La democracia constitucional en riesgo - Lorenzo Córdova Vianello - E-Book

La democracia constitucional en riesgo E-Book

Lorenzo Córdova Vianello

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El 18 de febrero de 2024, durante la Marcha por la Democracia, Lorenzo Córdova pronunció un discurso frente a miles de personas. En dicho pronunciamiento apuntó de forma enfática: "La democracia no nos cayó de lo alto, no fue una concesión graciosa ni un regalo del poder. La democracia en México es el resultado de muchas luchas ciudadanas que costaron esfuerzo, dedicación y, en algunas ocasiones, hasta sangre". Como un estudioso del constitucionalismo, Córdova nos presenta en este breve libro una serie de reflexiones de gran valor para el presente y el futuro de la vida democrática nacional. En una de las páginas que contiene este ejemplar nos dice: "Evidentemente, las sociedades cambian y sus necesidades también, por eso la Constitución no es inmutable y puede —e incluso, debe— transformarse para acompañar y ajustarse a esos cambios. Pero si la Constitución es el reflejo del acuerdo político sobre el que se funda una sociedad, los cambios que con el tiempo se le vayan realizando también tienen que ser el resultado de un consenso generalizado, que paulatinamente se va renovando entre todos los sectores y actores relevantes de la sociedad." La democracia constitucional en riesgo es, de tal modo, un conjunto de valiosas aportaciones a un debate de largo aliento, pero también a una preocupación de riguroso presente.

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Seitenzahl: 194

Veröffentlichungsjahr: 2024

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La democracia constitucional en riesgo

Los autoritarios no descansan

Lorenzo Córdova Vianello

Para Malena, compañera de vida

y de causas, como las que aquí se defienden.

I En defensa de nuestra democracia

En defensa de nuestra democracia

Mexicanas y mexicanos que nos reunimos enlas plazas del país para defender la democracia y las libertades y derechos que hoy pretenden arrebatarnos.

Comienzo por reconocer que el nuestro es un país que arrastra muchos problemas: la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la violencia y la inseguridad son graves asuntos que no sólo no hemos resuelto, sino que siguen siendo pendientes que agravian y que incluso se agravan. Ha pasado más de un siglo desde el término de la Revolución Mexicana y la aspiración de justicia social que encarnó sigue siendo una promesa incumplida. Más nos vale enfrentar y resolver esos problemas pronto, porque ponen en riesgo nuestra democracia y la convivencia pacífica en el país.

Sin embargo, en donde las luchas sociales sí han sido exitosas es en el terreno de la democracia. Hace apenas cuatro décadas en México no teníamos elecciones libres, no había instituciones que protegieran efectivamente nuestros derechos y no había espacios para que la diversidad política se expresara. Se hacía política con miedo. Eran tiempos de un pretendido pensamiento único, de ejercicio autoritario del poder y en donde, desde antes que se votara, ya se sabía quién iba a ganar las elecciones.

Eran tiempos en los que estábamos gobernados, salvo raras excepciones, por un partido hegemónico y autoritario.

Hoy, México, a pesar de los riesgos que nos amenazan, es un país en donde somos las ciudadanas y ciudadanos los que decidimos, con nuestro voto libre, quienes nos gobiernan y representan, los que premiamos o castigamos en las urnas a los buenos o a los malos gobiernos. Hoy contamos con instituciones que nos protegen frente a los abusos del poder, incluso de las mayorías autoritarias, y ante las cuales podemos defender nuestros derechos. Hoy hemos construido una sociedad en donde todas y todos tenemos cabida, a pesar de nuestras diferencias legítimas y sin que se nos persiga por pensar diferente.

Democracia, no sólo son elecciones libres, significa también que tengamos la posibilidad de acudir ante un juez cuando el gobierno nos persigue injustamente; o bien que un periodista pueda publicar una investigación sobre la corrupción; o que los ciudadanos podamos contar con información sobre cómo el gobierno gasta el dinero público, o cuáles son las decisiones que están detrás de una obra de infraestructura, o de la política de salud; y también que la Suprema Corte anule una ley que va en contra de la Constitución. Todo eso significa tener democracia.

