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La penetración de las tecnologías de la información en los diversos ámbitos de la vida cotidiana está produciendo profundos cambios en todos los sectores; en algunos, particularmente en la televisión digital, se están viviendo momentos decisivos que conformarán un nuevo sistema comunicativo social. En este contexto, las televisiones locales serán unos agentes privilegiados para la formación de ese nuevo sistema audiovisual más acorde con las sociedades actuales, pero para conseguirlo es necesario acabar con la situación de incertidumbre normativa en que la actitud errática de la administración les ha obligado a sobrevivir desde que hace ya veinte años aparecieron las primeras televisiones locales en nuestro país. El libro hace un recorrido por la historia de la televisión, analizando el contexto socioeconómico, político y comunicativo en que se implantó y se ha venido desarrollando para caracterizar su momento actual. El texto se complementa con el informe detallado de la situación en que se encuentra el conjunto de las televisiones locales que operan en la provincia de Castellón, como muestra significativa de la crítica posición en que está el sector para afrontar la inminente transición a la TDT (televisión digital terrestre) que se le ha impuesto con tanta urgencia y que va acabar por determinar el equilibrio y la pluralidad de nuestro sistema comunicativo durante los próximos años y, en definitiva, el modelo de desarrollo futuro de nuestra sociedad.
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Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2025
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BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT JAUME I. DADES CATALOGRAFIQUES
LÓPEZ CANTOS, Francisco José
La situación de la televisión local en España : informe sobre el sector en la provincia de Castellón / Francisco López Cantos. — Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions ; Castelló de la Plana : Publicacions de la Universitat Jaume I ; Barcelona : Universitat Pompeu Fabra ; València : Universitat de València, D.L. 2005
238 p. : 15x24 cm. — (Aldea global ; 18)
Bibliografia.
ISBN 84-490-2387-4 (U. Autònoma). — ISBN 84-8021-520-8 (U. Jaume I).
— ISBN 84-88042-53-1 (U. Pompeu Fabra). — ISBN 978-84-370-6097-2 (U. de València)
1. Televisió local. 2. Televisió local-Comunitat Valenciana-Castelló. I. Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions, ed. II. Universitat Jaume I. Publicacions, ed. III. Universitat Pompeu Fabra, ed. IV. Universitat de València, ed. V. Títol. VI. Sèrie.
654.197
654.197(460.311)
Edició
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Publicacions
08193 Bellaterra (Barcelona)
ISBN (paper) 84-490-2387-4
ISBN (pdf) 978-84-490-4762-6
Publicacions de la Universitat Jaume I
Campus del Riu Sec
12071 Castelló de la Plana
ISBN (paper) 84-8021-520-8
ISBN (pdf) 978-84-15444-35-0
Universitat Pompeu Fabra
Plaça de la Mercè, 12
08002 Barcelona
ISBN (paper) 84-88042-53-1
Publicacions de la
Universitat de València
C/ Arts Gràfiques, 13
46010 València
ISBN (paper) 978-84-370-6097-2
ISBN (pdf) 978-84-370-9577-6
Primera edició: juny 2005
Maquetació
INO Reproducciones
Impressió
INO Reproducciones
Ctra. de Castellón, km 3,800
Pol. Miguel Servet, nave 13
50013 Zaragoza
Imprès en paper ecològic
Aquesta publicació no pot ser reproduïda, ni totalment ni parcialment, ni enregistrada en, o transmesa per, un sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni per cap mitjà, sia fotomecànic, fotoquímic, electrònic, per fotocòpia o per qualsevol altre, sense el permís previ dels editors.
INTRODUCCIÓN
CAPITULO I. El nacimiento de la televisión local en España
CAPITULO II. Evolución de las experiencias de TV local
1. Grupos multimedia en el ámbito local en los 80
2. Primeras asociaciones del sector
3. Las TVL ante los cambios en el sistema televisivo estatal
CAPITULO III. La conformación del actual modelo de TVL
1. La regulación del sector
1.1. Titularidad y gestión del servicio
1.2. Concesión de licencias de emisión
1.3. Desarrollo normativo en las Autonomías
1.4. Aspectos críticos de la norma
2. El sector de TV local en la actualidad
CAPITULO IV. El sector TVL en el umbral digital. Conclusiones
CAPITULO V. La TVL en el sistema de televisión valenciano
1. La TV Local en Castellón. Informe sobre el sector
1.1. Cobertura
1.2. Estructura empresarial y sistema de gestión
1.3. Recursos Técnicos
1.4. Recursos Humanos
1.5. Programación
1.6. Uso de la lengua valenciana
1.7. Situación económica y financiera
2. Necesidades expresadas por los operadores
3. Condiciones actuales en que se desarrolla el sector
4. Conclusiones sobre el sector de TVL en Castellón
ANEXO. GRAFICOS
BIBLIOGRAFIA
El sector de la televisión local, como parte integrante del sistema audiovisual español, es un ámbito de estudio que ha merecido especial atención durante los últimos años, aunque sin llegar a alcanzar el nivel de desarrollo de otras áreas de investigación del campo de estudios sobre la comunicación audiovisual, y esta relativa falta de consolidación académica de la disciplina obedece principalmente a tres factores concurrentes y que no son exclusivos de este campo de trabajo.
En primer lugar, y de manera similar a como ha ocurrido y ocurre con la implantación de cualquier nueva tecnología de comunicación, existe un rechazo inicial por parte de la institución académica a considerar la televisión apta para su inclusión en los circuitos del conocimiento.
En este sentido cabe enmarcar las dificultades encontradas durante las primeras décadas de su implantación para otorgar estatuto académico a la expresión audiovisual, y las oposiciones de los sectores industriales y culturales institucionalizados.1 La actitud mantenida respecto al fenómeno televisivo está reflejada nítidamente en multitud de textos y sobre este medio de comunicación todavía subyace cierta falta de reconocimiento que viene de lejos:
La mayor parte de los intelectuales ven en la televisión una amenaza para la cultura y se entregan a las predicciones más sombrías. Casi ninguno ha seguido regularmente los programas de la televisión, pero todos ostentan la misma opinión concluyente que profesaban hace algunos años sobre el cinematógrafo: «No es más que un desfile continuo de imágenes, el fin de la reflexión personal, la muerte de la lectura, la quiebra de la lectura, etc.», los educadores se alarman (Dumazedier, 1956).
