su “perímetro defensivo”, así como con los finesgeopolíticos y geoeconómicos del Plan Puebla Panamá, y con las iniciativas “multinacionales” impulsadas en la Cuenca andino-amazónica. Esto reitera el carácter hemisférico de las estrategias contrarrevolucionarias y contrarreformistas emprendidas históricamente por los grupos dominantes en Estados Unidos y por sus aliados de América Latina y elCaribe.
A pesar de lo que indican las tendencias históricas, el éxito o el fracaso de esas estratagemas no están predeterminados. Como demuestra la experiencia de la Revolución Cubana y, más recientemente, de la Revolución Bolivariana, el curso de los acontecimientos dependeráde la capacidad de resistencia de los pueblos latinoamericanos y caribeños (Ceceña y Sader, 2002), así comode la habilidad de sus correspondientes movimientos sociales y políticos para romper uno u otro “eslabóndébil” de lo que Lenin llamó “la cadena de la dominaciónimperialista” (Lenin [1917], 1976).
La eventual ruptura de esos “eslabones” debilitará el “nuevo orden panamericano” y el sistema de dominación “global” de Estados Unidos, tanto como la pérdida de posiciones relativas en sus relaciones de dominación-colaboración-competencia y conflicto con las potencias integrantes de la “tríada” o la “pentarquía” del “poder mundial” o de las variables econométricas que de manera usual se emplean para aquilatar la “hegemonía” de Estados Unidos en la “economía-mundo”.
Con independencia del movimiento de esas variables “económicas”, la frustración de las luchas de los pueblos latinoamericanos y caribeñoscontra el sistema de dominación implantado por las clases opresoras locales y por Estados Unidos, con seguridad facilitará la recomposición de la hegemonía “global” y hemisférica de esa potencia imperialista; pues —como indicó el comandanteErnestoCheGuevara ([1964], 1970: 326): “…nunca se puede desligar el análisis económico del hecho histórico de la lucha de clases”, ni del hombre, “expresión viviente de esas luchas”.
La Habana, 12 de abril de 2006
Capítulo II
CRISIS DEL SISTEMA DE DOMINACIÓN ESTADOUNIDENSE SOBRE EL CONTINENTE AMERICANO: UNA MIRADA DESDE LA PROSPECTIVA CRÍTICA1
1La primera versión de este ensayo se terminó en octubre de 2008. Sin embargo, fue publicado en Dídimo Castillo y Marco GandáseguiJr. (ed.):Estados Unidos, la crisis sistémica y las nuevas condiciones de legitimación, CLACSO-Sigloxxi,México, Buenos Aires,2010. Con algunas actualizaciones, su traducción al inglés fue publicada por la revistaCritical Sociologyde Estados Unidosen 2008. Y, con otro título, en 2011 fue reproducido enCuadernos de Textos:Historia política y económica de América Latina, publicado porel Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social de la República Bolivariana de Venezuela.
Introducción
Como su título sugiere, este ensayo sintetiza el escenario más probable de “la crisis, entendida como cambio” (Gandásegui, 2007: 16), que atraviesa el sistema de dominación estadounidense sobre el llamado hemisferio occidental. Sin negar las contradicciones que lo afectan, ese sistema continúa sustentado en las alianzas asimétricas elaboradas por las clases dominantes, los poderes fácticos y los Gobiernos temporales de esa potencia imperialista con sus contrapartes de Canadá y de la mayor parte de los estados-nacionales de América Latina y el Caribe. Expresión y, a la vez, complemento de esas alianzas lo son las diversas instituciones político-militares que componen el sistema interamericano.
Esta síntesis ha sido elaborada desde aquella vertiente de “la futurología” que —a diferencia del determinismo y elvoluntarismo que han caracterizado a diversos cultores de esa disciplina— indica que el futuro “es más construible que previsible”. Por tanto, “no es único, ni lineal” (Mojica, 2000). Al contrario, pueden vislumbrarse variosescenarios alternos.2Ninguno está predeterminado, puesdependen de los resultados de las “acciones proactivas” del “hombre colectivo”.3Estas, en ciertas corrientes del pensamiento sociológico tributarias de los marxismos,4a las que meadscribo, aparecen identificadas con las multiformes luchas sociales y de clases; y, en otras, con los comportamientos de los “actores sociales” (Tourraine, 1984).
2 Comúnmente, los escenarios se clasifican como probables, alternos y deseados. Los primeros identifican la prolongación de las tendencias de los procesos que se estudian. Los segundos refieren otras alternativas que podría deparar el porvenir, con independencia del grado de probabilidad que indiquen las tendencias dominantes en un momento determinado. Mientras que los terceros definen las mejores opciones para el cumplimiento de los objetivos de los “sujetos de acción” o de los “sujetos de pensamiento” implicados en la dinámica social.
3 Las actitudes humanas frente a los cambios suelen definirse como reactivas, preactivas y proactivas. Estas últimas se vinculan a las acciones dirigidas, de manera consciente, a la construcción del futuro; mientras que las segundas se limitan a prepararse para los cambios, bajo el supuesto de que estos no dependen de su voluntad. A su vez, las primeras se reducen a encarar las situaciones críticas o conflictivas en el momento en que se presentan.
4 En la literatura difundida es usual hablar de “el marxismo” (en singular). Pluralizo la referencia para reconocer la legitimidad de las diferentes interpretaciones y actualizaciones de la obra teórico-práctica de Carlos Marx, Federico Engels y de sus principales continuadores en diferentes lugares del mundo. Los interesados en mis reflexiones al respecto, pueden consultar Suárez, 2006b.
En consecuencia, el porvenir es un campo de batalla —muchas veces violento— entre los sujetos sociales y políticos, estatales y no estatales, internos y externos, que “pugnan por imponer su poder para defender sus intereses” (Mojica, 2000). Por ello: “la futurología supone un compromiso con el cambio y la acción que implica una voluntad de construir el futuro más que de aceptarlo simplemente” (Masini, 2000). Esto conlleva a —como planteó Max Weber— comprender “la política” como “el arte de luchar por lo imposible para obtener lo que sea posible en cada etapa”.
Asimismo, supone valorar los factores objetivos y subjetivos presentes en cualquier proceso reaccionario, conservador, reformista, reformador o revolucionario. En estos dos últimos casos, aquellos factores subjetivos objetivados en la organización y en las diversas acciones de los sujetos y “actores” sociopolíticos de raigambre popular que han tom