Y somos nosotras y nosotros, las y los ciudadanos de este país, los que logramos esas conquistas en las últimas décadas, y por eso es a nosotros a quienes nos corresponde defenderlas frente a los intentos por desmantelar lo que hemos construido. Por eso estamos aquí reunidos.

La democracia no nos cayó de lo alto, no fue una concesión graciosa ni un regalo del poder. La democracia en México es el resultado de muchas luchas ciudadanas que costaron esfuerzo, dedicación y, en algunas ocasiones, hasta sangre. La democracia se consiguió gracias a la apuesta que hicieron varias generaciones de mexicanas y mexicanos que, a pesar de sus diferentes posturas políticas e ideológicas, tuvieron un propósito común: que fuéramos nosotros, con nuestro voto libre, los que decidamos quienes serán nuestros gobernantes; que nuestros derechos y libertades estén garantizados frente a los abusos del poder, y que nadie sea perseguido, hostigado y señalado por pensar u opinar diferente.

Por eso, ante los riesgos que hoy enfrenta la democracia, frente a los intentos que se han hecho para vulnerar las condiciones que nos permiten tener elecciones libres y auténticas, para desmantelar las instituciones que nos protegen de los abusos y para imponer una sola visión del mundo y de la Nación, es que hoy nos manifestamos en las calles de nuestro país.

Que quede claro: no estamos aquí reunidos, en ejercicio de nuestros derechos constitucionales, para apoyar o criticar a ninguna candidatura, a ninguna campaña, a ningún partido o coalición; es más, no estamos aquí para criticar a ningún gobierno en sí. Estamos aquí reunidos para defender a la democracia y para decirle NO a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que en ese sentido hemos alcanzado.

Son tres los logros democráticos que están en riesgo y que vamos a defender:

En primer lugar, las reglas y las condiciones que nos permiten votar en libertad en elecciones auténticas y equitativas. Nos costó mucho conseguir que el voto efectivamente cuente y se cuente bien, tener un sistema de partidos, sin duda imperfecto, pero que refleja la pluralidad de posturas e ideologías que existen en nuestra sociedad, así como tener elecciones equitativas y vigiladas por autoridades, organizaciones sociales y la ciudadanía.

Nos costó mucho tener órganos electorales confiables que fueran autónomos del poder e independientes de los intereses de los partidos políticos.

Hoy todo esto está bajo amenaza. Déjenme decirlo así: nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera, cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme, para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla. No se vale destruir las condiciones, las reglas, los procedimientos y a las autoridades (el ine y el Tribunal Electoral) que nos han permitido la renovación pacífica del poder y la posibilidad de tener un altísimo nivel de alternancias en los gobiernos. No se vale exigir reglas de equidad y condiciones justas en la competencia política siendo oposición y violarlas sistemáticamente siendo gobierno. Esa deslealtad hoy pone en peligro a nuestra democracia.

Así, hace unos días se volvió a presentar una serie de iniciativas que, como en su momento se intentó con el Plan “a” y con el Plan “b”, buscan destruir al ine como lo conocemos y, a través de una elección directa de sus consejeros, controlarlo políticamente. No se quiere a un árbitro imparcial, se quiere a un árbitro que responda a los intereses de la mayoría del momento. Y eso no podemos, ni vamos a permitirlo; perder al ine es perder la principal garantía para tener elecciones libres y volver al control del gobierno sobre los comicios.

En segundo lugar, están en riesgo las instituciones de la democracia. Por treinta años hemos construido organismos que nos han permitido controlar y limitar el poder del gobierno, para evitar que se abuse del mismo; instituciones que, además, sirven para proteger que nuestras libertades y derechos no sean atropellados. Y hoy, por el hecho de que le incomodan, desde el poder se busca desaparecerlas, subordinarlas o capturarlas.