En segundo lugar, la televisión local es un fenómeno relativamente reciente en nuestro país que comenzó hace poco más de 20 años con la inauguración en 1981 de la considerada como la primera emisora del estado en la pequeña población de Cardedeu, en la ya entonces Comunidad Autónoma de Cataluña, en el contexto del tránsito hacia la democracia desde el Régimen anterior. No se puede considerar, por ello, que se trate de un ámbito de investigación consolidado, a pesar de poder contar con importantes, aunque muy escasos, trabajos académicos sobre el sector.
Y en tercer lugar, y quizás mucho más importante que los anteriores, la falta de atención de la industria cultural al sector, y la falta de asunción de responsabilidades por los poderes públicos para su regulación por motivos políticos y económicos, ha ninguneado hasta la fecha el fundamental papel que la televisión local debe jugar en el conjunto del sistema televisivo.
La televisión local se ha considerado desde sus inicios un ‘subsector’ de difícil rentabilización, principalmente por el tamaño de los mercados en los que se inserta. Por otro lado, el sector de la televisión local también se ha encontrado con la actitud errática y el olvido consciente del legislador por tratarse de un ámbito, el municipal, que resultaba cuanto menos problemático en el mapa competencial que se gestó tras la promulgación de la Constitución.
La patente ‘desatención consciente’ de las administraciones públicas respecto al sector es fruto, de una parte, de las dificultades y contradicciones políticas respecto a un modelo legislativo que permitiese un desarrollo pleno de las competencias territoriales hasta el nivel municipal; y, de otra, de la percepción de esa falta de rentabilidad aparente unida a cierto temor a introducir en el sistema audiovisual nuevos actores que desequilibrasen el mercado publicitario nacional. Contrasta enormemente la poca atención que ha recibido la televisión local respecto a otras modalidades de televisión aparentemente más significativas tanto desde el punto de vista económico como sociopolítico y cultural, y es patente el desinterés político e industrial en asignar al sector el estatuto que merece dentro del sistema comunicativo nacional.
Si a todo ello unimos la heterogeneidad propia del sector fruto de la diversidad de actitudes mantenidas por los emisores ante la función que deben ocupar en el conjunto del sistema televisivo, encontramos que en nuestro entorno inmediato es difícilmente posible hablar de un modelo de televisión local. Se hace muy difícil, incluso, identificar siquiera un conjunto coherente de modelos que responda globalmente a la realidad del sector en todo el estado español. Es radicalmente distinto el tipo de televisión local que existe en Cataluña, en Andalucía, o en Castilla-León. Distintos entre sí y distintos a todos los demás, puesto que la experiencia de la televisión local es precisamente eso, una experiencia local, con todas las implicaciones que ello tiene respecto a la concepción de un modelo estatal de distribución de poderes y capacidad ciudadana para comunicar.
En este sentido, la heterogeneidad de propuestas de televisión local en toda la geografía nacional, aun siendo un problema difícilmente salvable para el investigador, es precisamente uno de los pilares fundamentales que define el papel que este espacio comunicativo debe jugar en el conjunto del sistema televisivo nacional y que se le ha negado históricamente.
El momento actual es, además, especialmente relevante para el sector audiovisual en general y para la televisión local en particular, ante los acelerados cambios tecnológicos de los últimos tiempos con la introducción de la tecnología digital en toda la cadena de emisión-recepción, y la imperiosa necesidad de afrontar la transición hacia la televisión digital por ondas terrestres en condiciones ventajosas. En esta transición digital los pequeños emisores, esto es, las televisiones locales, se muestran como el sector más frágil y, a la vez, más ágil para adaptarse y desarrollarse durante el periodo de implantación.
Por el momento, y a título práctico, es necesario adoptar una definición provisional del término ‘televisión local’ para referirnos al objeto de estudio que nos ocupa, por ahora atendiendo a su ámbito de cobertura, tal como se ha expresado en la única norma legal que existe sobre el sector:
Se entiende por tal aquella modalidad de televisión consistente en la emisión o transmisión de imágenes no permanentes dirigidas al público sin contraprestación económica directa por medio de ondas electromagnéticas propagadas por una estación transmisora terrenal en el ámbito territorial señalado en el artículo 3 de esta Ley.2
El artículo 3.1 indica que «El ámbito territorial cubierto por cada una de las televisiones locales por ondas terrestres vendrá delimitado por el núcleo urbano principal de población del Municipio correspondiente», y los apartados 2 y 3 de este mismo artículo se refieren a los supuestos en los que este ámbito de cobertura puede ampliarse.3
Sirva en todo caso, por el momento, esta definición provisional que oportunamente matizaremos, pues ya los propios términos televisión y local son por sí mismos de enorme complejidad, y unidos, pueden incluso resultar contrapuestos.
De todo ello intentaremos dar cuenta a lo largo del texto, en el que se hace un recorrido cronológico por la historia de la televisión local en nuestro país analizando el contexto socioeconómico, político y comunicativo en que se ha venido desarrollando el sector para, una vez caracterizada su situación actual, completar el texto con el informe detallado del conjunto de las televisiones locales que operan en la provincia de Castellón.
En los capítulos 1 a 4 se realiza un acercamiento a la evolución de las televisiones locales en el marco de las transformaciones del sistema audiovisual español, incidiendo especialmente en el estatus legal que ostentan y la necesidad de redefinición del papel del sector ante los cambios que se vienen produciendo en la actualidad. Así, se estudia el nacimiento y evolución de la televisión local en el contexto del modelo de sistema televisivo surgido tras la transición española, analizando el desarrollo y el papel que el sector ha venido representando en el conjunto de la oferta audiovisual en nuestro país y el marco jurídico en el que opera actualmente.
De esta manera, el texto se desarrolla siguiendo una línea argumental en la que se abordan los condicionantes con que opera el sector para, en el capítulo 5, complementar el estudio con el análisis empírico de la situación específica en que se encuentran las televisiones locales que operan en la provincia de Castellón, estudiando sus características propias y la oferta audiovisual que distribuyen, y prestando una atención preferente al papel que el sector puede jugar en el conjunto de la industria audiovisual autóctona y la sociedad castellonense en general.
El texto, en definitiva, se estructura a partir de la contextualización de la situación actual del sector de televisión local en el conjunto del sistema audiovisual y el análisis exhaustivo de sus características concretas en el ámbito de influencia de la Universitat Jaume I de Castellón, para intentar obtener una radiografía completa y válida en este momento crítico de vertiginosos cambios en el conjunto del sistema audiovisual que permita explicitar los retos contemporáneos a que se enfrenta el sector y contribuir desde el ámbito académico, y en la medida de nuestras posibilidades, al desarrollo de un espacio comunicativo de indudable interés para el conjunto de los ciudadanos castellonenses.