A lo largo de los últimos años hemos visto un feroz ataque en contra de esas instituciones, del ine, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los órganos constitucionales autónomos. El acoso ha sido permanente y se ha desarrollado en varios planos:

1. Se les ha descalificado, acusándolas de actuar en contra del gobierno, del pueblo y de sus intereses. Se ha mentido sobre su costo, su actuación y resoluciones, por el simple hecho de que no se han subordinado —porque ése no es su papel— a los intereses gubernamentales.

2. Se ha hostigado y perseguido a sus integrantes. Se han paseado ataúdes con los nombres y las fotografías de quienes han encabezado esas instituciones, se han presentado denuncias penales en su contra, se les han iniciado juicios políticos y hasta se les ha amenazado con ir a sus domicilios.

3. Se han hecho recortes brutales a sus presupuestos con la intención de asfixiarlos financieramente e impedir que cumplan de manera adecuada con sus funciones.

4. Se les ha amenazado mediante la presentación de iniciativas de reformas constitucionales y legales que buscan desmantelarlos o limitarlos en sus funciones, como ahora mismo está ocurriendo.

5. Finalmente se ha intentado su captura, imponiendo como sus titulares no a personas capaces e independientes, sino a personeros de los intereses del oficialismo, a correas de transmisión de la voluntad gubernamental.

Que quede claro, no estamos defendiendo el inmovilismo ni impidiendo el cambio. Hay muchas cosas que pueden y deben mejorarse, pero eso no implica que con ese pretexto se quiera echar por la borda lo que hemos conquistado. Hay quien dice que “las instituciones sí se tocan”. ¡Claro que sí, pero sólo si es para mejorarlas! Si lo que se quiere es desmantelarlas, destazarlas o capturarlas, lo decimos fuerte y claro: si es para eso, ¡claro que no se tocan! Desde la sociedad no vamos a permitirlo, porque sería robarnos nuestra esperanza de futuro para pretender regresarnos a un pasado autoritario que con mucho esfuerzo dejamos atrás.

Finalmente, está en riesgo también nuestra Constitución, es decir, la expresión del arreglo político que nos permite sentirnos, sin excepciones, parte de la Nación mexicana. Desde hace algunos años se ha pretendido dividir a la sociedad entre quienes son parte del pueblo y quienes son sus enemigos, como si el pueblo no fuéramos todas y todos nosotros, como si en México sólo unos tuvieran cabida y los otros salieran sobrando. Esa polarización que divide al mundo entre buenos y malos, entre amigos y enemigos, no sólo es falsa y artificial, sino que es profundamente autoritaria. La sociedad mexicana no puede dividirse en blanco y negro. Existen muchos matices y diferencias, múltiples formas de actuar y de ser, que sólo una visión autoritaria puede negar.

La nuestra es una sociedad plural y diversa, esta misma plaza hoy refleja esa diversidad política e ideológica. Pero a pesar de esas diferencias que son legítimas y que debemos proteger, todas y todos somos parte de la Nación mexicana, todos cabemos en esa idea común y que está protegida por la Constitución. México no es el país de unos cuantos, es el país de todas y todos, mayorías y minorías, con los mismos derechos.

Eso es, precisamente, la Constitución: el pacto político que nos hemos dado para garantizar que todos, sin excepción, tengamos cabida, con respeto para nuestros derechos —en primer lugar, el derecho a pensar diferente— en nuestro país, en nuestra Nación. Es precisamente gracias a esa Constitución que nadie puede decirle a los demás que aquí no caben.

Por eso todos los grandes cambios políticos se han plasmado en la Constitución, porque son grandes acuerdos que se han elaborado cuidadosamente, que se han consensuado, que son el resultado de un compromiso y no de una imposición. Ni la Constitución ni la bandera1 son propiedad de nadie en particular o de una parte de nuestra sociedad, son algo que nos pertenece a todos. La Constitución es el reflejo de los intereses y de la voluntad del conjunto, no sólo de una parte de la Nación. Así que, o en la Constitución cabemos todas y todos o se acabó la democracia. Por eso es tan grave que se pretenda apresurar un plan de reformas que no busca un gran consenso nacional, sino la imposición de una visión de una parte, profundamente autoritaria, que busca —sobre todas las cosas— la concentración y la perpetuación del poder.

Es gracias a la Constitución —entendida como nuestra casa común, como el techo debajo del cual cabemos todos y con independencia de si simpatizamos con la mayoría o con las minorías del momento, porque México es de todas y todos—, que sin excepciones tenemos el mismo derecho de vivir en libertad y con respeto.

Hoy todo eso está en riesgo. Estamos frente a un proyecto de reinstauración autoritaria que quiere regresarnos a las épocas de un partido hegemónico que pretende revertir muchas de las conquistas democráticas que se han conseguido y que fueron precisamente las que les permitieron llegar al poder.

No se trata de especulaciones ni de falsas alarmas, ahí están las iniciativas para demostrarlo: se busca que las elecciones sean organizadas y la justicia impartida por funcionarios y jueces electos con el apoyo del partido mayoritario. Se buscan, pues, a jueces que respondan a un partido. Se busca desaparecer a los órganos autónomos para que sus estructuras sean absorbidas enteramente por el gobierno. Es decir, lo que se pretende es desaparecer su autonomía para que sus tareas vuelvan al Ejecutivo, tal como ocurría hace treinta años; cuando todas sus funciones (organizar las elecciones, vigilar la competencia económica, administrar las concesiones de radio y televisión, entregar la información pública, generar la estadística nacional y hasta definir las políticas monetarias) las realizaba una presidencia centralizadora y autoritaria. Y también se busca imponer una idea de Constitución, en donde sólo tienen cabida ciertas ideas y posturas.

Con ello, se busca desmantelar los logros democráticos y volver a una época en la que el pluralismo y la diversidad de ideas no tienen posibilidad de expresarse, ni de contar. Al pretender desaparecer las diputaciones y las senadurías de representación proporcional, así como a los senadores que se asignan a la primera minoría, que son en conjunto una de las principales conquistas democráticas, se busca que las minorías no estén representadas, que no tengan voz ni presencia en el Congreso, que sólo unos cuenten y decidan, que la Nación mexicana sea sólo de una parte y no también de los demás.

Por eso no podemos quedarnos cruzados de brazos, por eso estamos aquí y volveremos cada vez que sea necesario, para levantar la voz y para decir: ¡si es para desmantelarla, la democracia no se toca! No se tocan ni las condiciones para el voto libre, ni los organismos de control democrático, ni la Constitución que divide el poder y protege nuestros derechos.

Por eso, asumamos que el futuro de nuestra democracia está en nuestras manos. Hoy aprovechamos para decirle a todas las candidatas y candidatos, de todos los partidos y coaliciones, que pedirán nuestro voto dentro de unas semanas: no olviden nunca que deben someterse a la Constitución y a la ley. Les decimos sin titubeos: la ley sí es la ley y los gobernantes son los primeros que deben sujetarse a ella y ajustarse a los límites que la Constitución les impone.

El que sigamos teniendo elecciones libres y auténticas depende de nosotros. Por eso los exhorto a que, si alguno es convocado por el ine para ser funcionario de casilla, aceptemos sin reparos para garantizar el respeto al voto. Si tenemos oportunidad, debemos registrarnos como observadores electorales. Y, además, debemos salir a votar masivamente en las elecciones.

La democracia y su subsistencia no depende de otros, depende de nosotros. Confiamos en el ine y en las instituciones democráticas. Han intentado cooptarlas, pero aún no lo han logrado.

En el caso del ine, quienes garantizan un trabajo imparcial, independiente, autónomo, al servicio de la ciudadanía y no de algún actor político y menos aún del poder, es su servicio profesional de carrera: el Servicio Profesional Electoral que está trabajando a lo largo y ancho del territorio para asegurar el voto libre y secreto. Ayudémosles, como ciudadanos, a instalar las casillas, y si salimos sorteados digamos sí al ine: la ciudadanía tiene que apropiarse de la elección de este año.