De este modo, se intenta obtener una visión global fruto de la integración de dos aproximaciones al fenómeno de la televisión local que se complementan: una, específica de los agentes que operan cotidianamente en el sector que parte de un análisis empírico y está basada en una lógica y una praxis propia para abordar la situación actual y, otra, resultado del análisis de los vectores socioeconómicos y políticos que hemos considerado convenientes y que, con el uso de herramientas conceptuales para el análisis estructural, pueden aportar una visión global complementaria a la anterior.
Las entrevistas a los responsables de las televisiones locales se realizaron durante los meses de diciembre de 2002 y enero de 2003 y, en consecuencia, los resultados del análisis están limitados a la situación específica del sector en ese momento.
La televisión del franquismo, como ha señalado Jose María Baget, había legado a los ciudadanos del nuevo sistema democrático un modelo de servicio público centralizado, monopolizado por el Estado y por RTVE. La única televisión del país seguía funcionando como una camarilla de amigos de las distintas opciones políticas y sindicales manteniendo una estructura laboral poco flexible y una gestión inadecuada, en la que se manipulaban las noticias y los informativos, en general en función de intereses partidistas (Baget, 2001). Todo ello utilizando, además, un sistema monopolístico de distribución de la señal a través de una red técnica que sería propiedad estatal hasta 1988.4
No obstante, pronto se empezaron a desarrollar de manera efectiva otras alternativas comunicativas que cuestionaban y ponían en crisis el modelo audiovisual diseñado por las instituciones democráticas. Nuevas formas de comunicación que suponían un impulso en la profundización y la propia definición del sistema audiovisual en el nuevo clima de recuperación de libertades políticas y ciudadanas.
Hasta entonces, además, la tecnología audiovisual sólo era accesible a unos pocos profesionales y sus costes de implantación y mantenimiento estaban fuera del alcance de los limitados recursos económicos de los ciudadanos y las agrupaciones sociales en general. Se requería una formación técnica importante pero las constantes mejoras de estos equipamientos y la simplificación progresiva de su uso, hacían más accesible el proceso de comunicación audiovisual a no expertos y, en consecuencia, permitían su utilización alternativa en el sentido que venimos comentando.
A principios de la década de los ochenta la única empresa audiovisual española que disponía de capacidad de producción y emisión de señales de televisión era, evidentemente, Televisión Española y aunque entre sus equipamientos ya había incorporado algunos adelantos tecnológicos: cámaras de tubos de alta calidad, magnetoscopios de 1 pulgada cuadruplex con los formatos B y C, mezcladores rudimentarios de imagen, editores y limitados generadores de caracteres y, aunque todavía el grueso de la producción en exteriores se realizaba en cine, ya se empezaron a utilizar magnetoscopios portátiles para la realización ENG, etc. Un nivel tecnológico, sin embargo, que Luis Sanz ha calificado de «subdesarrollado en el campo del vídeo y a varios años de distancia del resto de naciones de su entorno cultural y productivo» (Sanz, 1996: 163-164).
Además, Televisión Española no sólo era un monopolio público estatal sino que representaba la práctica totalidad de la demanda de trabajos en vídeo. Sólo una reducida parte de la producción audiovisual de nuestro país se realizaba en formatos industriales para trabajos de carácter comercial e institucional, y como TVE tenía suficiente capacidad de producción para abastecer su programación, la industria de producción videográfica era prácticamente inexistente, y las primeras salas de postproducción no aparecerían hasta los años 84-85.5
No ocurría igual que en el resto del entorno europeo en el que los mecanismos estatales de control del sistema de radiodifusión ya estaban empezando a cambiar desde hacía unos años, aunque la particular situación política y económica en que se producía la transición española no favorecía que estas corrientes internacionales se implantasen de igual manera en nuestro país.
En Bélgica, por ejemplo, ya desde el lejano año de 1960 se había disuelto el Institut National Belge de Radiodiffusion dividiéndose en tres organismos públicos diferentes: el RTB que emitía en francés, el BRT que lo hacía en holandés, y el ISC que gestionaba los servicios técnicos comunes de los anteriores. En 1970 Bélgica ya había reconocido constitucionalmente la existencia de tres comunidades culturales (Nobre-Correia y Collard, 1999: 96). En el Reino Unido la televisión comercial ya había aparecido en 1954 de mano de la Television Act (Cormack, 1999: 375) estableciendo un sistema televisivo compuesto por la BBC y un sistema de televisiones comerciales de ámbito regional, encuadradas dentro de la Independent Television (ITV). Y En Italia, ya en 1976, el tribunal constitucional se ha de pronunciar sobre las televisiones locales que habían comenzado a proliferar por todo el territorio (Porro y Richeri, 1999: 331).
Sin embargo, cuenta García Matilla (1996: 97) que hacia 1975 ya se escuchó en España el concepto de «unidades autónomas de producción», después de unas conferencias impartidas por el director de la segunda cadena de televisión sueca, que en aquellos momentos experimentaba sobre este nuevo modelo de gestión y producción descentralizada. El sistema consistía en que «definidos los objetivos del programa, la unidad de producción los generaba desde dentro de su equipo y establecía los métodos de gestión de sus recursos. La evaluación final de los resultados establecía la eficacia real de cada unidad de producción».
Este modelo suponía una posible revolución de la estructura de muchas de las televisiones europeas del entorno a partir de la introducción radical de mecanismos para descentralizar la producción y gestión televisiva y se aplicaría parcialmente. En nuestro país, sin embargo, sólo se implantaría tímidamente porque, como afirma este autor, nunca se estableció una estrategia de implantación en toda su extensión y sólo entraron en funcionamiento algunas unidades de producción que, al poco tiempo, acabaron por diluir sus teóricas competencias y aparente autonomía vaciando de sentido su existencia.
En un sentido parecido, y desde los primeros años de la década de los setenta, desde 1969 a 1971, TVE había puesto en marcha un plan de territorialización de las emisiones con la creación de delegaciones en Sevilla, Valencia, Bilbao y Santiago de Compostela, que se unirían a los centros ya existentes en Barcelona y Canarias.6 Las primeras desconexiones informativas se empezaron a realizar en 1974, después de haber modificado técnicamente la red para facilitar tal posibilidad con criterios básicamente «geográficos y técnicos» (López y otros, 1999: 142), pero el modelo televisivo estaba supeditado jerárquica y funcionalmente a Prado del Rey y, en definitiva, todos estos intentos de descentralización acabaron por aplicarse débilmente en la práctica y, como venía ocurriendo históricamente, el sistema televisivo español continuaba evolucionando tardíamente respecto al resto de Europa.
Sin embargo, y a pesar de esta evidente falta de estructuración empresarial del sector audiovisual y retraso respecto al resto de Europa y la implantación de los movimientos ciudadanos ya existentes en el resto de Occidente, en 1980 se inaugura la que viene siendo considerada como la primera televisión local del estado español, y empieza a emitir utilizando los equipos prestados por un técnico italiano, país donde ya incorporaban estas tecnologías ligeras.
De esta manera, una de estas alternativas comunicativas a los sistemas de televisión estatal centralizados, la televisión comunitaria, comienza a implantarse en España a finales de la década de los años setenta en estrecha relación con el movimiento de las radios libres (véase Prado, 1983, para un análisis de este movimiento), y continúa profundizando en las propuestas de aquellos medios de comunicación y en el sistema comunicativo español. En palabras de Emili Prado, se comienzan a implantar nuevas televisiones locales como «experiencias de apropiación popular de las tecnologías audiovisuales [...] síntoma de la existencia de una sociedad civil madura y con gran capacidad propositiva» (Prado y Moragas, 1991: 7).
Sería discutible, no obstante, entender la recién estrenada democracia española como un sistema sociopolítico maduro. Efectivamente, desde mediados de los setenta y principios de los ochenta en España se venían desarrollando de manera progresiva procesos de normalización democrática en todos los ámbitos, aunque con las limitaciones y tensiones ya reseñadas en el capítulo anterior, pero era este un proceso de consolidación de las recién conseguidas libertades democráticas que todavía no permitía hablar de una sociedad civil madura, y no por falta de madurez de los ciudadanos, sino por el limitado papel que estos jugaban en nuestra joven democracia representativa, aún inmadura en nuestros días.
Las primeras experiencias de televisión promovidas por la sociedad civil ya eran una realidad desde los inicios de la década de los años setenta en algunos lugares de Occidente, y se irían extendiendo progresivamente en los siguientes años por todo el continente europeo y americano, y ya había antecedentes de este tipo de televisiones locales gestionadas por la comunidad ciudadana en Québec desde 1969.
El gobierno quebequés, ante una casi total desestructuración institucional de su territorio a principios de los años sesenta, y un modelo de inculturación de la población de la región dominado por la jerarquía eclesiástica, se proponía para entonces constituirse en un estado que construyese una idea de progreso e identidad nacional. La llamada «Revolución tranquila» de esa década, y la nueva composición liberal de un gobierno basado en la defensa cultural de la francofonía frente al gobierno de Ottawa, originó la constitución de la primera televisión comunitaria del mundo, TEVEC, en una región aislada del eje económico francófono constituido por Québec y Montreal, en un espacio geográfico subdesarrollado.
El objetivo de esta primera televisión comunitaria era básicamente educativo, y su tarea prioritaria era «reciclar, por medio de la enseñanza televisada, a los habitantes menos escolarizados para conducirlos al nivel de un certificado de aptitud profesional [...] y desarrollar una conciencia regional» (Beaud y Flichy, 1979: 331-332). El objetivo explícito del propio gobierno quebequés sería la preservación y fomento de la cultura, haciendo un uso de la televisión local similar al que sería asumido en sus inicios por la televisión local comunitaria y ciudadana de nuestro país.
En todo caso, esta ruptura con los modelos institucionales de comunicación, en lo que ha venido considerándose una alternativa a ellos, estaría fundamentada esencialmente, en palabras de Vidal Beneyto, en «su enfrentamiento y oposición a lo dominante». Oposición que puede localizarse en la propia concepción del medio o «en su propósito de intervención y cambio de la situación (contexto) social en que se produce» (Vidal Beneyto, 1979: XVIII).
Esta concepción teórica alternativa a los medios de comunicación masiva estaba ligada, por otro lado y como ya contamos, al desarrollo y difusión de las teorías críticas propuestas desde la Escuela de Frankfurt, y de manera paralela a la necesaria adaptación de las nuevas realidades socioeconómicas a los cambios de la época.
En definitiva, la televisión comunitaria constituye un ejemplo práctico de implantación de este modelo comunicativo promovido por la sociedad civil, y una crítica a los modelos de reproducción cultural propuestos por la industria audiovisual que limitaba en gran medida el desarrollo de las comunidades locales y, por ello, este tipo de televisión se consideraba una alternativa ciudadana y válida para la defensa de los intereses autóctonos de las pequeñas comunidades.
En 1981, en la pequeña localidad catalana de poco más de 7.000 habitantes, Cardedeu, en el Vallés Oriental, y con unos equipos «prestados por un técnico italiano» (Prado y Moragas, 1991: 7) inicia sus emisiones RTV Cardedeu, la primera experiencia de televisión local en España. Y nace, no por casualidad, precisamente en Cataluña, una de las nacionalidades históricas donde más presentes estaban las tensiones heredadas de la época franquista, y una de las autonomías en las que con mayor voluntad política se impulsa la efectiva asunción de competencias en los siguientes años.
El apoyo institucional, representado en la figura del propio Presidente del Parlament Catalán, Heribert Barrera, para testimoniar el inicio de la televisión local de Cardedeu, está directamente relacionado con el hecho diferencial catalán y la constitución de asociaciones culturales que utilizan este medio para promover y fomentar la cultura autóctona (Iborra, 1995: 101).
Con la televisión de Cardedeu, por tanto, se empieza a quebrar el sistema comunicativo monopolístico español de televisión en dos sentidos. En primer lugar, desde la simple introducción de un nuevo operador que hasta entonces no existía y, en segundo, desde la definición de este nuevo actor mediático como alternativa al modelo comunicativo institucional, aunque, como decimos, limitada desde el primer momento por la intervención administrativa autonómica que intenta vehicular este medio de comunicación según los intereses político-culturales del nuevo poder territorial. En definitiva, esta primera televisión comunitaria del estado español que se había podido constituir con el millón de pesetas recaudado «gracias a la aportación voluntaria de 300 vecinos de la Asociación de Amigos de la Radio y Televisión de Cardedeu», inaugura en nuestro país esta particular concepción de la televisión local en función de los parámetros teóricos expresados, y sus propios límites.