Confiamos en las instituciones electorales, sí, pero no les hemos dado un cheque en blanco. Vamos a acompañarlas y defenderlas, pero le daremos seguimiento a cada una de sus decisiones para evitar que tengan sesgos y favoritismos. Vamos a observarlas para que no se sometan al poder y para que actúen con plena autonomía e independencia.

Vamos a presionar a los partidos para que aquellas propuestas que representen amenazas o retrocesos para nuestra democracia sean rechazadas y que no pretendan negociar a espaldas de la ciudadanía. Así pasó con el Plan A y así volverá a pasar cuantas veces sea necesario frente a cualquier intento de arrebatarnos o debilitar nuestra democracia.

Vamos a defender el derecho de todos de poder opinar libremente, aunque no estemos de acuerdo, porque creemos que la mexicana es una Nación en la que todas y todos cabemos. Para eso es esta manifestación, para defender los derechos y las libertades colectivas, incluso las de aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Eso es, precisamente la democracia, nuestra democracia, a la que defendemos y seguiremos defendiendo.

No olvidemos que cuando una democracia está en riesgo, quienes no hacen nada mientras otros la amenazan, la atacan y buscan acabarla, ya sea porque tienen miedo, porque son indiferentes o porque menosprecian esos ataques, terminan siendo responsables de su destrucción.

La democracia nació de las luchas de la ciudadanía, es una obra colectiva, y su defensa también es colectiva, no es una responsabilidad de algunos, sino de todas y todos. Por eso estamos aquí, para defender algo que es nuestro y que no vamos a permitir que nos arrebaten.

Si los autoritarios no descansan, tampoco lo haremos quienes luchamos y defendemos la libertad, la igualdad, los derechos y la democracia. ¡Aquíestamos hoy y aquíestaremos todas las veces que sean necesarias!

¡Vivan las elecciones libres y auténticas!

¡Vivan las instituciones de la democracia!

¡Viva la Constitución!

¡Viva un México incluyente y con libertades!

¡Viva México!

Texto leído en el Zócalo de la Ciudad de México el 18 de febrero de 2024 durante la Marcha por nuestra democracia (las cursivas son los énfasis puestos en el discurso).

II. La democracia como sistema

Renunciar a hacer política democrática

A lo largo de la historia han habido muchas maneras de entender lo que es y lo que significa hacer política. Así, en un sentido, la política puede entenderse como la actividad que tiende a conseguir, ejercer y mantener el poder de decisión colectiva en una sociedad, tal como lo planteó Maquiavelo a inicios del siglo xvi. Para otros, la política consiste en saber identificar y distinguir entre los amigos (los que coinciden y comulgan con nuestros propios intereses) y los enemigos (aquellos que no comparten nuestros principios y elementos de identidad y, por lo tanto, a quienes se les combate y, en su caso, se les elimina), tal como lo propuso Carl Schmitt, precursor ideológico del nazismo. Para unos más, la política es la actividad que consiste en privilegiar las coincidencias y los puntos de convergencia por sobre las naturales diferencias ideológicas y programáticas que pueden existir entre personas que piensan distinto. En este último sentido, la política se entiende como la convivencia civilizada de los opuestos, es decir, como la capacidad de ponerse de acuerdo y de propiciar entendimientos a partir del diálogo, la negociación y la búsqueda de consensos.

Este último modo de concebir a la política es propio de una larga tradición de pensamiento democrático, que va de Hans Kelsen a Norberto Bobbio y que podemos definir, precisamente, como “política democrática”.

En efecto, la lógica que está detrás de todo el procedimiento de toma de las decisiones colectivas en una democracia, es la de generar los espacios institucionales para que la pluralidad política conviva de manera pacífica, para que la disputa por el poder ocurra a partir de una serie de reglas pactadas y aceptadas por todos y para que existan los espacios y los incentivos necesarios para que las decisiones políticas (las que nos obligan a todos) sean, en la medida de lo posible, fruto del consenso.