El apoyo institucional de la administración catalana revela el interés político que tiene el nuevo medio en sus inicios y, en consecuencia, indica las dificultades existentes ya entonces para implantar un modelo comunicativo que esté completamente en manos de los ciudadanos, limitaciones manifestadas de manera regular en años posteriores en que el sector estará estrechamente ligado a la intervención pública autonómica y municipal.
No obstante, el sector nace dependiente de la coyuntura política particular de esos años, y el beneplácito y el soporte del poder político es absolutamente necesario en los inicios de la televisión local en nuestro país en el contexto específico en que surge. Sin embargo, ese soporte se torna instrumentalización que condiciona, desde entonces, el desarrollo del sector según intereses políticos particulares, explícitos a partir del análisis de la normativa promulgada por las distintas administraciones y que revisaremos más adelante.
Casi simultáneamente, y en sentido contrario, se empezaba a constituir otro modelo de televisión local que estaría impulsado básicamente desde una concepción puramente mercantil y cuyos orígenes son bien distintos.
La concepción comercial de la televisión local se origina en Andalucía a partir de iniciativas de ampliación de cobertura de las cadenas nacionales reconvertidas a experiencias de vídeo comunitario. El cable acabó por extender su cobertura hasta alcanzar el núcleo urbano de la población y, en algunos casos, entre su oferta incluía programación propia de contenidos locales y, sobre todo, redifundía la señal de las cadenas generalistas en territorios con deficiencias en la infraestructura desplegada para la distribución de la señal de TVE.
Este otro modelo de televisión local tiene, por su parte, dos antecedentes en experiencias televisivas que, a principios de la década de los años ochenta, ya en el resto del mundo habían sido desarrolladas, teorizadas e, incluso en algunos casos, agotadas como modelo comunicativo. Este doble origen, de un lado, es tecnológico y, de otro, supone un intento de implantación contrario al modelo centralista estatal y público y cuyas referencias inmediatas están en el sistema televisivo estadounidense.
Aproximadamente en las mismas fechas que en Cardedeu, nacía la televisión local por ondas en Sanlúcar de Barrameda, donde un empresario gaditano instaló un repetidor para el municipio para facilitar la recepción de la televisión nacional al que, posteriormente, añadiría un canal con contenidos específicamente locales.
Como cuenta Navarro Moreno, «desde 1979», con un magnetoscopio y mediante una antena emisora era «para un técnico en electrónica un proceso sencillo» la retransmisión de acontecimientos grabados una vez acabadas las emisiones de la televisión nacional como también lo era, tiempo después, pasar a emitir estos acontecimientos junto a entrevistas en directo. Tras la retirada de la antena ante el despliegue de 12 nuevas emisoras para dar cobertura a toda la provincia de Cádiz, el proyecto se reconvirtió, hacia 1987, en una empresa de cable (Navarro Moreno, 1997: 126-127).
La televisión por cable era una realidad tecnológica en los países del norte de Europa desde principios de los años setenta pero, contrariamente a como ocurrió en España, se desarrollaba con una concepción similar a las experiencias de televisión comunitaria quebequenses, con el objetivo prioritario de «emitir programas de interés comunitario de forma estable y ofrecer una garantía de participación a los grupos sociales» (Prado y Moragas, 1991: 10). De esta manera, desde 1973 y con programación de unas pocas horas semanales, en Finlandia y Holanda y, poco después, en Bélgica y el resto de países de Europa, se empiezan a desarrollar televisiones locales impulsadas por la iniciativa popular y apoyadas institucionalmente. Estas experiencias profundizaban en un modelo de televisión pública de gestión comunitaria y en la que se desarrollaría el concepto de «public access» iniciado en Québec y que, posteriormente, daría lugar en Alemania y otros países al concepto de «canales abiertos» que, igualmente, se venían desarrollando hacía años en los Estados Unidos.
No obstante, la implantación del cable en nuestro país, al contrario que los países del entorno, se centra en los aspectos comerciales de este tipo de emisores locales y adopta un modelo de desarrollo similar al estadounidense, alejado de la corriente extendida en el resto de los países europeos heredada de las primeras experiencias de Québec.
Desde los años 60 ya se ofrecían en Estados Unidos programaciones locales a través de los operadores de cable junto a la programación de carácter general que se producía por el sistema de afiliación de cadenas y sindicación, siguiendo un modelo de televisión comercial descentralizada caracterizado por su desvinculación de las instituciones públicas.
Las televisiones de aquel país estaban definidas como «locales, comerciales e independientes» (Bertrand, 1982: 16-19) pero, a pesar de la existencia de más de 1.000 emisoras de televisión, el sistema de red para la obtención de material daba como resultado que «en todo el país la mayor parte de la gente contemple la misma programación». Las tres redes nacionales, ABC, CBS y NBC, son intermediarias entre anunciantes y productores y disponen de unas 200 estaciones afiliadas, cuya producción propia es mínima porque dependen de los «ingresos publicitarios transferidos por la red por la transmisión de las 90 horas de programa que envía».
Aun así, a pesar de que existían para estos años unas 100 emisoras completamente independientes, es decir, no afiliadas a ninguna red, estas recibían su material a través de los sindicatos, en un sistema igual de oligopolístico que el ofrecido por las redes, y el resultado final seguía siendo que unas pocas producciones eran ofrecidas a todos los sindicados,7 aunque sin que la emisión de esta programación se realizase en cadena como en el caso de las redes.
En este tipo de iniciativa de televisión local comercial e, inicialmente, por cable, que se viene desarrollando en el estado español desde entonces impera, por tanto, una tendencia irremediable a intentar implantar una estrategia empresarial dirigida a la obtención de beneficios. Estrategia que lleva, sin duda, a utilizar formas de asociación y adoptar parrillas de programación que disminuyan los riesgos de producción de contenidos propios y que acaba por dejar de lado cualquier interés de situar estas televisiones como alternativa ciudadana en el sentido en que hablábamos para la televisión comunitaria. Un modelo, en definitiva, más cercano a la concepción de la televisión local desarrollada en Estados Unidos, que la presente en los países de nuestro entorno europeo.
La televisión local en el estado español tiene, como venimos relatando, dos orígenes bien distintos. El primero de ellos basado en la tradición europea de servicio público y como medio alternativo para facilitar la comunicación ciudadana y, el segundo, basado en el modelo comercial estadounidense que utiliza la programación local como una opción más para rentabilizar el paquete de programas que se introducen en la red de cable.
Esta diferente concepción pública o mercantil de la televisión local se desarrollaría durante los primeros años de la década de los ochenta en que las experiencias de televisión local se comienzan a implantar por todo el territorio nacional utilizando unas veces el cable y, mayoritariamente, la emisión por ondas, una década en la que se intentaba el desarrollo y definición de un sistema televisivo que profundizase en el nuevo contexto sociopolítico surgido de la joven democracia española, y en el que permanecen en tensión las iniciativas públicas, privadas y las ciudadanas.
Las iniciativas comunitarias que se habían desarrollado a nivel mundial como alternativas sociales y políticas de contestación, con distinta intensidad, al modelo comunicativo centralista e institucional, encontraron acomodo cerca de los poderes municipales. La incipiente iniciativa privada se iría desarrollando igualmente de manera espontánea, en un intento por constituirse en un sector que reprodujese a pequeña escala el carácter publicitario que ya había asumido la televisión pública española. Ambos modelos de televisión local se desarrollaban, no obstante, al margen de cualquier regulación jurídica y de espaldas al diseño del sistema audiovisual surgido tras la transición.
En uno y otro caso, a pesar de sus diferentes objetivos e intencionalidad, lo importante es que, aunque con evidente retraso respecto al entorno internacional, en fechas muy tempranas para la neonata democracia española, se realizan ya los primeros intentos de transformación del sistema televisivo español, incluso antes de que se comenzase a dibujar el mapa de las televisiones autonómicas.
Se trata, pues, de un intento de dotar al ámbito municipal y ciudadano de un medio de comunicación que se situaría en el último extremo de la distribución territorial del poder y que, en definitiva, sería la máxima expresión de la democracia en función de la obtención de la máxima cercanía al ciudadano.
No obstante, y como veremos a continuación, nunca se tuvo voluntad política de descentralizar el poder hasta esos extremos y, consecuentemente, las televisiones locales se verían sometidas a la constante agresión de los poderes públicos y a su intencionado arrinconamiento en el conjunto del sistema televisivo hasta fechas muy recientes.
Durante estos más de 20 años de existencia, las televisiones locales se han tratado de adaptar y sobrevivir a los acontecimientos sociopolíticos que se han venido sucediendo, en función de la gestión que los diversos gobiernos y poderes políticos en todos los ámbitos territoriales han hecho de aquel diseño democrático constitucional y, en consecuencia, para entender el proceso de desarrollo que ha seguido la televisión local hasta la actualidad, es necesario contextualizar el ámbito en que éste se produce respecto al sistema de televisión español.
Agustín García Matilla y Francisco Pérez (1997) han distinguido tres períodos básicos para la historia de la televisión local en nuestro país.
En primer lugar, la etapa que abarcaría desde los inicios de las primeras experiencias hasta 1985, en la que se identifica mayoritariamente la televisión local con el objetivo de establecerse como «instrumento de participación y acceso directo» en el que se garantice «la libertad de expresión».
Una segunda etapa, que llega hasta finales de la década de los ochenta en que se desarrolla la iniciativa privada y estaría caracterizada por la transformación de los vídeos comunitarios en televisiones locales, paralelamente a un «lento proceso de incorporación de los ayuntamientos a la televisión local».
Como culminación de este proceso de desarrollo, estos autores distinguen una tercera etapa que comprende toda la década de los noventa y que vendría a estar determinada por la incorporación al sector de la iniciativa empresarial y los grupos locales de prensa y radio, y por la adopción de fórmulas generalistas en la programación, en un contexto en el que se produce el proceso inconcluso de legalización.
Por su parte, y desde un punto de vista jurídico, Rozados Olivas (2001), ha distinguido entre la época en que las televisiones locales se desarrollaban sin el soporte de un marco normativo, y la posterior a la aprobación de la ley 4/1995 para la regulación del sector. Como afirma este autor, este desarrollo se produce siguiendo un modelo de implantación similar al resto de televisiones locales de Europa, donde la falta de un marco jurídico adecuado provoca que la regulación existente para el conjunto del sistema audiovisual esté «continuamente desbordada por los acontecimientos, por las tecnologías y los cambios estratégicos» aunque, en nuestro país, con un «desfase muy pronunciado» (Prado y Moragas, 1991: 83).
Sería necesario señalar, además de las propuestas de estos dos autores, la existencia de otra etapa que comenzaría a finales de la década de los años noventa y que todavía está pendiente de resolución, y en la que se está transformando de manera importante el sector, y el conjunto del sistema audiovisual en general, con la introducción de técnicas digitales de producción y transmisión, y se están redefiniendo por completo los modelos existentes hasta ahora para analizar la televisión local de nuestro país.8
En todo caso, el desarrollo de la televisión local ha dependido y depende de la evolución normativa relativa al sector televisivo en general y, en última instancia, de los cambios estructurales que se producen con la introducción de nuevas tecnologías y modalidades de emisión y su relación con las estrategias empresariales y políticas que intervienen en la conformación del sistema audiovisual español.
Cuando en España el fenómeno de la comunicación local era todavía una experiencia novedosa, en el entorno europeo, y occidental en general, ya se comenzaba a analizar teóricamente esta alternativa a las comunicaciones de masas y sus funciones en el sistema comunicativo.
La comunicación alternativa se entendía como un procedimiento en el que diversas tecnologías puestas a disposición de grupos de ciudadanos permitían que «sectores y grupos, socialmente dominados, produzcan y difundan, a través de cualquier medio, ‘informaciones’, privadas hasta entonces de existencia, que impugnen las estructuras hegemónicas (sociales e ideológicas) de su comunidad» (Vidal Beneyto, 1979: XVIII), y en el que se incluía el papel que podían ejercer otros medios de comunicación como la prensa, el cine, la radio, la fotografía y el incipiente vídeo.
Pavelka ya señalaba en 1979 que no era «la única pretensión de los medios alternativos la de representar un problema social, sino también de iniciar una situación de dinámica comunitaria dentro de la cual le sea factible a un grupo lograr la auto-movilización y, en su caso, el cambio de su propia situación social», en un deseo de llegar a un «público más amplio para cambiarle su modo de percepción» (Pavelka, 1979: 38).