La lógica misma con la que funcionan los parlamentos en las democracias busca, precisamente, que las decisiones que se plasmarán en las leyes puedan incluir los puntos de vista del mayor número posible de posturas que existen dentro de una sociedad y que deben estar representadas en esas asambleas. Por eso el proceso legislativo multiplica los espacios de análisis, discusión y de construcción de acuerdos (las comisiones, el pleno, la existencia de dos cámaras, entre otros).

Es cierto que en democracia se decide mediante la regla de mayoría, pero eso no significa, ni que las mayorías pueden hacer lo que quieran (existen límites a su capacidad de decisión establecidos por la Constitución y las reglas que protegen los Derechos Humanos), ni que se desentiendan de los argumentos de las minorías que deben ser escuchados y ponderados.

Así, decidir democráticamente no significa la mera y llana imposición de las posturas de la mayoría sobre los demás. Al contrario; eso que Tocqueville denomina “tiranía de las mayorías” es precisamente, a juicio del autor de La democracia en América, el principal riesgo que aqueja a las democracias: el degenerar en un despotismo de muchos que, en sustancia, no se distingue de la tiranía de una sola persona.

Lo que ha venido ocurriendo con la reforma electoral (el llamado “Plan B”), es un buen ejemplo de lo que significa renunciar a hacer política democrática. La coalición gobernante, que cuenta con una legítima mayoría en el Congreso, ha actuado como si fuera omnipotente, imponiendo, sin más, nuevas reglas del juego electoral, sin procurar ni pretender un mínimo consenso con el resto de los actores políticos. Se despreció el diálogo, el entendimiento (incluso, sin empacho, los diputados de la mayoría ni siquiera se dieron el tiempo de leer lo que estaban votando), la discusión, el análisis que requiere toda decisión seria y, por supuesto, el acuerdo.

Se trata de una triste y penosa expresión de la vocación autoritaria de quienes piensan que el ser mayoría les permite hacer lo que quieran y esa renuncia a la política, inevitablemente, erosiona nuestra democracia.

El Universal, 19 de enero de 2023.

Polarización e intolerancia

La lucha por el poder político de unasociedad siempre implica, y siempre ha implicado, una confrontación entre adversarios que buscan imponerse a los demás. Eso es algo consustancial a la actividad política sin importar si estamos en una democracia o en una autocracia.

En ese sentido la polarización, entendida como la diferenciación de las posturas políticas en direcciones contrapuestas, ha estado presente, en mayor o menor medida y con diversa intensidad, a lo largo de la historia sin importar el régimen de gobierno instaurado.

En todo caso, el cómo se asume y, sobre todo, cómo se procesa dicha polarización constituye una de las diferencias fundamentales entre las democracias y las autocracias. En las primeras, las diferencias y la confrontación que se da entre las distintas posturas políticas se procesan y resuelven por vías pacíficas e institucionales (es decir, conforme a las reglas pactadas y convenidas para ello), mientras que, en las segundas, suelen resolverse mediante métodos autoritarios (esto es, mediante la imposición, incluso violenta, de las propias opiniones y posturas sobre quienes piensan distinto).

Además, en los sistemas democráticos la polarización es asumida como una consecuencia de la convivencia entre personas o grupos que piensan distinto y que, en la lucha por el poder a través de elecciones, confrontan sus puntos de vista buscando el favor del voto ciudadano. Pero, en todo caso, la propia lógica de funcionamiento de la democracia supone un conjunto de procedimientos para procesar y superar la polarización en aras de una convivencia pacífica y civilizada entre esos grupos distintos y hasta contrapuestos. La existencia de una serie de reglas vinculantes (e, idealmente, acordadas entre todos) para acceder al poder, permite que la polarización no derive en rupturas, sino que la misma se supere y dé paso a una convivencia tolerante de todos entre sí.