Se conocían igualmente los peligros que podían surgir para la consolidación de estas iniciativas de comunicación local, entre los que se destacaba la falta de profesionalización, la pérdida de interés de los propios promotores, la falta de compromiso de intervención social que hiciese que se perdiera su especificidad y, por último, y refiriéndose a la experiencia austriaca de la televisión de Planquadrat, la incapacidad institucional para establecer un diálogo efectivo con las iniciativas de base ciudadana.
Una serie de dificultades que se reproducirán en nuestro entorno a medida que estas experiencias se van desarrollando, aunque con 10 años de retraso. Como señalarían Prado y Moragas en 1991, en nuestro país se podía establecer una tipología de tres grupos de emisores, «emisores satisfechos», «inquietos» y, por último, aquellos «emisores cansados» no sólo porque «colaboran gratuitamente en la emisora sino que, a menudo, pagan».
Por otro lado, el cable como medio de comunicación local estaba absolutamente subdesarrollado en nuestro país, y todas las iniciativas para utilizar esta tecnología para la transmisión televisiva sólo venían desarrollándose en la figura de los vídeos comunitarios y de manera esporádica.
En Estados Unidos, por ejemplo, en 1980 ya se estableció una dura competencia entre las empresas periodísticas por conseguir la adjudicación de las demarcaciones de cable y, a principios de 1981, funcionaban unos cuarenta canales, entre los que se podía encontrar a CNN, HBO y Nickelodeon, y cuatro superestaciones que emitían por satélite y suministraban estos canales y otra programación a las cabeceras de cable.
Cuando en nuestro país el sistema televisivo todavía estaba por definir, en Estados Unidos se comenzaban a experimentar sistemas interactivos con «una conexión bidireccional con un ordenador» que hacía posible «que los abonados puedan elegir los programas (y pagar sólo lo que consumen), o contestar a encuestas electorales o examinarse en los colegios universitarios, entre otras muchas posibilidades» (Bertrand, 1982: 23).
En el contexto europeo, como decíamos, la utilización que se venía haciendo del cable, sobre todo en los Países Bajos y nórdicos, y que había comenzado a mediados de la década de los setenta, estaba generalmente basado en el modelo quebequés de televisión local de acceso público y, comúnmente, impulsada directamente o apoyada económica y normativamente por instituciones políticas y gubernamentales.
En unos casos, como el belga, se entendía como instrumento para el desarrollo de la cultura y lengua propias (Nobre-Correia y Collard, 1999: 96), o sencillamente como un servicio público ciudadano con financiación básicamente pública y que se entendía como alternativa de experimentación comunicativa frente a los medios regionales o nacionales ya existentes.
No obstante todo ello, la auténtica descentralización de los sistemas públicos europeos, excepto en Italia, se estaba produciendo en el seno de la propia estructura de televisión nacional.
Y tardíamente en nuestro país, y de manera similar a como comenzaba a ocurrir en Francia desde 1974 en que se había otorgado a FR3 la «responsabilidad de constituirse en vector de información de la vida local, en un medio capacitado para servir los intereses regionales y para realzar los particularismos lingüísticos y culturales de las regiones» (Bardou-Boisnier y Pailliart, 1991: 219), empezaba a desarrollarse el modelo democrático de las autonomías surgido de nuestra Constitución, aunque en una situación de no pocas tensiones políticas. Y en ese contexto, la iniciativa privada comenzaría a proponer su intervención en el sistema audiovisual, a pesar de no poder participar en él hasta muchos años después. Antes incluso de que se crearan las primeras televisiones autonómicas, y antes de que el PSOE ganara las elecciones de 1982, en el estado español la iniciativa privada había constituido algunos grupos de diferente corte político y empresarial para exigir la implantación de otras televisiones que acabaran con el monopolio estatal.
Cuenta Martínez Albertos que en 1981 ya se habían formulado algunas peticiones de nuevas emisoras al gobierno basadas en los artículos 20 y 38 de la Constitución,9 entre las que enumera «Promotora de Televisión Catalana, Televisión Andaluza, que también hizo una solicitud, vinculada a la editora de El Correo de Andalucía y Nueva Andalucía; el complejo Sertel, de la cadena SER; Antena-3, donde coinciden diferentes personas, unas vinculadas al grupo Zeta, otras vinculadas a Europa Press, y otras a título individual, como Martín Ferrand y el profesor Jiménez de Parga; tenemos también al grupo Tele-80, vinculado a Editorial Católica [...] y se habla también, finalmente, de un grupo para mí realmente curioso, Teleunión, donde están presentes un conjunto de profesionales muy cualificados del medio televisivo».
En su estudio Martínez Albertos (1981: 143-144) hace referencia a que «[...] al lado de estas entidades, hay también intentos más o menos anecdóticos: por ejemplo, recordarán ustedes que allá por el año 1976 hubo en Santoña, Santander, una Radiotelevisión Galán, que estuvo emitiendo durante algún tiempo una serie de programas hasta que luego desapareció».
Esta larga apreciación que hace este autor sobre la situación en aquel momento de las iniciativas de televisión nos indica al menos dos cosas. En primer lugar, la importante presión que se venía ejerciendo desde diferentes sectores públicos y privados para romper con el monopolio público estatal; y, en segundo lugar, y más sorprendente, se remite a una experiencia alternativa a la televisión estatal que data de 1976, y que define claramente la temprana iniciativa privada como promotora de proyectos y experiencias tendentes a transformar el sistema audiovisual español.
Esta experiencia de televisión, por otro lado y en lo que nos ocupa, necesariamente ha de ser relativa a una emisora de cobertura local o comarcal, dado que para la época era imposible utilizar el sistema público de radiodifusión, puesto que estaba monopolizado por RTVE.
Martínez Albertos continúa señalando que «en Cataluña se han dado casos recientes de emisoras libres, que siguen todavía ahí, y no se sabe hasta qué punto tienen una vida decididamente precisa y clara, como son las emisoras de Cardedeu y Granollers, entre otras», con lo que podemos inferir que aquella experiencia de RadioTelevisión Galán sea, probablemente puesto que no existe más referencia a ella que este texto, la primera experiencia de televisión local privada del estado español. Por su temprana fecha de experimentación podría tratarse de la primera televisión local del estado aunque, como decimos, ignoramos absolutamente en qué condiciones y quienes fueron los promotores de aquel experimento.
En cuanto a la forma en que las televisiones privadas se pretendían encajar en el sistema televisivo español y los problemas derivados de esta nueva opción comunicativa, el propio Martínez Albertos se inclinaba por defender la oportunidad de introducir estas iniciativas privadas de modo que su regulación se realizase al «modo norteamericano, es decir, con una organización equivalente a la Comisión Federal de Comunicaciones que evite la proliferación y el pluralismo desenfrenados». Aún considerando que esta «televisión privada será cuantitativamente menos informativa que la televisión pública» este modelo fomentaría, según este autor, «la implantación de nuevas corrientes tecnológicas casi absolutamente olvidadas en estos momentos por la televisión pública». Martínez Albertos abogaba, por fin y en tan temprano análisis, por una regulación urgente y una televisión pública «sólidamente establecida, con unos fines claramente encaminados al servicio público» y una televisión privada que coexistiese con aquella de manera «eficaz en todos los campos».
La televisión privada sólo llegó a España después de muchas dificultades a finales de la década, y la temprana petición de este autor de una autoridad audiovisual y de un modelo de televisión pública sólido y definido todavía está por desarrollar en nuestro país, si acaso aún es posible y, como ya hemos repetido en varias ocasiones, la aplicación de los preceptos constitucionales, también durante la implantación de las televisiones autonómicas, siempre ha sido difícil y tenso.
Fue ETB la primera emisora autonómica que empezó a suponer una ruptura efectiva del monopolio de RTVE, al margen de las modestas experiencias iniciales de televisión local y aquella RadioTelevisión Galán reseñada, que empezó a emitir en diciembre de 1982, inaugurando así un imparable proceso de transformación del panorama televisivo nacional en el que se han distinguido tres etapas, según la periodificación propuesta por López y otros (1999: 153 y siguientes) y, siguiendo el tradicional mecanismo de implantación sistémica de toda nueva iniciativa, es decir, experimentación-consolida-ción-expansión, en una dinámica de transformación estructural propia de cualquier sistema que, por definición, es conservador,10 se comienza a permitir después de muchas presiones y utilizando una política de hechos consumados la presencia de operadores en el sector distintos de RTVE.
Durante una primera etapa, desde los inicios de la televisión autonómica en España en 1982 y hasta 1986, se crean las organizaciones televisivas en las nacionalidades históricas que habían accedido como tales al Estatuto. Posteriormente, desde 1986 a mediados de la década de los noventa, se amplía y consolida esta oferta con la creación de segundos canales desde algunas de aquellas televisiones autonómicas, y se crean igualmente otros nuevos entes autonómicos de televisión en comunidades gobernadas por el PSOE. Ya consolidado este modelo de televisión en el sistema audiovisual, se abre un tercer período que abarca hasta la actualidad y que se inicia a partir de la situación creada con la multiplicación de canales vía satélite y la introducción de tecnologías digitales, en la que las televisiones autonómicas juegan un papel fundamental para su desarrollo e implantación.
Esta periodificación, en nuestra opinión válida para entender el proceso específico de descentralización que se produce en el ámbito de las autonomías, resulta no obstante insuficiente para entender los cambios que se producen en el sistema televisivo español. La ruptura del sistema se produjo, como hemos relatado, con la televisión local y sin duda es cierto que las televisiones autonómicas fueron las que primero gozaron de un marco normativo para el desarrollo de sus funciones, aunque no desde el principio, pues incluso estas televisiones tuvieron que comenzar su andadura en la más absoluta ilegalidad, fruto de la enorme tensión que se estaba produciendo para definir un sistema de televisión en que participasen actores públicos y privados.
El Parlamento Vasco creó el ente público Euskal Irati Telebista en mayo de 1982 y ETB comienza a emitir el 1 de enero de 1983 desde Durango;11 la Corporación Catalana de Radio y Televisión se crea en mayo de ese año y el 10 de septiembre comienza sus emisiones TV3 en unos locales provisionales de la calle Diagonal. El gobierno, ante tales hechos consumados, «no tiene más remedio que regularizar una situación que se le había ido de las manos» (Barroso y Tranche, 1996 c: 199). La ley del Tercer Canal se aprueba finalmente el 26 de Diciembre de 1983, dando cobertura legal al inicio del proceso de ataque y derribo formal del monopolio estatal de la televisión.
Las circunstancias en que se produce esta situación de confrontación entre el gobierno central y los poderes autonómicos se enmarcan en el diferente signo político del gobierno nacional y los territoriales, en manos del PSOE, y CiU y PNV. También se ha de entender desde la propia intención de estos poderes territoriales de impulsar estos canales para promocionar la especificidad de estas nacionalidades históricas desde «un programa de recuperación lingüística y cultural» (López y otros, 1999: 153).
Por otro lado, los recursos ante el Tribunal Constitucional presentados por Martín Ferrand y los hermanos Jiménez de Parga12 sobre la introducción de la iniciativa privada en el sistema audiovisual, provocaron que el Alto Tribunal se pronunciara ante la argumentación sostenida por los recurrentes en función de la libertad de comunicación y empresa reflejadas en la Carta Magna.
Este pronunciamiento venía a señalar que la televisión privada «no estaba constitucionalmente impedida», como sostenían en el recurso, pero «su implantación no era una exigencia constitucional sino una decisión política del legislador que este podría adoptar siempre que al organizarla se respetaran los principios de libertad, igualdad y pluralismo»,13 dejando, de esta manera, la decisión en manos del gobierno.
Esta iniciativa para implantar la televisión privada comercial sería asumida por el entonces Presidente del Gobierno Felipe González como un compromiso de su ejecutivo, y que está documentado en sendas entrevistas concedidas en 1983 y 1984, cediendo ante la presión ejercida por los interesados desde todos los medios14 y manteniendo una actitud contraria a la que había expresado en alguna ocasión respecto a lo poco oportuna que parecía la televisión autonómica,15 a pesar de las demandas insistentes de los gobiernos autonómicos.
No obstante, la televisión privada no se regularizó hasta después de la creación de los terceros canales y este retraso consciente de la promulgación de una ley que regulase la participación de la televisión privada en el sistema televisivo español durante muchos años tenía una clara intención de mantener el monopolio público de televisión, para continuar utilizándolo como instrumento al servicio del poder político, tanto del ejecutivo socialista como, a pesar de la resistencia inicial, de los nuevos poderes territoriales.
En el caso particular de la televisión pública estatal, como han señalado Barroso y Tranche (1996 b